DESDE EL 2015

PEMEX ENCUBRIÓ EL ROBO DE COMBUSTIBLES

Conrado Garcia Jamin

Una de las empresas con mayor cantidad de señalamientos de corrupción es indudablemente Petróleos Mexicanos, actualmente entre la guerra al huachicoleo emprendida por el actual gobierno. 

Hay un tremendo mar de fondo entre las administraciones pasadas que ocultaron un  enorme déficit no solamente en cantidades de combustible sino, en actividades de encubrimiento. 

Procedo a mostrar un documento qué fue expedido por el Comité de Información de PEMEX en su informe de marzo de 2015, en plena administración de Enrique Peña Nieto y que de acuerdo a lo planteado por un solicitante de información bajo el oficio CI-155/2015, dirigido a la licenciada Rosa aviña Herrera titular de la Unidad de Enlace de Petróleos Mexicanos, se  da respuesta a la solicitud de información con folio 1857 2000 52815 mediante la cual se solicitó a Pemex  lo siguiente: me proporcione información sobre las pérdidas que ha registrado por robo de combustible en todas las entidades del país y 12 detalle el número de robos, qué cantidad de litros de combustible ha sido robada a la paraestatal y a cuánto equivale en dinero; esto durante los años 2009 2010 2011 2012 2013 y 2014 dice el oficio. 

Requiero se proporcionen los datos desglosados por entidad federativa, municipio y fecha, así como el tipo de robo, es decir si fue en carretera, instalaciones o mediante toma clandestina de hidrocarburos en los ductos de Pemex. Asimismo solicito se me informe cuántas denuncias ha presentado la empresa y ante qué instancia gubernamental, tanto por los robos de combustible que ha sufrido Pemex o por cualquier otro delito; también requiero que Pemex explique si ha logrado recuperar algo del combustible que le robaron y de ser así, qué cantidad en litros y en qué entidad federativa.

A pesar de que el robo de combustibles y la ordeña de ductos tiene muchos años y es casi un deporte nacional en México, la respuesta emitida por la paraestatal fue patética: la Dirección de Salvaguardia (sic) Estrategica de Pemex a través de un oficio con muchas letras y que voy a anexar, con fecha 24 de febrero de 2015 dice lo siguiente: con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental y artículo 70 fracción V de su reglamento, solicitó al Comité de Información confirmar la inexistencia de la información requerida en lo que respecta a pérdidas por robo de combustible, específicamente el número de robos la cantidad de litros robados y su equivalencia en dinero, así como cuantas denuncias y ante que instancia gubernamental se han presentado; dado que no es generada, administrada, ni se posee en esa unidad administrativa.

En pocas palabras, si los encargados de salvaguardar los activos de la empresa no tienen conocimiento, ni un solo récord... vaya, ni siquiera una anotación de la cantidad de robos, cantidades de litros y que no saben nada acerca de las demandas que se hayan presentado -a pesar de que deberían ser parte de las mismas como testigos como instancias coadyuvantes- pues es obvio que desde esa fecha ya se estaba encubriendo el gran negocio del combustible robado o huachicoleo, como formalmente admitió PEMEX al afirmar que no tenían la menor idea de lo que estaba pasando.

PASTA DE CONCHOS: A 5 AÑOS DE LA EXPLOSIÓN

Viudas y familiares sólo piden los cuerpos de sus seres queridos

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF 18 feb 11 (CIMAC).- A cinco años del siniestro en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde 65 mineros perdieron la vida, la sanción a la empresa y castigo a las autoridades responsables pasaron a segundo término, las esposas, hijas y madres de los trabajadores del carbón sólo exigen el rescate de los restos de sus seres queridos.

Para ellas, lo más importante es sepultar sus restos conforme a sus creencias, coincidieron las familiares de algunos de los 63 trabajadores del carbón, que tras la explosión en Pasta de Conchos quedaron atrapados en la mina, cuando las autoridades y la empresa suspendieron las labores del rescate.

La misma semana de la tragedia, registrada el 19 de febrero de 2006, los rescatistas dijeron que se suspendían las obras “porque estaban en espera de equipo proveniente de Estados Unidos”; han pasado cinco años y el equipo nunca llegó.

Pasaron los días, y las autoridades argumentaron que “el agua podía estar infectada, luego que había gas y después que había demasiada agua”. A pesar de que estas son problemáticas de las minas de carbón, “no buscaron cómo revertir esas condiciones, e intentar un rescate”, señaló a Cimacnoticias Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).

TANIA Y ELVIRA: “LAS PROMESAS”

Tania Muñoz, hija del minero Jorge Vladimir Muñoz, lamenta el desinterés de las autoridades por la vida de los trabajadores. Ahora pesa la ausencia de su padre, circunstancia que se agrava porque dice “no nos despedimos de sus restos y tampoco pudimos darle una sepultura a donde ir a llorar, a rezar”.

La joven, de 18 años de edad, destacó que pese a la adversidad “vamos a seguir en la lucha hasta donde se pueda, buscando soluciones en el ámbito internacional”, debido a que en México las autoridades “nos cerraron todas las puertas”.

Pese a las “promesas” del gobierno de Coahuila para brindar becas escolares a las y los hijos de los mineros, éstas fueron retiradas, por lo que desde hace año y medio Tania, su hermano de 16 años y su hermana de 8 años de edad, enfrentan problemas económicos, sin embargo ellos continúan estudiando.

La familia de Tania es sustentada por su madre, Elvira Martínez, quien después de luchar por el rescate de su esposo y los derechos de las familias, consiguió un empleo que le permite mantener a sus hijas e hijo, a este ingreso se suma la pensión de cerca de 3 mil pesos mensuales, que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

TERESA: “LA CITA DE CADA MES”

La situación de Elvira Martínez se asemeja a la de Teresa Contreras, viuda del minero José Porfirio Cibrián Mendoza, también recibe una pensión del IMSS, de 2 mil 150 pesos al mes, para mantener a su hijo de 13 años de edad, que recién ingresó a la secundaria.

Como la pensión es insuficiente, Teresa, de 35 años de edad, se dedica a la venta de ropa para completar el gasto.

La viuda asiste cada mes a la mina Pasta de Conchos, donde realizan una misa, en memoria de los trabajadores del carbón. “Ahí, desde afuera de la mina o en las parroquias, pedimos por su rescate y porque se haga justicia y no sigan muriendo más mineros en la región”, refirió.

“Desde hace cinco años, hemos demandado el rescate, pero las autoridades han hecho oídos sordos”, tan es así, que el miércoles pasado, personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social convocó a una reunión para que expresaran sus peticiones, lamentó.

Mañana que se cumplen cinco años del siniestro, Teresa Contreras permanecerá en San Juan Sabinas, en las inmediaciones de Pasta de Conchos, donde llevarán a cabo una eucaristía, simultánea a la que viudas y familiares integrantes de OFPC, celebrarán frente a Grupo México, en el Distrito Federal.

TRINIDAD: “EL DESGASTE FÍSICO”

A la misa que se realizará afuera de la empresa concesionaria de múltiples yacimientos en la región carbonífera de Coahuila, acudirá Trinidad Cantú, madre del minero, madre de Raúl Villasaña Cantú, quien desde hace un lustro exige que rescaten los restos de su hijo.

Trinidad ha permanecido en pie de lucha, pendiente de las acciones en el país y el extranjero. El pasado 16 de febrero acudió a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar el caso en contra del Estado mexicano por violaciones a las garantías de los mineros y sus familias.

La mujer, de más de sesenta años de edad, sigue visitando la mina, aunque desde junio pasado -cuando la empresa junto con la policía estatal desalojaron a las familias- “sólo llegamos a unos metros de la mina, no nos podemos acercar”, debido a que sigue resguardada.

Durante su lucha, la mortificación se tradujo en desgaste físico y emocional, que llevó a su esposo a sufrir un infarto, por esa razón, dijo, “hicimos una pausa en nuestra participación en la lucha, no se trata de miedo o derrota, es una cuestión delicada de salud”, recalcó.

Trinidad y su esposo, viven con la pensión de 3 mil pesos mensuales, que el señor obtuvo por más de veinte años de labor como minero del carbón.

Pese a los problemas económicos y de salud, Trinidad Cantú asegura que se mantendrán en la exigencia del rescate de los restos de su hijo, pues mientras las autoridades no actúen, para las familias “no hay descanso, no sabemos que pasó, ni siquiera tenemos a que ir al panteón”, concluyó. 

Familiares de mineros fallecidos en Pasta de Conchos acuden a la Comisión Interamericana para encontrar justicia

Familiares de 28 mineros, el Centro Prodh, el Cereal y el ENPL presentan la petición a fin de encontrar justicia y exigir la reparación integral del daño.
Durante los cuatro años transcurridos el Estado se ha manifestado ineficiente y parcial ante las demandas de los familiares; la más insistente ha sido el rescate de los restos de los mineros fallecidos.

En el marco del cuarto aniversario de la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, 235 familiares de 28 de ellos han presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañados por el Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal), el Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a fin de encontrar justicia y la reparación integral del daño.
Durante los cuatro años transcurridos desde el 19 de febrero de 2006, fecha del siniestro, los familiares han acudido infructuosamente a las instancias nacionales a fin de solicitar que los responsables –la empresa Industrial Minera México (IMMSA) y las autoridades federales del trabajo- sean sancionados y los restos mortales de los mineros sean rescatados. No se trató de un evento imprevisible ni inevitable, los hechos fueron producto de múltiples y diversas irregularidades que procedían del año 2000 y fueron debidamente documentadas. Las autoridades laborales del ámbito federal actuaron de manera negligente e irregular: favorecieron a la empresa IMMSA, dueña de la mina y parte del Grupo México, en vez de exigir que ésta respetara las normas vigentes en materia de seguridad en los centros de trabajo. Las autoridades no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados pese a las condiciones de alto riesgo que caracterizan la minería del carbón.
Hasta hoy las circunstancias del siniestro no han sido esclarecidas ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue ocasionada por la negligente actuación del Estado -problemática que afecta ampliamente a la industria minera- y tampoco ha habido una reparación adecuada del daño.
Ante la ineficiencia de las instancias nacionales, los peticionarios buscamos que la CIDH declare que el Estado mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familiares y recomiende la realización de una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de la muerte de los mineros. Resulta fundamental además el pronto rescate de los restos de los mineros fallecidos.
El Centro Prodh, el Cereal y el ENPL demandan al Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones ante la comunidad internacional. Por ser la industria minera una de las actividades más riesgosas y con un alto índice de siniestralidad, resulta fundamental que el Estado inspeccione debidamente –cumpliendo su deber de prevención- los lugares de trabajo a fin de salvaguardar la vida e integridad de los mineros.
Además, el Estado mexicano ha incumplido su deber de garantizar los derechos fundamentales: en el presente caso consideramos que han sido violados el derecho a la vida, a las garantías y protección judiciales y el derecho a la integridad personal en perjuicio de 28 mineros fallecidos y 235 familiares.
No se trata de un hecho aislado. La falta de acceso a la justicia en el presente caso es consecuencia de la constante desregulación en materia laboral y de la complicidad gubernamental y empresarial que permite evadir la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad e higiene que aseguren una fuente de trabajo digna acorde con el respeto pleno a los derechos humanos de los trabajadores. Ante la falta de acceso a la justicia en el país seguiremos insistiendo a fin de terminar con la impunidad que hoy distingue al Estado mexicano ante el mundo.


Nueva Rosita, Coahuila 18 de febrero, 2010
Nota informativa

PRIMERA VEZ QUE EL ESTADO MEXICANO ES SEÑALADO COMO RESPONSABLE POR LA SINIESTRALIDAD MINERA (CASO PASTA DE CONCHOS) ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Por primera vez en la centenaria historia de la región carbonífera de Coahuila, se ha tenido que acudir a una instancia internacional dado que el siniestro ocurrido en la mina de Minera México de Grupo México de Germán Larrea (primer grupo minero del país y él de los hombres más ricos de México), no fue un evento imprevisible, ni inevitable por el Estado mexicano, como ya señalaron la CNDH y la OIT. Efectivamente, inspectores gubernamentales adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habían documentado, diversas irregularidades desde el año 2000 y no menos de 48 faltas de seguridad e higiene en la mina para el 2004. Sin embargo, dicha Secretaría y sus agentes, actuando de manera negligente e irregular con el fin de favorecer a la empresa dueña de la mina en vez de velar por que se respetaran las normas vigentes, no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados.
El Estado mexicano, representado entonces por el secretario del trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Saénz, hoy diputado federal del PAN y por Vicente Fox, ambos del poder ejecutivo, no tomó las medidas requeridas de protección frente a un riesgo real e inmediato de un siniestro. Hoy en día, aunque la administración de Calderón-Lozano promovió por la presión nacional, la NOM-032, que exige un mayor nivel de seguridad en las minas de carbón, el hecho de que las empresas sean autoinspeccionables anula la responsabilidad del Estado de vigilar y cuidar el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Prueba de lo anterior, es la documentación también entregada de los recientes siniestros en la Mina Lulú (Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres, fallecidos en agosto, 2009) y en el pocito Ferber (Juan Ramón Flores Juárez, 23 años, fallecido en noviembre, 2009).
Los hechos posteriores a la explosión configuran una nueva violación a los derechos humanos, pues a pesar del activismo constante de los familiares de las víctimas, por falta de debida diligencia y voluntad estatal no se ha consignado ni mucho menos sancionado penalmente a ningún funcionario público. Se ha negado a los familiares el derecho a la coadyuvancia e incluso el acceso al expediente en la investigación, actualmente reservada, en el ámbito federal. No se han esclarecido las circunstancias bajo las cuales ocurrió el siniestro ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de existir una serie de recomendaciones por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue la consecuencia de la negligente actuación del Estado, una problemática que afecta ampliamente la industria minera. Por otro lado no ha habido una reparación adecuada del daño.
Lo más grave es que el Estado no ha cumplido con la demanda más insistente de los familiares de los mineros fallecidos, a saber, que se rescaten los restos de sus seres queridos para que los puedan sepultar de acuerdo con sus creencias. Todavía antier, la dependencia que encabeza Javier Lozano, señalaba que su oficina “carece de competencia alguna para ordenar o permitir dicho ingreso”. No obstante, el Estado no puede invocar la falta de esclarecimiento oficial de los hechos para evitar su responsabilidad internacional por sus omisiones en materia de prevención de riesgos en el presente caso. Uno de los criterios fundamentales del Sistema Interamericano es que un Estado no puede invocar a su favor una falta de pruebas cuando dicha falta se debe precisamente a los actos u omisiones del propio Estado.
La inexistencia del rescate de los mineros ha sido una fuente constante de dolor y frustración para los familiares durante casi cuatro años, quienes se encuentran en un estado de indefensión pues igualmente se les ha negado la posibilidad de coadyuvar en el caso y de participar en diversos recursos administrativos por la supuesta falta de interés jurídico. Por otra parte, se ha enfatizado que el caso se encuadra en un ataque a los defensores de derechos humanos, sobre todo por las agresiones a a defensora Cristina Auerbach Benavides, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral.

Por ende, finalmente, apelamos en nuestro alegato a la obligación de los Estados de emprender todas las acciones posibles para localizar y entregar los restos mortales de víctimas fallecidas en violaciones a los derechos humanos y la Corte Interamericana así lo ha ordenado en un número significativo de los casos. Por lo que, concluyentemente, se solicita a esta la CIDH, que declare que el Estado mexicano ha violado el artículo 5 de la Convención Americana respecto a los derechos de los familiares de las víctimas, quienes hoy son los peticionarios. Establecida la responsabilidad estatal por violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la verdad y la justicia, los peticionarios solicitamos que recomiende al Estado entregar los cuerpos de los mineros fallecidos a sus familiares como parte de las reparaciones debidas. Sólo así, tanta muerte y tanto dolor cobraron sentido y revertirán una historia de impunidad y olvido.

A una voz ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS

EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, FRENTE AMPLIO OPOSITOR A LA MINERA SAN JAVIER EN CERRO DE SAN PEDRO, MOVIMIENTO TODOS SOMOS ZIMAPÁN, RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ; SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA; CENTRO DE DH FRAY JUAN LARIOS; CEREAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA, OP, AC.; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO; CENCOS; COMITÉ DE LIBERACIÓN “25 DE NOVIEMBRE”; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA; COLECTIVO ALAS; CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS; CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR: OBSERVATORIO ECLESIAL Y CELAMEX.



Washington DC, 17 de febrero, 2010
Nota informativa

Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la petición por Caso Pasta de Conchos

El día martes 16 de febrero pasado la Sra. María Trinidad Cantú de la organización Familia Pasta de Conchos, mamá del minero cuyos restos aún yacen en el socavón, Raúl Villasana de 32 años en el aciago 2006, en representación de 235 familiares de 28 trabajadores mineros siniestrados el 19 de febrero de hace 4 años, y el Lic. Andrés Díaz Fernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y en representación del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), han asistido a la oficina en Washington DC, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de formalizar una petición de apertura de caso contra el Estado mexicano, y denunciar las violaciones a los derechos humanos de los mineros de Pasta de Conchos, ya que el Estado mexicano es señalado como responsable de las violaciones respecto de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana: vida (artículo 4); integridad personal (artículo 5); garantías y protección judiciales (artículos 8.1 y 25); todos ellos, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1.1).
Los representantes de los familiares de las víctimas y las organizaciones peticionarias presentaron la documentación pertinente y expusieron los hechos del caso al equipo de registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una reunión cerca de las 3:30 pm (hora de Washington DC) en las instalaciones del organismo internacional. Los funcionarios de la CIDH expresaron que tenían conocimiento del caso por la relevancia que ha tenido en la opinión pública de México y señalaron a los representantes de las víctimas que su petición seguirá el proceso habitual, lo cual implica que se solicitará al Estado mexicano que informe sobre los hechos.