LA IMPUNIDAD EN EL SECTOR MINERO

ESTHELA DAMIÁN PERALTA

Dejar que el tiempo convierta en resignación el enojo popular, es la fórmula a la que suelen recurrir autoridades de los tres niveles de gobierno en torno a tragedias como la explosión ocurrida el pasado 3 de mayo en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, donde 14 trabajadores perdieron la vida.

El hecho obliga a remontarnos en el tiempo y traer a la memoria los mil 715 mineros fallecidos por accidentes de trabajo en aquella entidad, desde el inicio de la extracción de carbón en 1828. Han transcurrido 203 años y en ese lapso lo cierto es que los concesionarios han gozado de total impunidad.

El primer movimiento cohesionado de protesta por las condiciones infrahumanas que prevalecen en ese sector, surgió a raíz de la explosión ocurrida en la mina Pasta de Conchos en 2006, en donde aún permanecen los restos de 65 trabajadores.

Según el documento denominado “Panorama Minero de Coahuila”, editado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a junio de 2010, las concesiones en el país llegaban a los 3 millones 251 mil 854 hectáreas, con 2 mil 34 títulos.

En dicho reporte, sobresale el caso de Coahuila que desde 2005 ha ocupado el primer lugar en la producción de carbón, hierro, celestita, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, dolomita, rocas dimensionables, antimonio y bismuto, y el segundo lugar en barita, fluorita, bentonita, caliza y sílice, aunque en toda esa extensa producción solo se cuente con dos inspectores para supervisar las condiciones que imperan en las minas.

La muerte de los 14 mineros en el municipio de Sabinas es un tema que se abordó en lo que fue la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde además de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas, se exhortó a las autoridades a actuar con todo rigor para evitar que este tipo de accidentes vuelvan a ocurrir. Los legisladores también asumieron el compromiso de dar seguimiento al caso.

No pudo faltar el reclamo al gobierno federal por la impunidad que reina en la industria de la explotación minera en el país. Desde la oposición se demandó fincar responsabilidades a los servidores públicos que, en complicidad con los dueños de las minas, incumplen con las medidas mínimas de seguridad o de impacto ambiental.

No faltó quien insistiera en exigirle al secretario del Trabajo, Javier Lozano, en dejar su Twitter y su campaña por la Presidencia de la República, y enfocarse en su trabajo que es garantizar la seguridad de los trabajadores mexicanos.

Pero, ¿Qué pasa con las responsabilidades por lo ocurrido en Sabinas? No hay duda de que tiene que haber consecuencias no sólo administrativas, sino penales. No es suficiente dar disculpas a diestra y siniestra cuando se pierden vidas de mexicanos por falta de seguridad laboral.

El accidente que enlutó a 14 familias mexicanas obliga a asumir la responsabilidad de los servidores públicos que, en complicidad con las empresas, atentan contra la vida de cientos de trabajadores en las minas del país.

El PRD propuso ir a fondo hacia una reforma que regule la explotación de metales en México, actividad que se desarrolla en 22 entidades y en la cual trabajan 200 mil mineros, además de impactar con el 9% del Producto Interno Bruto al 2010.

Esta es una gran oportunidad para que en la Comisión Permanente se marche a paso firme rumbo a una reforma en este sector, ello bajo la premisa de que los accidentes en las minas nunca más tengan su origen en la negligencia, en la complacencia, en la corrupción

¿Dónde estaban las autoridades responsables de advertir que en Sabinas se trabajaba de manera ilegal? Es evidente que alguien es responsable de la muerte de los 14 mineros, todos mexicanos que trabajaban para vivir, y también del destino futuro de sus viudas, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus familias, sus amigos, sus compañeros.

No, no hay lugar a la confusión. Los familiares de las víctimas merecen todas las indemnizaciones exigibles del caso. Lo que todos los mexicanos no merecen es que los causantes de su muerte permanezcan impunes, nada más que insistir que la impunidad es el mal mayor que afecta a México. 

Fuente: La Jornada de Guerrero

PASTA DE CONCHOS: HOMICIDIO INDUSTRIAL IMPUNE

MÉXICO, DF.- Integrantes de los sindicatos de mineros, electricistas, telefonistas y cambiarios, se manifestaron este jueves afuera de las oficinas del Grupo México para exigir castigo a los responsables de la muerte de sesenta y cinco mineros, por una explosión en Pasta de Conchos, Coahuila el 19 de febrero de 2006.

Luego de marchar de la glorieta de la columna del Ángel de la Independencia en Reforma rumbo a la calle de Moliere, en Polanco donde se encuentran las oficinas de Grupo México, los inconformes acusaron a esa empresa y al Gobierno Federal de ser responsables del citado siniestro, por no haber garantizado la seguridad en ese lugar.

Alrededor de mil personas reclamaron respeto a los derechos de los sindicatos y criticaron la política social y económica del presidente Felipe Calderón, en particular las acciones que, dicen, ha realizado el secretario del trabajo, Javier Lozano, en contra de sindicatos.

Falta vigilancia

Por su parte, Rafael Adrián Avante Juárez, director General de Inspección Federal del Trabajo, reconoció que falta vigilancia por parte de la Secretaría del Trabajo, el día de ayer en rueda prensa. Dijo que se realizarán nuevas acciones para que las empresas cumplan con los requerimientos de ley.

“La gran mayoría se están violando y por eso en estos operativos haremos las nuevas visitas para comprobar esas restricciones y aplicaremos nuevas consecuencias”, afirmó.

Explicó que las minas fingen no estar operando, desmontan la infraestructura y apenas se va el inspector, vuelven a operar.

“Vamos a preparar algunas diligencias para acudir y volver a acudir para cerciorarnos que no nos están engañando, esa es una modalidad. La segunda y todavía más grave, son casos en los que llegamos y efectivamente están trabajando pero la restricción ya se emitió”, dijo.

Acotó que hay la restricción de acceso se impone para evitar que los trabajadores puedan sufrir accidentes o incluso fallecer. Detalló las restricciones de acceso se emiten cuando las empresas incumplen con medidas técnicas, como lo son: barrenado de exploración, falta de metanómetros, falta de equipo o falta de polveo inerte para evitar explosiones.

Recordados

Por otra parte, deudos y representantes de organizaciones civiles recordaron a sus familiares en el Senado de la República, luego de que fueran invitados por los legisladores a la proyección del documental “Voces del subterráneo sobre la minería de carbón y la Familia Pasta de Conchos”.

Ricardo García Cervantes, vicepresidente del Senado, refrendó su apoyo a los deudos, tras reconocer que el sector aún enfrenta serios problemas de corrupción y simulación.

“Los niveles de corrupción, simulación e impunidad que prevalecen en este sector no deben ser el tapabocas de quienes vemos caer mineros sin levantar la voz”, informó.

El senador panista lamentó que mientras los restos de los mineros siguen sin ser rescatados, en el País se registran más muertes de trabajadores, como ocurrió recientemente en la Mina Lulú, en la la zona carbonífera de Coahuila.

Reconoció que el Senado también está en deuda con los mineros por no haber ratificado convenios para incrementar la seguridad e higiene en las minas, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha enviado los expedientes correspondientes.

Visita a viudas

 Por su parte, Daniel Ornelas, Subprocurador general de asuntos foráneos dijo que recibió la instrucción de hacer una visita de supervisión a las viudas de la mina Pasta de Conchos.

 “Checamos como han sido atendidas en Coahuila  y de los 58 juicios que la procuraduría actualmente patrocina, en el caso de 25 ya se concluyeron todas las prestaciones”, dijo.

 Manifestó el Subprocurador general de asuntos foráneos que los 33 pendientes en su gran mayoría están en su etapa de liquidación, que es la etapa final. Estimó que en dos meses los habrán concluido.

 “Las pensiones  son en promedio mil 500 pesos, de acuerdo al salario que está inscrito en el seguro”, concluyó.

Recuerdan la tragedia

LA PAZ, BCS.- Dentro de las actividades de la Semana de Solidaridad con el Sindicalismo Mexicano que lleva a cabo el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana con motivo del V aniversario del trágico accidente de la mina Pasta de Conchos donde fallecieron 65 mineros, la Sección 295 en BCS considera que estos han sido 5 años de vergüenza para los gobiernos del PAN que han actuado con impunidad y encubrimiento ilegal para los culpables de la muerte de sus compañeros del estado de Coahuila.

Heriberto Verdugo Martínez, delgado regional de la zona, dijo que los mineros del país no olvidan el accidente en el que perdieran la vida aquel 19 de febrero del 2006, 65 mineros que fueron abandonados a su suerte luego de la explosión en la mina donde laboraban y que pese a estar a solo 120 metros de profundidad y en terreno plano, no se hizo nada por rescatarlos como si ocurrió con el caso de los 33 mineros de Chile que fueron rescatados sanos y salvos por el gobierno de ese país.

Verdugo Martínez pidió el cese inmediato de la represión contra mineros, el juicio de Javier Lozano Alarcón secretario del Trabajo y el reconocimiento pleno a Napoleón Gómez Urrutia como líder nacional de los mineros sindicalizados del país.
(Con información de El Universal y La Jornada)

LAS VUVUZUELAS Y LA JUSTICIA

Blog invitado: El Cristalazo
Rafael Cardona

En cualquier estudio sobre comunicación la palabra ruido significa estorbo, vicio, obstáculo para lograr la necesaria conexión ente receptor y emisor. No todo el ruido es audible. No siempre se percibe, algunas veces es algo —por extensión— perceptible por la presión, por el enrarecimiento del ambiente, como sucede en estos días en la Suprema Corte de Justicia donde las vuvuzelas africanas, cuyo estruendo aturde a los mundialistas, son cosa de monjes con voto de silencio.
De seguir así las cosas, el dictamen final de la Suprema Corte Justicia no se parecerá en nada al proyecto original del ministro Zaldívar Lelo de Larrea ni al documento generado hace un año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De pronto habrá aparecido un Nerón sonorense causante de la hornaza. Eso si nos vienen a decir cómo fueron hallados los niños muertos debajo de sus camas o sus cunas.
Pero no es nada más en este caso en el cual las trompetas estrepitosas han generado ruidos cuya intensidad cambia las cosas. Hay otros asuntos nacionales de extrema gravedad donde el zumbido de “la grilla” (el ruido de los élitros sin necesidad de cornetones) ha producido consecuencias inexplicables. Uno de ésos tiene relación con Pasta de Conchos.
Este ejemplo muestra la inconexión entre el mundo judicial y el mundo de fuera de los tribunales y, por tanto, la inoperancia de un sistema cuyos engranes no tienen dientes. Cuando se llega a la última palabra, siempre hay una escapatoria. Mire usted:
El pasado 15 de mayo el periodista José Ureña documentó de manera exhaustiva, con documentos completos, la forma como la justicia mexicana calificaba el culposo desempeño del gobierno federal y su responsabilidad, incluso penal, en el derrumbe de la mina coahuilense (el peor desde la desgracia de Barroterán) debido a un conjunto de irresponsabilidades en la inspección de las instalaciones industriales en complicidad con la empresa de Germán Larrea, quien desde entonces no ha dicho siquiera un falso pésame. Todo se le ha ido en perseguir a Napoleón Gómez Urrutia de cuyas culpas hablaremos en otra ocasión.
Con base en el análisis del documento judicial, el periodista Ureña escribió:
“En la muerte de los 65 mineros en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en 2006, hubo “responsabilidad administrativa del Estado mexicano”, determinó por unanimidad la Tercera Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Es decir, subraya la sentencia, el accidente fue “a consecuencia de la irregular actividad administrativa desplegada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) al solapar el incumplimiento de las normas de seguridad que establece el artículo 123 de la Constitución federal”.
“Dicha dependencia federal, entonces a cargo del hoy diputado federal panista Francisco Javier Salazar, tenía la obligación de supervisar las condiciones de explotación del yacimiento y las condiciones de higiene y seguridad, mas no lo hizo.
“En consecuencia, el tribunal condenó a la dependencia, hoy manejada por el ex priista poblano Javier Lozano Alarcón, a cubrir los daños económicos derivados de aquella actividad administrativa irregular de la citada secretaría.
Las vuvuzelas y la justicia“La sentencia de carácter inapelable está sustentada en el artículo 16 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, mediante la cual éste se hace cargo de errores, omisiones e incumplimiento de obligaciones de sus empleados”.
Aquí cabe decir algo interesante: para evitar consecuencias a la irresponsable conducta de Javier Salazar el Partido Acción Nacional lo hizo diputado federal. Ya con fuero legislativo tuvo tres años de “gracia” e inmunidad. Como la sentencia apareció este año, para cuando él concluya su periodo en San Lázaro habrá logrado la impunidad.
Cualquiera, en especial si ha nacido en un país institucionalmente vertebrado y no en esta sucursal de Ruanda, habría pensado en las consecuencias punitivas de tan sonora sentencia. Pero a ningún mexicano le sorprende haber conocido lo contrario: en lugar de castigar a los responsables de la mina, en vez de ordenar una búsqueda definitiva de los cuerpos ahí sepultados y en sustitución de una satisfacción a las familias, sucedió todo lo contrario: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (co-responsable del accidente y las 65 muertes) se adhirió a la empresa y convalidó la clausura de las instalaciones mineras, la expulsión de los deudos de los mineros muertos y el taponamiento del socavón.
En este caso, literalmente, le echaron tierra al asunto.
“El 19 de febrero de 2006 —dice la sentencia—, a consecuencia de la irregular actividad administrativa desplegada por la STPS al solapar el incumplimiento de las normas de seguridad que establece el artículo 123 de la Constitución federal, en la mina de carbón denominada Pasta de Conchos, ubicada en el ejido Santa María, municipio de San Juan Sabinas, estado de Coahuila, se provocó un siniestro de magnitudes sin precedentes en México, en el que murieron 65 trabajadores de la industria minera, así como resultaron lesionados otros 11”.
El 8 de junio el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (SIDIDH) publicó esta información:
“…la Organización Familia Pasta de Conchos, en dos boletines urgentes emitidos por ellos el día de hoy, informa que a tan sólo horas de diferencia de la violencia ejercida contra los trabajadores de Cananea, a las 2:15 de la madrugada, hizo acto de presencia un convoy de la policía estatal de Coahuila escoltando automóviles para que Grupo México se posesionara de la mina 8 Unidad Pasta de Conchos”.
¿Y la sentencia del tribunal, apá?

CANANEA ESTÁ QUE ARDE...

Cananea podría arder otra vez

Invitado: Roberto Robles Garnica*

Morelia, Michoacán.— Recordemos: El primero de junio del 2006 se cumplió el centenario de la huelga de los mineros de Cananea. El patronal Grupo México intentó impedir la conmemoración del aniversario de los mártires de Cananea; en respuesta a éste y otros agravios violatorios del contrato colectivo de trabajo, los trabajadores de la mina iniciaron una huelga, y lucharon junto a los de La Caridad de Nacozari, La Calera en Agua Prieta y los siderúrgicos de Sicartsa en Lázaro Cárdenas. Aquí cayeron baleados Héctor Álvarez Gómez y Mario Alberto Castillo Rodríguez y decenas de heridos en una batalla que intentó romper la ocupación de la planta industrial.

Los asesinos fueron policías michoacanos enviados a recuperar las instalaciones siderúrgicas por el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, acatando insistencias de Vicente Fox y el empresario Germán Larrea.

Los trabajadores heridos fueron trasladados a hospitales de Morelia y del Distrito Federal.

Los mineros de Cananea semanas después tuvieron que volver a su trabajo con las manos vacías, retiraron las banderas rojinegras y se prepararon para otro episodio de lucha. Y pronto lo dieron con nueva huelga pese a diversas represiones políticas, como la del gobernador sonorense Eduardo Bours que cerró las escuelas de Cananea para que los hijos de los mineros no pudieran recibir clases.

Con resistencia singular los mineros llevaban dos años y medio en huelga cuando el Segundo Tribunal Colegiado en materia laboral emitió una resolución que dio por terminadas las relaciones colectivas e individuales de trabajo. El movimiento agredido es legítimo e inclusive había sido amparado con anterioridad por las leyes laborales; pero ahora con el legaloide recurso del tribunal lanzan a la calle a más de 1,100 trabajadores expuestos a una agresión gubernamental que podría ocasionar una gran tragedia.

El porro Javier Lozano, secretario del Trabajo, declaró a favor de que la empresa contrate nuevos elementos y reinicie labores en la mina, los huelguistas afirman que no darán un paso atrás. Están en guardia en lo que siempre ha sido su fuente de trabajo. Están dados los elementos para un choque con la fuerza policiaca o militar, de ahí la importancia de las gestiones de diputados y senadores que ya están pidiendo al gobierno federal la revocación inmediata de la concesión de la mina al Grupo México.

Reunido en la mina un foro social integrado por una diversidad de corrientes sindicales, apoyó y defendió el derecho de huelga en Cananea y emprendió medidas de apoyo a los huelguistas.

Diversos sectores perciben el riesgo de una violenta represión oficial que trae el recuerdo de la huelga minera del 1 y 2 de junio de 1906. Entre los huelguistas de entonces circuló el siguiente impreso anónimo.

“Obreros Mexicanos: un gobierno electo por el pueblo para que lo guíe y satisfaga sus necesidades en lo que cabe. Eso no tiene México.

“Por otra parte: un gobierno que se compone de ambiciosos que especulan criminalmente fatigando al pueblo… Eso no necesita México.

“Que el pueblo elija a sus gobernantes para que lo gobiernen, no para que se burlen y lo humillen, es la República.

“Pueblo, aprende lo que parece que olvidaste. Congrégate y discute tus derechos. Exige el respeto que te debe…

Mexicanos, despertad, unámonos. La Patria y nuestra dignidad lo piden.

“Cananea junio de 1906”.

A más de cien años de distancia este volante no pierde actualidad.

Ricardo Flores Magón a través del Club Liberal de Cananea ejerció valiosa influencia ideológica radical.

En vísperas de la huelga los 5 mil trabajadores mexicanos ganaban menos que los 2mil empleados extranjeros, que además ocupaban los puestos directivos. La discriminación a los mexicanos, el trato despótico de los capataces y el anuncio de que se reduciría el personal y aumentaría la carga de trabajo, llevó a la culminación de la inconformidad. Presentaron sus demandas al director de la empresa, la más importante salario de cinco pesos y ocho horas de trabajo, fue rechazada, airados los trabajadores recorrieron las calles y pasaron por todos los centros de trabajo de la empresa, de unas decenas pasaron a centenas, y empezaron a unirse trabajadores de otras actividades. Al llegar a la maderería de la mina, chocaron con dos norteamericanos que les lanzaron chorros de agua a presión, arruinando la bandera nacional que portaban los manifestantes, el agravio indignó y quemaron la maderería y en la trifulca murieron dos norteamericanos, que habían disparado a la multitud causando varias víctimas. Ya pasaban de 2 mil los manifestantes que protestaban.

La autoridad municipal telegrafió al gobernador Rafael Izabal pidiendo su presencia, quien llegó al día siguiente con 275 rangers, rurales de Arizona. Lázaro Gutiérrez de Lara imprecó a Izabal esa fechoría de lesa patria y terminó su furia en un oscuro calabozo.

Los obreros fueron obligados a regresar a sus labores bajo la amenaza de mandarlos a combatir a los yaquis. Los líderes Manuel M. Diéguez, Esteban Vaca Calderón, Francisco M. Ibarra y cinco obreros fueron detenidos, estuvieron a punto de ser fusilados. El poderoso funcionario Ramón Corral ordenó la suspensión de la ejecución y que fueran enjuiciados rigurosamente conforme a la ley y después enviados a cumplir su condena en San Juan de Ulúa.

Los mineros, ya sin líderes, frente abrumadora fuerza militar y por hambre retornaron a sus trabajos, otros emigraron. Veinte de sus compañeros ya habían sido sepultados. Los sobrevivientes no sabían que habían escrito no una derrota sino una ejemplar historia de lucha proletaria.

Y ahora ¿qué se proponen el secretario del Trabajo Javier Lozano y el empresario Larrea: dejar sus nombres entre los provocadores de tragedias? Los Larrea ya lo consiguieron en el mineral Pasta de Conchos, Coahuila, donde hubo un crimen industrial que costó la vida a 65 mineros que murieron en una explosión, y siguen sepultados bajo las ruinas de la mina.

*Texto firmado también por José de la Luz Rodríguez y Ubaldo Fernández.

Familiares de mineros fallecidos en Pasta de Conchos acuden a la Comisión Interamericana para encontrar justicia

Familiares de 28 mineros, el Centro Prodh, el Cereal y el ENPL presentan la petición a fin de encontrar justicia y exigir la reparación integral del daño.
Durante los cuatro años transcurridos el Estado se ha manifestado ineficiente y parcial ante las demandas de los familiares; la más insistente ha sido el rescate de los restos de los mineros fallecidos.

En el marco del cuarto aniversario de la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, 235 familiares de 28 de ellos han presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañados por el Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal), el Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a fin de encontrar justicia y la reparación integral del daño.
Durante los cuatro años transcurridos desde el 19 de febrero de 2006, fecha del siniestro, los familiares han acudido infructuosamente a las instancias nacionales a fin de solicitar que los responsables –la empresa Industrial Minera México (IMMSA) y las autoridades federales del trabajo- sean sancionados y los restos mortales de los mineros sean rescatados. No se trató de un evento imprevisible ni inevitable, los hechos fueron producto de múltiples y diversas irregularidades que procedían del año 2000 y fueron debidamente documentadas. Las autoridades laborales del ámbito federal actuaron de manera negligente e irregular: favorecieron a la empresa IMMSA, dueña de la mina y parte del Grupo México, en vez de exigir que ésta respetara las normas vigentes en materia de seguridad en los centros de trabajo. Las autoridades no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados pese a las condiciones de alto riesgo que caracterizan la minería del carbón.
Hasta hoy las circunstancias del siniestro no han sido esclarecidas ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue ocasionada por la negligente actuación del Estado -problemática que afecta ampliamente a la industria minera- y tampoco ha habido una reparación adecuada del daño.
Ante la ineficiencia de las instancias nacionales, los peticionarios buscamos que la CIDH declare que el Estado mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familiares y recomiende la realización de una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de la muerte de los mineros. Resulta fundamental además el pronto rescate de los restos de los mineros fallecidos.
El Centro Prodh, el Cereal y el ENPL demandan al Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones ante la comunidad internacional. Por ser la industria minera una de las actividades más riesgosas y con un alto índice de siniestralidad, resulta fundamental que el Estado inspeccione debidamente –cumpliendo su deber de prevención- los lugares de trabajo a fin de salvaguardar la vida e integridad de los mineros.
Además, el Estado mexicano ha incumplido su deber de garantizar los derechos fundamentales: en el presente caso consideramos que han sido violados el derecho a la vida, a las garantías y protección judiciales y el derecho a la integridad personal en perjuicio de 28 mineros fallecidos y 235 familiares.
No se trata de un hecho aislado. La falta de acceso a la justicia en el presente caso es consecuencia de la constante desregulación en materia laboral y de la complicidad gubernamental y empresarial que permite evadir la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad e higiene que aseguren una fuente de trabajo digna acorde con el respeto pleno a los derechos humanos de los trabajadores. Ante la falta de acceso a la justicia en el país seguiremos insistiendo a fin de terminar con la impunidad que hoy distingue al Estado mexicano ante el mundo.


Nueva Rosita, Coahuila 18 de febrero, 2010
Nota informativa

PRIMERA VEZ QUE EL ESTADO MEXICANO ES SEÑALADO COMO RESPONSABLE POR LA SINIESTRALIDAD MINERA (CASO PASTA DE CONCHOS) ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Por primera vez en la centenaria historia de la región carbonífera de Coahuila, se ha tenido que acudir a una instancia internacional dado que el siniestro ocurrido en la mina de Minera México de Grupo México de Germán Larrea (primer grupo minero del país y él de los hombres más ricos de México), no fue un evento imprevisible, ni inevitable por el Estado mexicano, como ya señalaron la CNDH y la OIT. Efectivamente, inspectores gubernamentales adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habían documentado, diversas irregularidades desde el año 2000 y no menos de 48 faltas de seguridad e higiene en la mina para el 2004. Sin embargo, dicha Secretaría y sus agentes, actuando de manera negligente e irregular con el fin de favorecer a la empresa dueña de la mina en vez de velar por que se respetaran las normas vigentes, no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados.
El Estado mexicano, representado entonces por el secretario del trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Saénz, hoy diputado federal del PAN y por Vicente Fox, ambos del poder ejecutivo, no tomó las medidas requeridas de protección frente a un riesgo real e inmediato de un siniestro. Hoy en día, aunque la administración de Calderón-Lozano promovió por la presión nacional, la NOM-032, que exige un mayor nivel de seguridad en las minas de carbón, el hecho de que las empresas sean autoinspeccionables anula la responsabilidad del Estado de vigilar y cuidar el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Prueba de lo anterior, es la documentación también entregada de los recientes siniestros en la Mina Lulú (Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres, fallecidos en agosto, 2009) y en el pocito Ferber (Juan Ramón Flores Juárez, 23 años, fallecido en noviembre, 2009).
Los hechos posteriores a la explosión configuran una nueva violación a los derechos humanos, pues a pesar del activismo constante de los familiares de las víctimas, por falta de debida diligencia y voluntad estatal no se ha consignado ni mucho menos sancionado penalmente a ningún funcionario público. Se ha negado a los familiares el derecho a la coadyuvancia e incluso el acceso al expediente en la investigación, actualmente reservada, en el ámbito federal. No se han esclarecido las circunstancias bajo las cuales ocurrió el siniestro ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de existir una serie de recomendaciones por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue la consecuencia de la negligente actuación del Estado, una problemática que afecta ampliamente la industria minera. Por otro lado no ha habido una reparación adecuada del daño.
Lo más grave es que el Estado no ha cumplido con la demanda más insistente de los familiares de los mineros fallecidos, a saber, que se rescaten los restos de sus seres queridos para que los puedan sepultar de acuerdo con sus creencias. Todavía antier, la dependencia que encabeza Javier Lozano, señalaba que su oficina “carece de competencia alguna para ordenar o permitir dicho ingreso”. No obstante, el Estado no puede invocar la falta de esclarecimiento oficial de los hechos para evitar su responsabilidad internacional por sus omisiones en materia de prevención de riesgos en el presente caso. Uno de los criterios fundamentales del Sistema Interamericano es que un Estado no puede invocar a su favor una falta de pruebas cuando dicha falta se debe precisamente a los actos u omisiones del propio Estado.
La inexistencia del rescate de los mineros ha sido una fuente constante de dolor y frustración para los familiares durante casi cuatro años, quienes se encuentran en un estado de indefensión pues igualmente se les ha negado la posibilidad de coadyuvar en el caso y de participar en diversos recursos administrativos por la supuesta falta de interés jurídico. Por otra parte, se ha enfatizado que el caso se encuadra en un ataque a los defensores de derechos humanos, sobre todo por las agresiones a a defensora Cristina Auerbach Benavides, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral.

Por ende, finalmente, apelamos en nuestro alegato a la obligación de los Estados de emprender todas las acciones posibles para localizar y entregar los restos mortales de víctimas fallecidas en violaciones a los derechos humanos y la Corte Interamericana así lo ha ordenado en un número significativo de los casos. Por lo que, concluyentemente, se solicita a esta la CIDH, que declare que el Estado mexicano ha violado el artículo 5 de la Convención Americana respecto a los derechos de los familiares de las víctimas, quienes hoy son los peticionarios. Establecida la responsabilidad estatal por violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la verdad y la justicia, los peticionarios solicitamos que recomiende al Estado entregar los cuerpos de los mineros fallecidos a sus familiares como parte de las reparaciones debidas. Sólo así, tanta muerte y tanto dolor cobraron sentido y revertirán una historia de impunidad y olvido.

A una voz ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS

EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, FRENTE AMPLIO OPOSITOR A LA MINERA SAN JAVIER EN CERRO DE SAN PEDRO, MOVIMIENTO TODOS SOMOS ZIMAPÁN, RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ; SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA; CENTRO DE DH FRAY JUAN LARIOS; CEREAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA, OP, AC.; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO; CENCOS; COMITÉ DE LIBERACIÓN “25 DE NOVIEMBRE”; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA; COLECTIVO ALAS; CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS; CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR: OBSERVATORIO ECLESIAL Y CELAMEX.



Washington DC, 17 de febrero, 2010
Nota informativa

Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la petición por Caso Pasta de Conchos

El día martes 16 de febrero pasado la Sra. María Trinidad Cantú de la organización Familia Pasta de Conchos, mamá del minero cuyos restos aún yacen en el socavón, Raúl Villasana de 32 años en el aciago 2006, en representación de 235 familiares de 28 trabajadores mineros siniestrados el 19 de febrero de hace 4 años, y el Lic. Andrés Díaz Fernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y en representación del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), han asistido a la oficina en Washington DC, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de formalizar una petición de apertura de caso contra el Estado mexicano, y denunciar las violaciones a los derechos humanos de los mineros de Pasta de Conchos, ya que el Estado mexicano es señalado como responsable de las violaciones respecto de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana: vida (artículo 4); integridad personal (artículo 5); garantías y protección judiciales (artículos 8.1 y 25); todos ellos, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1.1).
Los representantes de los familiares de las víctimas y las organizaciones peticionarias presentaron la documentación pertinente y expusieron los hechos del caso al equipo de registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una reunión cerca de las 3:30 pm (hora de Washington DC) en las instalaciones del organismo internacional. Los funcionarios de la CIDH expresaron que tenían conocimiento del caso por la relevancia que ha tenido en la opinión pública de México y señalaron a los representantes de las víctimas que su petición seguirá el proceso habitual, lo cual implica que se solicitará al Estado mexicano que informe sobre los hechos.

Prepararán en México huelga general en defensa de mineros

México, 14 feb (PL) Sindicalistas mexicanos preparan una huelga general en apoyo a los mil 400 mineros de Cananea, en el norteño estado de Sonora, dejados sin empleo y cuya protesta fue declarada ilegal por la Suprema Corte de Justicia.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) exhortó a la población a organizar de inmediato una "huelga política general y desobediencia civil generalizada", como "respuesta contundente contra el gobierno federal y su política".

La decisión judicial en favor del Grupo México, el explotador del yacimiento, refrenda el cese de la relación laboral con el sindicato minero, lo que niega el pago de salarios caídos, por más de dos años de huelga, liquida a los obreros en el beneficio mínimo previsto en la ley, reseña hoy la prensa local.

En opinión del ex candidato presidencial Andrés López Obrador, el poder judicial sigue sometido a las órdenes de la oligarquía que controla el país como lo demuestra el fallo contra los trabajadores de Cananea.

Para el abogado laboral Arturo Alcalde, la decisión del tribunal es "francamente brutal" y "lo más deprimente es que el Poder Judicial haya avalado este hecho".

"Tengo casi 40 años en el sector laboral y nunca había visto un caso tan grotesco desde el punto de vista jurídico. Analizado de manera integral, es una maniobra burda con la cual acaban con un sindicato, un contrato colectivo, una huelga y, por si fuera poco, liquidan a los mineros con un bajísimo nivel", indicó Alcalde al diario La Jornada.

El texto del SME en respaldo a los mineros, señala que no fueron los trabajadores quienes decidieron romper la paz social en México, sino las decisiones del Ejecutivo.

Con ello también alude a las constantes protestas que mantiene ese gremio desde el cierre en octubre último de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, lo cual dejó cesante a más de 44 mil personas.

El presidente de la República, estimó el SME, tiene en sus manos evitar el derramamiento de sangre obrera, mediante la cancelación de cualquier orden para una intervención del Ejército y la Policía Federal en la histórica mina de Cananea.

OFENSIVA DE ESTADO CONTRA NAPOLEON GOMEZ URRUTIA

CACERÍA POLÍTICA VS GOMEZ URRUTIA

• No obstante la arremetida oficial, el Sindicato Nacional Minero le brinda su irrestricto apoyo.

Conrado Garcia Jamin

De acuerdo con el analista financiero Alberto Barranco, la cooperativa “Veta de Plata”, que integra a los trabajadores que se consideran afectados al excluírseles del prorrateo de los 55 millones de dólares que integró el Grupo Minera México en un fideicomiso a favor de su planta laboral que sobrevivió a la privatización de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea, en paralelo a sus filiales Minerales Metálicos del Norte, Zinc de México y Carbonífera Nueva Rosita, está demandando al Ministerio Público que solicitó al juez de la causa la exoneración del líder minero.
De acuerdo a los querellantes ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el representante social se convirtió en defensor oficioso del polémico dirigente laboral en exilio voluntario en Canadá.
Los dardos apuntan concretamente al agente del Ministerio Público del juzgado 51 penal, Domingo Correa Jiménez.
Este le solicitó al juez de la causa sobreseer las órdenes de aprehensión expedidas contra Gómez Urrutia, al considerar que el sindicato minero agotó exhaustivamente la lista de beneficiarios, con lo que el remanente pasó legítimamente a sus arcas a la extinción del fideicomiso.
No hay, pues, falta alguna del fideicomisario, es decir el Scotiabank, quien heredó la responsabilidad del banco Inverlat a su adquisición, ni tampoco fraude de Gómez Urrutia y demás coacusados.
Así de fácil.
Como usted sabe, los 27 millones de dólares que resultaron de remanente fueron depositados en una cuenta de Bancomer a nombre del sindicato, que al estallido del escándalo fue congelada por la autoridad.
En el camino se documentaron una serie de movimientos a favor no sólo de Gómez Urrutia, sino de sus familiares más cercanos.
De acuerdo al razonamiento, los trabajadores beneficiados con el equivalente al cinco por ciento del capital de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea al momento de su compra al gobierno por parte del Grupo Minera México, eran únicamente los que laboraban al 14 de noviembre de 1988, fecha de integración del fideicomiso registrado con el número 9045-2.
En paralelo, se señala que el traspaso del remanente del fideicomiso al sindicato, realizado éste el 22 de octubre de 2004, fue legal, dado que el Comité Técnico aprobó el cambio de reglas.
El dinero, pues, llegó legítimamente a las arcas del sindicato.
Sin embargo, de acuerdo a la óptica de los denunciantes, el alegato del Ministerio Público es “extraño e inusual”, dado que su responsabilidad se agotaba al solicitar a un juez la orden de aprehensión correspondiente.
La reversa, pues, es inédita.
De hecho, el 17 de abril de 2009 el propio juzgado, en respuesta a una ejecutoria de amparo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, había ratificado su solicitud de orden de aprehensión contra Gómez Urrutia y otros directivos del sindicato minero, al considerar que los argumentos planteados seguían siendo válidos.
Y aunque seis días después Gómez Urrutia promovió un recurso de reconsideración, éste le fue negado.
Más aún, la autoridad judicial rechazó un amparo al ex tesorero del sindicato, Héctor Félix Estrella, al considerarse fundados los argumentos planteados para expedir la orden de aprehensión que lo mantiene en prisión por la misma causa, naturalmente.
Los denunciantes sostienen, además, que fue ilegal la extinción del fideicomiso al no haberse agotados los fines que lo constituyeron.
El reclamo coloca en la encrucijada el caso de cara a las acusaciones de Gómez Urrutia y demás de que se trata de una persecución feroz en su contra por parte del gobierno.
¿Hay consigna contra el líder para llevarlo a la cárcel tope en lo que tope?
Del otro lado de la moneda, empero, se debate si el gobierno está dispuesto a combatir con todo, tope en lo que tope, las prácticas corruptas del viejo sindicalismo… empezando por “Napo”.

APOYO TOTAL DEL SINDICATO MINERO

En forma íntegra reproduzco el comunicado oficial No. 10/2010, enviado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Suderúrgicos y Similares de la República Mexicana y que expresa lo siguiente:
*La Asamblea Nacional Extraordinaria le refrendó su respaldo total al compañero Gómez Urrutia al frente del Sindicato.
*No permitiremos la agresión ilegal contra los compañeros de Cananea, Sombrerete y Taxco, acordamos.
*Tenemos la absoluta mayoría del gremio minero, metalúrgico y siderúrgico nacional.
*Apoyamos la constitución del Frente Nacional de Mujeres en Lucha por la Dignidad de los Trabajadores de México.
En forma democrática y unánime, la Asamblea Nacional Extraordinaria del Sindicato Nacional de Mineros aprobó diez acuerdos en los que refrenda el liderazgo del compañero Napoleón Gómez Urrutia como nuestro máximo Dirigente Nacional, reiteró con firmeza las posiciones que la Organización Sindical ha venido sosteniendo a lo largo del conflicto minero y expresó su absoluta solidaridad con los compañeros en huelga de Cananea, Sombrerete y Taxco, ante las amenazas latentes de un fallo ilegal contra la huelga de Cananea, entre otras determinaciones.
En la Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada el jueves 28 de enero de 2010, participaron el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo General de Vigilancia y Justicia, los Secretarios Generales y de Trabajo de las Secciones Locales, así como los Delegados Especiales y de Zona del Sindicato Minero.
Los acuerdos de esta Asamblea Nacional Extraordinaria fueron los siguientes:1. Por unanimidad, la Asamblea Nacional Extraordinaria, efectuada el jueves 28 de enero de 2010, refrendó con entusiasmo la lealtad y el apoyo del gremio trabajador minero, metalúrgico y siderúrgico de México al compañero Napoleón Gómez Urrutia, como Secretario General de nuestra Gran Organización Sindical, así como al Comité Ejecutivo Nacional y al Consejo General de Vigilancia y Justicia, y señaló que la conducción que han hecho de la Organización Sindical ha sido la única correcta y la más atinada en las actuales circunstancias del conflicto minero.
2. Por unanimidad, la Asamblea Nacional Extraordinaria hizo notar que ante la amenaza latente de que el gobierno federal y Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco pretendan con ilegales maniobras o mediante la fuerza, desaparecer las relaciones de trabajo colectivas e individuales en la mina y factoría de Cananea, Sonora, el gremio trabajador minero entero se alzará en protesta y llevará a cabo todas las acciones que sean necesarias para evitar este atentado a los derechos obreros fundamentales consagrados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, como son la huelga y el Contrato Colectivo de Trabajo, así como el derecho a la libre asociación y a la autonomía sindicales, y señaló que aquella pretensión ilegal representaría un grave retroceso histórico de más de 100 años, que no estamos dispuestos a permitir ni en Cananea, ni en Sombrerete, ni en Taxco.
3. La Asamblea Nacional Extraordinaria confirmó, con el propio registro de las delegaciones asistentes a la misma, que la inmensa mayoría de los agremiados al Sindicato Nacional de Mineros apoyan al compañero Napoleón Gómez Urrutia y que por ello son absolutamente falsas las versiones que desleales, traidores y “charros” andan difundiendo en sentido contrario, apoyados por el gobierno federal y las empresas que les pagan sus traiciones. Confirmamos que los asistentes a esta Asamblea Nacional Extraordinaria integramos la mayoría absoluta de las Secciones y Fracciones de nuestro Sindicato. Asimismo, que de acuerdo a las normas y la disciplina interna establecidas en nuestros Estatutos, que es nuestra Ley Máxima, quienes andan difundiendo esas versiones calumniosas, no tienen derecho a convocar o a participar en las Convenciones de Delegados que se realicen este año de 2010, por habérseles suspendido en sus derechos sindicales según el acuerdo adoptado por nuestro Consejo General de Vigilancia y Justicia.
4. Por lo tanto, se acuerda que los Secretarios Generales y de Actas de las Secciones Locales del Sindicato Nacional de Mineros, publiquen desplegados en los que se asiente que es totalmente falsa la versión calumniosa difundida por desleales y traidores en el sentido de negar la absoluta mayoría que tiene el compañero Napoleón Gómez Urrutia en el Organismo Sindical de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México.
5. En respaldo de esta acción, se acuerda enviar circulares a todas las Secciones y Fracciones para que se dé a conocer la lealtad y el total apoyo incondicional que le damos a nuestro Secretario General, compañero Napoleón Gómez Urrutia, y donde le manifestemos que en la XXXVI Convención General Ordinaria que se efectuará en mayo de 2010, y en las Convenciones Locales, le ratificaremos nuestra lealtad y apoyo, y que nunca jamás permitiremos que el gobierno, empresas o “charros” y desleales intenten apoderarse de nuestra Organización Sindical. Y que si intentan invadir nuestras sedes sindicales, las defenderemos con todo, ya que estas sedes son nuestras y nadie nos las va a quitar.
6. Se acuerda publicar desplegados de denuncia contra “charros” y traidores que se han prostituido a favor de las empresas o del gobierno, en los que se asiente que no permitiremos que se cometa injusticia en Cananea contra los compañeros de la Sección 65, y que viajaremos a esa población de Sonora en caso de ser necesario, en apoyo, solidaridad y defensa de los compañeros cananenses que están en huelga. Los compañeros de la Sección 271 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, anunciaron, en ese sentido, que si se diera tal atentado contra los compañeros de Cananea, bloquearían por tiempo indefinido las instalaciones del puerto industrial Lázaro Cárdenas, y acciones equivalentes serían emprendidas por otras Secciones.
7. Se acuerda que a partir de hoy, y por tiempo indefinido, resguardemos las instalaciones de la Ciudad de México del Sindicato Nacional de Mineros y del Hotel del mismo, en guardia permanente, ya que nadie, sino sólo los auténticos trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México, tiene derecho a hacer uso de dicha sede sindical.
8. Se acuerda demandar que se retiren todas las concesiones a Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, ya que esta empresa es totalmente incapaz de resolver las tres huelgas de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, y que dichas concesiones se les entreguen a los trabajadores y al propio Sindicato para que conjuntamente las operen con empresarios con responsabilidad social y con respeto para la Organización Sindical, y que las conduzcan con apego a las leyes laborales del país y a la Constitución General de la República.
9. La Asamblea Nacional Extraordinaria acuerda por unanimidad apoyar y saludar calurosamente la creación formal del Frente Nacional de Mujeres en Lucha por la Dignidad de los Trabajadores de México, el cual significa un aporte de inmensa importancia para la lucha que los trabajadores y nuestras familias hemos estado realizando durante los cuatro años del conflicto minero, y los dos años y medio de las huelgas legítimas, legales y justas de Cananea, Sombrerete y Taxco. Aprueban que la nueva organización realice acciones conducentes a fortalecer la unidad y la combatividad del gremio trabajador minero y nuestras familias, así como para incluir a todas las mujeres de otras organizaciones sindicales y sociales de todo México, con el mismo propósito de impulsar su lucha legítima, tal como ya ha estado ocurriendo.10. Mantendremos nuestro apoyo y solidaridad total, a los compañeros trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los que el gobierno de Felipe Calderón, al desaparecer ilegalmente Luz y Fuerza del Centro, les pretende destruir su Contrato Colectivo de Trabajo y con ello desaparecer al propio Sindicato Mexicano de Electricistas. La lucha de los hermanos electricistas es la misma que los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos mexicanos estamos dando hace cuatro años por la autonomía y la libertad sindicales, por los derechos obreros fundamentales, como el derecho a la huelga, y por la vigencia del Contrato Colectivo de Trabajo, y por lo tanto estamos hermanados en ese mismo afán redentor clasista.