Defensora de derechos humanos bajo arresto

La defensora mexicana de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez fue arrestada el 22 de febrero. La información disponible sugiere que está siendo blanco de acusaciones injustas en represalia por su trabajo por los derechos de comunidades indígenas.

El 22 de febrero agentes de la Procuraduría General de la República arrestaron a Lucila Bettina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, en el estado de Oaxaca mientas ella se retiraba de una reunión con funcionarios de laComisión Federal de Electricidad  (CFE) en compañía de la abogada Maribel González. Los agentes no mostraron ninguna orden de arresto que les autorizara a detenerla ni le fueron explicados los motivos de su detención.  

Ella fue mantenida incomunicada durante horas antes de ser trasladada a la prisión de Tehuantepec para enfrentar cargos de privación ilegal de libertad de funcionarios de la CFE. Será presentada hoy mismo a un juez quien tendrá la autoridad para liberarla bajo fianza. A Amnistía Internacional le preocupa que los cargos han sido fabricados para evitar que pueda continuar su trabajo como defensora de derechos humanos y que pueda enfrenar un proceso judicial injusto. Su arresto forma parte de un patrón de arrestos a defensores de derechos humanos bajo cargos infundados de privación ilegal de libertad a funcionarios públicos, estos cargos han resultado en juicios injustos seguidos de largos periodos de detención a activistas.

Amnistía Internacional insta a sus activistas a escribir inmediatamente a las autoridades:

n  Llamando a las autoridades a garantizar que Lucila Bettina Cruz Velázquez no será sujeta a tortura u otros malos tratos, y se asegure que tenga acceso a un abogado de su elección y que pueda mantener contacto con su familia.

n  Urgiendo a las autoridades a asegurar que los procesos judiciales no se basen en evidencias sin fundamento o no confiables originadas en represalia por su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos y que su derecho a un juicio justo sea garantizado de acuerdo los estándares internacionales, incluyendo el derecho a fianza que correspondería a las imputaciones realizadas en su contra.

n  Solicitando a las autoridades garantizar la seguridad de todos los integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y que estos no sean sujetos de procesos judiciales injustos.

Información Adicional

Lucila Bettina Cruz Velázquez es integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. La Asamblea trabaja para lograr la protección a los derechos de los pueblos indígenas, y ha llevado a cabo acciones de protestas contra la construcción de granjas eólicas en tierras pertenecientes a pueblos indígenas. A raíz de las amenazas y ataques que sufrió durante octubre y noviembre de 2011 por su trabajo en defensa de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca ordenó medidas cautelares para proteger a Lucila Bettina Cruz en noviembre de 2011.

El 21 de octubre de 2011 Lucila Bettina Cruz Velázquez y Maribel González Pedro fueron amenazadas de muerte, cuando unos 50 trabajadores de una empresa adjudicataria de una granjaeólica llegaron a tierras pertenecientes a la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo en el Estado de Oaxaca. Los miembros de la comunidad indígena se oponen a la construcción de la granja eólica en sus tierras. Argumentan que la construcción se está levando a cabo sin su consentimiento previo, libre e informado, tal y como establece la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y están preocupados por el impacto de la construcción en su tierra y su agricultura.

El 28 de octubre de 2011, miembros de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo) realizaron una protesta en el tramo de la carretera Panamericana que atraviesa La Venta-Unión Hidalgo contra la construcción de turbinas eólicas en sus tierras. Según la información recibida, miembros de la vecina comunidad de La venta, favorables a la instalación de las turbinas, acudieron al lugar y amenazaron al grupo para que detuviese sus protestas. Los manifestantes argumentaron su derecho a la protesta pacífica, pero llegaron más hombres, armados con pistolas y machetes. Los líderes de la protesta, incluyendo Lucila Bettina Cruz Velázquez y Juan Regalado Martínez, fueron golpeados y pateados en el suelo, y amenazados de muerte. Dos personas fueron asesinadas y miembros de la comunidad, incluida Bettina, fueron acusados falsamente de ser los responsables.

Proyectos industriales y de desarrollo que afectan a comunidades indígenas y campesinas en México, se implementan sin información confiable para las comunidades y sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Como resultado de esta situación, los miembros de comunidades indígenas protestan contra los proyectos y exigen el respeto a su derecho a ser escuchados y consultados. Amnistía Internacional ha documentado frecuentemente el mal uso del sistema de justicia penal contra defensores de derechos humanos y activistas comunitarios que realizan protestas pacíficas para pedir el respeto a sus derechos, lo cual ha implicado acoso judicial, juicios injustos y condenas sin fundamento.

Enviar peticiones a las siguientes autoridades: 

Procuradora General de la República

Marisela Morales Ibáñez

Paseo de la reforma 211-213

Col. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, México

Fax: +52 55 5346 0908

Email: ofproc@pgr.gob.mx

Secretario de Gobernación

Dr. Alejandro Poiré Romero

Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez

Delegación Cuauhtémoc

México D.F., C.P.06600, México

Fax: +52 55 5093 3414

Email: secretario@segob.gob.mx    

Y copias a:

Proyecto de Derechos Economicos Sociales y Culturales

Email:      proyectodesc@gmail.com  

  
http://www.amnistia.org.mx
"Trabajamos para proteger los derechos humanos en el mundo"

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Amnistía Internacional México es parte de Amnesty International,  un movimiento global con  más de 2.2 millones de miembros e investigadores en todo el mundo que actúan por los derechos humanos, con Estatus Consultivo ante las Naciones Unidas, la  UNESCO, la Comisión Inter-Americana y el Consejo de Europa,  y reconocido con el Premio Nobel en 1977 y el Premio Naciones Unidas en 1978 por sus actividades por la paz y los derechos humanos. 

DEMANDA Y PRUEBAS VS ERNESTO ZEDILLO

El despacho jurídico Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, P.A. de Miami quiere exhibir la creación de estrategia contrainsurgente aplicada en México, pues esta semana presentó, en un tribunal de Connecticut, una demanda judicial contra el expresidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal.

Como se sabe, la masacre la perpetró un grupo paramilitar contra una población indígena indefensa, dejando un saldo de 45 víctimas, entre éstas 21 mujeres y 15 infantes, en 1997.

Zedillo vive en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Hasta allá lo alcanzó la impunidad cometida en la masacre de Acteal, pues una ley federal del país vecino permite a extranjeros el derecho a demandar a residentes en suelo estadounidense por delitos de lesa humanidad.

El despacho jurídico que representa a un puñado de sobrevivientes de Acteal buscará probar la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, según el cual el expresidente dotó de armas a grupos indígenas locales para que hostigaran y atacaran a poblaciones neutrales y zapatistas.

Bajo el gobierno de Zedillo salió a la luz Paz y Justicia, el grupo paramilitar que tiene cercado a San Patricio.

En 1997 a Paz y Justicia se le acusó de cercar comunidades simpatizantes zapatistas del municipio de Tila. El grupo les impidió el tránsito carretero, el paso de comida y medicinas, y se le responsabilizó de cometer violaciones sexuales y 46 asesinatos.

El EZLN también ha denunciado otras modalidades de esa estrategia contrainsurgente: despojo violento o burocrático de los terrenos apropiados por el EZLN durante la insurrección de 1994, proliferación de programas asistenciales a comunidades rivales, creación de nuevos asentamientos castrenses, entre otros.

Sin embargo en los últimos meses se han incrementado las agresiones y despojos de otros grupos paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), o de militantes del PRI, PAN y PRD en comunidades de la Selva Lacandona, Los Altos de Chiapas y la selva fronteriza.

El caso de San Patricio evidencia la provocación abierta para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tome de nuevo las armas.

EL EZLN depuso las armas cuando tras el rechazo legislativo de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 2001, decidió convertirse en un movimiento civil pacífico. Las depuso, pero no las entregó. Y el subcomandante Marcos ha dicho que sólo las utilizarán para defenderse.

Si el EZLN respondiera a la violencia paramilitar, el Estado justificaría el uso de la fuerza castrense para tomar el territorio zapatista y así sofocar la experiencia autónoma.

Se pensó que la experiencia zapatista sucumbiría con el tiempo. Lo cierto es que si bien bajó en visibilidad, consolida su autonomía y sirve de inspiración a etnias que impulsan procesos similares.

La lección autonómica zapatista es simple: rechaza cualquier apoyo partidista o programa gubernamental; no participa en elecciones; promueve la organización colectiva, horizontal e incluyente; creó programas de salud, educación, gobierno e impartición de justicia con identidad propia; estableció proyectos productivos autosustentables y protege su tierra y recursos naturales.

Si bien es simple, esa lección también es poderosa, pues mueve conciencias colectivas en un momento en el que la crisis capitalista provoca que gobiernos e iniciativa privada codicien las extensiones de tierra y los recursos naturales de territorios indígenas.

De esta manera, comienza a proliferar la resistencia activa de comunidades indígenas en salvaguarda de su riqueza natural.

Lo vemos actualmente en el pueblo yaqui de Vicam, Sonora, que ha cerrado carreteras en protesta por la construcción de un acueducto que los despojará de miles de hectáreas de riego.

También lo vemos en la población purépecha de Cherán, Michoacán, que se atrincheró en defensa de sus bosques ante la devastación impune cometida por talamontes.

De idéntica manera se actúa en Ostula, Michoacán, donde la población nahua creó un movimiento de autodefensa para recuperar más de 700 hectáreas de propiedad comunal arrebatadas por los caciques del lugar.

Y estamos a punto de verlo en comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, sede de la afamada policía comunitaria, que se oponen a la llegada de compañías mineras canadienses a sus bosques.

La autonomía zapatista inspira por igual la lucha de etnias o poblaciones rurales de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Baja California, Campeche, entre otros estados.

Todo indica que la lección zapatista se extenderá en el país conforme se agudice más la crisis capitalista.

Así es como desde lugares apartados y empobrecidos se fortalecen retículas de lucha y sobrevivencia. Se trata de nuestros propios indignados.

Sin embargo, la autonomía zapatista está más vulnerable que nunca. En los últimos tres meses grupos paramilitares agredieron a comunidades zapatistas de cada uno de los cinco Caracoles en las que éstas se aglutinaron por regiones: Oventic, La Garrucha, Morelia, La Realidad y Roberto Barrios.

Ahora San Patricio, en el Caracol de Roberto Barrios “Nueva semilla que va a producir”, y Nueva Purísima, en el Caracol de La Garrucha “El camino del futuro”, están en peligro de sufrir otra masacre como la de Acteal.

La responsabilidad del desenlace de estas invasiones paramilitares recae directamente en el gobierno estatal de Juan Sabines y el gobierno federal de Felipe Calderón. (Fuentes: Kaos en la Red y Acteal 97)

DEMANDA VS ZEDILLO

DEMANDA VS ERNESTO ZEDILLO PONCE


MOCIÓN PARA PROCEDER DE FORMA ANONIMA Y DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA

PRUEBAS Y DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA MILITAR-ACTEAL


CITATORIO AL EX PRESIDENTE ZEDILLO

CITATORIO AL EX PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON

MURIO EL OBISPO SAMUEL RUIZ

Don Samuel Ruiz, Descanse en Paz

El obispo emérito Samuel Ruiz García falleció esta mañana tras complicarse los problemas de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus que padecía desde hace 10 años.



El prelado presentaba daño cerebral con "infarto reciente en territorio de arteria cerebral media izquierda con consecuencias importantes en la movilidad de su hemicuerpo derecho (hemiplejia derecha)", reportaron ayer los médicos que lo atendían en el Hospital Ángeles del Pedregal de la ciudad de México.


El obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue trasladado el pasado 12 de enero desde un hospital en el estado de Querétaro para su atención en la ciudad de México.



Samuel Ruiz García padecía, desde hace varios años, diabetes y problemas respiratorios, los cuales se le complicaron y derivaron en una neumonía que lo mantuvo en terapia intensiva desde el viernes de la semana pasada.


Desde el pasado mes de noviembre, su estado de salud decayó, tanto, que incluso a los obispos reunidos en la Conferencia del Episcopado Mexicano oraron por su salud. De ahí, el obispo Samuel Ruiz constantemente tuvo recaídas y entró al hospital en varias ocasiones.


De Querétaro, en donde vivía, fue trasladado a la ciudad de México y estaba internado en el Hospital Ángeles del Pedregal.


Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue reconocido por su labor en favor de las poblaciones indígenas de Chiapas y de Latinoamérica.



El “Tatic" (padre en lengua tzotzil) como lo llaman los indígenas de Chiapas, se desempeñó durante 40 años como obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en la región Altos, una de las más grandes de Chiapas, con una población mayoritariamente indígena.


Por iniciativa suya, en 1989, se creó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en San Cristóbal de las Casas, una organización no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas

A Ruiz García le tocó vivir el movimiento armado que se inició el 1 de enero de 1994, cuando apareció en el escenario de la guerrilla y la política el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), compuesto, en su mayoría, por gente de escasos recursos e indígenas, quienes enfrentaron al gobierno federal, en un principio, para derrocarlo.


Fue en esta etapa cuando la imagen del obispo de San Cristóbal trascendió, incluso las fronteras nacionales, para ser reconocido en varios países en donde se defendió su tarea en pro de los indígenas más pobres del país.


Con la idea de colaborar en la solución del conflicto armado, Samuel Ruiz fue designado miembro de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), la cual encabezó, pero que tiempo después tuvo que ser desintegrada porque la ruta que comenzaba a tomar ya no era compatible al cien por ciento con la Iglesia y se acercaba más a los terrenos de la política.


En 1996, Ruiz fue galardonado con el premio católico Pacem in Terris (Paz en la tierra) y en el año 2000 le fue otorgado el Premio Internacional Simón Bolívar de la UNESCO por su lucha contra la violencia, la pobreza y la exclusión.


Recibió además el doctorado honoris causa por la Universidad Iberoamericana en la ciudad de México.


Organizaciones civiles y de derechos humanos lo promovieron, en su momento, como candidato al premio Nobel de la Paz.


En abril de 2008 es nombrado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) mediador al lado de escritores e intelectuales, ante el gobierno federal.


Después de 40 años de obispado en Chiapas, Ruiz García decidió retirarse en 1999 e irse a la ciudad de Querétaro.


Nació en 1924 en Irapuato, Guanajuato, pero la mayoría de su vida vivió en San Cristóbal, donde fue nombrado obispo en 1959 a la edad de 35 años, y desde entonces acogió las causas indígenas como suyas.


(Con información de El Universal y Agencias)