Vanguardia / Editorial
26/10/2011
La congruencia, se ha señalado en múltiples ocasiones, no es una virtud que acompañe a los políticos y eso aplica de manera particular a quienes en nuestro país se dedican profesionalmente a dicha actividad. Salvo honrosas excepciones, nuestros políticos conquistan sin discusión, e insana frecuencia, cualquier campeonato de incongruencia.
Un buen ejemplo de esto lo constituyen dos asuntos discutidos y votados el día de ayer por los miembros de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, durante la celebración de una sesión ordinaria del pleno.
El primero de ellos es el relativo a la “defensa” que los senadores mexicanos realizaron de los clientes de las empresas de telefonía celular que comercializan en México el servicio “Blackberry”; el segundo se refiere a la investigación de la deuda pública del Gobierno de Coahuila.
Curiosidades del destino: ambos temas fueron abordados en forma consecutiva en la sesión del Senado. Primero el relativo a la falla que los servicios de “Blackberry” tuvieron los días 11, 12 y 13 de este mes; después el relativo al débito coahuilense.
En ambos casos, en teoría, nuestros representantes populares actuarían en defensa del interés público. En el primero, debido a la afectación que al patrimonio individual de cada cliente produjo el deficiente servicio de una empresa; en el segundo, debido al eventual perjuicio que al patrimonio de una sociedad provocó la actuación ilegal de funcionarios públicos.
Pero las similitudes entre uno y otro caso se acaban en el terreno de la teoría, pues al pasar a la práctica quedó claro -muy claro- que nuestros representantes populares utilizan varas muy distintas para medir la deshonestidad privada y la de los funcionarios públicos.
Y es que en el primero de los casos, salvo algunas consideraciones de forma, los integrantes de la Cámara Alta no tuvieron duda en lo que debían hacer: exigir, de las autoridades competentes, que se impongan las sanciones del caso -y eventualmente se indemnice a los clientes- por el fallo masivo de los servicios prestados por las empresas telefónicas.
Pero en el segundo la postura cambió radicalmente, pues incluso el dispensar la remisión del punto de acuerdo a comisiones, por considerarlo de urgente y obvia resolución, fue motivo de discusión y debió repetirse la votación para clarificar la determinación de la mayoría.
No se diga lo que ocurrió enseguida: una acalorada e intensa discusión en la cual el interés público era lo de menos y donde lo único que importaba era el interés político de cada fuerza representada en el Senado.
El mensaje es claro: si el patrimonio de un ciudadano es afectado por una empresa privada, nuestros representantes populares saldrán en su defensa sin duda, sobre todo si aquella es extranjera. Pero si el perjuicio deriva de decisiones tomadas por servidores públicos, ya podemos sentarnos a esperar a que siquiera se alce una voz de crítica.
