Amnistía Internacional llama a aprobar Ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos

• Miles de personas llaman al senado a aprobar la Ley de Protección a defensores y periodistas a través de Twitter.
  

Amnistía Internacional (AI) hace un llamado al Senado de la República (Senado) para que se apruebe cuanto antes la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Dicha iniciativa se presentó ante el Pleno del Senado el pasado 15 de marzo y AI considera su aprobación esencial para garantizar que quienes protegen derechos humanos o se ejercen el periodismo puedan recibir medidas adecuadas de protección ante las amenazas y agresiones que se suceden en diferentes partes del país.

En los últimos años la situación que deben afrontar las y los defensores de derechos humanos y periodistas en se ha degradado notablemente. Así, y según recogen datos de la ONU, México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, con al menos 66 periodistas asesinados en los últimos 10 años. En el caso de las y los defensores de derechos humanos, organizaciones civiles nacionales e internacionales han reportado al menos 61 asesinatos entre 2006 y 2010. A estas cifras deben añadirse otros abusos graves tales como desapariciones, ataques, secuestros y amenazas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reportado un incremento de cerca del 180% en los expedientes de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos durante los últimos años, pasando de una media 21 al año entre 2005 y 2009 a 48 expedientes en 2010 y 59 en 2011.

Organizaciones de la Sociedad Civil y miembros del Senado colaboraron en la elaboración  de la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue presentada el pasado 15 de marzo con un apoyo sin precedentes, al contar con la firma de más de 70 miembros del Senado pertenecientes a  todos los gruposparlamentarios. Además, el gobierno federal ha calificado, en palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores, esta iniciativa de Ley como complementaria a la reciente reforma constitucional que federaliza los delitos contra periodistas.

AI considera que el que México cuente con mecanismos efectivos para proteger a quienes defienden derechos humanos o se dedican a informar, es esencial para garantizar a su vez derechos humanos a toda la sociedad.

La organización hace un enfático llamado  al Senado para  dictaminar y aprobar en pleno cuanto antes la esta iniciativa de Ley, de forma que pueda ser aprobada antes del término del actual periodo de sesiones.

En los últimos días miles de personas han secundado la campaña lanzada en Twitter por Amnistía Internacional y otras organizaciones para pedir a los miembros del Senado la urgente aprobación de la Ley, utilizando para ello el hastag #LeyProtección.

Además, las iniciativas de recogida de firmas en apoyo de mecanismos efectivos de protección para defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas que ha lanzado Amnistía Internacional suman ya más de 20,000 firmas a través de la página www.defiendeles.org

EXIGEN LEY SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS

Desde el 19 de enero, el gobierno estatal y la asamblea legislativa de Nuevo León, en el norte de México, están examinando un proyecto de ley para tipificar como delito la desaparición forzada. Con 50.000 personas muertas y miles desaparecidas en México desde 2006, esta es una oportunidad crucial para aumentar las probabilidades de que se haga justicia para las personas que son secuestradas y desaparecen. 

Esta semana, la asamblea legislativa del estado de Nuevo León, en el norte de México, examinará un proyecto de ley para tipificar como delito en el código penal del estado la desaparición forzada. Es fundamental que el delito de desaparición forzada se codifique de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos con el fin de garantizar que se cuenta con medios legales efectivos para combatir este grave delito de derechos humanos. En los últimos años, los informes sobre casos de desaparición forzada en los que han estado implicados funcionarios públicos han aumentado considerablemente, pero la impunidad para los implicados sigue siendo la norma. La ausencia de un delito por el cual investigar adecuadamente y enjuiciar a los funcionarios públicos implicados en la detención o el secuestro de personas, y la negativa a proporcionar información sobre el paradero o la suerte de dichas personas, constituyen un importante obstáculo para llevar a los responsables ante la justicia, determinar el paradero de los desaparecidos y garantizar plena reparación a las víctimas.

Las organizaciones locales de derechos humanos de Nuevo León han documentado cientos de casos de personas que han sido secuestradas y han desaparecido en el contexto de la lucha entre los carteles de la droga por controlar las rutas de suministro en el estado, y de las medidas tomadas por las autoridades, que frecuentemente dan lugar a violaciones de derechos humanos. 

La policía municipal y estatal a menudo es cómplice de las bandas delictivas. Las organizaciones de derechos humanos calculan que, en el 40 por ciento de los secuestros perpetrados en el estado, hay funcionarios públicos implicados directa o indirectamente.

México ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece que el país debe tomar las medidas necesarias para garantizar que la desaparición forzada constituye delito en virtud de su legislación penal. Sin embargo, hasta el momento México no ha formulado declaraciones cruciales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con el fin de reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de personas, o en favor de personas, que alegan haber sido víctimas de desaparición, y también comunicaciones de otros Estados a este respecto.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

• instando al gobierno y la cámara legislativa del estado a acordar y aprobar reformas que tipifiquen como delito la desaparición forzada, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos;
• instando a las autoridades estatales a investigar y hacer rendir cuentas de sus actos a todos los funcionarios públicos implicados en desapariciones forzadas, de acuerdo con las obligaciones contraídas por México en materia de derechos humanos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Desde que el presidente Calderón ocupó su cargo en diciembre de 2006, casi 50.000 personas han muerto de forma violenta en el contexto de la lucha de los carteles de la droga por controlar el territorio, y de la respuesta de las fuerzas de seguridad pública. En los dos últimos años, la violencia se ha propagado dramáticamente al estado de Nuevo León, y especialmente a su capital, Monterrey. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de desaparición forzada y homicidio ilegítimo en los que estaban implicados funcionarios públicos.  

México es un Estado federal, en el que cada uno de los 31 estados y el Distrito Federal cuentan con su propia jurisdicción y código penal. En la actualidad, la competencia para investigar y enjuiciar los delitos de desaparición forzada, detención ilegal o secuestro en los que están implicados funcionarios estatales o municipales recae en los estados, no en las autoridades federales. 

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2012, A: 

C. Lic. Rodrigo Medina de la Cruz

Gobernador del Estado de Nuevo León

Correo-e.: gobernador@nuevoleon.gob.mx

Fax: +52 81 83 449877

Tratamiento: Sr. Gobernador
 

Prof. Jorge Santiago Alanís Almaguer

Presidente de la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura del  Congreso del Estado de Nuevo León

Correo-e.: jorgesantiagoalanis@hotmail.com; 

jorge.alanis@congreso-nl.gob.mx

Fax: +52 81 8150 9500 (ext. 1642)

Tratamiento: Sr. Diputado
 

Lic. César Garza Villarreal

Presidente de la Comisión de Justicia y

Seguridad Pública de la LXXII Legislatura del

H. Congreso del Estado de Nuevo León.

Correo-e.: cesar.garza@congreso-nl.gob.mx

Fax: +52 81 8150 9500 (ext. 1642)

Tratamiento: Sr. Diputado

Los derechos laborales en la etapa panista

José Sobrevilla / Noticias del Empleo

sobrevill@yahoo.com.mx

¿Se ha preguntado usted si los trabajadores tienen derechos humanos? El aumento de la inseguridad y su combate por el Ejecutivo federal ha restado importancia a la violencia que viven los trabajadores y empleados de este país. La paz laboral de la que hablan las autoridades del Trabajo, está llena de acciones y omisiones que han desencadenado una etapa de vejaciones que ya despiertan el interés de organismos internacionales. Antes de caer en los ejemplos, dejemos claro que se consideran derechos humanos laborales a “las condiciones de vida indispensables y mínimas que deben garantizar la libertad e igualdad de los trabajadores. No es únicamente la facultad de formar sindicatos, elegir representantes y votar por lo que convenga”.

Los derechos humanos laborales van más allá de normas legales y garantías sociales. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos los define como “las garantías que requiere un ciudadano para desarrollarse de manera integral y plena en la vida social como persona, como un ser dotado de sentido y racionalidad” y dan comienzo en el momento en que se inicia un contrato para prestar un servicio personal subordinado a cambio de un salario.

¿Qué otra características tienen? Son inherentes, o sea que no se separan de las personas que dependen de un trabajo para vivir. Integrales, porque se encuentran relacionados entre sí, lo que significa que si uno de éstos es violado, los demás derechos laborales también se ven afectados. Son irrenunciables porque forman parte del ser humano, y no se puede renunciar a ellos, transferirlos o prestarlos, y mucho menos negarlos. Una última característica es que durante el tiempo en que alguien dependa del trabajo para vivir o desarrollarse, son exigibles.

Como podemos ver, el solo desglose del término habla de una gran ausencia de ellos en nuestro país. En términos humanos, ha sido doloroso para una gran parte de la población el haber otorgado un voto de confianza a quien ofreció abanderar las causas laborales y dotarlos de empleos dignos. No lo digo yo; ésta ha sido la conclusión a que llega el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en su informe 2010 sobre violaciones a los derechos humanos laborales:

“El decenio panista es una década perdida para los trabajadores(as) del país, lo que en términos humanos significa sufrimiento e indignidad”. Es decepcionante porque “el anuncio de la transición democrática implicaba llevarla al terreno de lo sindical y abrir un período floreciente para la democracia sindical y el desmantelamiento del corporativismo; no ocurrió así: por decirlo en forma coloquial, perdonaron a los charros, contradiciendo su doctrina y principios”.

Consigna el organismo –y no le falta razón– que el panismo, en los hechos, adoptó la visión y el interés empresarial sin el menor acatamiento del principio enarbolado del bien común. Sin embargo, el problema no es sólo del panismo, acota el informe. Para las cuestiones de los derechos humanos laborales, “la alternancia sólo vino a agudizar y profundizar lo que el PRI sembró en los ámbitos laborales”. Y enumera: “precarización creciente, insuficiente creación de empleos y ahondamiento de mala calidad de los mismos, disminución de derechos para los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, falta de respeto a la libertad sindical, etcétera”.

No está por demás recordar que desde 1998, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo; sin embargo, de una manera que ha llegado a despertar suspicacias, la regulación internacional ha permitido que los países miembros, incluso ratificando dicha declaración, han violado principios como el respeto a la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Violencia laboral azul. Para el Informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, consigna el Cereal, se ha tomado en cuenta que “los esfuerzos organizativos de los trabajadores (sea conformando sindicatos independientes, en recuentos de titularidad o estableciendo corrientes democratizadoras), son llevados a cabo, indistintamente, en un clima de violencia moral y/o física.

“En más de una ocasión se han materializado amenazas de agresiones físicas que atentan contra la integridad de las personas, así como amenazas en contra de activistas sindicales y sus familias”.

Por ejemplo –se cita en el informe–, “en 2005 conocimos las reivindicaciones de estabilidad en el empleo (trabajadores del Centro Nacional de las Artes y de Acamex); afectaciones al salario suficiente con la determinación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y los embates contra las pensiones (casos del Instituto Mexicano del Seguro Social y Colegio de Bachilleres); precarización de las condiciones de trabajo (diversos casos de empresas maquiladoras, y trabajadores del magisterio)”.

Con cuatro renovaciones de dirigencias del Congreso del Trabajo, se ejemplifica la persistencia de prácticas contrarias a la organización auténtica de los trabajadores. “Las reacciones de diversos trabajadores ante la persistencia de la práctica ilegal de las juntas de conciliación y arbitraje de declarar la inexistencia de las huelgas con motivos superficiales sin base jurídica nos lleva a volver nuestra mirada al deplorable estado de la justicia laboral en nuestro país (crisis vivida en Ciudad Juárez, en particular) y los esfuerzos de trabajadores petroleros por encontrar justicia contra el fraude en sus elecciones sindicales”.

Sería ocioso revivir cada uno de los momentos en que han sido vulnerados los derechos humanos laborales durante el panismo. Baste señalar –en 2006– el conflicto poselectoral e ilegitimidad de Felipe Calderón como presidente, además de la no resolución de ciertos problemas (trabajadores de SICARTSA, ejidatarios de San Salvador Atenco, maestros de la Sección 22 del SNTE y las organizaciones sociales que conforman la APPO). 65 mineros mueren en la mina Pasta de Conchos y el gobierno federal encubre a Minera México de Grupo México, para llegar en 2007 al asesinato de Reynaldo Hernández en Nacozari, Sonora, mientras las autoridades protegían a los asesinos que manejaban camiones de Mexicana de Cobre.

Este informe, el cual curiosamente ha sido poco difundido, hace hincapié en que hoy se vuelven a vivir, 2008, “violaciones que parecían ya superadas desde hace casi 100 años: encadenar el salario a la compra de productos del mismo patrón (Walmart); total ausencia de garantías de seguridad social, atención médica y estabilidad en el empleo (caso de actores y actrices); la utilización de formas de contratación que desaparecen todo derecho laboral (simulación de free lances en empresas de medios informativos).

Esto sin contar la normalización de las violaciones de derechos laborales, complicadas en el contexto de violencia asesina, que pretenden mantener impunemente en las maquiladoras de Ciudad Juárez”.

ASI SE DEBATIÓ LA REFORMA A LA LEY SOBRE TRATA DE PERSONAS

Presento a ustedes, especialmente a quienes tengan especial interés en saber que hay tras bambalinas en el teatro parlamentario, los diversos puntos de vista que manejaron nuestros legisladores y que verdaderamente causan lástima ante un asunto tan delicado. Usted tome su tiempo, lea, medite y luego fije su postura.

Reformas a la Ley sbre Trata de Personas en Mexico

NUEVA LEY CONTRA TRATA DE PERSONAS

También se castigará a quienes anuncien y promuevan esas prácticas, bajo la cubierta de salones de masajes, servicios de acompañantes y demás.

Con 401 votos a favor y 6 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, con la que se sancionará hasta con 18 años de prisión a quien contrate publicidad por cualquier medio de comunicación y al que publique los anuncios que busquen promocionar, difundir y facilitar esta práctica delictiva.

Es así que la reforma anexa un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en la que se fundamenta que este delito se sancionará de seis a doce años de prisión y con multas de hasta mil quinientos días; pena que se agravará hasta dieciocho años de prisión y dos mil doscientos cincuenta días, si es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad.

El dictamen argumenta la urgente necesidad de establecer legalmente las medidas preventivas que inhiban la trata de personas, a través del desarrollo de bases legales de una política de colaboración y sensibilización con los medios de comunicación, a fin de evitar la trata de personas, toda vez que lacera de manera especial a los grupos más vulnerables de la sociedad.

Se alerta que la trata de personas es un delito que constituye un brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos, por lo que es un problema de orden público mundial. “La vulnerabilidad de algunos grupos sociales es aprovechada por organizaciones delictivas para extender sus redes de tráfico de personas para la explotación sexual”, argumenta.

En la exposición de motivos, se explica que los anuncios publicitarios de prostitución constituyen una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado,

Por lo anterior, se afirma que estos medios publicitarios fomentan la práctica del delito de trata de personas, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, es decir, la trata de personas.

Se establece que el desarrollo de nuevas tecnologías ha contribuido a acrecentar este problema, toda vez que no existe una prohibición a la publicidad que tenga contenidos pornográficos.

Igualmente, se adiciona un inciso a la fracción III del artículo 13 de esa disposición para que la Comisión Intersecretarial de manera preventiva, en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, fomente acciones tendientes a monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio no contravengan lo dispuesto.

Reformas

Los legisladores incorporaron a la ley el capítulo V, denominado “Publicidad”, donde para efectos de la aplicación definen ésta como “toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industria, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”.

Además, en las consideraciones de la reforma que será turnada próximamente a la Cámara de Senadores se asienta que “los términos de publicidad ilícita o publicidad engañosa son conceptos transversales que pueden ser aplicados a muchas otras materias, tales como el derecho de los consumidores”.

Por su parte, los diputados del Partido del Trabajo, Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña, argumentaron que las reformas son contrarias a la libertad de expresión porque se aplican contra los medios impresos o electrónicos.

La adición del artículo cinco en la ley para prevenir y sancionar la trata de personas queda así: “La persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona (no especifica cargo) que publique anuncios que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata de personas, será sancionada conforme a los dispuesto en el artículo 6 de esta ley”.

CORRUPCIÓN: BANDERA DE GUERRA ELECTORAL

El presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, acusó que en tres años (2006-2009) la administración del presidente Felipe Calderón convirtió, en promedio, a cinco mexicanos en pobres cada minuto.

En su segunda conferencia de prensa en la sede nacional del PRI, Moreira Valdés aseguró que cuando el presidente Felipe Calderón asumió el poder en 2006, nuestro país tenía 44.7 millones de pobres, y de 2006 a 2009 la cifra de pobreza se incrementó en más de 10 millones.

Sustentó sus afirmaciones con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Banco Mundial, y afirmó que la administración panista, de 2006 a 2008 sumó a 5.9 millones de mexicanos a la pobreza y de 2008 a 2009 a 4.2, lo que equivale a 10.1 millones de connacionales en esta condición, y en suma equivale a 54.8 millones de mexicanos que viven actualmente en pobreza.

“Esto es, ¿qué tanto son 10.1?, ¿qué tanto son más de 10 millones? Es la suma de nueve entidades del país juntas; toda la población la sumamos y nos da eso. O de cuatro países, si la sumáramos toda. O llenar 92 veces el Estadio Azteca. A eso equivale la cantidad de mexicanos que pasaron a la pobreza”, refirió el priísta.

De acuerdo con éstas cifras, Moreira aseguró que la administración de Calderón llevó —en tres años— a 7 mil mexicanos a la pobreza por día; a 292 por hora y a cinco por minuto.

Criticó que el Coneval —organismo encargado de revelar las cifras de pobreza—, no ha dado a conocer la actualización de las cifras de pobreza de 2010, porque a estas fechas ya debería tenerse pues “los datos pueden variar y ser más graves aún, porque no se han dado a conocer los resultados”.

Que AN dé la cara

Humberto Moreira cuestionó: “¿Por qué el PAN no da la cara? ¿Por qué calla y no da la cara en el tema de pobreza? Es cierto, está el tema de seguridad, pero siempre está el tema de seguridad, y nada más está el tema de seguridad. El tema de la pobreza está ausente, cuando es, desde mi punto de vista, el más severo”.

Por ello, llamó al primer mandatario y a las distintas fuerzas políticas del país a convertir de manera urgente en la prioridad nacional el tema de los pobres y pidió al Coneval a revelar las cifras que faltan.

“Convocamos a que con el señor Presidente de la República construyamos de manera respetuosa, pero clara, firme y urgente, el poder llegar a acuerdos, y uno de ellos es frenar el deterioro de la economía familiar de los mexicanos”, expresó el dirigente.

A pesar de que solamente queda un año y nueve meses para que el presidente Felipe Calderón Hinojosa concluya su administración, el coahuilense confió en que se puede llegar a un acuerdo en este tema.

“Enfrentarnos y decir cuáles son los seis, 10 temas que tenemos por México todos los partidos. En primer lugar, no estar en una descalificación. Podemos debatir para construir una propuesta, pero ¿qué tenemos qué hacer todos juntos para que esto salga?”.

CALDERÓN VA POR CORRUPTOS

El presidente Felipe Calderón fustigó a los políticos del pasado que amasaron fortunas al amparo del poder.

"La política, más allá de ser el arte del poder, más allá de ser el arte del dominio, lo que debe ser es el arte del bien común o de las buenas obras", dijo ante la comunidad judíade México.

"Y precisamente lo que le ha hecho falta a este país, a este gran país, es buena política, política orientada al bien común.

"Y le han hecho falta políticos orientados al bien común, no al bien personal o al partido o peor aún a las fortunas inmensas que se han hecho en México, al abrigo del poder y lo sabemos.

"Lo que hace falta es hacer el bien desde el poder público y para ello se requiere precisamente principios", aseveró.

Así contestó al joven Elías Massali Bissu, quien pidió empleos para que no haya violencia y escuela para niños y jóvenes.

El mandatario volvió a recriminar que los estados no hayan creado unidades especiales antisecuestro ni centros de control de confianza para policías.

INICIATIVAS 

ANTI CORRUPCIÓN

El presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó dos iniciativas de ley para combatir la corrupción en México. Se propone incrementar las sanciones contra empresarios y servidores públicos que otorguen contratos ilegales o participen en licitaciones a modo y promoverá la denuncia ciudadana a través de recompensas que saldrán de los ahorros de la Secretaría de la Función Pública.

Las empresas podrán ser sancionadas hasta con el 35% del monto que haya sido objeto del contrato ilegal y no podrán concursar en una licitación hasta durante 8 años.

En el caso de las sanciones a personas físicas habrá una sanción económica de hasta 2.8 millones de pesos e inhabilitación para ser proveedor del gobierno hasta por 5 años.

En el caso de personas morales, habrá una sanción económica de hasta 114.9 millones de pesos y una inhabilitación para ser proveedor del gobierno hasta por 8 años.

Para promover la denuncia entre funcionarios públicos, quien esté involucrado en una conducta irregular y denuncie a otros participantes, podrá reducir su sanción hasta en un 50%.

Si iniciado el procedimiento el presunto infractor confiesa la comisión de la conducta irregular, se podrá disminuir la sanción hasta en un 30%.

Todas estas sanciones estarán contenidas en la  nueva "Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas".

En cuanto a la modificación de la Ley para la Protección de Denunciantes, la Secretaría de la Función Pública propone en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos las siguientes modificaciones:

Se tendrá la posibilidad expresa de presentar denuncias anónimas, se establecerán los requisitos que debe contener una denuncia, las instituciones públicas tendrán la obligación de entregar la información en las investigaciones, y por otra parte, tendrán la atribución para solicitar información a personas físicas y/o morales con el fin de llevar a cabo las investigaciones.

La dependencia tendrá además la facultad de suspender precautoriamente a los servidores públicos que interfieran en la investigación o que inhiban a los denunciantes y se propone la creación de un sistema de incentivos para la denuncia que contempla, entre otros, la disminución hasta en un 50% de la sanción por autodenuncia o denuncia de otros funcionarios que comentan actos irregulares.

Además proponen la creación de un Fondo de Recompensas, en el que se destinarán los ingresos que se obtengan por sanciones económicas, con el fin de incentivar la denuncia.

También se agilizará el proceso de evolución patrimonial de acuerdo a los criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se propone hacer modificaciones al Código Penal para establecer mecanismos de protección a los denunciantes. (Con información de El Universal y Agencias)

LA ESTRATEGIA DE CALDERÓN

AHORA EN CONTRA DEL LAVADO DE DINERO

Por Salvador Mejía

El 27 agosto 2010 el Presidente Felipe Calderón remitió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas para la creación de una la Ley Contra el Lavado de Dinero en el marco de la llamada “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”.
Dicha iniciativa contiene, según el Gobierno Federal, la creación de leyes como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, así como reformas a 13 ordenamientos complementarios como a los Códigos Fiscal de la Federación, Penal Federal y de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de igual manera la iniciativa busca, en teoría, solucionar el caos que prevalece en las Leyes de Instituciones de Crédito; Mercado de Valores; Sociedades de Inversión; de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; del Ahorro y Crédito Popular; de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las de Uniones de Crédito; del Sistema de Ahorro para el Retiro y para regular a las Agrupaciones Financieras en todas sus modalidades.
De la lectura de la iniciativa se advierten meas culpas y se asignan responsabilidades, por ejemplo se admite que no es posible “estimar el monto de dinero que se lava en México” debido a la ausencia de “una metodología confiable”, pero se le adjudica a los Estados Unidos su parte de responsabilidad por ser los mayores consumidores del mundo y, por lo que entiendo, su falta de control en sus fronteras al permitir que un número no determinado de personas transporte Dólares producto del narcotráfico de Estados Unidos a México sin ser detectados.
Ahora bien, más allá del contenido en la exposición de motivos de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo es necesario señalar, con la información disponible al momento, los pros y contras de la estrategia.
Como lo señalé en mi artículo “EL DÍA QUE EL PRESIDENTE FUE VENCIDO”
http://mexicobajofuego.wordpress.com/2010/08/18/el-dia-que-el-presidente-fue-vencido/ el mayor error del Presidente Calderón fue el haber iniciado una campaña en contra de la delincuencia organizada sin tener la planeación, herramientas jurídicas y técnicas necesarias para poder vencer; en el campo jurídico definitivamente la estructura era endeble, más allá de lo dispuesto en los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (como las de mayor relevancia entre las relativas a las aplicables para Seguros, Centros cambiarios etc.), se requerían normas mucho más enfocadas a la realidad y, por encima de todo, que subsanaran errores y lagunas jurídicas; luego entonces apoyo plenamente que el marco jurídico sea actualizado para apuntalar la lucha contra la delincuencia organizada.
Un avance significativo es que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, bajo sus nuevas facultades, investigará los casos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo mediante el intercambio de información, a decir del Gobierno Federal, con otras dependencias aunque como me fue comentado en septiembre de 2009 (antes de la publicación de la nueva Ley de la Policía Federal) la Policía concentraría toda la información para poder presentar ante el Ministerio Público Federal una investigación perfectamente estructurada para lograr rebatir uno de los señalamientos (38 en total) del Financial Action Task Force (FATF) contenido en la “Mutual Evaluation Report –Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for México” liberado en Octubre de 2008, respecto del ínfimo numero de sentencias condenatorias en los procesos judiciales relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita (el dato puede ser consultado en “Is really the 2008 Financial Action Task Force Report for México faultless?” http://mexicobajofuego.wordpress.com/2010/05/19/is-really-the-2008-financial-action-task-force-report-for-mexico-faultless/). El hecho de que sea la Policía Federal la que tome las riendas en estas investigaciones no es un caso aislado, de hecho así es como opera en los estados Unidos: el Federal Bureau of Investigations (FBI) recopila la información e integra la investigación para el General Attorney.
Por otro lado, en el apartado de “Supervisión Basada en Riesgo y Procedimientos Eficaces” se habla de mecanismos para asegurar activos, obviamente estamos ante la probable implantación de una “Ley de extinción de dominio” a nivel Federal, la cual es más que indispensable pero que requiere ser redactada con una técnica jurídica impecable o nos podríamos enfrentar al problema que el Gobierno del Distrito Federal tiene entre manos: la Ley fue redactada y aprobada al vapor por la Asamblea de Representantes del D.F., por lo que la Consejería Jurídica del D.F. sabe que no puede pelear una sentencia de extinción de dominio que llegue a la fase del Juicio de Amparo ya que se corre el riesgo de que el particular gane el Amparo y se cree Jurisprudencia en contra de la Ley.
En este mismo apartado surge, por fin, la posibilidad para que la ciudadanía tenga acceso a la información que le permitan a la ciudadanía conocer los instrumentos y los resultados de las acciones emprendidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sin comprometer la información de inteligencia ni dañar garantías constitucionales; espero sinceramente que dentro de esta información esté contemplado el acceso a tipologías a manera de informar y proteger.
Ahora bien, respecto del marco normativo propuesto es donde comienzan los problemas ya que todo parece indicar que el Gobierno Federal tiene una vez más la intención de enfocar sus acciones hacia el fortalecimiento del sistema financiero por encima del sistema económico; si bien se pretende eliminar el gran agujero negro creado para las entidades financieras no reguladas, ahora todo parece indicar que se buscará sujetar a un régimen de prevención de operaciones de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a centros de juegos y apuestas; oferentes de préstamos no financieros; emisores de tarjetas de pagos o servicios no bancarias; agencias inmobiliarias, automotrices y constructoras; joyeros profesionales; empresas de blindaje; fedatarios públicos, abogados y contadores; transportadoras de valores; galerías y subastas de arte; prestadores de servicios profesionales a personas morales; y todas aquellas personas con alto riesgo de ser utilizadas en esquemas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, según determinación de la SHCP; es imposible no ver la similitud entre esta propuesta y apartados específicos de la US Patriot Act.
El problema de este apartado es que en los procesos de negocios de personas y empresas se deberán incluir apartados de due dilligence, lo cual en la realidad implica el revisar los antecedentes de las personas o empresas con las cuales realizan operaciones comerciales y, dado el caso, deberán cerciorarse de la “licitud del origen de los recursos”, mala decisión ya que con eso si bien están pavimentando un posible Juicio de Extinción de Domino están acabando con la figura del “comprador de buena fe” o sus equivalentes.
Me pregunto si los redactores de la propuesta están tomando en consideración lo ocurre en las comunidades donde las comunicaciones están siendo “cortadas”, se de casos en Hidalgo donde integrantes de la delincuencia organizada compran “voluntariamente a fuerzas” inmuebles a sus legítimos propietarios de contado y sin regatearles un Peso, quienes por temor y necesidad se ven obligados a aceptar, me pregunto si la propuesta contempla en su apartado de “Entregas Vigiladas” (dejar correr operaciones ilícitas, con el fin de poder detectar todo el proceso y a toda la cadena de participantes) protegerán a la ciudadanía.
Por último quiero señalar que la propuesta incluye la creación de una “lista negra” por parte del Gobierno en la cual se incluirán los “nombres de los criminales —con orden de aprehensión— considerados como los más peligrosos por la Procuraduría General de la República”, lo cual espero que se cumpla conforme a la estructura de las listas negras de la OFAC, el FBI o de la Consolitated List of Financial Sanctions para que puedan aportar valor agregado y no se quede en un mero listado.
El tema es notoriamente largo y es menester conocer los aspectos específicos de la propuesta para poder hacer una crítica feroz pero constructiva ya que, al final de cuentas, todo es a favor de México.

Fuente: http://mexicobajofuego.wordpress.com/