Defensora de derechos humanos bajo arresto

La defensora mexicana de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez fue arrestada el 22 de febrero. La información disponible sugiere que está siendo blanco de acusaciones injustas en represalia por su trabajo por los derechos de comunidades indígenas.

El 22 de febrero agentes de la Procuraduría General de la República arrestaron a Lucila Bettina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, en el estado de Oaxaca mientas ella se retiraba de una reunión con funcionarios de laComisión Federal de Electricidad  (CFE) en compañía de la abogada Maribel González. Los agentes no mostraron ninguna orden de arresto que les autorizara a detenerla ni le fueron explicados los motivos de su detención.  

Ella fue mantenida incomunicada durante horas antes de ser trasladada a la prisión de Tehuantepec para enfrentar cargos de privación ilegal de libertad de funcionarios de la CFE. Será presentada hoy mismo a un juez quien tendrá la autoridad para liberarla bajo fianza. A Amnistía Internacional le preocupa que los cargos han sido fabricados para evitar que pueda continuar su trabajo como defensora de derechos humanos y que pueda enfrenar un proceso judicial injusto. Su arresto forma parte de un patrón de arrestos a defensores de derechos humanos bajo cargos infundados de privación ilegal de libertad a funcionarios públicos, estos cargos han resultado en juicios injustos seguidos de largos periodos de detención a activistas.

Amnistía Internacional insta a sus activistas a escribir inmediatamente a las autoridades:

n  Llamando a las autoridades a garantizar que Lucila Bettina Cruz Velázquez no será sujeta a tortura u otros malos tratos, y se asegure que tenga acceso a un abogado de su elección y que pueda mantener contacto con su familia.

n  Urgiendo a las autoridades a asegurar que los procesos judiciales no se basen en evidencias sin fundamento o no confiables originadas en represalia por su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos y que su derecho a un juicio justo sea garantizado de acuerdo los estándares internacionales, incluyendo el derecho a fianza que correspondería a las imputaciones realizadas en su contra.

n  Solicitando a las autoridades garantizar la seguridad de todos los integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y que estos no sean sujetos de procesos judiciales injustos.

Información Adicional

Lucila Bettina Cruz Velázquez es integrante y cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. La Asamblea trabaja para lograr la protección a los derechos de los pueblos indígenas, y ha llevado a cabo acciones de protestas contra la construcción de granjas eólicas en tierras pertenecientes a pueblos indígenas. A raíz de las amenazas y ataques que sufrió durante octubre y noviembre de 2011 por su trabajo en defensa de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca ordenó medidas cautelares para proteger a Lucila Bettina Cruz en noviembre de 2011.

El 21 de octubre de 2011 Lucila Bettina Cruz Velázquez y Maribel González Pedro fueron amenazadas de muerte, cuando unos 50 trabajadores de una empresa adjudicataria de una granjaeólica llegaron a tierras pertenecientes a la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo en el Estado de Oaxaca. Los miembros de la comunidad indígena se oponen a la construcción de la granja eólica en sus tierras. Argumentan que la construcción se está levando a cabo sin su consentimiento previo, libre e informado, tal y como establece la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y están preocupados por el impacto de la construcción en su tierra y su agricultura.

El 28 de octubre de 2011, miembros de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo) realizaron una protesta en el tramo de la carretera Panamericana que atraviesa La Venta-Unión Hidalgo contra la construcción de turbinas eólicas en sus tierras. Según la información recibida, miembros de la vecina comunidad de La venta, favorables a la instalación de las turbinas, acudieron al lugar y amenazaron al grupo para que detuviese sus protestas. Los manifestantes argumentaron su derecho a la protesta pacífica, pero llegaron más hombres, armados con pistolas y machetes. Los líderes de la protesta, incluyendo Lucila Bettina Cruz Velázquez y Juan Regalado Martínez, fueron golpeados y pateados en el suelo, y amenazados de muerte. Dos personas fueron asesinadas y miembros de la comunidad, incluida Bettina, fueron acusados falsamente de ser los responsables.

Proyectos industriales y de desarrollo que afectan a comunidades indígenas y campesinas en México, se implementan sin información confiable para las comunidades y sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Como resultado de esta situación, los miembros de comunidades indígenas protestan contra los proyectos y exigen el respeto a su derecho a ser escuchados y consultados. Amnistía Internacional ha documentado frecuentemente el mal uso del sistema de justicia penal contra defensores de derechos humanos y activistas comunitarios que realizan protestas pacíficas para pedir el respeto a sus derechos, lo cual ha implicado acoso judicial, juicios injustos y condenas sin fundamento.

Enviar peticiones a las siguientes autoridades: 

Procuradora General de la República

Marisela Morales Ibáñez

Paseo de la reforma 211-213

Col. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, México

Fax: +52 55 5346 0908

Email: ofproc@pgr.gob.mx

Secretario de Gobernación

Dr. Alejandro Poiré Romero

Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez

Delegación Cuauhtémoc

México D.F., C.P.06600, México

Fax: +52 55 5093 3414

Email: secretario@segob.gob.mx    

Y copias a:

Proyecto de Derechos Economicos Sociales y Culturales

Email:      proyectodesc@gmail.com  

  
http://www.amnistia.org.mx
"Trabajamos para proteger los derechos humanos en el mundo"

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Amnistía Internacional México es parte de Amnesty International,  un movimiento global con  más de 2.2 millones de miembros e investigadores en todo el mundo que actúan por los derechos humanos, con Estatus Consultivo ante las Naciones Unidas, la  UNESCO, la Comisión Inter-Americana y el Consejo de Europa,  y reconocido con el Premio Nobel en 1977 y el Premio Naciones Unidas en 1978 por sus actividades por la paz y los derechos humanos. 

AMNISTIA INTERNACIONAL: DETENIDAS DOS MANIFESTANTES SAUDIES

Dos mujeres permanecen recluidas desde su detención, el 3 de julio, en una manifestación convocada ante el Ministerio del Interior en la capital saudí, Riad. Podrían haber sido detenidas solamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y ser, por tanto, presas de conciencia.

Rima bint Abdul Rahman al-Jareesh y Sharifa al-Saqaabi se encuentran recluidas en la prisión de Al Qassim, en la localidad deBuraidah, situada al norte de la capital, Riad, pero no se sabe si tienen acceso a sus abogados y sus familias. Si se hallan recluidas en régimen de incomunicación, corren riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos. Formaban parte de un grupo de manifestantes, integrado por unas 25 mujeres, 15 hombres y 6 niños, que pedían el juicio justo y público de familiares suyos que llevan años recluidos sin cargos ni juicio. La manifestación, iniciada, al parecer, el 3 de julio a las cuatro de la tarde, duró alrededor de hora y media, hasta que funcionarios del Ministerio convencieron a los participantes de que se habían escuchado sus mensajes y les dijeron que se fueran. Rima bint Abdul Rahman al-Jareesh y Sharifa al-Saqaabi fueron detenidas por las fuerzas de seguridad cuando se marchaban de allí, junto con alrededor de 13 mujeres más y 5 niños, que según los informes quedaron en libertad tras firmar un documento en el que se comprometían a no volver a manifestarse. 
Ambas habían firmado anteriormente peticiones en demanda de reformas en el país. Se cree que Rima bint Abdul Rahman al-Jareesh se ha negado a firmar el compromiso de no volver a manifestarse y a que su mahram (tutor masculino) haga de fiador suyo para que la dejen en libertad. Es miembro de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos y había sido detenida ya anteriormente, el 19 de julio de 2007, por participar en una manifestación similar el día anterior. En esa ocasión quedó en libertad a los tres días.
En Arabia Saudí, quienes critican al gobierno están expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad bajo el control del Ministerio del Interior. A menudo son recluidos en régimen de incomunicación, sin cargos ni juicio, o, a veces, en régimen de aislamiento, y se les impide consultar a abogados y acceder a los tribunales para impugnar la legalidad de su detención. Con frecuencia se utilizan la tortura u otros malos tratos para obtener confesiones de los detenidos, castigarlos por negarse a "arrepentirse" u obligarlos a comprometerse a no criticar al gobierno.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
-    Instando a las autoridades a que garanticen que Rima bint Abdul Rahman al-Jareesh y Sharifa al-Saqaabi, detenidas tras una manifestación organizada en Riad el 3 de julio, están protegidas contra la tortura y otros malos tratos y tienen acceso de manera habitual a sus abogados, sus familias y los servicios médicos que puedan necesitar.
-    Pidiendo que sean puestas en libertad de inmediato y sin condiciones si se hallan recluidas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación y son, por tanto, presas de conciencia.
-    Pidiendo que se hagan públicos los cargos que puedan haberse presentado contra ellas y se garantice que los procedimientos judiciales a que sean sometidas se ajustan a las normas internacionales sobre juicios justos.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 15 DE AGOSTO DE 2011, A:

Viceprimer ministro segundo y ministro del Interior
Second Deputy Prime Minister and Minister of the Interior
His Royal Highness Prince Naif bin Abdul Aziz Al-Saud, Ministry of the Interior, P.O. Box 2933, Airport Road
Riyadh 11134
Arabia Saudí
Fax: +966 1 403 3125 (insistan)
Tratamiento: Your Royal Highness / Alteza

Rey
His Majesty King Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Arabia Saudí       
Fax:  (vía el Ministerio del Interior)
+966 1 403 3125 (insistan)
Tratamiento: Your Majesty / Majestad

Copia a:
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
President, Human Rights Commission
Bandar Mohammed Abdullah al-Aiban
Human Rights Commission
P.O. Box 58889, King Fahad Road, Building No. 373, Riyadh 11515
Arabia Saudí       
Correo-e: hrc@haq-ksa.org 

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país.

S.A.R. Príncipe Saud Bin NAIF bin ABDULAZIZ AL-SAUD
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario
Doctor Alvarez Sierra, 3 28033 - MADRID
Teléfono: 91 383 43 00 y 91 383 22 29 - Fax: 91 302 11 45
Sección Consular: Fax: 91 766 73 38
E-mail: info@arabiasaudi.org
www.arabiasaudi.org

Inserten a continuación las correspondientes direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3Fax Numero de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las autoridades saudíes no toleran, en general, las manifestaciones. Quienes intentan organizarlas o participar en ellas suelen ser recluidos en régimen de incomunicación, sin cargos y sin acceso a un tribunal ante el que impugnar la legalidad de su detención.
Según informes, tras una manifestación contra la ofensiva militar israelí de la Franja de Gaza lanzada el 27 de diciembre de 2008, un portavoz del Ministerio del Interior hizo el 30 de diciembre de ese año el anuncio explícito de que las manifestaciones estaban prohibidas en Arabia Saudí. Tras manifestaciones celebradas a comienzos de marzo de 2011 en Al Qatif (véase AU 61/11, de 7 de marzo de 2011, MDE 23/005/2011) y en medio de informes sobre la convocatoria de nuevas manifestaciones para pedir reformas en Arabia Saudí, el Ministerio del Interior emitió el 5 de marzo una declaración en la que confirmaba la prohibición de las manifestaciones en el país. Según esa declaración, las fuerzas de seguridad tomarían "todas las medidas necesarias" contra quienes intentaran alterar el orden.
En Arabia Saudí, quienes critican al gobierno están expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad bajo el control del Ministerio del Interior. A menudo son recluidos en régimen de incomunicación, sin cargos ni juicio, o, a veces, en régimen de aislamiento, y se les impide consultar a abogados y acceder a los tribunales para impugnar la legalidad de su detención. Con frecuencia se utilizan la tortura u otros malos tratos para obtener confesiones de los detenidos, castigarlos por negarse a "arrepentirse" u obligarlos a comprometerse a no criticar al gobierno. La detención en régimen de incomunicación suele durar hasta que se obtiene una confesión, lo que puede suponer meses y, en ocasiones, años.
Arabia Saudí es Estado Parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prohíbe el uso de pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. Su artículo 15 dispone: "Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración".
Desde el 11 de septiembre de 2001 han sido detenidas arbitrariamente en Arabia Saudí millares de personas, incluidos detractores pacíficos de Estado y activistas de los derechos humanos. Por ejemplo, al menos siete hombres fueron detenidos en febrero de 2007 en las ciudades de Yidda y Mediana, tras haber difundido una petición en demanda de reformas políticas y entablado debates sobre una propuesta de establecimiento de una organización independiente de derechos humanos en Arabia Saudí. Entre los que continúan detenidos figuran el Dr. Saud al-Hashimi, Al-Sharif Saif al-Ghalib, el Dr. Musa al-Qirni, el Dr. Abdel Rahman al-Shumayri, Fahd al-Qirshi y Abdel Rahman Khan. También denunciaban la impunidad de que disfrutan los funcionarios del Ministerio del Interior que practican detenciones y ordenan la reclusión de los detenidos. El Ministerio del Interior ha afirmado en una declaración que fueron detenidos por recaudar dinero para el apoyar el terrorismo, algo que ellos niegan. Entre los participantes en la manifestación del 20 de marzo de 2011 había familiares de estos hombres.
Mohammad Salih al-Bajadi, uno de los fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, que había asistido a la manifestación del 20 de marzo para pedir el juicio o la liberación de todas las personas detenidas sin cargos ni juicio, fue detenido en su casa al día siguiente y se encuentra recluido desde entonces (véase DETENIDO TRAS MANIFESTACIÓN ACTIVISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 25 de marzo de 2011, AU 91/11, Índice: MDE 23/009/2011).
Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional Arabia Saudí: Ataque a los derechos humanos en nombre del antiterrorismo, publicado el 22 de julio de 2009 (http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE23/009/2009/en/3ea67a24-7946-4207-ab7d-5cb72d2293fe/mde230092009spa.pdf), y su actualización, Arabia Saudí: Medidas represivas en nombre del antiterrorismo, 11 de septiembre de 2009( http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/025/2009/en)
Nombre: Rima bint Abdul Rahman al-Jareesh (m) y Sharifa al-Saqaabi (m)



Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: "Equipo AAUU - Respuesta"). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo "AU 25/99" o bien "EXTRA 84/99"). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras "No acuse". Gracias por su colaboración.

Equipo de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional
Secretariado Estatal
Fernando VI, 8, 1º izda.
28004 Madrid
Telf. + 91 310 12 77
Fax + 91 319 53 34
aauu@es.amnesty.org
http://www.es.amnesty.org

ACCION URGENTE: ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS EN EGIPTO

Las fuerzas de seguridad egipcias han detenido a activistas de los derechos humanos, periodistas y otras personas, aparentemente en el marco de una operación represiva de la información independiente sobre las protestas que están teniendo lugar en Egipto.  Entre los detenidos figuran dos miembros del personal de Amnistía Internacional y un delegado de Human Rights Watch. Se encuentran recluidos en un lugar desconocido. Amnistía Internacional teme que todos sufran tortura u otros malos tratos. 
Amnistía Internacional ha recibido información según la cual unas 30 personas han sido detenidas en la sede del Centro Jurídico Hisham Mubarak tras haber tomado la policía militar el lugar. Entre los detenidos hay personal del Centro, voluntarios del Frente de Defensa de los Manifestantes Egipcios, personal de Amnistía Internacional y personal de Human Rights Watch. Figuran entre ellos el director ejecutivo del Centro, Ahmed Saif Al Islam; Mostafa ElHassan; Ahmed Taher; Mohsein Bashir; Nadin Abou Shadi; Nada Sadek; Mouna Al Masry; Fatma Abed, y Shahdan Abou Shad. Según los informes, también se ha detenido a personal del vecino Centro Egipcio de Derechos Económicos y Sociales, incluido su director, Khaled Ali. Amnistía Internacional considera a todos los detenidos presos de conciencia.
El personal del Centro Jurídico presta asistencia a manifestantes detenidos en las protestas. El centro de Derechos presta apoyo a un centro médico improvisado en una mezquita próxima a la plaza de Tahrir para atender a las personas heridas en las manifestaciones. 
Las detenciones se han producido en el marco de una operación de represión que las autoridades egipcias han emprendido hoy contra los periodistas y los activistas de los derechos humanos, con objeto, aparentemente, de impedir la información independiente sobre las protestas que continúan produciéndose. Algunos periodistas han informado de que han sido agredidos por partidarios del gobierno. Otros han sido detenidos, al parecer, por las fuerzas de seguridad. Según informes, se ha detenido durante varias horas a un periodista de CNN-IBN, Rajesh Bhardwaj. Los delegados de Amnistía Internacional en Egipto han contado también que se ignora el paradero de Malak Adly, abogado de derechos humanos de 29 años, que trabaja para el Centro Jurídico Hisham Mubarak, desde que fue detenido por militares egipcios el 1 de febrero. 
Amnistía Internacional teme también por un civil que, según informes, va a ser juzgado mañana ante un tribunal militar. Se trata de Mohamed Atef, detenido hoy por la policía militar, acusado de llevar encima folletos contrarios al gobierno. Los tribunales militares no respetan muchas de las garantías de juicio justo, como el derecho de apelación. 
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
    Pidiendo a las autoridades egipcias que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a las personas detenidas esta tarde en el Centro Jurídico Hisham Mubarak (HMLC) y el Centro Egipcio de Derechos Económicos y Sociales (ECESR), pues son presos de conciencia, recluidos por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación.
    Pidiéndoles que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las demás personas detenidas también por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. 
    Instándolas a que revelen de inmediato el paradero de todos los detenidos, les permitan sin demora el acceso a sus familias y a abogados de su elección y garanticen que están protegidos contra todas las formas de tortura y otros malos tratos.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 17 DE MARZO DE 2011, A:

Director de la magistratura militar  Director of Military Judiciary
Major-General Ahmed Abd Allah
Military Judicial Department
Cairo, Egipto
Fax: +202 2 402 4468 / +202 2 411 3452 (pidan fax)
Fiscal general militar Military General Attorney
Major-General Medhat Radwan
Military Judicial Department
Cairo, Egipto
+202 2 412 0980 (pidan fax)

Ministro de Defensa Minister of Defence
His Excellency Muhammad Tantawi
Ministry of Defence
Cairo, Egipto
mmc@afmic.gov.eg

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. AU: 20/11 Índice: MDE 12/008/2011

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: "Equipo AAUU - Respuesta"). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo "AU 25/99" o bien "EXTRA 84/99"). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras "No acuse". Gracias por su colaboración.

Equipo de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional
Secretariado Estatal
Fernando VI, 8, 1º izda.
28004 Madrid
Telf. + 91 310 12 77
Fax + 91 319 53 34
aauu@es.amnesty.org
http://www.es.amnesty.org