MEXICO RESPONDE A HUMAN RIGHTS WATCH

INFORME "NI SEGURIDAD NI DERECHOS": HUMAN RIGHTS WATCH

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México: Abusos generalizados en la “guerra contra el narcotráfico”

La impunidad de torturas, “desapariciones” y ejecuciones amenaza la seguridad pública

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  Agentes de la Policía municipal y del Ejército mexicano llevan a cabo una redada conjunta en Ciudad Juárez buscando vendedores ambulantes de drogas y armas, marzo de 2009.
  © 2009 Eros Hoagland/Redux

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En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país.

José Miguel Vivanco, Director para las Américas

(México, D.F.) — En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 229 páginas, “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, examina las consecuencias para los derechos humanos del enfoque del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra los poderosos carteles de narcotráfico que operan en México. A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.

“En vez de reducir la violencia, la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Una delegación de Human Rights Watch presidida por Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, y por Vivanco presentó el informe al Presidente Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil.

Poco tiempo después de asumir la presidencia en diciembre de 2006, Calderón declaró la “guerra” contra la delincuencia organizada y convocó al Ejército mexicano a participar en la lucha contra los carteles, a pesar de los extensos antecedentes de abuso e impunidad de esta institución. Más de 50.000 soldados fueron asignados a esta iniciativa, además de miles de miembros de la Marina, de la Policía Federal y de fuerzas de policía estatales y locales.

En los cinco estados relevados —Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco— Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los carteles. El informe también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos.

Human Rights Watch analizó datos recabados a través de más de 200 entrevistas efectuadas a víctimas y autoridades, 60 pedidos de información pública y del examen de un amplio espectro de estadísticas oficiales. Si bien la incidencia de las violaciones graves de derechos humanos ha aumentado drásticamente en el contexto de las medidas adoptadas por México contra el narcotráfico, no sucedió lo mismo con la investigación y el juzgamiento de estos abusos, según comprobó Human Rights Watch.

Esto se debe, en parte, a que los soldados que cometen violaciones de derechos humanos contra civiles continúan siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado en sus pronunciamientos que estos abusos deben ser investigados en la jurisdicción penal ordinaria, y que los tribunales militares carecen de la imparcialidad y la transparencia necesarias para juzgar a sus propios miembros. El resultado de esta práctica ha sido una impunidad casi total, afirmó Human Rights Watch. En los cinco estados relevados, entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1.615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos.

Los agentes del Ministerio Público civil tampoco han adoptado medidas básicas —como entrevistar a testigos clave o visitar la escena del crimen— para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y otros funcionarios civiles. Por ejemplo, según información solicitada al Ministerio Público estatal en los cinco estados relevados, se presentaron cientos de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes ante las comisiones de derechos humanos de los estados. No obstante, ningún funcionario ha sido acusado en estos estados por hechos de tortura.

“Estos abusos casi nunca se investigan adecuadamente pero, a pesar de ello, es común que las autoridades se refieran a las víctimas como delincuentes y asuman que sus denuncias son falsas”, expresó Vivanco. “Como resultado, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que impulsar sus propias investigaciones para reivindicar a sus seres queridos”.

En varias oportunidades, el Presidente Calderón ha declarado públicamente que el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico —que su gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011— eran delincuentes. No obstante, datos obtenidos por Human Rights Watch permiten dudar de la fiabilidad de estas afirmaciones. La Procuraduría General de la República, que cuenta con facultades constitucionales para investigar penalmente los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, indicó a Human Rights Watch que solamente había iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Human Rights Watch comprobó que un amplio espectro de funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos. Entre ellos se incluyen jueces que admiten pruebas conseguidas posiblemente mediante tortura, agentes del Ministerio Público que obtienen “confesiones” de acusados que son mantenidos incomunicados en bases militares, y peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuando examinan a los detenidos.

El informe formula recomendaciones específicas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial destinadas a abordar los abusos documentados en el informe, incluidas las siguientes:

• El Congreso debería reformar el Código de Justicia Militar para impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en la jurisdicción militar; y los procuradores generales de justicia de la República y de los estados deberían tomar la iniciativa de investigar todos los casos de posibles violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas supuestamente cometidas por el Ejército.
• Los funcionarios públicos deberían abstenerse de efectuar declaraciones en las cuales desestimen las denuncias de abuso antes de que éstas hayan sido investigadas, así como de afirmar que las víctimas de abusos son delincuentes antes de que hayan sido condenadas por algún delito.
• Los jueces deberían hacer cumplir la prohibición de emplear pruebas obtenidas mediante tortura, y los legisladores deberían derogar las disposiciones legales —como el arraigo y otras normas excesivamente amplias que permiten la detención de personas in flagrante (mientras cometen un delito)— que facilitan el abuso de los detenidos.

“El gobierno mexicano se enfrenta a carteles que han cometido crímenes aberrantes contra oficiales y civiles por igual”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, en su respuesta, las fuerzas de seguridad deben actuar empleando un estándar diferente, no sólo porque el respeto de los derechos es lo correcto, sino porque además es indispensable para asegurar el éxito de cualquier estrategia para mejorar la seguridad pública”. 

EL TRABAJO MAS PELIGROSO DEL MUNDO

Ximena Antillón / FUNDAR



Hace poco más de una semana ocurrieron en Ciudad Juárez dos nuevos ataques en contra de defensoras de derechos humanos: el 15 de febrero fue incendiada la casa de doña Sara Salazar y un día después dos individuos le prendieron fuego al hogar de María Luisa García Andrade. Ambas trabajan para la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que se dedica a acompañar a las familias de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez.
Tal y como lo documenta Human Rights Watch en un comunicado de prensa emitido el jueves 24 de febrero, los recientes incendios de las viviendas han sido tan sólo las más recientes acciones en una serie de intimidaciones y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos en aquella ciudad. Seguir la pista de estos actos de hostigamiento nos lleva a adentrarnos en una escalada de violencia y crueldad que parece no tener fin. Sin embargo, es importante hacer un recuento de esta persecución criminal.
En enero de 2010, Josefina Reyes, activista que luchó por esclarecer casos de desaparición forzada en Valle de Juárez, fue asesinada después de recibir amenazas de muerte y de que su hijo fuera ultimado. A los pocos días, su hermano Rubén sufrió la misma suerte. El pasado 7 de febrero, Elías y Magdalena Reyes Salazar, hermanos de Josefina, así como la esposa de éste, Luisa Ornelas, fueron secuestrados y sus cuerpos sin vida fueron encontrados el 25 de febrero de 2001.
A partir del exterminio de su familia, Marisela y Claudia Reyes Salazar, hermanas de Josefina e hijas de Sara, de forma muy valiente emprendieron una huelga de hambre para exigir a las autoridades estatales la detención de los asesinos. Estaban apostadas en un pequeño campamento instalado frente a la Fiscalía General del Estado cuando la casa de doña Sara fue incendiada. Al otro día, mientras María Luisa (Malú) García las acompañaba en su huelga de hambre, su hogar fue destruido por dos desconocidos que le prendieron fuego. Es importante explicar que la hermana de Malú, Lilia Alejandra, fue violada y asesinada en febrero de 2001.
Por otro lado, todos ya conocemos el trágico caso de Marisela Escobedo Ortiz que el 16 de diciembre de 2010 fue acribillada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde protestaba para reclamar justicia en el caso de su hija (Rubí Marisol Frayre, quien fue asesinada en septiembre de 2008). También es importante recordar a Susana Chávez, defensora de derechos humanos y poetisa, que fue ejecutada en Ciudad Juárez el 6 de enero de este año.
Human Rights Watch detalla que así como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Mujer y Justicia Para Nuestras Hijas han recibido amenazas, e incluso cuentan con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno no ha logrado identificar y juzgar a los responsables de los ataques y amenazas, ni ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos.
En muchos casos, las personas que hoy son amenazadas y hostigadas se involucraron en la defensa de los derechos humanos porque les tocó perder a una persona querida debido a la violencia, y después se enfrentaron a la negligencia e insensibilidad del Estado. Aquellas autoridades encargadas de investigar fallaron primero en su responsabilidad de brindar seguridad a sus familiares y después en garantizar su derecho a exigir justicia sin sufrir la misma suerte. En otras palabras, ser defensor o defensora de derechos humanos en México equivale a tener los días contados.
Los ataques contra los defensores de derechos humanos apuntan en contra del tejido social solidario que los y las familiares de las víctimas y activistas han logrado construir. Es claro que estos actos intimidatorios buscan desmovilizar a este sector de la sociedad civil, inhibir su participación política y silenciar sus demandas. Esto trae como consecuencia volver aún más vulnerable a la sociedad frente a los abusos y la violencia, venga de donde venga.
Es por esta razón que desde Fundar exigimos una política de seguridad ciudadana que empiece por garantizar el derecho a proteger los derechos humanos. Consideramos urgente promover un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Es justo para que este trabajo en nuestro país deje de ser una actividad de alto riesgo, este mecanismo debe formar parte de una visión integral y amplia de la seguridad.