BLOG DE ANÁLISIS Y PERIODISMO PROPOSITIVO

BLOG DE ANÁLISIS Y PERIODISMO PROPOSITIVO
La verdad nos hará libres...
Mostrando entradas con la etiqueta iniciativa Merida. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta iniciativa Merida. Mostrar todas las entradas

domingo, 17 de mayo de 2020

CUANDO CALDERON "REGAÑÓ" A HILLARY

Felipe Calderón, ex presidente de México, y Hillary Clinton, ex secretaria de Estado de EEUU, durante una reunión en la Ciudad de México en enero de 2011. SAUL LOEB | GETTY
Felipe Calderón, ex presidente de México, y Hillary Clinton, ex secretaria de Estado de EEUU, durante una reunión en la Ciudad de México en enero de 2011. SAUL LOEB | GETTY(SAUL LOEB / AFP/Getty Images)
El 24 de enero de 2011 Hillary Clinton llegó a Los Pinos. Caminaba con prisa y no sonreía. El affaire Wikileaks había estallado un mes atrás y provocado la ira de los gobiernos de Ecuador, Turquía y Siria. En México las cosas no estaban bien. Además de la preocupación natural que le causaba la revelación de los cables secretos, la secretaria de Estado norteamericano estaba desconcertada. Sabía que la relación entre el presidente Felipe Calderón y el embajador Carlos Pascual nunca había sido la mejor, pero desconocía el contexto bajo el cual había ocurrido la ruptura definitiva, detonada por la publicación de los memorándums confidenciales y agravada por una mezcla de asuntos políticos y personales. El Presidente entró a la biblioteca, saludó con frialdad y comenzó un largo monólogo. Sacudía las manos y apuntaba con el índice. Después, en distintos momentos, alzaría la voz.
En los días en los que Calderón cumplía cuatro años en el poder, el mundo se enteraba de la existencia de Wikileaks (...).
Los informes que el embajador Pascual había enviado a Washington eran un relato minucioso y crítico del gobierno calderonista y sus instituciones en la guerra contra el narcotráfico. En uno de los despachos, el embajador era severo en sus juicios sobre el Ejército. Lo llamaba parroquial y sostenía que en algunos casos había mostrado falta de valentía para capturar a narcotraficantes de importancia (como en Monterrey, donde dos generales se resistieron a que una unidad especial de militares interviniera para detener a El Gori, el líder de Los Zetas que fue asesinado por una fuerza especial de la Marina). Criticaba la falta de coordinación y las rivalidades entre el Ejército, la Policía Federal y la PGR. Creía que la inteligencia mexicana estaba en paños y que la corrupción era la cabeza de una hidra podrida.
Calderón debió sentir que la sangre le ardía cuando leyó los cables escritos por Pascual. Antes de los informes ya era clara su animadversión hacia el embajador de Estados Unidos.
En una entrevista, Calderón decidió ventilar en público su molestia con Pascual.
¿Cuál es su opinión sobre los cables de Wikileaks? -le preguntó un periodista.
El embajador o quienes generaron los cables le echaron mucha crema a sus tacos. Querían levantar sus propias agendas ante sus jefes y han hecho mucho daño por las historias que cuentan, historias que en verdad distorsionan. Yo al embajador no tengo por qué decirle cuántas veces me reúno con el gabinete de seguridad, ni qué digo; la verdad es que no es un asunto de su incumbencia. No acepto ni tolero ningún tipo de intervención.
A través de la prensa, Calderón dirimía un diferendo político y sentaba al embajador de Estados Unidos en un banquillo de acusado. El presidente de la República se conducía con la lógica de un presidente municipal.
En los círculos de la diplomacia mexicana causó desazón la forma en la que Calderón enfrentaba el escándalo Wikileaks. Para la ex canciller Rosario Green y el embajador Jorge Montaño no había nada de raro, irregular ni sorpresivo en los análisis de Pascual sobre la situación del país que después enviaba a su gobierno, como las representaciones diplomáticas de todos los gobiernos en el mundo. Incluso para el embajador Sarukhan resultaba difícil entender la dimensión del enojo de su jefe. ¿No se suponía que escribir memorándums era una de las tareas principales de un embajador? ¿Acaso el gobierno calderonista no recibía informes confidenciales de su embajada en Washington sobre asuntos controversiales de la política norteamericana?
Los gobiernos de Siria, Ecuador y Turquía habían expulsado a los embajadores de Estados Unidos y Calderón parecía decidido a seguir el mismo camino, a pesar de que el presidente Obama y la secretaria Clinton habían conversado con él por teléfono para explicarle que los cables eran privados, que habían sido robados y que su difusión representaba un ataque a la diplomacia norteamericana y a la comunidad internacional. Pese a ello, a lo largo de diciembre Calderón continuó su campaña en contra de Pascual.
Cuando el año terminaba, desde el Departamento de Estado surgió una señal con ánimo conciliatorio: en enero de 2011 la secretaria Clinton llegaría a México en un visita programada para revisar el avance de la Iniciativa Mérida con la canciller Patricia Espinosa. Clinton propuso aprovechar su viaje para reunirse en privado con el presidente. La respuesta de Los Pinos dejó helados a los funcionarios del Departamento de Estado: Calderón no la recibiría.
En Washington, las siguientes semanas continuaron los planes para el encuentro de Clinton y Espinosa. Pero dos días antes de la visita, una llamada desde Los Pinos dio al traste con los preparativos: en el último momento el presidente Calderón había cambiado de idea: recibiría a Clinton.
El Departamento de Estado y la Cancillería encontraron la forma de reducir el programa para que las secretarias y sus equipos pudieran trabajar por la mañana. Más tarde Clinton abordaría un avión privado y se reuniría con Calderón en Los Pinos.
Clinton llegó a Guanajuato la mañana del 24 de enero. Se encontró con la canciller Espinosa y en un receso, cuando todo parecía estar listo para el encuentro en Los Pinos, surgió un nuevo imprevisto que Espinosa tuvo que notificarle a Clinton: el presidente Calderón tenía una condición final para el encuentro que sostendrían por la tarde: que no asistiera acompañada por el embajador Pascual.
Cuando recibió la noticia, Clinton se mostró muy desconcertada. Había hablado con Pascual las semanas previas, tras el estallido de Wikileaks. El embajador le dijo que las cosas no estaban bien, pero no le contó la película completa. No le mencionó su noviazgo con Gabriela Rojas y el vínculo familiar de ésta con el líder de la fracción priista en la Cámara de Diputados y mucho menos que su novia había sido esposa de Antonio Vivanco, jefe de asesores de Calderón. No le mencionó que Calderón y su equipo en la casa presidencial habían reaccionado con molestia a esa relación. Y tampoco le dijo que había pasado más de un año desde su último encuentro privado con el presidente.
Clinton dijo a su equipo que no era momento de reciprocar la actitud de Calderón con un berrinche, así que retiraría de la lista de asistentes al embajador. Pero reviró con una condición: si al encuentro no asistía Pascual, tampoco estaría presente el embajador Arturo Sarukhan.
La canciller Espinosa se comunicó a Los Pinos e hizo saber la propuesta al presidente. Calderón aceptó.
Clinton llegó cuando por los rumbos de Molino del Rey comenzaba a anochecer. En la reunión sólo estuvieron presentes Calderón, Clinton y Espinosa.
El presidente estaba furioso y no hizo nada por ocultarlo. La reunión debía durar 30 minutos y se extendió hora y media. Durante todo ese tiempo fue frío y duro en sus argumentos y reclamos. Le contó a Clinton que Pascual había sido invasivo e intervencionista, que sin ninguna consideración y extraordinaria frecuencia opinaba sobre decisiones y acciones tácticas en el combate a los cárteles, y que sus consideraciones sobre el Ejército y las instituciones le parecían erróneas, injustas y ofensivas.
Dijo que no entendía por qué el gobierno de Estados Unidos le pagaba de esa manera si él había hecho hasta lo imposible por cumplir su parte de los compromisos pactados en la guerra contra el narcotráfico. Las extradiciones de narcotraficantes habían roto todos los récords, la Marina y el Ejército habían firmado decenas de protocolos inéditos de cooperación con sus contrapartes norteamericanas y él personalmente había autorizado todas las solicitudes presentadas por la DEA, el FBI y otras agencias para operar sin restricciones en territorio mexicano.
Le recriminó que, en cambio, el gobierno norteamericano no hubiera hecho casi nada para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos y frenar el tráfico de armas que abastecían a los cárteles mexicanos. Calderón no sólo fue duro: en distintos momentos alzó la voz.
Clinton quiso explicarle que Pascual había cumplido estrictamente su tarea diplomática, que los cables difundidos por Wikileaks eran memorándums confidenciales, que habían sido robados, y que no representaban necesariamente una fotografía completa del país, sino instantáneas sobre ciertos momentos y circunstancias. En uno de los momentos más intensos de la reunión, la secretaria de Estado quiso persuadirlo de que no era correcta su apreciación, que no lo habían traicionado y que el gobierno de Estados Unidos reconocía su valentía y grandes esfuerzos de su gobierno y las instituciones nacionales para enfrentar al narcotráfico:
Señor Presidente: no solo somos vecinos y socios. ¡Somos una familia!
Pero Calderón no parecía estar con deseos de escuchar.
No pudieron llegar a un acuerdo sobre Pascual y su misión en México. Pero después de todo sus países eran socios, así que al final convinieron en que a pesar de todo debían seguir trabajando unidos en la guerra contra el narcotráfico, y que ambos gobiernos debían hacer lo posible por remontar el asunto. Por lo menos en ese momento no se decidió la salida del embajador norteamericano.
Al término del encuentro, la secretaria de Estado abordó un vehículo que la condujo al aeropuerto, donde su equipo la esperaba. La vieron llegar sin sonreír. A uno de sus colaboradores le pareció que apretaba los dientes. Parecía de muy mal humor.
Cuando estuvo con su equipo, Clinton alzó las manos al cielo, suspiró y sacudió la cabeza. Sintetizó la reunión con Calderón en una frase:
-It was the worst meeting I have had with a head of state. (Fue el peor encuentro que he tenido con un jefe de Estado).
Tres semanas después, otro asunto volvía a sacudir la sociedad contra el narco: el asesinato de Jaime Zapata, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a manos de Julián Zapata, un sicario de Los Zetas.
La ejecución del agente ocurrió cuando Calderón seguía en pie de guerra por el contenido de los cables de la embajada norteamericana y unos días antes de una visita de trabajo a Washington. El gobierno de Washington daba por descontado que Calderón trataría el tema Wikileaks en la reunión privada con el presidente Obama, pero la secretaria Clinton creía que la reunión de Los Pinos, un mes atrás, había logrado apaciguar los ánimos del presidente.
Clinton se equivocaba.
Tan pronto del avión presidencial descendió en la base Andrews una tarde de marzo de 2011, Calderón lanzó las primeras señales de guerra: asistió a una entrevista en el Washington Post y no esperó a encontrarse con Obama para decirle lo que dijo a los periodistas cuando le preguntaron sobre Pascual.
-¿Ha perdido la confianza en el embajador de Estados Unidos en México?
-La confianza es difícil de ganar y fácil de perder.
-¿Seguirá trabajando con el embajador?
-Es algo que puedo conversar con el presidente Obama.
Por medio del diario estadounidense, el presidente de Estados Unidos se enteró de que el affaire Wikileaks no estaba superado y que Calderón deseaba la cabeza del embajador.
Al día siguiente Calderón se reunió con Obama y formalizó la petición de que Pascual fuese retirado. Obama se refirió al asesinato de Zapata y fue puntual y enfático al exigir a Calderón garantizar la seguridad de los servidores norteamericanos que cumplían una misión en México, e incluso que considerara la posibilidad de que su gobierno permitiera a los agentes que trabajaban en territorio mexicano portar armas para protegerse.
En la conferencia posterior al encuentro, Calderón declaró que su gobierno haría todo lo posible por proteger a los agentes norteamericanos.
El presidente parecía de buen humor. El presidente sonreía.
Pero no todo era sonrisas en la delegación mexicana.
El embajador Arturo Sarukhan estaba muy apenado por el hecho de que Calderón hubiera incurrido en una suerte de albazo al pasar por alto a Obama y exigir la renuncia de Pascual en su encuentro con los periodistas del Washington Post. Al hacerlo había contrariado las más elementales normas de la diplomacia y la racionalidad política. La diplomacia es un juego de dichos y supuestos donde la rumorología tiene el número 10: lleva y trae, desnuda y pica. Así, aseguran que Sarukhan encontró un momento para, dicen, acercarse al presidente de Estados Unidos.
-Mr. President. I'm so sorry. I know you are pissed off (Señor presidente, lo siento mucho. Sé que está furioso)- dijo Sarukhan.
-I am not pissed off. My team is pissed off. (Yo no estoy furioso. Mi equipo está furioso)- respondió Obama.
Ocho días más tarde, después de una conversación privada con Hillary Clinton, Pascual renunció (...).
El retiro de Pascual representó para Calderón una victoria momentánea. Pero las repercusiones de aquella renuncia serían de una complejidad más profunda que un simple juego de vencidas.
La administración Obama no respondió a los exabruptos de Calderón con una decisión que en términos diplomáticos hubiera sido simplista: congelar al embajador Sarukhan y cerrarle las puertas en los círculos de poder. Los contactos con Sarukhan en Washington continuaron y quizá se acrecentaron. No era porque se tratara de él, si bien el presidente Obama tenía ciertas deferencias con el diplomático descendiente de rusos y armenios. En medio de todo subyacían los intereses estratégicos de Estados Unidos, como el fortalecimiento de la seguridad de la frontera y asegurarse que México no se convirtiera en un espacio de operación de las organizaciones terroristas. Washington no podía ni debía desentenderse de su vecino tras el escándalo Wikileaks. Le resultaba vital continuar operando con México y desde México.
Obama retiró a Pascual, un teórico especializado en países con problemas políticos y sociales, y en su lugar envió a Anthony Wayne, un diplomático cuya última misión había sido Afganistán, considerado por Estados Unidos como un Estado fallido.
Tras la llegada de Wayne se profundizó el sello militarista de la sociedad entre ambos países. En el Ejército mexicano ocurrió el mayor cambio institucional en el marco de la relación bilateral y la guerra contra el narco. La influencia de las doctrinas militaristas de Estados Unidos tal vez no ha dejado un solo espacio inalterado dentro del Ejército: del entrenamiento de cientos de oficiales mexicanos en el Pentágono (que a su regreso imparten cursos certificados por Estados Unidos) a la importación de tácticas de espionaje y combate empleadas en Irak y Afganistán. Un cambio vasto y evidente, como la noche y el día: antes de Calderón la cooperación militar se reducía a tímidos intercambios y colaboraciones en desastres naturales. Después de Calderón, la sinergia entre el Departamento de Defensa norteamericano y el Ejército de México se tradujo en alrededor de un centenar de protocolos y memorándums de entendimiento. (...)
A partir de la firma de la Iniciativa Mérida, México se convirtió en el principal cliente latinoamericano de Estados Unidos, el principal exportador de armas en el mundo.
Entre 2006 y 2011, la venta de equipo y armamento norteamericano a México ascendió a tres mil doscientos veinte millones de dólares, una cantidad similar a lo que invirtió el gobierno del presidente Calderón en la construcción de ciento cuarenta universidades nuevas y el equivalente a un tercio de las divisas generadas por el turismo en 2010, de acuerdo con estadísticas de Just the Facts, una institución no gubernamental dedicada a investigar y publicar los programas de asistencia militar y de seguridad de Estados Unidos en América Latina y El Caribe. (Wilbert Torre)

martes, 21 de junio de 2016

Iniciativa Mérida y nuevo Sistema Penal Acusatorio



En el 2008 fue aprobado por el congreso de Estados Unidos el Plan Mérida; dicho programa fue apoyado en sus inicios por una diversa red de instituciones como la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia de EU, en conjunto con el Congreso Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
El cual tenía en sus inicios como objetivos principales, la entrega de fondos para ofrecer asistencia de seguridad al país y combatir al crimen organizado. Desde el año en que se firmó dicho programa de apoyo, hasta la fecha, EEUU ha invertido un aproximado de mil 900 millones de dólares, en entrenamientos de personal, apoyo con aviones y helicópteros, equipos de seguridad, redes de control vía satelital, bases de datos, y capacitación en derechos humanos.
El principal conflicto entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, ha sido este último, el incremento en el número de denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país. Desde el año 2013, EEUU decidió hacer recortes significativos en dicho plan, por problemas relacionados con las violaciones de derechos humanos durante el combate al crimen organizado en México. Anteriormente en el año 2010, ya habían existido tensiones entre ambos gobiernos con respecto a la retención de fondos por dicho concepto, pero México consiguió en ese año llegar a un acuerdo.
Sin embargo, la situación de 2013 era más fuerte, el recorte era del 15 por ciento, el cual equivalía en su momento a una reducción de 5 millones de dólares, mismo que estaba específicamente destinado para que se investigaran y juzgaran las violaciones de derechos humanos cometidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del país. Dicho recorte fue catalogado como una “clara señal de frustración de Estados Unidos”.
Por otro lado otro, de los aspectos que afectó el Plan Mérida fueron los cambios en la presidencia de Estados Unidos y de México. La iniciativa fue pactada cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y fue respaldada por el gobierno de George Bush, quien destinaba los recursos de dicho programa específicamente en equipo militar. Ahora tanto el gobierno de Obama y el gobierno de Peña Nieto han optado por cambiar el enfoque. El gobierno de Estados Unidos ha seleccionado otras vías que aseguren el estado de derecho en México, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en materia de derechos humanos y la sobrepoblación en los centros de reclusión en todo el país.
La Iniciativa Mérida tuvo desde el 2013 un nuevo enfoque, el cual se orientó en combatir la impunidad y garantizar la justicia en el país. De acuerdo al actual secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien declaró en ese mismo año que los recursos de dicho programa serían ahora asignados a la prevención y el fortalecimiento del marco de justicia penal mexicano. Las nuevas iniciativas están dirigidas hacía la profesionalización de elementos e instituciones en México.
El Plan Mérida y el nuevo sistema penal acusatorio, mantienen aunque no se hable mucho de ello, una estrecha y profunda relación. El nuevo sistema penal mexicano reconoce lo siguiente: “algunos de los factores que impulsaron a dicha reforma fueron los compromisos internacionales”, apoyada por organismos como USAID, misma que forma parte de la red de trabajo en diferentes zonas del país.
Si México quería seguir recibiendo el apoyo y los fondos del gobierno de Estados Unidos, procedentes de la Iniciativa Mérida, era necesario que México hiciera las modificaciones correspondientes en el sistema penal mexicano, mismas que podrían realizarse, si se implementan de forma correcta habrá mayor eficiencia, una notable reducción de costos y se dedicaría menos tiempo a los casos.
Como anteriormente se había comentado, uno de los principales conflictos entre ambos gobiernos eran los problemas en materia de derechos humanos a los que se enfrenta el país. Este nuevo sistema limita el ejercicio del poder penal, evitando que los derechos humanos sean afectados durante la actuación de diferentes figuras policiales, cumpliendo con una de los principales interés del gobierno de EU, al implementar un sistema similar al que es utilizado en este país. Por otra parte, el nuevo sistema intenta resolver los conflictos mediante otras vías o mecanismos alternos como los criterios de oportunidad, los acuerdos preparatorios, intentando reducir el número de encarcelamientos, tomando en cuenta la crisis actual de las cárceles en México.
Algunos de los objetivos de esta reforma constitucional son la implementación de juicios orales, para dar mayor transparencia y recuperar la credibilidad del sistema penal y enfrentar al crimen organizado con todas las fortalezas del estado; incluso se define por primera vez constitucionalmente el término de delincuencia organizada. El gobierno mexicano ha invertido en los últimos 3 años 21 mil millones de pesos en infraestructura, capacitación y equipamiento en esta reforma. ¿Cuántos de esos recursos han sido cubiertos por el gobierno de Estados Unidos, a través del Plan Mérida?
Si bien la presión internacional es notable, también sale a la luz en estos días el rezago en materia de oralidad en el país; hay poca bibliografía actualizada, abogados y maestros coinciden en que es necesario comenzar con la actualización de los nuevos planes a nivel nacional, para que se implemente de forma correcta el nuevo sistema.
Por otro lado, las declaraciones de la secretaria técnica para la implementación de la reforma de justicia penal, Ángeles Fromow, nos hacen pensar que es una reforma de origen nacional, al asegurar que “es una reforma que nació de las organizaciones sociales”.
¿Qué otros motivos o intenciones tendrá EU además de tener un sistema penal parecido y de de acortar los tiempos de sentencia, para presionar esta transición “express” en el país?
El nuevo sistema penal es una buena alternativa, pero habrá que pensar si a este nuevo sistema le interesa que se haga justicia en el país, y velará por todos los derechos humanos de los mexicanos, o únicamente quedará en la simulación de un nuevo sistema para la obtención de recursos internacionales, como es el caso de la Iniciativa Mérida, misma que se implementó desde hace casi nueve años y que ha dado muy pocos resultados.
En virtud de que en los próximos años seguiremos transitando entre ambos modelos, será hasta dentro de 10 años más, cuando una vez lograda la transición completa, podremos juzgar si fueron suficientes estas medidas para alcanzar un sistema de impartición de justicia pronto y expedito y con este terminar con la corrupción y la impunidad en México.

sábado, 16 de octubre de 2010

LA CONTRAPARTE: ¡NO A LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS!

Juan Antonio Alonso / The Americano

I.
Los apologistas de la legalización de las drogas ignoran, o por lo menos lo reducen todo a una simple secuencia mecanicista de la realidad argumentando sobre bases económicas y legales, amén de un utopismo de la libertad, que más bien deviene en todo caso en libertinaje infantil.

Olvidan el riesgo que para, no sólo la salud implica, sino para la sociedad conlleva. Y no me refiero a colectivismos ni pretendo decir a nadie lo que debe o no consumir, como no asumo que el Estado interfiera en lo que comemos. Pero el tema de las drogas no es equiparable pues el efecto que éstas producen sobre nuestra psique es tal, por ser un alterador de la consciencia, que se contagia como un mal por toda la sociedad. El uso de sustancias dopantes en el deporte por ejemplo, no me parece más censurable que el que la ética deportiva impone (aunque el deporte profesional es de todo menos saludable por el uso intensivo de sustancias así como de la extenuación física). Pero los alteradores de consciencia sí me parecen condenables del todo.

Cualquiera que crea que por tomar drogas es más libre, es un iluso. La pérdida de voluntad que se produce no sólo inmediatamente sino secuencialmente en el tiempo hacen que dejemos de adoptar la “decisión” como fenómeno que se da antes de iniciar un acto. La adicción intrínseca que generan las drogas fuertes por tanto, nubla o anula por completo nuestra capacidad no sólo mental sino de elección posterior, haciéndonos esclavos de las sustancias. Se me dirá que la libertad implica eso, pero más allá de teorizaciones ajenas al mundo real, la verdad es que no he visto a nadie que actúe libremente cuando toma drogas. Algo tan destructivo no puede formar parte del acervo de la libertad.

Nos quejamos constantemente de la idiotez de las masas, de su escasa capacidad frente a la farsa de la ideología colectivista y políticamente correcta, pero a su vez proponen los libertarios la despenalización como un triunfo en la consecución de la libertad.

Cualquiera puede ver cómo un sábado los jóvenes, y los no tanto, escapan de la lógica y el raciocinio, y se entregan a la brutalidad más baja sin ser conscientes de sus actos. Si precisamente la libertad acarrea la asunción de las consecuencias, la droga altera por completo la ecuación. De hecho en los códigos penales el atenuante por el uso de sustancias alivia la pena al considerar este factor. Creo que además de ser esto un error, pues da pie a numerosas farsas, el que toma una droga debe o debería saber que su conducta se verá alterada y que puede realizar cosas que de otra forma no llevaría a cabo o por lo menos no en una escala tan alta.

Otra de las consecuencias son las muertes que se producen en carretera, que si ya son una catástrofe por culpa del alcohol, ni imaginar lo que serían con sustancias aún más nocivas y distorsionadoras de la realidad. Los libertarios llaman a esto crímenes sin víctima, pero el grado de tentativa de homicidio por temeridad o imprudencia no es algo desdeñable.

Con todo, los peores efectos de la legalización se producen en el ámbito de la familia. El núcleo central de la sociedad, y su institución más fuerte, aseguradora y que da sentido a la existencia del hombre en la sociedad por constituir el entorno más confiado de la existencia humana. El grado de desestructuración y desintegración que conllevaría una medida así sería nocivamente mayor. Los efectos de ello los vemos a diario y degenera en exclusión social y marginalidad. Cualquiera puede observar, si está libre de los clichés progresistas, que las drogas y especialmente el alcohol (uso el ejemplo de droga legal que distorsiona la voluntad) son la causa, en un porcentaje amplio, de los indigentes que pululan como almas en pena por nuestras ciudades, carentes del resorte familiar. Y aunque el restante porcentaje puede atribuirse a las enfermedades mentales, congénitas o adquiridas, la interrelación entre drogas-desvinculación familiar-marginalidad es tan estrecha que es difícil saber cuál es la causa de cada una de ellas convirtiéndose en un peligroso y letal círculo.

La exclusión que las drogas los encalla, los incapacita para desempeñar cualquier trabajo o relación laboral, además de convertirlos en seres que se refugian en su soledad aun cuando se les da cobijo y medios. E incluso cuando la pobreza más indigente encuentre su causa en la situación económica no son pocos los que abrazan el camino de la evasión, lo cual los incapacita para una posterior reinserción. El grado de enfermedad que los postra sin alternativa genera estas bolsas de marginalidad que son un verdadero problema de difícil solución y al que agravaría a medio y largo plazo la legalización.

Y es que si los libertarios quieren más libertad, tendrán que asumir cómo se puede hacer frente a este problema, que traería consigo además (eso del consumo moderado y consciente no es creíble, pues lo que distingue la droga es el elemento adictivo que posee) el crecimiento aún mayor del Estado que se hiciera cargo de una sociedad zombie, hipnotizada y carente de voluntad.

Sé que puedo estar cayendo en el catastrofismo más exagerado pero no veo de qué otra forma puede influir en la sociedad si se legalizaran la cocaína, la heroína, las anfetaminas, el cannabis y otras muchas. Y sé que hay alternativas como la beneficencia social privada, pero es evidente que a más drogas, más marginalidad.

Se me podrá objetar que aparte de acabar con las mafias, las drogas estarían menos adulteradas y que no necesariamente crecería el número de adictos. No lo creo. Por el simple motivo que se estaría transmitiendo el mensaje implícito de que al ser legal no sería tan nocivo, por mucho que nos lo advirtiera el Estado, los médicos, o quien sea. Además, a un nivel de mayor accesibilidad al consumidor sin caer en la incursión de un delito, el consumo crecería considerablemente.

Es difícil ver o creer en una persona que se toma su droga, la disfruta, y al día siguiente se levanta a trabajar como si nada. Los efectos a añadir, por tanto, también en este ámbito se harían notar. Nadie creería que la capacidad productiva fuese, no mayor como cabe esperar con la evolución de los tiempos, sino igual a la actual. Ello redundaría en una sociedad más pobre, que debería sin embargo asumir un coste mayor para cuidad su salud. Y eso suponiendo que tuviéramos la libertad en el tema de la sanidad, que si fuera el Estado el que tuviera que asumir su coste el panorama sería el de una eutanasia pasiva social y colectiva, de constante y adormilada acción. Esos son sus costes derivados.

En vez de vivir en mundos psicodélicos, deberíamos buscar una sociedad más viva, despierta, sin merma de sus facultades, y que tenga la excelencia por meta. No es caer en utopismos, sino simplemente no entorpecer más la vida con acciones nocivas como sería la despenalización. Y menos aún busco un dirigismo que nos haga perfectos; eso sería totalitario. Se trata de que cada uno desde la individualidad y a través de esa gran red que es la familia, busque la mejora como persona en su ámbito moral y social. La forma de interactuar con los demás sirviéndoles, como hacemos al interactuar ahora. La autosuficiencia y la adultez es incompatible con la despenalización de esas sustancias que a pesar de que estén en la naturaleza, debe hacerse un buen uso de ellas. La naturaleza nos da las herramientas y nosotros con la libertad (esta sí) decidimos si lo queremos emplear en el bien como la cura de enfermedades, o el mal, la degradación de nuestra moral y espíritu. La enajenación tanto mental como social es otro obstáculo en la madurez del ser humano.

La evasión de los problemas y de la realidad para buscar consuelo en lo artificial, mermará nuestra riqueza humana además de generar podredumbre en las relaciones sociales.

En consecuencia niego que seamos con las drogas, o con la “capacidad” de elegir, más libres.

II.
Tras el primer artículo sobre este asunto, vale la pena añadir algunas ideas más. La lista de argumentos que esgrimen los defensores de la legalización, continúa la senda mecanicista, de supuestas causas-efectos como una función matemática, que además resultan ser falsas. Y se obvian los elementos humanos de semejante suicidio colectivo.

Uno de los argumentos más empleados es el que atañe al coste de la lucha contra las drogas y los grandes recursos destinados a ello. Dejando de lado citar cifras pues son fácilmente falseables y tendenciosas por uno u otro bando, es indudable que los costes mayores del Estado del Bienestar son los relativos al coste de la sanidad y la seguridad social (ámbitos laborales y de “protección social”), por tanto no compensaría por la reducción del combate que las fuerzas del Estado desempeñan.

Los apologistas claman contra el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en lenguaje similar a la izquierda en términos de expansión del imperialismo, confundiendo, intencionadamente o no, sus fines y objetivos.

Olvidan que porque la lucha contra una actividad criminal no dé los frutos deseados, ésta no debe cambiar de naturaleza para acabar con el problema. La lucha contra las drogas en el ámbito legal, policíaco, y militar, es un frente abierto contra la criminalidad que nunca se acabará. Siempre habrá gente que trafique con una u otra cosa, del mismo modo que siempre habrá asesinos y ladrones, y no por eso para acabar con el problema decidimos legalizar esas acciones. Y nunca las políticas laxas contra el crimen han resuelto sino que han reforzado a la criminalidad.

Es obvio que si cambiamos el estatus legal, la lucha en este campo cambiará al ser algo aceptable y tolerado social y legalmente, pero esto no es argumento plausible debido a su tautología. Se me objetará que no hay crimen porque la legalización supone una mayor cuota de libertad, pero es indudable, aludiendo a la concepción humana, que aquello que destroce nuestros cuerpos, mentes y relaciones sociales y en definitiva a la persona, no puede entrañar libertad.

La diferencia en la intencionalidad y la voluntariedad queda anulada por el efecto alterador de las drogas, y la línea entre obligar e inducir con un arma tan poderosa como la que procura la acción narcótica es débil, quedando a merced de la voluntariedad del Estado más que del individuo; un Estado que se ampararía en las supuestas virtudes positivistas y aparentemente verídicas cualidades de la causística mecánica: olvidar el componente humano es el primer paso al totalitarismo al desdeñar la dimensión del hombre, su familia y su entorno.

Este debate queda indudablemente ligado al del suicidio, y es que si efectivamente matar a una persona es un crimen, matarse uno mismo refleja el mismo comportamiento aniquilatorio aunque los libertarios exclamen que la diferencia fundamental es la intromisión en lo ajeno, lo cual refleja un individualismo atroz y que todo lo relativiza y lo cede al arbitrio de una capacidad mermada que no encuentra resortes morales cimentados, sino que hace de cada existencia un reseteado que no ofrece continuidad social.

Al margen de todo ello y volviendo al ámbito que más gusta a sus defensores, pocos se pondrán de acuerdo en los límites a establecer; algunos hablan de limitar el consumo de una determinada sustancia, o de regular ciertos establecimientos, así como edades, pero ¿siguiendo su traza argumental, ¿Por qué no una libertad de consumo total? ¿O sería una nueva tarea a añadir a las competencia legislativas de nuestros representantes?, ¿Dejaríamos esta esfera tan vital, en sus manos? ¿No crecería más el Estado?, ¿Qué impuestos se habrían de establecer para sufragar la sanidad? ¿O tampoco querríamos impuestos para sufragar el mayor coste sanitario? ¿Sería el todopoderoso Estado competidor de los cárteles ahora legales hasta que con su fuerza los aplastara para ocupar a renglón seguido sus funciones y actuación monopolística? ¿O creemos que la iniciativa privada de todo el proceso actuaría libremente sin injerencias estatales como en apariencia lo hace con el tabaco? ¿Dejaría de existir el mercado negro?…

Demasiados interrogantes de difícil solución cuando jugamos con algo que se nos puede escapara de las manos, y sobre todo irreversible, pues quitar al pueblo su opio sería imposible. Y es que no todo es “probémoslo, y si no funciona volvemos al estatus anterior”, pues algo que se emprende de ese calibre difícil tiene dar la vuelta.

Otros sólo quieren despenalizar el uso de cannabis para tratamiento médico mezclando en el debate el ámbito curativo, algo que ofrece una mayor solución: no estoy en contra del uso terapéutico siempre que esté llevado a cabo por médicos, pero entiendo la fácil deriva del uso lícito al ilícito y por tanto las precauciones a tomar deben ser emprendidas con rigor. Y de sobra queda refutado por el sentido común, la afirmación de la inocuidad del cannabis en contraposición al tabaco, pues el efecto multiplicador que se da, además de la nocividad intrínseca es algo demostrado excepto a los ojos de los que no quieren ver y que viven en la nube y la estela del movimiento hippie.

Y hablando de drogas legales, quizá no quedó del todo claro en el anterior artículo mi postura con respecto al tema del alcohol. No abogo por su ilegalización porque el alcohol puede consumirse a pequeñas y saludables dosis, además de formar parte del acervo cultural del hombre. La Ley Seca debe quedar como un experimento que no funcionó y que se hizo de buena intención. Y aunque es difícil imaginar hoy día a gente con escondidos alambiques, la producción del alcohol es tan natural que carece de sentido su prohibición aun cuando su resultado fuera quizá positivo en términos de salud pública. Pero así como condenamos el mecanicismo de los argumentos legalizantes también lo es la búsqueda de la salubridad social dejando de lado lo cotidiano y lo cercano en aras de un bien mayor sin importar las decisiones más básicas de la sociedad.

Por último, hay que recordar el nulo efecto disuasorio de las leyes para establecer el orden social cuando se combina con estupefacientes, y por tanto el amplio camino despejado a la vulnerabilidad de terceros, algo que desde luego nadie tolera.

Juan Antonio Alonso es analista político.