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viernes, 18 de febrero de 2011

PASTA DE CONCHOS: HOMICIDIO INDUSTRIAL IMPUNE

MÉXICO, DF.- Integrantes de los sindicatos de mineros, electricistas, telefonistas y cambiarios, se manifestaron este jueves afuera de las oficinas del Grupo México para exigir castigo a los responsables de la muerte de sesenta y cinco mineros, por una explosión en Pasta de Conchos, Coahuila el 19 de febrero de 2006.
Luego de marchar de la glorieta de la columna del Ángel de la Independencia en Reforma rumbo a la calle de Moliere, en Polanco donde se encuentran las oficinas de Grupo México, los inconformes acusaron a esa empresa y al Gobierno Federal de ser responsables del citado siniestro, por no haber garantizado la seguridad en ese lugar.
Alrededor de mil personas reclamaron respeto a los derechos de los sindicatos y criticaron la política social y económica del presidente Felipe Calderón, en particular las acciones que, dicen, ha realizado el secretario del trabajo, Javier Lozano, en contra de sindicatos.
Falta vigilancia
Por su parte, Rafael Adrián Avante Juárez, director General de Inspección Federal del Trabajo, reconoció que falta vigilancia por parte de la Secretaría del Trabajo, el día de ayer en rueda prensa. Dijo que se realizarán nuevas acciones para que las empresas cumplan con los requerimientos de ley.
“La gran mayoría se están violando y por eso en estos operativos haremos las nuevas visitas para comprobar esas restricciones y aplicaremos nuevas consecuencias”, afirmó.
Explicó que las minas fingen no estar operando, desmontan la infraestructura y apenas se va el inspector, vuelven a operar.
“Vamos a preparar algunas diligencias para acudir y volver a acudir para cerciorarnos que no nos están engañando, esa es una modalidad. La segunda y todavía más grave, son casos en los que llegamos y efectivamente están trabajando pero la restricción ya se emitió”, dijo.
Acotó que hay la restricción de acceso se impone para evitar que los trabajadores puedan sufrir accidentes o incluso fallecer. Detalló las restricciones de acceso se emiten cuando las empresas incumplen con medidas técnicas, como lo son: barrenado de exploración, falta de metanómetros, falta de equipo o falta de polveo inerte para evitar explosiones.
Recordados
Por otra parte, deudos y representantes de organizaciones civiles recordaron a sus familiares en el Senado de la República, luego de que fueran invitados por los legisladores a la proyección del documental “Voces del subterráneo sobre la minería de carbón y la Familia Pasta de Conchos”.
Ricardo García Cervantes, vicepresidente del Senado, refrendó su apoyo a los deudos, tras reconocer que el sector aún enfrenta serios problemas de corrupción y simulación.
“Los niveles de corrupción, simulación e impunidad que prevalecen en este sector no deben ser el tapabocas de quienes vemos caer mineros sin levantar la voz”, informó.
El senador panista lamentó que mientras los restos de los mineros siguen sin ser rescatados, en el País se registran más muertes de trabajadores, como ocurrió recientemente en la Mina Lulú, en la la zona carbonífera de Coahuila.
Reconoció que el Senado también está en deuda con los mineros por no haber ratificado convenios para incrementar la seguridad e higiene en las minas, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha enviado los expedientes correspondientes.
Visita a viudas
 Por su parte, Daniel Ornelas, Subprocurador general de asuntos foráneos dijo que recibió la instrucción de hacer una visita de supervisión a las viudas de la mina Pasta de Conchos.
 “Checamos como han sido atendidas en Coahuila  y de los 58 juicios que la procuraduría actualmente patrocina, en el caso de 25 ya se concluyeron todas las prestaciones”, dijo.
 Manifestó el Subprocurador general de asuntos foráneos que los 33 pendientes en su gran mayoría están en su etapa de liquidación, que es la etapa final. Estimó que en dos meses los habrán concluido.
 “Las pensiones  son en promedio mil 500 pesos, de acuerdo al salario que está inscrito en el seguro”, concluyó.
Recuerdan la tragedia
LA PAZ, BCS.- Dentro de las actividades de la Semana de Solidaridad con el Sindicalismo Mexicano que lleva a cabo el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana con motivo del V aniversario del trágico accidente de la mina Pasta de Conchos donde fallecieron 65 mineros, la Sección 295 en BCS considera que estos han sido 5 años de vergüenza para los gobiernos del PAN que han actuado con impunidad y encubrimiento ilegal para los culpables de la muerte de sus compañeros del estado de Coahuila.
Heriberto Verdugo Martínez, delgado regional de la zona, dijo que los mineros del país no olvidan el accidente en el que perdieran la vida aquel 19 de febrero del 2006, 65 mineros que fueron abandonados a su suerte luego de la explosión en la mina donde laboraban y que pese a estar a solo 120 metros de profundidad y en terreno plano, no se hizo nada por rescatarlos como si ocurrió con el caso de los 33 mineros de Chile que fueron rescatados sanos y salvos por el gobierno de ese país.
Verdugo Martínez pidió el cese inmediato de la represión contra mineros, el juicio de Javier Lozano Alarcón secretario del Trabajo y el reconocimiento pleno a Napoleón Gómez Urrutia como líder nacional de los mineros sindicalizados del país.
(Con información de El Universal y La Jornada)

miércoles, 6 de octubre de 2010

HOSTIGAN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN EE. UU.

Las últimas redadas de agentes federales en hogares y oficinas de pacifistas son consideradas por defensores de las libertades civiles como una nueva prueba de que Estados Unidos se convierte en un "Estado de vigilancia", donde el derecho a la privacidad y otras protecciones constitucionales desaparecen.

Bill Fisher

El viernes pasado, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) realizaron en la norteña ciudad de Minneapolis una serie de cateos en hogares de activistas contra la guerra y en la oficina de un grupo pacifista, así como en la casa en la nororiental Chicago del jefe de una organización árabe-estadounidense.
El periódico Minneapolis Star Tribune informó de que los allanamientos eran parte de una investigación sobre "actividades relacionadas con apoyo material al terrorismo". Ninguna persona fue detenida.
El portavoz del FBI, Steve Warfield, dijo a los periodistas que las operaciones fueron realizadas alrededor de las siete de la mañana. Los abogados señalaron que los agentes se incautaron de computadoras, teléfonos celulares y documentos de los activistas.
"El continuado y escandaloso acoso a pacifistas, ambientalistas y otros activistas y disidentes bajo la administración de (Barack) Obama en éste y en otos casos… es inexcusable y debe parar", dijo a IPS el presidente del independiente Comité de Defensa de la Carta de Derechos, Chip Pitts.
"Esto confirma la urgencia de que los simpatizantes de todos los partidos, de todas las edades y de todos los sectores de opinión se unan a la comunidad por las libertades civiles en esfuerzos para resistir al emergente Estado de vigilancia y para restaurar las protecciones constitucionales", añadió.
Pitts indicó que las garantías individuales "se diluyeron con la Ley Patriot y otras similares aprobadas en el miedo políticamente manipulado luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre" de 2001 en Nueva York y Washington.
Activistas dijeron al periódico de Minneapolis que los allanamientos "los sorprendieron". Uno de ellos, Mick Kelly, jugó un papel central en las manifestaciones frente a la Convención Nacional Republicana de 2008 en la norteña ciudad de Saint Paul.
Consultado por el Minneapolis Star Tribune si estaba involucrado en alguna actividad ilegal, respondió: "Absolutamente no".
Ted Dooley, abogado de Kelly, dijo al diario que los cateos fueron en realidad parte de "una investigación sobre las opiniones políticas de ciudadanos estadounidenses y de cualquier organización que se oponga al designio imperialista" de Washington.
Además, explicó que las órdenes de allanamiento se basaron en una ley federal que considera delito proveer o conspirar para proveer apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras.
Supuestamente se investigaban vínculos con grupos terroristas en los territorios palestinos y en Colombia.
Los activistas recibieron citatorios para comparecer ante un jurado federal el mes próximo en Chicago. También se emitieron en Michigan y Carolina del Norte.
Luego de las redadas, organizaciones pacifistas y similares comenzaron a preparar su respuesta. El lunes, unas 150 personas se reunieron fuera de las oficinas del FBI en Minneapolis, algunas con carteles que rezaban: "Oponerse a la guerra no es un crimen".
Están previstos otros allanamientos en distintas partes del país este martes.
Los activistas investigados por el FBI aseguraron no haber cometido ningún delito y anunciaron que continuarían oponiéndose a la política estadounidense en Medio Oriente y América del Sur.
Mientras, el periódico The New York Times informó el lunes de que el gobierno de Obama preparaba un proyecto de ley para facilitar que los servicios de inteligencia interceptaran comunicaciones e información en Internet, incluyendo mensajes de correo electrónico y contenido privado en redes sociales.
La Casa Blanca prevé presentar el texto ante el Congreso legislativo el año que viene. La nueva ley requeriría a todos los servicios por Internet ser técnicamente capaces de permitir la interceptación de las comunicaciones por parte de las autoridades federales en caso de una orden, informó el diario.
Los servicios de correo electrónico a través de teléfonos móviles inteligentes como BlackBerry, las redes sociales en la web como Facebook y programas de llamadas por Internet como Skype podrían ser sometidos a vigilancia.

miércoles, 24 de marzo de 2010

GOBIERNO ESPÍA ALIADO DE CAPITALISTAS

Gobierno mexicano se reserva detalles de las negociaciones de ACTA
Blog invitado: laloncheria.com/
Haciendo uso de la Ley Federal de Transparencia se solicitó que la instancia responsable de negociar el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación hiciera público los detalles y condiciones sobre este acuerdo antes de finalizar su negociación. La respuesta es que esa información es reservada. Lo anterior es relevante ya que por ese acuerdo se convertiría a usuarios de Internet en criminales, se facultaría a empresas a vigilar nuestras actividades y puede derivar en la negación del servicio.
Control absoluto que pretende realizar el gobierno en contra de los mexicanos.
Aquí está la prueba: