EL DICTAMEN DE REFORMA LABORAL

REFORMA LABORAL

LOGRA DIPUTADO MEXICANO SUSPENSIÓN SIN PRECEDENTE

Tereso Medina Ramírez

El juez Primero de Distrito en el estado de Coahuila, admitió la demanda de amparo, y concedió la suspensión provisional a favor de los trabajadores de la industria metalmecánica y siderúrgica, quienes interpusieron un amparo contra dos decretos del Ejecutivo Federal.

Tereso Medina, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalmecánica y Siderúrgica, dijo que estos decretos establecen la eliminación de aranceles a productos provenientes de China, medida que atenta con la industria y los empleos.

Esta es la primera vez que el Poder Judicial Federal otorga una suspensión provisional a un amparo colectivo, lo cual sienta un precedente en el país.

El fallo se dio este viernes 10 de febrero en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

José Daniel Nogueira Ruiz, Juez Primero de Distrito en el estado de Coahuila, admitió la demanda de amparo, y concedió la suspensión provisional a favor de los trabajadores, dijo el dirigente de la agrupación sindical.

Esta suspensión implica que, en tanto se resuelve de fondo esta demanda, la Secretaría de Economía deberá volver a aplicar los aranceles que tenían los productos siderúrgicos antes del 9 de febrero de 2010, que son del orden de entre 5 y 7.5 por ciento.

“El amparo se promueve con la finalidad de defender el interés legítimo de los trabajadores de la industria metal-mecánica y siderúrgica, ante la perdida de empleos que ocasionará la desgravación arancelaria impulsada unilateralmente por la Secretaría de Economía, calculados en 700 mil entre el 2001 y el 2010.

La eliminación de aranceles a una tasa cero pone en riesgo la viabilidad de las empresas siderúrgicas y por ende los empleos.

El dirigente sindical en entrevista señaló que hoy más que nunca se hace necesario un replanteamiento de la política industrial, ya que la actual está no sólo afectando a la planta productiva del país sino bajando la calidad de vida de tres millones de trabajadores.

Al respecto, Bruno Ferrari, titular de Economía dijo no estar notificado, y afirmó: de ser cierto “nos defenderemos con los dientes”.

La Secretaría de Economía no cobra aranceles a las importaciones que se realizan en el sector siderúrgico desde el 9 de febrero de 2010, porque los eliminó unilateralmente. Sin embargo, a partir de ya, tendrá que volver a aplicar los aranceles que van entre 5 y 7.5 por ciento por decisión del juez primero de Distrito del estado de Coahuila, José Daniel Nogueira Ruiz, quien admitió el jueves pasado una demanda de amparo que hicieron ¡los trabajadores! del sector.

Lo tiene que hacer en tanto se resuelve de fondo la demanda legal. Es uno de los primeros amparos colectivos solicitado y de las primeras suspensiones provisionales otorgadas por el Poder Judicial Federal con base en las modificaciones constitucionales de los artículos 103 y 107, de junio del año pasado.

La solicitud de amparo se promovió para defender el interés legítimo de los trabajadores de la industria metal-mecánica, siderúrgica y metalúrgica que demostraron la pérdida de aproximadamente 700 mil empleos por la desgravación arancelaria. El promotor fue el diputado federal y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, sus Derivados y Similares de la República Mexicana, Tereso Medina Ramírez.

PROTESTAN POR "LISTAS NEGRAS" DE TRABAJADORES MIGRANTES

ACCIONES ANTISINDICALES CONTRA TRABAJADORES MIGRANTES

VANCOUVER, CB - Febrero, 2012 – Una protesta en el Consulado Mexicano en Vancouver se tornó personal cuando decenas de activistas laborales y comunitarios se reunieron para mostrar su apoyo a Victor Robles, ante su inclusión en listas negras por parte de México y su personal consular en Vancouver.

Robles es un trabajador migrante mexicano quien ha presentado una declaración ante el Consejo de Relaciones Laborales de la Columbia Británica (BCLRB por sus siglas en inglés) afirmando que él fue puesto en listas negras para evitarle el regresar a una finca en Columbia Británica (CB) porque era sospechoso de ser partidario del sindicato en la finca. Robles es uno de los muchos trabajadores migrantes Mexicanos que al parecer han sido incluidos en listas negras por parte de México y dos empresarios agrícolas en CB.

Cantando "Alto a las listas negras. Victor es uno de nosotros, lo queremos de vuelta!", los manifestantes marcharon en frente del edificio del consulado. Esta fue la cuarta gran protesta que se lleva a cabo en Vancouver en los últimos tres meses relacionada con los cargos presentados ante el BCLRB relacionado con las listas negras, incluído el caso de Robles.

Víctor Robles había trabajado estacionalmente desde el año 2006 hasta el año 2010 en Sidhu & Sons Nursery en la region de Lower Mainland, CB. Estando en México y preparándose para regresar a Canadá en Febrero del 2011, el Ministerio de Trabajo de México le informó que no podía regresar por problemas de visado. Robles afirma que él fue informado después por otro empleado del gobierno mexicano que de acuerdo con los registros informáticos del gobierno, "la verdadera razón para que a Robles se le impidiera viajar era porque él había participado en un sindicato."

Las declaraciones de Robles están incluídas en el documento presentado ante el BCLRB, junto con copias de los faxes filtrados presuntamente del consulado de México en Vancouver en donde se nombra a Robles como un activista sindical. La evidencia hace parte de los cargos antisindicales presentados por la UFCW Canadá Sección 1518 en contra de México, su consulado en Vancouver y Sidhu, asi como en contra de Floralia Growers en la region de Lower Mainland. Convenios colectivos están vigentes en las dos fincas, luego de que una mayoria de los trabajadores migrantes en las dos fincas votaran para sindicalizarse (para ver antecedentes del caso visite: www.ufcw.mx/parenlaslistasnegras. El BCLRB empezará a escuchar el caso en Febrero 20. Mientras tanto, México y su consulado en Vancouver han reclamado inmunidad soberana.

UFCW Canadá es el sindicato del sector privado más grande de Canadá y en asociación con la Alianza de Trabajadores Agrícolas (ATA) opera 10 centros de apoyo para trabajadores agrícolas en todo el país. UFCW Canada representa a los trabajadores agrícolas en varias fincas agrícolas en Columbia Británica y en Quebec.

UFCW Canadá y la Alianza de Trabajadores Agrícolas hacen un llamado a todos los activistas para apoyar una campaña internacional para evitar que el gobierno mexicano llegue a Canadá a violar nuestras leyes laborales, nuestra Constitución, y los derechos humanos de los trabajadores migrantes mexicanos en Canadá.

Aquí están los hechos. Hay graves denuncias que trabajadores agrícolas migrantes en la Columbia Británica están en listas negras por expresar su apoyo al sindicato y por tratar de ejercer su derecho humano básico a organizarse y a negociar colectivamente.

Se han presentado cargos ante el Consejo de Relaciones Laborales de la Columbia Británicade que el gobierno federal de México y su consulado en Vancouver conspiró con dos granjas de la Columbia Británica para poner en listas negras a ciertos trabajadores migrantes para que no retornasen a Canadá esta temporada por ser simpatizantes del sindicato.

La evidencia incluye documentos filtrados que indican la actividad de listas negras. Los cargos fueron presentados por la Sección 1518 de la UFCW Canadá - el sindicato al que los trabajadores migrantes en las granjas de Floralia y viveros Sidhu decidieron unirse. Además de la lista negra, el consulado de México también ha dicho a trabajadores en granjas de C.B. que dejen de visitar los centros de apoyo del sindicato operados por la Alianza de Trabajadores Agrícolas.

Labor Union claims AHMSA may be sold to Chinese and Korean Investors

By: Jose G. Landa

The Mexican National Mine Workers Union, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, announced that Altos Hornos de Mexico, S.A.B. de C.V. (AHMSA) may be sold to Chinese and Korean investors, alleging AHMSA’s President and Chairman of the Board, Alonso Ancira Elizondo, has held sale discussions with Chinese and Korean companies interested in buying Mexico’s largest steel and coal producer headquartered in Monclova, Coahuila, Mexico.

The former government owned AHMSA was sold to private investors forming Grupo Acerero del Norte, S.A.B. de C.V. (Grupo GAN) by the Mexican government under then Mexican President Carlos Salinas de Gortari. GRUPO GAN is based in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico and its two principal shareholders are Alonso Ancira Elizondo and Xavier Autrey Maza. Grupo GAN is the parent company of AHMSA.

Locally, Dos Republicas Coal Partnership, a Texas partnership owned by two Texas corporations who in turn are owned by Mexican subsidiaries of AHMSA, is seeking before the Railroad Commission of Texas to renew, revise, and expand Permit 42A, Eagle Pass Mine, to develop, construct, and operate a  surface coal mine only 3.5 miles north from the City of Eagle pass city limits in the densely populated Maverick County region of FM 1588 (Thompson Road), deer Run Subdivision, Elm Creek Subdivision, South Elm Creek Subdivision, Siesta Acres, Seco Mines, Hopedale, Hopedale Estates, Coahuila Vista, Kypuros Road, Weyrich Farms, Ritchie Farms, Radar Base, and other subdivisions.

The Railroad Commission of Texas has scheduled a public hearing on Dos Republicas Coal Partnership’s application to commence on January 30, 2012, in Austin, Texas.

At previous Railroad Commission of Texas public hearings, Dos Republicas Coal Partnership representatives have stated AHMSA is the parent company of Dos Republicas Coal Partnership and have presented powerpoint presentations and/or data to the Railroad Commission of Texas, the City of Eagle Pass, and the Eagle Pass Chamber of Commerce to that effect.

Local governmental entities, including the City of Eagle Pass, Maverick County, Maverick County Hospital District, Kickapoo Traditional Tribe of Texas, Eagle Pass Independent School District, Eagle Pass Water Works and Sewer System, Maverick County Republican Party, and thousands of maverick Countians oppose the renewal, revision, and expansion of Dos Republicas Coal Partnership’s application of Permit 42A, Eagle Pass Mine.

Should AHMSA be sold to Chinses and/or Korean investors, it is unknown yet how it might effect Eagle Passans and Maverick Countians regarding Dos Republicas Coal Partnership’s Eagle Pass Mine.

Source: http://www.epbusinessjournal.com

ASÍ GANÓ NAPOLEÓN GOMEZ URRUTIA SU TOMA DE NOTA

Conrado García Jamin

La Suprema Corte desechó el Proyecto de Dictamen que negaba el amparo de la justicia a Napoleón Gómez Urrutía para ser reconocido como líder del sindicato de mineros.
Antes de iniciar el debate, el Ministro Fernando Franco González Salas se retiró del Salón de Plenos.
“Simplemente quisiera pedir la anuencia de usted y del Pleno para retirarme, porque recuerdo que en este asunto yo plantee que estaba incurso en causa de impedimento legal para participar en él”.
Y es que antes de ser ministro colaboró en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia que es parte en este juicio.
Por mayoría de siete a dos los ministros rechazaron la propuesta de su colega Sergio Aguirre Anguiano.
El Proyecto de Dictamen señalaba que Napoleón Gómez Urrutia no cumplió los requisitos que establece el estatuto sindical.
“Para ser parte de este comité se deben satisfacer los requisitos de ser convencionista, socio activo del sindicato y pertenecer a él como trabajador de planta por lo menos cinco Años antes de la fecha de la elección, por lo que si en el caso la persona propuesta como Secretaria General no demostró esos extremos, se concluye que la determinación del Juez de Distrito es correcta”, Ministro Sergio Aguirre Anguiano.
Solo una ministra apoyó este argumento.
“Desde mi óptica no puede estar limitada a una simple atribución de carácter archivista, sino que debe velar por el cumplimiento de la ley, y especialmente, ahora que se ha mencionado la reforma del artículo 1° de la Constitución, en su párrafo tercero, proteger, tutelar, promover y garantizar, si los derechos de los trabajadores agremiados”, Ministra Olga Sánchez Cordero.
No obstante, la mayoría en el Pleno consideró que la propuesta no coincide con el criterio que estableció el Pleno sobre la participación de la autoridad laboral en el procedimiento para elegir a un líder sindical.
La jurisprudencia se modificó por mayoría de seis votos a favor y cinco en contra en la sesión del 20 de junio de este año.
Y sostiene el siguiente criterio.
“La facultad de verificación no puede incidir en aspectos sobre la elegibilidad de quienes fueron electos, menos aún, la conveniencia de que sean ellos los dirigentes sindicales, pues simplemente se pueden revisar formalidades estipuladas por los Estatutos”, Ministro Sergio Valls Hernández.
Por lo tanto, la impugnación a la designación de Napoleón Gómez Urrutia como líder de los mineros no debió hacerse por la vía administrativa.
“A mí parecer, estas determinaciones sí se pueden hacer en nuestro orden jurídico pero siempre por autoridad judicial, no por autoridad administrativa, me parece que la autoridad administrativa en términos del párrafo tercero del nuevo artículo 3º de la Constitución, únicamente puede intervenir para proteger los derechos de los trabajadores”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.
“En un momento dado pueden dar lugar a un conflicto intersindical con motivo de las elecciones en donde habrá manera de impugnarlos, o bien a una revocación de mandato si es que no se cumple con los requisitos de ejercicio, pero no precisamente para que estos sean valorados en la toma de nota”, Ministra Margarita Luna Ramos.
“No es a la autoridad administrativa, aquí sí quiero insistir, a quien le corresponde juzgar la ilegalidad estatutaria de una elección sindical; de acuerdo con los convenios internacionales, de acuerdo con lo que aquí se ha dicho esto para mí resulta muy claro”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.
También se dijo que existe un precedente legal para considerar que Napoleón Gómez Urrutia si cumplió los requisitos de elegibilidad.
“Napoleón Gómez Urrutia ya había sido designado Secretario General propietario del Sindicato… Habiéndosele reconocido el carácter de trabajador, que si bien no puede constituir cosa juzgada, sí establece una presunción legal que para desvirtuarla debe ser controvertida y probada en su contra mediante la vía jurisdiccional correspondiente”, Ministro Luis María Aguilar Morales.
Con estos argumentos se desechó el proyecto de dictamen y el asunto fue turnado a un ministro de la mayoría para que elaboré uno nuevo.

LOS ARGUMENTOS
Al someter al Pleno de la Corte el Amparo en Revisión 67/2010, promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares contra actos de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se desechó el proyecto de resolución contenido en la ponencia del Ministro Salvador Aguirre Anguiano.
Estos fueron los principales argumentos que esgrimieron los señores Ministros y que coincidieron en su mayoría para dar el triunfo jurídico a Gómez Urrutia.
En relación con el Considerando Cuarto, relativo al estudio del primer agravio interpuesto por el representante legal de los quejosos. Señor Ministro ponente.
SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Sí, como no. En el primer agravio el sindicato recurrente argumentó que el juez de Distrito varió la litis constitucional, pues de la lectura del acto reclamado se desprende que la autoridad responsable razonó que la persona designada como Secretario General no reunió el requisito de ser trabajador de planta, por lo menos cinco años continuados antes de la fecha de la elección, refiriéndose a aquella en que fue reelecto; mientras que el juez de Distrito analizó el tema de la pertenencia de Napoleón Gómez Urrutia al sindicato antes de haber sido electo Secretario General por primera ocasión, lo que se declara infundado, toda vez que las consideraciones sustentadas por el a quo, las expuso para dar respuesta al argumento en el concepto de violación en que se adujo que Napoleón Gómez Urrutia conserva su calidad de trabajador de planta, pues goza de una
Licencia otorgada por la empresa en la que labora en términos del contrato colectivo de trabajo que rige la relación laboral, lo que implica que el a quo no introdujo el tema de que se trata, aunado a lo anterior se demuestra que fue la propia autoridad responsable la que introdujo esa cuestión relativa a que el hecho de que en un momento dado se le hubiere tomado nota en su cargo como Secretario General, sin haberlo verificado, no implica que dichos requisitos se mantengan en el tiempo de manera indefinida, esto se expresa de la página ciento veintiuno a la ciento veinticuatro.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias señor Presidente. En el proyecto se señala básicamente que la Dirección responsable en forma acertada determinó que Napoleón Gómez Urrutia no reúne las características de ser trabajador de planta, por lo menos cinco años continuados antes de la fecha de la elección, pues se invoca el artículo 42, fracción II, de los Estatutos del sindicato quejoso, y si bien el juez de Distrito determinó que Napoleón Gómez Urrutia no acreditó ser miembro del sindicato quejoso…
Con todo respeto considero que la propuesta en ese sentido, se contrapone con lo resuelto en la Solicitud de Modificación deJurisprudencia 14/2009, resuelta el veinte de junio de dos mil once,
en la que se sostuvo un criterio diferente del que se plasma en la propuesta. Esa jurisprudencia continúa teniendo el rubro que tenía la jurisprudencia modificada, pero en ella se hacen una cantidad de modificaciones importantes al texto original de la tesis mosautoricen las determinaciones tomadas por la Asamblea, a pesar de lo asentado en las actas correspondientes por los fedatarios relativos, más allá de la confirmación del cumplimiento o verificación de los requisitos formales o etapas preestablecidas en los Estatutos aprobaA1s allá de la confirmación del cumplimiento o verificación de los requisitos formales o etapas preestablecidas en los Estatutos aprobados por los propios trabajadores.
Que además en esas condiciones, no puede la autoridad decir que no fueron satisfechas, a pesar de que en las actas aprobadas y fedatadas se haya asentado que sí se cumplieron y están debidamente satisfechos.
No debe perderse de vista que en esa resolución modificatoria, se estableció que no debía hacerse una revisión de tipo electoral, que la autoridad laboral no podría válidamente determinar y juzgar si se satisfacen o no los requisitos de la elección, como si tuviera una facultad aprobatoria de la elección sindical.
Que la negativa del registro sólo puede darse válidamente, si no se presenta la documentación requerida o si ésta revela por sí sola lo asentado en las propias actas, que no se llevaron a cabo las etapas básicas del procedimiento de elección o que se consignara algo distinto a la voluntad de los trabajadores.
Que se trata de una revisión formal que sólo debe verificarse si conforme a las actas se respetaron los pasos o etapas de los procedimientos formales determinados en los Estatutos, pues la autoridad sólo debe constreñirse a determinar si en su aspecto formal se llevó a cabo el procedimiento en apego al principio de legalidad, y que sólo podrá negar la toma de nota, si no queda asentada en actas la realización de una o varias de las etapas formales que establezcan los Estatutos o porque se dé fe de un procedimiento que en parte o en todo no guarda correspondencia con las etapas básicas previstas en el citado marco normativo.
Que además, la autoridad debe verificar sólo si formalmente se cumplió con lo que establecen los Estatutos en ese aspecto sobre el cambio de directiva, y especialmente, que no debía admitirse la posibilidad de que la autoridad pudiera erigirse como autoridad revisora de las condiciones de la elección y que fuera más allá del cotejo, y que, por ello, pudiera efectuar indagaciones para determinar si los sujetos que participaron reunían, por ejemplo, los requisitos de elegibilidad o no, pues si bien podrían ser controvertidas, ello sería, en todo caso, materia de impugnación a través de la autoridad jurisdiccional que correspondiera y no en la toma de nota por la autoridad administrativa en la que la facultad de verificación no puede versar sobre aspectos de elegibilidad de quienes fueron electos.
En esa resolución modificatoria se pusieron como ejemplos de lo que podía revisar la autoridad: la falta de quórum, que la función de los directivos hubiera llegado al final de su período, o que los nuevos dirigentes hubieran sido electos por la mayoría necesaria. A este respecto, cabe apuntar —y esto no está a discusión— que la autoridad responsable en la resolución reclamada señaló que se habían cumplido diversos requisitos formales, como que la convocatoria cumplía con los Estatutos, que era válida la instalación de la XXXV Convención General Ordinaria del Sindicato, que la constitución de la Convención se había apegado a los Estatutos, y tan consideró satisfechos todos los requisitos formales, que determinó que era procedente la toma de nota respecto de diversas reformas estatutarias y del Estatuto integrado, así como en relación con las designaciones de diversos funcionarios sindicales, y sólo
negó la toma de nota en relación con el nombramiento del secretario del sindicato y su suplente. Lo anterior está en las páginas de la veinte a la cincuenta y cinco del proyecto, en que se transcribe la resolución reclamada.
Si bien es cierto que del análisis de las actas relativas a la elección de Napoleón Gómez Urrutia se advierte que en ellas no se señala si hay omisión, si éste cumplió o no con los requisitos establecidos en el artículo 42, fracción II, de los Estatutos del sindicato, cuya falta de cumplimiento es el sustento principal del proyecto para confirmar la negativa del amparo, podría alegarse que no se satisface el supuesto que señala la resolución de modificación de jurisprudencia, de que la autoridad laboral en la toma de nota estimara que determinados requisitos no están satisfechos cuando las actas dicen que sí lo están.
Sin embargo de cualquier manera, el proyecto es contrario a la resolución de dicha solicitud de modificación, teniendo en cuenta que Napoleón Gómez Urrutia ya había sido designado Secretario General propietario del sindicato. (Los antecedentes están de la ciento ochenta y dos a la ciento noventa del proyecto).
Habiéndosele reconocido el carácter de trabajador, que si bien no puede constituir cosa juzgada, sí establece una presunción legal que para desvirtuarla debe ser controvertida y probada en su contra mediante la vía jurisdiccional correspondiente, y no por la autoridad administrativa en un procedimiento de toma de nota.
El que la calidad de trabajador se continúe atendiendo, ha sido un criterio que el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido desde hace varios años… En suma, dicha interpretación conduce a sostener que de conformidad con el ordenamiento de referencia, es jurídicamente válido considerar que si al treinta y uno de diciembre existía una relación laboral — en esta tesis en particular— ésta continúa hasta que se pruebe lo contrario.
Ahora bien, si una persona demuestra ser patrón, por ejemplo, se tiene en cuenta que la relación laboral se considera indefinida.
Por ello, habiéndose acreditado el carácter de Napoleón Gómez Urrutia de trabajador de la empresa Minera Mexicana La Ciénega, S. A. de C. V., a partir del veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro, existe la presunción a su favor de que continuó con ese carácter, salvo que se hubiera acreditado y probado en la vía idónea lo contrario, por lo que ante la falta de elementos suficientes para desvirtuar dicha presunción, la autoridad responsable tampoco podría válidamente apoyarse en la omisión de asentar ese hecho en el acta para efecto de negar la toma de nota.
Así, tomando en cuenta sobre todo que la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42, fracción II de los Estatutos del Sindicato, no implica la revisión de las formalidades del proceso de elección o sus etapas, sino sólo el análisis del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de que se trata, debe concluirse que la actuación de la autoridad responsable excedió lo que está facultada a hacer a través de la toma de nota, conforme al criterio emanado de la solicitud de modificación de su jurisprudencia referida.
Cabe señalar que lo resuelto en la referida solicitud de modificación de jurisprudencia, es acorde con el Convenio 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho sindical, cuyo artículo 3º, establece: 1. Que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus Estatutos y reglamentos administrativos; de elegir libremente a sus representantes; de organizar su administración y sus actividades, y de formular su programa de acción, y que. 2. Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho o a impedir su ejercicio legal, y si bien como se señala en el proyecto el artículo 8º del propio Convenio 87, dispone que en el ejercicio de los derechos establecidos, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones, están obligados lo mismo que las demás personas o colectividades organizadas a respetar la legalidad, también establece que la legislación nacional no
menoscabará ni será aplicada de manera que menoscabe las garantías previstas en el presente Convenio.
Por último, estimo interesante señalar que a fojas ciento cincuenta y cuatro y ciento cincuenta y cinco del proyecto, se invoca un criterio del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo, visible en la obra titulada “LA LIBERTAD SINDICAL”, y que dice lo siguiente: “Este criterio es acorde con el sustentado por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo, visible en la página ciento tres de la obra “LA LIBERTAD SINDICAL”, cuyo texto es: “Los principios enunciados en el artículo 3º del Convenio número 87, no impiden el control de la actividad interna de un sindicato, si ésta viola disposiciones legales estatutarias, pero es importante que el control de las actividades internas de un sindicato y la adopción de medidas de suspensión o disolución, queden en manos de las autoridades judiciales, no sólo para garantizar un procedimiento imparcial y objetivo y para asegurar los derechos de defensa que sólo pueden ser garantizados plenamente por un procedimiento judicial, sino también para evitar el peligro de que las medidas adoptadas por las autoridades administrativas parezcan arbitrarias”.
Por tanto, la invocación de dicho criterio, lejos de servir de sustento al proyecto, reafirma lo sostenido en la solicitud de modificación de jurisprudencia.
Por último, a pesar de que en la Ley Federal del Trabajo no se prevé de manera expresa la impugnación de las actas de los sindicatos relativas a los cambios de su directiva ni lógicamente un procedimiento para tal efecto, considero que la manera de combatir las objeciones que formuló la autoridad para no tomar nota, se debe hacer a través de la impugnación jurisdiccional de la elección correspondiente, y estimo que quizá se podría tramitar para evitar y para combatir esos absurdos que señala el proyecto a través del Título Catorce, Derecho Procesal del Trabajo, que en el Capítulo Décimo Séptimo dice: “Procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación establecidas en los artículos 870 a 891”.
En estas condiciones, creo que el proyecto no se ajusta a la determinación de la modificación de jurisprudencia que se estableció, porque se está queriendo validar con la propuesta la actuación de la autoridad administrativa, calificando y estableciendo si se cumplieron o no los requisitos que la Asamblea consideró que sí se habían cumplido, y por lo tanto, validó el nombramiento de esta persona en el cargo que se le otorgó dentro del sindicato; circunstancia que sólo puede ser modificada mediante procedimiento jurisdiccional ante la autoridad correspondiente. Por eso estoy en contra del proyecto.
SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Nada más para decir que voy a votar en contra del proyecto no por esta consideración que hacía el Ministro Aguilar de si la tesis está bien o mal aplicada yo no me meto con esta cuestión, la razón de mi voto es que al fallarse la modificación de jurisprudencia 14/2009, yo voté en contra del criterio que ahora se está buscando apoyar.
En el voto particular que hice en este asunto ―y leo un brevísimo párrafo del propio voto― decía yo esto: En suma estimo que las autoridades administrativas competentes en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están en posibilidad de analizar y condicionar la toma de nota sólo cuando se refiera a cuestiones estatutarias susceptibles de transgredir los derechos fundamentales de los agremiados sindicales, por el contrario el Estado no se encuentra en tal posibilidad cuando los sindicatos den cuenta de actos estrictamente referidos con su vida interna, como es el caso, entonces, del cambio en la directiva sindical o también me parece del hecho de que esté un trabajador o no en ejercicio de sus funciones.
A mi parecer, estas determinaciones sí se pueden hacer en nuestro orden jurídico pero siempre por autoridad judicial, no por autoridad administrativa, me parece que la autoridad administrativa en términos del párrafo tercero del nuevo artículo 1º de la Constitución, únicamente puede intervenir para proteger ―insisto― los derechos de los trabajadores.
Como en el caso concreto yo no encuentro que se dé esta condición y en relación a lo que voté en la Solicitud de Modificación 14/2009, votada por mayoría de votos el veinte de junio de este mismo año, yo estaré en contra del proyecto señor Presidente. Muchas gracias.
SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Sólo para aclarar. El señor Ministro Aguirre decía que el requisito de ser trabajador no es un requisito de elegibilidad, pero según el artículo 67-C de los propios Estatutos, en su fracción II, dice: “Para ser electo representante obrero ante la administración, por ejemplo del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, se requiere: 2. Ser trabajador de una empresa minera metalúrgica”; y así se repite en relación, con toda la elegibilidad o requisito de elegibilidad de quien debe ser representante: que debe ser trabajador; entonces, es un requisito de elegibilidad, y es un requisito que a la hora que la Asamblea dio por aprobada la elección, establece o señala que se cumplieron con todos los requisitos, incluyendo los de elegibilidad para poderlo nombrar en la dirección en la que está.
De tal manera que si el acta estaba mal, la decisión se tomó debidamente, no es a la autoridad administrativa a la que le corresponde decir que está mal, le corresponde a la autoridad jurisdiccional cuando se impugne ese punto o algún otro que se haga, por ejemplo, que se elija absurdamente a un patrón como líder sindical, que se pueda controvertir mediante la vía judicial correspondiente, como se señala en todos los compromisos internacionales de México, y todavía más, cómo se aprobó en la modificación de jurisprudencia de este Tribunal Pleno.
Por eso creo que el requisito en primer lugar sí es de elegibilidad, segundo, que la autoridad está tratando de revisar por sí y ante sí, algo que no tiene facultad para revisar, simple y sencillamente, una vez que la Asamblea determinó que era elegible como representante, hasta ahí se queda la circunstancia y por lo tanto la autoridad sólo está obligada a tomar nota y no a cuestionar esa decisión del sindicato.
Y por último, precisamente como yo lo decía, el señor Ministro Cossío lo insistió y creo que sí coincido con él, en que la vía para combatir esto es la vía judicial o jurisdiccional que no puede ser más, que ante una autoridad independiente y parcial distinta de la autoridad administrativa.
SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Desde mi punto de vista, el proyecto boga contracorriente para determinar que una cosa son los presupuestos previos a una elección y otra distinta los requisitos electorales; sin embargo, éste que concierne a la calidad de trabajador, ya lo ha dicho el señor Ministro Luis María Aguilar, está expresamente señalado en los Estatutos como requisito de elegibilidad, y esta condición que el propio sindicato impuso, no es tan trascendente como lo señala el proyecto.
Para mí no sería insólito que un líder sindical a su vez sea patrón, esto se puede dar con cierta frecuencia en la medida en que en la interrelación humana no conservamos una estricta calidad personal de ser siempre trabajadores y no poder a nuestra vez tener trabajadores al servicio directo, más aún los sindicatos son patrones en muchas ocasiones de trabajo, esto no es un choque esencial a la función de representación.
A mí me queda claro que en la tesis modificada se dice que la autoridad encargada del registro no puede meterse con lo que son requisitos de elegibilidad, si el propio sindicato definió a esta condición de trabajador como requisito de elegibilidad, es claro que el proyecto se está apartando de la jurisprudencia que acabamos de modificar, y por tal razón votaré en contra.
SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Muy brevemente, simplemente para manifestar que también estoy en contra del proyecto, me parece que es muy claro que el proyecto se aparta de la jurisprudencia modificada por este Tribunal Pleno, expresamente se dijo en reiteradas ocasiones, precisamente que los requisitos de elegibilidad no podían ser analizados por la autoridad, algunos de nosotros dimos otros argumentos adicionales, otros votaron en contra, pero como sea, esa discusión ya está superada, lo que tenemos que analizar en este momento es que hay esta jurisprudencia, con independencia de las salvedades que cada uno de nosotros podamos hacer, creo que al menos, desde mi perspectiva, el proyecto no se compadece con este criterio del Tribunal Pleno, y consecuentemente yo votaré en contra del proyecto.
Por tanto, la invocación de dicho criterio, lejos de se también estoy en contra del proyecto y que comulgo con muchas de las consideraciones que aquí se han dado.
El proyecto efectivamente parte de considerar un presupuesto lógico de la calidad de trabajador, etcétera, todas estas situaciones, pero creo que todos estos temas, desde mi punto de vista, ya fueron abordados, los fuimos abordando cuando analizamos, y ahora es el aterrizaje ya en el caso concreto de la modificación de jurisprudencia; de esta suerte, efectivamente insistiría simplemente que no es a la autoridad administrativa, aquí sí quiero insistir, a quien le corresponde juzgar la ilegalidad estatutaria de una elección sindical; de acuerdo con los convenios internacionales, de acuerdo con lo que aquí se ha dicho esto para mí resulta muy claro. Yo estaría también en contra del proyecto.
CONCLUSIÓN: Se dictará una nueva resolución en la que el líder de los mineros mexicanos, Napoleón Gómez Urrutia, SERÁ FORMALMENTE RECONOCIDO y por lo tanto serán válidos todos los actos jurídicos realizados con tal carácter.
Ya puede usted imaginar los millonarios desvíos de recursos en que han incurrido los usurpadores durante todo el tiempo que duró la controversia y las empresas que retuvieron las cuotas sindicales.
Pero eso será otra historia.

ELBA ESTHER: ¿PODER QUEBRADO?

Sara Lovera

saralovera@yahoo.com.mx

A lo largo de la historia de la humanidad donde el poder de los hombres nos ha dejado una perfecta cultura misógina y machista, ha denostado a cuanta mujer se ha encumbrado con las mismas armas que los poderosos y/o con las armas "femeninas" de la belleza y la seducción.

Cualquier mujer trasgresora, enajenada al poder o no, elocuente, hábil, apetitosa por la ambición de poder, apasionada o simplemente bella y seductora ha puesto de relieve, sin descanso, un odio masculino que acabó con el prestigio y la moral de figuras como La malinche,Cleopatra, Carlota (la mujer del archiduque de Austria), Catalina la Grande o La güera Rodríguez. No importa la época o la situación. Siempre es igual.

Recientemente en México se desarticuló la imagen y el futuro de un puñado de mujeres que lograron tener poder real y que hoy están en el basurero de la historia. Razones ha habido, sin duda. Es suficiente recordar las historias truculentas en las que estuvieron envueltas Martha Sahagún de Fox, Rosario Robles, Amalia García y Beatriz Paredes, llevándose en la cola a otras como Dulce María Sauri y Patricia Mercado, todas ellas juntas para celebrar el 50 aniversario del voto femenino.

Naturalmente hay desmemoria. Estas mujeres que recorrieron los mismos caminos de quienes traicionaron sus ideas, sus ideales y sus propósitos, por alcanzar espacios propiedad de los hombres y como ellos cometieron errores de los más simples a los más tremendos, se les ataca profundamente, en su ser mujer.

El enfrentamiento verbal entre un delincuente como Miguel Ángel Yunes y una dirigente poderosa asentada en una documentada estructura de poder corrupto, Elba Esther Gordillo, nos ha mostrado ampliamente el cinismo de la clase gobernante por una parte y, por la otra, lo único que se les ha ocurrido a las huestes de las redes sociales y de esta rápida comunicación por la internet, es mostrar una fotografía retocada de la profesora, con el busto al aire y una cara de bruja inexpugnable.

A Martha Sahagún, que hábilmente encabezó un proyecto político evidente, se le atacó por su decisión de tomar del poder, no como eso sino por "gobernar tras el trono", llenándola de ideas sexuales y de bruja. Nunca se le dio la categoría que tenía, una hábil operadora política y decidida al poder.

Lo mismo pasó con la romántica Rosario Robles, quien hasta ahora se salvó de un juicio de la historia. Sus acciones ayudaron a derribar el proyecto político, si lo hubo, de un grupo que buscaba emprender la democratización del país. En virtud de la visión misógina, ella contradictoriamente, se salvó de ser calificada como traidora.

Ni qué hablar del cambio y conversión de Beatriz Paredes y del mal gobierno equivocado que hizo de su gubernatura en Zacatecas, Amalia García, de ella es preferible decir que ha sido manipulada por su hija, restándole la responsabilidad de Estado que la llevó al fracaso. Y así podríamos hablar de cada una, vista como mujer y hasta con lascivia y no como lo que son: políticas enajenadas al patriarcado, corruptas e irresponsables.

El caso de La maestra, que en los años 60 como sus compañeras de viaje, creía en sus ideas; que en los 70 empezó a tejer su ascenso y llegó hábilmente a la cúpula del sindicato más numeroso, influyente e importante del México contemporáneo.

¿Qué fue lo que a estas mujeres les permitió ese camino? La respuesta es sencilla, incluidas en la vorágine del sistema político nacional, simplemente actuaron como cualquier otro político: usar la demagogia y los recursos de la nación para hacer su juego.

Cualquiera de ellas se parece a Plutarco Elías Calles, a Carlos Salinas de Gortari o a Fidel Velázquez. Su conducta es igualita, pero hay que denostarlas femeninamente, por el busto al aire, el novio o amante corruptor o los favores de un padrino. Que no es eso lo que son sino parte de un engranaje sustentado en la inmundicia, la impunidad y los negocios, en un país que lo resiste todo.

El escandaloso caso de Yunes contra Elba Esther, no es más que el último capítulo de los acuerdos y necesidades del grupoempoderado. Elba Esther fue llamada –yo estuve ahí– en 1971 por el entonces secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, para hacerse cargo del desmantelamiento de un tipo de sindicato que no servía ya a los intereses centrales, primero en la Secretaría de Conflictos del SNTE; más tarde para controlar la sección de ciudad Netzhualcóyotl, luego en la sección 36 del estado de México y más tarde, al lado de Carlos Jongitud Barrios, para asaltar la Secretaría General del SNTE.

Sus habilidades fueron consentidas y probadas durante 30 años. Ella, naturalmente tuvo cómo y con qué hacerse del control del sindicato, en un espacio favorable. Era tan buena y tan hábil que no dudó Carlos Salinas de Gortari para acercarla al verdadero poder, para amasar desde ahí, entre miles y miles de maestros que podrían ser conducidos a apoyar y sustentar el sistema.

Como a todos los alfiles, piezas de un ajedrez, donde se roba y corrompe, La maestra hizo toda clase de favores.

Un día se encumbró por sí misma y en menos de lo que canta un gallo se enfrentó a su partido y creó su propia organización sindical, dejando débil y sin poder a la Federación de Sindicatos de la Trabajadores al Servicio del Estado, luego creó para ella y sus intereses, un partido político propio: el Partido Nueva Alianza (Panal) y con esas herramientas se le dio la categoría en 2006 de ser la instructora del fracaso de Andrés Manuel López Obrador.

No hay en el SNTE ni en ninguna otra dependencia, verdaderas y eficaces auditorías, ni se levantó el pueblo por el robo a mansalva y permanente de nadie. No pasó nada cuando se supo que el hermano incómodo tenía cuentas millonarias en Suiza, ni se le hace juicio político a quien ha robado sistemáticamente en Petróleos Mexicanos; tampoco ha caído un presidente, que como Felipe Calderón, tranquilamente desde su despacho ha sacado las armas y los ejércitos a las calles. Ni nadie lo llama a cuentas por ser hoy el principal operador de la destrucción de las instituciones.

Elba Esther, de los que todos han recordado en sus sesudos análisis, cómo es que se le dio un cheque en blanco para operar, armar fraudes, movilizar al magisterio y otros sectores para asegurar el poder a un partido y a un presidente, colmando con cinismo por las frases de hace unos días, cuando Calderón reconoce que heredó de Vicente Fox la encomienda para darle a La maestra lo que pidiera, dinero extremo para su sindicato, por no decir que para ella; los puestos que eligiera, los recursos de movilización y acción, sin recato, olvidándose de la educación pública y de todo.

Pero a Elba Esther, la mejor y más completa figura de la tradición carrancista, huertista, del triunvirato y el echeverrismo, entre otros, se le pinta como bruja, enseñando el busto y un abultado vientre desnudo que circula por las redes, sin antes pedir cuentas, indignarse con fuerza por el desgobierno y la mentira en que vivimos.

¿Qué hay detrás? Una fácil: Yunes que es un delincuente es simplemente un traidor y la va a pagar ¿Alguien cree que sabremos del mal manejo de recursos en el ISSSTE? ¿O existe la voluntad política por limpiar de corrupción a este país? O son simples pasajes visuales y auditivos de la desvergüenza y el cinismo, de la paradoja y el festín más tremendo que nos agobia, tal vez es una simple estrategia mediática para diluir el reclamo por 8 mil despidos en Mexicana de Aviación, quizá los 45 mil echados a la calle del Sindicato Mexicano de Electricistas o para que veamos como cosa de estadística la matazón en Monterrey y las 10 cabezas que rodaron en Torreón, durante el fin de semana, de siete hombres y tres mujeres.

¿Quién patrocina este nuevo escándalo? Que ha llevado a las primeras planas por 72 horas esta nueva mascarada, que quedará en los diarios como historia, porque al mejor estilo del viejo priísmo se paró la difusión por órden presidencial. En fin que no tiene fin, ni explicación ni nada, que esto pase frente a nuestros ojos, sin respuesta, sin levantamiento o reclamo, ni rendición de cuentas, sin indignación.

ASI LAS COSAS...

PASTA DE CONCHOS Y CONFLICTO MINERO: 5 AÑOS

Transcribo íntegramente el comunicado oficial que me envió el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM):

Quinto Aniversario del homicidio industrial de Pasta de Conchos, Coahuila, y cinco años de que comenzó el conflicto minero

• Del 14 al 19 de febrero se efectuará la Semana Nacional e Internacional de Apoyo a Mineros y a Sindicatos Democráticos.
• Se reafirma y fortalece la solidaridad mundial a la lucha que encabeza nuestro Líder Nacional, Napoleón Gómez Urrutia.

El próximo sábado 19 de febrero se cumplen 5 años de la tragedia de Pasta de Conchos, Coahuila, que el Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, compañero Napoleón Gómez Urrutia, calificó como “homicidio industrial” ejecutado por la negligencia criminal del Grupo México, empresa concesionaria de la mina.

Con tal motivo, del 14 al 19 de febrero se realizará en México y en muchas partes del mundo, la Semana de Solidaridad con el Movimiento Minero y Sindicatos Democráticos de México, que conjuntará a fuerzas sindicales para emitir una condena moral contra el gobierno de México por su política anti minera y anti sindical, y por no haber resuelto el conflicto minero que alcanza ya los 5 años de duración, coincidentemente con el Quinto Aniversario de Pasta de Conchos.

En la explosión murieron 65 de nuestros compañeros y 63 cuerpos de ellos siguen abandonados en el interior de la mina sin que se les haya dado digna sepultura y sin que la empresa haya otorgado adecuadas indemnizaciones a las viudas y familiares, ni el gobierno haya hecho absolutamente nada para castigar a los responsables del siniestro, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, dueño de esa empresa, Xavier García de Quevedo, sus directivos, vicepresidentes y accionistas.

El mundo entero ha constatado cómo en Chile el año pasado se logró el rescate de 33 mineros vivos a más de 2 meses de ocurrido un derrumbe en la mina San José de Copiapó, por la acción solidaria del gobierno de ese país, los sindicatos, la empresa y los trabajadores. Por el contrario, en México, en una actitud vergonzosa, inhumana e insensible, el entonces presidente Vicente Fox, la empresa Grupo México y el detestable titular de la STPS, Francisco Javier Salazar, cerraron la mina de Pasta de Conchos sólo 5 días después de la explosión, en la que desde el primer día del percance estuvieron presentes el compañero Napoleón Gómez Urrutia y su familia. Con esa decisión inhumana condenaron a la muerte a los 65 trabajadores allí atrapados, a pesar de las insistentes demandas directas del compañero Gómez Urrutia para que se realizara el rescate de los mineros.

Ni Fox ni Larrea tuvieron la decencia de presentarse en el lugar para organizar el rescate de los cuerpos y llevar aliento y apoyo a las viudas y deudos de los mineros muertos. En Pasta de Conchos la explosión ocurrió a sólo 120 metros de profundidad y en terreno plano y suave, en tanto que en Chile el percance sucedió a 750 metros de profundidad en terreno rocoso y montañoso. No hay justificación alguna ante esta vergüenza histórica de México, ya que la causa por la que no quisieron rescatar a los mineros mexicanos atrapados, fue para ocultar las inhumanas condiciones de seguridad industrial que allí había, y esta conducta indigna se dio en el gobierno de Fox pero la ha proseguido el de Calderón.

Napoleón Gómez Urrutia

A esta vergüenza nacional de la impunidad con que se mantienen los responsables de la tragedia, se suma que en ese momento, casi simultáneamente, se inició la agresión violenta contra el Sindicato Nacional de Mineros, contra el compañero Napoleón Gómez Urrutia y contra otros dirigentes, la cual es una persecución política sin precedentes en la historia de México. Pretendieron descabezar al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, primero con un asalto a nuestras oficinas sindicales y después con una falsa, ilegal e inconstitucional “destitución” del compañero Gómez Urrutia y el “reconocimiento” a un descalificado individuo que ni siquiera formaba parte del Sindicato y sin que previamente hubiera una Convención, Elías (alias) “el sope” Morales, títere de Larrea y Grupo México, como supuesto dirigente nacional, donde ninguna de las dos perversas maniobras les dio resultado a los agresores.

Han sido 5 años de conflicto minero, que constituyen una vergüenza histórica para el gobierno de Vicente Fox Quesada, y también para el actual de Felipe Calderón Hinojosa que continúa esa obsesiva y demencial persecución política, en complicidad ambos hacia Germán Feliciano Larrea Mota del Grupo México, y hacia otros empresarios igual de ambiciosos.

En esta persecución perversa e irresponsable han echado todo el peso del Estado contra el Sindicato Minero y sus dirigentes, con la participación y guía de Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, Grupo Peñoles de Alberto Bailleres, y Grupo Acerero del Norte de Monclova, Coahuila, de Alonso Ancira Elizondo, así como la de muchos medios de información, a cuyos dueños los amedrentaron o corrompieron para sumarse a las agresiones. La avaricia, la ambición de esos empresarios ha ocasionado estas tragedias y esta persecución, que en el caso de Pasta de Conchos no sólo no les compensan la tragedia sufrida a las viudas, sino que las amenazan y las persiguen.

En todo el conflicto minero, han asesinado a más de 100 compañeros trabajadores, incluidos los que murieron por “asesinato corporativo” en Pasta de Conchos, así como en otros accidentes por negligencia, y en otros casos con el uso de la fuerza pública reprimiendo trabajadores directamente con todo el poder militar y policiaco, como en abril de 2006 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, o en protección a grupos de golpeadores y “porros” mercenarios, como en Nacozari, Sonora, y en Fresnillo, Zacatecas. Lo cual hace evidente que los represores tienen, y tendrán para siempre, las manos y la conciencia manchadas de sangre minera.

Necia y cínicamente se han negado a atender todas las demandas legítimas de los trabajadores mineros, como las de seguridad industrial e higiene y salud en el trabajo, que son a la vez las principales exigencias de las 3 huelgas en Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas; y Taxco, Guerrero, que ya contabilizan 3 años y medio sin que el Grupo México haya dado un solo paso para resolverlas, a pesar de la buena disposición del Sindicato y de los trabajadores a llegar a una solución negociada pero con respeto pleno a los intereses de los compañeros en huelga y a sus derechos sindicales.

Han detenido y mantienen presos a los compañeros Juan Linares Montúfar, Presidente de nuestro Consejo General de Vigilancia y Justicia, desde hace dos años y dos meses, sin darle derecho a juicio justo ni otorgarle amparo, por lo cual lo tienen encarcelado en calidad de preso político; y Martín Fernando Salazar Arvayo, de Cananea, Sonora. Para ellos el Sindicato Minero exige su inmediata libertad.

Han congelado las cuentas bancarias del Sindicato Nacional y sus Secciones, con el objeto de asfixiar nuestra lucha. Han realizado una multitud de acciones ilegales, como la negativa arbitraria para otorgar reconocimiento formal a la investidura del compañero Gómez Urrutia como nuestro Dirigente Nacional, así como las empecinadas órdenes de aprehensión contra el mismo, que en 7 juicios han sido dictaminadas como inconstitucionales por diferentes jueces y tribunales, después de haber sido echadas abajo por la defensa legal de nuestra Organización Sindical, lo cual abre la puerta para que nuestro Líder Nacional, Napoleón Gómez Urrutia, pueda regresar a México.

En todas estas acciones persecutorias han operado diferentes dependencias del gobierno federal y algunos gobiernos estatales, especialmente el siniestro individuo que aparece al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, y en su momento el detestable sujeto que fue titular de la STPS en el tiempo de Fox, Francisco Javier Salazar (alias) el “capablanca” de la organización ultraderechista El Yunque, y uno más que ya pasó a mejor vida, Carlos María Abascal Carranza. Asimismo, el abogado de Grupo México, Fernando Gómez Mont Urueta, quien en su breve paso por la Secretaría de Gobernación, ya en el sexenio actual, dejó sentir su espíritu mafioso a favor de Grupo México, encarceló a Juan Linares Montúfar y congeló cuentas bancarias sindicales.

Han sido, pues, 5 años de vergüenza para estos gobiernos del PAN, que se han dedicado a participar en estas agresiones y los homicidios industriales, y han utilizado con sus aliados empresariales todo el aparato de poder en esta perversa persecución, degradando la política y la función de gobierno al poner a funcionarios serviles a los intereses empresariales, como el señalado Javier Lozano Alarcón, quien le besa los pies a Larrea de Grupo México y a cuanto empresario poderoso apenas se le acerca, y que en el delirio de la enfermedad mental que sufre quiere ser nada menos que candidato presidencial. La impunidad, el encubrimiento ilegal, los crímenes no resueltos, han sido la constante de estos gobiernos de derecha, en sus agresiones contra el movimiento sindical, pero no sólo contra mineros, sino contra electricistas y grupos de trabajadores que ejercen sus derechos a la libre asociación sindical.

Del 14 al 19 de febrero de este 2011, se realizará la Semana Nacional e Internacional de Solidaridad con el Movimiento Minero y Sindicatos Democráticos de México, con motivo del 5º aniversario de la tragedia de Pasta de Conchos, Coahuila. Este programa es nacional e internacional. Habrá protestas contra la agresión a trabajadores mineros y a trabajadores de otros gremios, como el electricista, además de México en todo el mundo, o sea, en Europa, y de este continente en Inglaterra, Italia, España, Alemania, Francia, Rusia, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, así como en América en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, pero también en Japón, Australia, Nueva Zelanda y en varios países de África. Allí se manifestará con toda fuerza la solidaridad sindical internacional, la cual abarca a más de 200 millones de trabajadores en más de 100 países del mundo, que se otorgó incondicionalmente al Sindicato Minero y después se ha ampliado a otras organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas.

El Sindicato Minero es desde 2003 miembro de la FITIM (Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas), y el compañero Napoleón Gómez Urrutia fue elegido en 2005 vicepresidente del Comité Ejecutivo Mundial de esta Federación. Desde 2005 existe una Alianza Estratégica con los United Steel Workers de Estados Unidos y Canadá, que va en camino de una firme fusión de ambos Sindicatos. Hemos recibido la solidaridad también incondicional de la CSI (Confederación Sindical Internacional), que a su vez agrupa a más de 157 millones de trabajadores.

Carlos Pavón

Con este movimiento nacional y, sobre todo, internacional, se producirá una condena moral universal a la vergüenza histórica que representan las agresiones contra mineros, metalúrgicos y siderúrgicos, así como contra nuestros hermanos electricistas. Se repudiarán las acciones de los gobiernos reaccionarios, fascistas y corruptos de México y de las empresas antisociales que pasan por encima de los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores, aplican políticas antisindicales y fomentan la corrupción de indignos individuos que se prestan a seguir estas agresiones, como los tristemente célebres:

• Elías (alias) “el sope” Morales
• Carlos (alias) “la marrana” Pavón
• Juan Luis Zúñiga Velázquez (alias) “el naco”
• Miguel Castilleja (alias) “el tengoché”
• Martín Perales (alias) “el loco”
• Jesús Salas Quiñones (alias) “el cucho”
• Lino Juárez (alias) “el borrachín”
• David Navarro
• Salvador Chaires
• Y los “charros” de Ancira en Monclova:
• Juan Antonio Vaquera
• Héctor Jiménez Coronado
• Roberto Hernández Terrazas

Todos los cuales se han prostituido y son usados por los empresarios antisociales para agredir a los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos y a nuestro Sindicato Nacional. Todos ellos comparten la calificación de ladrones, pillos y corruptos, y en el caso de “la marrana” Pavón, el de asesino del compañero Juventino Flores Salas. A todos ellos los manejan indistinta o conjuntamente los empresarios Germán Feliciano Larrea Mota Velasco de Grupo México, Alberto Bailleres de Grupo Peñoles, y Alonso Ancira Elizondo de Grupo Acerero del Norte (Altos Hornos de México), empresarios que tienen a su servicio al peor secretario del Trabajo que jamás haya habido en México, Javier Lozano Alarcón, que ha convertido a esa dependencia oficial en un centro de producción de “charros” y sindicatos blancos y ha hecho de la corrupción su máxima herramienta de “trabajo”. El Sindicato Nacional de Mineros ha interpuesto ante la H. Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra este sujeto por más de 24 violaciones graves al Estado de Derecho y a los Convenios Internacionales de Trabajo firmados por el gobierno de México.

Pese a todos estos personajes siniestros, el Sindicato Minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia y el Comité Ejecutivo Nacional, refrendan la gloriosa historia de 76 años de lucha de la Organización a favor de los trabajadores, con acciones diarias en defensa de la autonomía y libertad sindicales, y con el logro de aumentos salariales y prestaciones de un 14% en promedio, muy por encima de los que se logran en el resto del país y en muchas partes del mundo. Y exige que cese la violación a los derechos laborales y humanos de los trabajadores mineros y de otros gremios.

No han podido ni podrán vencernos. Cuando iniciaron la agresión en febrero de 2006 creyeron que sería cosa de dos semanas que cayera derrotado el Sindicato Nacional de Mineros, y como no han podido ni podrán contra la honestidad, la valentía y la lealtad de los trabajadores, se han ido por la senda ilegal de atacarnos con violencia, calumnias y blasfemias, nunca con ideas ni con principios, ya que no tienen otros que no sean su ambición y su avaricia.

Pues a pesar de todo ello, y de ellos, el Sindicato Nacional de Mineros ha seguido avanzando. Vamos por más triunfos y continuaremos nuestras luchas legales a favor de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México. Es más, en el último año más de 6 mil trabajadores se han afiliado a nuestra Organización Sindical.

Exigimos:

• El rescate de los 63 cuerpos en la mina de Pasta de Conchos, la indemnización justa a los familiares de los mineros muertos y el castigo a los responsables del homicidio industrial.
• El cese inmediato de la represión contra mineros y electricistas.
• El juicio político a Javier Lozano Alarcón, titular de la STPS.
• El reconocimiento pleno a nuestro dirigente Napoleón Gómez Urrutia, quien en 5 ocasiones ha sido reelecto por unanimidad durante el conflicto minero en otras tantas Convenciones Nacionales.
• La libertad inmediata de los dirigentes mineros presos.
• El descongelamiento de cuentas bancarias sindicales, patrimonio de los trabajadores.
• Que el gobierno obligue a Grupo México a sentarse a negociar y resolver las 3 huelgas de Cananea, Sombrerete y Taxco.

¡EXIGIMOS PLENO RESPETO A LA AUTONOMÍA SINDICAL!

INICIAN PROTESTAS MINERAS

A días de que se cumplan 5 años del accidente en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, este próximo 19 de febrero, el Sindicato Nacional de Mineros anunció que de este lunes hasta el día de la conmemoración realizarán una serie de actividades para protestar contra el gobierno federal por la aplicación de lo que llaman “política anti minera y anti sindical”.

Estas protestas y posicionamientos, enmarcadas dentro de la “Semana de Solidaridad con el Movimiento Minero y Sindicatos Democráticos de México”, no sólo se llevarán a cabo en Lázaro Cárdenas, uno de los principales bastiones del Sindicato Nacional Minero, sino se llevarán también a otras partes del país y del mundo, según indicó el gremio a través de su órgano de comunicación.

Cabe recordar que en el accidente de Pasta de Conchos, hace cinco años, en la explosión murieron 65 trabajadores mineros, de los cuales 63 cuerpos siguen en el interior de la mina; a la fecha, indicó el Sindicato Minero, la empresa de Germán Larrea Mota, no ha indemnizado adecuadamente a las viudas y familiares de esos mineros. 

Este accidente fue calificado como “homicidio industrial” que el gremio minero adjudicó a la negligencia del Grupo México, concesionaria de la mina, y del cual aún no se ha castigado a los responsables.

El caso mexicano lo contrastaron con el accidente minero que se dio en Chile el año pasado, del cual se logró exitosamente el rescate de los 33 mineros que duraron bajo tierra alrededor de 2 meses; en el caso mexicano, “en una actitud vergonzosa, inhumana e insensible, el entonces presidente Vicente Fox, la empresa Grupo México y el detestable titular de la STPS, Francisco Javier Salazar, cerraron la mina de Pasta de Conchos sólo 5 días después de la explosión”.

Desde hace cinco años comenzó el conflicto minero por el cual se autoexilió a Canadá el dirigente Napoleón Gómez Urrutia, por existir órdenes de aprehensión en su contra, producto de una persecución política en su contra, según ha venido el Sindicato Nacional de Mineros

Derivado de este conflicto, en Lázaro Cárdenas la sección 271, que labora en la actual ArcelorMittal, en aquel entonces la empresa era propiedad de Grupo Villacero, estalló una huelga de hechos y el 20 de abril de ese 2006, las fuerzas policiales federales y estatales, al intentar desalojar de la empresa a los sindicalizados mineros, se enfrentaron con estos últimos, de donde murieron dos trabajadores.

En el marco de la Semana Nacional e Internacional de Solidaridad con el Movimiento Minero y Sindicatos Democráticos de México, habrá protestas contra la agresión a trabajadores mineros y a trabajadores de otros gremios, como el electricista, además de México en todo el mundo, o sea, en Europa, y de este continente en Inglaterra, Italia, España, Alemania, Francia, Rusia, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, así como en América en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, pero también en Japón, Australia, Nueva Zelanda y en varios países de África. 

En estas protestas exigirán el rescate de los 63 cuerpos en la mina de Pasta de Conchos, la indemnización justa a los familiares de los mineros muertos y el castigo a los responsables del homicidio industrial; el cese inmediato de la represión contra mineros y electricistas; el juicio político a Javier Lozano Alarcón, titular de la STPS; el descongelamiento de cuentas bancarias sindicales, patrimonio de los trabajadores; el respeto a la autonomía sindical ; y que el gobierno federal obligue a Grupo México a sentarse a negociar y resolver las 3 huelgas de Cananea, Sombrerete y Taxco.

PROYECTO NONAMEX: ACABARÁ CON EL NARCO

Circula una propuesta en internet para resolver el problema del narcotráfico y construir una nueva plataforma de desarrollo. Algunos quizá la tilden de inviable, y ciertamente no es más que una expresión de profunda frustración, pero un agudo y experimentado observador de nuestra idiosincrasia político-gubernamental afirma que "es el programa más serio y mejor conceptualizado que he visto. Sobre todo porque es perfectamente realizable por nuestra excelente clase política". El asunto merece una seria consideración.

La propuesta es elegante por su sencillez: propone acabar con el narcotráfico en tres años por medio de una “metodología infalible”, el proyecto Nonamex.

El proyecto contiene cinco pasos:

I.- Legalizar el comercio de drogas.

Es la impunidad y los privilegios lo que hace posible al narcotráfico e impide el desarrollo del país. Sólo cuando éstos se terminen será posible lidiar con el narcotráfico y, con suerte, salvar a los pingüinos…

II.- Declararlo área estratégica para el desarrollo nacional.

III.- Nacionalizar la industria productora de estupefacientes.

IV.- Crear un organismo desconcentrado en el que resida el monopolio del Estado para la producción y comercialización de las drogas: Nacional Operadora de Mota y Alcaloides Mexicanos (Nonamex).

V.- En asamblea nacional encabezada por diputados y senadores, Carlos Romero Deshamps, Napoleón Gómez Urrutia, Joaquín Hernández Galicia, Elba Esther Gordillo y Martín Esparza Flores, entre otros, constituir el Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Industria de los Narcóticos.

VI.- Esperar un par de años.

VII.- Crear una comisión legislativa encargada de auditar a Nonamex.

VIII. Problema resuelto, en el tercer año podremos observar, entre los narcomerciantes nacionales, huelgas, luchas de poder internas y ausentismo. La industria del narcótico se encontrará colapsada y requerirá de una reforma jurídica de fondo. Con toda seguridad los productos escasearán y costarán 40 ó 50 veces lo que deberían, inhibiendo por completo la demanda y acarreando hacía la pobreza con todos los miembros de la floreciente industria.

El autor, presumiblemente una persona llamada Francisco Vidal Bolado, agrega un corolario aclaratorio:“esta metodología ha demostrado experimentalmente sus resultado, destacando entre sus logros la industria petrolera; la industria azucarera; el agro; la industria eléctrica y la industria minera; la industria pesquera, entre muchas otras”.

Uno puede reírse o llorar al leer esta propuesta, pero no puede dejar de reconocer el ánimo que la produce.Nuestros políticos creen que nadie se da cuenta de lo que pasa en nuestro entorno. Las leyes que se aprueban no están pensadas para ciudadanos normales, esos que quieren vivir y aprovechar las oportunidades que genera la vida, sino que son proyectos diseñados por y para burócratas que no hacen otra cosa sino depredar. El texto también revela un profundo resentimiento hacia nuestros gobernantes no sólo por el hecho de desperdiciar los recursos nacionales, sino por la ausencia de soluciones prácticas y funcionales.

La propuesta me recordó otro proyecto de similar profundidad y desilusión. Hace unos 15 o 18 años Josué Sáenz, quien se presentó como un “ex alto funcionario de la baja burocracia”, planteaba la urgencia de crear un “fideicomiso para la protección del pingüino”. Por su geografía, decía Sáenz, México podía reclamar ser parte del Tratado de la Antártida y, como tal, crear un marco legal destinado a proteger a los pingüinos. Para administrar el fideicomiso proponía enviar a nuestra clase dirigente a encargarse del asunto. El Fidepin, decía Josué, emplearía a nuestros políticos pero, concluía, “seguramente acabarán con el pingüino”.

El tema cambia pero el tenor es similar. Los mexicanos no requieren otra cosa que un ambiente de certidumbre dentro del cual poder funcionar. Las eras de oro del crecimiento económico tuvieron lugar precisamente cuando se logró esa certidumbre. En los 50 y 60, al igual que por un breve periodo en los 90, la población gozó de un marco legal que era creíble, la gente tenía confianza en la palabra de las autoridades y la economía funcionaba: se ahorraba y se invertía.

Al gobierno emanado de la Revolución le tomó décadas ganarse la confianza de la población y poco a poco cimentó el desarrollo de un incipiente sector empresarial. Años de construcción se vinieron abajo cuando, al inicio de los 70, el gobierno modificó las reglas del juego e incorporó toda clase de regulaciones y restricciones que no hicieron sino hinchar la burocracia y coartar el crecimiento de la economía.

En los 80 se intentó restaurar el entorno de certidumbre, pero el único mecanismo susceptible de generar confianza resultó ser un acuerdo bilateral con Estados Unidos, el TLC. Este instrumento eliminó la discrecionalidad burocrática en diversos sectores de la economía, lo que favoreció el crecimiento de la inversión y, por un breve periodo, tasas relativamente altas de crecimiento del producto. Lamentablemente, la guerra política que se inició con el Fobaproa, la inconclusa transición política y la falta de rumbo e instituciones con que nació la era democrática, acabaron por minar la confianza. No es casualidad que la única parte de la economía que funciona de manera casi automática es la que se encuentra normada (y, por tanto protegida) por el TLC. Todo el resto se rezagó en la historia o vive acosado por regulaciones y burocratismos que le impiden al país florecer.

Las propuestas de acabar con el narcotráfico o salvar al pingüino no son más que elucubraciones mentales de mexicanos desesperados que conocen la forma de funcionar de nuestro país a la perfección. Su propuesta no es más que una sátira de la vida cotidiana, esa que es obvia para todos excepto para quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar la realidad. Peor, la experiencia muestra que los obstáculos a cualquier cambio son tan formidables -los intereses tan intrincados- que incluso cuando llega al gobierno un presidente empresario o cuando funcionarios probos que comprenden bien la problemática son nombrados responsables, acaban atrincherados, imposibilitados de llevar a cabo un cambio y explicando por qué no se puede. Con frecuencia, los liderazgos de las cámaras no hacen sino solapar al sistema para preservar sus propios privilegios.

El cambio político que se dio en 2000 no transformó las estructuras de poder en el país: modificó los flujos del poder y los pesos relativos entre quienes lo detentan, pero no alteró el hecho del control político, burocrático, sindical y empresarial. Es la impunidad y los privilegios lo que hace posible al narcotráfico e impide el desarrollo del país. Sólo cuando éstos se terminen será posible lidiar con el narcotráfico y, con suerte, salvar a los pingüinos…