TESTIMONIO QUE PONE A TEMBLAR A POLITICOS COAHUILENSES

Rolando Gonzalez Plea Agree... by on Scribd

EL CASO JORGE TORRES LOPEZ (2)

Rolando González Treviño, allegado a Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, fue liberado con restricciones tras pagar una fianza de 500 mil dólares en efectivo y dejar en garantía un predio de 23 hectáreas en San Antonio North Side, con valor de 1 millón de dólares.

Casi tres meses antes, el 3 de abril, el empresario había firmado el acuerdo de admisión de culpabilidad donde detalla la manera en que Humberto Moreira desvió recursos públicos del gobierno de Coahuila.
El Acuerdo de Culpabilidad (Plea Agreement), en su versión íntegra y original, aparece arriba, al inicio de ésta entrega.
El diario Reforma publicó la traducción del apartado tres del acuerdo de culpabilidad, donde González Treviño hace un recuento de los hechos que involucran al ex gobernador y a otros siete conspiradores (CC). Los conspiradores señalados en los hechos corresponden a las siguientes personas:

CC1: Humberto Moreira (ex gobernador de Coahuila).
CC2: Héctor Javier Villarreal Hernández (secretario de Finanzas de Coahuila). 
CC3: Roberto Casimiro González Treviño (empresario). 
CC4: Samuel Rodríguez Martínez (amigo personal de Moreira y operador político).
CC5: Vicente Chaires Yáñez (titular de la secretaría particular del gobierno de Coahuila).
CC6 y CC7: Funcionarios estatales no identificados.
El acusado acuerda y estipula como parte de este convenio de culpabilidad, que si este caso hubiera sido presentado en juicio, Estados Unidos habría ofrecido evidencia para demostrar los hechos siguientes:
Que en diciembre de 2005, CC1 era un alto funcionario del estado de Coahuila.
CC1 había sido previamente un funcionario en Saltillo, capital del Estado de Coahuila.
CC4, amigo de mucho tiempo de CC1, fue empleado por CC1 en el Estado de Coahuila.
CC5 también estuvo empleado bajo CC1 y también fue Director de un Departamento.
CC6 más adelante en el 2006, también se convirtió en Director en el Estado de Coahuila para CC1.
En julio del 2008, CC2 se convirtió en el Secretario de Finanzas para el Estado de Coahuila.
En aproximadamente enero o febrero del 2006, CC1 empezó a tomar dinero para su uso personal del Gobierno de Coahuila. CC1 estaba usando los fondos del Gobierno estatal y dirigiendo esos fondos públicos a partidarios que actuaban de común acuerdo con CC1 para robar fondos públicos de Coahuila.
Estas personas eran principalmente empresarios que operaban dentro del Estado de Coahuila, y/o eran comerciantes que proporcionaban servicios al Estado y tenían una relación con CC1 en el momento de su elección.
Muchos de estos comerciantes eran propietarios a gran escala de significativos medios de comunicación que incluyen radio, cable, televisión y compañías de letreros al aire libre.
Otros co-conspiradores eran comerciantes del Estado que proporcionaban servicios tales como construcción de caminos y puentes, construcción de edificios, provisión de servicios al pueblo y servicios de aviación ejecutiva al Estado de Coahuila.
Se estima que los fondos robados de las arcas públicas estatales por CC1 se aproximan a los cientos de millones de dólares.
Aproximadamente el 1o de agosto del 2006, CC1 empezó a comprar medios de comunicación de diversas entidades de medios que operaban en el Estado de Coahuila.
Desde enero o febrero del 2006, CC1 empezó a dirigir el pago de dinero de las arcas de Coahuila a CC3, el hermano del acusado y otras personas.
CC3 es un acaudalado empresario y propietario de muchas entidades de medios en el Estado de Coahuila que incluyen estaciones de radio, canales de televisión, medios de cable y compañías de letreros al aire libre.
CC3 fue instrumento en que CC1 ganara la Gubernatura de Coahuila.
La evidencia de Estados Unidos mostrará que en aproximadamente el 24 de enero del 2009, CC2, CC1, CC4, CC5, la esposa de CC1 y el equipo de seguridad de CC1 viajaron, en avión privado, de Coahuila a San Antonio, Texas.
El propósito del viaje era tener una reunión privada con para hablar de estrategia política para el PRI y la Gubernatura de Coahuila, para reunirse con CC3 y para visitar a la hija de CC1, quien vivía en San Antonio.
Datos del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) sobre el historial de cruces fronterizos, confirmaron: Que CC1 y CC2 entraron juntos a EU en esta fecha, y que el acusado ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO (RGT) también estuvo en el país en esa fecha. 
En aproximadamente 25 de enero del 2009, CC2, CC1, CC4 y CC5 viajaron a la casa club en el Sonterra Golf Club, ubicado en Sonterra and Stone Oak Parkway en San Antonio, Texas y dentro del Distrito Oeste de Texas, y se reunieron con el Acusado.
CC1 y el Acusado se reunieron en privado en una mesa, mientras que el resto del grupo se sentó en otra mesa.
Declaración de testigos reflejaría que CC1 pidió a CC2 que se uniera a CC1 y a ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO en su mesa.
CC1 preguntó sobre el estatus actual de los pagos al Acusado; luego CC1 informó a CC2 que el Acusado enviaría al Estado de Coahuila facturas para ser pagadas. Éstas eran para que CC1 comprara las estaciones de radio de RGT y no para gastos legítimos del Gobierno. 
CC1 estableció que la cantidad a ser pagada sería de 25 millones de pesos.
El propósito del pago era para asegurar la propiedad de una parte de "Nucleo Radio", que consistía de estaciones de radio que eran propiedad del Acusado en Monclova, Sabinas y Múzquiz, en el Estado de Coahuila.
El Acusado dirigió la información de su cuenta para que fuera proporcionada a CC1, ya sea directamente o a través de CC4, quien a su vez le proporcionó a CC2 un número de cuenta bancaria del Acusado en EU donde CC2 fue instruido que dirigiera los fondos robados.
La compra de estas estaciones por parte de un funcionario del Gobierno estatal de Coahuila sería ilegal bajo las leyes mexicanas.
En aproximadamente marzo del 2009, después del viaje a San Antonio, hubo una reunión del Gabinete en la mansión del Gobernador en Saltillo.
Entre los presentes en la reunión estaban CC1, CC2, CC4, CC6 y todos los 17 Secretarios del Estado de Coahuila.
En esta reunión, CC1 proporcionó los números de las cuentas que el Acusado tenía en EU en el First National Bank en Edinburg, Texas.
CC1 insistió en que los pagos fueran hechos al Acusado el 7 de abril del 2009 y el 4 de mayo del 2009.
Investigaciones de HSI y de agentes de la DEA revelaron que la transferencia inicial fue efectuada el 7 de abril del 2009 por via electrónica a la cuenta del Acusado en el First National Bank de Edinburg, Texas, bajo el número de cuenta proporcionado por CC1 (número de cuenta con terminación 7281).
El dinero fue transferido de México a través de una cuenta mantenida por Administrativos Diamante SC mediante del Banco Mercantil del Norte (BANORTE).
El nombre en la cuenta es Rolando González-Treviño, con dirección en San Antonio en la misma subdivisión donde ocurrió la reunión de marzo del 2009.
La cantidad de la transferencia electrónica fue de $1,100,513.57 dólares. Esta suma, con base en una conversión del tipo de cambio en ese entonces, se convierte a aproximadamente 15,000,000 de pesos mexicanos.
Investigaciones adicionales también revelaron que la segunda transferencia electrónica fue intentada aproximadamente el 7 de mayo del 2009.
Registros bancarios revelaron que tres transferencias electrónicas por las cantidades de $162,758.65, $294,740.08 y $288,769.94 dólares fueron intentadas el 7 de mayo del 2009 de parte de Construcciones Chavana de CV.
Esta cuenta fue la misma cuenta del FNB Edinburg que fue usada en la transferencia del 7 de abril del 2009.
Chavana es una entidad controlada por CC1 y utilizada por él para transacciones y distribuciones de fondos robados tanto dentro de México como internacionalmente hacia EU. 
Esta transferencia electrónica no fue completada.
Registros bancarios revelaron y ejecutivos del banco confirmaron que la cuenta del acusado en FNB Edinburg fue cerrada debido a irregularidades en las anteriores transacciones del Acusado.
Después de la intentada transacción, el Acusado tuvo una conversación con CC1 y CC4 y hablaron de que hubo problemas con la cuenta del Acusado para recibir los pagos vía transferencia electrónica en el banco (FNB Edinburg) en EU.
El Acusado recibió una comunicación subsecuente por llamada o texto pidiendo un número de cuenta diferente porque la cuenta estaba cerrada.
El Acusado checó la y luego volvió a llamar con otro número de cuenta en EU en el cual depositaran los fondos.
Un testigo declaró que el Acusado contactó a CC2 por teléfono y le pidió que se contactara con el banco por teléfono y explicara que las transferencias representaban dinero legítimo del Estado de Coahuila y que no eran ganancias relacionadas con drogas a fin de impulsar la transacción.
Registros bancarios reflejan que la intentada transferencia de los fondos fue aproximadamente el 7 de mayo del 2009.
Aproximadamente el 8 de mayo del 2009, se hizo el pago de 10,000,000 de pesos mexicanos al Acusado.
Registros bancarios revelaron que tres transferencias electrónicas por las cantidades de $162,758.65, $294,740.08 y $288,769.94 dólares fueron completadas el 8 de mayo del 2009 de parte de Construcciones Chavana de CV para el Acusado.
La cantidad sumada de estas transferencias es de $746,268.67 dólares.
De acuerdo con información, el tipo de cambio de pesos a dólares el 7 de mayo del 2009 era de aproximadamente 13.08827.
Esta cantidad se convierte a 9,767,365.85 pesos. 
La transacción fue completada por transferencia electrónica desde el Bank of New York Mellon al International Bank of Commerce (IBC)-Laredo.
La transferencia fue depositada a una cuenta a nombre de Rolando González-Treviño con un número de cuenta con terminación 4676. 
Los valores para la transferencia fueron idénticos a las cantidades involucradas en el intento de transferencia el 7 de mayo del 2009.
Aproximadamente en julio del 2009, en una reunión del Gabinete en Saltillo, Coahuila, CC1 dijo a co-conspiradores que las estaciones de radio del Acusado ya habían sido compradas por CC1.
CC3 informó que CC1 tenía planes de comprar estaciones adicionales de radio y televisión de CC3, para incluir una estación de televisión en Piedras Negras, Coahuila.
CC1 utilizó sus compañías (las de CC1) para comprar estaciones de radio del Acusado y estas compañías tienen personas identificadas y no están a nombre de CC1.
Declaraciones de testigos mostrarían que CC1 mismo se presentó como socio con el Acusado en las estaciones de radio e informó que CC1 posiblemente poseía una participación de "Nucleo Radio", la compañía holding de las estaciones del Acusado, aunque no lo dijo enfrente del Acusado.
En aproximadamente abril del 2013, el Acusado se topó con CC7, una persona que también trabajó con CC1 en Coahuila, mientras estaba en Las Vegas, Nevada, asistiendo a una exposición de telecomunicaciones.
Durante este encuentro, CC7 dijo al Acusado que él (CC7) recibió órdenes de CC1 de que pagara y transfiriera el dinero al Acusado para la compra de las estaciones de radio, y que el dinero usado para pagar la compra al Acusado provino de las arcas del Estado de Coahuila.
El Acusado ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO ahora admite que voluntaria e intencionalmente participó en un plan para defraudar o robar dinero del Estado de Coahuila con CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6 y CC7.
ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO admite que participó en las transacciones con la intención de defraudar al Estado de Coahuila.
ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO admite que fue razonablemente previsible para él que las transferencias electrónicas interestatales e internacionales serían usadas para facilitar el plan y que las transferencias electrónicas interestatales e internacionales fueron, de hecho, utilizadas para cometer además el plan.
ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO admite que el dinero transferido, es decir: $1,846,782.24 dólares, que equivale aproximadamente a 25 millones de pesos, fue robado, apropiado ilícitamente o tomado mediante fraude.
ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO admite que sabía que este dinero fue robado, apropiado ilícitamente o tomado mediante fraude en el momento de la transferencia, tomado ilícitamente del Estado de Coahuila y transmitido de México a Estados Unidos.
Volviendo al Caso Jorge Torres López:
¿En que momento los fiscales gringos le ponen el ojo al ex gobernador interino y actual huésped de prisión, Jorge Juan Torres López?
¿Por la simulación y lavado con una exitosa línea Aérea de nombre RAJET?
¿Acaso por mentir a varios bancos texanos y hacerse pasar por Directivo del Grupo Industrial Saltillo, Agente de ventas de RAJET, Representante de las empresas de Luis Carlos Castillo Cervantes (El Dragón), quien fuera acusado de lavado de dinero y liberado al aceptar su culpabilidad y colaborar a testificar en el Caso Coahuila?
¿Por robar dinero del erario y depositarlo en Bermúdas y Brownsville, Texas?
¿Por comprar residencias y terrenos en Montgomery, Texas y realizar extraños movimientos inmobiliarios con su amigo Luis Rayet y empresas como TOYA, LLC y CONYET, entre otras?
Pero antes, en la próxima entrega: JORGE JUAN TORRES LOPEZ Y HECTOR JAVIER VILLARREAL HERNANDEZ, UNIDOS EN JUICIOS CIVILES Y CRIMINALES.

España entrega a EE UU al "Mono" Muñoz

Juan Manuel Muñoz está reclamado por un fiscal de Texas por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. 

La aventura en España del narco mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias Mono Muñoz, presunto enlace en Europa del cartel de los Zetas, ha terminado. Agentes estadounidenses lo recogieron esta semana en una de las pistas del Aeropuerto de Barajas y lo condujeron hasta un avión rumbo a Texas (EE UU), donde lo reclama la justicia por blanqueo de capitales y organización criminal. La entrega fue acordada por la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que hace dos años pactó su extradición.

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Said Rbib, de blanco, en Madrid, en marzo de 2015, con Juan Manuel Muñoz, a la derecha.

Hace un año, el fiscal de Texas que le reclamaba se entrevistó en secreto en una prisión española con Muñoz en compañía del abogado norteamericano del narco, según confirman fuentes cercanas a este último. Su testimonio, en el supuesto de que colabore con las autoridades estadounidenses, puede poner en aprieto a la larga lista de políticos y funcionarios del Estado mexicano de Coahulia con las que el presunto narco mantenía relación.

La defensa en España de Muñoz no se ha opuesto a la extradición pese a que en el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional se tramita otra causa en la que se le acusa de delitos similares que en EE UU. Para su entrega, el juzgado español decretó mediante un reciente auto su puesta en libertad provisional e inmediatamente la Sala de lo Penal acordó su prisión y comunicó a las autoridades norteamericanas que se lo podían llevar, según señalan fuentes judiciales.

Muñoz Luévano residía con su familia en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid hasta que el 18 de marzo de 2016 la policía española lo detuvo e ingresó en prisión bajo la acusación de blanqueo y narcotráfico. Desde Madrid coordinaba, presuntamente, la entrada de cocaína que los Zetas colocaban en Europa. Durante varios años los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía grabaron sus conversaciones y descubrieron que mantenía estrechas relaciones con importantes políticos y funcionarios de la justicia mexicana.

Temor entre políticos y funcionarios mexicanos a que el Mono Muñoz colabore con la justicia estadounidense

Informes policiales revelados por EL PAÍS destacan que el narco mantenía contactos con procuradores y exprocuradores de varios Estados mexicanos, así como con alcaldes, congresistas y jueces de Coahuila. Las intervenciones telefónicas destaparon las órdenes de Muñoz a sus sicarios: palizas, secuestros, amenazas y hasta asesinatos en México: “chingar a la madre”, “quitarle todo al padre”, “aventear”, dar “unos tablazos”, “meter una calambrada”, “caer sobre toda la familia”. Incluso un supuesto plan para asesinar a una fiscal en ese mismo Estado, que España puso en conocimiento de las autoridades de México sin recibir respuesta, tal y como desveló este periódico.

En dos ordenadores intervenidos por la Policía en su domicilio, Muñoz guardaba varias hojas de Excel en las que se recogen 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viajes y maletas a los jefes de la organización en distintos hoteles céntricos de México. Según esta contabilidad, el dinero se había recaudado en solo seis días mediante la venta de 2.100 kilogramos de cocaína en Europa que reportaron a la organización 63 millones de euros.

España no puede juzgar en rebeldía a Juan Manuel Muñoz por lo que una vez terminada la causa en Texas deberá reclamarlo a EE UU para juzgarlo aquí por los delitos que se le imputan. Las autoridades estadounidenses consideran a Muñoz “un miembro importante de la organización delictiva de los Zetas vinculado con políticos mexicanos de alto nivel”. Para la DEA y la justicia estadounidense “es un gran narcotraficante y blanqueador de capitales de Saltillo” ligado a la organización criminal dedicada al blanqueo de capitales en México y Nueva York. Muñoz tiene negocios de gasolineras en México y se le acusa, también, del robo de carburante en varias refinerías.

A las investigaciones sobre Muñoz en EE UU y España se suman las indagaciones que las autoridades de México pusieron en marcha a raíz de su detención en Madrid.

La policía española vincula al capo Mono Muñoz con jueces y funcionarios mexicanos

Un informe detalla el nexo del jefe de los Zetas en Europa con la clase política

Juan Manuel Muñoz Luévano, alias Mono Muñoz, presunto enlace del grupo criminal de Los Zetas en Europa, mantiene estrechas relaciones con importantes políticos y funcionarios de la Justicia de México, según asegura un informe de la Policía española al que ha tenido acceso EL PAÍS y que recoge numerosas intervenciones telefónicas grabadas al narcotraficante durante varios años en España. Muñoz fue detenido el pasado en su lujosa casa de Madrid donde residía hacía varios años y desde donde coordinaba presuntamente la entrada de cocaína que se distribuía en Europa. Las autoridades de EE UU solicitaron su extradición.

Juan Manuel Muñoz, a la izquierda con gafas, en una reunión en Madrid grabada por la Policía

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El informe policial, base de la detención, destaca la presunta relación entre Muñoz y Jesús Torres Charles, ex fiscal del Estado de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira y ex consejero jurídico en la Administración de su hermano Rubén Moreira. El documento cita un informe de la UDEF del pasado en el que se recoge una conversación del 7 de junio de 2014 a las 18.54 horas en la que se hace mención a Jesús Torres como persona próxima a Rubén Moreira “para ser utilizada por Juan Manuel Muñoz en beneficio de sus propios intereses”.

Me pidió ( un juez) 10.000 pesos porque se le atoró el barco... Sí, sí... dáselos. Pídeselos a Mirea, respondió Muñoz

Humberto Moreira, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador de Coahuila, fue detenido este año en Madrid bajo la acusación de blanqueo de capitales y supuesta vinculación con Los Zetas y puesto meses después en libertad al asegurar los magistrados que no hay ninguna prueba para acusarle de pertenecer a una organización criminal. Moreira, que en una carta dirigida a este periódico niega ninguna relación con los Zetas, vivía en Barcelona con su mujer y dos hijas tras su defenestración en la política mexicana después de que dejara un enorme agujero en las cuentas de Coahuila. La embajada de México en Madrid se volcó en atenciones y gestiones a favor de Moreira y de su familia tal y como desveló entonces este periódico.

La Policía destaca también la presunta vinculación entre el Mono Muñoz y Gerardo Garza Melo, secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Coahuila. En este caso los agentes citan un oficio de la UDEF del 21 de octubre de 2015 al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en el que se recoge una conversación de Humberto del 14 de octubre de 2013 a las 21.30 horas donde se hace mención a esta supuesta relación entre el narcotraficante y el alto funcionario.- Humberto: “No, no, todo porque no dicen que Gerardo Garza Melo está con el Mono Muñoz metido, este, los va a investigar la CIA, ¿lo sabías eso?.

-Varón desconocido: no sabía profe.

En otro informe de la UDEF del pasado 30 de mayo se cita otra conversación del 9 de mayo de 2015 a las 22.31 horas en la que una persona comenta desde México a Muñoz "que está batallando con temas de alcoholes con las autoridades administrativas”, a lo que Juan Manuel responde “que si el problema que tienen es con Garza Melo, él se lo arregla enseguida”.

Para los agentes, pese a su vida de lujo y ocio en España intenta aparentar ser un empresario medio

La Policía española ha observado con lupa a Juan Manuel Muñoz Luévano desde que se instaló en España y considera que su nivel de vida e inversiones en este país no se corresponden con la actividad que desarrolla. Los informes policiales afirman que ha creado sociedades “sin actividad comercial y sin capital suficiente para su desarrollo utilizando a terceras personas como administradores”. “ Ausencia de una fuente de ingresos en España justificante de las inversiones realizadas y el nivel de vida mostrado, tanto por él como por su familia. No desarrolla en nuestro país una actividad remunerada lícita, ya sea empresarial, autónomo o asalariado, ni él ni ningún miembro de la familia”, afirma el documento oficial.

Los agentes señalan que Muñoz exhibe un alto nivel de vida “ que trata de ocultar tras la apariencia de un empresario mexicano medio". Utiliza coches de alta gama, pernocta en hoteles de cuatro y cinco estrellas, viajes nacionales e internacionales, “desembolso de importantes cantidades destinadas al ocio propio y de terceros, compra de artículos de lujo ( relojes Rolex, Bulgari)”. En opinión de los investigadores, el capital que emplea en sus inversiones en España es de origen desconocido. En ocasiones utiliza a su hijo en sus inversiones.

El capital de Muñoz en México es conocido. Tiene alrededor de 30 gasolineras en Saltillo (México), ranchos, terrenos, inmuebles urbanos y hasta un avión privado, siempre según la investigación que dirige en España el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional y los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. Durante su detención la Policía incautó en su domicilio de La Moraleja, una lujoso urbanización madrileña, un ordenador que contenía varias hojas de Excel donde el presunto enlace de Los Zetas en Europa anotó la entrega en céntricos hoteles de México de 63 millonesde euros, convertidos en dólares, en 59 movimientos diferentes. Este dinero, según la contabilidad, reflejaba las ganancias obtenidas por esta organización criminal por la venta en Europa de 2.100 kilogramos de cocaína.

La Policía, en base a informes de las autoridades de EE UU, afirma que Muñoz colabora de forma independiente no solo con el sanguinario cartel de Los Zetas, también con el de Sinaloa, del Golfo y Beltrán-Leyva.

investigación@elpais.es ón telefónica se ha puesto de manifiesto la proximidad de Juan Manuel Muñoz a la política y a la administración de Justicia mexicana. En relación con la política mexicana se encuentra muy relacionado con determinadas personas que desempeñan cargos en la administración municipal y regional, como es el caso de alcaldes o congresistas del Estado de Coahuila, así como candidatos a ocupar cargos”. “En relación con la administración de justicia se pone de manifiesto la relación de este (Muñoz) con procuradores y ex procuradores como Homero Ramos (procurador de Coahuila), Adrián de la Garza (procurador de Nuevo León) o Torres Charles (ex procurador de Coahuila). La influencia de esta persona en la vida política del Estado de Coahuila se extiende hasta el punto de intentar amedrentar al actual gobernador, Rubén Moreira, con informaciones reservadas que tiene en su poder”, señala textualmente.

Humberto Moreeira y Muñoz Luévano

El primer ejemplo que citan los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal recoge una conversación del 27 de mayo de 2014 en la que se pone de manifestó la relación de Muñoz con Alejandro Froto García, que fue subsecretario de Hacienda en el Gobierno de Humberto Moreira, ex presidente del PRI. Según la conversación y la interpretación policial de la misma, el político “le solicita un préstamo de 10.000 pesos [sic] para la reparación de su barco”-

Decenas de intervenciones teléfonicas en España demuestran su relación con alcaldes, congresistas y jueces de Coahuila

La conversación intervenida a Muñoz dice así:

- Ok. Y me pidió que quiere diez mil pesos, que se los prestemos, que nos los paga, este, en quince días porque se le atoró el barco, dice

- ¿A Alejandro?, responde Muñoz.

-Si, a Alejandro

-Ah, bueno. Sí, sí, si. Ahí hay…. Pídeselos a Mireia.

El informe policial, fechado el pasado mes de marzo, destaca la presunta relación entre Muñoz y Jesús Torres Charles, ex fiscal del Gobierno de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira y ex consejero jurídico con el Gobierno de su hermano Rubén Moreira. El documento cita un informe de la UDEF del pasado 30 de junio en el que se recoge una conversación del 7 de junio de 2014 a las 18.54 horas en la que se hace mención a Jesús Torres como persona próxima a Rubén Moreira “para ser utilizada por Juan Manuel Muñoz en beneficio de sus propios intereses”.

Me pidió ( un juez) 10.000 pesos porque se le atoró el barco... Sí, sí... dáselos. Pídeselos a Mirea, respondió Muñoz

Humberto Moreira, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador de Coahuila, fue detenido este año en Madrid bajo la acusación de blanqueo de capitales y supuesta vinculación con Los Zetas y puesto meses después en libertad al asegurar los magistrados que no hay ninguna prueba para acusarle de pertenecer a una organización criminal. Moreira, que en una carta dirigida a este periódico niega ninguna relación con los Zetas, vivía en Barcelona con su mujer y dos hijas tras su defenestración en la política mexicana después de que dejara un enorme agujero en las cuentas de Coahuila. La embajada de México en Madrid se volcó en atenciones y gestiones a favor de Moreira y de su familia tal y como desveló entonces este periódico.

La Policía destaca también la presunta vinculación entre el Mono Muñoz y Gerardo Garza Melo, secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Coahuila. En este caso los agentes citan un oficio de la UDEF del 21 de octubre de 2015 al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en el que se recoge una conversación de Humberto del 14 de octubre de 2013 a las 21.30 horas donde se hace mención a esta supuesta relación entre el narcotraficante y el alto funcionario.- Humberto: “No, no, todo porque no dicen que Gerardo Garza Melo está con el Mono Muñoz metido, este, los va a investigar la CIA, ¿lo sabías eso?.

-Varón desconocido: no sabía profe.

En otro informe de la UDEF del pasado 30 de mayo se cita otra conversación del 9 de mayo de 2015 a las 22.31 horas en la que una persona comenta desde México a Muñoz "que está batallando con temas de alcoholes con las autoridades administrativas”, a lo que Juan Manuel responde “que si el problema que tienen es con Garza Melo, él se lo arregla enseguida”.

Para los agentes, pese a su vida de lujo y ocio en España intenta aparentar ser un empresario medio

La Policía española ha observado con lupa a Juan Manuel Muñoz Luévano desde que se instaló en España y considera que su nivel de vida e inversiones en este país no se corresponden con la actividad que desarrolla. Los informes policiales afirman que ha creado sociedades “sin actividad comercial y sin capital suficiente para su desarrollo utilizando a terceras personas como administradores”. “ Ausencia de una fuente de ingresos en España justificante de las inversiones realizadas y el nivel de vida mostrado, tanto por él como por su familia. No desarrolla en nuestro país una actividad remunerada lícita, ya sea empresarial, autónomo o asalariado, ni él ni ningún miembro de la familia”, afirma el documento oficial.

Los agentes señalan que Muñoz exhibe un alto nivel de vida “ que trata de ocultar tras la apariencia de un empresario mexicano medio". Utiliza coches de alta gama, pernocta en hoteles de cuatro y cinco estrellas, viajes nacionales e internacionales, “desembolso de importantes cantidades destinadas al ocio propio y de terceros, compra de artículos de lujo ( relojes Rolex, Bulgari)”. En opinión de los investigadores, el capital que emplea en sus inversiones en España es de origen desconocido. En ocasiones utiliza a su hijo en sus inversiones.

El capital de Muñoz en México es conocido. Tiene alrededor de 30 gasolineras en Saltillo (México), ranchos, terrenos, inmuebles urbanos y hasta un avión privado, siempre según la investigación que dirige en España el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional y los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. Durante su detención la Policía incautó en su domicilio de La Moraleja, una lujoso urbanización madrileña, un ordenador que contenía varias hojas de Excel donde el presunto enlace de Los Zetas en Europa anotó la entrega en céntricos hoteles de México de 63 millonesde euros, convertidos en dólares, en 59 movimientos diferentes. Este dinero, según la contabilidad, reflejaba las ganancias obtenidas por esta organización criminal por la venta en Europa de 2.100 kilogramos de cocaína.

La Policía, en base a informes de las autoridades de EE UU, afirma que Muñoz colaboraba de forma independiente no solo con el  cartel de Los Zetas sino también con el de Sinaloa, del Golfo y Beltrán-Leyva.

investigación@elpais.es

EU incautó a Rabobank Group dinero del Cartel de Sinaloa

El Sr. Hernández (se reserva su nombre completo), ciudadano mexicano, y la ONG SMX Collective presentaron a través de su abogado, Göran Sluiter (Abogados de Derechos Humanos de Prakken d’Oliveira) una denuncia penal ante el fiscal holandés, contra el banco holandés Rabobank Group.

Un miembro directo de la familia de mr. Hernández ha sido asesinado por el cartel de drogas de Sinaloa; La ONG SMX Collective busca una investigación criminal en interés de la protección de los derechos humanos de la población civil mexicana.

Los demandantes acusan al Grupo Rabobank de haber lavado de manera estructural y durante mucho tiempo el producto de los delitos cometidos por narcotraficantes mexicanos; Al hacer esto, asistieron a los laboratorios de drogas en la comisión de todos sus crímenes, incluidos los crímenes de lesa humanidad. La presunta conducta criminal tuvo lugar en la sucursal de Rabobank en Calexico, cerca de la frontera con México, en el período comprendido entre 2002 y 2015. Los delitos están penalizados por los artículos 420bis, 420ter, 420quater y 140 del Código Penal holandés.

La denuncia penal contiene antecedentes de los delitos, un resumen de los hechos, un análisis de la ley aplicable y explica por qué es importante que se inicie una investigación criminal en los Países Bajos contra Rabobank.

Como importante antecedente de esta queja, es necesario mencionar que los narcotraficantes mexicanos se han elevado al poder durante las últimas dos décadas y son responsables de delitos generalizados y sistemáticos de gran gravedad; Según un informe reciente de Open Society Justice Initiative, los cárteles de la droga en México cometen crímenes contra la humanidad.

De muchas fuentes públicas se deduce que para su funcionamiento efectivo, los laboratorios de drogas dependen del lavado de dinero. El lavado de dinero les permite ocultar los beneficios ilegales de sus delitos y reinvertir este dinero en sus actividades delictivas. Como resultado, las personas e instituciones que lavan el dinero de los carteles de la droga también son responsables de sus delitos.

A pesar de la información pública disponible sobre las actividades y el lavado de dinero de los narcotraficantes mexicanos, especialmente en el área fronteriza, la sucursal de Rabobank en Calexico ha estado involucrada en el lavado de dinero durante un largo período de tiempo. Esta información proviene de informes de noticias en los EE. UU. Y se encuentra corroborada en otras fuentes. El Rabobank no ha negado públicamente las acusaciones de lavado de dinero y en la actualidad hay una investigación del gran jurado sobre este asunto en los Estados Unidos.

De la información disponible se desprende que el blanqueo de dinero se realizó de manera estructural y durante mucho tiempo en la oficina de Calexico Rabobank. Esto es lo más reprensible a la luz del hecho de que Rabobank ya había sido advertido de que sus mecanismos de control del lavado de dinero en los Estados Unidos no eran adecuados; a pesar de esto, Rabobank redujo en sus sucursales al personal responsable de supervisar transacciones financieras inusuales.

En la parte de análisis legal, la queja explica que, a la luz de la información disponible, el Rabobank realizó un lavado de dinero intencional. Al hacerlo, el Rabobank también participó en una o más organizaciones criminales, es decir, los narcotraficantes mexicanos, destinados a cometer delitos extremadamente graves, como el asesinato y los crímenes de lesa humanidad.

La queja argumenta, teniendo en cuenta el artículo 51 del Código Penal holandés que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas, que la conducta delictiva por parte de la sección Calexico de Rabobank es atribuible al Grupo Rabobank en su totalidad, que tiene su sede en los Países Bajos. . Un elemento importante que sostiene esta atribución de responsabilidad penal es el hecho de que, aunque se advirtió, el Grupo Rabobank falló seriamente en organizar un control y supervisión adecuados con respecto a transacciones sospechosas.

Existe jurisdicción sobre la conducta del Rabobank en los Países Bajos, porque se trata de un banco holandés. Además, hay razones por las que el ministerio público holandés no debe esperar los resultados de las investigaciones estadounidenses. Las investigaciones estadounidenses pueden no extenderse a los sospechosos holandeses y es probable que no cubran las consecuencias del lavado de dinero para la población cubana en México.

La queja enfatiza que los presuntos delitos son de naturaleza muy seria y que existe un interés holandés directo en las investigaciones criminales sobre la conducta del Rabobank. Esta conducta es más seria a la luz de que Rabobank afirma adherirse plenamente a la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, se afirma que Rabobank en la práctica no ha estado a la altura de las demandas de responsabilidad social corporativa, que Rabobank ha sido indiferente a las consecuencias de sus acciones y ha contribuido sustancialmente al sufrimiento de la población mexicana.

EN ESTADOS UNIDOS SE DECLARÓ CULPABLE

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que el banco de origen holandés, Rabobank, se declaró culpable de lavar dinero para el crimen organizado que opera en la frontera entre el vecino país del norte y México, por lo que deberá pagar 360 millones de dólares de multa, por fallas en los procesos de prevención de lavado de dinero.

Asimismo, el organismo norteamericano indicó que una filial la institución bancaria, ubicada en Roseville, California, aceptó culpa de un cargo de conspiración por delito grave por obstaculizar, así como de obstruir a su principal regulador la vigilancia del banco.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Rabobank procesó fondos ilícitos, además de que sus ejecutivos intentaron conspirar para ocultar estas fallas al regulador estadounidense. A su vez, explicó que las deficiencias en su programa contra el lavado de dinero permitieron que cientos de millones de dólares en efectivo, imposibles de rastrear, provenientes de México y otros lugares, se depositaran en sus sucursales bancarias rurales y se transfirieran mediante envíos electrónicos, cheques y efectivo, sin notificación alguna a las autoridades de ese país.

Además de que admitió que permitió que fondos ilícitos fueran procesados a través del banco, principalmente las sucursales de Calexico y Tecate en Estados Unidos.

Datos internos de la institución financiera, durante 2016 registró activos totales por 662 mil 335 millones de euros; cantidad inferior a los 678 mil 554 millones reportados un año antes. De igual forma, en el año de referencia, generó un 5.8 por ciento de rentabilidad sobre recursos propios.

Por lo que esta acción, además de la sanción económica, derivará en un impacto mediático así como de imagen y reputación, ya que Rabobank ha cobrado relevancia en las conversaciones sociales a medida que los medios difunden la noticia, y que propiciará en el imaginario colectivo sensaciones negativas.