En el 2008 fue aprobado por el congreso de Estados Unidos el Plan Mérida; dicho programa fue apoyado en sus inicios por una diversa red de instituciones como la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia de EU, en conjunto con el Congreso Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
El cual tenía en sus inicios como objetivos principales, la entrega de fondos para ofrecer asistencia de seguridad al país y combatir al crimen organizado. Desde el año en que se firmó dicho programa de apoyo, hasta la fecha, EEUU ha invertido un aproximado de mil 900 millones de dólares, en entrenamientos de personal, apoyo con aviones y helicópteros, equipos de seguridad, redes de control vía satelital, bases de datos, y capacitación en derechos humanos.
El principal conflicto entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, ha sido este último, el incremento en el número de denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país. Desde el año 2013, EEUU decidió hacer recortes significativos en dicho plan, por problemas relacionados con las violaciones de derechos humanos durante el combate al crimen organizado en México. Anteriormente en el año 2010, ya habían existido tensiones entre ambos gobiernos con respecto a la retención de fondos por dicho concepto, pero México consiguió en ese año llegar a un acuerdo.
Sin embargo, la situación de 2013 era más fuerte, el recorte era del 15 por ciento, el cual equivalía en su momento a una reducción de 5 millones de dólares, mismo que estaba específicamente destinado para que se investigaran y juzgaran las violaciones de derechos humanos cometidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del país. Dicho recorte fue catalogado como una “clara señal de frustración de Estados Unidos”.
Por otro lado otro, de los aspectos que afectó el Plan Mérida fueron los cambios en la presidencia de Estados Unidos y de México. La iniciativa fue pactada cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y fue respaldada por el gobierno de George Bush, quien destinaba los recursos de dicho programa específicamente en equipo militar. Ahora tanto el gobierno de Obama y el gobierno de Peña Nieto han optado por cambiar el enfoque. El gobierno de Estados Unidos ha seleccionado otras vías que aseguren el estado de derecho en México, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en materia de derechos humanos y la sobrepoblación en los centros de reclusión en todo el país.
La Iniciativa Mérida tuvo desde el 2013 un nuevo enfoque, el cual se orientó en combatir la impunidad y garantizar la justicia en el país. De acuerdo al actual secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien declaró en ese mismo año que los recursos de dicho programa serían ahora asignados a la prevención y el fortalecimiento del marco de justicia penal mexicano. Las nuevas iniciativas están dirigidas hacía la profesionalización de elementos e instituciones en México.
El Plan Mérida y el nuevo sistema penal acusatorio, mantienen aunque no se hable mucho de ello, una estrecha y profunda relación. El nuevo sistema penal mexicano reconoce lo siguiente: “algunos de los factores que impulsaron a dicha reforma fueron los compromisos internacionales”, apoyada por organismos como USAID, misma que forma parte de la red de trabajo en diferentes zonas del país.
Si México quería seguir recibiendo el apoyo y los fondos del gobierno de Estados Unidos, procedentes de la Iniciativa Mérida, era necesario que México hiciera las modificaciones correspondientes en el sistema penal mexicano, mismas que podrían realizarse, si se implementan de forma correcta habrá mayor eficiencia, una notable reducción de costos y se dedicaría menos tiempo a los casos.
Como anteriormente se había comentado, uno de los principales conflictos entre ambos gobiernos eran los problemas en materia de derechos humanos a los que se enfrenta el país. Este nuevo sistema limita el ejercicio del poder penal, evitando que los derechos humanos sean afectados durante la actuación de diferentes figuras policiales, cumpliendo con una de los principales interés del gobierno de EU, al implementar un sistema similar al que es utilizado en este país. Por otra parte, el nuevo sistema intenta resolver los conflictos mediante otras vías o mecanismos alternos como los criterios de oportunidad, los acuerdos preparatorios, intentando reducir el número de encarcelamientos, tomando en cuenta la crisis actual de las cárceles en México.
Algunos de los objetivos de esta reforma constitucional son la implementación de juicios orales, para dar mayor transparencia y recuperar la credibilidad del sistema penal y enfrentar al crimen organizado con todas las fortalezas del estado; incluso se define por primera vez constitucionalmente el término de delincuencia organizada. El gobierno mexicano ha invertido en los últimos 3 años 21 mil millones de pesos en infraestructura, capacitación y equipamiento en esta reforma. ¿Cuántos de esos recursos han sido cubiertos por el gobierno de Estados Unidos, a través del Plan Mérida?
Si bien la presión internacional es notable, también sale a la luz en estos días el rezago en materia de oralidad en el país; hay poca bibliografía actualizada, abogados y maestros coinciden en que es necesario comenzar con la actualización de los nuevos planes a nivel nacional, para que se implemente de forma correcta el nuevo sistema.
Por otro lado, las declaraciones de la secretaria técnica para la implementación de la reforma de justicia penal, Ángeles Fromow, nos hacen pensar que es una reforma de origen nacional, al asegurar que “es una reforma que nació de las organizaciones sociales”.
¿Qué otros motivos o intenciones tendrá EU además de tener un sistema penal parecido y de de acortar los tiempos de sentencia, para presionar esta transición “express” en el país?
El nuevo sistema penal es una buena alternativa, pero habrá que pensar si a este nuevo sistema le interesa que se haga justicia en el país, y velará por todos los derechos humanos de los mexicanos, o únicamente quedará en la simulación de un nuevo sistema para la obtención de recursos internacionales, como es el caso de la Iniciativa Mérida, misma que se implementó desde hace casi nueve años y que ha dado muy pocos resultados.
En virtud de que en los próximos años seguiremos transitando entre ambos modelos, será hasta dentro de 10 años más, cuando una vez lograda la transición completa, podremos juzgar si fueron suficientes estas medidas para alcanzar un sistema de impartición de justicia pronto y expedito y con este terminar con la corrupción y la impunidad en México.
