Desaparición forzada, un delito de Estado ignorado y minimizado

Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno de México a especificar las medidas que tomará para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias sobre México que fueron presentadas el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

El informe del Grupo de trabajo resalta las terribles dimensiones de esta grave violación a los derechos humanos en México y la carencia de una política por parte de las autoridades para prevenirla y sancionarla.

Desde las organizaciones de familiares de desaparecidos así como desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha denunciado la desaparición de miles de personas. La gran mayoría de estas denuncias no han sido investigadas de forma debida para esclarecer los hechos lo que ha obstaculizado determinar la posible participación de funcionarios del Estado, siendo este participación lo que determinaría que se trata de una desaparición forzada y por lo tanto de un crimen de Estado.

El informe demuestra que la impunidad que siguen gozando los responsables por las desapariciones forzadas sistemáticas de la “guerra sucia” de los años 70 y 80, es  un factor central que ha permitido que la desaparición vuelva  a ser un patrón recurrente en el actual contexto de violencia. La impunidad y la falta de acceso a justicia para los familiares siguen siendo elementos comunes.

La negativa de las autoridades a reconocer las verdaderas dimensiones del fenómeno y la participación de funcionarios públicos en estos delitos, sea por comisión u omisión así como colusión con el crimen organizado, han permitido que se extienda a muchas partes del país. El hecho de que ni a nivel federal o estatal se haya establecido un marco legal conforme con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada es un fuerte indicador de la inacción oficial ante estas graves violaciones de derechos humanos y la falta de una política integral.

El informe también destaca la ausencia de investigaciones sobre la desaparición de miles de personas durante la violencia padecida en últimos años cuyo paradero sigue sin esclarecerse. A su vez, el informe aborda el trato negligente y discriminatorio que han recibido algunos familiares que acuden a las autoridades. La falta de investigación, en muchos casos ha servido como justificación a las autoridades para no tratar los casos como posibles desapariciones forzadas sino secuestros cometidos por grupos del crimen organizado. El Grupo de Trabajo no ignora el papel de los grupos delictivos pero recalca que la obligación de las autoridades es primero investigar y localizar a las víctimas para poder identificar a todos los responsables y determinar si es una desaparición forzada. Es una obligación fundamental del Estado mexicano garantizar el trato digno de los familiares y su acceso a la justicia y a la verdad.

Amnistía Internacional considera positivas las recientes noticias sobre la iniciativa para establecer una base de datos que registre  los casos de personas desaparecidas. Sin embargo, el Estado mexicano no podrá felicitarse por esta iniciativa hasta que no haya dado lugar a un mecanismo eficaz y accesible, para las familias que permita la realización de investigaciones completas e imparciales.

Ante la presentación del informe el gobierno mexicano reaccionó destacando el cumplimiento de la obligación de excluir de la jurisdicción militar los casos de violaciones de derechos humanos, una recomendación reiterada por el Grupo de Trabajo. A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno anuncie un cambio que todavía no se ha concretado en la realidad. En la práctica, la justicia militar sigue reclamando la jurisdicción en casos concretos y muchos agentes del Ministerio Público Federal niegan su obligación de investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas como la desaparición forzada con el argumento de que no se ha publicado ninguna reforma en el Diario Oficial. Ante esta situación, es prematuro argumentar que el gobierno haya cumplido.  

Arturo Ávila Salazar

Comunicación y Proyectos Tecnológicos
Amnistía Internacional México

Celular:  (55) 5180.9918 | Teléfono: +52 (55) 5687.6010 ext. 106
 
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"Trabajamos para proteger los derechos humanos en el mundo"

EXIGEN LEY SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS

Desde el 19 de enero, el gobierno estatal y la asamblea legislativa de Nuevo León, en el norte de México, están examinando un proyecto de ley para tipificar como delito la desaparición forzada. Con 50.000 personas muertas y miles desaparecidas en México desde 2006, esta es una oportunidad crucial para aumentar las probabilidades de que se haga justicia para las personas que son secuestradas y desaparecen. 

Esta semana, la asamblea legislativa del estado de Nuevo León, en el norte de México, examinará un proyecto de ley para tipificar como delito en el código penal del estado la desaparición forzada. Es fundamental que el delito de desaparición forzada se codifique de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos con el fin de garantizar que se cuenta con medios legales efectivos para combatir este grave delito de derechos humanos. En los últimos años, los informes sobre casos de desaparición forzada en los que han estado implicados funcionarios públicos han aumentado considerablemente, pero la impunidad para los implicados sigue siendo la norma. La ausencia de un delito por el cual investigar adecuadamente y enjuiciar a los funcionarios públicos implicados en la detención o el secuestro de personas, y la negativa a proporcionar información sobre el paradero o la suerte de dichas personas, constituyen un importante obstáculo para llevar a los responsables ante la justicia, determinar el paradero de los desaparecidos y garantizar plena reparación a las víctimas.

Las organizaciones locales de derechos humanos de Nuevo León han documentado cientos de casos de personas que han sido secuestradas y han desaparecido en el contexto de la lucha entre los carteles de la droga por controlar las rutas de suministro en el estado, y de las medidas tomadas por las autoridades, que frecuentemente dan lugar a violaciones de derechos humanos. 

La policía municipal y estatal a menudo es cómplice de las bandas delictivas. Las organizaciones de derechos humanos calculan que, en el 40 por ciento de los secuestros perpetrados en el estado, hay funcionarios públicos implicados directa o indirectamente.

México ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece que el país debe tomar las medidas necesarias para garantizar que la desaparición forzada constituye delito en virtud de su legislación penal. Sin embargo, hasta el momento México no ha formulado declaraciones cruciales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con el fin de reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de personas, o en favor de personas, que alegan haber sido víctimas de desaparición, y también comunicaciones de otros Estados a este respecto.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

• instando al gobierno y la cámara legislativa del estado a acordar y aprobar reformas que tipifiquen como delito la desaparición forzada, de acuerdo con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos;
• instando a las autoridades estatales a investigar y hacer rendir cuentas de sus actos a todos los funcionarios públicos implicados en desapariciones forzadas, de acuerdo con las obligaciones contraídas por México en materia de derechos humanos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Desde que el presidente Calderón ocupó su cargo en diciembre de 2006, casi 50.000 personas han muerto de forma violenta en el contexto de la lucha de los carteles de la droga por controlar el territorio, y de la respuesta de las fuerzas de seguridad pública. En los dos últimos años, la violencia se ha propagado dramáticamente al estado de Nuevo León, y especialmente a su capital, Monterrey. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de desaparición forzada y homicidio ilegítimo en los que estaban implicados funcionarios públicos.  

México es un Estado federal, en el que cada uno de los 31 estados y el Distrito Federal cuentan con su propia jurisdicción y código penal. En la actualidad, la competencia para investigar y enjuiciar los delitos de desaparición forzada, detención ilegal o secuestro en los que están implicados funcionarios estatales o municipales recae en los estados, no en las autoridades federales. 

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 28 DE FEBRERO DE 2012, A: 

C. Lic. Rodrigo Medina de la Cruz

Gobernador del Estado de Nuevo León

Correo-e.: gobernador@nuevoleon.gob.mx

Fax: +52 81 83 449877

Tratamiento: Sr. Gobernador
 

Prof. Jorge Santiago Alanís Almaguer

Presidente de la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura del  Congreso del Estado de Nuevo León

Correo-e.: jorgesantiagoalanis@hotmail.com; 

jorge.alanis@congreso-nl.gob.mx

Fax: +52 81 8150 9500 (ext. 1642)

Tratamiento: Sr. Diputado
 

Lic. César Garza Villarreal

Presidente de la Comisión de Justicia y

Seguridad Pública de la LXXII Legislatura del

H. Congreso del Estado de Nuevo León.

Correo-e.: cesar.garza@congreso-nl.gob.mx

Fax: +52 81 8150 9500 (ext. 1642)

Tratamiento: Sr. Diputado

Con Calderón, 300% más desapariciones que en guerra sucia

Flor Goche

En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. El caso más reciente, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista

Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. La más reciente denuncia implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.

Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).

No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.

Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.

En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.

Las cifras negras

El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.

Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.

A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.

El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.

Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adscrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.

En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.

En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapariciones forzadas entre 2005 y 2011.

Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.

Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.

De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.

Militares implicados

En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.

Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.

Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.

Recientemente Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, continúa impune.

El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.

“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.

A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.

A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.

Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.

Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.

Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.

A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra den manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales ca Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuradorte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.

Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.

Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.

En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.

Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.

De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.

“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”

Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.

A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emites de los Minismendaciones por icos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.

Fuente: Voltaire.

TRAS EL RASTRO DE SUS HIJOS DESAPARECIDOS

Por Danilo Valladares

GUATEMALA, (IPS) - "Estuvimos presos tres días en México. Cuando cruzamos la frontera de Piedras Negras, en Tamaulipas, hacia Estados Unidos, nos corrió la ‘migra’. A mí me agarraron, pero mi hermano escapó y desde entonces no supe nada más de él", dijo entre sollozos la guatemalteca Amarilis Rodríguez.

Juan Neftalí Rodríguez, el hermano de Amarilis de 23 años de edad, cumplirá el 18 de agosto un año de desaparecido en su intento por llegar al sureño estado estadounidense de Texas con la esperanza de mejorar su vida. Sus dos hijos, de uno y siete años, así como su madre y sus hermanos lo esperan angustiados.

Para averiguar sobre el paradero de su hijo Juanito, como le llama, y denunciar los vejámenes de miles de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, Manuela Bran partió este lunes rumbo a México junto con más de otros 100 familiares de emigrantes desaparecidos procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras en la llamada "Caravana paso a paso hacia la paz".

"Tenemos la esperanza de que lo tenga alguien. A nosotros nos decían que tuviéramos cuidado porque en el monte había muchos hombres que nos podían agarrar", relató Rodríguez, quien despidió a su madre el domingo desde la capital guatemalteca.

La marcha para denunciar los vejámenes perpetrados contra sus seres queridos, organizada por una veintena de organizaciones de derechos humanos y familiares de centroamericanos y mexicanos desaparecidos, transcurre por la denominada "ruta del migrante" que ingresa a México por el sudeste y se dirige al nordeste hacia la frontera estadounidense, atravesando los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas.

La expedición está dividida en dos grupos: Uno conformado por activistas y familiares de emigrantes centroamericanos, que partió el lunes en autobús desde la ciudad de Guatemala, cruzó la frontera hacia México y llegó este miércoles a Ixtepec, en el estado de Oaxaca, después de pasar por Ciudad Hidalgo, Tapachula y Arriaga, en el estado de Chiapas.

El grupo restante, integrado por más de 100 emigrantes, defensores y religiosos, abordó el ferrocarril denominado "La Bestia", el mismo al que trepan los "sin papeles" centroamericanos en su trayecto al norte y que partió el martes desde Tenosique, Tabasco, con rumbo a la ciudad de Coatzacoalcos.

Es en esta última urbe, en el estado de Veracruz, donde ambas marchas confluirán este viernes 29.

En la expedición participan los sacerdotes católicos Alejandro Solalinde, Luis Ángel Nieto y Heyman Vázquez junto a otros activistas mexicanos reconocidos por su lucha en favor de los inmigrantes, así como los cónsules guatemaltecos en México Rogelio Cipriano Méndez y Juan Fernando Lantan.

"El viaje ha estado tranquilo, sin incidentes. No pedimos seguridad. Al tren subió mucha gente", relató desde la marcha a IPS fray Tomás González, director de la Casa Refugio del Migrante, en Tenosique.

"Buscamos frenar la ola de robos, secuestros y asesinatos de inmigrantes, inhibir al crimen organizado para que deje de llenar sus bolsillos con las extorsiones y secuestros", agregó este también sacerdote católico, quien es víctima constante de amenazas de esas mafias que actúan en el área de Tenosique, cuya vía férrea es la más peligrosa del sudeste mexicano.

En su ruta hacia Estados Unidos, miles de inmigrantes de América Central llegan cada día a territorio mexicano donde grupos criminales, muchas veces en contubernio con las fuerzas estatales de seguridad, los someten a los más crueles abusos, que van desde extorsiones, secuestros y violaciones hasta los asesinatos colectivos.

También muchos viajeros mueren de sed en el desierto.

Según la estatal mexicana Comisión Nacional de Derechos Humanos, unos 20.000 inmigrantes fueron secuestrados en 2010, sin que el gobierno de Felipe Calderón pueda frenar esa actividad criminal.

El último caso de secuestro masivo de indocumentados ocurrió en junio en Veracruz. Al menos 80 personas, en su mayoría centroamericanos, desaparecieron sin que se sepa de su derrotero.

Antes, el 23 de agosto de 2010, fueron encontrados los cuerpos de 72 inmigrantes en el municipio de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas. La masacre, atribuida al grupo narcoterrorista mexicano Los Zetas, generó una ola de repudio y, a la vez, evidenció la brutalidad a la que están expuestos los viajeros con maleta de sueños.

Esta barbarie obligó a familiares de inmigrantes y a defensores de los derechos humanos a emprender la "Caravana paso a paso hacia la paz", en cuyo recorrido ya se reunieron con autoridades mexicanas, con otras organizaciones sociales y participaron en actividades culturales y espirituales relacionadas con las migraciones.

Pero la cita más importante la tendrán el sábado 30, cuando se reúnan con el Relator Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el chileno Felipe González.

La cita será en Tierra Blanca, Veracruz, situada unos 380 kilómetros al sudeste de la ciudad de México.

Amílcar Vásquez, de la Comisión Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala, dijo a IPS que la caravana pretende llamar la atención de las autoridades mexicanas, de los gobiernos vecinos del sur y del propio relator, a quien entregarán un documento con testimonios y denuncias de los crímenes contra la población inmigrante.

"Queremos visibilizar la situación y hacer recomendaciones sobre la protección y atención e implementación de leyes justas e integrales" para favorecer la seguridad de los emigrantes centroamericanos a su paso por México, dijo.

La mitad de los 43 millones de centroamericanos viven en condiciones de pobreza, una razón que obliga a miles de ellos a viajar sin los documentos requeridos a Estados Unidos en busca del denominado "sueño americano", algo que para unos se ha traducido en éxitos y para otros se ha convertido en una auténtica pesadilla

"Estoy aquí porque no sé nada de mi hijo desde hace 20 años", aseguró a IPS María de los Altos Ávila, una hondureña de 74 años que viaja en el grupo desde Guatemala en busca de noticias de su añorado José Armando Salgado.

"Mamá, yo me quiero ir porque quiero sacarla adelante a usted", me decía antes de partir hacia el norte, recuerda Ávila, quien se quedó al cuidado de los cuatro hijos de su vástago desaparecido en su marcha hacia Estados Unidos.

"Yo espero en mi Dios que lo encuentre sano y salvo. Eso es lo que deseo, no más", relató esta madre, entre lágrimas y portando un cartel en el que se leía: "Dios te bendiga José Armando Salgado, te quiero mucho".

Según organizaciones de derechos humanos, unos 1.500 centroamericanos viajan sin documentos a Estados Unidos cada día, pero muchos mueren presas de los criminales en su travesía.

La "Caravana paso a paso hacia la paz" concluirá su recorrido en la capital mexicana este lunes 1 de agosto con una manifestación en el Zócalo, el paseo principal, y una reunión con la Comisión Permanente de legisladores. Mientras, Rodríguez, Bran, Ávila y cientos de familiares seguirán buscando noticias de sus seres queridos. 

INFORME SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

Hace pocos días se anunció la presencia de enviados especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que recorren nuestro país documentando casos de desapariciones forzadas, basados en denuncias de diversos grupos de la sociedad civil.

Presento a ustedes un Informe sobre algunos de los problemas más acuciantes relacionados con la desaparición forzada de personas en México, en cuya preparación participaron numerosas Organizaciones y  Grupos de defensa de derechos humanos. En el documento encontrarán una referencia sucinta sobre estos asuntos, cuyas fuentes directas constan en documentos públicos internacionales y nacionales, y son constatados en nuestra experiencia cotidiana en la defensa de los derechos humanos.

El informe se divide en cuatro temas, sobre los cuales incluimos a continuación una breve valoración de los firmantes:

1. El marco normativo mexicano en materia de desaparición forzada de personas: La urgencia de que se armonice el marco normativo federal y local conforme a los estándares internacionales, incluyendo la tipificación y sanción del delito en las 24 entidades federativas que aún no lo contemplan, así como la modificación del juicio de amparo para que las personas cuenten con un mecanismo de protección efectivo contra las desapariciones forzadas.

2. El contexto histórico de la desaparición forzada en México: La necesidad de que el Estado mexicano haga un reconocimiento pleno de los crímenes del pasado – cuyos efectos son presentes –, se emprendan investigaciones efectivas que trasciendan de lo meramente formal con vistas a encontrar a las y los desaparecidos, se sancione a los responsables, se garantice el derecho a la verdad y se repare integralmente el daño a las víctimas.

3. El contexto actual de la desaparición forzada en México: Que se investiguen a fondo los casos de desaparición forzada denunciados en años recientes, se sancione a los responsables y se encuentre a las y los desaparecidos.

4. El caso paradigmático del señor Rosendo Radilla y el estado de cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de este: Que se cumplimenten de manera puntual, integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de la Sentencia en que se condena al Estado mexicano por violaciones probadas de los derechos humanos, sin que ninguno de los Poderes de la Unión ni de las entidades federativas se sustraiga del acatamiento de sus respectivas obligaciones internacionales.

Tenemos la confianza de que el diálogo que inicia con este mensaje y el informe adjunto será benéfico para la defensa activa de los derechos humanos en México. Esperamos de igual manera que retomen nuestros planteamientos como testimonio de un sector de la sociedad mexicana sensible al desenvolvimiento de las agendas de las autoridades con quienes se reunirán en su visita.

INFORME SOBRE LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN MEXICO 2011

MALÚ: CARTA DE UNA ACTIVISTA AMENAZADA

Queridos amig@s y compañer@s: 

Con el atentado a mi domicilio cometido el día miércoles por la noche el terror y el miedo invadió mi corazón ya que por primera vez vi de cerca la muerte no solo me preocupo mi vida sino me aterra la idea de que a mis niños les pueda pasar algo este nuevo atentado contra mi vida paso justo en el aniversario del asesinato de mi hermana Lilia Alejandra Garcia Andrade asesinato que se cometió del 14 al 21 de febrero del 2001, es verdad que me han orillado a salirme de mi ciudad ya que mi primer pensamiento fue alejarme y poner a salvo a mi familia, pero nunca huyo como una delincuente, es parte de una estrategia para crear un mecanismo y poder seguir trabajando con la denuncia, la defensa de los derechos humanos de las familias del femicinidio, la investigación de mujeres y niñas desaparecidas y trata de personas así como seguir evidenciando a un gobierno inepto, corrupto, omiso negligente y culpable por las amenazas a los defensores de los derechos humanos.

Con este atentando al quemar mi único patrimonio lo único que provocan es fortalecer mi capacidad para poder seguir en la lucha y así lograr crear mejores mecanismos para poder seguir realizando mi trabajo en favor de las familias de las victimas; es verdad, SÍ tengo MIEDO... terror de imaginarme el formar parte de la cifras de mujeres asesinadas y madres que les han asesinado a una hija, pero también es cierto que el dolor de haber perdido a mi hermana y de conocer el dolor de mas madres y familias que han vivido y siguen viviendo la impunidad de no poder tener a un asesino tras las rejas o poder encontrar a sus hijas, es lo que me da el ánimo de regresar y no abandonar esta lucha que es de tod@s. 

Gracias, muchas gracias por concederme el honor de formar parte de sus amistades; por enseñarme a levantarme después de caerme, brindarme su apoyo y solidaridad en estos momentos de angustia para mi y mi familia. 

Malú Garcia Andrade 
Nuestras Hijas de Regreso a Casa


Antecedentes del caso:

Ante las amenazas de muerte que ha recibido, la activista de Juárez, integrante de la organización ¨Nuestras Hijas de Regreso a Casa¨, Malú García Andrade, se exiliará a partir de la tarde de este viernes al interior del país.

García Andrade, reveló, que junto con sus familiares, será trasladada a la Ciudad de México por la Secretaría de Gobernación, en donde vivirá por tiempo indefinido.

El anuncio lo realizó la activista al mediodía durante la manifestación que diversas organizaciones civiles realizaron en el puente internacional Córdova de las Américas o comúnmente llamado ¨puente Libre¨, en demanda de que las autoridades busquen a los integrantes de la familia Reyes Salazar, Elías, Malena y Luisa, secuestrados la semana pasada en El Valle deJuárez.

Informó que la decisión se tomó con personal de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal: ¨ofreciéndose la Segob a pagarme mí traslado a la Ciudad de México, será por tiempo indefinido, y será el Instituto de las Mujeres el que se haga cargo del hospedaje¨.

Manifestó que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, solicitó que se haga un diagnóstico para medir el grado de riesgo que hay para poder hacer bien un plan de seguridad para que ella pueda regresar a Juárez a continuar con su lucha.

Señaló que ha recibido amenazas diversas, entre ellas, su hijo fue encañonado, a través de correos electrónicos, mensajes en cartulinas en su casa, intentos de ingresar a ésta y amenazas por celular; ¨cállate o ejecutamos a tu familia, cállate o te descuartizamos a tu hija¨, señaló.

El último ataque un grupo de personas llegaron en varios vehículos y se bajaron para rociar con gasolina su casa, prendiéndole fuego.