Con Calderón, 300% más desapariciones que en guerra sucia

Flor Goche

En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. El caso más reciente, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista

Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. La más reciente denuncia implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.

Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).

No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.

Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.

En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.

Las cifras negras

El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.

Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.

A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.

El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.

Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adscrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.

En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.

En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapariciones forzadas entre 2005 y 2011.

Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.

Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.

De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.

Militares implicados

En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.

Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.

Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.

Recientemente Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, continúa impune.

El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.

“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.

A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.

A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.

Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.

Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.

Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.

A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra den manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales ca Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuradorte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.

Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.

Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.

En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.

Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.

De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.

“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”

Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.

A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emites de los Minismendaciones por icos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.

Fuente: Voltaire.

2006-2010: ESTADÍSTICAS DEL HORROR

Rodrigo Vera / PROCESO

La guerra calderonista contra el narcotráfico ha causado decenas de miles de muertes (el gobierno federal reconoce más de 28 mil y algunos conteos independientes sitúan la cifra en poco más de 25 mil), más que las habidas durante la Independencia o la invasión de Estados Unidos a México, afirman a Proceso especialistas en estadística criminal; aseguran que no hay númerosabsolutamente confiables al respecto y señalan además que lo que no se puede medir no se puede conocer ni combatir efectivamente...

Las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico superan el número de bajas de algunos conflictos bélicos de la historia mexicana: la Independencia, con 23 mil fallecidos; la guerra contra Estados Unidos, con la misma cantidad; la de Reforma, cuyo saldo fue de 8 mil, o la guerra sucia de los setenta que dejó 436 muertos, de acuerdo con cifras generalmente aceptadas.

Lo grave, afirman los analistas, es que cada año duplica al anterior en número de muertos de la guerra contra el narcotráfico: en 2006 había dos bajas por cada 100 mil habitantes y ahora son 8.4. Agregan que de continuar la estrategia de Calderón, al término de su sexenio serán asesinadas 14 personas por cada 100 mil habitantes. Una cifra muy alta para los estándares internacionales.

El especialista en estadística criminal Arturo Arango Durán comenta a este semanario: “La actual guerra contra el narcotráfico ha resultado sumamente letal. Su costo en víctimas ya es altísimo. Pero lo peor de todo es que es una guerra perdida de antemano, pues fortalece a la delincuencia organizada mientras más la ataca. Al reducir la oferta de droga hace que los precios suban y los cárteles obtengan mayores ganancias.

“Así, queriéndolo o no, el Estado fortalece a la delincuencia organizada y se convierte en el gran regulador del mercado de la droga. Se metió en un círculo vicioso, sin salida. Además la guerra está atizando las disputas entre un cártel y otro por el control de las plazas.

“Todo esto tiene un efecto multiplicador de la violencia y, por consiguiente, de muertes. Esto es justamente lo que hace que el número de fallecidos se duplique de un año a otro. En términos absolutos, hablando estrictamente de pérdida de vidas humanas ya estamos por encima de las provocadas por casi todas las otras guerras civiles que ha padecido México desde su Independencia.”

Analista en la misma materia, Juan Pablo Arango aclara: “Debemos tomar en cuenta que nuestras guerras civiles por lo general fueron ocasionadas por disputas ideológicas entre amplios sectores de la población; en cambio la actual es, sobre todo, el resultado de una acción emprendida por el gobierno federal para combatir a los cárteles de la droga”.

A petición de Proceso ambos peritos hacen un minucioso análisis estadístico sobre el incremento de muertes que ha provocado el actual conflicto armado, así como su comparación con las guerras del pasado en México.

Conteos diferentes

Señalan que a falta de una estadística confiable del gobierno federal (que ha dado cuenta oficialmente de más de 28 mil bajas en esta guerra), varias organizaciones ciudadanas y medios hacen sus propios conteos; para elaborar el análisis los especialistas partieron de los datos del diario Reforma: 25 mil 549 muertos de 2006 a este mes, aunque advierten que la cifra podría estar por debajo de la real.

En 2006 –cuando Calderón asumió la Presidencia–, las muertes por narcotráfico fueron 2 mil 119, cantidad que representa dos muertos por cada 100 mil habitantes. En 2007, el número subió poco: pasó a 2 mil 275, y la proporción fue de 2.1 muertos por cada 100 mil habitantes.

Pero en 2008 fueron 5 mil 207. El número aumentó más del doble respecto del año anterior. Con esto ya eran 4.8 muertos por cada 100 mil habitantes. Un año después hubo otro incremento significativo: 6 mil 587 muertos y la tasa se elevó a 6 por cada 100 mil habitantes.

Este año, a mediados de octubre ya se habían contado 9 mil 361 muertos: 8.4 por cada 100 mil habitantes.

Además, el pasado martes 26, la Secretaría de la Defensa informó que de diciembre de 2006 a agosto de 2010 la guerra contra los cárteles ha dejado 191 militares muertos.

Arturo Arango resume: “El incremento fuerte empezó a darse a partir de 2007, por lo que realmente es el año base. De entonces a la fecha el número se cuadruplicó. Por cada 100 muertos que teníamos en 2007 ahora tenemos 400. ¡Es una matazón espantosa!”.

–¿Cuáles son sus proyecciones para el último año del sexenio?

–Si las cosas siguen igual, las tendencias estadísticas nos dicen que el próximo año la cifra será de 11 muertos por cada 100 mil habitantes y para 2012 pasará a 14. El sexenio concluirá con 14 muertos por cada 100 mil habitantes. Un incremento grandísimo.

Juan Pablo Arango recalca: “Esto sólo ocurrirá si el gobierno sigue con su misma estrategia de combate, si el Ejército y las corporaciones policiacas continúan bajo la misma tónica. La tasa de muertes bajaría si se aplica, por ejemplo, una estrategia de contención o una negociación con la delincuencia organizada”.

Arturo Arango y su hijo Juan Pablo son especialistas en políticas de seguridad pública. Desde hace una década han trabajado en equipo y son coautores de varios libros sobre la materia, como Estadística policial, Cartografía delictiva e Inteligencia policial.

Ahora colaboran con un grupo de trabajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que recopila información y realiza evaluaciones estadísticas. Han trabajado también con el Gobierno del Distrito Federal en el mismo rubro y a últimas fechas se han especializado en evaluar estadísticas sobre homicidios.

Arturo Arango fue investigador del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, que dirige el exómbudsman capitalino Luis de la Barreda. Señala: “Para tener la justa dimensión del costo humano que implica una guerra no basta contabilizar sólo a sus muertos, sino también a las llamadas víctimas secundarias, como los huérfanos, las viudas, los lesionados…”.

–¿Se puede tener una cifra aproximada del número de víctimas secundarias de esta guerra contra el narcotráfico?

–¡Claro que sí! El cálculo estadístico es de 1.4 huérfanos por cada muerto. De manera que actualmente tendremos unos 32 mil huérfanos en el país. Y en el mejor de los escenarios habrá unos tres lesionados por muerto, aquí ya estamos hablando de unos 75 mil lesionados que requieren atención médica.

–¿Y viudas?

–Pueden ser 18 mil o 20 mil… muchas de ellas son mujeres que ya no tienen ingresos y se integran al mercado laboral.

“La guerra está generando muchas presiones en el sistema de salud, de educación, laboral… su efecto multiplicador es impresionante porque provoca un conflicto adicional que el Estado es incapaz de atender.”

–¿Una guerra igual de cruenta y mortal que nuestras anteriores guerras?

–Sí, pero sólo hablando en términos absolutos en cuanto a número de muertes, a pérdida de vidas.

En ese sentido, los peritos en estadística señalan que las muertes de la lucha contra el narcotráfico son más que las 23 mil que dejó la guerra de Independencia, que duró 11 años.

También están por encima de las 2 mil 200 de la guerra de Texas, de 1835 a 1836; de las 23 mil de la invasión de Estados Unidos, que duró dos años; de las 8 mil en cuatro años de la guerra de Reforma y de las 436 de la “guerra sucia”. Ni se diga del conflicto armado en Chiapas, de 1994, que arrojó poco más de 100 muertos.

Pero están por debajo de las 63 mil que hubo en la intervención francesa en seis años o de las 90 mil de la guerra Cristera, de 1926 a 1929.

En números relativos

Sin embargo, los analistas advierten que al hacer una comparación estadística en términos relativos, la de Calderón es menos letal que la mayoría de las anteriores guerras.

“Para no ser tendenciosos debemos ajustar el número de muertes a dos variables importantes: a la población que tenía México en cada una de esas guerras civiles y al periodo de tiempo en que ocurrió cada una”, explican.

Con base en esto señalan que la guerra de Independencia tuvo 370 muertos por cada 100 mil habitantes, ya que en aquella época la población nacional apenas rebasaba los 6 millones.

La guerra de Texas provocó 28 muertes por cada 100 mil habitantes. El conflicto contra Estados Unidos arrojó 328, la guerra de Reforma 97, la intervención francesa 768, la guerra Cristera 543, mientras que la guerra sucia y el conflicto chiapaneco no alcanzan un fallecimiento por cada 100 mil habitantes.

Aclaran que actualmente hay zonas y entidades federativas –como Chihuahua– cuyo número de muertes en términos relativos es muy similar al de algunos de estos conflictos armados.

Indican que las matanzas más conocidas del pasado, como la del 2 de octubre de 1968 –cuyo cálculo de decesos oscila entre 150 y 350– o la del Jueves de Corpus, en 1971 –se calculan 60– son “eventos aislados”, por lo que fueron desechadas de sus cálculos comparativos.

–Pero la guerra contra el narco también está dejando matanzas, como la de los 72 migrantes en Tamaulipas.

–Sí. Pero a estas alturas esas 72 muertes ya no marcan ninguna diferencia en términos estadísticos. Es un porcentaje mínimo. Y no es por menospreciar ese acontecimiento– dice Arturo Arango.

Asegura que las matanzas del narcotráfico no pueden calificarse de genocidio, pues esta figura implica el exterminio del enemigo ideológico o étnico. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguran que ya se da un genocidio contra los jóvenes y niños de Ciudad Juárez, por lo que piden la intervención de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Agrega que el gobierno no ha podido contabilizar el saldo de muertos que va dejando la guerra contra el narco: “Hasta el momento el gobierno no tiene un mecanismo que le permita contar bien. Por ejemplo, el SNSP informa que de 2006 a la fecha se han cometido 63 mil homicidios dolosos. Pero no dice cuántos corresponden a la lucha contra el crimen organizado. Sus cifras y las del Inegi tienen diferencias hasta de 30%. Es un desbarajuste total.

“El registro de muertes tiene que empezar a levantarse desde que se llega a la escena del crimen. Inmediatamente debe resguardarse el área y levantar lo que nosotros llamamos el IPH (Informe Policial Homologable). Las cosas deben hacerse con método. Pero estos protocolos internacionales no se cumplen en México.

“Se ha llegado a casos extremos, como sucedió en Tabasco durante el gobierno de Roberto Madrazo. En ese tiempo el gobierno estatal registraba cero secuestros, pero en sus cárceles tenían el número más alto de secuestradores del país. ¿De dónde sacaban secuestradores si no tenían secuestros? Este tipo de situaciones siguen dándose.

“Por eso ante la falta de datos confiables, organizaciones de la sociedad civil y algunos medios, como los diarios Milenio y Reforma, llevan sus propios conteos. Hay programas radiales que tienen ‘ejecutómetros’ mediante los que registran diariamente el número de ejecutados.”

–¿Para qué sirve llevar un registro de muertos?

–Un problema que no se puede medir no se puede interpretar, mucho menos combatir. Es como si un médico supone que tienes fiebre sólo con verte la cara. No. Necesita un termómetro para determinar la temperatura corporal y después del diagnóstico te da la medicina. La contabilidad de las víctimas sirve para hacer un diagnóstico y tomar las medidas correctas. Los datos falsos hacen tomar medidas inadecuadas –responde Arturo Arango.

–¿Eso le está ocurriendo al gobierno en su lucha contra el narcotráfico?

–Sí. Es como si estuviera piloteando un aeroplano que vuela entre una tempestad sin instrumentos para controlarlo y sin saber hacia dónde se dirige. Completamente perdido.

DESLAVE EN OAXACA: CIENTOS DE SEPULTADOS

Un deslave en el sur de México sepultó unas 300 de casas en la madrugada de este martes (hora local).
Se desconoce con exactitud cuántas personas resultaron afectadas por el alud en un sitio cercano al pueblo de Santa María de Tlahuitoltepec, Oaxaca.
El gobernador del estado, Ulises Ruiz, indicó que se teme que más de 500 personas podrían haber quedado sepultadas mientras dormían.
"Se habla de hasta mil personas", añadió el funcionario.
Lluvias torrenciales relacionadas con la depresión tropical Matthew habrían provocado el desprendimiento de una franja de unos 200 metros de un cerro en las serranías cercanas al poblado.
Las autoridades calculan que el mal tiempo demorará la llegada de los equipos de rescate hasta la zona afectada.

Sin confirmación

Hablando por la única línea telefónica que funciona en el pueblo, el secretario municipal de la entidad, Cipriano Gomez, describió una escena dantesca.
"No hay luz, sigue lloviendo, por ahora llevamos 128 desaparecidos pero pueden ser muchos más", dijo Gómez, en declaraciones a Julián Miglierini, corresponsal de la BBC en México.
Por ahora, sólo han podido confirmar la muerte de un empleado municipal y siete miembros de su familia.
Afirmó además que todavía no han llegado los equipos de rescate enviados por el gobierno federal, y que sólo cuentan con una "pequeña brigada" formada por elementos de la policía estatal y residentes del pueblo.
Además, en su conversación con la BBC, aseguró que el pueblo está siendo evacuado ya que las continuas lluvias alimentan los temores de que se pueda producir otro deslave.

Dificultades

El pueblo de Santa María Tlahuitoltepec está ubicado a unas cuatro horas de viaje desde la capital de Oaxaca.
Dicho estado es uno de los más afectados por las lluvias en las últimas semanas, que ocasionaron otros deslaves de menor intensidad en diversas partes de Oaxaca.
Santa María Tlahuitoltepec es un pueblo famoso por sus construcciones coloniales y sitios arqueológicos cercanos.
Durante la última semana, tormentas tropicales en el oeste del Caribe han provocado intensas lluvias en la región.
El martes pasado se produjo un deslizamiento de la ladera de una colina. El alud sepultó un autobús cerca de la ciudad de Villa Guerrero, 60 kilómetros al suroeste de Ciudad de México. En el accidente murieron al menos siete personas.

¿CUANTOS CIVILES MURIERON EN IRAK?

Owen Bennett-Jones, BBC
http://www.bbc.co.uk/

El plazo formal para el retiro de Irak de las fuerzas de combate estadounidenses vence este martes, en medio de un país todavía sumido en la violencia, sin que los principales partidos se pongan de acuerdo para formar gobierno.

Ante este panorama, nadie sabe a ciencia cierta cuántos han sido los muertos civiles tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2003. ¿Y en qué se basan los conteos: en la política o en la ciencia? La disparidad de las cifras es enorme.
La organización de investigación independiente Iraq Body Count ("conteo de muertos en Irak") ha pedido que se haga una investigación judicial profunda sobre el número de personas muertas y heridas en esa invasión.

La cifra más baja hasta el momento es la que dio en 2005 el entonces presidente George W. Bush. "¿Cuántos ciudadanos iraquíes han muerto en esta guerra? Yo diría que 30.000", dijo el mandatario.

En contraste, la estimación más alta es de 2008 y dice que tras la operación liderada por Estados Unidos perdieron la vida más de un millón de iraquíes.

Las diferencias se deben a los distintos períodos de tiempo y las diversas definiciones de muertos en guerra. Pero aún así, las discrepancias son gigantescas.
Al igual que el gobierno de EE.UU., las autoridades iraquíes prefieren citar cifras bajas, como el viceministro de Salud, Amer Al Khuzai, quien dijo que los muertos son "alrededor de 80.000".

Esa es una estimación reducida, en comparación con todas las otras disponibles, sin contar la del ex presidente Bush. ¿Cómo se llegó a esa cifra? Según le dijo Khuzai a la BBC, los muertos se contabilizan en los hospitales, donde se expiden sus certificados de defunción.



Fuera del sistema

Sin embargo, aunque el viceministro se lo negó oficialmente a la BBC, es evidente que muchas personas son enterradas sin que los funcionarios lo notifiquen.

Una cosa es la burocracia y otra la realidad. El médico iraquí Alí Husseini, que vive en Londres, ha visitado Irak dos o tres veces al año desde que comenzó la guerra en 2003.

Para él, las estadísticas no son fiables pues algunos cuerpos nunca llegan al hospital, dado que los familiares o amigos de las víctimas saben que allí no se va a hacer nada por ellas.

Cita como ejemplo áreas como el oeste de Irak, donde sólo las personas que viven allí saben sobre sus muertos, que no aparecerán en ningún registro.
Los políticos británicos también usan cifras bajas. Cuando a Tony Blair se le preguntó en enero pasado sobre las muertes de la guerra de Irak en la investigación de Sir John Chilcot, citó dos organizaciones independientes, Iraq Body Count y el Instituto Brookings de EE.UU., cuyas estimaciones son de 106.000 y 112.000, respectivamente.

La cifra de Iraq Body Count ha sido ampliamente citada, no sólo por Blair, sino también por la prensa internacional. ¿Cómo se calcula? Josh Dougherty, investigador de Iraq Body Count, le explicó a la BBC que utilizan varias fuentes: informes de prensa, de organizaciones no gubernamentales, cifras oficiales, informes internos de los gobiernos y toda información "que afecte a las víctimas civiles de alguna manera".

Sin embargo, en su página de internet se aclara que las "deficiencias en el registro y las denuncias indican que las cifras pueden ser mucho más altas". La pregunta es ¿cuánto más altas?

Para Dougherty, si se incluyen los muertos en combate y los no declarados, el número real podría llegar a ser el doble o el triple. Es decir, entre 200.000 y 300.000.

Michael O'Hanlon, del Instituto Brookings, usó técnicas de investigación similares a Irak Body Count y llegó a un número similar de 112.000.

Desde el terreno
La principal crítica a estas mediciones es que se realizan con métodos pasivos, en los que sólo se recopilan datos en lugar de estudiar la situación sobre el terreno, como lo han hecho otros investigadores cuyos resultados son mucho más altos.
Pero para O'Hanlon éstas no son fidedignas pues en el terreno influyen las percepciones de la gente, los recuerdos y los diferentes criterios para considerar quiénes son los familiares, y que por estos obstáculos metodológicos los números resultan "inflados".

Las cifras más altas corresponden a tres mediciones hechas sobre el terreno. Una, de la Universidad Johns Hopkins, publicada en 2006 en la prestigiosa revista The Lancet, estima los muertos en 655.000, tanto producto de la violencia de la invasión como de las malas condiciones sanitarias provocadas por ésta.

El gobierno de George W. Bush y el de Irak rechazaron esa cifra. No obstante, una solicitud de libertad de la información hecha por la BBC concluyó que altos funcionarios del ministerio de Defensa británico creían que el estudio de The Lancet era, en efecto, sólido y realizado en base a buenas prácticas.

Más de un millón

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2008 evita dar cifras concretas, pero sugiere cerca de 400.000 muertos. Y una tercera medición de 2008 realizada por la encuestadora Opinion Research Business, con sede en Londres, arroja más de un millón de muertos.

Francesco Cecchi, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dice que esa cifra es demasiado alta y señala que la gran limitación de esa investigación fue la definición de familia: no queda claro si los encuestados daban información sobre los muertos de propia su casa o los del núcleo familiar más amplio.

Para Cecchi, la cifra se ubica entre los 200.000 y 500.000 muertos.

A pesar de la reticencia de los gobernantes a dar cifras altas, algunas figuras importantes apoyan esos cálculos. Cuando era candidato a presidente de Estados Unidos, John McCain le dijo al presentador David Letterman en una entrevista televisiva que para él los muertos son "cientos de miles".

Muchos investigadores -aunque de ninguna manera todos– coinciden con esa estimación. Pero sigue siendo cierto que la gente suele citar la cifra que refleja no tanto su punto de vista sobre la calidad de la investigación sino, más bien, su visión de la invasión.