Política salarial y globalización

Napoleón Gómez Urrutia / La Jornada

sindicatominero@yahoo.com.mx

 Es fundamental el papel que los sindicatos pueden jugar en el mundo actual, porque nos encontramos en una economía global donde los impactos y los efectos sobre la población, las instituciones, las organizaciones sociales y las mismas empresas de todos los países, son profundos y extensos. De la misma manera los sindicatos de lucha, democráticos y avanzados juegan un papel fundamental en este escenario y pueden promover verdaderos cambios en sus sociedades y en sus gobiernos, que beneficien al país y a sus habitantes en general.

Nuestra perspectiva sobre la política salarial frente a la globalización, se basa en un análisis comparativo de las condiciones de trabajo y las percepciones económicas entre los trabajadores de diferentes países. El Sindicato Nacional de Mineros ha estado luchando durante mucho tiempo por los mejores salarios y prestaciones, lo continúa y lo seguirá haciendo, porque sabemos que las empresas pueden pagar los incrementos, y porque también tenemos muy claro que los salarios no tienen gran impacto en los costos de producción, ya que en algunas empresas no alcanzan ni siquiera al 6 y 8% del costo total, al contrario de como lo pretenden hacer creer en la cultura patronal mexicana.

En una comparación de salarios entre los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México, por una parte, y de Estados Unidos y Canadá, por la otra, encontramos que las percepciones en estos dos últimos países son 16 veces más elevados que en México. Un trabajador minero en México puede llegar a ganar en promedio hasta 20 dólares la jornada de trabajo de 8 horas, en tanto que un trabajador en Estados Unidos o Canadá gana 40 dólares la hora. De tal suerte que la diferencia entre salarios es abrumadora. Y esto hace que en el análisis comparativo no encaje el concepto de justicia económica, equidad y menos de respeto hacia los intereses de los asalariados mexicanos. Si incluimos las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores, las diferencias son abismales.

Los trabajadores mineros de México, Estados Unidos y Canadá y de cualquier lugar del mundo, desarrollan el mismo tipo de actividad, operan y producen la extracción de los minerales y los transforman con los mismos equipos y en instalaciones similares. La tecnología es más o menos generalizada y uniforme a nivel mundial. Producen los mismos materiales que se cotizan en el mercado internacional, o los mismos metales, a pesar de que los riesgos en el trabajo y en la vida misma son mucho mayores en un país como México, que en países que tienen sistemas más avanzados en materia de seguridad, salud e higiene como EU y Canadá.

Las empresas mineras, metalúrgicas y siderúrgicas mexicanas o de cualquier sector de actividad industrial no tienen una justificación económica para explicar las enormes disparidades entre los salarios que pagan en México contra los que se obtienen en Canadá, Estados Unidos y en muchas otras naciones desarrolladas. Generalmente utilizan la excusa de que el costo de la vida es más alto en esos países, pero si medimos los costos reales  comparativos, podemos afirmar que no hay una diferencia mayor al doble o en algunos casos quizá un poco más que en México, pero nunca podrán explicar o justificar la enorme distancia que los separa con los salarios al menos 16 veces más elevados que se pagan en los países más avanzados. Adicionalmente, la productividad de los mineros mexicanos es muy elevada y en muchos casos superior a la de esos países, de tal forma que no existe una explicación racional más que la avaricia y la ambición desmedida, por encima de cualquier sentido de equidad y responsabilidad social.

La explotación y la discriminación contra la mano de obra mexicana es peor aún, porque los productos finales que se obtienen de las actividades mineras y siderúrgicas se cotizan en el mercado internacional, tienen los mismos precios porque se basan en los mercados de los metales de Londres, Nueva York, Tokio o Hong Kong, o por los compradores e importadores de esos países. De esta forma, los precios finales son los mismos si los minerales se extraen y explotan en México, Canadá o Estados Unidos, o si se producen o transforman en cualquiera de estos países.

Las diferencias brutales son los niveles de explotación, sometimiento y marginación que existen y toleran los gobiernos de México en complicidad con las empresas. Ésta es una estrategia totalmente equivocada e irresponsable en materia económica, pues reduce los ingresos salariales, el poder adquisitivo, el consumo y la demanda. Y por el lado de la justicia social, no se puede ni debe permitir que se abuse de la necesidad económica de las personas para trabajar, obtener un ingreso y sostener a sus familias.

Éste es un grave error de la política económica actual, que además es injusta, cuya práctica real tendrá que cambiar en la próxima administración, como lo han hecho los gobiernos de Brasil y Argentina para incrementar la distribución justa de los beneficios del desarrollo. Hay que entrar a la globalización, sí, pero con justicia, dignidad y respeto, no sólo a los efectos negativos de la globalización, sino a la apertura de nuevas oportunidades y un mayor equilibrio para la clase trabajadora y para la sociedad en su conjunto.

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Los derechos laborales en la etapa panista

José Sobrevilla / Noticias del Empleo

sobrevill@yahoo.com.mx

¿Se ha preguntado usted si los trabajadores tienen derechos humanos? El aumento de la inseguridad y su combate por el Ejecutivo federal ha restado importancia a la violencia que viven los trabajadores y empleados de este país. La paz laboral de la que hablan las autoridades del Trabajo, está llena de acciones y omisiones que han desencadenado una etapa de vejaciones que ya despiertan el interés de organismos internacionales. Antes de caer en los ejemplos, dejemos claro que se consideran derechos humanos laborales a “las condiciones de vida indispensables y mínimas que deben garantizar la libertad e igualdad de los trabajadores. No es únicamente la facultad de formar sindicatos, elegir representantes y votar por lo que convenga”.

Los derechos humanos laborales van más allá de normas legales y garantías sociales. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos los define como “las garantías que requiere un ciudadano para desarrollarse de manera integral y plena en la vida social como persona, como un ser dotado de sentido y racionalidad” y dan comienzo en el momento en que se inicia un contrato para prestar un servicio personal subordinado a cambio de un salario.

¿Qué otra características tienen? Son inherentes, o sea que no se separan de las personas que dependen de un trabajo para vivir. Integrales, porque se encuentran relacionados entre sí, lo que significa que si uno de éstos es violado, los demás derechos laborales también se ven afectados. Son irrenunciables porque forman parte del ser humano, y no se puede renunciar a ellos, transferirlos o prestarlos, y mucho menos negarlos. Una última característica es que durante el tiempo en que alguien dependa del trabajo para vivir o desarrollarse, son exigibles.

Como podemos ver, el solo desglose del término habla de una gran ausencia de ellos en nuestro país. En términos humanos, ha sido doloroso para una gran parte de la población el haber otorgado un voto de confianza a quien ofreció abanderar las causas laborales y dotarlos de empleos dignos. No lo digo yo; ésta ha sido la conclusión a que llega el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en su informe 2010 sobre violaciones a los derechos humanos laborales:

“El decenio panista es una década perdida para los trabajadores(as) del país, lo que en términos humanos significa sufrimiento e indignidad”. Es decepcionante porque “el anuncio de la transición democrática implicaba llevarla al terreno de lo sindical y abrir un período floreciente para la democracia sindical y el desmantelamiento del corporativismo; no ocurrió así: por decirlo en forma coloquial, perdonaron a los charros, contradiciendo su doctrina y principios”.

Consigna el organismo –y no le falta razón– que el panismo, en los hechos, adoptó la visión y el interés empresarial sin el menor acatamiento del principio enarbolado del bien común. Sin embargo, el problema no es sólo del panismo, acota el informe. Para las cuestiones de los derechos humanos laborales, “la alternancia sólo vino a agudizar y profundizar lo que el PRI sembró en los ámbitos laborales”. Y enumera: “precarización creciente, insuficiente creación de empleos y ahondamiento de mala calidad de los mismos, disminución de derechos para los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, falta de respeto a la libertad sindical, etcétera”.

No está por demás recordar que desde 1998, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo; sin embargo, de una manera que ha llegado a despertar suspicacias, la regulación internacional ha permitido que los países miembros, incluso ratificando dicha declaración, han violado principios como el respeto a la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Violencia laboral azul. Para el Informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, consigna el Cereal, se ha tomado en cuenta que “los esfuerzos organizativos de los trabajadores (sea conformando sindicatos independientes, en recuentos de titularidad o estableciendo corrientes democratizadoras), son llevados a cabo, indistintamente, en un clima de violencia moral y/o física.

“En más de una ocasión se han materializado amenazas de agresiones físicas que atentan contra la integridad de las personas, así como amenazas en contra de activistas sindicales y sus familias”.

Por ejemplo –se cita en el informe–, “en 2005 conocimos las reivindicaciones de estabilidad en el empleo (trabajadores del Centro Nacional de las Artes y de Acamex); afectaciones al salario suficiente con la determinación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y los embates contra las pensiones (casos del Instituto Mexicano del Seguro Social y Colegio de Bachilleres); precarización de las condiciones de trabajo (diversos casos de empresas maquiladoras, y trabajadores del magisterio)”.

Con cuatro renovaciones de dirigencias del Congreso del Trabajo, se ejemplifica la persistencia de prácticas contrarias a la organización auténtica de los trabajadores. “Las reacciones de diversos trabajadores ante la persistencia de la práctica ilegal de las juntas de conciliación y arbitraje de declarar la inexistencia de las huelgas con motivos superficiales sin base jurídica nos lleva a volver nuestra mirada al deplorable estado de la justicia laboral en nuestro país (crisis vivida en Ciudad Juárez, en particular) y los esfuerzos de trabajadores petroleros por encontrar justicia contra el fraude en sus elecciones sindicales”.

Sería ocioso revivir cada uno de los momentos en que han sido vulnerados los derechos humanos laborales durante el panismo. Baste señalar –en 2006– el conflicto poselectoral e ilegitimidad de Felipe Calderón como presidente, además de la no resolución de ciertos problemas (trabajadores de SICARTSA, ejidatarios de San Salvador Atenco, maestros de la Sección 22 del SNTE y las organizaciones sociales que conforman la APPO). 65 mineros mueren en la mina Pasta de Conchos y el gobierno federal encubre a Minera México de Grupo México, para llegar en 2007 al asesinato de Reynaldo Hernández en Nacozari, Sonora, mientras las autoridades protegían a los asesinos que manejaban camiones de Mexicana de Cobre.

Este informe, el cual curiosamente ha sido poco difundido, hace hincapié en que hoy se vuelven a vivir, 2008, “violaciones que parecían ya superadas desde hace casi 100 años: encadenar el salario a la compra de productos del mismo patrón (Walmart); total ausencia de garantías de seguridad social, atención médica y estabilidad en el empleo (caso de actores y actrices); la utilización de formas de contratación que desaparecen todo derecho laboral (simulación de free lances en empresas de medios informativos).

Esto sin contar la normalización de las violaciones de derechos laborales, complicadas en el contexto de violencia asesina, que pretenden mantener impunemente en las maquiladoras de Ciudad Juárez”.

NI SIRVIENTAS NI FAMILIARES: SIEMPRE TRABAJADORAS

Aprobado en Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos

Las decenas de millones de mujeres empleadas en el servicio doméstico en el mundo conquistaron legalmente el rango pleno de trabajadoras mediante el tratado adoptado este jueves en la cumbre anual de la OIT.

El “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos“, aprobado por mayoría abrumadora en la Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolla en Ginebra, declara que son trabajadores los empleados y empleadas domésticas, resaltó el director general de la OIT, Juan Somavia. “Ellas no son sirvientas ni miembros de la familia“, insistió el máximo representante de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Borrow, quien saludó la convención “como una gran victoria”, puntualizó que las trabajadoras domésticas inmigrantes en el Golfo Pérsico sufren opresión y violencia. Esas mujeres provienen principalmente de Bangladesh, Etiopia, Filipinas, India, Indonesia y Sri Lanka, detalló.

Ese es el punto saliente del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos y fue el mayor obstáculo durante las discusiones, comentó a IPS Karin Pape, coordinadora de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar (IDWN). ”Significa que no somos colaboradoras, criadas o sirvientas. Por supuesto, ninguna puede ser esclava. Somos, trabajadoras”, enfatizó Pape. Somavia admitió que, pese a que el convenio resultó aprobado por 396 votos a favor, 16 en contra y 63 abstenciones, la tarea no ha sido fácil.

Martin Oelz, un jurista del área de condiciones de trabajo de la OIT, explicó que las dificultades surgieron por tratarse de un tema nuevo, que tenía como protagonista a un sector de trabajadoras y trabajadores excluidos en muchos países de las legislaciones laborales por razones históricas y también culturales. Por tanto, ese escollo debía superarse y tomó su tiempo. Basta recordar que la OIT, gobernada por un régimen tripartito de gobiernos, sindicalistas y empleadores, comenzó a encargarse del asunto en 1965. Pero ahora, en un tiempo relativamente corto de dos años, se forjó el consenso, describió Oelz a IPS.

“En primer lugar, nos encontramos con que muchos de los negociadores no concebían al trabajo doméstico como un verdadero trabajo“, recordó. ”Pero pudimos apoyarnos en la experiencia de algunos países, como Sudáfrica, que inmediatamente después del fin del régimen de segregación racial del apartheid, en 1994, adoptó una legislación para proteger a las trabajadoras domésticas, explicó.

Con esos antecedentes se llegó finalmente al texto aprobado que reconoce a este grupo de trabajadoras la dignidad y el respeto que merece, apuntó. El convenio acepta que el trabajo doméstico continúa siendo infravalorado e invisible, es realizado principalmente por las mujeres y las niñas, en gran parte provenientes de la inmigración o de comunidades desfavorecidas.

Se trata de un sector particularmente vulnerable a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, como también a otros abusos de los derechos humanos, se indica en el texto del convenio.  En una estimación basada en datos obtenidos en 117 países, la OIT calculó que se eleva a por lo menos a 53 millones el número de mujeres, niñas y hombres ocupados en el trabajo doméstico en el mundo. Sin embargo, a causa de la forma oculta en que se realiza con frecuencia esta actividad, esa cifra puede crecer hasta 100 millones.

Somavia indicó que este nuevo convenio penetra hasta el corazón mismo de la economía informal, un sector donde el déficit del trabajo decente es más marcado. Y las trabajadoras domésticas no son una excepción, apuntó. Por ejemplo, se estima que para 56 por ciento de las trabajadoras domésticas no existe una legislación que establezca un límite al período semanal de labores que deben realizar y 45 por ciento carece del derecho a un día de descanso semanal.

El convenio obligará a los estados que lo ratifiquen, y que aún no incorporaron estas pautas a su legislación, a conceder a las trabajadoras domésticas los derechos a la libertad sindical y de asociación, así como el reconocimiento de la potestad de negociación colectiva. También deberán eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la discriminación en materia de empleo y ocupación, y abolir de manera efectiva el trabajo infantil.

Los estados velarán porque las trabajadoras domésticas sean informadas sobre las condiciones de empleo, de preferencia mediante contratos escritos que incluyan los nombres de empleador y empleados, el tipo de trabajo por realizar y la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos. En el contrato laboral constará, cuando proceda, el suministro de alimentos y de alojamiento, y las condiciones de repatriación, al igual que las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales.

El convenio establece que los estados miembros del tratado están obligados a establecer un mecanismo de inspección del trabajo, con medidas que especifiquen las condiciones en que “se podrá autorizar el acceso al hogar, con el debido respeto a la privacidad”. Al fin una victoria con el reconocimiento de las trabajadoras domésticas, exclamó Isabel García-Gill, otra experta de IDWN. Ahora les toca el trabajo doméstico a los gobiernos, con la ratificación y la aplicación del convenio, señaló a IPS.

Un solo gobierno, el de Swazilandia, votó en contra del proyecto de convenio, mientras que se abstuvieron los de República Checa, El Salvador, Gran Bretaña, Malasia, Panamá, Singapur, Sudán y Tailandia, se abstuvieron. Junto con el gobierno de Swazilandia, votaron en contra del convenio los representantes de los empleadores de 15 países. En tanto que el único delegado de los trabajadores que no votó a favor sino que se abstuvo fue el de Egipto.

Los gobiernos de Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Kuwait, Omán y Qatar objetaron el carácter vinculante del tratado durante las negociaciones, pero finalmente se sumaron a la mayoría que aprobó el texto. La secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow, advirtió a la Conferencia que el movimiento obrero continuará denunciando las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas inmigrantes en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en particular de Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Borrow, quien saludó la convención “como una gran victoria”, puntualizó que las trabajadoras domésticas inmigrantes en el Golfo Pérsico sufren opresión y violencia. Esas mujeres provienen principalmente de Bangladesh, Etiopia, Filipinas, India, Indonesia y Sri Lanka, detalló.

Fuente: Periodismo Humano

LA IMPUNIDAD EN EL SECTOR MINERO

ESTHELA DAMIÁN PERALTA

Dejar que el tiempo convierta en resignación el enojo popular, es la fórmula a la que suelen recurrir autoridades de los tres niveles de gobierno en torno a tragedias como la explosión ocurrida el pasado 3 de mayo en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, donde 14 trabajadores perdieron la vida.

El hecho obliga a remontarnos en el tiempo y traer a la memoria los mil 715 mineros fallecidos por accidentes de trabajo en aquella entidad, desde el inicio de la extracción de carbón en 1828. Han transcurrido 203 años y en ese lapso lo cierto es que los concesionarios han gozado de total impunidad.

El primer movimiento cohesionado de protesta por las condiciones infrahumanas que prevalecen en ese sector, surgió a raíz de la explosión ocurrida en la mina Pasta de Conchos en 2006, en donde aún permanecen los restos de 65 trabajadores.

Según el documento denominado “Panorama Minero de Coahuila”, editado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a junio de 2010, las concesiones en el país llegaban a los 3 millones 251 mil 854 hectáreas, con 2 mil 34 títulos.

En dicho reporte, sobresale el caso de Coahuila que desde 2005 ha ocupado el primer lugar en la producción de carbón, hierro, celestita, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, dolomita, rocas dimensionables, antimonio y bismuto, y el segundo lugar en barita, fluorita, bentonita, caliza y sílice, aunque en toda esa extensa producción solo se cuente con dos inspectores para supervisar las condiciones que imperan en las minas.

La muerte de los 14 mineros en el municipio de Sabinas es un tema que se abordó en lo que fue la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde además de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas, se exhortó a las autoridades a actuar con todo rigor para evitar que este tipo de accidentes vuelvan a ocurrir. Los legisladores también asumieron el compromiso de dar seguimiento al caso.

No pudo faltar el reclamo al gobierno federal por la impunidad que reina en la industria de la explotación minera en el país. Desde la oposición se demandó fincar responsabilidades a los servidores públicos que, en complicidad con los dueños de las minas, incumplen con las medidas mínimas de seguridad o de impacto ambiental.

No faltó quien insistiera en exigirle al secretario del Trabajo, Javier Lozano, en dejar su Twitter y su campaña por la Presidencia de la República, y enfocarse en su trabajo que es garantizar la seguridad de los trabajadores mexicanos.

Pero, ¿Qué pasa con las responsabilidades por lo ocurrido en Sabinas? No hay duda de que tiene que haber consecuencias no sólo administrativas, sino penales. No es suficiente dar disculpas a diestra y siniestra cuando se pierden vidas de mexicanos por falta de seguridad laboral.

El accidente que enlutó a 14 familias mexicanas obliga a asumir la responsabilidad de los servidores públicos que, en complicidad con las empresas, atentan contra la vida de cientos de trabajadores en las minas del país.

El PRD propuso ir a fondo hacia una reforma que regule la explotación de metales en México, actividad que se desarrolla en 22 entidades y en la cual trabajan 200 mil mineros, además de impactar con el 9% del Producto Interno Bruto al 2010.

Esta es una gran oportunidad para que en la Comisión Permanente se marche a paso firme rumbo a una reforma en este sector, ello bajo la premisa de que los accidentes en las minas nunca más tengan su origen en la negligencia, en la complacencia, en la corrupción

¿Dónde estaban las autoridades responsables de advertir que en Sabinas se trabajaba de manera ilegal? Es evidente que alguien es responsable de la muerte de los 14 mineros, todos mexicanos que trabajaban para vivir, y también del destino futuro de sus viudas, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus familias, sus amigos, sus compañeros.

No, no hay lugar a la confusión. Los familiares de las víctimas merecen todas las indemnizaciones exigibles del caso. Lo que todos los mexicanos no merecen es que los causantes de su muerte permanezcan impunes, nada más que insistir que la impunidad es el mal mayor que afecta a México. 

Fuente: La Jornada de Guerrero

MINEROS: LA "TOMA DE NOTA" EN MANOS DE LA CORTE

Arturo Alcalde Justiniani

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomará pronto una decisión trascendental para el futuro de la libertad sindical en nuestro país, decidirá el alcance de la toma de nota, odioso mecanismo de control, resabio del corporativismo mexicano mediante el cual los gobiernos tanto del ámbito federal como local condicionan la personalidad jurídica de los gremios por medio del registro y la elección periódica de sus directivas.

Uno de los capítulos del conflicto entre el sindicato minero y empresarios del sector, especialmente el Grupo México, generó una controversia jurídica sobre la elección de su directiva, incluyendo su secretario general, quien fue relecto en mayo de 2008. Si no hubiera existido oposición empresarial, el tema no hubiera llegado a mayores; sin embargo, los patrones desplegaron todos sus recursos para lograr que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) negara la toma de nota, alegando que su líder, Napoleón Gómez Urrutia, no cumplía con el requisito estatutario de haber sido trabajador en los cinco años anteriores a la elección.

La causal de negativa carece de sustento, por la simple razón de tratarse de una relección. Desde 2001 se desempeñó como dirigente, habiendo cumplido en ese tiempo, a juicio de la misma STPS, los requisitos estatutarios; pero siguiendo la línea de una justicia selectiva, la dependencia impuso criterios discrecionales y promovió investigaciones oficiosas. En contraste a la política seguida con los dirigentes sindicales bien portados, negó el registro de la directiva al sindicato minero.

Sería ingenuo analizar este caso desligado de la estrategia de acoso implementado contra el sindicato minero, que ha provocado violencia, muertes, daños incalculables a los trabajadores y un gran desprestigio al gobierno por la forma tan burda en que ha actuado al servicio del sector empresarial. Basta recordar la toma de nota sustentada en documentos falsos en favor de Elías Morales en el año 2006 para acreditar la amañada conducta de la autoridad laboral.

Napoleón Gómez Urrutia

Después de un largo litigio, la disputa sobre la toma de nota fue atraída por la SCJN al considerar que se trataba de un caso de particular importancia que impone la necesidad de fijar criterios futuros, más allá del caso concreto. La Corte señala que al tomar su decisión analizará básicamente dos aspectos; primero,determinar si la Dirección de Registro de Asociaciones (de la STPS) al emitir resoluciones sobre la toma de nota de la dirigencia sindical, está facultada para interpretar los estatutos sindicales en detrimento de la autonomía sindical o, si ésta corresponde al propio sindicato, por conducto de sus autoridades internas; segundo, si la reforma de los estatutos sindicales toma vigencia a partir de la toma de nota de acuerdos del sindicato o hasta la fecha en que la autoridad administrativa toma conocimiento de tales reformas estatutarias.

A la luz de nuestra Carta Magna, del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la ley, las respuestas parecen bastante obvias. Corresponde a los trabajadores, y sólo a ellos, interpretar sus estatutos en ejercicio de su autonomía y las reformas estatutarias inician su vigor desde que el sindicato las asume. Está ampliamente explorado que la autoridad no tiene un carácter constitutivo, sólo declarativo de los actos autónomos del sindicato; por eso, se llama toma de nota.

La ausencia de democracia gremial y contratación colectiva auténtica en nuestro país, deviene en buena medida de controles que el Estado y empresarios ejercen sobre las organizaciones: uno de sus instrumentos privilegiados es precisamente la toma de nota. Esta figura ha sido duramente criticada por la doctrina mexicana y particularmente por diversos organismos internacionales; en la reciente queja del caso 2694 presentada ante la OIT, en Ginebra, Suiza, por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), en contra del modelo laboral mexicano, que generó una recomendación de gran importancia se señala: La manipulación de la toma de nota es un mecanismo que limita el ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores mexicanos y está plenamente documentado en las recomendaciones emitidas por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y el propio Comité de Libertad Sindical en los casos que se han sometido a su revisión, lo que demuestra que no es un caso aislado o limitado a un periodo en particular, sino a un patrón de conducta del gobierno mexicano.

La SCJN ha tomado en el pasado decisiones notables en materia de libertad sindical. A favor destacan las jurisprudencia 43/99 en materia de pluralidad sindical, la 150/08 relativa al voto secreto en los recuentos, la 185/07 en relación con el derecho de los sindicatos gremiales a intervenir en la fijación de sus condiciones de trabajo, así como las tesis que han declarado la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión. Otras decisiones limitan el ejercicio de este derecho humano, es el caso de las jurisprudencias 56/04 en materia de registro sindical y la 86/2000 relativa a las facultades de las autoridades registradoras respecto a los procesos electorales y de administración interna sindical.

Nuestro máximo tribunal debe considerar, al decidir el futuro de la toma de nota, las normas internacionales creadas para la defensa y protección del derecho de asociación; así lo prevé nuestra Carta Magna en su artículo 133, porque constituye una exigencia democrática, una obligación frente a los compromisos contraídos y un elemento de congruencia con la participación de nuestro país en el seno de la OIT.

Saludamos los trabajos del Tribunal Internacional de Libertad Sindical que sesionará el próximo 29 de abril en la ciudad de México.

CIEN AÑOS DE REVOLUCIÓN Y RETROCESO MINERO

Boletín de prensa
Familia Pasta de Conchos

Hace 60 años que no se conformaba como la semana pasada, una delegación tan representativa de mineros y sus familias de la región carbonífera que viniera a la Cd. de México a denunciar las condiciones que imperan en la minería del carbón, luego de lo ocurrido en el siniestro de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, hace ya 57 meses y del cual se ha señalado, nacional e internacionalmente, a las autoridades del Trabajo y Previsión Social y a Industrial Minera México de Grupo México de Germán Larrea y que preside Francisco Javier García de Quevedo como corresponsables.

Retomando la gesta de la Huelga de Hambre de la década de los cincuenta del siglo pasado, en que miles de mineros marcharon a la Cd de México, en defensa de sus derechos, 45 personas procedentes de los poblados de Palaú, Progreso, Barroterán, Nueva Rosita y La Florida, pertenecientes a los municipios de Múzquiz, san Juan de Sabinas y Nueva Rosita, Coahuila, realizamos una jornada de tres días que incluyó la participación en una audiencia en el Senado de la República y una Marcha del Ángel de la Independencia a Los Pinos.

La delegación conformada por mineros de pozos y minas subterráneas, trabajadores sobrevivientes de los últimos siniestros de la región y familiares de los mineros siniestrados en las Minas Pasta de Conchos, Mina Lulú, Pozo Ferber y Pozo Vertical 4, participamos el día 11, principalmente, como el primer grupo de trabajo de participación ciudadana, en la primera audiencia pública del Capítulo México, de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción, en la sala Isidoro Olvera del Senado de la República.

La sesión, convocada por el senador Ricardo García Cervantes e inaugurada por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Mesa Directiva de ese cuerpo legislativo, fue el marco para que señaláramos la distinta responsabilidad que le compete, por ejemplo a las Secretarías de Economía (Dirección General de Minas), del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Mexicano del Seguro Social, Gobierno del Estado de Coahuila, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a diferentes empresas extractivas de carbón y sindicatos, ya que en la gran mayoría de minas de la región, no se les hacen exámenes médicos a los mineros, no se reparten utilidades, no están sindicalizados los trabajadores, no se les pagan las vacaciones, incluso no se hacen declaraciones anuales fiscales; no se utilizan metanométros para evitar problemas con el gas metano y el equipo de seguridad para los mineros es sólo una lámpara; los centros de trabajo no tienen baños, regaderas, agua potable, vestidores, y hay minas donde duermen los trabajadores afuera de la mina porque no hay transporte para el tercer turno, ni hay lugar adecuado para que duerman; algunas empresas presentan documentos falsos, mienten a los inspectores de la STPS, y tienen niños desde los 14 años extrayendo carbón en turnos completos, sin seguro social y sin protección. Ningún trabajador fue despedido en 2009, todos renuncian voluntariamente.

Luego del testimonio de Ma. Trinidad Cantú, mamá de Raúl Villasana, de Tania Muñoz, hija de 17 años de Jorge Bladimir Muñoz y de Francisco Zamora Castellanos, minero sobreviviente del pozo Vertical 4, nuestra organización concluyó que existe un costo oculto en los precios de compra-venta de carbón que no asumen las empresas, ni los coyotes, ni los que tienen contratos, configurando una situación de muerte e injusticia, resultado de un cúmulo de irregularidades y de intereses en todos los niveles y órganos de gobierno tanto Estatales como Federales.
El tratamiento descoordinado a la minería del carbón por las distintas secretarías y órdenes de gobierno, dejan a los mineros del carbón y sus familias en absoluto estado de indefensión. No tienen a quién acudir porque nadie se siente responsable de la situación en la región carbonífera y los vacíos legales posibilitan que empresas y autoridades justifiquen sus omisiones y negligencias. Incluso la misma CNDH tiene varias Quejas presentadas hace más de un año y no emite las respectivas Recomendaciones.

La senadora María Serrano Serrano expresó bien el consenso entre los senadores asistentes: “no podemos seguir con la explotación minera con estas condiciones”, por lo que los legisladores “necesitamos reformar todas la leyes que sean necesarias”. Dichos legisladores asumieron el compromiso de darle cauce a las peticiones y convertirlas en soluciones.

Los mismos hechos han sido narrados al equipo de Felipe Calderón, por lo que aguardamos la respuesta a la solicitud de audiencia que su mismo equipo quedó de otorgar en dos semanas. Saludamos la decisión del Congreso de Baja California Sur de legislar para prohibir la operación de minas a cielo abierto, lo que pone un freno a la voracidad de empresas como Minera México. Nos solidarizamos con las familias de las 6 trabajadoras de Coppel, fallecidas en Culiacán, Sinaloa.

A una voz, ¡Rescate ya!
Organización Familia Pasta de Conchos

CANANEA EN PIE DE LUCHA, COMO HACE UN SIGLO

El 30 de julio de 2007, alrededor de mil 200 trabajadores sindicalizados que laboraban en la empresa minera de Grupo México se declararon en huelga, derivando con ello una crisis laboral y económica, que hoy en día no logra tener fin

Zorayda Gallegos/ Corresponsal | El Universal

CANANEA

En estas tierras, que hace 104 años fueron el origen de demandas laborales justas que llevarían a la Revolución de 1910, sus habitantes hoy en día luchan por salir de la crisis económica que se suscitó hace tres años.

El 30 de julio de 2007, alrededor de mil 200 trabajadores sindicalizados que laboraban en la empresa minera de Grupo México se declararon en huelga, derivando con ello una crisis laboral y económica, que hoy en día no logra tener fin.

La actividad minera representa para este municipio del noreste de Sonora 80% de la actividad comercial. La importancia histórica de esta comunidad se remonta al 1 de junio de 1906, cuando un puñado de hombres se declararon en huelga para exigir jornadas dignas de trabajo: “ocho horas y cinco pesos”, era el lema de los huelguistas que más adelante serían reprimidos por las autoridades.

Este movimiento obrero sería considerado años después el antecedente de la Revolución de 1910, por ser aquí donde se gestaron las primeras demandas de igualdad en voz de los miles de trabajadores mexicanos que laboraban en la Cananea Consolidated Copper Company.

Ellos exigían un sueldo equiparable al de los extranjeros, ya que los mexicanos percibían tres pesos diarios, mientras que los gringos ganaban siete y pagados en dólares.

Por ello, los trabajadores mexicanos decidieron emprender un movimiento de huelga exigiendo mejores condiciones, que años más tarde le daría a Cananea el título de “la cuna de la Revolución”.

A más de 100 años de estos movimientos, Cananea lucha por salir de la decadencia económica, que se suscitó a partir del 30 de julio de 2007 cuando estalló el conflicto sindical encabezado por trabajadores mineros de la sección 65 que exigían mejores medidas de seguridad en la mina y un alto a la “persecución” de su líder Napoleón Gómez Urrutia.

Hoy en día, después de que el movimiento de huelga fue declarado inexistente y Mexicana de Cananea recibió el apoyo del gobierno federal para recuperar sus instalaciones, los habitantes de este municipio tienen esperanzas de poder salir de la crisis económica que atraviesan desde hace más de tres años.

Costos del movimiento

Judith Armenta atiende una tienda de ropa en el Centro de Cananea. Dice que ella no está de acuerdo con el movimiento sindical, porque no le ha dejado “nada bueno” al pueblo, y muestra de ello es que tuvo que despedir personal, y reducir la mercancía con la que surtía su negocio.

El motivo: la actividad minera ocupa 80% de la economía en Cananea, y si los trabajadores mineros están en huelga tienen poco poder adquisitivo y gastan menos. Por eso, dice, su tienda está vacía. Ahora, ella espera que el gobernador del estado, Guillermo Padrés, originario de estas tierras, cumpla la promesa que les hizo de reactivar a Cananea. A más de un año de tomar protesta como mandatario, los apoyos se han visto, asegura, pero lentamente.

“Ahorita las calles están desbaratadas, porque andan arreglando lo del agua, ha dado becas a profesionistas, pero es poco para lo que necesitamos pa’salir adelante”, menciona.

Reactivación a medias

El pasado 7 de junio, el gobernador Guillermo Padrés, acompañado del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón; del presidente ejecutivo de Minera Mexicana, Xavier García de Quevedo; y del alcalde de Cananea, Reginaldo Moreno, anunció un ambicioso plan para la reactivación del municipio.

“Este es el inicio de un nuevo Cananea”, anunció el mandatario sonorense durante el evento. Ahí se dieron cifras de la “inversión histórica” por más de 58 mil millones para reactivar la economía y el trabajo en el municipio.

El gobierno del estado se comprometió con 347 millones 700 mil pesos para un programa de inversión en pavimentación y rehabilitación de escuelas, obras de agua potable, becas a estudiantes, instalación de naves industriales y programas de capacitación para el trabajo.

El gobierno federal se comprometió con alrededor de 2 mil 500 millones de pesos para apoyar a las pymes, construcción de tramos carreteros, obras en agua potable y la edificación de un nuevo hospital del IMSS.

Del monto anunciado, la inversión más fuerte la hizo Grupo México: más de 55 mil millones para la creación de una unidad deportiva, una unidad de entrenamiento, un hospital, una planta de energía eléctrica, así como otros proyectos no sólo para Cananea, sino también para otros municipios como Nacozari, Guaymas y Empalme.

A casi seis meses de estos anuncios, los habitantes dicen que han visto muy poco. Luz Elena Cota, esposa de un minero retirado, sentada en la sala de espera del Hospital del Ronquillo, señala que sólo hay obras del gobierno estatal. “Sabemos que han dado apoyos económicos a los comerciantes del gobernador Padrés y andan metiendo tuberías de agua, pero Grupo México no ha hecho nada, ellos tienen la obligación y están prometiendo desde hace años, antes de que estallara la huelga”, asegura.

La señora se atiende en El Ronquillo, porque como esposa de un ex trabajador minero tiene el beneficio de este servicio médico. Pero a raíz de la huelga, el nosocomio fue cerrado por la compañía y pasó a manos del gobierno del estado.

“Lo atiende la Secretaría de Salud, pero no hay medicinas, desde que lo dejó la minera el servicio no es igual, antes nos mandaban a clínicas privadas cuando aquí no te podían atender, ahora no tienen ni insulina, ni químicos para los análisis”, se queja la habitante de Cananea.

Las inconformidades de los habitantes son respaldadas por el alcalde del municipio. Reginaldo Moreno dijo que las únicas obras que se están viendo cristalizadas son las de agua potable, que están a cargo del gobierno del estado, pero los demás apoyos no se han visto.

“Lo único que yo veo son los levantamientos que están haciendo en las carreteras, y lo del agua y demás, en eso sí se viene trabajando desde hace mucho tiempo, en la red distribuidora. Pero no ha habido otras obras.

“Las obras anunciadas fueron las pavimentaciones de tres calles, pero se tienen abandonadas, y no han llegado ningunas becas para estudiantes”, aseguró.

Pero sus quejas van más allá, ya que asegura que como autoridad municipal no le comunican los trabajos que se hacen o se harán por parte del gobierno del estado, Federación y compañía minera, por lo que existe una gran descoordinación.

“Lo único que yo sé es que vinieron a ver terrenos y que están rehabilitando el Hospital General y del Seguro Social no han hecho nada. Y te voy hacer sincero: a mí no me han informado nada”, reiteró el presidente municipal de Cananea.

A la fecha, el edil asegura que la crisis terrible permanece; muestra de ello es que a la fecha los habitantes adeudan al municipio 28 millones de pesos por concepto de predial.

Los ex trabajadores del yacimiento siguen en pie de lucha, mientras que Grupo México, con policías federales resguardando las entradas las 24 horas del día, trabaja en la reactivación de la mina, la cual se prevé que esté en operaciones normales a partir del próximo año.

AHMSA: HISTORIA DE INCUMPLIMIENTO FINANCIERO E INTROMISIÓN EN LA VIDA SINDICAL

En Octubre del 2001, la publicación especializada en negocios “Business News America”, publicó una nota tan irreal como de falso optimismo: “Una orden para suspensión de pagos que favorece a la siderúrgica mexicana Ahmsa y a su matriz Grupo Acereros del Norte (GAN) terminará el primer trimestre del 2002, según una información publicada en el diario local Diario de Monterrey.
“La orden, emitida por un juez de Ciudad de México en 1999, fue impugnada por el comité director de los bancos acreedores de la empresa, a quienes Ahmsa adeuda cerca de 1,850 millones de dólares, así como por cientos de empresas proveedoras y prestadoras de servicios.
“Ahmsa y GAN llegaron a un acuerdo con los acreedores el trimestre pasado, el que incluía entregar a los bancos un 40% en Ahmsa a cambio de cancelar en libros deudas por 530 millones de dólares (GAN conserva un activo controlador de 50,1%) y el compromiso de liquidar otros US$180mn en activos. GAN aún debe cerca de 350 millones de dólares.
“El mes pasado, Ahmsa notificó del acuerdo a los entes reguladores del mercado bursátil en EEUU, lo que podría abrir el camino para su reincorporación en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), de la que fue excluida a principios de año.
“El diario agregó que el acuerdo de los acreedores permitiría a Ahmsa proceder con sus planes para buscar nuevos mercados externos para sus productos con valor agregado, incluyendo el establecimiento de una oficina comercial internacional encabezada por el director Enrique Gasca Neri”.
Pasaron casi cinco años de la declaración en suspenso y fue la pluma de Marco A. Mares de Crónica de Hoy, quien en una entrega titulada “AHMSA y los Paladines del No Pago” le puso el cascabel al gato y fue muy explícito. Cito: No hay plazo que no se cumpla y el de los paladines del no pago, se cumplió. Por lo menos podría tratarse del principio del fin de los capitanes de Altos Hornos de México (Ahmsa).
Ayer fue detenido en España, Xavier Autrey, quien junto con su socio Alonso Ancira está acusado de fraude fiscal por 242 mil dólares. Autrey fue detenido junto con el consejero Juan Carlos Carredano. Desde marzo de este año, ambos estaban prófugos de la justicia. Autrey ya está detenido y Ancira sigue prófugo. Conocidos entre los banqueros acreedores como los paladines del no pago, Alonso Ancira y Xavier Autrey, cumplieron en mayo pasado cinco años declarados formalmente en suspensión de pagos, con un adeudo total por mil 800 millones de dólares.
No obstante la gravedad de la mega deuda de la acerera más importante de México y Latinoamérica, Ancira y Autrey, acogidos a la antigua Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, se dieron el lujo de tener en el puño a los más poderosos bancos internacionales y nacionales. Algunos de ellos, como Bank of America, que fuera la institución líder del Comité de Bancos Acreedores —encabezado hasta hace poco por Orlando Loera— en la desesperación, después de casi un lustro, mejor optaron por vender a fondos buitres los adeudos de Ahmsa. Es decir, prefirieron asumir enormes pérdidas.
Otros con más paciencia, siguen el pleito legal y al mismo tiempo continúan escuchando las fábulas pánicas de los capitanes de Ahmsa. Ancira y Autrey, es cierto, nunca se negaron a pagar. Pero también es cierto que nunca concretaron los planes de reestructura que plantearon a sus acreedores. Los bancos acreedores, además de que nunca recibieron un quinto, no sólo del capital, sino incluso de los intereses —la suspensión de pagos prevé que el deudor es libre de suspender los pagos a sus acreedores tanto de capital como de intereses, por tiempo indefinido— tuvieron que pagar abultadas cuentas por la asesoría de equipos de abogados y despachos contables que participaron en las numerosas reestructuraciones que analizaron, discutieron y nunca cerraron los principales accionistas de Ahmsa.
Durante el largo y sinuoso camino de la suspensión de pagos de Ahmsa, bancos y acreedores en general siempre se preguntaron por qué el gobierno federal no hacía nada al respecto. La respuesta, siempre extraoficial, fue: Ahmsa representa una bomba de tiempo porque representa la principal fuente de empleo en Monclova, Coahuila. Sin embargo, este año, la actitud y disposición de la Secretaría de Hacienda sobre el tema cambió.
En marzo de ese año se giraron las órdenes de aprehensión en contra de Ancira y Autrey. Sus abogados aseguraban que no había delito que perseguir pues los adeudos fiscales ya habían sido cubiertos, incluso con multas y recargos. En contrapartida, los abogados fiscalistas del gobierno aseguraban que aún cuando hubieran sido cubiertos, el delito fiscal se persigue de oficio.
De cualquier forma la detención de Autrey y eventualmente la detención de Ancira, no implica que al llegar a México irán directo a prisión. En un comunicado que emitió, Ahmsa sostuvo que se trata de una persecución política del gobierno que, utiliza el poder del Estado, en contra de Ancira y Autrey en beneficio de Citibank-Banamex y otros acreedores, a fin de vulnerar la ley que protege a la empresa. Y hasta aquí como Marco A. Mares.

EL CESARE

En Septiembre del 2008, el Blog del Cesare comenta la impecable publicación de CNN-Expansión en la que Barbara Anderson exhibe la verdadera cara de los dueños de AHMSA, GAN y filiales, en aquel famoso artículo titulado “Alonso Ancira, el mejor ejemplo de… el que no transa no avanza”.
Para no reproducirla en su totalidad, por lo extenso y puntilloso de la misma, cito los comentarios de Cesare: Los muchachos de Expansión lo hacen cada vez mejor, y para muestra está la edición más reciente de su revista, que tiene un reportaje y entrevista exclusiva con Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, junto con Xavier Autrey. La reportera Barbara Anderson se avienta una pieza digna de aplauso en un trabajo que le implicó recorrer Tel Aviv y Eliat en Israel, así como Monclova y el Distrito Federal en México.
En este reportaje podemos ver a quien es una verdadera vergüenza para el empresariado mexicano, a la personificación de aquellas caricaturas que hiciera Rius sobre el “empresario” que era simple y sencillamente igual a un ratero con sombrero, lentes obscuros y botas grandes, que en nada se distinguía de un líder charro sindical.
Con un cinismo que da miedo, Ancira habla de cómo hace 9 años realizó la suspensión de pagos más grande de que se tenga historia en América Latina, amparado en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, que fue vigente hasta el año 2000.
No abundaré en detalles, ya que el trabajo de Anderson es impecable, por lo que recomiendo que consigan la revista y le echen un ojo, pero lo que sí puedo decir es que de ninguna manera este señor es admirable. Y lo digo desde ahora, porque desde su regreso no duden en que aparecerá en eventos sociales aquí y allá, con medios haciéndole reverencias, como si se tratara de un empresario digno.
Esta lacra se desprende de otra lacra que es Carlos Salinas de Gortari, con quien acordó la venta de Altos Hornos de México, empresa a la que llevó a la quiebra, al llevar una administración descontrolada. En 1999, él y su socio declaran en suspensión de pagos a AHMSA, Minera Carbonífera Río Escondido, Minerales Monclova, Minera del Norte y Cerro del Mercado, así como de Grupo Acerero del Norte, la empresa que tenía a todas las filiales.
De un día para otro, 3000 acreedores de todos tamaños y varios países, se enteraron de que la empresa nomás no iba a pagar lo que debía y, bajo la Ley de Quiebras, sus deudas quedaban paralizadas tanto en intereses como en tipo de cambio… negocio redondo.
Banamex, Bank of America, Inverlat, Société Générale, Bancomer, Chase Manhattan Bank, entre muchos otros afectados comenzaron a pelear y libraron una batalla desgastante, que acabó por cansarlos y cobrar, en el mejor de los casos, el 10 por ciento de la deuda, alcolocarla en hedge funds.
Pero ahora, que empieza a subir el precio del acero, Ancira sabe que no podrá hacer alianzas estratégicas para aprovecharlo si no viene a dar la cara. Y así lo hizo, hoy aparece afirmando que va a pagar lo que hoy suma 1,200 millones de dólares, porque sabe que sólo así podrá comercializar millones de toneladas de acero y otros minerales.
Pero ¿a poco creen que se exilió del país a no hacer nada? No, en via de que se calmaban las aguas, Ancira se fue a Israel, donde ahora es un respetado empresario, dueño de una gran mina que se encuentra junto a las legendarias minas del Rey Salomón y que además, colinda con Jordania, un punto de conflicto milenario. En el reportaje se puede ver a Alonso Ancira con el presidente Shimon Peres, en la develación de la primera placa de cobre que se extrajo de la mina, donde el propio Peres escribió: “Del Rey SAlomón, Al Rey Alonso”.
Como dicen los abogados del consorcio de acreedores que se formó para pelear con él: Lo que hicieron Ancira y Autrey estaba perfectamente apegado a una ley, que ya no existe, osea, no era ilegal. Su comportamiento es, si acaso, profundamente anti-ético.
Cito el último párrafo del artículo: “…bajo toneladas de papel sigue descansando, posiblemente por un año más, una de las historias de negocios más controvertidas y oscuras de las últimas décadas. la del minero y el financiero ue compraron una empresa a crédito, recibieron préstamos a lo loco antes de que su industria se fuera a pique, no pagaron sus deudas, fueron perseguidos por la Interpol y, años después, si deciden venderla, pueden embolsarse un puñado de millones de dólares”. (http://elcesare.wordpress.com/2008/09/17/alonso-ancira-o-e-mejor-ejemplo-de-el-que-no-tranza-no-avanza/).

HASTA EL AÑO ENTRANTE

De acuerdo al analista financiero Darío Celis, Ahmsa acaba de contratar a UBS, la correduría que preside Jorge Silberstein, para empezar a sondear el mercado a fin de obtener recursos y poder levantar la suspensión de pagos en la que se encuentra desde mayo de 1999. La idea del equipo de Alonso Ancira es hacerlo durante el primer semestre de 2011. Hasta ahora se liquidó 100% de los créditos reconocidos en las cuatro carboníferas, esto es Cerro de Mercado, Minerales Monclova, Minera del Norte y Minera Carbonífera Río Escondido, por las que se pagaron más de 500 millones de dólares. Ahmsa aún adeuda unos mil 400 millones de dólares a cerca de mil 500 acreedores.
A pesar de ser el líder coahuilense de la cultura del incumplimiento, AHMSA y sus directivos se dan tiempo para entrometerse en la vida sindical de los obreros, de actuar como señores de horca y cuchillo, con el argumento de sus influencias en distintos niveles de gobierno.
Por lo pronto, AHMSA sigue sin pagar desde 1999, los accidentes de trabajo van a la alza, la conflictividad sindical se calienta cada vez que quieren deshacer el gremio y pintarlo de blanco o de ser posible, como es su clara intención, terminar el Contrato Colectivo de Trabajo y establecer contratos temporales o por obra.
Como popularmente se dice: “…esta bien el encaje, pero no tan ancho…”

HISPANOS EN EU: CADA VEZ MAS DIFÍCIL

El momento de abrir nuevas puertas

Por Hilda L. Solís
Secretaria de Trabajo de los EE. UU

Día tras día, miles de familias latinas en San Diego enfrentan decisiones difíciles en sus hogares. Muchos tienen que pensar dos veces antes de comprar alimentos o pagar la renta. Estamos pasando por la peor situación económica en los Estados Unidos desde la Gran Depresión. Pero hoy, mientras conmemoramos el Día del Trabajo, quiero recordarle que el Presidente Obama y yo estamos comprometidos a mejorar la situación económica de esta nación.

Usted recordará que el último gobierno no sólo nos heredó una deuda económica, también nos dejó con miles de pérdidas de empleos. Sin embargo, tan pronto entró la administración del Presidente Obama – se logró detener el derrame económico y se pudo evitar otra Gran Depresión en este país. Es decir, de no haber hecho nada, hoy aún más personas en California estarían sin empleo.

Al aprobar el Acta de Recuperación y Reinversión, los fondos económicos fueron destinados a salvar o crear empleos en toda la nación. Hoy sabemos que entre 2.5 y 3.6 millones de personas no perdieron su empleo, gracias a estos fondos. Claro que no se ha logrado ayudar a toda persona sin empleo, pero tenga por seguridad que el Departamento de Trabajo está enfocado en esa meta. Yo no descansaré hasta que todos nuevamente regresen a su labor o entren a un nuevo oficio.

Precisamente, tenemos varios programas por todo California – incluyendo en San Diego – para ayudar a encontrar empleo para jóvenes, personas mayores de edad, personas de bajos recursos, personas que han trabajado como campesinos, mineros y más. Hemos coordinado nuestros esfuerzos con negocios, universidades, y centros de entrenamiento para hacerle llegar la ayuda.

Algunas entidades con las que estamos colaborando son: Migrant and Seasonal Farmworkers services; San Diego Imperial Counties Labor Council; National Ironworkers and Employers Apprenticeship Training and Journeyman Upgrading Fund; International Training Institute for the Sheet Metal and Air Conditioning Industry y la lista de organizaciones es mucho más extensa.

Además, en San Diego existe un programa para jóvenes entre 17-24 años de edad y es totalmente patrocinado por el gobierno federal, que se llama Job Corps Center. Este programa ofrece carreras en la industria automotriz, finanzas, hotelería, tecnología, culinaria, entre otros oficios, y es totalmente gratis para los que califiquen.

El Departamento de Trabajo ha destinado fondos monetarios para San Diego, Chula Vista, El Monte, Fresno, Gardena, Los Ángeles, Oakland, Richmond, Sacramento, Santa Rosa, Stockton, y Visalia, porque no cabe duda que el trabajador es la espina dorsal de nuestra economía y país. Por esa razón se han hecho estas inversiones.

Y es muy claro que miles de personas aún están sufriendo en San Diego. La tasa de desempleo en California está a un 12.3 por ciento, mientras que entre la comunidad latina es 12.4 por ciento. Yo estoy asegurando que estados con grandes comunidades latinas reciban los fondos necesarios para salir adelante. En su totalidad, California ha recibido $1.4 mil millones a través del Acta de Recuperación y otros $27.6 millones que comparten con otros estados para crear empleos en la nueva industria de la energía renovable.

Yo estoy comprometida a que usted logre volver a su oficio y no sólo eso, que usted reciba un buen salario, con un buen plan médico y que en el trabajo su vida y salud estén fuera de peligro. Mi departamento opera bajo el lema de “buenos trabajos para todos” y eso incluye a los latinos. Absolutamente todos—mujeres y hombres, y sin importar si tienen documentos legales o no—sus derechos laborales serán respetados en su totalidad.

Mientras damos el paso para adelante entre una economía difícil, ya hay buenas noticia. En los últimos siete meses de éste año, hemos logrado aumentar un promedio de 90.000 empleos al mes.

A nivel nacional, se están contratando personal en fábricas, la industria automotriz, el transporte, trabajos de bodegas, la industria minera, y en el sector de la salud. Y tenga usted presente que los oficios de gran crecimiento y donde habrá mucho empleo, especialmente para personas bilingües, será trabajos que tengan que ver con la energía renovable, salud, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En tiempos difíciles, es cuando tenemos que buscar otras oportunidades. Es momento de abrir nuevas puertas que nos lleven a un camino mejor. Tenga usted por seguro que ni yo, ni el Presidente Obama descansaremos hasta que la economía recobre toda su fuerza.

Seguiremos para adelante, no sólo por ser el Día del Trabajo. Siempre lucharemos por un futuro mejor para usted y para su familia. Ese es mi compromiso.

REFORMA GARANTIZA RESPETO A DERECHOS LABORALES

· Desaparecerá el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, hasta concluir todos los asuntos que se tengan pendientes.

Conrado García Jamin

Saltillo, Coahuila.- La creación del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), la adecuación de la Secretaría de Finanzas que ahora será conocida como Tesorería General del Estado garantiza las relaciones laborales y condiciones de trabajo de los empleados de las dependencias, al igual que aquellos que mantienen controversias jurídicas, según se dictaminadó el pasado 15 de julio por el Congreso del Estado.

Se trata del Dictámen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Quincuagésimo Octava Legislatura del Congreso del Estado, relativo a la Iniciativa de Decreto para modificar el artículo cuarto transitorio al Decreto 155 mediante el cual se reformaron diversas disposiciones del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado numero 99, el día 11 de diciembre del año 2009, propuesta por el C. Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado.

Se trata, en detalle, de lo siguiente:

La Iniciativa de Decreto para modificar el artículo cuarto transitorio al Decreto 155 mediante el cual se reformaron diversas disposiciones del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado numero 99, el día 11 de diciembre del año 2009, propuesta por el Gobernador Humberto Moreira Valdés, se basa en las consideraciones siguientes:

El buen desarrollo y funcionamiento de las instituciones que dan sustento a nuestro Estado están a cargo de los servidores públicos. La mejora de las condiciones de trabajo, así como la seguridad jurídica de los empleados públicos son el medio indispensable para el éxito de las gestiones de cualquier Gobierno. Por ello, el fortalecimiento de las relaciones laborales y la solución de conflictos entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores han sido una tarea y ocupación constante de la presente Administración.

Una de las principales acciones emprendidas para alcanzar estos objetivos fue la presentación de una iniciativa de reforma constitucional ante este H. Congreso del Estado para unificar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y de los Municipios y el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Gobierno del Estado y de los Municipios, en un único tribunal, bajo una nueva denominación: Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Esta iniciativa propuso además que el nuevo Tribunal perteneciera al Poder Judicial y participara de su misma naturaleza.

La referida reforma --aprobada por unanimidad y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 25 de mayo de 2007---, además de propiciar una especie de redistribución de funciones y atribuciones entre los Poderes del Estado, así como la unificación y exclusividad de la función jurisdiccional, trajo como consecuencia la necesidad de hacer un cambio estructural en los ordenamientos e instituciones que, hasta ese momento, rigieron las relaciones laborales burocráticas en Coahuila.

Como parte de las adecuaciones para la implementación y funcionamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se promovió una reforma al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, misma que fue publicada el 11 de diciembre de 2009. Además introdujo otras modificaciones con el objeto de introducir la correcta denominación del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado; distinguir los tipos de trabajadores que prestan sus servicios a favor del Gobierno del Estado; establecer las bases para el funcionamiento del proceso escalafonario en beneficio de los trabajadores, entre otras.

El régimen transitorio de esta reforma hizo referencia al tiempo necesario para la conclusión de los asuntos que hasta entonces estaban en trámite ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y de los Municipios del Poder Ejecutivo, para lo cual se consideró como un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del referido Decreto.

Sin embargo, en razón de la cantidad de asuntos y procedimientos que aún se encuentran en trámite ante el referido Tribunal, principalmente aquellos que se encuentran en espera de resolución ante distintas instancias a este órgano y atendiendo al principio de seguridad jurídica que debe prevalecer en cualquier trámite en el que estén en juego los derechos de los trabajadores y la buena marcha de la Administración Pública, se considera conveniente ampliar el plazo hasta en tanto se concluya con la totalidad de los asuntos que tuviesen pendientes.

Esta modificación al artículo Cuarto Transitorio del Decreto número 155 por el que se modifican diversas disposiciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 99 de fecha 11 de diciembre de 2009, no afectaría el funcionamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial ni los objetivos propuestos en el citado Decreto. Por el contrario, es una acción congruente con el afán de proporcionar a los trabajadores y a sus instituciones una mejor protección, garantía de sus derechos y condiciones propicias para la resolución de los asuntos laborales que tuviesen pendientes.

En el artículo cuarto Transitorio de Decreto numero 155, se otorgó un plazo de 180 días para que el tribunal de conciliación y arbitraje concluyera los expedientes pendientes de resolución, sin prever que la resolución de algunos expedientes dependen de la actuación de otras instancias ajenas al propio tribunal, como lo son los casos que se encuentran sustanciando el recurso de amparo; por lo que, resulta indispensable modificar dicho artículo transitorio para el efecto de que el tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado cuente con un plazo mayor para que concluya el trámite correspondiente de los expedientes y procedimientos que tenga pendientes.

La Comisión consideró que resultaba procedente la reforma al artículo cuarto transitorio al Decreto 155 en los siguientes términos:

ÚNICO. Se modifica el artículo Cuarto Transitorio del Decreto 155 por el que se modifican diversas disposiciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 99 del 11 de diciembre de 2009, para quedar como sigue:

CUARTO. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y de los Municipios, órgano del Poder Ejecutivo del Estado, deberá concluir los trámites, procedimientos y expedientes que tenga pendientes y posterior a ello quedará formal y materialmente extinto.