BLOG DE ANÁLISIS Y PERIODISMO PROPOSITIVO

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La verdad nos hará libres...

lunes, 8 de agosto de 2016

MEXICANOS DE TRIPLE MORAL

martes, 21 de junio de 2016

Iniciativa Mérida y nuevo Sistema Penal Acusatorio



En el 2008 fue aprobado por el congreso de Estados Unidos el Plan Mérida; dicho programa fue apoyado en sus inicios por una diversa red de instituciones como la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia de EU, en conjunto con el Congreso Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
El cual tenía en sus inicios como objetivos principales, la entrega de fondos para ofrecer asistencia de seguridad al país y combatir al crimen organizado. Desde el año en que se firmó dicho programa de apoyo, hasta la fecha, EEUU ha invertido un aproximado de mil 900 millones de dólares, en entrenamientos de personal, apoyo con aviones y helicópteros, equipos de seguridad, redes de control vía satelital, bases de datos, y capacitación en derechos humanos.
El principal conflicto entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, ha sido este último, el incremento en el número de denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país. Desde el año 2013, EEUU decidió hacer recortes significativos en dicho plan, por problemas relacionados con las violaciones de derechos humanos durante el combate al crimen organizado en México. Anteriormente en el año 2010, ya habían existido tensiones entre ambos gobiernos con respecto a la retención de fondos por dicho concepto, pero México consiguió en ese año llegar a un acuerdo.
Sin embargo, la situación de 2013 era más fuerte, el recorte era del 15 por ciento, el cual equivalía en su momento a una reducción de 5 millones de dólares, mismo que estaba específicamente destinado para que se investigaran y juzgaran las violaciones de derechos humanos cometidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del país. Dicho recorte fue catalogado como una “clara señal de frustración de Estados Unidos”.
Por otro lado otro, de los aspectos que afectó el Plan Mérida fueron los cambios en la presidencia de Estados Unidos y de México. La iniciativa fue pactada cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y fue respaldada por el gobierno de George Bush, quien destinaba los recursos de dicho programa específicamente en equipo militar. Ahora tanto el gobierno de Obama y el gobierno de Peña Nieto han optado por cambiar el enfoque. El gobierno de Estados Unidos ha seleccionado otras vías que aseguren el estado de derecho en México, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en materia de derechos humanos y la sobrepoblación en los centros de reclusión en todo el país.
La Iniciativa Mérida tuvo desde el 2013 un nuevo enfoque, el cual se orientó en combatir la impunidad y garantizar la justicia en el país. De acuerdo al actual secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien declaró en ese mismo año que los recursos de dicho programa serían ahora asignados a la prevención y el fortalecimiento del marco de justicia penal mexicano. Las nuevas iniciativas están dirigidas hacía la profesionalización de elementos e instituciones en México.
El Plan Mérida y el nuevo sistema penal acusatorio, mantienen aunque no se hable mucho de ello, una estrecha y profunda relación. El nuevo sistema penal mexicano reconoce lo siguiente: “algunos de los factores que impulsaron a dicha reforma fueron los compromisos internacionales”, apoyada por organismos como USAID, misma que forma parte de la red de trabajo en diferentes zonas del país.
Si México quería seguir recibiendo el apoyo y los fondos del gobierno de Estados Unidos, procedentes de la Iniciativa Mérida, era necesario que México hiciera las modificaciones correspondientes en el sistema penal mexicano, mismas que podrían realizarse, si se implementan de forma correcta habrá mayor eficiencia, una notable reducción de costos y se dedicaría menos tiempo a los casos.
Como anteriormente se había comentado, uno de los principales conflictos entre ambos gobiernos eran los problemas en materia de derechos humanos a los que se enfrenta el país. Este nuevo sistema limita el ejercicio del poder penal, evitando que los derechos humanos sean afectados durante la actuación de diferentes figuras policiales, cumpliendo con una de los principales interés del gobierno de EU, al implementar un sistema similar al que es utilizado en este país. Por otra parte, el nuevo sistema intenta resolver los conflictos mediante otras vías o mecanismos alternos como los criterios de oportunidad, los acuerdos preparatorios, intentando reducir el número de encarcelamientos, tomando en cuenta la crisis actual de las cárceles en México.
Algunos de los objetivos de esta reforma constitucional son la implementación de juicios orales, para dar mayor transparencia y recuperar la credibilidad del sistema penal y enfrentar al crimen organizado con todas las fortalezas del estado; incluso se define por primera vez constitucionalmente el término de delincuencia organizada. El gobierno mexicano ha invertido en los últimos 3 años 21 mil millones de pesos en infraestructura, capacitación y equipamiento en esta reforma. ¿Cuántos de esos recursos han sido cubiertos por el gobierno de Estados Unidos, a través del Plan Mérida?
Si bien la presión internacional es notable, también sale a la luz en estos días el rezago en materia de oralidad en el país; hay poca bibliografía actualizada, abogados y maestros coinciden en que es necesario comenzar con la actualización de los nuevos planes a nivel nacional, para que se implemente de forma correcta el nuevo sistema.
Por otro lado, las declaraciones de la secretaria técnica para la implementación de la reforma de justicia penal, Ángeles Fromow, nos hacen pensar que es una reforma de origen nacional, al asegurar que “es una reforma que nació de las organizaciones sociales”.
¿Qué otros motivos o intenciones tendrá EU además de tener un sistema penal parecido y de de acortar los tiempos de sentencia, para presionar esta transición “express” en el país?
El nuevo sistema penal es una buena alternativa, pero habrá que pensar si a este nuevo sistema le interesa que se haga justicia en el país, y velará por todos los derechos humanos de los mexicanos, o únicamente quedará en la simulación de un nuevo sistema para la obtención de recursos internacionales, como es el caso de la Iniciativa Mérida, misma que se implementó desde hace casi nueve años y que ha dado muy pocos resultados.
En virtud de que en los próximos años seguiremos transitando entre ambos modelos, será hasta dentro de 10 años más, cuando una vez lograda la transición completa, podremos juzgar si fueron suficientes estas medidas para alcanzar un sistema de impartición de justicia pronto y expedito y con este terminar con la corrupción y la impunidad en México.

sábado, 4 de junio de 2016

‘Caza’ Bronco a red de corrupción de Rodrigo Medina

‘Caza’ Bronco a red de corrupción de Rodrigo Medina

Acusan de abuso sexual a titular de la Función Pública

Virgilio Andrade: acusado de abuso sexual

Nayeli Martínez afirma que fue obligada a sostener relaciones sexuales en la oficina de Andrade en la SFP y en algunos hoteles.
CIUDAD DE MÉXICO.- Nayeli Martínez, ex pareja de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, presentó una denuncia contra él por abuso sexual y maltrato psicológico.
La CNDH confirmó al medio que tiene abierta una queja contra el funcionario y que la Contraloría Interna de la SFP tiene una investigación.
Martínez Vázquez, con lagrimas en los ojos, dijo a Univisión que Virgilio Andrade: “Me amenazaba de muerte, me decía que no tenía miedo de irse a la cárcel, con tal de que yo hiciera lo que él quería”.
“Por ejemplo, por pedirle la pensión de alimentos de mi hijo recibí insultos terribles, como muerta de hambre, mantenida, centavera…”, denunció Nayeli.
En el reportaje se muestran documentos que acreditan que el funcionario reconoció la paternidad de un niño, quien nació en Tepic, Nayarit, en 2013.
Tras ser nombrado encargado de la investigación “casa blanca”, escándalo desatado a finales de 2014 y que provocó una de las mayores crisis que ha atravesado el Gobierno federal, “él empezó a tener un estatus distinto, las chicas se le acercaban. Empezó a sentir que podía hacer lo que quería, ¿no?”, dice la mujer.
Nayeli Martínez afirma que fue obligada a sostener relaciones sexuales en la oficina de Andrade en la SFP y en algunos hoteles.
La joven denuncia que fue obligada a trabajar desde su casa y posteriormente aislada, en una oficina vacía. 
El dato
> Nayeli Martínez tiene prohibido hablar ante la prensa sobre el caso y de hacerlo tendría que pagar 540 dólares de multa.

miércoles, 1 de junio de 2016

Gobernador de Chiapas compró 14 Departamentos de Lujo en Miami

Velasco y Sabines: millones de dólares en Miami

Sebastián Felipe Rodríguez Robles, trabajó dentro de la Secretaría de Hacienda de Chiapas, durante la administración de Juan Sabines Guerrero, ex gobernador de dicha entidad, al inicio del mandato de actual mandatario chiapaneco, Manuel Velasco Coello, Rodríguez Robles permaneció siendo un funcionario de gobierno, según narra a Revolución TRESPUNTOCERO el abogado Horacio Culebro Borrayas.
Quien a su vez, menciona que Rodríguez Robles, fue quien compró 13 departamentos en Miami, Florida, con valor de mil millones de pesos; “este tesorero de Sabines permaneció en su puesto en la administración de Velasco Coello, y viajó a Miami a comprar este número de propiedades, en tan sólo cuatro días, incluso es posible que una parte de los departamentos pertenezcan al actual gobernador de Chiapas, definitivamente el tesorero no va tener el dinero para comprar esa cantidad inmuebles, tengo documentos que demuestran como se realizaban los contratos”, afirma Borrayas.
Quien a su vez, menciona que Rodríguez Robles, fue quien compró 13 departamentos en Miami, Florida; “este tesorero de Sabines permaneció en su puesto en la administración de Velasco Coello, y viajó a Miami a comprar este número de propiedades, en tan sólo cuatro días, incluso es posible que una parte de los departamentos pertenezcan al actual gobernador de Chiapas, definitivamente el tesorero no va tener el dinero para comprar esa cantidad inmuebles, tengo documentos que demuestran cómo se realizaban los contratos”, afirma Borrayas.
A su vez asegura que con dicha documentación en su poder, viajará a Washington para demandar a Sabines Guerrero, ante la Fiscalía General porque, ’de cierta manera’, dice, Sabines es un prófugo de la ley. “Yo lo acusaré por los mismos delitos que están acusado a Humberto Moreira, porque él tiene una orden de aprehensión y no puede entrar a Estados Unidos, lo mismo debe de pasar con Sabines, además que el en el 2000 no tenía tantas propiedades y ahora es el millonario de Chiapas”, denuncia.
En el  tema de los departamentos, se indica que, otros informes dan cuenta que a través de 13 empresas ‘fachada’, Rodríguez Robles compró los condominios en la Torre Opera, y fue Manuel Velasco Coello, pagó 3 millones 131 un mil 789 dólares.
También comenta que Sabines ha dado paso a un enriquecimiento ’inexplicable’ que incluye lavado de dinero, en su momento abuso de autoridad, además de violación a derechos humanos, esto porque por parte de la Comisión Interamericana bajo el expediente B472-2011, se realizó una demanda en contra de Sabines, donde lo acusa, que –derivado de la lucha del abogado por denunciar las irregularidades en dicha administración- “a mí me detuvieron sin una orden de presentación, de detención o de aprehensión, me acusaron del delito de homicidio de un trabajador minero, a quien yo ni conocía.
Como no procedía el caso, en 20 días un juez me concedió un amparo, sin embargo hubo otro juicio en mi contra y esta vez por ecocidio, aunque se volvió a comprobar falsedad de declaraciones, ante todas estas anomalías y que no habían argumentos para que me tuvieran detenido, obtuve mi libertad.
Por eso acusé a Sabines Guerrero ante la CIDH y esa demanda ya procedió, en el expediente que yo tengo en mi poder y también vamos a presentar como prueba, todo lo actuado dentro del expediente de la Comisión Interamericana, porque este señor es un violador de garantías y no puede estar radicando en Estados Unidos y mucho menos ser cónsul de México en Estados Unidos”, puntualiza el abogado.
En 2014, el abogado acudió a la PGR la cual se declaró incompetente, ante una demanda penal que realizaron en contra de Sabines, la cual fue remitida a Chiapas, ”sin embargo allá se encuentra Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia de la entidad, el cual fue impuesto y dejado por Sabines tres años con él y ahora lleva tres años con Manuel Velasco, por lo que este señor declaró nuestra demanda improcedente”.
El juicio político en contra de Sabines dio inicio en 2013, sin embargo este no se desarrolló en tiempo y forma, por lo que en 2014, el abogado acudió a la Cámara de Diputados, e interpuso una demanda de garantías, ”pero llegado 2015, el mandato que había dado la juez, del décimo segundo distrito en materia de amparo administrativo, Lobo Domínguez, en donde se dijo que había en los elementos para iniciarse el juicio jurídico, no procedió.
Por lo que se han dado nuevamente los pasos hacia dicho juicio con la actual legislatura y cubriendo todos los requisitos, ha manifestado bajo un auto firme que si no cumplen con los mandatos constitucionales, los diputados habrán cometido desacato ”, comenta Horacio Culebro.
“Con ello, Horacio Culebro Borrayas buscará que el ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, sea llevado a juicio en Estados Unidos. Fue como en el mes de septiembre, cuando la justicia de la Unión me amparó y me protegió para que Juan José Sabines Guerreo fuera llevado a juicio político.
Y desde esa fecha, nosotros venimos luchando para que esta persona pueda ser llevada a juicio por los más de 40 mil millones de pesos que extrajo del Estado en materia federal, más otros 20 mil millones de pesos que extrajo también del Estado, pero de los recursos estatales, dejando endeudado totalmente a Chiapas”, agregó.
Horacio Culebro Borrayas ha declarado a Revolución TRESPUNTOCERO, que la semana pasada, después de mantener una entrevista con este medio, recibió amenazas, vía telefónica, donde le dijeron que lo tenían localizado y que lo iban a matar si no les pasaba cierta cantidad de dinero, a su vez le advirtieron que ‘dejara de estar hablando del gobierno en medios de comunicación’”.
La administración de Juan Sabines Guerrero, dejó a Chiapas, a decir por las cifras oficiales, sumida en la pobreza al ser el estado con el mayor porcentaje de su población en esa condición; la entidad no logró superar el mayor problema histórico y factor de otros rezagos sociales.
En términos reales, la pobreza en Chiapas pasó de 3.6 millones de personas en 2008 a 3.8 millones de personas en esa situación en 2010. Pasó así del 77 al 78.4% respecto de la población total.
En tanto, con el gobierno de Velasco Coello, su administración ha sido calificada como “un rotundo fracaso”, Chiapas sigue siendo el estado más pobre del país, con el primer lugar en analfabetismo, y se aumentó en más del 2% la pobreza, al pasar del 74 al 76%.
Sin dejar de mencionar que aumentó la deuda pública del estado en más de 2 mil millones de pesos.