ROSENDO, HUACHICOLEROS Y LA CONEXIÓN SALTILLO-MADRID

Zócalo / Código Magenta

Rosendo Villarreal Dávila

Rosendo Villarreal Dávila fue director corporativo de Administración de Pemex durante más de cuatro años –de enero de 2005 a septiembre de 2009–. Unos días antes de dejar su puesto, Villarreal Dávila reconoció en una entrevista para la revista Fortune que el robo de combustibles estaba relacionado con el crimen organizado. 
Según sus propias cifras, el huachicoleo le costó a Pemex más de 20 mil millones de pesos, y tan sólo en 2008, el costo de las pérdidas ascendió a 9 mil 300 millones.
El 29 de julio de 2009, dos meses antes de la separación oficial de su cargo, la PGR montó un operativo en la Torre Ejecutiva de la paraestatal. Ese día elementos de la PGR y las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública aseguraron equipos de cómputo y documentos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, dependiente de la Dirección Corporativa de Administración.
En octubre de 2016, un medio digital de Nuevo León, Código Magenta, destapó una red de complicidad entre Villarreal Dávila y el operador de los Zetas en Coahuila, Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, que contaba con gasolineras registradas a su nombre, de prestanombres, y de conocidos personajes de la sociedad saltillense que se asociaron con él entre los múltiples negocios que estableció para lavar dinero.
Este medio citó documentos de la Justicia española dentro de la investigación que se le sigue en aquel país a Muñoz Luévano, donde aparentemente se involucró a Rosendo Villarreal y a la prima del expresidente Felipe Calderón, Maria Antonieta “Tony” Hinojosa.
De acuerdo con ese reporte, los negocios tendrían qué ver con gasolina robada de los ductos de Pemex.
“Los beneficios obtenidos con esos ingresos extras se destinan al pago a personas de relevancia en la administración pública mejicana (P ej. Rosendo Villarreal Dávila)”, señalan los documentos del Ministerio del Interior español.
El 20 de agosto de 2014, Muñoz Luévano sostuvo una conversación relacionada con unas escrituras con una persona a la que se le indicó pasar “a la oficina de Rosendo a recoger algo”.
Al día siguiente, 21 de agosto, “El Mono” habló del pago de un predio destinado a la construcción de una gasolinera, y en las grabaciones telefónicas que poseen las autoridades, refirió que ya se había comunicado con el apoderado de Rosendo Villarreal, al que le vendió dicha gasolinera.

Según un reportaje publicado por Contrapunto, en 2007, Alberto Villarreal Berlanga, hijo de Rosendo Villarreal Dávila, firmó con Pemex Refinación tres contratos para operar una franquicia gasolinera en Coahuila.
La estación de servicio E09239, ubicada en la colonia Los Llanos, en el kilómetro 8 del bulevar Fundadores, está registrada a nombre de Villarreal Berlanga, quien con sus hermanos Alberto y Ernesto poseen la empresa Transportes Villarreal Berlanga, con domicilio en la zona industrial de Ramos Arizpe, que opera tráileres de carga entre México y Estados Unidos, y tramita en Pemex contratos de transporte de hidrocarburos.

El 8 diciembre de 2006, apenas una semana después de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, y con su papá como alto directivo de Pemex, Alberto Villarreal Berlanga creó la compañía Servicio Sierra de Arteaga, SA de CV. 

El 15 de marzo de 2007, tres meses después de crear la empresa, Villarreal Berlanga tramitó su incorporación como franquicitario de Pemex Refinación para la estación de servicio E09239; pagó 312 mil 150 pesos. Su vigencia es de 15 años, es decir, hasta el 2022, plazo prorrogable por periodos de cinco años.

Para la explotación comercial de la franquicia de Pemex, en noviembre de 2007, Villarreal Berlanga signó con la paraestatal tres contratos: un Contrato de Franquicia para Estación de Servicio, un Contrato de Suministro y un Contrato de Crédito. Los tres se formalizaron el 9 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.

Pemex Refinación otorgó a Servicio Sierra de Arteaga la categoría de tres estrellas, que significa que recibe el margen de utilidad más alto que maneja Pemex para sus franquiciatarios, según se asienta en el documento.

Pero además, los funcionarios le otorgaron un crédito a cuenta corriente sin intereses moratorios ni accesorios de ninguna naturaleza. Ello se asienta en el documento contractual SVRN-608-9239, fechado el 14 de noviembre.

La investigación del Ministerio del Interior de España, en particular de la Comisaría General de la Policía Judicial señala específicamente a Rosendo Villarreal Dávila en cinco ocasiones, tres de ellas por su nombre completo. Además involucran a Jorge Salcido Urroz, ex jefe del área de seguridad de Pemex, y con quien la familia de Rosendo tiene una larga relación de trabajo: fue jefe de seguridad de la familia López; posteriormente fue director de la Policía de Saltillo cuando Manuel López Villarreal –sobrino de Rosendo Villarreal– fue alcalde y cuando el otro hermano López Villarreal, Isidro, obtuvo el cargo, lo nombró encargado del C-4, pero fue destituido por no cumplir con los exámenes de control y confianza.

Rosendo Villarreal creó la organización Civil Coahuila Observa, en la que ha tenido participación en diversas actividades, algunas de ellas no tan lícitas. 



Zócalo Saltillo exhibió el año pasado una conversación que se hizo circular en redes sociales en las que Rosendo Villarreal sostiene un diálogo con José Luis García Valero, quien encabeza la organización Sí a la Vida, que se ha opuesto a la instalación y el funcionamiento del Cimari en Noria de la Sabina, en General Cepeda y en la que también está involucrada la Diócesis de Saltillo.

En el audio hablan del apoyo que les dieron los huachicoleros de General Cepeda, e incluso García Valero hace referencia a la detención de uno de ellos en hechos suscitados en 2015.

“Nomás preguntarte cómo iban, Julio ya te va a hacer el depósito de las tres semanas”, le dice Rosendo Villarreal a García Valero. “De acuerdo, y muchas gracias por el apoyo, Rosendo”, le contesta su interlocutor.

Después hablan de que subieron a las redes sociales el acta de Cabildo donde se da el cambio de uso de suelo para la instalación del Cimari, y que sostuvieron una reunión con gente de la Secretaría de Gobierno. Por último, García Valero habla del apoyo que les dan los negocios de venta de combustible clandestino.

“En la noche empezaron a correr tuits y cuestiones. Hubo una balacera en San Antonio del Jaral, que es una comunidad que está apoyándonos mucho, se llevaron al empleado de un distribuidor de diésel de estos clandestinos que nos están apoyando mucho también. Él tiene un expendio de diésel, no es de las gentes (sic) que figura, está ahí en el grupo pues. Toda la carretera, San Antonio, y el 64 y tal, están marcados por ese tipo de cosas y por prostitución y demás, ¿no?”, evidencia Garcia Valero en la llamada.

De acuerdo con los registros periodísticos, la balacera a la que hace referencia el activista ocurrió en septiembre de 2015, cuando elementos de la Policía Estatal Operativa detuvieron a dos personas en ese ejido expidiendo facturas falsas de gasolina, casetas de peaje y hospedaje para los traileros que cruzan la carretera antigua a Torreón, a la altura de San Antonio del Jaral.

Luego de revisar el sitio donde se detuvieron a estas personas, descubrieron que también se dedicaban a la venta de gasolina y diésel de procedencia ilícita.

¿QUE PASA EN COAHUILA?

COAHUILA ANTE LA EMBESTIDA AZUL

"ROSENDISTA" EN LA MIRA DE LA JUSTICIA

José Angel Rodríguez Calvillo

José Angel Rodríguez  Calvillo, Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Hidalgo, está siendo acusado de incumplir con la ejecución de obras de Piso Firme en esa entidad con recursos que ya habían sido autorizados y cuyo destino se desconoce.
Rodríguez Calvillo fue funcionario del Ayuntamiento de Saltillo durante la administración de Rosendo Villarreal; diputado local en Coahuila; y Delegado de la Sedesol en nuestro estado.
El presidente municipal de Mineral del Chico, Hidalgo, José Tejeda Tovar, lo acusa "por su irresponsable actitud de no cumplir acuerdos firmados con la Asamblea Municipal y delegados de diversas comunidades rurales".
El alcalde precisó que para el año 2010 el Gobierno Federal, a través de la Sedesol, le autorizó recursos al municipio de Mineral del Chico a fin de ejecutar 530 obras del programa Piso Firme, acciones que nunca se verificaron.
"Como no se realizaron las obras de piso firme, Rodríguez Calvillo, en una reunión, se comprometió a sustituirlas por 3 electrificaciones, las cuales tampoco llevó a cabo, acusó el alcalde de esa comunidad.

NO ES LA PRIMERA VEZ

En el 2008, la revista Contralínea dio a conocer que al interior de la delegación de la Sedesol en Hidalgo ocurrían irregularidades administrativas que salieron a la luz a partir de la denuncia del desvío de recursos públicos federales que presentaron beneficiarios del Programa Empleo Temporal. Además, se señaló a esa delegación, a cargo desde entonces de José Ángel Rodríguez Calvillo, del despido injustificado de al menos 15 empleados.
Vecinos de Cuatolo, Tepehuacán de Guerrero, denunciaron un faltante de 363 mil 436 pesos en los recursos federales asignados para generar 11 mil 988 jornales. En aquel entonces se acordó construir 100 letrinas en el poblado que serían pagadas por la Sedesol local y con el apoyo de la presidencia municipal.
De acuerdo con el oficio de autorización de obra del 20 de septiembre de 2007, emitido por la Subdelegación de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol en Hidalgo, se aprobaron recursos federales por 563 mil 436 pesos destinados a pagar 11 mil 988 jornales en la construcción de 100 letrinas.
Al término de la obra, los vecinos de Cuatolo únicamente recibieron 2 mil pesos por cada letrina construida para liquidar el trabajo de los albañiles; por lo tanto, el pago sumó un total de 200 mil pesos. Sin embargo, hubo un faltante de 363 mil 436 pesos, suma que se destinaría a pago de mano de obra y que nunca llegó a los beneficiarios del programa.

Los desvíos

El interior de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Hidalgo ocurren irregularidades administrativas que salieron a la luz a partir de la denuncia del desvío de recursos públicos federales que presentaron beneficiarios del Programa Empleo Temporal. Además, se señala a esa delegación, a cargo de José Ángel Rodríguez Calvillo, del despido injustificado de al menos 15 empleados.
Vecinos de Cuatolo, Tepehuacán de Guerrero ?- comunidad  indígena situada en las faldas de la Sierra Gorda hidalguense, a unos 340 kilómetros de Pachuca, denunciaron un faltante de 363 mil 436 pesos en los recursos federales asignados para generar 11 mil 988 jornales.
Se acordó construir 100 letrinas en el poblado que serían pagadas por la Sedesol local y con el apoyo de la presidencia municipal. El gobierno municipal, encabezado por Martín Pérez Sierra, aportaría 241 mil 473 pesos. Tal como lo describe el oficio de autorización de la obra, esta suma era equivalente al costo de los materiales para las 100 letrinas.
De acuerdo con el oficio de autorización de obra del 20 de septiembre de 2007, emitido por la Subdelegación de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol en Hidalgo, se aprobaron recursos federales por 563 mil 436 pesos destinados a pagar 11 mil 988 jornales en la construcción de 100 letrinas para la localidad de Cuatolol, municipio de Tepehuacán de Guerrero.
Al término de la obra, señalan los vecinos de Cuatolo, únicamente recibieron 2 mil pesos por cada letrina construida para liquidar el trabajo de los albañiles; por lo tanto, el pago sumó un total de 200 mil pesos. Sin embargo, subrayan, hubo un faltante de 363 mil 436 pesos, suma que se destinaría a pago de mano de obra y que nunca llegó a los beneficiarios del programa, por lo que exigen que se investigue a la delegación de Sedesol en Hidalgo.
Por otra parte, los demandantes señalaron que el gobierno municipal que encabeza Martín Pérez Sierra, les informó que los beneficiarios del Programa Empleo Temporal deberían excavar la fosa en la que construiría la letrina y que esa labor se consideraría como una “aportación”. Por su parte, la presidencia municipal otorgaría los materiales y pagaría la mano de obra.
Sin embargo, cuando se integró el Comité de Obra, los trabajadores tuvieron conocimiento de que esa construcción se contemplaba en el llamado “Programa de Empleo Temporal” de la Secretaría de Desarrollo Social, cuya delegación en Hidalgo despacha José Ángel Rodríguez Calvillo. Tan pronto como los beneficiarios del programa consiguieron la copia del oficio de aprobación de la obra, se percataron de que habían sido objeto del robo de varios cientos de miles de pesos por las autoridades.
En entrevista, Francisco Avelino Hernández, presidente del comité de obra, declaró que cada uno de los beneficiarios recibió 96 piezas de block y 12 bultos de cemento para su letrina, en tanto que según el expediente de la Sedesol cada beneficiario recibiría 15. 25 bultos de cemento y 112 piezas de block.
Hernández reclama que, de los 536 mil 436 pesos de mano que se asignaron para pagar 11 mil 988 jornales, como un paliativo a la pobreza extrema en que viven los vecinos de esta localidad indígena, la Sedesol únicamente les envió 200 mil pesos para cubrir el trabajo de los albañiles. Esto significa, reclama Francisco, que ignoramos el paradero de 363 mil 436 pesos, de 300 sacos de cemento y  mil 600 piezas de block.
Por su parte, Severiano Hernández Eulogio, beneficiario del programa, explica que la presidencia municipal pagó 2 mil pesos a cada albañil. “Envió a un trabajador de obras públicas a hacer ese pago bajo presión, porque como el presidente iba a venir al festejo de los niños, les advertimos que si no nos pagaban lo que nos habían dicho le íbamos a reclamar. Por eso vino Felipe Hernández a pagarnos los 2 mil por letrina, pero no sabíamos que nos tocaban mas de 5 mil 600 a cada uno, hasta que conseguimos la copia del expediente de la Sedesol”, señala.
“Nos robaron la mayor parte del dinero de la mano de obra y nos pasaron cuchillo con los materiales, por eso vamos a pedir una auditoría o que se investigue a la Sedesol para que nos digan en dónde quedó ese dinero, los 300 bultos de cemento y los mil 600 blocks”, indica.
Agrega que, aunque el oficio de aprobación de la subdelegación de Desarrollo Social y Humano tiene fecha del 20 de septiembre del año pasado, el programa se ejecutó –al menos en su localidad-  apenas entre el 5 y el 15 de febrero de este año que fue cuando se suministraron los materiales, en tanto que los 2 mil pesos por letrina apenas se les entregaron días antes del 30 de abril de este año.
Molestos, los vecinos de Cuatolo, Tepehuacán de Guerrero advirtieron que solicitarán “hasta la Presidencia de la República” una auditoría a la delegación de la Sedesol, a la que señalan como “cómplice de estas raterías”. Arremetieron: “creemos que si la Sedesol manda este dinero, seguramente sabe quién o quiénes se quedaron con esos recursos y los materiales de nuestras letrinas y si no son ellos ¡que investiguen y se castigue a los ladrones!”. (Con información de Contralínea y Agencias)