RENUNCIA JESUS TORRES CHARLES

Jesús Torres Charles

Saltillo.- El asesor jurídico del gobierno del estado Jesús Torres Charles solicitó licencia esta semana para separarse de su cargo, luego de que su nombre se involucró en una red de protección al crimen organizado.

Rubén Moreira Valdez gobernador de Coahuila confirmó esta mañana la noticia y agregó que la solicitud de licencia fue pedida por motivos personales sin ahondar más en el tema.

Junto con Torres Charles también se ha involucrado a su hermano Humberto, actualmente prófugo, quien presuntamente también brindaba protección a bandas criminales a cambio de grandes cantidades de dinero.

Durante la semana pasada elementos de la SIEDO arribaron a Coahuila y aprehendieron a varios funcionarios estatales y federales, entre ellos, Sergio Tobias Flores, mando de la Fiscalía General de Estado.

SU HERMANO HUMBERTO Y LA RED

Humberto Torres Charles, hermano del ex Fiscal y uno de los principales señalados por la PGR como cabezas de la red de protección al crimen organizado en Coahuila, estuvo a cargo de un comando de élite al que incluso se le dio la tarea de resguardar la seguridad de las esposas de funcionarios estatales de primer nivel, según reveló una fuente cercana a la investigación federal.

Era tanto el poder interno que ostentaba, que habría llegado a conformar un grupo de mujeres encubiertas que se desplazaban como miembros de los comités de compañía, incluso de la esposa del Gobernador en turno, pero que en realidad fueron entrenadas con tácticas militares y policiacas.

De hecho, según la fuente, en el Informe de Gobierno del 2009 estas “panteras” permanecieron resguardando la integridad de las más importantes damas del estado en el evento.

Durante el tiempo en que presuntamente funcionó el grupo táctico, normalmente se encargaba de la seguridad de la esposa del mismo fiscal Jesús Torres Charles, de la mamá de éste y eventualmente acudían como apoyo de otras esposas de funcionarios.

Para tal efecto, en 2009, cuando se empezó a conformar el grupo de “panteras”, el Gobierno mantenía al hermano del ex Fiscal como “Coordinador de Asuntos Jurídicos” en la Secretaría de Salud, tal como aparecía en el directorio oficial, pero en realidad su desempeño nada tenía que ver con esto.

A mediados de 2009 secretamente habría reclutado a las “panteras” y comenzó su entrenamiento en todo tipo de tácticas, tanto preventivas, uso de armas, defensa personal, de evasión por tierra y aire, etcétera.

Fue en diciembre de 2010 cuando el grupo femenino (conformado por entre cuatro y seis mujeres) quedó disuelto pues, según algunos de sus elementos, Torres Charles dejó de estar al frente y les habría dicho que se iba porque viajaba a la Ciudad de México para incorporarse al área de seguridad de elementos de primer nivel en el PRI nacional.

El grupo de “panteras” fue sólo uno de los comandos de élite que Humberto Torres manejó, según el informante, pues también estuvo al frente de otros elementos masculinos con los que sí tejió una red de protección al crimen organizado, de acuerdo con las acusaciones de Isabel Arvide, impulsora del llamado “Modelo Coahuila”, la investigación de la PGR y los dichos de elementos de un cártel del narco detenidos en Saltillo.

Por ahora se dice que Humberto Torres es un prófugo que logró evadir la semana pasada a la SIEDO, que llegó a Saltillo por él y otros funcionarios. (El Universal / Vanguardia / Agencias)

ACUSA A FISCAL TORRES CHARLES DE SER "BRAZO ARMADO DEL PRI"

Jesús Torres Charles, Fiscal de Coahuila

Desde la noche de ayer se han estado registrando algunos incidentes que empañan el proceso electoral que se lleva a cabo el día de hoy en el estado de Coahuila, para elegir al nuevo gobernador del estado y diputaciones locales.

La más reciente fue hace unos momentos, cuando en la ciudad de Torreón fueron detenidas 21 personas por parte de la Policía municipal, de los cuales cinco son reconocidos panistas, entre ellos Alfonso Tafoya, ex secretario del Ayuntamiento de Torreón.

Estas personas fueron detenidas por presunta coacción del voto.

Por otra parte, en las colonias Merced y Latinoamericana de Torreón, Acción Nacional denunció presunta compra de votos.

De igual forma, se informó que el Comité distrital décimo recibió un reporte de disturbios en una casilla instalada en el Ejido San Felipe. Las autoridades aún están por confirmar la veracidad de este reporte.

Otro de los hechos ocurrió esta mañana, cuando una avioneta que sobrevolaba sobre la ciudad de Saltillo, rentada por el Instituto Electoral estatal, traía una manta que decía "Por Coahuila yo voto", esto para invitar a su ciudadanía a ejercer su sufragio.

El incidente ocurrió al momento en que la avioneta soltó la manta y ésta cayo por una casa de la colonia Hacienda, ocasionando daños menores en las viviendas, según los bomberos de Saltillo.

Por otra parte, en la casilla 929 de la colonia La Minita en Saltillo, un representante del PAN, fue detenido por elementos de la Fiscalía general del estado, por portar presuntamente un arma.

Al respecto, José Guadalupe Martínez Valero, representante de Acción Nacional en el Consejo del Instituto Electoral, dijo dudar que el hecho sea verídico, pues dice "la Fiscalía del estado, se ha convertido en un brazo armado del PRI en Coahuila".

El representante de casilla detenido es Ruperto Olivo Salas, quien está bajo investigación.

Y finalmente la noche de ayer, en un hotel de la ciudad, se detuvo a José Luis Campos Zamora, director de enlace legislativo de la Secretaría de Gobierno de Sonora, por la denuncia de un ciudadano que lo acusó de haber pagado el hotel y facturar a nombre del gobierno de Sonora.

Además, de haberlo escuchado asegurar que ya había cumplido con su apoyo al candidato panista en esta elección.

Cabe señalar que el porcentaje que se tenía previsto en un inicio de votantes era del 60%, sin embargo, todo parece indicar que esta tendencia va en aumento y será alrededor del 70% los que acudan a votar.

LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN

¿Verdadero control legal?

Salvador Mejia

Son Facultades de Comprobación, las otorgadas a las autoridades administrativas para verificar el debido cumplimiento de la normatividad aplicable, según la materia de su competencia, de los particulares.

Es importante señalar, que tales facultades les son conferidas por virtud de ordenamiento jurídico, es decir que las mismas están contempladas en Ley y por lo mismo deben ajustarse a la misma.

Bajo éste orden de ideas, la actuación de las autoridades se presumiría legal, al ejercer una facultad prevista en Ley, sin embargo en muchas ocasiones no es así, violentando de manera grave los derechos de los particulares verificados.

Las facultades de comprobación de las autoridades administrativas, pueden ser de dos formas, de gabinete o de escritorio y a través de visitas domiciliarias.

Las primeras consisten en la revisión que efectúen dichas autoridades sobre diversa documentación del particular que acredite su cumplimiento a la normatividad aplicable, según la materia de competencia de dicha autoridad, usualmente a través de la previa solicitud de datos e información al propio particular o en ocasiones también a terceros que tengan relación con el particular sujeto a verificación.

Dicho tipo de facultades de comprobación, se inician con la solicitud de información y la revisión de la misma se realizará en las oficinas de la autoridad correspondiente, debiendo emitir resolución sobre dicha verificación dentro de los plazos legales establecidos para ello, según la ley de la materia que corresponda.

El otro tipo de facultad de comprobación, la visita domiciliaria, es como su nombre lo indica, la visita al domicilio del particular sujeto a revisión, para que in situ se realice la revisión correspondiente tanto a la documentación del particular, como en su caso, a sus instalaciones, debiendo para ello estar provisto de una orden de visita, emitida con fecha reciente y por funcionario público competente, así como identificarse plenamente con el particular, debiendo levantar acta circunstanciada sobre los pormenores de la visita.

Es precisamente éste tipo de facultad de comprobación que generalmente se presta para la comisión de diversas irregularidades y abusos por parte del personal adscrito a las autoridades, así como para la extorsión de quienes se pretenden hacer pasar por supuestos verificadores.

Por ello, es importante saber que tales procedimientos están debidamente regulados en ley y deben cubrirse necesariamente ciertas formalidades, sin las cuales el acto o actos que deriven de los mismos podrían carecer de legalidad y ser declarados nulos por autoridad judicial competente.

Lo que es lo mismo, existen medios de defensa en contra de los mismos y en casos de posibles extorsiones realizar la denuncia penal correspondiente.

En este sentido, las facultades de comprobación en materia fiscal se encuentran reguladas de manera especial y específica en el Código Fiscal de la Federación, tratándose de contribuciones federales y en las Leyes Hacendarias Estatales o Códigos Financieros, tratándose de contribuciones locales.

Por otro lado, las demás en materia administrativa, ya sean de carácter federal (ambientales, consumidor, electricidad, obras, etc.) se encuentran reguladas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las correspondientes a las autoridades Estatales o Municipales en las Leyes de Procedimiento Administrativo respectivas.

En éste orden de ideas, cabría cuestionarnos si enefecto éstas facultades de comprobación del Estado permiten verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones legales de los particulares, según la materia que corresponda, pues si bien es cierto, la naturaleza de las mismas es precisamente ello, en la práctica se ha tornado en un medio de control o presión sobre determinados sujetos, ya sean personas físicas o morales, pues al iniciar las mismas, los verificadores generlamente se esfuerzan no en “verificar” el cumplimiento a la normatividad, sino de encontrar el más mínimo error o supuesta inconsistencia, para incoar al particular un procedimiento administrativo que usualmente culmina con una sanción económica, en el mejor de los casos, en otros en un aseguramiento de bienes o hasta clausuras, con la única finalidad de obtener recursos en beneficio del Estado, en la mayoría de las ocasiones.

Por ello, la autoridad debería revisar el uso de dichas herramientas de verificación legal, para utilizarla para lo que verdaderamente fueron creadas, vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad y no como un medio de presión o control institucional, que fácilmente se presta a conductas irregulares o extorsionadoras por parte de quienes las practican en nombre del Estado.

Mientras tanto, el particular cuenta con los correspondientes medios legales de defensa en contra de dichas prácticas “irregulares” en el ejercicio de dichas facultades de comprobación, al vulnerar la esfera jurídica de los particulares sujetos a revisión a través del incumplimiento de las formalidades legales para la práctica de las mismas.

Fuente: México Bajo Fuego

CONTRAESQUINA

¿Justicia y democracia?

Por: Jesús R. Cedillo

Cada vez que abordo temas que tienen que ver con el ámbito de la impartición de la justicia en Coahuila en particular y México en general, a este columnista le llueven, afortunadamente, llamadas de abogados, juristas, académicos y organismos no gubernamentales a nivel local y nacional, los cuales se dedican a monitorear aspectos tan duros y peliagudos en México, como lo son la seguridad jurídica, la impartición de justicia y las tareas del gobierno, sujetas claro, a su marco teórico y legal. Decía, cada vez que escribo de lo anterior, donde mi ignorancia es mucha, por supuesto, se comunican filosos y eruditos abogados para enmendarme la plana.

Creo no cometer una infidencia al decir que sabios académicos y abogados litigantes como Jorge L. Chávez, José Moreno Reyna, el ubicuo abogado y periodista, Conrado García y otros más, seguido me enmiendan la plana y me nutren con sus generosos y desinteresados comentarios sobre lo que este columnista escribe. Hace pocas lunas y con motivo de un díptico de columnas donde abordé un poco la Ley y el accionar del titular de la Fiscalía General de Coahuila, lugar donde oficia Jesús Torres Charles, este columnista recibió múltiples comentarios y correos intergalácticos con comentarios puntillosos al respecto. Una comunicación mediante documento por email, fue la enviada por Gerardo Valencia Sarabia, a quien no conozco físicamente, y quien me envió cinco cuartillas pulcramente redactadas bajo el encabezado de su asociación, “Auditoría Social al Sistema Judicial Mexicano A.C.” el cual en el inicio de su exposición, avisa que dicha asociación tiene como objetivos la “evaluación independiente (como) herramienta ciudadana” ancilado lo anterior en el “ideal dinámico del concepto de democracia, plasmado en al Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Tiene razón el redactor del documento, la Constitución, como la democracia, no es una entidad estática sino dinámica. Con motivo del día del abogado, el 19 de julio de 2009, el ahora vilipendiado secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo en
su discurso: “La justicia dolorosamente se ha burocratizado, produciéndose por recuperar ese sentido de justicia magiestático, donde el hombre se ve sometido a las instituciones, con la confianza que sabrán actuar con la verdad y el honor que se ha perdido.”

Tienen razón Gómez Mont, las parcas estadísticas, los números fríos, así lo dejan ver: según un especialista como Miguel Carbonell, 40 por ciento de las detenciones se realiza sin la orden de aprehensión que debe emitir un juez.

Esquina-bajan

En el Distrito Federal, por ejemplo, 71 por ciento de los detenidos no tuvo asistencia de un abogado mientras estuvo privado de su libertad ante el Ministerio Público. Lo anterior, no obstante que la Constitución mexicana marca el derecho de asistencia de abogado desde el momento de la detención y el derecho de no declarar del detenido (Artículo 20).

El puntilloso análisis de Carbonell exhibe la verdadera radiografía de la impartición de justicia: la mayoría de los sentenciados en el país, han cometido delitos contra la propiedad (robos famélicos) o contra la salud (con un valor inferior a los 16 dólares), por lo cual, afirma el investigador, “la justicia penal procesa delincuentes novatos y de poca monta, pero deja ir a los que son expertos y cometen delitos por grandes cuantías.”

Luego del par de columnas aquí publicadas sobre el accionar de la Fiscalía de Coahuila, quien esto escribe buscó al Fiscal, Jesús Torres Charles. Éste, amable y cortés, me recibió en sus oficinas de mando. El columnista tomó café, el Fiscal una gaseosa dietética. Este redactor entonces, le solicitó una entrevista periodística en próxima fecha que él cederá. Pronto se la presentaré en estas generosas páginas de VANGUARDIA.

Letras minúsculas

La justicia, la democracia, las leyes mexicanas serán siempre tema candente y actual.
(Cortesía del periódico Vanguardia: vanguardia.com.mx)