Roberto Rodríguez Baños / AMI
Entre los ecos de la visita de Hillary Clinton, debutante como bastonera del cacique del sur, el cinismo indeleble de los tiempos que corren impulsó a Calderón a usurpar el nombre y la causa de Samuel Ruiz para convertirles en reclamo propagandístico del régimen.
Otras presencias del oportunismo pretendieron medrar a la sombra del obispo de los pobres: Josefina Vázquez Mota, Luis H. Álvarez, Pablo Salazar Mendiguchía, entre muchos; pero el luto real fue el de quienes permanecen en las cárceles de Chiapas como de otras regiones del país y del planeta. El de quienes salieron de esas celdas gracias a las gestiones de don Samuel. El de los indígenas, las mujeres, los niños, los viejos, los grupos vulnerables, todos, que constituyen abrumadora mayoría en la sociedad mexicana. Nada tenían que hacer en esa asamblea los dispensadores de sobornos, latrocinadores del erario, verdugos del pueblo cuyo patrimonio asaltan día con día y de cuyas vidas disponen con la brutal indiferencia del sicario a sueldo de hegemonías locales y gobiernos extranjeros.
Don Samuel, recordó su coadjutor Raúl Vera, hoy obispo en Coahuila, llegó en 1959 a Chiapas “plagado de injusticias y de abusos contra los pobres. Le tocó ver con sus propios ojos las espaldas de los hombres indígenas marcadas por el látigo de los finqueros; constató desde la palabra de los pobres que el salario era de tres centavos al día, un sueldo que nunca se pagaba pues aún existía la tienda de raya. También conoció a las muchachas indígenas sometidas a la ley de la pernada, es decir, el patrón, antes de que ellas se casaran, tenía que constatar uniéndose a ellas su virginidad… dichoso tú, tatic, perseguido por la causa de la justicia… tú que fuiste sujeto de injurias y calumnias como de innumerables persecuciones, vituperios e insultos por la causa de Jesús, que es la plenitud de la vida de los pobres”.
La carta de Raúl Vera para los defensores y defensoras de derechos humanos el 19 de enero y que Cencos distribuye desde el 20, es otra parcela del territorio cultivado por los católicos de buena fe, como su amigo Samuel Ruiz: De los 33 mil asesinatos de esta guerra impuesta, la tercera parte de las muertes se dieron en el estado de Chihuahua. Del total de muertes en el 2010, casi la mitad acaecieron en este estado.
Asumo la exigencia de ustedes, para que se ponga alto a la matanza propiciada por la corrupción, en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Cuando dicen que se están matando entre ellos, esos muertos son producto de la corrupción que dejaron crecer y de la que son cómplices.
El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia está negado. En el 2010, hubo 442 asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua –sólo en Ciudad Juárez fueron 306– todos ellos producto de la impunidad en la que desde hace más de una década, se mantienen los femenicidios. Por esta misma razón dio la vida Marisela Escobedo. Por exigir justicia para su hija Rubí.
En estos días asesinaron a la activista Susana Chávez, porque para el Estado mexicano las mujeres son desechables, y a los asesinos de ellas los cobija la impunidad. Esta situación perpetúa las violaciones a sus derechos humanos: la violencia familiar, las desapariciones de niñas y mujeres víctimas del delito de trata, que nadie investiga. Esta misma impunidad prevalece ante las desapariciones de varones, en su mayoría jóvenes, sin que los familiares tengan respuesta de parte de autoridad alguna.
Me sumo a su exigencia de alto a la violencia contra las mujeres y que se establezca la alerta de género. También asumo su exigencia para que se frenen las violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos policiacos y del Ejército Mexicano, con las desapariciones forzadas y el uso de la tortura como método para extraer información o arrancar confesiones. Que se ponga un hasta aquí a la impunidad en que se mantienen todas estas violaciones. Con ustedes me uno a la petición de no al fuero militar. Son los niños y las niñas, los y las jóvenes y las mujeres, las personas más vulnerables en esta guerra atroz e inútil. Las mujeres son quienes llegan a las morgues a buscar a sus hijos e hijas, a sus esposos y hermanos. Ellas son testigos de cómo son torturados. Ellas son, al lado de sus hijos e hijas, huérfanos y huérfanas, quienes forman el caudal de centenares de viudas en Chihuahua y el resto del país.
Con ustedes rechazo las matanzas en Creel y en Ciudad Juárez, con los signos de “limpieza social”, por grupos paramilitares con la complacencia del Estado. Y me uno a su solicitud de que se establezca en el estado de Chihuahua un programa ante la emergencia humanitaria, con la participación de la sociedad. Rechazo con ustedes que ante la protesta social, la respuesta sea la criminalización de los luchadores y las luchadoras sociales, la represión, el hostigamiento, las amenazas y las campañas de desprestigio, argumentando que lucran con el dolor humano. Con ustedes exijo protección y garantía para el ejercicio de la misión de las defensoras y los defensoras de los derechos humanos que trabajan en la restructuración social, por el camino de restablecimiento de la justicia, que nos conduce a la paz.
Me uno a su grito de justicia para que en este estado de Chihuahua y en todo el país, gocemos los mexicanos del derecho la integridad de la vida, a la seguridad, a la libertad de tránsito, y por encima de todo, al respeto a nuestra dignidad.
Que así sea, diría don Samuel, de quien Blanche Petrich recuerda Una nueva hora de gracia, la carta pastoral de donde toma la periodista estas palabras: “La pregunta que Dios nos hará al final de nuestra existencia será: ¿De qué lado estuvimos? ¿A quién defendimos? ¿Por quién optamos? Preguntas que nadie, ni los poderosos, podrán eludir al final de su vida… me quema la urgencia de sumar mi clamor al de los pueblos indígenas”. Inmune al contagio de voces y presencias indeseables, el caminante sigue sus pasos.
