México: Abusos generalizados en la “guerra contra el narcotráfico”

La impunidad de torturas, “desapariciones” y ejecuciones amenaza la seguridad pública

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  Agentes de la Policía municipal y del Ejército mexicano llevan a cabo una redada conjunta en Ciudad Juárez buscando vendedores ambulantes de drogas y armas, marzo de 2009.
  © 2009 Eros Hoagland/Redux

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Ni Seguridad, Ni Derechos

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En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país.

José Miguel Vivanco, Director para las Américas

(México, D.F.) — En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 229 páginas, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México. A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.

“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Una delegación de Human Rights Watch presidida por Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, y por Vivanco presentó el informe al Presidente Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil.

Poco tiempo después de asumir la presidencia en diciembre de 2006, Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada y convocó al Ejército mexicano a participar en la lucha contra los carteles, a pesar de los extensos antecedentes de abuso e impunidad de esta institución. Más de 50.000 soldados fueron asignados a esta iniciativa, además de miles de miembros de la Marina, de la Policía Federal y de fuerzas de policía estatales y locales.

En los cinco estados relevados —Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco— Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los carteles. El informe también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos.

Human Rights Watch analizó datos recabados a través de más de 200 entrevistas efectuadas a víctimas y autoridades, 60 pedidos de información pública y del examen de un amplio espectro de estadísticas oficiales. Si bien la incidencia de las violaciones graves de derechos humanos ha aumentado drásticamente en el contexto de las medidas adoptadas por México contra el narcotráfico, no sucedió lo mismo con la investigación y el juzgamiento de estos abusos, según comprobó Human Rights Watch.

Esto se debe, en parte, a que los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles continúan siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado en sus pronunciamientos que estos abusos deben ser investigados en la jurisdicción penal ordinaria, y que los tribunales militares carecen de la imparcialidad y la transparencia necesarias para juzgar a sus propios miembros. El resultado de esta práctica ha sido una impunidad casi total, afirmó Human Rights Watch. En los cinco estados relevados, entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1.615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos.

Los agentes del Ministerio Público civil tampoco han adoptado medidas básicas —como entrevistar a testigos clave o visitar la escena del crimen— para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y otros funcionarios civiles. Por ejemplo, según información solicitada al Ministerio Público estatal en los cinco estados relevados, se presentaron cientos de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ante las comisiones de derechos humanos de los estados. No obstante, ningún funcionario ha sido acusado en estos estados por hechos de tortura.

“Estos abusos casi nunca se investigan adecuadamente pero, a pesar de ello, es común que las autoridades se refieran a las víctimas como delincuentes y asuman que sus denuncias son falsas”, expresó Vivanco. “Como resultado, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que impulsar sus propias investigaciones para reivindicar a sus seres queridos”.

En varias oportunidades, el Presidente Calderón ha declarado públicamente que el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico —que su gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011— eran delincuentes. No obstante, datos obtenidos por Human Rights Watch permiten dudar de la fiabilidad de estas afirmaciones. La Procuraduría General de la República, que cuenta con facultades constitucionales para investigar penalmente los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, indicó a Human Rights Watch que solamente había iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Human Rights Watch comprobó que un amplio espectro de funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos. Entre ellos se incluyen jueces que admiten pruebas conseguidas posiblemente mediante tortura, agentes del Ministerio Público que obtienen “confesiones” de acusados que son mantenidos incomunicados en bases militares, y peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuando examinan a los detenidos.

El informe formula recomendaciones específicas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial destinadas a abordar los abusos documentados en el informe, incluidas las siguientes:

• El Congreso debería reformar el Código de Justicia Militar para impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en la jurisdicción militar; y los procuradores generales de justicia de la República y de los estados deberían tomar la iniciativa de investigar todos los casos de posibles violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas supuestamente cometidas por el Ejército.
• Los funcionarios públicos deberían abstenerse de efectuar declaraciones en las cuales desestimen las denuncias de abuso antes de que éstas hayan sido investigadas, así como de afirmar que las víctimas de abusos son delincuentes antes de que hayan sido condenadas por algún delito.
• Los jueces deberían hacer cumplir la prohibición de emplear pruebas obtenidas mediante tortura, y los legisladores deberían derogar las disposiciones legales —como el arraigo y otras normas excesivamente amplias que permiten la detención de personas in flagrante (mientras cometen un delito)— que facilitan el abuso de los detenidos.

“El gobierno mexicano se enfrenta a carteles que han cometido crímenes aberrantes contra oficiales y civiles por igual”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, en su respuesta, las fuerzas de seguridad deben actuar empleando un estándar diferente, no sólo porque el respeto de los derechos es lo correcto, sino porque además es indispensable para asegurar el éxito de cualquier estrategia para mejorar la seguridad pública”. 

A 5 AÑOS DEL CASO CASTAÑOS...

* 17 militares violadores siguen sin castigo

Sofía Noriega

cimac@laneta.apc.org

Saltillo, Coahuila. A cinco años de ocurrido, el caso Castaños aún no concluye, los inculpados y las víctimas están en espera del fallo de un juez federal sobre el amparo interpuesto por quienes recibieron condenas por la violación tumultuaria contra mujeres en condición de explotación sexual comercial.

El 11 de julio del 2006, 14 mujeres que trabajaban en el bar El Golfo Pérsico en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, vivieron una pesadilla al ser atacadas sexualmente por al menos 20 militares.

Sandra de Luna, defensora de las ofendidas, espera a que se resuelva el amparo para continuar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que sólo tres de los violadores están en la cárcel mientras que el proceso estuvo plagado de irregularidades, una de las cuales permitió que el subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, el militar de mayor rango que participó en la violación, esté prófugo de la justicia.

“Ellas están conscientes de que hubo violación a sus garantías individuales, como lo refleja el caso de Ludivina Hernández, a quien al igual que a sus compañeras, no se le dio la píldora del día siguiente y como resultado del ataque quedó embarazada”, explicó la abogada aCimacnoticias.

Agregó que desde un inicio, en el trato de los agentes de la Fiscalía General de Coahuila hacia las víctimas, no hubo perspectiva de género, hicieron comentarios misóginos y sus actitudes fueron despectivas hacia los graves acontecimientos sufridos por las mujeres. “Por ejemplo, a una de las mujeres que denunció violación oral el ministerial le respondió que eso en lugar de un delito era un deleite”.

De Luna indicó que después del abuso, las circunstancias fueron muy ríspidas para las agredidas, no sólo por parte de las autoridades del fuero común, sino también de los medios de comunicación que hacían referencia a ellas en forma humillante y por las amenazas que recibieron de sus agresores.

Ante la CIDH, la defensora dijo que se pretende señalar los abusos, negligencia y omisiones de la Fiscalía General de Coahuila, del Tribunal Superior de Justicia estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno federal.

En lo referente a la Sedena, dijo, ha sido evidente la protección que ha brindado a dos elementos que no han sido aprehendidos.

La presunción sobre la protección de la Sedena hacia los miembros que formaron parte de estos hechos, es que de los 20 militares que llegaron al centro nocturno El Golfo Pérsico, se logró la captura de ocho elementos, pero sólo cuatro recibieron condenas.

Sandra de Luna recordó que Omar Alejandro Fuentes Rangel, luego de recibir sentencia de 41 años, obtuvo en segunda instancia una pena de 15 años. Norberto González Estrada, Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández obtuvieron la absolución en segunda instancia.

El subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas fue absuelto en primera instancia, debido a que Wendy, una de las mujeres atacadas, se retractó de sus declaraciones que lo implicaban en el asalto sexual, aunque la defensa de las víctimas hizo valer la primera declaración testimonial.

Francisco Vargas fue sentenciado finalmente a 18 años de cárcel aunque no ha sido localizado por las autoridades para cumplimentar la orden de aprehensión.

“En la segunda instancia, el tribunal de circuito determinó que Vargas era responsable del delito de violación y el beneficio que le había sido otorgado, a través de una sentencia absolutoria en primera instancia por el juez Iradier Huerta Medrano, fue revocado”, dijo la abogada.

Agregó: “Norberto estaba trabajando en el Ejército, y al momento que se entera de su nueva situación judicial se da a la fuga, por ahora se hace una búsqueda a través de todas las procuradurías en toda la república”.

Para Sandra de Luna, a pesar de la supuesta disponibilidad de la Sedena para que sus elementos recibieran todo el peso de la ley, hubo protección hacia los inculpados, al menos en el caso del subteniente Vargas, quien al momento de la agresión en la zona de tolerancia de Castaños, era el de mayor rango.

En tanto, Juan José Gaitán Santiago, con sentencia de 41 años de prisión por haber participado en seis violaciones, espera ser beneficiado para reducir su condena a través de la resolución de un juez federal.

Desaparece zona de tolerancia

Debido a la presencia del crimen organizado, desde hace un año desaparecieron los dos salones de baile en la zona de tolerancia de Castaños, Las Playitas y El Golfo Pérsico.

Ahora las mujeres de Castaños han tomado diferentes rumbos: dos de ellas se autoemplearon, tres ya están casadas, otras dos fueron capacitadas en computación y dos más trabajan en bares de la ciudad de Monclova. El resto se fue a vivir a otras ciudades con el apoyo de sus familiares.

“De las 14 mujeres que sufrieron violación por parte de los militares, dos continúan en los bares, el resto se negó a seguir en el oficio en el que estaban”, comentó la defensora.

En el caso de Ludivina Hernández, quien tuvo a una hija producto de la violación, declinó iniciar cualquier trámite de pensión alimenticia porque no quiso que se generaran derechos y obligaciones por parte de su agresor.

El daño emocional no se les va a olvidar jamás, por eso la mayoría optaron por alejarse de su anterior vida; quizá lo que aprendieron fue su valía como mujeres y ciudadanas con derecho a la justicia.

“Ellas tenían la creencia que por ser sexoservidoras no las iban a tomar en cuenta, muchos actores sociales se movilizaron como instituciones de gobierno y de la sociedad civil”, destacó.

A su parecer, el de Castaños es el primer caso en América Latina donde se castigó a miembros del Ejército en tribunales civiles, lo cual sienta un precedente. Indicó que las afectadas no quedaron del todo satisfechas debido a que los inculpados no recibieron las penas máximas y no se tomaron en cuenta todas las agravantes.

Retrocesos

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, lamentó que el caso Castaños haya sido la excepción, con respecto a aplicar la justicia civil a militares que cometen faltas y abusos contra la población.

El reclamo y la defensa que hicieran diversas organizaciones a nivel nacional, entre las que destaca la Diócesis de Saltillo, que encabeza Vera, puso en la palestra la necesidad de que los militares fueran juzgados por lo civil.

Para el obispo, a pesar de que el juicio de los militares fue un parteaguas en América Latina, hubo un retroceso en el sexenio de Felipe Calderón.

El ejemplo más evidente del repliegue en esta materia, dijo, es el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, de 73 años, que fue violada por militares en 2007, aunque su caso no llegó a los juzgados civiles. “Ese caso es paradigmático de cómo el señor presidente Calderón empezó a manejar al Ejército”, indicó el obispo.

Añadió: “Bajo el régimen político anterior hubo una respuesta bastante seria y positiva de que pusieran a los militares violadores y torturadores de estas mujeres en manos de la justicia civil”.

Pero en cuanto llega Calderón, señaló el obispo, todo se fue para atrás, el juez Hiradier Huerta “acabó haciendo una caricatura de juicio”.

DESAPARECIDOS

"La dignidad es lo que importa"

Por Gervasio Sánchez

El drama de los desaparecidos atraviesa toda mi vida profesional. Es el proyecto más duro al que me he enfrentado y tengo la convicción de que el dolor de las víctimas ha dejado profundas secuelas en mi interior. Podría decir que parte de mi vida también ha desaparecido durante su realización.

Era un joven estudiante de Periodismo en enero de 1983 cuando entré a formar parte de un grupo de adopción de Amnistía Internacional en Barcelona. Su responsable me ofreció encargarme de Centroamérica y me dio dos informes gigantescos sobre las violaciones de los derechos humanos en Guatemala bajo la dictadura del general Efraín Ríos Montt y en El Salvador, que vivía en plena guerra civil.

La lectura de aquellos papeles, repletos de hechos difíciles de imaginar por la mente más retorcida y sádica, cambió radicalmente mi visión del periodismo y me convenció de la necesidad de recorrer este mundo, tan poco amable con millones de personas, con la intención de documentar los dramas humanos.

La primera vez que viajé a Guatemala, en octubre de 1984, quise realizar un reportaje sobre los desaparecidos. El país vivía la etapa más oscura de su sangrienta historia y puedo dar fe de que daba miedo trabajar como periodista y fotógrafo.

La primera vez que viajé a El Salvador en ese mismo mes de octubre sentí algo parecido. El país se enfrentaba a las primeras negociaciones de paz entre el gobierno y los grupos guerrilleros. El sueño del fin de la guerra parecía cercano. Pero la paz se firmó ocho años después, a principios de 1992.

Mi primer reportaje chileno publicado en noviembre de 1986 fue sobre los desaparecidos.

Meses después, en mayo de 1987, publiqué un texto con datos inéditos sobre la llamada Caravana de la Muerte y pronostiqué que "este caso salpicaría un día a Pinochet". Once años después, en octubre de 1998, el ex dictador fue detenido en Londres gracias a una orden cursada por el juez Baltasar Garzón en base a los casos de desaparecidos de la Caravana de la Muerte.

La primera vez que viajé a Perú, en octubre de 1988, me encontré con el horror en Ayacucho. Los militares eran los dueños absolutos de la vida y la muerte.

Un tema tabú

La primera vez que viajé a Colombia, en mayo de 1990, me encontré con que la desaparición forzosa era un tema tabú. Ninguna autoridad política o judicial tenía interés por aclarar los centenares de casos acumulados.

Las fuerzas armadas, los grupos paramilitares y las guerrillas están implicadas en decenas de miles de desapariciones. La acumulación de pruebas sobre los llamados falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por miembros del ejército) podría provocar el enjuiciamiento del ex presidente Álvaro Uribe. No sería de extrañar que siguiese los pasos del ex presidente peruano Alberto Fujimori, juzgado y encarcelado por varios casos de desapariciones forzosas en su país.

Mi primer viaje a Irak coincidió con la caída del régimen criminal de Sadam Hussein en abril de 2003. Durante seis semanas pude documentar decenas de exhumaciones realizadas por los propios familiares sin ningún tipo de preparación forense. Presencié la apertura de la fosa de Al Mahawil, donde había más de 3.000 cuerpos de desaparecidos. Este proyecto fotográfico comenzó a fortalecerse gracias a las increíbles imágenes tomadas en aquellos días caóticos.

Mi primer viaje a Camboya, en noviembre de 1995, me permitió visitar el campo de exterminio de Tuol Sleng. La antigua escuela estaba vacía porque apenas había turistas en un país todavía golpeado por la guerra. Sus paredes fueron testigos de actos de torturas inimaginables. Dos millares de niños perdieron la vida en el penal.

La cobertura de las diferentes guerra balcánicas entre 1991 y 2000 me permitió enfrentarme al drama de los desaparecidos en la trastienda de la Europa comunitaria. Durante los últimos años he presenciado varias veces los funerales masivos en la localidad bosnia de Potocari que se celebran cada 11 de julio y donde se entierran a las víctimas identificadas de la matanza de Srebrenica.

Hasta hace dos años los desaparecidos españoles no eran un objetivo de este proyecto. El cambio de postura se produjo tras una entrevista realizada por una compañera de la agencia EFE a finales de 2008 coincidiendo con la inauguración de mi exposición Vidas Minadas 10 años en la sede de la UNESCO en París.

Poco antes de finalizarla se interesó por mi siguiente proyecto. Apenas había empezado a explicarle que estaba documentando la tragedia de los desaparecidos cuando me preguntó: "¿En España?" Le contesté que nunca había trabajado en mi país, pero que el proyecto abarcaba casi una decena de países de tres continentes. Me quedé de piedra cuando me lanzó a bocajarro: "Me parece una excusa". Intenté convencerla de la bondad de mi sistema de trabajo, pero ella no dio su brazo a torcer. Al concluir la conversación comencé a darle vueltas como sólo lo hacen las personas obsesivas como yo.

Unos días después empecé a buscar contactos. Me entrevisté con responsables de las agrupaciones de familiares de desaparecidos en León, Madrid, Sevilla, Pamplona, Zaragoza, Barcelona y Tarragona. En pocos meses acumulaba tanta información que decidí incluir España como epílogo del proyecto. Documenté exhumaciones, identificaciones y entregas de restos a los familiares.

Gervasio Sánchez es periodista y fotógrafo. En 2009 ganó el Premio Nacional de Fotografía y un año antes, el Premio Ortega y Gasset de periodismo.

Guerras, dictaduras, persecución... y unos familiares que siguen buscando a los suyos, a aquellos que siguen viviendo en la memoria. EL PAÍS se suma al MUSAC, el CCCB y La Casa Encendida para presentar simultáneamente este monumental proyecto fotográfico. Haz clic aquí para ver 'Desaparecidos'

Fuente: El Pais - España

EU, EL GRAN ESPIA... EN MÉXICO

Jorge Carrasco A./ J. Jesús Esquivel
Proceso | 14-11-2010

Con el gobierno de Felipe Calderón, Estados Unidos logró lo que siempre ambicionó: establecer en la Ciudad de México un centro de espionaje. Y fue el ascenso del narcotráfico en el país el que abrió la puerta a todas las agencias de Inteligencia estadounidenses, predominantemente militares, para que operen desde el Distrito Federal sin necesidad de encubrir a sus agentes como diplomáticos.

El establecimiento de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) fue autorizado por Calderón, luego de las negociaciones con Washington, que inició su predecesor, Vicente Fox Quesada. En los encuentros participó el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, sin tomar en cuenta las objeciones de las Fuerzas Armadas.

A través de la OBI, Calderón dio entrada ya a los agentes de Inteligencia estadounidenses para que investiguen sin problemas a las organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico. Además, pueden vigilar a las mismas dependencias gubernamentales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, así como las representaciones diplomáticas acreditadas en México.

El cuartel general de los agentes del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI), así como de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro se localizan en el edificio comercial ubicado en el número 265 de Paseo de la Reforma, a unos 250 metros de la Embajada de Estados Unidos.



En la OBI es el Pentágono el que tiene la presencia más significativa, pues desde ahí opera la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Le sigue el Departamento de Justicia, también con tres agencias: el FBI, la agencia federal antinarcóticos (DEA) y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Con dos servicios está el Departamento de Seguridad Interior: Inteligencia de Guardia Costera (CGI) y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE); mientras que el Departamento del Tesoro tiene agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI).

Además, la OBI abrió dos oficinas “satélites”: una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, donde los agentes estadounidenses comandan “fuerzas de tarea” contra el narcotráfico con el apoyo de personal mexicano.

Se desconoce el número de elementos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que trabajan en territorio mexicano con la autorización del gobierno federal a partir de la apertura de la OBI, anunciada el 31 de agosto pasado, pues las autoridades mantienen como información como “clasificada”.

El edificio que ocupa la OBI en el Distrito Federal está a un lado de la Bolsa Mexicana de Valores y forma parte de lo que los servicios de seguridad e inteligencia mexicanos definen como el área de “blancos suaves”, en referencia a la eventualidad de un ataque a intereses de Estados Unidos en México.

En ese punto estratégico para Washington en el Distrito Federal, además de la legación de Estados Unidos y de la OBI se ubican representaciones de empresas trasnacionales como la Ford, American Airlines y los hoteles Marriot y Sheraton, entre otras.

El edificio donde operan los servicios de inteligencia de Estados Unidos parece un inmueble más en esa zona que en alberga bancos, aseguradoras, oficinas de telecomunicaciones y comerciales y despachos privados. Lo único que llama la atención es la entrada y salida de ciudadanos estadounidenses.

En el directorio del edificio aparecen los nombres de las firmas ocupantes hasta el piso 21. Pero a partir del 22 y los tres niveles de penthouse aparece solamente la leyenda “ocupado”. Y en la azotea se observa una veintena de platos satelitales colocados justo encima del logotipo de la empresa de telecomunicaciones Axtel. “Es la mejor cobertura para la operación de las agencias”, dijo una fuente al proporcionar la ubicación de la OBI. La apariencia ordinaria del inmueble es la manera con la cual Estados Unidos suele disfrazar sus centros de inteligencia en todo el mundo.

La recepción y el estacionamiento están resguardados por servicios de seguridad privados, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal brindan apoyo en el entorno urbano. Además, en las inmediaciones de la OBI el gobierno capitalino colocó cámaras especiales de vigilancia que cuentan con sirenas de alarma para observar los movimientos de peatones y vehículos.

El edificio de Reforma 265 es el más alto del lugar, lo que impide que desde lo alto se pueda auscultar el modus operandi y el despliegue tecnológico de ese cuartel de inteligencia.

El alcance y poder de la OBI en México es similar al del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC), que data de 1974 y opera exclusivamente para combatir el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero en la frontera entre México y Estados Unidos.

Desde el EPIC se han diseñado estrategias contra el narcotráfico y la delincuencia organizada de México. Entre las más exitosas están la Operación Tigre Blanco, que sirvió para investigar las actividades de la familia Hank Rhon en 1997; la captura y extradición, un año antes, de Juan García Ábrego, líder del cártel del Golfo, y el descubrimiento de las narcofosas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1998.



Subordinación— Rebasado por el narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón aceptó el establecimiento de la OBI en México a propuesta del entonces titular de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos (ODNI), al almirante Dennis Blair, quien en marzo pasado acompañó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, durante su visita de trabajo a México.

Según el acuerdo formal, en la nueva oficina los agentes estadounidenses interactúan con sus contrapartes mexicanos bajo la coordinación del Departamento de Estado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

No obstante, en el Ejército y la Marina, donde se considera que la Iniciativa Mérida ha resultado muy costosa para México, aún se cuestiona la apertura de la OBI en México.

Para el Pentágono, la marcada presencia de sus agentes en México tiene como propósito fusionar los servicios de inteligencia y espionaje de los dos países para identificar y explotar las vulnerabilidades de las organizaciones del narcotráfico y de las bandas de la delincuencia organizada.

Bajo esa directiva, dada a conocer el 18 de marzo último por el general Víctor Eugene Renuart, entonces jefe del Comando Norte, en México se han efectuado varios operativos contra narcotraficantes.

2006-2010: ESTADÍSTICAS DEL HORROR

Rodrigo Vera / PROCESO

La guerra calderonista contra el narcotráfico ha causado decenas de miles de muertes (el gobierno federal reconoce más de 28 mil y algunos conteos independientes sitúan la cifra en poco más de 25 mil), más que las habidas durante la Independencia o la invasión de Estados Unidos a México, afirman a Proceso especialistas en estadística criminal; aseguran que no hay númerosabsolutamente confiables al respecto y señalan además que lo que no se puede medir no se puede conocer ni combatir efectivamente...

Las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico superan el número de bajas de algunos conflictos bélicos de la historia mexicana: la Independencia, con 23 mil fallecidos; la guerra contra Estados Unidos, con la misma cantidad; la de Reforma, cuyo saldo fue de 8 mil, o la guerra sucia de los setenta que dejó 436 muertos, de acuerdo con cifras generalmente aceptadas.

Lo grave, afirman los analistas, es que cada año duplica al anterior en número de muertos de la guerra contra el narcotráfico: en 2006 había dos bajas por cada 100 mil habitantes y ahora son 8.4. Agregan que de continuar la estrategia de Calderón, al término de su sexenio serán asesinadas 14 personas por cada 100 mil habitantes. Una cifra muy alta para los estándares internacionales.

El especialista en estadística criminal Arturo Arango Durán comenta a este semanario: “La actual guerra contra el narcotráfico ha resultado sumamente letal. Su costo en víctimas ya es altísimo. Pero lo peor de todo es que es una guerra perdida de antemano, pues fortalece a la delincuencia organizada mientras más la ataca. Al reducir la oferta de droga hace que los precios suban y los cárteles obtengan mayores ganancias.

“Así, queriéndolo o no, el Estado fortalece a la delincuencia organizada y se convierte en el gran regulador del mercado de la droga. Se metió en un círculo vicioso, sin salida. Además la guerra está atizando las disputas entre un cártel y otro por el control de las plazas.

“Todo esto tiene un efecto multiplicador de la violencia y, por consiguiente, de muertes. Esto es justamente lo que hace que el número de fallecidos se duplique de un año a otro. En términos absolutos, hablando estrictamente de pérdida de vidas humanas ya estamos por encima de las provocadas por casi todas las otras guerras civiles que ha padecido México desde su Independencia.”

Analista en la misma materia, Juan Pablo Arango aclara: “Debemos tomar en cuenta que nuestras guerras civiles por lo general fueron ocasionadas por disputas ideológicas entre amplios sectores de la población; en cambio la actual es, sobre todo, el resultado de una acción emprendida por el gobierno federal para combatir a los cárteles de la droga”.

A petición de Proceso ambos peritos hacen un minucioso análisis estadístico sobre el incremento de muertes que ha provocado el actual conflicto armado, así como su comparación con las guerras del pasado en México.

Conteos diferentes

Señalan que a falta de una estadística confiable del gobierno federal (que ha dado cuenta oficialmente de más de 28 mil bajas en esta guerra), varias organizaciones ciudadanas y medios hacen sus propios conteos; para elaborar el análisis los especialistas partieron de los datos del diario Reforma: 25 mil 549 muertos de 2006 a este mes, aunque advierten que la cifra podría estar por debajo de la real.

En 2006 –cuando Calderón asumió la Presidencia–, las muertes por narcotráfico fueron 2 mil 119, cantidad que representa dos muertos por cada 100 mil habitantes. En 2007, el número subió poco: pasó a 2 mil 275, y la proporción fue de 2.1 muertos por cada 100 mil habitantes.

Pero en 2008 fueron 5 mil 207. El número aumentó más del doble respecto del año anterior. Con esto ya eran 4.8 muertos por cada 100 mil habitantes. Un año después hubo otro incremento significativo: 6 mil 587 muertos y la tasa se elevó a 6 por cada 100 mil habitantes.

Este año, a mediados de octubre ya se habían contado 9 mil 361 muertos: 8.4 por cada 100 mil habitantes.

Además, el pasado martes 26, la Secretaría de la Defensa informó que de diciembre de 2006 a agosto de 2010 la guerra contra los cárteles ha dejado 191 militares muertos.

Arturo Arango resume: “El incremento fuerte empezó a darse a partir de 2007, por lo que realmente es el año base. De entonces a la fecha el número se cuadruplicó. Por cada 100 muertos que teníamos en 2007 ahora tenemos 400. ¡Es una matazón espantosa!”.

–¿Cuáles son sus proyecciones para el último año del sexenio?

–Si las cosas siguen igual, las tendencias estadísticas nos dicen que el próximo año la cifra será de 11 muertos por cada 100 mil habitantes y para 2012 pasará a 14. El sexenio concluirá con 14 muertos por cada 100 mil habitantes. Un incremento grandísimo.

Juan Pablo Arango recalca: “Esto sólo ocurrirá si el gobierno sigue con su misma estrategia de combate, si el Ejército y las corporaciones policiacas continúan bajo la misma tónica. La tasa de muertes bajaría si se aplica, por ejemplo, una estrategia de contención o una negociación con la delincuencia organizada”.

Arturo Arango y su hijo Juan Pablo son especialistas en políticas de seguridad pública. Desde hace una década han trabajado en equipo y son coautores de varios libros sobre la materia, como Estadística policial, Cartografía delictiva e Inteligencia policial.

Ahora colaboran con un grupo de trabajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que recopila información y realiza evaluaciones estadísticas. Han trabajado también con el Gobierno del Distrito Federal en el mismo rubro y a últimas fechas se han especializado en evaluar estadísticas sobre homicidios.

Arturo Arango fue investigador del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, que dirige el exómbudsman capitalino Luis de la Barreda. Señala: “Para tener la justa dimensión del costo humano que implica una guerra no basta contabilizar sólo a sus muertos, sino también a las llamadas víctimas secundarias, como los huérfanos, las viudas, los lesionados…”.

–¿Se puede tener una cifra aproximada del número de víctimas secundarias de esta guerra contra el narcotráfico?

–¡Claro que sí! El cálculo estadístico es de 1.4 huérfanos por cada muerto. De manera que actualmente tendremos unos 32 mil huérfanos en el país. Y en el mejor de los escenarios habrá unos tres lesionados por muerto, aquí ya estamos hablando de unos 75 mil lesionados que requieren atención médica.

–¿Y viudas?

–Pueden ser 18 mil o 20 mil… muchas de ellas son mujeres que ya no tienen ingresos y se integran al mercado laboral.

“La guerra está generando muchas presiones en el sistema de salud, de educación, laboral… su efecto multiplicador es impresionante porque provoca un conflicto adicional que el Estado es incapaz de atender.”

–¿Una guerra igual de cruenta y mortal que nuestras anteriores guerras?

–Sí, pero sólo hablando en términos absolutos en cuanto a número de muertes, a pérdida de vidas.

En ese sentido, los peritos en estadística señalan que las muertes de la lucha contra el narcotráfico son más que las 23 mil que dejó la guerra de Independencia, que duró 11 años.

También están por encima de las 2 mil 200 de la guerra de Texas, de 1835 a 1836; de las 23 mil de la invasión de Estados Unidos, que duró dos años; de las 8 mil en cuatro años de la guerra de Reforma y de las 436 de la “guerra sucia”. Ni se diga del conflicto armado en Chiapas, de 1994, que arrojó poco más de 100 muertos.

Pero están por debajo de las 63 mil que hubo en la intervención francesa en seis años o de las 90 mil de la guerra Cristera, de 1926 a 1929.

En números relativos

Sin embargo, los analistas advierten que al hacer una comparación estadística en términos relativos, la de Calderón es menos letal que la mayoría de las anteriores guerras.

“Para no ser tendenciosos debemos ajustar el número de muertes a dos variables importantes: a la población que tenía México en cada una de esas guerras civiles y al periodo de tiempo en que ocurrió cada una”, explican.

Con base en esto señalan que la guerra de Independencia tuvo 370 muertos por cada 100 mil habitantes, ya que en aquella época la población nacional apenas rebasaba los 6 millones.

La guerra de Texas provocó 28 muertes por cada 100 mil habitantes. El conflicto contra Estados Unidos arrojó 328, la guerra de Reforma 97, la intervención francesa 768, la guerra Cristera 543, mientras que la guerra sucia y el conflicto chiapaneco no alcanzan un fallecimiento por cada 100 mil habitantes.

Aclaran que actualmente hay zonas y entidades federativas –como Chihuahua– cuyo número de muertes en términos relativos es muy similar al de algunos de estos conflictos armados.

Indican que las matanzas más conocidas del pasado, como la del 2 de octubre de 1968 –cuyo cálculo de decesos oscila entre 150 y 350– o la del Jueves de Corpus, en 1971 –se calculan 60– son “eventos aislados”, por lo que fueron desechadas de sus cálculos comparativos.

–Pero la guerra contra el narco también está dejando matanzas, como la de los 72 migrantes en Tamaulipas.

–Sí. Pero a estas alturas esas 72 muertes ya no marcan ninguna diferencia en términos estadísticos. Es un porcentaje mínimo. Y no es por menospreciar ese acontecimiento– dice Arturo Arango.

Asegura que las matanzas del narcotráfico no pueden calificarse de genocidio, pues esta figura implica el exterminio del enemigo ideológico o étnico. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguran que ya se da un genocidio contra los jóvenes y niños de Ciudad Juárez, por lo que piden la intervención de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Agrega que el gobierno no ha podido contabilizar el saldo de muertos que va dejando la guerra contra el narco: “Hasta el momento el gobierno no tiene un mecanismo que le permita contar bien. Por ejemplo, el SNSP informa que de 2006 a la fecha se han cometido 63 mil homicidios dolosos. Pero no dice cuántos corresponden a la lucha contra el crimen organizado. Sus cifras y las del Inegi tienen diferencias hasta de 30%. Es un desbarajuste total.

“El registro de muertes tiene que empezar a levantarse desde que se llega a la escena del crimen. Inmediatamente debe resguardarse el área y levantar lo que nosotros llamamos el IPH (Informe Policial Homologable). Las cosas deben hacerse con método. Pero estos protocolos internacionales no se cumplen en México.

“Se ha llegado a casos extremos, como sucedió en Tabasco durante el gobierno de Roberto Madrazo. En ese tiempo el gobierno estatal registraba cero secuestros, pero en sus cárceles tenían el número más alto de secuestradores del país. ¿De dónde sacaban secuestradores si no tenían secuestros? Este tipo de situaciones siguen dándose.

“Por eso ante la falta de datos confiables, organizaciones de la sociedad civil y algunos medios, como los diarios Milenio y Reforma, llevan sus propios conteos. Hay programas radiales que tienen ‘ejecutómetros’ mediante los que registran diariamente el número de ejecutados.”

–¿Para qué sirve llevar un registro de muertos?

–Un problema que no se puede medir no se puede interpretar, mucho menos combatir. Es como si un médico supone que tienes fiebre sólo con verte la cara. No. Necesita un termómetro para determinar la temperatura corporal y después del diagnóstico te da la medicina. La contabilidad de las víctimas sirve para hacer un diagnóstico y tomar las medidas correctas. Los datos falsos hacen tomar medidas inadecuadas –responde Arturo Arango.

–¿Eso le está ocurriendo al gobierno en su lucha contra el narcotráfico?

–Sí. Es como si estuviera piloteando un aeroplano que vuela entre una tempestad sin instrumentos para controlarlo y sin saber hacia dónde se dirige. Completamente perdido.

TOTAL IMPUNIDAD EN ZONAS MILITARIZADAS

Las y los defensores de los Derechos Humanos realizan su labor en constante riesgo, así lo han documentado organizaciones nacionales e internacionales, quienes refieren que en este sexenio los casos de hostigamiento contra activistas se han extrapolado.
Así por ejemplo, el 13 de octubre de 2009, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó el informe sobre la situación de las y los activistas aquí, titulado: Defender los derechos humanos en México: entre el compromiso y el riesgo.
En este informe se documenta que las violaciones a derechos humanos se han incrementado y gozan de una total impunidad, especialmente en las zonas militarizadas.
Los actores señalados como autores de la mayoría de los delitos, hostigamientos y amenazas están asociados al Ejército y los cuerpos de seguridad del Estado. Además de estas observaciones, diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado un importante “déficit” en la defensa y protección de los derechos humanos en México.
Por su parte Amnistía Internacional (AI) señala que las y los defensores han sufrido amenazas y ataques pero también han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones. Según AI el aumento de la violencia contra estos activistas se inició en 1992.
Pero el principal problema era y es la impunidad con que las violaciones a las garantías individuales se penalizan. Para esta organización “las autoridades han denegado todas las responsabilidades por estos abusos”, que se centran básicamente en amenazas e intimidaciones, pero que han llegado a ser mucho más graves.
Ante las recomendaciones de la OACNUDH, y de otras organizaciones, el gobierno de México reiteró su pleno compromiso con la promoción de los derechos humanos y sus defensores. En el entendido de que la apertura al escrutinio y la cooperación internacional, no sólo fortalecen el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos, sino también el estado de derecho.
A pesar de esto, la labor de los activistas no se refleja en el Programa Nacional de los Derechos Humanos 2008-2012, que es una de las vías que propone y ejecuta las acciones que garantizan la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de quienes se encargan de defenderlos y promoverlos. (CIMAC-AGENCIA)

COMUNICADO OFICIAL SOBRE CANANEA

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERURGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

--COMUNICADO DE PRENSA URGENTE-- 77/2010 Miércoles 8 de septiembre de 2010

*Nueva agresión contra mineros de Cananea; muchos lesionados y un muerto, éste presuntamente de los esquiroles de Grupo México

*En conferencia de prensa en Hermosillo, se denunció este nuevo vil atropello contra trabajadores de Cananea y Esqueda

*Paramilitares contratados por Grupo México de Larrea, incluso centroamericanos, fueron disfrazados de obreros para agredir a los mineros y esconder la embestida oficial

*Que haya heridos y un muerto de bala demuestra que las policías usaron la violencia extrema

Nuevas agresiones de las policías federal y sonorense, incluso paramilitares centroamericanos, agredieron hoy a los compañeros mineros de la Sección 65 de Cananea. En conferencia de prensa efectuada hoy, 8 de septiembre en Cananea, se denunciaron también las agresiones contra los trabajadores de la Sección 207 de la Fundición de Esqueda, Sonora. Las denuncias fueron hechas por dirigentes y miembros de dichas Secciones del Sindicato Nacional de Mineros, que dirige el compañero Napoleón Gómez Urrutia.

La madrugada de hoy mismo, más de mil elementos armados de las Policías Federal y la Estatal de Sonora, así como paramilitares contratados por Grupo México, entre los cuales se detectó a centroamericanos, vestidos de mineros, intentaron reprimir a los miembros de la Sección 65, cuando los trabajadores se habían posesionado la noche anterior de la Puerta # 2 de la mina cananense, en cumplimiento a la decisión judicial y legal de que no están desalojados del centro de trabajo, y pueden permanecer dentro del mismo, en virtud de que su huelga sigue en curso, es legal y es legítima.

Esta irresponsable y alevosa agresión federal, estatal y de Grupo México, ocurre a pesar de que hay en Sonora observadores internacionales de agrupaciones sindicales, como los United Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, los cuales desde este momento están condenando estas agresiones y la represión y dictadura de Felipe Calderón, en obediencia a un empresario criminal y demente, como Larrea, que lo único que quiere es terminar con los derechos, la salud y la vida de los trabajadores y sus familias.

En la conferencia de prensa, participaron los dirigentes de las Secciones 207 y 65 del Sindicato Nacional de Mineros, y los compañeros Jesús Feliciano Cibrián Monreal, segundo Vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia, quien informó de estos hechos, y el compañero Luis Sánchez Zúñiga, Secretario de Organización, Estadística y Educación del Comité Nacional.

En la misma conferencia de prensa, efectuada a las 13 horas, se asentó que las fuerzas armadas federales y del estado de Sonora, agredieron con armas, toletes y piedras a los trabajadores de la Sección 65 durante los primeros momentos del día de hoy, de las 6 a las 10 am. Para ello, vistieron a policías como trabajadores para esconder tramposamente que la agresión había partido de las fuerzas policiacas, que fueron las que iniciaron los enfrentamientos, acompañados de esquiroles de las empresas contratadas por Grupo México para supuestamente echar a andar la mina.

El saldo es de numerosos lesionados, dos de ellos, de la Sección 65, heridos a balazos y, sin confirmarse plenamente, resultó muerto por balas uno de los trabajadores terceros o esquiroles. Se denunció que los autores de esta agresión no pudieron ser trabajadores de la Sección 65, pues ellos por línea sindical nunca andan armados, y los policías y paramilitares sí lo están.

En la conferencia de prensa se denunció a Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, dueño de la empresa, así como a la Policía Federal y a la Policía Estatal de Investigación de Sonora como los autores de la agresión violenta, a la cual se resistieron los miembros de la Sección 65, que no usaron armas y no provocaron el enfrentamiento. Los declarantes en la conferencia de prensa responsabilizaron a los 3 órdenes de gobierno de ésta y de las nuevas agresiones que puedan ocurrir en Cananea y en Esqueda. Incluso, se denunció que en varias patrullas de las Policías Federal y Estatal de Sonora, ocupadas por más de 80 paramilitares, incluso centroamericanos, fueron “levantados” y golpeados más de 20 mineros y llevados con rumbo a Agua Prieta, Sonora, desconociéndose su suerte hasta entradas horas de la tarde.

Grupo México estuvo preparando desde hace varias semanas esta represión, que hoy ejecutó, con boletines a los medios locales en los que calumnia a los trabajadores de estar preparando actos violentos. Para los trabajadores miembros de la Sección 65 este fue un atropello vil y rastrero de Grupo México, de las compañías terceras y de las fuerzas federal y estatal contra los mineros en legal huelga, pese a las afirmaciones mentirosas de la empresa de Larrea.

En la conferencia de prensa igualmente participaron los compañeros Sergio Tolano Lizárraga, Secretario General, y Jacinto Martínez, Secretario de Trabajo de la propia Sección 65, así como también los dirigentes de la Sección 207 de Esqueda, Sonora, encabezados por su Secretario General Roheri Sánchez Cruz, quienes denunciaron a la vez los atropellos de que están siendo objeto por parte de Grupo México, dueño de la Fundición o mina concentradora de este otro centro de trabajo.

En el caso de la Sección 207, como lo hemos denunciado en días pasados, los compañeros dirigentes denunciaron que más de mil elementos de las Policías Federal y Estatal, ocuparon su centro de trabajo en respuesta a la decisión unánime, adoptada en asamblea general por los 900 miembros de esta Sección, de retornar al seno del Sindicato Nacional de Mineros que dirige el compañero Napoleón Gómez Urrutia, del cual por imposiciones violentas y chantajes de Grupo México se habían separado hace tres años.

Denunciaron las nuevas amenazas y presiones que están recibiendo no sólo ellos, sino sus familias, como el decirles a los hijos de los trabajadores en sus escuelas, que sus padres son terroristas y están fuera de la ley, con lo cual pretenden justificar la presencia de las fuerzas policiacas. Grupo México ha corrido hasta la fecha a los 25 dirigentes del Comité Seccional, y a otros 90 trabajadores que apoyan firmemente el movimiento de retorno al Sindicato Nacional en pleno uso del derecho constitucional de libertad de asociación y de autonomía sindical.

Tanto los miembros de la Sección 65 como los de la Sección 207 declararon que estos atropellos vulgares de las policías federal y estatal, impulsados por Larrea Mota Velasco, no los harán desistir de su lucha y que buscarán la liberación de los compañeros secuestrados por las fuerzas policiacas, así como la reinstalación en sus empleos de los compañeros ilegal y arbitrariamente corridos de sus trabajos.

Numerosos representantes de los medios sonorenses, así como corresponsales de medios nacionales e internacionales, estuvieron presentes en esta conferencia de prensa efectuada en Hermosillo, la capital de Sonora.

ATENTAMENTE
LUIS SANCHEZ ZUÑIGA
SRIO. DE ORG.PROP.EST. Y EDUC.

MILITARES VS PERIODISTAS

México, 14 de julio, 2010 (CEPET). Elementos del Ejercito Mexicano golpearon el pasado martes 13 de julio a Abisaí Rubio Curiel y Antonio Neftalí Gómez, reporteros de TV Azteca y 106.5 Radio Voz, respectivamente, además de Ricardo Ramírez Pedraza, camarógrafo de una agencia de noticias local mientras cubrían el resultado de un enfrentamiento a tiros entre delincuentes y personal de la Secretaría de la Defensa, al poniente de Nuevo Laredo, Tamaulipas (noreste de México).

De acuerdo con el relato de dos de los periodistas, el incidente se dio aproximadamente a medio día, luego de un reporte que alertaba sobre disparos en esa zona de la ciudad. Rubio Curiel y Ramírez Pedraza llegaron hasta una brecha ubicada sobre el Segundo Anillo Periférico, a la altura de la entrada al ejido El Progreso, donde advirtieron la presencia de vehículos de la Policía Ministerial del estado y escucharon una detonación de arma de fuego, por lo que empezaron a grabar la escena a la distancia con dos cámaras que llevaban consigo.

En las imágenes captadas y difundidas por varios medios se observa que al menos tres militares con el rostro cubierto avanzan hacia los periodistas a quienes hacen retroceder mediante empujones, amenazas y golpes contra los equipos de video que, según el reportero de TV Azteca, sufrieron daños en la lente y el controlador del zoom

Hasta el lugar llegó también Antonio Neftalí Gómez, reportero de la emisora local 106.5 Radio Voz, a quien en las imágenes se ve levantarse del piso luego de ser derribado por uno de los uniformados. “Yo me acerqué cuando vi que estaban golpeando a los dos compañeros, pero luego se me fue a las patadas un militar, hasta que me tiro en la carretera”, dijo el periodista a un medio local

Según Rubio Curiel en el lugar se encontraba el teniente coronel Félix Moreno Ibarra, quien aparentemente estaba al frente del operativo, pero al momento en que intentaron acercarse a él un soldado se interpuso, por lo que no pudieron inconformarse, de modo que los militares se retiraron a bordo de tres unidades rotuladas con los números 0901322, 0901375 y 0901329.

No obstantelo anterior, por la noche los periodistas presentaron una denuncia ante la Agencía del Ministerio Público Federal, donde se prometió turnar su caso a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

Este miércoles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, emitió un comunicado en el que detalla el enfrentamiento con presuntos delincuentes y reprueba la conducta del personal militar en contra de los periodistas. Asimismo, se compromete a investigar el hecho con el fin determinar la responsabilidad de los participantes y “aplicar las leyes y reglamentos militares”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente de queja por el caso y solicitó a la Sedena la aplicación de medidas cautelares para proteger la integridad de los agraviados, además de adoptar las medidas que permitan garantizar el libre ejercicio en la labor periodística en esa entidad, sin limitación alguna. Mediante un boletín informativo a medios, el organismo destacó que “no hay justificación alguna para que con el pretexto de los operativos contra la delincuencia organizada se agreda a periodistas y se atente contra el derecho a la libertad de expresión”.