Guerra de las galaxias

Rusia detectó dos satélites secretos de EE.UU. y monitorea uno de ellos desde 2018

MOSCÚ, 27 de enero - Noticias RIA . Los dispositivos de rastreo rusos registraron una separación de un gran satélite militar estadounidense de dos naves espaciales pequeñas en órbita geoestacionaria. Rusia ha registrado las maniobras de uno de ellos desde 2018. Esto se supo a partir del documento del Centro Científico Astro-Cósmico (ANC), recibido a disposición de RIA Novosti.

En abril de 2018, el vehículo de lanzamiento Atlas-5 desde el sitio de lanzamiento de Cabo Cañaveral lanzó el satélite de comunicaciones militares CBAS (el nombre oficial en el catálogo militar de EE. UU. USA-283) y la nave espacial tecnológica militar EAGLE (USA-284) en órbita geoestacionaria. Poco después del lanzamiento, dos satélites USA-285 y USA-286 de asignación no anunciada se separaron de EAGLE.

15 de abril de 2018 02:20

Lanzamiento del vehículo Atlas V en los Estados Unidos.

El sistema de advertencia automatizado ruso para situaciones peligrosas en el espacio cercano a la Tierra (ASPOS OKP) registró la separación de dos subsatélites USA-285 y USA-286 del vehículo de transporte EAGLE el 23 de abril de 2018. Al mismo tiempo, el análisis del movimiento de vehículos pequeños reveló un cambio impredecible en la trayectoria de uno de ellos, lo que puede ser un signo de capacidad de maniobra, según el documento.

Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al comentar sobre los aspectos espaciales de la "Revisión de la política de defensa de misiles de Estados Unidos", dijo que los planes de Washington de usar el espacio para operaciones de combate en el futuro cercano son reales. Según el gobierno ruso, Estados Unidos optó por volver a la implementación de la próxima versión del programa Star Wars desde la época de Ronald Reagan.

La tarea principal de ASPOS OKP es identificar la peligrosa convergencia de las naves espaciales operativas con objetos de desechos espaciales, detectar la destrucción de objetos en órbitas y escoltar objetos grandes potencialmente peligrosos que salen de la órbita de manera incontrolable.

14 de enero, 08:00

Cómo la inteligencia estadounidense asustó a la "amenaza soviética" del presidente Truman

El sistema incluye complejos óptico-electrónicos, incluyendo telescopios. Están diseñados para detectar automáticamente objetos de naves espaciales y desechos espaciales, determinar sus coordenadas, identificarlos para vincularlos a objetos ingresados ​​en la base de datos, transmitir las coordenadas recibidas y la información no coordinada al centro de procesamiento y recolección de datos.

Los complejos proporcionan una búsqueda y detección autónoma de objetos en altitudes de hasta 50 mil kilómetros y son capaces de detectar objetos espaciales y elementos de desechos espaciales que tienen una magnitud de hasta 18,5 de magnitud, que para una órbita geoestacionaria corresponde a un tamaño de aproximadamente 30-35 centímetros.

SHELL CONTAMINA Y NO INDEMNIZA

En los 50 años de vida de la empresa petrolera Shell, se han producido miles de vertidos de petróleo.

En 2008, otra negligencia causó dos vertidos que contaminaron una región del Delta del Níger, uno de los 10 ecosistemas marinos y costeros de humedales más importantes en el mundo. El vertido destrozó el Delta del Níger, incrementando la pobreza de la población. Ahora dependen de la tierra contaminada para su sustento, y no tienen acceso a agua potable. Con todo, y a pesar de sus enormes beneficios como empresa (28.600 millones de dólares en 2011), Shell se niega a reconocer el desastre, a limpiar la zona y a pagar las indemnizaciones a las comunidades afectadas.

Entre 1976 y 2001, se registraron más de 6.800 vertidos de petróleo en el Delta del Níger. En 2008, fallos en un oleoducto de Shell provocaron el derrame de miles de barriles de petróleo, y tres años después todavía no se ha limpiado la zona. La vida de decenas de miles de personas se ha visto afectada dramáticamente por la contaminación.

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¡APOYEMOS A AMNISTIA INTERNACIONAL!

Unos dos mil romaníes se enfrentan a un desalojo forzoso inminente en Baia Mare, en el noroeste de Rumania. Según los informes, 70 familias han accedido a ser reasentadas, mientras que los demás residentes corren peligro de quedar sin hogar. Además, los residentes que no tengan documentos de identidad inscritos en Baia Mare serán desalojados y enviados a sus lugares de origen, y sus casas se demolerán.

Unas 300 familias romaníes corren peligro de perder sus casas después de que las autoridades locales de Baia Mare hayannotificado la orden de desalojo y demolición de los asentamientos de Craica, Garii y Pirita. Está previsto que el desalojo dé comienzo en torno al 3 de mayo.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades locales tienen intención de trasladar a unas 70 familias de Craica que han accedido a ser reasentadas en un antiguo edificio de oficinas de la fábrica industrial conocida como CUPROM. Las demás familias de Craica se niegan a dejar sus hogares y aceptar el reasentamiento. Puesto que no se les ha ofrecido ninguna otra vivienda alternativa, corren peligro de quedar sin hogar. A las familias que viven en los otros dos asentamientos Pirita y Garii no les han dado ninguna indicación ni detalles sobre una vivienda alternativa, datos que tampoco se han hecho públicos.  Los planes de las autoridades locales de desalojar a los romaníes de los asentamientos informales de Craica, Pirita y Garii no cumplen las salvaguardias establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente las relativas a una consulta auténtica y a la obligación de proporcionar una vivienda alternativa.

Las personas y las familias que no estén inscritas como residentes de Baia Mare serán devueltas a sus lugares de origen. La decisión de tomar medidas contra quienes carezcan de documentos de identidad inscritos en Baia Mare, si se pone en práctica, constituirá una medida punitiva que ataca de forma deliberada y discriminada a quienes carecen de residencia u otra condición jurídica. También violará su derecho a la libertad de circulación y a elegir su lugar de residencia.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en rumano o en su propio idioma:

- Instando a las autoridades municipales a detener los desalojos hasta que se lleve a cabo una consulta auténtica con las comunidades afectadas para identificar todas las alternativas factibles al desalojo y las opciones de reasentamiento, y hasta que se proporcione a todas las personas afectadas una vivienda alternativa adecuada, de acuerdo con lo establecido por el derecho de los derechos humanos;
- Instando a las autoridades municipales a garantizar que los desalojos de las comunidades que actualmente residen en Craica, Pirita y Garii se realizan únicamente como último recurso y cumpliendo plenamente las normas internacionales de derechos humanos;
- Instándolas a garantizar que no se devuelve a nadie a su lugar de origen, ni se le impide a nadie el regreso.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 3 DE MAYO DE DE 2012 A:

Alcalde de Baia Mare
Catalin Chereches   
Primaria Municipiului Baia Mare
Str. Gh. Sincai nr. 37, etaj 1, cam. 9
Baia Mare, Rumania
Fax: + 40 262 212 332
Correo-e.: primar@baiamarecity.ro
Tratamiento: Dear Mayor / Sr. Alcalde

Primer Ministro
Mihai Razvan Ungureanu   
Guvernul Romaniei   
Piata Victoriei nr. 1
Sector 1, Bucuresti, Rumania   
Fax: + 40 213 13 98 46
Correo-e.: drp@gov.ro
Tratamiento: Dear Prime Minister / Sr. Primer Ministro

Y copia a:

Prefecto de Maramures
Sandu Pocol   
Institutia Prefectului-Judetul Maramures
Str. Gheorghe Sincai nr. 46
430311, Baia Mare, Romania
Fax: + 40 262 213241
Correo-e.: prefect@prefecturamaramures.ro
Tratamiento: Dear Prefect / Sr. Prefecto

Envíen también copia a la representación diplomática de Rumania acreditada en su país.

EMBAJADA DE RUMANIA
Excmo. Sr. Ion VILCU
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Avenida de Alfonso XIII, 157 28016 - MADRID
Fax: 91 345 29 17
E-mail: secretariat@ embajadaderumania.es
www.madrid.mae.ro   

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Craica, Pirita y Garii son tres de los asentamientos informales en los que residen familias romaníes en Baia Mare. Otros de esos asentamientos son Horea, Ferneziu y Valea Borcutului. Una delegación de Amnistía Internacional visitó Baia Mare en diciembre de 2010 y octubre de 2011 y se reunió con residentes romaníes de los asentamientos informales de Craica, Ferneziu y Horea. En los tres, las familias romaníes viven en condiciones inadecuadas y carecen de acceso a servicios básicos como un suministro adecuado de agua e instalaciones de higiene. Los romaníes con los que Amnistía Internacional habló en las zonas de Ferneziu y Craica expresaron su inseguridad a causa de la amenaza constante de desalojo, derivada de la falta de tenencia formal, y a causa también de la ausencia de información adecuada sobre decisiones que afectan a sus vidas.
En dos ocasiones anteriores, Amnistía Internacional se ha opuesto a los planes anunciados por la municipalidad de desalojar forzosamente a cientos de romaníes y otras personas desfavorecidas socialmente de los asentamientos informales de Craica, Ferneziu, Horea y Valea Borcutului. En julio de 2010, el entonces vicealcalde anunció planes de desalojar forzosamente a más de un millar de romaníes del barrio de Craica y reasentarlos en un polígono industrial a las afueras de Baia Mare, sin salvaguardias adecuadas que garantizaran el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. En agosto de 2011, el actual alcalde de Baia Mare anunció un plan para desalojar de cuatro zonas de la ciudad a cientos de romaníes y otras personas desfavorecidas socialmente que no tuviesen documentos de identidad inscritos en Baia Mare, y devolverlos a sus lugares de origen. Hubo enérgicas respuestas no sólo de ONG nacionales e internacionales, sino también de la Embajada de Estados Unidos en Bucarest. En ambas ocasiones, los planes se retiraron.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por que los desalojos planeados sin salvaguardias adecuadas constituirán desalojo forzoso, prohibido por el derecho internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en fecha tan reciente como el 24 de abril de 2012, resolvió, en una decisión histórica, que la expulsión de una comunidad romaní de las tierras que ocupaba informalmente en Bulgaria sería ilegal. El Tribunal subrayó que, si una comunidad vivía en un lugar durante varios años, las autoridades no debían tratar el caso como otros casos rutinarios de expulsión […] de propiedades ocupadas ilegalmente. En lugar de eso, las autoridades tienen la obligación de demostrar que el desalojo es proporcionado al fin que se desea alcanzar. Las autoridades tienen además que tener en cuenta el riesgo de que las personas queden sin hogar a consecuencia del desalojo. Esta resolución debe actuar como una guía clara para todos los países que han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellos Rumania, respecto a cómo deben abordar la cuestión del derecho de la comunidad romaní a la vivienda, independientemente de su situación respecto a la tenencia. Además de en el Convenio, Rumania es parte en otros tratados internacionales y regionales de derechos humanos que estipulan de forma estricta su obligación de prohibir los desalojos forzosos, abstenerse de llevarlos a cabo, e impedirlos. Entre esos tratados figuran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la Carta Social Europea revisada. En su Observación general 7, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha subrayado que los desalojos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso, cuando se han estudiado todas las demás alternativas posibles. Incluso cuando se considera que un desalojo está justificado, éste sólo puede llevarse a cabo cuando se hayan establecido las oportunas protecciones procedimentales, y cuando se indemnice por todas las pérdidas y se proporcione una vivienda alternativa adecuada a todas las personas afectadas. Según las normas internacionales, los desalojos no deben llevarse a cabo cuando el tiempo sea especialmente malo o de noche, y debe permitirse el acceso a observadores independientes mientras tienen lugar. En virtud del derecho internacional, los desalojos forzosos y las demoliciones de viviendas no deben utilizarse como medida punitiva contra personas que carecen de residencia o de otra condición jurídica.

Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Rumania tiene la obligación de garantizar a todas las personas que residen legalmente en su territorio el derecho a circular libremente por él y a elegir su lugar de residencia.

AU: 116/12 Índice: EUR 39/005/2012 Fecha de emisión: 25 de abril de 2012

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: "Equipo AAUU - Respuesta"). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo "AU 25/99" o bien "EXTRA 84/99"). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras "No acuse". Gracias por su colaboración.

Equipo de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional
Secretariado Estatal
Fernando VI, 8, 1º izda.
28004 Madrid
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Fax + 91 319 53 34
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Amnistía Internacional llama a aprobar Ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos

• Miles de personas llaman al senado a aprobar la Ley de Protección a defensores y periodistas a través de Twitter.
  

Amnistía Internacional (AI) hace un llamado al Senado de la República (Senado) para que se apruebe cuanto antes la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Dicha iniciativa se presentó ante el Pleno del Senado el pasado 15 de marzo y AI considera su aprobación esencial para garantizar que quienes protegen derechos humanos o se ejercen el periodismo puedan recibir medidas adecuadas de protección ante las amenazas y agresiones que se suceden en diferentes partes del país.

En los últimos años la situación que deben afrontar las y los defensores de derechos humanos y periodistas en se ha degradado notablemente. Así, y según recogen datos de la ONU, México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, con al menos 66 periodistas asesinados en los últimos 10 años. En el caso de las y los defensores de derechos humanos, organizaciones civiles nacionales e internacionales han reportado al menos 61 asesinatos entre 2006 y 2010. A estas cifras deben añadirse otros abusos graves tales como desapariciones, ataques, secuestros y amenazas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reportado un incremento de cerca del 180% en los expedientes de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos durante los últimos años, pasando de una media 21 al año entre 2005 y 2009 a 48 expedientes en 2010 y 59 en 2011.

Organizaciones de la Sociedad Civil y miembros del Senado colaboraron en la elaboración  de la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue presentada el pasado 15 de marzo con un apoyo sin precedentes, al contar con la firma de más de 70 miembros del Senado pertenecientes a  todos los gruposparlamentarios. Además, el gobierno federal ha calificado, en palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores, esta iniciativa de Ley como complementaria a la reciente reforma constitucional que federaliza los delitos contra periodistas.

AI considera que el que México cuente con mecanismos efectivos para proteger a quienes defienden derechos humanos o se dedican a informar, es esencial para garantizar a su vez derechos humanos a toda la sociedad.

La organización hace un enfático llamado  al Senado para  dictaminar y aprobar en pleno cuanto antes la esta iniciativa de Ley, de forma que pueda ser aprobada antes del término del actual periodo de sesiones.

En los últimos días miles de personas han secundado la campaña lanzada en Twitter por Amnistía Internacional y otras organizaciones para pedir a los miembros del Senado la urgente aprobación de la Ley, utilizando para ello el hastag #LeyProtección.

Además, las iniciativas de recogida de firmas en apoyo de mecanismos efectivos de protección para defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas que ha lanzado Amnistía Internacional suman ya más de 20,000 firmas a través de la página www.defiendeles.org

LEYES MIGRATORIAS INJUSTAS

INFORME LEYES DE INMIGRACION

Las comunidades que viven a lo largo de la frontera México-EEUU, particularmente personas percibidas como de origen latinoamericano y comunidades indígenas, se ven afectadas desproporcionadamente por numerosas medidas de control de migratorio, lo que resulta en un patrón de violaciones de los derechos humanos, informa Amnistía Internacional.

El nuevo informe de la organización, En Terreno Hostil: Violaciones De Los Derechos Humanos al Implementar las Leyes de Inmigración en el Suroeste de Estados Unidos, resalta discriminatoria resultante de la aplicación de las normas migratorias por parte de las autoridades.

Entre los hallazgos, el informe ilustra que Estados Unidos está fracasando en sus obligaciones de respetar los derechos de las personas migrantes a la vida, su acceso a la justicia al ser víctimas de crímenes, particularmente mujeres y niños, y reconocer el derecho de las comunidades indígenas a atravesar la frontera.

De acuerdo al gobierno de EEUU, entre 14,500 y 17, 500 personas víctimas de trata de personas llegan cada año a Estados Unidos por trabajo o para sufrir explotación sexual. Sin embargo, las deficiencias en el sistema de identificación de las víctimas de trata suponen una barrera que impiden a estas víctimas denunciar su caso y evitar su detención y deportación. De las 5,000 visas disponibles anualmente para los sobrevivientes de tráfico humano sólo se utiliza el 6%.

“La cultura en torno a la migración en Estados Unidos ha creado una terrible situación; sobrevivientes de tráfico humano y de otros crímenes como la violencia doméstica son cada vez más vistos como criminales y no como víctimas”, dice Justin Mazzola, investigador de Amnistía Internacional y autor principal del reporte. “Al mismo tiempo, menos personas están dispuestas a denunciar tales crímenes, ya que sienten que puede eso puede exponerlos a los agentes de inmigración. Además, muchos consideran que la policía es incapaz o no tiene la voluntad de ayudar”.

Carolina, una migrante de Honduras, fue traída a Estados Unidos después de ser repetidamente obligada a prostituirse, golpeada y drogada. Fue detenida durante seis meses en Pearsall, Texas, después de que los agentes de inmigración la encontraron en la cajuela de un vehículo que cruzaba la frontera México-EEUU. Mientras estaba detenida, a Carolina le fue negada  la certificación como víctima de tráfico humano debido a que antes de ser vendida como esclava sexual y trasladada hacia Estados Unidos ella tenía la intención de ingresar al país.

Sólo después de una revisión de su caso en febrero de 2011, más de dos años después de que fuera descubierta en la cajuela del vehículo, se le reconoció como víctima de trata de personas y se le otorgó una visa que le permitió permanecer en Estados Unidos y acceder a los servicios de salud y apoyo psicológico. “Ahora, finalmente puedo comenzar a sanar”, dijo Carolina luego de ser liberada de la detención.

Las medidas de control migratorio ponen cada vez más en riesgo el derecho a la vida de las personas al cruzar la frontera. Las políticas de EEUU en materia migratoria fuerzan a los migrantes a transitar por rutas cada vez más hostiles, que incluyen atravesar vastos desiertos, ríos y altas montañas bajo temperaturas peligrosamente altas. De 1998 hasta 2008, hasta 5,287 migrantes murieron mientras trataban de cruzar la frontera México-EEUU.

El informe también describe como las comunidades indígenas son particularmente vulnerables a la discriminación y otros abusos derivados de la implementación de estas normas migratorias. Las personas indígenas, cuyos territorios tradicionales y comunidades culturales son atravesados por la frontera México-EEUU, necesitan cruzarla frecuentemente. Estas personas son intimidadas y acosadas regularmente por policías fronterizos por hablar poco español o inglés y por tener solamente documentos de identificación tribales.

La proliferación reciente de leyes estatales que ponen en la mira a las personas migrantes, las coloca en un mayor riesgo de discriminación y les impide acceder a sus derechos a la educación y servicios esenciales salud. Además, los programas de inmigración federal que incluyen a la policía estatal y local en la implementación de las leyes de inmigración, coloca a quienes pertenecen a comunidades latinas, indígenas y de color a lo largo de la frontera en riesgo de ser víctimas de prácticas discriminatorias. Prácticas como la identificación y retención arbitraria a individuos basándose en su etnicidad percibida se han convertido en comunes.

“El reporte de Amnistía Internacional revela vívidamente la crisis de derechos humanos que está ocurriendo en la frontera,” expresó Saúl Hernández, cantante principal del grupo de rock mexicanoJaguares y activista de Amnistía Internacional. “Los migrantes están muriendo al cruzar la frontera y nadie se hace responsable. Miles de mujeres y niños son víctimas de trata de personas hacia Estados Unidos y son cruelmente abandonados en el limbo, y a pesar de esta situación no se hace lo suficiente para prevenirlo. Necesitamos que los oficiales públicos reconozcan esta crisis ahora.”

Amnistía Internacional solicita a las autoridades estadounidenses; locales, estatales y federales la suspensión de la aplicación de las políticas migratorias en tanto no se determine si pueden ser implementadas de manera no discriminatoria.

Así mismo es fundamental que las autoridades se aseguren que ninguna política  tenga el efecto directo o indirecto de poner en riesgo la vida, salud o integridad de las personas migrantes.

Finalmente Amnistía Internacional llama al gobierno estadounidense a garantizar seguridad y justicia a quienes han sido víctimas de trata  y que toda persona migrante tenga un acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

COMERCIO IRRESPONSABLE DE ARMAS

Cada año más de medio millón de personas mueren víctimas de las armas de fuego en el mundo. Laproliferación de armas y la falta de control en su comercio agravan las principales crisis de derechos humanos en el mundo, desde conflictos armados a violencia de género o el uso de niños soldados.

En fechas recientes Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de la transferencia de armas deEstados Unidos a Egipto y de Rusia a Siria a pesar de la represión contra la población civil que se da en estos dos países. Estos casos ponen en evidencia la ineficiencia de la actual regulación del comercio de armas para proteger los derechos de las personas.

Amnistía Internacional considera que la adopción de un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo contribuirá a disminuir el riesgo de que el armamento sea utilizado para cometer serias violaciones a derechos humanos. Por ello, Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones ha trabajado en los últimos años para impulsar este Tratado sobre el Comercio de Armas.

La presión de la sociedad civil logró que en 2009 se iniciasen conversaciones para la redacción de este Tratado internacional. Desde entonces se han realizado negociaciones que deben finalizar en julio de este año en Nueva York.

A pesar del gran apoyo internacional a un tratado que contenga salvaguardas eficaces de derechos humanos, que sirvan para impedir que lleguen armas a países dónde se podrían usar para cometer violaciones de derechos humanos, un reducido grupo de países se oponen a contar con un texto efectivo. Por ello Amnistía Internacional lanzó hoy su campaña “No más armas para atrocidades”, en la que a través de la web www.nomasarmas.org personas de todo el mundo pueden pedir a los líderes mundiales que garanticen que el tratado sea efectivo para proteger los derechos humanos.

México, como país que sufre los efectos de la violencia y el descontrol de las armas, puede jugar un papel clave en lograr que se firme este Tratado como instrumento de respeto a los derechos humanos. Recientemente el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo apoyando el Tratado e instando al gobierno de México a asegurar que contenga normas eficaces para la protección de los derechos humanos.

Amnistía Internacional hace además un llamado a la ciudadanía mexicana para apoyar esta campaña enviando a los presidentes de los principales exportadores de armas del mundo (Estados Unidos,Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), un claro mensaje de apoyo al control en el comercio de armas.

Amnistía Internacional que el Tratado incluya:

• Normas firmes que protejan los derechos humanos y eviten que las armas se envíen a quienes, con mayor seguridad, las utilizarán para cometer graves violaciones de esos derechos;
• A todos los tipos de armas, municiones y otro armamento;
• Normas claras de aplicación y vigilancia del Tratado, con la obligación de presentar informes para garantizar su cumplimiento.

Con esta iniciativa Amnistía Internacional pretende acercar las opiniones de personas de todo el mundo a los negociadores que en julio deberán decidir si se llega a un acuerdo que sería histórico en la defensa de los derechos humanos.

Información adicional:

Amnistía Internacional lleva haciendo campaña desde la década de 1990 para lograr la aprobación de un tratado global que establezca una normativa para regular de manera estricta el comercio internacional de armas.

El Tratado sobre el Comercio de Armas ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones y personalidades, incluyendo varios premios Nobel de la Paz. También ha contado con el apoyo explícito de diferentes países, incluyendo México. Durante el encuentro que mantuvieron el presidente Calderón y el Papa Benedicto XVI durante la visita de este último a México, ambos mandatarios expresaron su apoyo a un Tratado sobre el Comercio de Armas.

El Senado de la República aprobó el pasado 13 de marzo un punto de acuerdo en apoyo del Tratado, que contiene las principales reivindicaciones de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional considera que para que el tratado sea útil en la defensa de los derechos humanos, los estados no deben sólo apoyar el tratado, sino asegurar la inclusión de normas que:

-          Impidan las transferencias internacionales de armas convencionales cuando haya un riesgo sustancial de que las armas probablemente se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.

-          Incluyan todo tipo de armas, municiones, armamento y materiales convencionales con uso potencialmente letal y sus piezas, componentes y accesorios, así como la maquinaria, las tecnologías y los conocimientos para su fabricación, desarrollo y mantenimiento.

-          garanticen la aplicación plena y clara del Tratado, como sistemas nacionales de autorización y concesión de licencias y sanciones, con un mecanismo efectivo para vigilar su cumplimiento.

Con estas normas Amnistía Internacional espera que si existe un riesgo considerable de que las armas exportadas a otro país contribuyan a que se cometan graves abusos de derechos humanos, dichos envíos deben impedirse.

Desaparición forzada, un delito de Estado ignorado y minimizado

Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno de México a especificar las medidas que tomará para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias sobre México que fueron presentadas el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

El informe del Grupo de trabajo resalta las terribles dimensiones de esta grave violación a los derechos humanos en México y la carencia de una política por parte de las autoridades para prevenirla y sancionarla.

Desde las organizaciones de familiares de desaparecidos así como desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha denunciado la desaparición de miles de personas. La gran mayoría de estas denuncias no han sido investigadas de forma debida para esclarecer los hechos lo que ha obstaculizado determinar la posible participación de funcionarios del Estado, siendo este participación lo que determinaría que se trata de una desaparición forzada y por lo tanto de un crimen de Estado.

El informe demuestra que la impunidad que siguen gozando los responsables por las desapariciones forzadas sistemáticas de la “guerra sucia” de los años 70 y 80, es  un factor central que ha permitido que la desaparición vuelva  a ser un patrón recurrente en el actual contexto de violencia. La impunidad y la falta de acceso a justicia para los familiares siguen siendo elementos comunes.

La negativa de las autoridades a reconocer las verdaderas dimensiones del fenómeno y la participación de funcionarios públicos en estos delitos, sea por comisión u omisión así como colusión con el crimen organizado, han permitido que se extienda a muchas partes del país. El hecho de que ni a nivel federal o estatal se haya establecido un marco legal conforme con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada es un fuerte indicador de la inacción oficial ante estas graves violaciones de derechos humanos y la falta de una política integral.

El informe también destaca la ausencia de investigaciones sobre la desaparición de miles de personas durante la violencia padecida en últimos años cuyo paradero sigue sin esclarecerse. A su vez, el informe aborda el trato negligente y discriminatorio que han recibido algunos familiares que acuden a las autoridades. La falta de investigación, en muchos casos ha servido como justificación a las autoridades para no tratar los casos como posibles desapariciones forzadas sino secuestros cometidos por grupos del crimen organizado. El Grupo de Trabajo no ignora el papel de los grupos delictivos pero recalca que la obligación de las autoridades es primero investigar y localizar a las víctimas para poder identificar a todos los responsables y determinar si es una desaparición forzada. Es una obligación fundamental del Estado mexicano garantizar el trato digno de los familiares y su acceso a la justicia y a la verdad.

Amnistía Internacional considera positivas las recientes noticias sobre la iniciativa para establecer una base de datos que registre  los casos de personas desaparecidas. Sin embargo, el Estado mexicano no podrá felicitarse por esta iniciativa hasta que no haya dado lugar a un mecanismo eficaz y accesible, para las familias que permita la realización de investigaciones completas e imparciales.

Ante la presentación del informe el gobierno mexicano reaccionó destacando el cumplimiento de la obligación de excluir de la jurisdicción militar los casos de violaciones de derechos humanos, una recomendación reiterada por el Grupo de Trabajo. A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno anuncie un cambio que todavía no se ha concretado en la realidad. En la práctica, la justicia militar sigue reclamando la jurisdicción en casos concretos y muchos agentes del Ministerio Público Federal niegan su obligación de investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas como la desaparición forzada con el argumento de que no se ha publicado ninguna reforma en el Diario Oficial. Ante esta situación, es prematuro argumentar que el gobierno haya cumplido.  

Arturo Ávila Salazar

Comunicación y Proyectos Tecnológicos
Amnistía Internacional México

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