BLOG DE ANÁLISIS Y PERIODISMO PROPOSITIVO

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La verdad nos hará libres...

miércoles, 27 de febrero de 2019

Demoledor testimonio de Michael Cohen vincula a Trump en actos ilegales

Insinuó que el Presidente de los Estados Unidos le dijo implícitamente que mintiera sobre un negocio inmobiliario en Moscú, entre otros supuestos delitos



Washington — Descartando críticas de legisladores republicanos, el exabogado personal del presidente Donald Trump declaró bajo juramento el miércoles que éste supo antes de tiempo y festejó la noticia de que WikiLeaks tenía emails perjudiciales para la campaña presidencial de Hillary Clinton. Además aseguró que Trump es “racista”, “estafador” y “mentiroso”.
Convocado a declarar por la mayoría demócrata a pesar de las objeciones republicanas, Michael Cohen insinuó que Trump le dijo implícitamente que mintiera sobre un negocio inmobiliario en Moscú. Cohen se ha declarado culpable de mentirle al Congreso acerca del negocio. Dijo que Trump estaba enterado de eso cuando Cohen negociaba con Rusia durante la campaña electoral de 2019.
La audiencia produjo el retrato más demoledor hasta la fecha de la campaña y las operaciones empresariales de Trump de parte de quien fuera miembro de su círculo íntimo. Fue el paso más reciente de la evolución de Cohen desde ser el encargado de solucionar los problemas legales del presidente _alguna vez se jactó de que “recibiría un balazo” para protegerlo_ a enemigo que lo ha implicado en violaciones a las leyes federales de financiación de campañas.
Me avergüenzo de mi debilidad y mi lealtad mal dirigida, de las cosas que hice para el señor Trump con tal de proteger y promoverlo”, dijo Cohen. “Me avergüenzo de decidir tomar parte en los actos ilícitos del señor Trump en lugar de escuchar a mi propia conciencia. Me avergüenzo porque sé lo que es el señor Trump”.
Los demócratas interrogaron a Cohen en detalle sobre sus acusaciones a Trump, en tanto los republicanos de la Comisión de Supervisión optaron por atacar al declarante y su credibilidad”.
Michael Cohen
Acusado por un legislador republicano de ser un mentiroso patológico, Cohen respondió, “señor, ¿se refiere usted a mí o al presidente?”.
En un tramo de su declaración, Cohen dijo que los fiscales en Nueva York están investigando las conversaciones que tuvieron Trump o sus asesores con él después que el FBI allanó su cuarto de hotel en busca de documentos.
Un legislador demócrata le preguntó sobre el último contacto que tuvo con Trump o cualquiera de sus agentes.
Cohen dijo que eso sucedió unos dos meses después del allanamiento del FBI, en abril de 2018. Pero se negó a entrar en detalles concretos y dijo que los fiscales federales estaban investigando el asunto.
En cuanto a los correos de Clinton, la declaración de Cohen de que Trump sabía de antemano sobre las filtraciones de WikiLeaks contradicen la afirmación del presidente de que desconocía todo, pero no estaba claro qué pruebas poseía Cohen para sustentar esa afirmación o hasta qué punto sería legalmente perjudicial para el presidente.
El fiscal especial Robert Mueller, que investiga la injerencia rusa en las elecciones, no ha insinuado que el solo hecho de estar al tanto de los planes de WikiLeaks, como presuntamente lo estuvo Roger Stone, un confidente de Trump, constituya de por sí un delito.
Cohen agregó que Trump era “racista” ya que lo escuchó decir que los negros “jamás votarían por él porque son demasiado tontos”.
Añadió que en cierta ocasión, cuando ambos recorrían un “barrio pobre” en Chicago, Trump le dijo que “solo los negros vivirían de esa manera”.
Trump ha rechazado acusaciones de racismo y ha dicho que “jamás usé expresiones racistas”.
Cohen también dijo que no aceptaría un indulto del presidente en caso de que Trump se lo ofreciera. Aclaró que él no lo ha solicitado.
También sostuvo que Trump le ordenó pagar a mujeres quienes aseguraban haber tenido relaciones sexuales con el ahora presidente.
Cohen dijo que decidió declarar ante la comisión para dejar las cosas en claro y expiar algunos de sus errores.

martes, 26 de febrero de 2019

A Donald Trump lo demandan por beso indeseado

<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   Johnson v Trump FLMD Court Complaint by Conrado Gonzalo Garcia Jamin on Scribd

Miami — Una exempleada de la campaña de 2016 de Donald Trump afirmó en una demanda presentada el lunes que el ahora mandatario le sujetó la mano y le plantó un beso indeseado en la cara durante una reunión en Florida con empleados y voluntarios.
Alva Johnson, quien vive en el área de Huntsville, Alabama, dicen en la demanda federal que Trump hizo insinuaciones no consensuadas en agosto de 2016 en Tampa, Florida. Dijo que él “le sujetó la mano y no se la soltó” y la besó en el borde de los labios mientras ella se alejaba ligeramente.
“El beso forzado y no deseado fue muy ofensivo para la señorita Johnson”, dice la demanda, y agrega que la mujer padeció “angustia, trauma psicológico, humillación, vergüenza, pérdida de dignidad, invasión de privacidad y otros daños”.
La demanda, primero reportada por el periódico The Washington Post, busca compensación económica por daños y una orden para evitar que el presidente
“sujete, bese, abuse o de otra forma acose a mujeres sin su consentimiento previo”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que las acusaciones de Johnson son inventadas y que otras personas que estaban ahí afirman que no sucedió.
“Esta acusación es absurda. Esto nunca sucedió y se contradice con los varios recuentos de testigos creíbles”, dijo Sanders.

BUSCA CHAPO EXPLOTAR SU MARCA COMERCIAL




Esta carta en el caso Chapo me intrigó. ¿Cuál era el "contrato civil" que sus abogados, no sus abogados litigantes, querían que firmara en la cárcel?
Resulta que es un acuerdo de licencia para una línea exclusiva de ropa de la marca Chapo.
Literalmente, la firma de Chapo, como logotipo, en la ropa.

El diario The Guardian informó desde hace mas de dos años que la familia de  Joaquín "El Chapo" Guzmán, trató de registrar su nombre con el fin de producir mercancías como ropa, relojes, bastones para caminar e incluso adornos para árboles de Navidad según las solicitudes presentadas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Sus abogados también trataron de registrar su nombre como parte de un plan para hacer una película en su historia más grande de la vida, un proyecto que eventualmente lo llevó a su caída, informaron los medios mexicanos.
Los abogados de Guzmán presentaron documentos al IMPI para registrar el nombre de El Chapo Guzmán como preparación para hacer una película biográfica, pero el IMPI rechazó la solicitud.

Anteriormente, Alejandrina Gisselle Guzmán, que se cree que es hija de Joaquín, marca los nombres de "Joaquín El Chapo Guzmán" y "El Chapo Guzmán".

Se hicieron una serie de 12 solicitudes para registrar los nombres, que se aplicarían a artículos como sombreros, juguetes, artículos deportivos, artículos de talabartería y látigos. También solicitó marcas en servicios tales como publicidad y “administración comercial”.

El IMPI rechazó todas las solicitudes de marcas debido a que Guzmán, quien en 2001 había escapado de la prisión de Puente Grande, supuestamente escondido en un carro de lavandería, era un fugitivo buscado.

El representante legal del solicitante, José Antonio Magaña Jiménez, respondió en una carta de apelación: "El nombre Joaquín no pertenece a ningún narcotraficante buscado por las autoridades, ya que el nombre de esta persona es solo ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA". Agregó que " El nombre GUZMÁN es un apellido común en México "y la marca registrada no trataba de" disculparse por el crimen ".

Los Guzmán no serían la primera familia que intentaría monetizar el nombre notorio de un barón de la droga. En 2012, el hijo de Pablo Escobar lanzó una línea de ropa en 2012 con la imagen de su padre, aunque el gobierno colombiano marca su nombre completo.

Guzmán fue arrestado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Los medios locales informaron que las fuerzas de seguridad comenzaron a rastrear a la actriz Kate del Castillo, a quien Guzmán había abordado durante el proyecto, en 2014.

Más tarde monitorearon a Del Castillo a principios de octubre cuando ella y Sean Penn llegaron a Guadalajara en camino a una reunión con Guzmán, sobre la cual Penn escribió más tarde para Rolling Stone.



EL CASO JORGE TORRES LÓPEZ (1)

EMPORIO RADIODIFUSOR

El viernes 3 de julio del 2015, el diario El Siglo de Torreón publicó como nota principal una entrega de la Agencia Reforma que se tituló "Allegados de Moreira Compran Medios". Expresa lo siguiente:

Mientras que Humberto Moreira ha sido señalado en Estados Unidos de desviar recursos para la compra de medios de comunicación, dos de sus colaboradores más cercanos se convirtieron en empresarios en la industria de la radio y televisión.

Vicente Cháires Yáñez y Samuel Rodríguez Martínez ganaron notoriedad a la sombra del exgobernador de Coahuila por su repentina y efímera incursión en el negocio de los medios de comunicación.

Según el acuerdo de admisión de culpabilidad firmado por el empresario Rolando González Treviño ante Corte Oeste de San Antonio, Texas, durante su sexenio Humberto Moreira desvió recursos del erario para la compra de medios de comunicación.

En 2011, Grupo REFORMA evidenció el sorpresivo enriquecimiento de Cháires que se convirtió en uno de los accionistas de Súper Medios de Coahuila, mediante la cual se "compraron" las concesiones de las radiodifusoras XESJ-AM, de Saltillo; XHRE-FM y XHSL-FM, de Piedras Negras; y de Súper Channel 22, también de Piedras Negras.

Cháires fue secretario particular de Moreira cuando éste ocupó la delegación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a mediados de los 90; cuando fue secretario de Educación Pública, en 1999, y cuando fue alcalde de Saltillo, de 2002 a 2005.

Cuando Moreira llegó a la gubernatura de Coahuila en 2005, nombró a Cháires director de Administración del Gobierno del Estado y, en los últimos meses de su mandato lo hizo secretario de Operación y Planeación del Ejecutivo.

Cháires habría dejado el consorcio Súper Medios de Coahuila en 2010.

Otro de sus colaboradores cercanos es Samuel Rodríguez Martínez, a quien conoció desde la juventud, y quien ha sido operador político de Moreira desde hace varios años y es de los pocos que se mantienen leal a él.

Entre 2012 y 2013 operó la empresa Grupo Radio Grande de Coahuila, que incluía las estaciones 91.3 FM de Saltillo; la 106.7 FM de Torreón; 91.1 de FM en Monclova; 98.3 de San Pedro; la 100.7 en Ciudad Acuña; la 105.1 de Fco. I. Madero y la 97.9 en Piedras Negras.

Las estaciones, en su mayoría, pasaron a ser parte de Grupo Capital, según registros.

Samuel acompañó también a Moreira durante su paso por la delegación federal del INEA y en la Secretaría de Educación. Fue dirigente estatal del PRI en Coahuila entre 2006 y 2007. Posteriormente fue coordinador de programas sociales en la Región Centro, y en 2010 se le nombró secretario de Educación Pública.

Al llegar Moreira a la presidencia nacional del PRI, lo designó delegado del CEN del PRI en Nayarit.






Según documentos oficiales, las estaciones terminaron en poder de  amigos de Enrique Peña Nieto que son propietarios de Grupo Mac Multimedia originario del Estado de México y engloba a las empresas Capital Media, Radiodifusoras Capital y Mac Ediciones y Publicaciones. Entre sus compañías figuran la televisora por cable Efekto TV, los diarios Reporte Índigo y Capital México, Radio Capital, e incluso, tiene una alianza con Grupo Prisa, editora de El País; y tabloides llamados "Capital" en casi toda la República.

Los principales socios de Grupo Mac Multimedia son dos empresarios mexiquenses muy cercanos al ex Presidente Enrique Peña Nieto: los hermanos Anuar José y Luis Ernesto Maccise Uribe, quienes han dado continuidad a un negocio fundado en 1984 por su padre, Anuar Maccise Dib.

¿QUE RELACIÓN GUARDAN LAS ESTACIONES DE RADIO MENCIONADAS, CON EL ENCARCELAMIENTO DE HÉCTOR JAVIER VILLARREAL Y DE JORGE TORRES LÓPEZ -EX SECRETARIO DE FINANZAS Y EX GOBERNADOR INTERINO DE COAHUILA, RESPECTIVAMENTE-?

¿COMO LLEGARON A LAS CORTES DE TEXAS MAS DE 30 DEMANDAS CIVILES Y CINCO ACUSACIONES CRIMINALES?

¿POR QUÉ RAZÓN LA FISCALÍA GENERAL DE TEXAS TIENE REGISTRADAS A CASI 100 PERSONAS, TODAS COAHUILENSES Y RELACIONADAS CON LA POLÍTICA, FAMILIARES, AMIGOS, SOCIOS Y COMPADRES DE LAS PRIMERAS AUTORIDADES DE DOS PASADOS SEXENIOS, BAJO EL TÍTULO DE "SUJETOS DE INTERÉS?

¿QUIÉNES ESTÁN BAJO PROCESO Y QUIENES FALTAN POR JUZGAR?

CONTINUARÁ: "EL CASO JORGE TORRES LÓPEZ (2)"

Periodista de EE.UU. visita mercados en Caracas

"Detrás de mí está la pasta de dientes que según CNN no existe en Venezuela"

El periodista estadounidense Max Blumenthal ha visitado diversos mercados en las afueras de Caracas y ha demostrado en un nuevo video para el proyecto The Grayzone cómo se encuentran a disposición del público alimentos y productos básicos que, de acuerdo con las afirmaciones de algunos medios de comunicación de EE.UU., no se pueden encontrar en la capital venezolana.
"Detrás de mí hay pasta de dientes que, según la CNN, no existe en Venezuela", afirma el reportero, que posteriormente muestra también carne, pescado, pan y verduras, que "se venden muy por debajo del valor de mercado" al estar subsidiados por la Alcaldía de Caracas.
Durante su visita, Blumenthal también conversó con una compradora que afirmó que la gente en Venezuela "no quiere guerra" "ni a extranjeros" que busquen desatar un conflicto militar en el país. Además, la mujer sostuvo que los venezolanos no necesitan la "ayuda humanitaria" que pretende enviar Estados Unidos, subrayando que la gente tiene todo lo necesario. "Somos libres", destacó.
Anteriormente, Max Blumenthal visitó un hipermercado de la cadena Excelsior Gama en Caracas y concluyó que en la ciudad "no hay problema con la distribución o escasez de comida".

domingo, 24 de febrero de 2019

Beltrán Leyva vivía en propiedad de Carlos Salinas de Gortari en Acapulco

El abogado de Joaquín “Chapo” Guzmán declaró a Aristegui

Arturo Beltrán Leyva y Carlos Salinas


LAS PRUEBAS:

Ante la polémica que ha desatado la sentencia del “Chapo Guzmán”, la información sigue fluyendo; en esta ocasión, el abogado de Guzmán Loera, José Luis González Meza, afirmó que tiene pruebas que demuestran que el narco Arturo Beltrán Leyva, también conocido como “El Barbas”, vivía en una casa del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari, en Acapulco, Guerrero, cuando este comandaba en la entidad.
“El mayor de los Beltrán Leyva, operaba en Acapulco, en un fraccionamiento llamado ‘La Cima’, y que misteriosamente es propiedad de Carlos Salinas de Gortari, tengo todos los documentos”, dijo González Meza. Aclaró que en las operaciones aparecen prestanombres.

SALINAS Y LOS GRANDES NEGOCIOS INMOBILIARIOS DE ACAPULCO, BELTRAN LEYVA INCLUIDO.

El asunto que llevó a su máxima tensión las relaciones entre José Francisco Ruiz Massieu y Raúl Salinas de Gortari fue la disputa por las ganancias del negocio que significó la adjudicación del proyecto turístico Tres Vidas en la Playa de Acapulco, integrado al megaproyecto de Punta Diamante, de acuerdo a una puntillosa investigación de la revista Proceso.
“Esto fue lo que enconó a Raúl”, relató el padre de José Francisco, Armando Ruiz Quintanilla, a un grupo selecto de amigos.
Proceso siguió el caso, una de las líneas abiertas en la investigación que sobre la muerte del exgobernador llevaba a cabo la Procuraduría General de la República.
Antes que Ruiz Massieu llegara a la gubernatura del estado, Troy V. Post, dueño de la Inmobiliaria Tropo, SA de CV, empezó a desarrollar turísticamente cuatro hectáreas colindantes al mar, en la zona que va del hotel Princess al aeropuerto internacional de Acapulco. 

Mil problemas y obstáculos tuvo el empresario estadunidense para lograr su objetivo, por concepto de licencias y autorizaciones, además de las huelgas sindicales que a cada rato promovía el viejo líder Filiberto Vigueras. Fastidiado, abandonó todo.

Pasaron los años sin que nadie se hiciera cargo del asunto. Y hasta la llegada de Ruiz Massieu a la gubernatura el proyecto pasó a manos del gobierno de la entidad. Fue entonces, también, cuando Raúl Salinas de Gortari quiso meter las manos en el negocio.
No era la primera vez que José Francisco había entrado primero en tratos y luego en pugnas con Raúl. Viejos políticos recuerdan que hace 14 años, cuando Ruiz Massieu llegó a Guerrero para continuar su carrera política, comentó que no había ni dónde comer en el camino que va de Acapulco a Chilpancingo. Quería un Sanborn’s; encargó el terreno y se hacían los planes, que se frenaron por la oposición de Raúl Salinas.
Luego de lo dicho por el doctor Ruiz Quintanilla a sus amigos, se habló que las tensiones se dieron porque José Francisco dejó “fuera de la jugada” a Raúl en el proyecto Tres Vidas en la Playa.
Ver: http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/gro/estudios/2003/12GE2003VD084.pdf

Copias de los registros, sin embargo, fueron obtenidas. En ellos aparecen Ignacio Santos de Hoyos y Alberto Santos Hoyos –éste último expresidente del grupo Gamesa, promotor del fallido proyecto de Vaquerías y actual senador por el PRI–, como presidente del consejo de administración y apoderado, respectivamente, del proyecto turístico Tres Vidas en la Playa.
En otras palabras, los beneficiarios (¿prestanombres...?)finalmente fueron los Santos de Monterrey, amigos y paisanos de los Salinas.
De acuerdo con los folios mercantiles 3270, 3271 y 3274, de fechas que van del 30 de marzo de 1993 al 1 de marzo de 1995, correspondientes al distrito Tabares del municipio de Acapulco, aparecen constituidas tres denominaciones o razones sociales –Residencial Tres Vidas, SA de CV; Hotel Tres Vidas, SA de CV, y Tres Vidas en la Playa de Acapulco, SA de CV–, constituidas con un capital de 50 mil nuevos pesos cada una.
Las tres tienen como único socio a Impulsora de Acapulco, SA de CV, representada primero por Carlos García Villarreal, después por Mario Alberto Campos Aguilar y luego por Carlos Javier Belden Elizondo.
Basta recordar el escándalo Punta Diamante y sus salpicaduras.
Con escrituras públicas en Monterrey y Acapulco, las sociedades tienen como objeto, entre muchos otros, la administración, promoción, el diseño, la operación, el desarrollo, la compraventa, construcción y comercialización en general, así como la planeación y lotificación de todo tipo de inmuebles, hoteles, moteles, clubes deportivos, campos de golf, villas, condominios, condo-hoteles, copropiedades con la modalidad de tiempo compartido, centros comerciales, industriales, turísticos y unidades habitacionales.
Además del proyecto Tres Vidas en la Playa, la Procuraduría General de la República (PGR) investigaba el caso de Punta Diamante, en la bahía de Puerto Marqués que, en opinión del entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu, redimiría de la miseria a los acapulqueños.
La investigación partió de las disputas que tuvieron Raúl Salinas de Gortari y José Francisco Ruiz Massieu por el traspaso de algunas propiedades en ese desarrollo turístico, que hubieran alimentado las “rencillas familiares”, una de las dos facetas señaladas por el fiscal Pablo Chapa Bezanilla como el móvil del crimen del secretario general del PRI.
Con una superficie inicial de 2 millones 653,788 metros cuadrados, el gobernador Ruiz Massieu puso en marcha el megaproyecto turístico mediante la expedición de la Ley de Fomento del Turismo, del 15 de agosto de 1987, publicada dos días después en el Periódico Oficial del estado de Guerrero. Casi dos semanas después, el 27 de agosto, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado emitió el decreto que declaró como “causa de utilidad pública” el desarrollo turístico de Punta Diamante. (Proceso 703.)
Desde un principio se cometieron toda clase de irregularidades con los terrenos, mediante despojos, ventas ilícitas y enajenaciones fraudulentas. De un viejo peso por metro cuadrado en que se vendieron algunas propiedades, hoy rebasan 2,000 dólares. Aunque a unos se les pagó, otros antiguos pobladores sólo recibieron promesas, incumplidas, de reubicación.

Informes oficiales a los que Proceso pudo acceder, destacan que los Beltrán Leyva llegaron a Guerrero, en forma destacada a la zona de Acapulco, durante la administración de René Juárez Cisneros (1999-2005).
Según las autoridades consultadas, el capo y sus seguidores se asentaron en residencias ubicadas en zonas habitacionales de alta plusvalía, como Pichilingue y Punta Diamante y solían divertirse en antros como Palladium, propiedad del empresario y cónsul honorario de Rusia en Acapulco, Tony Rullán, así como en Clásico del Mar, administrado por Raymundo Reséndiz Díaz, yerno del Zeferino Torreblanca Galindo, el actual mandatario estatal.


LA “LIGA” TAMAULIPECA
Las pesquisas de la PGR, empero, se concentraron en el fraude cometido con algunos de los mejores terrenos con vista a la bahía y que no pertenecen al proyecto de Punta Diamante, motivo por el cual está preso, desde el 31 de mayo de 1992, Abraham David Rubio Canales, exdirector general del fideicomiso Acapulco (Fidaca).
Acusado de vender irregularmente 479,000 metros cuadrados a la empresa Crescent, LTD, SA de CV, en 21,085 millones de pesos, en perjuicio del patrimonio del Fidaca, enajenó los terrenos que se sitúan en Cumbres de Llano Largo, en la carretera escénica Acapulco-Puerto Marqués, colindantes con el fraccionamiento Las Brisas. (Proceso 814.)
Rubio Canales –de 51 años de edad, casado, originario de Ciudad Mante, Tamaulipas– ocupó el cargo de director del Fidaca del 4 de mayo de 1987 al 2 de febrero de 1992, cuando fue suspendido en sus funciones. A finales de 1989 ocupaba también la dirección general de la Promotora Turística de Guerrero, empresa inmobiliaria del gobierno estatal encargada de promover y comercializar el proyecto turístico Punta Diamante.
La línea de investigación de la PGR partió de la declaración ministerial de Jorge Rodríguez González, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, encargado de contratar a Daniel Aguilar Treviño y Carlos Angel Cantú Narváez, para dar muerte a Ruiz Massieu, siendo el primero quien le disparó.
Rodríguez González señaló que supo por su hermano Fernando que, durante la preparación del atentado, Manuel Muñoz Rocha estaba en contacto con Abraham Rubio Canales, “íntimo amigo del propio diputado”, quien manifestó su interés por “eliminar” a Ruiz Massieu, toda vez que lo consideraba culpable de su encarcelamiento. Fue el primer indicio para involucrar el cártel del Golfo, que encabezaba Juan García Abrego, ya que Rubio Canales es consuegro del narcotraficante Raúl Valladares del Angel, miembro de esa organización criminal.
Posteriormente, el abogado defensor de Rubio Canales, Juan César Rubio, declaró que el exdirector del Fidaca podría salir de prisión de un momento a otro, dado que uno de los principales testigos de cargo, Filiberto Chabelas Cortés, dijo que fue obligado a firmar una declaración ministerial preparada en la Secretaría Particular de la Subprocuraduría General de la República, a cargo entonces de Mario Ruiz Massieu. (El viernes 10, la PGR anunció que la acusación contra Rubio, relacionada con el crimen, fue sobreseída.)
Luego la investigación apuntó contra Salvador Giordano Gómez, subsecretario de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y persona de confianza de Raúl Salinas, señalado como el hombre utilizado por éste para llevar a la cárcel a Rubio Canales y que sería llamado a declarar sobre las divergencias entre José Francisco y Raúl. (Fuentes: Proceso, Aristegui Noticias, Regeneración, Agencias).



viernes, 22 de febrero de 2019

IMPIDEN ATAQUE TERRORISTA EN MARYLAND, E.U.



Un oficial de la Guardia Costera de EEUU y autoproclamado supremacista blanco fue arrestado luego de que investigadores federales descubrieron una reserva de drogas y armas ilegales en su casa que, según alegan, formaban parte de un complot para cometer actos de terrorismo masivo.
Christopher Paul Hasson, oriundo de Maryland fue arrestado el viernes, al comprobarse que tenía la intención de cometer ataques terroristas, reportó el Washington Post.
Aunque inicialmente fue arrestado por cargos de posesión ilegal de armas y drogas, un expediente judicial dice que esos cargos solo fueron “la punta del iceberg” en lo que serían sus letales intenciones aseguró la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Maryland.
“El acusado es un terrorista doméstico, empeñado en cometer actos peligrosos para la vida humana que están destinados a afectar la conducta del gobierno”, alega el documento.
Christopher Paul Hasson
Mientras buscaban en la casa de Hasson en Maryland, los investigadores encontraron varios archivos en su computadora que sugerían que Hasson planeaba atacar a miembros del Congreso y figuras de los medios de comunicación con la esperanza de crear una “patria blanca”.
“La ideología liberalista / globalista está destruyendo a los pueblos tradicionales, especialmente a los blancos”, escribió Hasson en un borrador de correo electrónico, según documentos judiciales.
“No hay forma de contrarrestar sin violencia. Debería presionar por más medidas de represión y traer más gente a nuestro lado. Tendrá que derramarse mucha sangre para que se levante del sofá”.
Hasson se refirió a sus objetivos como “traidores”, y parece haber nombrado figuras como la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.), el representante Beto O’Rourke (D-Texas), Joe Scarborough de MSNBC y el ex presidente de campaña de Hillary Clinton John Podesta.
El perturbado individuo parece haber encontrado inspiración en Rusia por su antipatía hacia el liberalismo estadounidense, y su historial de búsqueda reveló búsquedas que incluyen “qué pasaría si Trump fue impugnado ilegalmente” y “guerra civil si Trump fue impugnada”, según el expediente judicial.
Los investigadores encontraron esteroides y el analgésico Tramadol, una sustancia controlada altamente adictiva, en la casa de Hasson.
Seamus Hughes, director adjunto del Programa de Extremismo en la Universidad George Washington, informó por primera vez el arresto de Hasson el miércoles por la tarde.

EU QUIERE A DOS HIJOS DEL CHAPO



El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó una acusación contra Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, por delitos de  conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana para su importación a los Estados Unidos. 

Los hermanos Guzmán López, que se cree residen actualmente en México, son los hijos de Joaquín Guzmán Loera, también conocido como "El Chapo", quien fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York por su papel como líder del Cartel de Sinaloa.
El Asistente del Fiscal General, Brian A. Benczkowski de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Agente Especial a Cargo Scott Brown de la Oficina de Campo de Arizona de las Oficinas de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, hicieron el anuncio.
Joaquín Guzmán López, de 34 años y Ovidio Guzmán López de 28 años, están acusados ​​formalmente de que desde alrededor de abril de 2008 hasta abril de 2018, conspiraron para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares para su importación. en los estados unidos Este caso está asignado al Juez de Distrito Rudolph Contreras de los Estados Unidos.
El caso fue investigado por HSI. Este caso también es el resultado de los esfuerzos continuos de las Fuerzas de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), una asociación que reúne la experiencia combinada y las habilidades únicas de las agencias federales, estatales y locales. La misión principal del programa OCDETF es identificar, interrumpir, desmantelar y procesar a miembros de alto nivel de organizaciones y empresas de tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero.
Una acusación (Indictment) es simplemente el inicio de un proceso, y un acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
Los abogados litigantes Anthony Aminoff y Anthony Nardozzi de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas (NDDS) de la División Criminal, están procesando el caso. Fuente: Comunicado de Prensa DOJ

jueves, 21 de febrero de 2019

EX GOBERNADOR JORGE TORRES ENFRENTARIA OTROS CARGOS

Jorge Juan Torres López, ex gobernador de Coahuila


FIDH: México debe juzgar al ex gobernador de Coahuila 

Torres López por los delitos de desaparición forzada,  

tortura y asesinato, antes de extraditarlo a los EUA

La FIDH junto a varias otras organizaciones, solicitan urgentemente a la Fiscalía General de la Nación que previo a la extradición a Estados Unidos del ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, sea juzgado en México por los delitos de asesinato, desapariciones y torturas, en los que pudo estar involucrado como alto funcionario público de ese estado de la República, que califican como crímenes de lesa humanidad. Torres fue detenido el 5 de febrero pasado en Puerto Vallarta. Era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a solicitud de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), por presuntos delitos como fraude, narcotráfico y operaciones de procedencia ilícita.
“Permitir que Torres López sea extraditado a Estados Unidos constituye una afrenta a los numerosos familiares de los centenares de desaparición forzada que ocurrieron en el 2011 en Coahuila. Ellos esperan que se haga justicia y poder acceder a la verdad sobre estos crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad. Resulta paradójico que Torres sea requerido en otros países y que en su propio país, México, no haya ninguna investigación en curso en su contra”, añadieron las organizaciones.
La FIDH en 2017, con el apoyo de más de 100 organizaciones publicó y envió a la Corte Penal Internacional la comunicación (informe): México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad. Allí se identificó la existencia de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las autoridades estatales responsables de la seguridad con el cartel de los Zetas en un contexto de innegable colusión.
Resulta significativo que en 2011, cuando Torres López fungía como gobernador interino de Coahuila, se haya cometido la “masacre de Allende”, por parte del cártel de los Zetas, donde se asesinó entre 60 y 300 aldeanos. La evidencia identificada sugiere que Torres López estaba al tanto de lo que se preparaba en Allende, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las autoridades.
Igualmente, bajo su gestión, la prisión de Piedras Negras, el CERESO, se mantuvo como un centro de operaciones de los Zetas (2008 a 2012) donde los cuerpos de al menos 150 personas asesinadas habrían sido quemados o disueltos en cubos con ácido.
Por todo ello, solicitamos al gobierno de México no extraditarlo a Estados Unidos y abrir lo más pronto posible una investigación seria, imparcial y eficaz que lo lleve ante la justicia por crímenes considerados como de lesa humanidad.
Organizaciones firmantes:
-  FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos 
-  IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
 -  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) 
-  Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios 
-  Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas 
-  Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (Fuundec-m) 
-  Desaparecidos Justicia de Querétaro

-  Fray Raúl Vera López, OP. Obispo de la Diócesis de Saltillo, AR

Narcodinero de "El Chapo" se movió en empresas que creó en Ecuador

Unidad de Investigación 

$ 2.681 millones en pérdidas dejan en Ecuador 822 empresas fachada, tres de ellas de Guzmán Loera. 


Según cifras del SRI, en Ecuador se han detectado 822 compañías fantasmas que causaron pérdidas por $ 2.681 millones. Entre ellas constan Lincandisa SA, Team Busines SA y Gestorum SA, vinculadas al capo mexicano. Expertos sostienen que organismos como la Súper de Compañías y el Servicio de Rentas deberían ejercer un mejor control.


El pasado 12 de febrero finalizó el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Durante el proceso, de casi cuatro meses, tres de los 56 testigos (14 de ellos cooperantes protegidos) citaron a Ecuador como uno de los 15 países escogidos por el narcotraficante para sus negocios ilícitos. 
Líneas aéreas Andinas Lincandisa S.A., Comercializadora Empresarial Team Busines S.A. y Gestores del Ecuador Gestorum S.A., son las tres empresas que se usaron para lavar dinero en el país. 
Durante el proceso judicial  en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn en Nueva York (EE.UU.), que declaró culpable a Guzmán, hubo testimonios que revelaron conexiones entre el cartel narcodelictivo y Ecuador. Entre ellos constan Álex y Jorge Cifuentes, principales nexos en Colombia y el de la exdiputada por Sinaloa (México), Lucero Sánchez López. Ella dijo que conocía sobre las empresas fantasmas y que fueron creadas por Elkin de Jesús López Salazar para el lavado de dinero. 
Según consta en el portal de la Superintendencia de Compañías de Ecuador, esas empresas son accionistas entre sí. Uno de los administradores es el colombiano Nicholls Eastman Winston, quien es prófugo y forma parte de la “lista negra” del Departamento del Tesoro de EE.UU. (ver infografía).



Lincandisa S.A estaba dedicada al transporte por vía aérea, mientras que Gestorum S.A. a la asesoría jurídica y contable. Actualmente están disueltas y en liquidación. 
Según el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, las empresas fantasmas o supuestas son: “Aquellas que se han constituido mediante una declaración ficticia de voluntad o con ocultación deliberada de la verdad, quienes fundadas en el acuerdo simulado, aparentan la existencia de una sociedad, empresa o actividad económica, para justificar supuestas transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos o evadir obligaciones”. 
Para Carlos Calero, director de la firma “El Asesor Contable”, las empresas fantasmas, supuestas o inexistentes, en su mayoría son sociedades anónimas o compañías limitadas. Su  control lo ejerce la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas (SRI).   
“Las facturas que se utilizan para prestar los servicios son autorizadas por el SRI. Los contribuyentes que compran y hacen retenciones en la fuente, están obligados a llevar contabilidad. Entonces, quien debería ejercer un mejor control por el mayor número de transacciones y por el tema de ingresos, gastos y cruce de información, es el SRI”, manifestó Calero. Añadió que las empresas vinculadas al lavado de dinero producto del narcotráfico se basan en la prestación de servicios, mas no de bienes, pues se necesita contar con el bien físico el cual debe tener un origen lícito. 

Millonarias pérdidas para el Estado 

Según cifras del SRI, 822 empresas dedicadas a la venta de facturas han sido calificadas como fantasmas en los últimos años,  incluidas personas naturales que realizaron transacciones inexistentes. Ese fenómeno ha generando un perjuicio por $ 2.681 millones en adquisiciones, lo que representa además $ 835 millones de impuestos que se han dejado de pagar. José Almeida, subdirector General de Cumplimiento Tributario del SRI, señaló que dentro de las competencias que tiene ese órgano de control, está determinar la real actividad económica en las transacciones que realizan los contribuyentes. Sobre la situación de las empresas Lincandisa S.A., Team Business S.A. y Gestorum S.A. resaltó: “Lo que hemos verificado es que estas han sido depuradas de los registros porque no existe actividad económica real. Los registros los cerramos cuando no se evidencia actividad”. 

El proceso de depuración consiste en bloquear a las empresas cuando no están en actividad, para que no sigan  generando facturas o contratos. Almeida explicó que se verifica su relacionamiento, accionistas, relaciones comerciales, societarias, de contadores, representantes legales. Son factores que permiten generar calificaciones sobre las cuales se determina si se cierra o no un registro. 
En tres años, el SRI ha logrado recuperar $ 860 millones generados sobre impuestos que no han pagado las compañías fantasmas. Para Calero, la responsabilidad recae en el organismo que permite la creación de compañías y en el que controla el tema tributario. “Desde el instante en que se constituye una compañía, para darle el certificado de cumplimento de obligaciones le exigen abrir una cuenta. Incluso van y conocen el establecimiento para entregarle el número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y poder sacar facturas autorizadas por el SRI”, indicó. Almeida adujo que el SRI se basa en el RUC, es decir, “hay una compañía en papeles, sin embargo, para nuestros registros tributarios generamos lo que es la activación conforme a lo que señalan los estatutos”. Según datos del SRI, otro de los procesos de control es el de auditoría: permite  identificar detalladamente cada caso, transacción o transferencia, así como la existencia de un inventario. Además se realiza la revisión de los servicios prestados. Con los resultados, informa del cometimiento del presunto delito. Tiene la facultad de presentar las denuncias sean penales o noticias criminis ante la Fiscalía General, que es la encargada de las investigaciones. 
Según cifras oficiales, en la Fiscalía hay 2.000 denuncias.


   

¿Qué se dijo del Ecuador en juicio? 

Del 12 de diciembre del 2018 al 12 de febrero de 2019, es decir en 61 días de seguimiento al juicio que se ventiló en Nueva York contra “El Chapo”, el periodista estadounidense Keegan Hamilton citó en 12 ocasiones al Ecuador en sus tuits. Se amparó en testimonios y evidencias que constan en el juicio. 
Allí se citó a exmilitares, funcionarios, jueces, abogados y empresas fachada en el país. 
En el primer tuit indicó: “Jorge Cifuentes sigue testificando contra el Chapo. Dijo que después de que el plan de Pemex fuera llamado, planeó contrabandear cocaína de Ecuador a México, usando botes pesqueros de tiburón. Jorge compró las drogas a las guerrillas de las FARC, dice que el capo sabía. ‘Él pensó que estaba bien’”. 
A inicios de enero pasado, el exjefe de comunicaciones del “Chapo”, Christian Rodríguez, reveló que el líder narco  y su amante y socia Agustina Cabanillas planearon instalar en 2012 una empresa de cítricos en Ecuador, para blanquear dinero. Reveló también su relación con el exmilitar ecuatoriano Telmo Castro. El 15 de enero pasado, Álex Cifuentes, hermano de Jorge, exsocio del capo en Colombia, habló sobre el ingreso a Ecuador de dinero de la venta de droga proveniente de EE.UU. y la compra de armas a militares. 
El testigo indicó que se usaban tarjetas de débito prepagadas cargadas con $ 9.900, que se retirarían en Ecuador. Se contaba con una empresa de seguros que ayudaba al lavado de dinero, publicó Hamilton. En otro tuit, el periodista narró que Cifuentes habló también de sobornar con  $ 500.000 a un juez ecuatoriano para arreglar el caso del capitán del Ejército Telmo Castro, socio del cartel en el país. Y que Álex detalló que adquirieron armas de grueso calibre de contactos militares en Ecuador y Honduras. Alan Feuer, periodista del diario estadounidense New York Times, también informó sobre el juicio. Dijo que un testigo aseguró que un barco fue enviado a Guayaquil con $ 1 millón para comprar cocaína. La Guardia Costera norteamericana los arrestó y la operación falló.  
Cronología 
17 avionetas fueron confiscadas en Ecuador entre 2003 y 2018, vinculadas al narcotráfico y a los carteles de México, incluso de “El Chapo”. 
27 /octubre 2003 → La Policía Nacional y la DEA realizaron un operativo en Manabí y detuvieron a 14 personas, tres aeronaves y un cargamento de droga que iba hacia México. 
28 /octubre 2003 → En el operativo “Jaque Mate”, en tres propiedades del exgobernador de Manabí, César Fernández, se ubican 430 kg de droga y tres naves. 
3 /mayo 2012 → Una avioneta de matrícula mexicana con dos hombres y $ 4 millones provenientes de la droga, se estrella a 600 metros de la vía Coaque-Pedernales (Manabí). 
14 /mayo 2012 → Agentes antinarcóticos encuentran en una avioneta $ 1,3 millones y a 35 km del lugar media tonelada de alcaloides camuflados en un laboratorio clandestino. 
7/junio 2012 → Una avioneta con matrícula falsa fue capturada en Santa Elena por miembros de la Policía Nacional, en una pista secreta. 
2014 19 /diciembre → Cuatro policías quedan detenidos y un aeroplano decomisado con 180 kilos de droga fue el resultado de un operativo realizado en la provincia de Guayas. 
4 /marzo 2018 → Dos pilotos de nacionalidad mexicana son rescatados luego de que su avioneta se estrelló al sur de la ciudad de Guayaquil. Se presume que el aparato era usado para transportar substancias prohibidas. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/narcodinero-elchapo-empresas-ecuador
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ILEGAL IMPORTACION DE 5 MIL RIFLES A MEXICO


El tribunal de distrito de Stuttgart impuso a los fabricantes de armas Heckler & Koch una multa por la exportación de armas a zonas en crisis.
Se trata de una entrega no autorizada de 5,000 rifles de asalto a organizaciones criminales en México, por lo que la compañía tendría que pagar 3.7 millones de euros, dijo un portavoz de la corte. 
Además, el tribunal impuso sentencias suspendidas de 22 y 17 meses a dos empleados acusados ​​de Heckler & Koch. Están acusados de violaciones de la Ley de Control de Armas de Guerra. Tres personas más fueron absueltas. 
"Espero el veredicto de que Heckler & Koch recibe una sentencia justa. Las armas que ha exportado a México han afectado a muchas personas y familias, incluida la mía ".
Leonel Gutiérrez vive en Guerrero, un estado de México que ha ganado notoriedad porque aquí, en septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Universidad Ayotzinapa Land desaparecieron en camino a una manifestación. Según investigaciones anteriores, policías corruptos la arrestaron y la entregaron a un cartel de la droga que secuestró y mató a los estudiantes. Anteriormente, la policía disparó contra el grupo, utilizando, entre otros, los rifles de asalto G36 Heckler & Koch. Mató a seis personas, y el estudiante de 19 años de edad, Aldo, hermano de Leonel Gutiérrez, la lastimó tanto que cuatro años y medio después, todavía estaba en coma.
"Mi familia sufre mucho, tenemos que cuidar a mi hermano las 24 horas del día. Es por eso que mostré su foto en el juicio en Stuttgart. Heckler & Koch debería ver las consecuencias de usar sus armas de fuego en países como el mío ".

Cerca de 5000 fusiles de asalto para una provincia en crisis.

En septiembre pasado, Leonel Gutiérrez viajó a Alemania con un defensor mexicano de los derechos humanos para asistir al juicio de ex empleados de la compañía de defensa alemana en Stuttgart. No está comprobado que la bala que puso a su hermano Aldo en coma provenga de un arma de Heckler & Koch. Pero está claro que el 26 de septiembre de 2014, cuando la policía atacó a los estudiantes de Ayotzinapa, también se usaron rifles de asalto G36. El abogado Santiago Aguirre del Centro Mexicano de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez:
"No solo se documenta que la policía de la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, tenía rifles de Heckler & Koch en su arsenal, también se ha demostrado que dispararon a los estudiantes con algunos de ellos".
Según Guerrero, un estado organizado por el crimen, las armas de fuego alemanas nunca podrían haber llegado. Las violaciones graves de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y los cárteles son comunes, y no es infrecuente que las unidades de la policía local estén en conflicto con la mafia de las drogas. Las autoridades alemanas no querían permitir la exportación de armas a Guerrero y otros tres estados mexicanos, y sin embargo, cerca de cinco mil fusiles de asalto Heckler & Koch G36 fueron entregados allí.
¿Cómo fue eso posible? Según el fiscal de Stuttgart, hubo un engaño en el que debían haber participado tanto ex empleados de la empresa como autoridades mexicanas. Ambas partes habían silenciado el lugar donde deberían usarse los rifles de asalto, y de ese modo obtuvieron los permisos de exportación. Los acusados ​​y los defensores argumentan, sin embargo, que nunca existió una lista de estados prohibidos. Los permisos se otorgaron como una suma global para una - cotización - Exportación a México.
Para el abogado de derechos humanos Santiago Aguirre, pero está claro que existía una red corrupta. Espera que una condena de las autoridades alemanas también tenga consecuencias legales para la parte mexicana, es decir, para los responsables en el ejército, que decidieron sobre la compra y el uso de armas.
"En México, no ha habido ninguna investigación sobre las autoridades involucradas hasta ahora. Desafortunadamente, los funcionarios corruptos en nuestro país no deben temer ninguna consecuencia. Especialmente no si es, como en este caso, militar. "Las fuerzas armadas nunca han sido responsables, ni en la corrupción ni en los abusos de los derechos humanos".

Preguntas abiertas en México

¿Podrían las autoridades alemanas que emiten las licencias ser responsables de las exportaciones de armas a las zonas de conflicto de México? El defensor de los derechos humanos Aguirre no quiere comentar. Pero él tiene expectativas para Alemania:
"Nos da la esperanza de que las exportaciones ilegales de armas a México puedan ser castigadas en Alemania. Armas que terminaron en la policía corrupta magnates infiltrándose en las estaciones de policía. Según el fallo, Alemania debería trabajar activamente para garantizar que la parte mexicana sea responsable, por ejemplo, enviando información del juicio a México ".  
Mientras tanto, el crimen sin precedentes que afectó a los estudiantes de Ayotzinapa en 2014 aún está lejos de ser resuelto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó en diciembre, declaró que quería promover la búsqueda de la verdad. Él ha establecido una comisión para garantizar que las autoridades de México y las agencias de seguridad proporcionen a los investigadores toda la información que desean.