FUNCIONARIOS FEDERALES SE TIRAN LA PAPA CALIENTE

Lozano Alarcón: pretende lavarse las manos

Los secretarios del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y de Economía, Bruno Ferrari, se acusaron uno a otro de tener responsabilidad en la explosión de la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, que causo la muerte de 5 mineros y deja con pocas esperanzas de encontrar con vida a 9 trabajadores más que se encuentran a 58 metros de profundidad.

En entrevistas para los medios, los funcionarios federales se deslindaron del accidente “echándole la bolita” a su homologo.

Lozano Alarcón aseguró que es la Secretaría de Economía la autoridad responsable en la materia; “es la que otorga las concesiones en términos de la ley minera”, dijo.

Por su parte, Ferrari dijo que efectivamente la dependencia a su cargo tiene la obligación de otorgar las concesiones, sin embargo, indicó que cuando hay incumplimiento de normas, como en el caso de la mina de Sabinas, éstas son competencia de otras dependencias, entre ellas las secretarías del Trabajo y del Medio Ambiente, cuyo titular es Rafael Elvira Quesada.

Explicó que a la secretaría del Trabajo le corresponde verificar las condiciones laborales en las que se encuentra una mina mientras que la Secretaría del Medio Ambiente verifica lo relacionado al caso ambiental; “nosotros nos limitamos a otorgar las concesiones”, sostuvo.

Lozano Alarcón explicó que la situación en la mina era de operación irregular, muy precaria, que operaba en un vacío legal y en la clandestinidad.

Señaló que yacimientos como los de Sabinas no son explotados por los titulares de la concesión sino por terceros, "hay una serie de entendimientos con terceras personas donde se instala este pocito y son personas ajenas al concesionario”.

Ferrari detalló que la concesión es la número 225883 del Lote mupo 5, cuyos titulares son Luis González Garza y Minera El Sabino, ambos con 50 por ciento de participación pero dijo que la Secretaría de Economía no tenía el registro de quien explotaba el pozo donde ocurrió la tragedia.

Comentó que de acuerdo a la primera investigación, era el hijo del señor González Garza, Melchor González, quien probablemente explotaba el pozo siniestrado.

Insistió en que la dependencia a su cargo se limita a verificar que se cumplan con los requisitos que marca la ley para otorgar la concesión, los cuales son el nombre de lote y de los concesionarios, numero de hectáreas y los datos de localización del terreno, que se otorga por 50 años siendo renovable para un periodo similar.

Ambos funcionarios sólo coincidieron en responsabilizar también al concesionario por no dar aviso a las autoridades correspondientes de que ese pozo era explotado.

Lozano Alarcón manifestó: “ni siquiera nos dan aviso de que inician operaciones. (Éste) tenía 18 días de haber iniciado. Operaba casi en la clandestinidad, no tenía un permiso, una concesión propia",  por lo que, dijo, se abrirá un proceso penal contra el concesionario del yacimiento o quien resulte responsable.

Reveló que 7 de los 15 trabajadores victimas de la explosión no estaban dados de alta en el Seguro Social y uno era menor de edad, "va contra con al Constitución y la Ley Federal del Trabajo; por donde se vea estas son operaciones y situaciones irregulares".

En tanto, el gobernador de Coahuila, Jorge Torres, aseguró que es responsabilidad del gobierno federal la concesión y las condiciones laborales en las que operan todas las minas del país.

El mandatario estatal aseguró que por ley las autoridades de Coahuila no pueden supervisar las condiciones en las que operan las mineras.

CIEN AÑOS DE REVOLUCIÓN Y RETROCESO MINERO

Boletín de prensa
Familia Pasta de Conchos

Hace 60 años que no se conformaba como la semana pasada, una delegación tan representativa de mineros y sus familias de la región carbonífera que viniera a la Cd. de México a denunciar las condiciones que imperan en la minería del carbón, luego de lo ocurrido en el siniestro de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, hace ya 57 meses y del cual se ha señalado, nacional e internacionalmente, a las autoridades del Trabajo y Previsión Social y a Industrial Minera México de Grupo México de Germán Larrea y que preside Francisco Javier García de Quevedo como corresponsables.

Retomando la gesta de la Huelga de Hambre de la década de los cincuenta del siglo pasado, en que miles de mineros marcharon a la Cd de México, en defensa de sus derechos, 45 personas procedentes de los poblados de Palaú, Progreso, Barroterán, Nueva Rosita y La Florida, pertenecientes a los municipios de Múzquiz, san Juan de Sabinas y Nueva Rosita, Coahuila, realizamos una jornada de tres días que incluyó la participación en una audiencia en el Senado de la República y una Marcha del Ángel de la Independencia a Los Pinos.

La delegación conformada por mineros de pozos y minas subterráneas, trabajadores sobrevivientes de los últimos siniestros de la región y familiares de los mineros siniestrados en las Minas Pasta de Conchos, Mina Lulú, Pozo Ferber y Pozo Vertical 4, participamos el día 11, principalmente, como el primer grupo de trabajo de participación ciudadana, en la primera audiencia pública del Capítulo México, de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción, en la sala Isidoro Olvera del Senado de la República.

La sesión, convocada por el senador Ricardo García Cervantes e inaugurada por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Mesa Directiva de ese cuerpo legislativo, fue el marco para que señaláramos la distinta responsabilidad que le compete, por ejemplo a las Secretarías de Economía (Dirección General de Minas), del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Mexicano del Seguro Social, Gobierno del Estado de Coahuila, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a diferentes empresas extractivas de carbón y sindicatos, ya que en la gran mayoría de minas de la región, no se les hacen exámenes médicos a los mineros, no se reparten utilidades, no están sindicalizados los trabajadores, no se les pagan las vacaciones, incluso no se hacen declaraciones anuales fiscales; no se utilizan metanométros para evitar problemas con el gas metano y el equipo de seguridad para los mineros es sólo una lámpara; los centros de trabajo no tienen baños, regaderas, agua potable, vestidores, y hay minas donde duermen los trabajadores afuera de la mina porque no hay transporte para el tercer turno, ni hay lugar adecuado para que duerman; algunas empresas presentan documentos falsos, mienten a los inspectores de la STPS, y tienen niños desde los 14 años extrayendo carbón en turnos completos, sin seguro social y sin protección. Ningún trabajador fue despedido en 2009, todos renuncian voluntariamente.

Luego del testimonio de Ma. Trinidad Cantú, mamá de Raúl Villasana, de Tania Muñoz, hija de 17 años de Jorge Bladimir Muñoz y de Francisco Zamora Castellanos, minero sobreviviente del pozo Vertical 4, nuestra organización concluyó que existe un costo oculto en los precios de compra-venta de carbón que no asumen las empresas, ni los coyotes, ni los que tienen contratos, configurando una situación de muerte e injusticia, resultado de un cúmulo de irregularidades y de intereses en todos los niveles y órganos de gobierno tanto Estatales como Federales.
El tratamiento descoordinado a la minería del carbón por las distintas secretarías y órdenes de gobierno, dejan a los mineros del carbón y sus familias en absoluto estado de indefensión. No tienen a quién acudir porque nadie se siente responsable de la situación en la región carbonífera y los vacíos legales posibilitan que empresas y autoridades justifiquen sus omisiones y negligencias. Incluso la misma CNDH tiene varias Quejas presentadas hace más de un año y no emite las respectivas Recomendaciones.

La senadora María Serrano Serrano expresó bien el consenso entre los senadores asistentes: “no podemos seguir con la explotación minera con estas condiciones”, por lo que los legisladores “necesitamos reformar todas la leyes que sean necesarias”. Dichos legisladores asumieron el compromiso de darle cauce a las peticiones y convertirlas en soluciones.

Los mismos hechos han sido narrados al equipo de Felipe Calderón, por lo que aguardamos la respuesta a la solicitud de audiencia que su mismo equipo quedó de otorgar en dos semanas. Saludamos la decisión del Congreso de Baja California Sur de legislar para prohibir la operación de minas a cielo abierto, lo que pone un freno a la voracidad de empresas como Minera México. Nos solidarizamos con las familias de las 6 trabajadoras de Coppel, fallecidas en Culiacán, Sinaloa.

A una voz, ¡Rescate ya!
Organización Familia Pasta de Conchos

ANTE LA OIT: SINIESTROS EN REGIÓN CARBONIFERA DE COAHUILA

Invitada: Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

A fin de evitar la muerte de más mineros en la región carbonífera de Coahuila, la “Familia Pasta de Conchos” presentará mañana ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la documentación que prueba que la tragedia registrada hace 4 años en la entidad, en la que murieron 65 trabajadores, ocurrió por la forma en que el gobierno mexicano aplica las leyes en la operación del sector en el estado.
El “extenso” documento que entregarán a la OIT consiste en la recopilación de los siniestros ocurridos en la zona del carbón de esa entidad, así como las acciones que las autoridades locales y federales, han llevado a cabo para “solucionarlos”.
Así lo informaron representantes de la organización Familia Pasta de Conchos, integrada por viudas y familiares de los mineros fallecidos y asociaciones civiles, durante la misa que cada 19 de mes llevan a cabo frente a las oficinas de Grupo México, en el Distrito Federal.
En la eucaristía, María Trinidad Cantú, madre del minero caído Raúl Villasana Cantú, manifestó que la documentación que preparó Familia Pasta de Conchos, fue elaborada en respuesta al señalamiento que el Comité Tripartito de la OIT hizo en su informe del año pasado, a propósito de la petición de justicia que viudas y familiares hicieron a ese organismo.
“El Comité señaló que la cuestión fundamental era saber si las acciones del gobierno son representativas de la manera en que se aplican las leyes y reglamentos nacionales en otras partes del sector de la minería del carbón en Coahuila, o en otras partes de México, como lo afirman las organizaciones reclamantes, o si este caso debe considerarse, como lo sostiene el gobierno, un suceso trágico y aislado”, citó María Trinidad Cantú.

MÁS DECESOS Y ENFERMEDADES
Al respecto, Cristina Auerbach, integrante de Familia Pasta de Conchos y de Equipo Nacional de Pastoral Laboral, aseguró que documentaron los siniestros y las muertes de la zona carbonífera de Coahuila, como prueba de que la tragedia registrada en la mina Pasta de Conchos, “no es un caso aislado, ni un accidente, ni un evento fuera de control, sino la forma sistemática de que el gobierno aplica las leyes y las normas, de tal forma que los mineros siguen muriendo”.
Desde la tragedia en la que murieron 65 mineros, de los cuales 63 permanecen sepultados en el yacimiento en esa zona, se registró el deceso de 41 mineros del carbón, 28 de las cuales ocurrieron en operaciones de extracción del mineral y 13 en labores vinculadas. Además se sumaron 91 nuevos heridos, según el cuarto informe Pasta de Conchos: Otros casos, otras minas, la misma muerte.
En México, explicó la defensora de derechos humanos, “una mina que no tiene permisos para sacar carbón se llama ilegal, en esos casos lo que las autoridades hacen, en lugar de sancionar, es procurar los mecanismos para que se vuelva legal”, sin modificar sus condiciones de operación.
“Usted puede comprar un terrenito, explotar el mineral, y si alguien se le muere, llegan las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, para adecuar los procedimientos, y de esta forma, esa mina sigue operando”, agregó.
La problemática, dijo, se ve reflejada en los informes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ejemplo, en 2007, 47 por ciento de las personas que tenían incapacidad permanente en el país eran mineros.
Asimismo, de las 4 mil 400 personas con discapacidades permanentes registradas después de 2007, el 25 por ciento ocurrieron en Coahuila, y de ellas 750 eran mineros del carbón.
Además, cada año se presentan en el IMSS, 150 nuevos casos de enfermedades pulmonares crónicas, “todos ellos son mineros”.

MÉXICO MIENTE

Experiencias como las de la zona carbonífera en Coahuila ocurren en otras naciones del mundo, pero a diferencia de México, las víctimas encuentran justicia, refirió Cristina Auerbach.
“Documentamos siniestros ocurridos en yacimientos carboníferos en Perú, Colombia, Estados Unidos, China, Rusia, Polonia, para ver en qué condiciones sucedían y cómo se iban resolviendo. De entre todos los casos, México es el único país que miente”, subrayó.
Los gobiernos de esos países sancionaron a las autoridades responsables, rescataron a los sobrevivientes y entregan los restos de los mineros a sus familias. Tras el siniestro en Pasta de Conchos, ni el gobierno local, ni el federal realizaron estas acciones, denunció la defensora de derechos humanos.