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| Omar García Harfuch |
Al amanecer del 26 de junio de 2020, un vecindario exclusivo de la Ciudad de México se despertó con los sonidos de disparos automáticos y granadas de fragmentación, en un atentado coordinado contra el jefe de policía de la ciudad. En las calles de Lomas de Chapultepec, hogar de embajadores y líderes empresariales, 28 asaltantes tendieron una emboscada al oficial de policía más importante de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, durante su viaje matutino y golpearon su vehículo blindado con armamento de grado militar. El asalto dejó tres muertos, pero García Harfuch, disparado tres veces y herido por metralla, sobrevivió.
Si bien el gobierno mexicano aún no ha atribuido formalmente el ataque a ningún grupo, los informes preliminares sugieren fuertemente que el poderoso Cartel de Jalisco de Nueva Generación (CJNG) fue el responsable. En una publicación en Twitter desde el hospital, García Harfuch culpó al CJNG por el atentado contra su vida. Los informes de la prensa local, citando fuentes de seguridad del gobierno, indican que los servicios de inteligencia de México habían anticipado un ataque desde al menos el 11 de junio, cuando las interceptaciones de discusiones entre asesinos afiliados al CJNG revelaron un complot pendiente contra un alto funcionario no especificado. Posteriormente, el Gabinete de Seguridad de México evaluó al jefe de policía de la Ciudad de México como uno de los cuatro posibles objetivos. Después del ataque, un miembro del CJNG presuntamente responsable de contratar asesinos para el cartel estaba entre los 19 individuos arrestados.
Como indicaciones más claras de responsabilidad por el ataque se filtran en el ámbito público, los analistas de seguridad y los medios de comunicación han comenzado a plantear preguntas inevitables de motivo y significado. ¿Por qué el jefe de policía de la Ciudad de México? ¿Qué esperaba ganar el CJNG? ¿Y cómo responderá el gobierno? Las cuentas preliminares proporcionan respuestas parciales. Sugieren motivos criminales, personales y políticos superpuestos para el intento de asesinato y que el CJNG, a pesar de los recientes contratiempos, está dispuesto y puede participar en una confrontación directa con el estado mexicano.
En un nivel puramente táctico, el ataque del 26 de junio fue un intento del CJNG para reducir el riesgo operativo. Después de convertirse en Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en octubre de 2019, García Harfuch agotó las filas de los grupos locales afiliados al CJNG. También arrestó al menos a tres líderes celulares locales de CJNG, uno de los cuales las autoridades mexicanas describen como un operativo de confianza del líder del cartel Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. Los arrestos presionaron las ventas minoristas de drogas y las estafas de extorsión del CJNG en un centro metropolitano clave en un momento en que las medidas internacionales COVID-19 han restringido su comercio mayorista de heroína y drogas sintéticas y el gobierno mexicano ha atacado sus finanzas. De hecho, se especula que la falta de voluntad de García Harfuch para negociar con los sindicatos del crimen que él atacó puede haber precipitado el ataque contra él.
Sin embargo, también hay un elemento personal en el asalto. El daño que García Harfuch ha infligido al CJNG a lo largo de los años parece haber inspirado animosidad personal y lo ha convertido en un objetivo singularmente atractivo. Según informes de prensa de su carrera, mientras servía con la Policía Federal, García Harfuch coordinó operaciones que estuvieron cerca de capturar a El Mencho en las montañas de Jalisco y la ciudad portuaria de Puerto Vallarta. También dirigió investigaciones que llevaron al arresto en 2015 del hijo de El Mencho, quien fue extraditado a los Estados Unidos en febrero de este año. Además, a García Harfuch se le atribuye haber frustrado una alianza planificada de CJNG con el Cartel de Sinaloa en 2017, que se desintegró después de que una de sus operaciones llevó a la captura del líder de Sinaloa que estaba negociando el acuerdo.
La elección de un enclave rico y supuestamente seguro de la Ciudad de México como lugar de ataque sugiere una posible motivación política por parte del CJNG. Los carteles de México han usado la violencia extrema durante mucho tiempo para la mensajería pública. Una práctica famosa, conocida como calentar la plaza, utiliza la violencia de alto perfil para desencadenar una represión policial en un área objetivo, lo que impide las operaciones de los rivales e intimida o enoja al público local. El uso de esta táctica en el corazón de la capital podría leerse como un esfuerzo por socavar la posición política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, y su aliada, la alcaldesa de la ciudad de México Claudia Sheinbaum.
Es concebible que el CJNG perciba que AMLO ha tomado partido, aunque sin darse cuenta, en su continua rivalidad con el Cartel de Sinaloa. En febrero de 2019, AMLO autorizó una visa humanitaria para la madre del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, lo que le permitió visitar a su hijo mientras jugaba en Nueva York.
Luego, este marzo, AMLO viajó al pueblo de La Tuna, en El Chapo, en las montañas de Sinaloa, un viaje muy inusual para un presidente en funciones, y fue captado por la cámara saludando a la madre de El Chapo. Luego, el 19 de junio, admitió públicamente haber ordenado personalmente la liberación del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán, cuando este último fue capturado brevemente durante un tiroteo federal con las fuerzas del cartel en Sinaloa en octubre pasado.
En ese contexto, el CJNG pudo haber intentado que su ataque, altamente visible y perpetrado cerca de la sede del gobierno nacional, debilitara el apoyo público de AMLO al exacerbar los sentimientos de inseguridad. De hecho, casi las tres cuartas partes de los mexicanos ya consideran que su ciudad es insegura y el 57% desaprueba el manejo de la seguridad pública por parte de AMLO.
El ataque también parece ser la segunda vez en el último año que el CJNG ha llevado a cabo un atentado de alto perfil en la ciudad gobernada por la cercana aliada política de AMLO, Claudia Sheinbaum. Ella, miembro del partido MORENA, ha luchado por recuperar el equilibrio en cuestiones de seguridad desde un tiroteo vinculado a CJNG contra dos israelíes en un centro comercial de lujo en la Ciudad de México en julio pasado.
Finalmente, el ataque entrega un mensaje inconfundible de confianza por parte del cartel y revela una voluntad de confrontar directamente a las fuerzas mexicanas. La trama era logísticamente compleja, involucraba múltiples células operativas, armas de grado militar y una extensa vigilancia. Apuntó a un objetivo duro a más de 300 millas de la fortaleza del CJNG en Jalisco y lo hizo cerca de la sede del Ejército, la Armada y la Guardia Nacional de México. Su audacia y sofisticación desacreditaron cualquier noción de que el CJNG se estaba recuperando de sus recientes contratiempos. También implica que, si no se pueden hacer arreglos más discretos con la policía y los legisladores, el CJNG no teme incurrir en la ira del estado.
Ahora, el gobierno mexicano debe calibrar su respuesta: demasiado suave invitará a más impunidad, demasiado fuerte invocará referencias a una "guerra contra las drogas" militarizada que AMLO ha evitado tan asiduamente. La respuesta inicial parece circunspecto. En una publicación en las redes sociales del 27 de junio, AMLO declaró que la estrategia de seguridad de México permanecería sin cambios en respuesta al intento de asesinato y que no declararía la guerra ni negociaría con el crimen organizado. La declaración enfatizó dos pilares de su estrategia: asistencia educativa y económica para los jóvenes y una preferencia por la inteligencia preventiva sobre la fuerza militar, y no mencionó ningún cartel por su nombre.
Para que el gobierno mexicano pueda disuadir de manera creíble las futuras amenazas al orden público y los ataques a sus funcionarios, esa estrategia debe evolucionar. Un enfoque renovado en la reforma judicial, una mayor cooperación en seguridad de los EE. UU. Y un mayor intercambio de inteligencia criminal con socios extranjeros deben ser prioridades urgentes.
Como muchos sospechosos en el ataque de García Harfuch ya han sido detenidos, ahora es el momento de revisar las reformas judiciales que el gobierno de AMLO presentó pero retiró rápidamente en enero de 2020. Las reformas, que propusieron cambios a la Constitución de México y cuatro leyes federales, intentaron advertir que la adopción por parte de nuestro país de un sistema de justicia acusatoria al estilo estadounidense, dificulte que la policía y los fiscales con poco personal obtengan condenas.
Los grupos de derechos humanos criticaron muchas de las propuestas por poner en peligro el debido proceso y la presunción de inocencia. Sin embargo, vale la pena resucitar varias ideas, como admitir escuchas telefónicas aprobadas judicialmente como evidencia y limitar los desafíos legales para evitar demoras en la extradición. Podrían mejorar la tasa de condenas de México por asesinatos y acelerar las transferencias de delincuentes internacionales.
Paralelamente, México debería revitalizar su asociación de seguridad con Estados Unidos a través de marcos de cooperación como la Iniciativa Mérida y México-EE. UU. Grupo de seguridad de alto nivel, que ya existe pero está infrautilizado debido a diferencias políticas y exceso de burocracia.
A medida que avanzan los casos legales contra los atacantes de García Harfuch, los dos países también deben usar su acuerdo de cooperación de tráfico de armas existente para rastrear el origen de las armas utilizadas en el ataque y revivir los esfuerzos conjuntos para evitar que las armas de alto calibre crucen su frontera compartida.
Los lazos de inteligencia más fuertes con otras naciones asociadas también serán críticos, ya que las amenazas de seguridad más severas para México, encarnadas por el CJNG, son transnacionales. Se cree que el CJNG opera en América, Europa y Asia. Sin embargo, el servicio de inteligencia de México, el Centro Nacional de Inteligencia, funciona como una agencia nacional con un pequeño brazo extranjero. Si se le permitiera trabajar más en el extranjero, reuniendo información de inteligencia sobre las redes de lavado de dinero y logística de los carteles, los resultados podrían ayudar a limitar las finanzas y el poder de fuego que permiten a grupos como el CJNG amenazar al estado mexicano.
Si el ataque del 26 de junio le ha enseñado algo a México, es que la seguridad nacional depende de la capacidad de combatir el crimen de manera proactiva, holística y con socios internacionales. En lugar de trabajar simplemente para prevenir ataques, también debe evitar que el crimen organizado aumente sus capacidades. De lo contrario, la próxima vez que un cartel apunte al estado, el resultado podría dejar una marca aún más indeleble en el país.
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