BLOG DE ANÁLISIS Y PERIODISMO PROPOSITIVO

BLOG DE ANÁLISIS Y PERIODISMO PROPOSITIVO
La verdad nos hará libres...
Mostrando entradas con la etiqueta Alonso Ancira. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Alonso Ancira. Mostrar todas las entradas

jueves, 1 de agosto de 2019

ALONSO Y SUS CUENTAS PENDIENTES

Falsa crisis de Altos Hornos de México en evidencia con la aprehensión de Ancira
Con el argumento de una crisis de producción debido a la importación de acero de China a precios más baratos, la empresa redujo su planta. En 2009 negó el pago de utilidades a sus trabajadores, alegando pérdidas. Ese mismo año, tres directivos adquirieron un departamento valuado en más de 2.6 millones de dólares en la costa de Nayarit.
AHMSA está ubicada en Coahuila a unos 250 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Se dedica a la extracción de minerales de fierro y carbón hasta la manufactura de acero. Es proveedora dela Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de las trasnacionales de la rama automotriz, ferroviaria, de energía y de maquinaria pesada, que constituyen el parque industrial de la frontera norte.
Carlyle Technologies Corp fue la compañía a través de la cual realizaron la transacción. Esta empresa es una de las tantas creadas en Panamá y otros paraísos fiscales gracias a las gestiones de Mossack Fonseca.
La información relativa a esta operación es parte de los archivos de Mossack Fonseca que recibió el diario alemán Süddeutsche Zeitung de una fuente anónima y fueron compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), de Washington, a más de cien medios de todo el mundo.
Por mediación del abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien hizo las gestiones, en 2003 se creó Carlyle Technologies Corp. Una empresa fantasma que posee una sola cuenta bancaria y accionistas anónimos.
Son 597 los documentos de los Panamá Papers que dan cuenta de la existencia y operaciones de esta compañía, vinculadas con dos integrantes del Consejo de Administración, las hijas de uno de ellos, Quintana Serur y dos ejecutivas.
Francisco Orduña, director de comunicación de AHMSA, según cita Proceso, declaró al diario Vanguardia, de Saltillo, Coahuila: “No somos políticos y podemos hacer las transacciones como queramos y comprar también porque todo está reportado”. Luego afirmó que no haría más comentarios.
¿Cómo operaba AHMSA “en crisis”?
El dueño es el millonario Alonso Ancira Elizondo, quien compró la empresa en 1991 durante el proceso de privatización llevado a cabo por Salinas de Gortari. Su socio era en ese entonces Xavier Autrey Maza. El abogado Quintana Serur es secretario ejecutivo del Consejo de Administración de AHMSA.
Carlyle, la empresa fantasma, adquirió el 10% de las acciones del Grupo Acerero del Norte (GAN), también propiedad de Alonso Ancira. GAN es la compañía controladora de AHMSA.
Por artimañas financieras, AHMSA era el único cliente de Carlyle. Entre 2003 y 2015, está última recibió 6 millones de dólares de ingresos. A su vez, Carlyle contaba con sólo una proveedora: Pignatelli & O’Brien LLC (P&O), de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.
El triángulo era perfecto: AHMSA transfería entre 80,000 y 250,000 dólares a Carlyle cada mes; ésta, apenas se acreditaban los enviaba a P&O.
La documentación filtrada muestra que tanto Quintana Serur como Mossack Fonseca tomaban todo tipo de precauciones para no ser rastreados, evadir impuestos y hasta planificaban cómo actuar frente a reformas fiscales en el gigante del norte y en Panamá.
Las mentiras de AHMSA
La principal siderúrgica de México está en suspensión de pagos desde antes del 2001, aunque está enlistada en la Bolsa Mexicana de Valores. La suspensión de pagos apenas se levantó en marzo del 2019 y los contratistas de Monclova y la región ya estaban muertos o habían quebrado.. Este año ya anunció de nuevo que no habrá utilidades. Con la amenaza de nuevos despidos y de que la situación se ponga peor mantiene amordazadas a las familias obreras. Y con el auxilio, por supuesto, de la burocracia sindical que se vendió y no impulsó la lucha independiente de los trabajadores, no pasará nada en ese aspecto. 
Alonso Ancira Elizondo aprovechó muy bien la situación, y mientras se realizaban unos 8,500 despidos sobre un total de 19,000 trabajadores, presionó para aumentar la productividad en un 40%.
Recordemos que el reparto de utilidades es el derecho que tienen los trabajadores de planta a participar en las ganancias que obtiene una empresa, de acuerdo con su declaración fiscal. Si en la declaración se hacen maniobras fiscales (una práctica muy extendida) para alegar pérdidas o que por lo menos no tuvieron ganancias, no hay utilidades para los trabajadores.
Pero la empresa… es otro cantar. Tiene contadores, administradores y abogados como Quintana Serur que le resuelven esos detalles. Que pueden montar, con el apoyo de consultoras como Mossak Fonseca, empresas fantasmas para desviar ganancias, evadir impuestos y lavar dinero.
Estos hechos evidencian que cuando las empresas alegan crisis los trabajadores no deben creerles. No se puede tener confianza en la patronal. Deben exigir la apertura inmediata de los libros de contabilidad y del secreto comercial. Los despidos se pelean en las calles, organizados desde las bases, en forma democrática y buscando las vías para tejer una alianza con los sectores populares. 

En 1999, Altos Hornos de México inició un largo capítulo en su historia como empresa privada al declarar el proceso de suspensión de pagos, que se convertiría en el más prolongado de América Latina.

Altos Hornos de México (AHMSA) declaró que la compañía Carlyle Technologies Corporation, filial de la firma monclovense, no fue creada para la triangulación de recursos, como se dio a conocer en la investigación “Panama Papers”.
El vocero de AHMSA, Orduña, se limitó a comentar que se trató de una operación comercial normal registrada ante las autoridades hacendarias y ante la Bolsa Mexicana de Valores conforme a un contrato de servicios.
“No somos políticos y podemos hacer las transacciones como queramos y comprar también porque todo está reportado”, dijo Orduña. Claro que su trabajo es negar lo obvio.
La Suspensión de Pagos que enriqueció a Alonso Ancira

El 25 de mayo de ese año, época en que se desplomaban los precios del acero, las acciones de la firma en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fueron suspendidas al no poder pagar a sus acreedores. AHMSA interrumpió así una historia de casi seis años en la BMV, que había arrancado en diciembre de 1993 cuando sus títulos empezaron a cotizar en el mercado nacional.
La empresa, fundada en 1944 y privatizada en 1991, se acogió en 1999 a la ya derogada Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Esta Ley (que estaba vigente desde 1947) permitía que las empresas en problemas con sus pasivos mantuvieran de manera casi indefinida el proceso de reestructura de deuda. De ahí los casi 17 años de negociaciones con sus acreedores. Bajo la actual norma, las compañías solo tienen un año para llegar a un acuerdo, salvo excepciones.
En respuesta a la decisión de la BMV, en la Bolsa de Nueva York los ADS's y bono convertible de AHMSA corrieron la misma suerte y el 8 de septiembre de 2000 se deslistaron en ese mercado.
La suspensión de pagos le impedía a AHMSA pactar alianzas y pagar dividendos a sus accionistas.
Minera Carbonífera Río Escondido (Micare), Minerales Monclova (Mimosa), Minera del Norte (Minosa) y Cerro del Mercado (Cemesa), que eran de AHMSA, también solicitaron suspensión de pagos.
Bancomer, Banamex, Bank of America, Inverlat, Sociéte Générale, Chase Manhattan Bank, JP Morgan, West Merchan Bank entre otros bancos y proveedores integraban en ese entonces la lista de acreedores.
En diciembre de 2003, la Secretaría de Hacienda demandó penalmente al consejo de administración de AHMSA por fraude fiscal. Alonso Ancira, presidente de la empresa, salió del país rumbo a Israel, mientras que Xavier Autrey, quien es ahora consejero patrimonial, partió para España, donde fue detenido tiempo después.
En 2004, los bancos vendieron su deuda de manera confidencial en el mercado de fondos de inversión con lo que el comité de acreedores se desintegró. La deuda de los bancos fue vendida a 15, ocho, siete y hasta cinco centavos por dólar, publicó Grupo Expansión en 2008. Entre los fondos de inversión que compraron la deuda fueron Ashmore Investment Management, DE Shaw & Co y Black River Capital.
En 2006, AHMSA retiró de la suspensión de pagos a Cerro del Mercado y a la mina Micare. Intentó, en 2007, hacer lo mismo con AHMSA y GAN, pero el proceso no llegó a su fin. Total, Alonso Ancira Elizondo, con su amañada suspensión, dejó de pagar por concepto de intereses alrededor de 4 mil millones de dólares, mientras sus empresas crecían y sus acreedores morían o se desesperaban y desistían.
CUENTAS PENDIENTES: EVASIÓN FISCAL Y FRAUDE A ACREEDORES, MÍNIMO.
La Jugada magistral ocurrió en el 2002, poco antes de que los acreedores más afectados por la Suspensión de Pagos de AHMSA incendiaran la planta: Alonso Ancira presentó a la Securities Exchange Comission de Estados Unidos (SEC), el equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una propuesta de emisión de acciones de todas empresas afiliadas a Altos Hornos de México, S.A.
Pero por encontrarse bloqueado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a causa del Juicio de Suspensión, llevó su propuesta ante la SEC y cambió el domicilio de las sociedades "emisoras" al siguiente: P. O. BOX 1109 GT, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN E9.
El documento oficial que presento abajo de éste párrafo, sostiene lo que he relatado y contiene todos y cada uno de los enlaces necesarios para ver en detalle los millones de dólares en acciones para "venta" que permitieron a Alonso Ancira pasar de rico a multimillonario, comprar minas  en Israel, plantas tratadoras de agua, adquirir aviones y hasta manejar ranchos de ganado Hereford en Texas y aliarse con sujetos relacionados con la industria de la guerra.
Alonso hizo durar 20 años un juicio de insolvencia y emitió miles de millones de dólares en acciones operadas en Islas Caymán, sin la supervisión de las autoridades hacendarias de  México y sin pagar un solo centavo de impuestos.
Esos títulos o acciones emitidas fueron empleadas como garantía ante otros bancos y empresas offshores, para obtener capital y modernizar sus plantas a costa de sus acreedores.
Todo un "AHMSA-PROA".
Resta solo que los sabuesos financieros de las Fiscalías que  le persiguen y lo mantien bajo fianza en España por otros delitos, agreguen éstos hechos -por lo pronto- a los diversos cargos que enfrenta, como una tardía pero gratificante justicia a los proveedores que quedaron en la miseria y a los miles de obreros y empleados que permanecieron cesantes con los efectos colaterales para sus familias y la región centro de Coahuila.

jueves, 18 de julio de 2019

MASSIMO COVARRUBIAS: MAGO FINANCIERO

En enero de 2016 Pemex emitió un comunicado de prensa para informar de la compra de Grupo Fertinal, empresa de fertilizantes con una planta localizada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como una mina de roca fosfórica ubicada en San Juan de la Costa, Baja California Sur. 
El proyecto consideraba una inversión de  hasta 255 mdd. El boletín decía una verdad a medias porque ese monto no incluía ni el pago de la deuda que arrastraba Fertinal, ni la inversión requerida para rehabilitar las plantas del complejo industrial
Con esta operación, decía el comunicado, Pemex Fertilizantes incrementaba su capacidad productiva en 1.2 millones de toneladas de fertilizantes sólidos, frente a un mercado nacional de 4.2 millones de toneladas anuales de productos nitrogenados, fosfatados y potásicos. La planta industrial adquirida podría abastecer cerca del 30 por ciento de dicha demanda.  
El comunicado prometía que la inversión sería recuperada en 36 meses, una vez integradas las operaciones de la subsidiaria con el resto de la empresa. Pemex se había apoyado en préstamos bancarios para realizar la compra.
Para justificar la adquisición se recurrió nuevamente a la simulación. El comunicado de prensa repitió los argumentos usados durante la compra de Agro Nitrogenados, a saber, que México contaba con una oferta de fertilizantes poco accesible para la mayoría de los productores agrícolas pequeños, y que se busca orientar el producto hacia los sectores de menor nivel de desarrollo económico, ubicados en la región sur-sureste del país.
El boletín concluía que esa adquisición era consistente con el nuevo enfoque de Petróleos Mexicanos de concentrarse en la generación de valor (ver anexo).  La capacidad de producción de las plantas de Cosoleacaque (amoniaco), Agro Nitrogenados (urea) y la recién adquirida Fertinal (fosfatos), le permitirán a Pemex Fertilizantes llegar a una producción de casi 3.5 millones de toneladas y a una facturación anual cercana a 2 mil millones de dólares, la colocaría entre las primeras 15 compañías productoras y comercializadoras de fertilizantes en el mundo.  
Al igual que Agro Nitrogenados, Fertinal había sido en el pasado una empresa pública subsidiaria de Fertimex, la empresa nacional de fertilizantes que el gobierno que Carlos Salinas desincorporó para privatizar, pretextando ausencia de carácter estratégico. 
Agro Nitrogenados quedó en manos de Alonso Ancira y Fertinal en manos de Fabio Massimo Covarrubias Piffer,  que en el pasado fue consejero y vicepresidente de Banco Unión con Carlos Cabal Peniche, financista de las campañas del PRI y tristemente célebre por los fraudes que les costaron a los contribuyentes mexicanos 28 mil millones de pesos en sólo dos años. 

Antes de la compra de Fertinal por parte de Pemex, Covarrubias había desfalcado a la empresa de varia maneras, una de ellas mediante la compra de un jet privado.
Cuando Pemex adquirió Fertinal se sabía con antelación que la firma estaba en bancarrota y tenía deudas por 425 mdd. A pesar de esa cuantiosa deuda Pemex decidió comprar Fertinal. En los pasillos se decía que la orden venía de Los Pinos.
El 26 de octubre de 2015 el Consejo de Administración de Pemex aprobó una inversión de 635 millones de dólares para  comprar Fertinal y sus empresas subsidiarias. La adquisición se concretó el 28 de enero de 2016 a través de una subsidiaria de Pemex Fertilizantes creada con esa finalidad. Pemex desembolsó 209.2 mdd para comprar las acciones de la firma de fosfatos y 425.8 mdd para liquidar su deuda.  
Para financiar la operación Pemex fertilizantes utilizó dos líneas de crédito por 275 y 360 mdd.  El 31 de marzo de 2016 el Comité de Información de Pemex reservó por seis años toda la información relativa a la transacción.
El Libro Blanco elaborado por el último director de Pemex en la administración peñista, Carlos Treviño, señala lo siguiente (página 33): “desde su adquisición, Fertinal se ha enfrentado a una situación de sobreendeudamiento. En diciembre de 2015, cuando Pemex adquirió la empresa, ésta presentaba pérdidas en su flujo mensual por 12 mdd. 
Fertinal técnicamente estaba en quiebra. Asimismo, la empresa se entregó a Pemex con capital de trabajo negativo. En 2016, se realizó un avalúo en apego a las Normas Internacionales de Información Financiera, en el que se identificó un deterioro por $193.9 mdd, mismo que al cierre del ejercicio 2016, se tradujo en una pérdida, como resultado de que el precio pagado por Fertinal fue superior al valor de la empresa”.
De acuerdo con el semanario Proceso, poco antes de la compra, los accionistas de Grupo Fertinal se otorgaron a sí mismos un dividendo por 871 millones 500 mil pesos, que Pemex pagó el día que adquirió formalmente la empresa. De este monto, 619 millones de pesos se entregaron en efectivo. El semanario señala que Emilio Lozoya Austin y sus asesores Édgar Torres Garrido y Carlos Roa Rodríguez fueron en Pemex los principales protagonistas del fraude en la compra de Fertinal.
El 9 de septiembre de 2015, Lozoya nombró a Torres Garrido al frente de Pemex Fertilizantes. Cinco meses más tarde, en enero de 2016, Pemex fertilizantes adquirió formalmente Grupo Fertinal y Roa Rodríguez se convirtió en presidente del consejo de administración. 
Cuando Lozoya renunció a la Dirección General de Pemex, el 9 de febrero de 2016, creó el fondo de inversión Makech Capital, con sede en Las Lomas, Ciudad de México, donde Torres Garrido trabaja como “Jefe de Inversiones” desde mayo de ese año.  
Durante sus primeros dos años de operación y bajo la gestión de Torres Garrido, Pemex Fertilizantes perdió 21 mil 174 millones de pesos, de acuerdo con la ASF. El 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por un periodos de 15 años, por haber pagado un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos en la compra de Grupo Fertinal.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, Pemex no sólo se comprometió a desembolsar 635 millones de dólares durante los próximos 16 años para la compra de Grupo Fertinal; también pagó los desfalcos multimillonarios realizados por el empresario Fabio Massimo Covarrubias Piffer a cuenta de esa firma, que incluyeron la compra de un jet privado.

La maniobra fue la siguiente: El 30 de junio de 2009, a nombre de Grupo Fertinal, Covarrubias compró un Gulfstream G150 nuevo con matrícula XA-ATZ por 13 millones 874 mil dólares. El empresario recibió la aeronave en enero de 2011.

El 5 de junio siguiente Grupo Fertinal cedió los derechos del avión a la empresa Aerotransportes Zodiac –que pertenecía a Covarrubias y despachaba en el Aeropuerto Internacional de Toluca– por 15 millones 550 mil dólares, a pagar durante los siguientes siete años.

Meses después, en enero de 2012, tres subsidiarias de Grupo Fertinal contrataron a Aerotransportes Zodiac para la prestación de servicios de taxi aéreo. Los contratos establecían que cada subsidiaria pagaría 65 mil dólares mensuales a la empresa por un “plan” de 10 horas de vuelo. Cada hora extra se facturaría en 8 mil dólares.

Bajo esos términos, Covarrubias cobró 195 mil dólares mensuales a Fertinal por utilizar un avión que este grupo había comprado originalmente y con este dinero él terminó quedándose con el Gulfsrtream.

Uno de los anexos al contrato de compraventa de acciones de Grupo Fertinal a Pemex Fertilizantes se refiere a las “operaciones con partes relacionadas”. Entre ellas figuran los tres contratos de “prestación de servicios de aerotaxi” celebrados entre Dinámica Industrial Balsas, Roca Fosfórica Mexicana II y Sadcom del Centro –subsidiarias de Grupo Fertinal– con Aerotransportes Zodiac.

Esta empresa, representada por Francisco José Flores Meléndez, uno de los apoderados de Covarrubias, ocupaba dos pisos en el edificio de Montes Urales 466 –la misma dirección de Grupo Fertinal– que rentaba a la firma Club Hípico La Sierra por 43 mil dólares mensuales.

Pemex también participó en el enriquecimiento de Covarrubias, quien en dos meses desvió más de 100 millones de pesos de la empresa de fertilizantes.

En noviembre de 2006 Covarrubias incorporó en Guadalajara la empresa Global Pacifica Intransit, a la que domicilió en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dedicada a operar un “recinto fiscalizado” y a prestar servicios de almacenaje de mercancías.

El 15 de abril de 2015, cuatro meses después de que Pemex anunció su estrategia para aumentar la producción de fertilizantes, Covarrubias –dueño de 99.99% de Global Pacifica Intransit– realizó una asamblea general en la que incrementó el capital social de la compañía de 1 millón a 1 millón 100 mil pesos.

Grupo Fertinal adquirió las 100 mil acciones por un peso cada una. Pero además de los 100 mil pesos Covarrubias determinó que, para adquirirlas, ese consorcio debía pagar una “prima por suscripción de acciones” por 106 millones 346 mil 163 pesos.

El 22 de mayo de 2015 el Consejo de Administración de Pemex –presidido entonces por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell– dio luz verde para “financiar y concretar la compra de Grupo Fertinal”.

Un mes más tarde, Covarrubias realizó una nueva asamblea general en Global Pacífica Intransit. Determinó entonces que la empresa compraría de vuelta sus 100 mil acciones a Grupo Fertinal, a un peso por acción, sin reembolsar los 106 millones 346 mil 163 pesos de “prima por suscripción de acciones”.

Tanto Aerotransportes Zodiac como Global Pacífica Intransit pertenecen a Covarrubias y no son subsidiarias de Grupo Fertinal. Por ello, Pemex no las adquirió cuando compró la empresa productora de fertilizantes; es decir, no compró el avión ni la empresa con los 106 millones de pesos regalados por Grupo Fertinal.

Lo que sí compró la empresa productiva del Estado fue una firma que tenía deudas por 425 millones de dólares que se generaron, entre otros factores, a raíz de los desfalcos que operó Covarrubias.

Este texto se publicó el 24 de febrero de 2019 en la edición 2208 de la revista Proceso.


MASSIMO COVARRUBIAS Y LAS OFFSHORE


Image result for massimo covarrubias
Ricardo Salinas Pliego, otro "ganón"
La operación de compra-venta de Fertinal por 635 millones de dólares se diseñó desde la Dirección General de Pemex –entonces a cargo de Lozoya–, y fue bautizada Proyecto Kimora. Incluyó que Pemex pagara los 406 millones de dólares de deudas que Fertinal debía a Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca, propiedad de Salinas Pliego.
El 21 de enero de 2016, una semana antes de concretarse el traspaso de acciones, los accionistas de Fertinal y Pemex crearon el fideicomiso F/2705 en el Banco Invex, el cual fue utilizado entre septiembre 2016 y enero 2018 para dispersar 38 millones 836 mil dólares que Pemex pagó como “cantidad en depósito” en la firma del contrato.
De ese monto, 27 millones 534 mil dólares terminaron en la cuenta bancaria del Fideicomiso F/470, el cual detentaba todas las acciones de Fertinal menos una en prenda.
En esas operaciones, dos personajes allegados a Covarrubias y a Salinas Pliego jugaron un papel central, pues eran miembros del Comité de Instrucción del fideicomiso de Invex: Rodolfo Ramos Menchaca, titular de la notaría 117 en Guadalajara, Jalisco, y socio de Covarrubias, y José Luis Riera Kinkel, consejero suplente de Banco Azteca desde 2002 y director general de Finanzas Corporativas de Grupo Salinas en aquella época.
En el momento de la transacción, Covarrubias detentaba 2 mil 392 millones de acciones de Grupo Fertinal, tanto bajo su propio nombre como a través de dos empresas: Inmobiliaria Corporativa Las Cañadas, SA de CV, y una sociedad de papel incorporada en Londres llamada Westside Capital Markets, LLP., que a su vez está ligada a una compleja estructura offshore conformada por compañías en Luxemburgo, Bélgica y Nueva Zelanda, como se puede apreciar en los siguientes documentos:


Dos sociedades de papel extranjeras vinculadas con Salinas Pliego –NPK Holding-    , creada en Suecia, y Base Rock BVBA, en Bélgica– poseían otras mil 82 millones de acciones en el fideicomiso, la mayor parte de ellas de serie “A”. La "compañía" sueca NPK Holding cambió su denominación a NPK Chemical Investments. Abajo, documentos de ambas "compañías":





Las acciones restantes se dividían entre socios menores de Grupo Fertinal: Carlos Guillermo Covarrubias Ibarra –el hijo del empresario– Ignacio Sierra Noriega, Ángel Ricardo Carmona Garduño, Anna Chiara Piffer Becciani de Covarrubias –la madre de Covarrubias–, así como Giancarlo Fustini Ventilari y Pablo Ignacio Duhart Aranzubia.
Desde abril de 2014, el presidente del consejo de administración de Grupo Fertinal era Everardo Joaquín Espino Guerrero –quien fuera abogado de compañías de Salinas Pliego– y el presidente suplente era Enrique Gutiérrez Flores.

Ni la sociedad fantasma de Massimo Covarrubias,  Westside Capital Markets, LLP., ni las de Salinas Pliego registradas en Suecia y Bélgica, pueden explicar las enormes discrepancias que aparecen en sus balances financieros, amén de que no queda claro si se pagaron impuestos en México o en alguno de los otros tres países. CONTINUARÁ.

martes, 28 de mayo de 2019

México ordena el arresto del exdirector de Pemex y captura a Alonso Ancira Elizondo

México estrecha el cerco sobre el caso Odebrecht. En un doble golpe, la Justicia mexicana ha ordenado el arresto de Emilio Lozoya —exdirector de Pemex y hombre de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI)— y del empresario siderúrgico Alonso Ancira, según han afirmado este martes fuentes de la judicatura. Este último ha sido detenido en España, tras aterrizar en Palma de Mallorca en un vuelo privado, tal como ha confirmado a este diario la policía española. Las órdenes llegan tras la decisión de Hacienda de congelar de forma cautelar las cuentas de Lozoya y de Altos Hornos de México (AHMSA), la empresa siderúrgica presidida por Ancira que estaría detrás de sobornos millonarios pagados por Odebrecht a políticos mexicanos. Estas medidas suponen los primeros intentos serios de investigar la rama mexicana del mayor entramado de corrupción de la historia de América Latina.
La pieza clave del triángulo formado por AHMSA, Odebrecht y Pemex fue la compra en 2014 por parte de la petrolera estatal, entonces dirigida por Lozoya, de una empresa de fertilizantes propiedad de la acerera. El costo de la adquisición —unos 500 millones de dólares— provocó severas críticas de los especialistas, al tratarse de una planta que llevaba 14 años sin operar y cuyos equipos tenían una antigüedad de tres décadas. "Fue vendida a un sobreprecio que está catalogado como un tema de corrupción", ha asegurado este martes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Ejecutivo mexicano, Santiago Nieto.
Un mes después de esta adquisición, AHMSA, cuyo consejo de administración preside Ancira, hizo una transferencia de casi cuatro millones de dólares a Grangemouth Trading Company, una empresa offshore con sede en Edimburgo (Escocia) y que servía de instrumento para canalizar los sobornos de la constructora brasileña a la élite política latinoamericana, según confesaron en sede judicial tres altos ejecutivos de la firma.
Parte de estos sobornos millonarios fueron a parar a una segunda empresa pantalla y, de ahí, a las cuentas de Lozoya, director de la petrolera estatal durante los primeros cuatro años de Gobierno de Peña Nieto, según las confesiones de varios directivos de Odebrecht que el investigador Ignacio Rodríguez reveló en un reportaje publicado en Quinto Elemento Lab en abril de 2018. En total, la constructora habría distribuido 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios mexicanos.
Santiago Nieto ha confirmado este martes que la congelación de cuentas de Altos Hornos está relacionada con los supuestos pagos a Lozoya, cuyos fondos también fueron bloqueados junto con los de su hermana y su secretario particular en Pemex, según han reportado varios medios mexicanos. "Detectamos operaciones con recursos de procedencia posiblemente ilícita vinculados con actos de corrupción. Particularmente, transferencias de recursos financieros que AHMSA depositó en una empresa fantasma de Odebrecht y a partir de allí este dinero llegó hasta las cuentas del señor Lozoya", ha dicho en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
Lozoya, quien no ha sido condenado por sus supuestos vínculos con la trama, fue inhabilitado la semana pasada para ocupar cargos públicos durante los próximos 10 años por ocultar información en su declaración patrimonial, según hizo saber la Secretaría de la Función Pública en un comunicado. El ex alto cargo, que anteriormente había ocupado un puesto en el Consejo de Administración de OHL México, fue considerado uno de los funcionarios de mayor confianza del expresidente Enrique Peña Nieto, para quien entró a trabajar como coordinador de asuntos internacionales de su campaña electoral. En diciembre de 2017, el exdirector en México de Odebrecht Luis Alberto de Meneses reconoció haber sobornado a Lozoya con cuatro millones de dólares durante la campaña.
Tanto Lozoya como AHMSA han rechazado las acusaciones de corrupción. El primero ha comunicado, a través de su abogado, su intención de impugnar la decisión de la Secretaría de inhabilitarlo y ha presentado un amparo contra la orden de arresto ante la Justicia. Mientras, la empresa siderúrgica ha tachado estas acciones de "ilegales y arbitrarias" y ha asegurado desconocer las razones detrás del arresto de su presidente en un comunicado publicado este martes. Frente a estas aseveraciones, Nieto ha citado la Ley de prevención de lavado de dinero que faculta a la unidad que él encabeza para emprender este tipo de acciones "cuando se detecta una operación con recursos de procedencia ilícita".
Las órdenes de arresto a Lozoya y Ancira, así como la congelación de sus cuentas bancarias, suponen una escalada en la investigación de la pata mexicana del caso Odebrecht, que hasta ahora había dado pocos resultados visibles. En diciembre de 2017, todavía con Peña Nieto en el poder, la Secretaría de la Función Pública impuso una inhabilitación de cuatro años a la filial mexicana de la constructora brasileña por cobros indebidos. A este castigo le siguió una retahíla de inhabilitaciones; tres contra la constructora, dos contra representantes legales y otras dos contra funcionarios de Pemex.
Tras un sexenio lastrado por los escándalos de corrupción, el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho del combate contra este mal una de las principales banderas. Más allá del caso Odebrecht, las autoridades han impuesto desde diciembre pasado casi 400 inhabilitaciones y 112 sanciones económicas por un importe superior a los 656 millones de pesos, unos 34 millones de dólares. Una muestra de los nuevos tiempos que, según advirtió la Secretaría de la Función Pública la semana pasada en un comunicado, "son solo el inicio de un conjunto de investigaciones". (EL PAÍS)

LOZOYA, AHMSA Y ANCIRA: CUENTAS CONGELADAS POR HACIENDA

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al ex Director de Pemex Emilio Lozoya Austin y a la persona moral Altos Hornos de México, SAB de CV.

Autor
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Fecha de publicación
27 de mayo de 2019
Categoría
Comunicado
Lo anterior toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción.
En relación a lo anterior, se destaca que tanto el sujeto de referencia como la empresa señalada, tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF. Con lo anterior se prevén los medios de prueba que consideren conducentes, así como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.
Este bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. Asimismo, dichas acciones están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo. Además, la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
Es importante señalar que la Unidad de Inteligencia Financiera actúa en todo momento conforme a derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México. Por ello, las cuentas de los trabajadores se descongelarán el día de mañana, cuando se promueva la garantía de audiencia. De esta manera, se reafirma la política de cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del Gobierno de México.

viernes, 18 de enero de 2019

CHAPO GUZMAN: ASI VA EL JUICIO

It was around 4 in the morning on February 17, 2014, when Lucero Sanchez was jolted awake by shouting and a loud thumping noise. She had been sleeping next to her lover, Sinaloa cartel leader Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. A team of DEA agents and Mexican marines was hammering on the front door of their safe house with a battering ram.
Moments later, Sanchez heard Chapo’s personal secretary, a man she knew only by the name Condor, yell outside their bedroom: “ Tío, tío — open up! They’re on us!”
The next few minutes were frantic. Chapo was completely naked, but he didn’t have time to bother with clothes. As the marines struggled to break down the reinforced steel door, he and Condor ducked into the bathroom. “Love, love — come in here,” Chapo beckoned.
When she entered the bathroom, Sanchez could hardly believe her eyes. Hydraulic pistons had lifted up the bathtub, revealing the entrance to a hidden tunnel. The men hurried down a wooden ladder, and Chapo called for her to follow. She was terrified but did as he ordered.
“I heard him say to Condor, ‘Close up the tub,’ and he closed it and we were in complete darkness,” Sanchez recalled. “For me, it was horrible. I’d never been in a place like that. It was very humid and filled with mud.”
The bathtub tunnel connected to the sewer system in the city of Culiacán, Chapo’s stronghold in the Mexican state of Sinaloa. For the next hour, Chapo — still naked — led Sanchez, Condor, and a maid who was with them at the house on a mad dash through the filthy subterranean passageways. They emerged shaken but unscathed at a drainage canal, where one of Chapo’s men came to get them. They had escaped, at least for the time being.
Sanchez recounted her remarkable tale on Thursday, when she was called to testify against Chapo during his trial at the U.S. District Court in Brooklyn. Not only did her stunning testimony reveal new details about Chapo’s infamous escape through the bathtub tunnel, it likely shattered any remaining hope he had of winning an acquittal.
Bathtub
An escape tunnel beneath the bathtub in one of El Chapo's safe houses. Photo provided by the U.S. Attorney's Office.
Over the past nine weeks, the jury in Chapo’s case has heard from dozens of witnesses, including former high-ranking Sinaloa cartel members, ex-Colombian cocaine kingpins, and law enforcement officials from multiple nations. None of them were quite as compelling as Sanchez, a 29-year-old who briefly served as a local lawmaker in Sinaloa and was Chapo’s mistress from 2011 until his capture in 2014, a few days after the bathtub-escape incident.
With Chapo’s wife, Emma Coronel, watching impassively from the courtroom gallery, Sanchez portrayed the cartel boss she once loved as manipulative, overbearing, and ruthless. What began strictly as a romance when Sanchez was just 21 — more than 30 years younger than Chapo — morphed into something more sinister when he sent her on a mission to buy several tons of marijuana from farmers in the Golden Triangle, the drug-producing mountain region where both she and Chapo were born and raised.
Lucero Sanchez
Lucero Sanchez's mugshot. Photo provided by the U.S. Attorney's Office.
Sanchez testified that she knew little about the weed business, but she said Chapo gave her clear instructions on what type of product to purchase. He told her to remember “the three B’s for quality: buena, bonita, y barata — good, pretty, and cheap.”
It’s unclear exactly how Sanchez was introduced to Chapo, but he wooed her after sending one of his men to give her a cellphone. They began to communicate regularly, and before long she received a BlackBerry that was “fixed.” According to prior testimony in the case, such devices were bugged with spyware, which allowed Chapo to track her location, secretly monitor her calls and texts, and remotely turn on the phone’s microphone to eavesdrop on her conversations. Chapo did the same thing to his wife and at least one other mistress.
An informant gave the FBI access to Chapo’s spyware accounts, and prosecutors showed the jury text conversations between him and Sanchez. The messages (see PDF below) indicate Chapo was exploiting their relationship for his own gain, while Sanchez comes across as enamored and naive. In one exchange, she tells him about the brand she had stamped for him on 300 kilos of weed.
Sanchez: “The heart means that I love you, and the [number] four means that I bless the day that you came into this world. [kiss emoji] The day of your birthday [heart emoji].”
Chapo: “Oh, yes, that’s right. Buy 300 next week, and that way you can make another trip, love.”
Sanchez followed up by sending Chapo a picture of their baby son.
Chapo replied: “Hello, my king. I congratulate you because you’re a real man. Love, check how much there is [available] for you to buy it all, but you have to rip the bags and check properly, so you don’t buy any more with seeds.”
Sanchez testified that she felt sorry for the impoverished marijuana farmers and claimed that she was intentionally buying their low-quality product in hopes of provoking Chapo. “I was actually sending packages with seeds so he would get upset with me and ask me to come back,” she said.
Eventually, Sanchez said she was in near-constant contact with Chapo by phone. He would send her a new device every two weeks or so, and they would meet in person once or twice a month. At times she felt like a housewife, running errands for Chapo to buy him underwear and toiletries because he could not leave the house. But he still did not trust her completely. She said his workers would confiscate her phone before bringing her to Chapo, and they blindfolded her on the way to his safe houses.
“We spoke about our romantic relationship, things like that,” Sanchez said, recalling her conversations with Chapo. “He told me he wanted to have a more stable relationship.”
At the same time, Chapo was drawing Sanchez deeper into his drug empire. He used her to manage front companies, including a juice business based in Mexico City. He also tried to convince Sanchez to get her siblings involved in the drug trade, which she resisted. She testified that she and Chapo had grown apart by the end of 2012, but she felt trapped.
“The relationship ended but it seemed like it would never end,” she said.
Sanchez decided to switch careers and run for office, winning a local election in her hometown of Cosalá, Sinaloa, but said she was removed before the end of term “because of my relationship with Joaquín.”
Sanchez studiously avoided Chapo’s gaze on the witness stand and appeared to take no pleasure in testifying. She had a nervous tic that caused her to squint and blink her eyes. Following a break in the testimony and before the jury returned, she broke down in tears and had to be escorted out of the courtroom to regain her composure. She was wearing a lapel microphone and her sobs were still audible over the courtroom speakers while she was outside of the room, causing Chapo’s wife, Coronel, to smile and snicker.
The text messages between Chapo and Sanchez included several not-so-veiled threats about what would happen if she ever turned against him. “Look, the mafia kills people who don’t pay or people who snitch, but not if you’re serious, love,” he told her.
Sanchez testified that a short time before the bathtub escape in 2014, she was sharing a meal with Chapo at another safe house when Condor came to deliver some news. Chapo’s cousin, a man known as Juancho, was dead. Sanchez initially thought he had died of natural causes, but Chapo’s response suggested otherwise.
“At first, he did not react, then he looked at me seriously and then said some words I did not like,” Sanchez testfied. “What he said was from that point on, whoever betrayed him, they were going to die, whether they were family or women.”
Before Sanchez took the stand, the jury heard from Victor Vazquez, a DEA agent who led the effort to capture in 2014. He described what was happening while Sanchez and Chapo were asleep in bed at the safe house in Culiacán. The DEA, with help from Homeland Security Investigations, had cracked Chapo’s phone network and were monitoring his communications. First they arrested one of Chapo’s trusted underlings, who led them to the hideout. They caught Chapo by surprise, but it took nearly 10 minutes to break through his reinforced steel door, giving him enough time to open the bathtub and make his escape.
Later that day, Vazquez and the Mexican marines searched five of Chapo’s safe houses around Culiacán. All of them were connected by underground tunnels. Vazquez explained how plugging a piece of wire into an electrical outlet opened the bathtub in one of the houses. He could hear “a little crackling sound” as the sealant broke and the top of the tub popped open.
In one house, Vazquez and the marines found 2,800 packages of methamphetamine, hundreds of plastic bananas stuffed with cocaine, and a small arsenal of weapons, including a rocket-propelled grenade launcher. Personal items found at the house left no doubt about the owner. They found Chapo’s personal handgun — a .38 Super with his initials JGL on the diamond-encrusted grip — as well as photos of his family.
El Chapo's personal handgun. Photo provided by the U.S. Attorney's Office.
El Chapo's personal handgun. Photo provided by the U.S. Attorney's Office.
Vazquez said the DEA received intelligence that Chapo had fled to Mazatlán, a beach resort city 135 miles southwest of Culiacán. To avoid being spotted by cartel lookouts, the DEA agents and Mexican marines went to a local discount store to buy shorts, sandals, and beachwear. “We acted like we were going to the beach as tourists,” Vazquez said.
The DEA and Mexican marines arrived in Mazatlán on Feb. 22, 2014. Chapo was staying in Hotel Miramar, right on the beach. There were two local police cars stationed outside, which concerned Vazquez. He suspected they were on Chapo’s payroll, but the cops left when they were asked to. Vazquez testified that he remained in the hotel lobby while the marines searched the hotel, eventually surprising Chapo in a room on the fourth floor.
Chapo was alone with his wife and their infant twin daughters. He didn’t put up a fight. The marines also arrested Condor, who was armed, and a nanny who was caring for Chapo’s kids. Not a single shot was fired. Vazquez said the marines summoned him down to the parking garage underneath the hotel to confirm Chapo’s identity.
Weapons confiscated from the safe house.
Weapons confiscated from the safe house. Photo provided by the U.S. Attorney's Office.
“At that moment, I even froze myself,” Vazquez said. “I said ‘Holy — it is him. I looked at him and I said, ‘Eres tu, It’s you.’”
On cross-examination, Chapo’s attorney Eduardo Balarezo showed Vazquez a photo taken shortly after the capture that showed bruises and marks on Chapo’s face and bare torso, suggesting he may have been beaten. He also questioned the DEA agent about carrying an assault rifle during the operation, since U.S. law agents are prohibited by Mexican law from carrying weapons in the country. But the evidence remained damning.
The DEA and marines took Chapo to a base north of Culiacán, then put him on a jet to Mexico City. He was behind bars for less than a year before he escaped again, this time through a mile-long tunnel that connected to the shower in his prison cell. He was finally recaptured in January 2016 and later extradited to New York to stand trial. A verdict in his case is now expected to come by early February.
Fake bananas filled with cocaine were found in one of Chapo's safe houses.
Fake bananas filled with cocaine were found in one of Chapo's safe houses. Photo provided by the U.S. Attorney's Office.
Sanchez, meanwhile, was arrested in June 2016 while trying to cross the border from Tijuana to San Diego. Her lawyer said at the time that she was attempting to seek asylum for herself and her family. She eventually pleaded guilty last October to drug conspiracy charges and now faces 10 years to life in federal prison. She testified against Chapo in hopes of receiving a reduced sentence.
While her testimony will almost certainly help lead to a conviction of Chapo, it appeared at times that Sanchez was still under the spell of her former lover. Her description of their relationship destroyed the image of Chapo as the all-powerful drug lord, instead casting him as a petty villain in a telenovela. But she struggled to explain why she stuck with him for so long, even when he was wrecking her life.
“I was trying to keep him happy,” she said. “I was confused over my feelings for him. Sometimes I loved him and sometimes I didn’t.”
A DEA agent with bags of meth. Photo provided by the U.S. Attorney's Office.
A DEA agent with bags of meth. Photo provided by the U.S. Attorney's Office.
Cover: A DEA agent in one of Chapo's escape tunnels.