RESCATAN A 106 ESCLAVOS: ¡EN MÉXICO!

"La Arrocera": Zona letal en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, México — Autoridades mexicanas rescataron al menos a 106 inmigrantes indocumentados de Guatemala, El Salvador, y Honduras, entre ellos 33 menores, que eran obligados a trabajar en una finca del estado mexicano de Chiapas, informó el sábado la secretaría de Marina.
"El saldo arrojó 67 indocumentados centroamericanos y ocho personas más, que manifestaron ser mexicanos sin presentar algún documento que acreditara su identidad, además de 33 menores de edad y seis mujeres que trabajaban en el lugar", dijo la dependencia en un comunicado sin dar mayores precisiones.
Los centroamericanos, entre los que habían tres recién nacidos y una menor de 12 años embarazada, fueron encontrados el viernes en las bodegas de la finca 'La Herradura', en Tapachula fronteriza con Guatemala, informó de su lado la fiscalía federal en Chiapas (sureste).
Los migrantes estaban en condiciones de hacinamiento y eran víctimas de explotación laboral, indicó la fiscalía.
En el interior de la finca bananera donde irrumpió la policía federal, y militares fueron detenidos además un guatemalteco y un hondureño, capataces del lugar bajo los cargos de trata de personas y explotación laboral.
La mayoría de los inmigrantes centroamericanos fueron llevados a un centro de reclusión de migrantes, donde se tramita su repatriación a sus países de origen, mientras que 39 de ellos rinden declaración ante el ministerio público, añadió la fiscalía.
Por el presunto delito de trata de personas fueron detenidos ocho sospechosos de nacionalidad mexicana, hondureña y guatemalteca, quienes tenían responsabilidad en la plantación y otras haciendas aledañas.
El territorio de México es utilizado como tránsito por emigrantes centroamericanos y de otros países del área, para tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, pero con frecuencia son víctimas de estafa, secuestro y extorsión por grupos mafiosos, que piden rescate a cambio de permitirles continuar su ruta.
La Comisión de Derechos Humanos de México asegura que desde septiembre 2008 a marzo 2009 fueron secuestrados 20 mil inmigrantes, a muchos de los cuales les exigieron entre tres mil 500 y cinco mil dólares norteamericanos por su libertad.
Un sitio web alternativo calificó de "paso de la muerte" y otros medios de "el viaje más peligroso del mundo", al peregrinaje por unos cinco mil kilómetros por diversos estados mexicanos en busca de la frontera con Estados Unidos, en cuyo tránsito muchos encuentran la muerte en lugar del "sueño americano".
Según datos del Instituto Nacional de Migración, el 96 por ciento de los indocumentados que transitan por México rumbo a la nación norteña, proceden de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

VIOLADAS EL 80% DE LAS MIGRANTES
La zona del Itsmo de Tehuantepec, que comprende los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, o la zona conocida como La Arrocera, punto clave de violaciones y asaltos, son los lugares que activistas humanitarios reconocen de más alta peligrosidad.
A primera vista, el campo verde de arbustos medianos y matas de mango de esta zona despoblada en el estado de Chiapas luce apacible y amigable. Nada más distante: las ráfagas de viento rompen con violencia el silencio, tal como el grito de mujeres inmigrantes que son violadas cada año al cruzar por esta región ubicada a unos 120 kilómetros de la frontera con Guatemala.
"Alrededor del 80% de las centromaricanas que cruzan La Arrocera son violadas", señala el padre Herman Vázquez, fundador del alberque Hogar de la Misericordia y párroco de Arriaga, cercana a la zona "roja", por donde cada año caminan unos 230 mil centroamericanos en el inicio del viaje por territorio mexicano hacia EE.UU.
Entre los matorrales, las piedras y el riachuelo que atraviesa la zona, dos bandas de delincuentes acechan a sus víctimas. Los miembros han sido identificados como habitantes de los pueblos cercanos que roban y violan.
El paso por esta región de alrededor de cuatro kilómetros cuadrados es casi inevitable, porque el tren de carga parte en Arriaga y para llegar hasta esa ciudad es necesario evadir una caseta del Instituto Nacional de Migración que se encuentra en La Arrocera, municipio de Huixtla. Por eso José Salomón de Acevedo, un salvadoreño de 19 años, se bajó del autobús en el que viajaba junto con tres hombres y una mujer. El "coyote" que los guiaba sugirió que los varones se fueran caminando por La Arrocera mientras él intentaría hacer pasar a la muchacha por carretera y evitar así una violación.

LAS VISAS DE LA ESCLAVITUD

El mexicano Alberto Rivero ingresó en el programa de trabajo temporal de Estados Unidos en 2005 y desde hace tres años tiene que abonar todos sus gastos de visa, transporte y alojamiento, aunque la norma indique que es responsabilidad de su empleador. "Este último año pagué como 800 dólares. Con la primera empresa con la que trabajé no pagué nada", contó a IPS, vía telefónica, este emigrante de 33 años que se desempeña como jardinero en la localidad de West Chester, en el nororiental estado de Pennsylvania.

Emilio Godoy / IPS

Los receptores mexicanos de las visas H2A y H2B, creadas por el gobierno estadounidense para reglamentar el empleo temporal, padecen abusos a manos de sus empleadores, prácticas que podrían derivar incluso en el delito de trata de personas, sin que el gobierno mexicano los proteja, denuncian activistas y especialistas.
"Los abusos se dan por los reclutadores. Les piden cuotas de contratación y por visa y transporte. El problema es que no hay regulación pública de los contratos y los contratistas", explicó a IPS Alejandra Ancheita, abogada del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), que asesora a grupos de trabajadores migratorios.
En 1943, Estados Unidos instituyó las visas H2 para trabajadores extranjeros y en la década de los 80 estableció las categorías H2A para trabajadores de plantaciones agrícolas y H2B para otras labores como jardinería, construcción y personal para servicio de limpieza de hoteles.
Los reclutadores han creado empresas en México para atraer la mano de obra proveniente de comunidades de todo el país y la vinculan con similares estadounidenses, sin que haya inspecciones por parte de la Secretaría (ministerio) del Trabajo y Previsión Social, debido a la falta de un convenio bilateral en el tema.
Esas visas son una camisa de fuerza laboral, pues sus portadores sólo pueden trabajar para el contratante en un sitio determinado. Las reglas del programa estipulan que el patrón debe cubrir todos los desembolsos del inmigrante.
"Si el patrón no cumple sus obligaciones legales, el trabajador no tiene opción de ir a otro lugar y tiene miedo de quejarse, porque lo pueden despedir y se queda sin papeles", dijo a IPS Victoria Gavito, directora de Asuntos Legales del no gubernamental Centro de Derechos del Migrante (CDM), ubicado en el central estado de Zacatecas.
Cada año unos 130.000 mexicanos se enrolan en el programa temporal, según datos coincidentes del gobierno estadounidenses y de organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema. Provienen principalmente de los centrales estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas y se dirigen especialmente a los territorios estadounidenses de Louisiana (fronterizo), y los orientales Carolina del Norte, Massachusetts, Nueva York y Washington.
Organizaciones como ProDesc y CDM asesoran a grupos de trabajadores afectados para que puedan organizarse y litigar sus casos en México. Para ello, elaboraron el "Manual de justicia binacional", un marco legal para la defensa de trabajadores inmigrantes en ambas naciones.
La Ley Federal del Trabajo de México estipula que las compañías deben cubrir los gastos de trámites del trabajador y registrar los contratos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el ente responsable de velar por la justicia laboral. Pero tal obligación no se cumple, según los activistas.
El argumento que ha dado el gobierno mexicano ante esta carencia es que se trata de un acuerdo entre particulares, por lo cual no puede intervenir.
"El gobierno no se involucra ni quiere saber de qué manera son contratadas estas personas", comentó a IPS Enrique González, cuya tesis de maestría en Estudios Internacionales por la estatal Universidad Nacional Autónoma de México versa sobre el programa H2.
En su investigación de campo, González encuestó a 867 hogares en el municipio de El Naranjo, en el central estado de San Luis Potosí, y detectó 24 casos de trabajadores temporales. El 70 por ciento de la muestra respondió haber pagado por la visa y casi 92 por ciento por el traslado. Sólo 45 por ciento recibió un reembolso.
ProDesc asesora a dos grupos de trabajadores temporales que padecieron abusos en Louisiana. Uno de ellos es el caso de 35 inmigrantes oriundos de San Luis Potosí, que trabajaron en 2008 en un campo de fresas, donde fueron despojados por sus patrones de pasaportes, se los hizo laborar en pésimas condiciones y se los sometió a vejámenes físicos y verbales. El otro lo constituyen 17 mexicanos que estuvieron expuestos a un trato similar.
El objetivo es que puedan demandar a reclutadores y patrones ante los tribunales mexicanos mientras los juicios en Estados Unidos siguen su marcha.
"El gobierno tiene la obligación de regular esos vínculos. Pero el litigio es una herramienta que no va a resolver el asunto de fondo. Hay que hacer transparente el proceso de contratación y otorgamiento de visas y de transporte", planteó Ancheita, egresada de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana.
Este año el CDM, que construye una base de datos sobre contratistas, ha recibido tres denuncias de trabajadores de instalación de parques de atracciones en los estados estadounidenses de Carolina del Norte, Georgia y California, por violaciones a derechos laborales.
"Debe haber más vigilancia. Es una oportunidad muy grande para cambiar las condiciones en México", refirió Gavito, abogada graduada de la privada Universidad de Saint Mary, de Texas.
Desde marzo pasado el programa H2 opera con cambios, como el aviso escrito de los términos del contrato, la identificación de reclutadores extranjeros y de posibles abusos y de ser sujeto penal por anomalías en la contratación.
Antes de su versión actual, el mayor programa de empleo temporal fue el llamado "Bracero", de 1942 a 1964, dentro del cual miles de mexicanos se trasladaron al otro lado de la frontera norte para realizar tareas agrícolas.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, no contiene alusiones sobre el trabajo temporal, ni siquiera en su acuerdo laboral paralelo.
Pero México sí cuenta con un mecanismo con Canadá, el llamado Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de 1974 y mediante el cual unos 15.000 mexicanos viajan anualmente para efectuar esas actividades, según fuentes gubernamentales. (Fuente: Tribuna Hispana).

AFROAMERICANOS: LUCHARON POR UNA PATRIA... QUE NO LES RECONOCIA DERECHOS

Un reconocimiento, aunque un tanto tardío (1997), que hizo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a los afroamericanos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Tardaron 50 años en reconocer su valentía y sacrificio. Excelentes tomas y musicalización.
Pero la discrimnación subsiste en muchos aspectos...