Hace poco más de una semana ocurrieron en Ciudad Juárez dos nuevos ataques en contra de defensoras de derechos humanos: el 15 de febrero fue incendiada la casa de doña Sara Salazar y un día después dos individuos le prendieron fuego al hogar de María Luisa García Andrade. Ambas trabajan para la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que se dedica a acompañar a las familias de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez.
Tal y como lo documenta Human Rights Watch en un comunicado de prensa emitido el jueves 24 de febrero, los recientes incendios de las viviendas han sido tan sólo las más recientes acciones en una serie de intimidaciones y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos en aquella ciudad. Seguir la pista de estos actos de hostigamiento nos lleva a adentrarnos en una escalada de violencia y crueldad que parece no tener fin. Sin embargo, es importante hacer un recuento de esta persecución criminal.
En enero de 2010, Josefina Reyes, activista que luchó por esclarecer casos de desaparición forzada en Valle de Juárez, fue asesinada después de recibir amenazas de muerte y de que su hijo fuera ultimado. A los pocos días, su hermano Rubén sufrió la misma suerte. El pasado 7 de febrero, Elías y Magdalena Reyes Salazar, hermanos de Josefina, así como la esposa de éste, Luisa Ornelas, fueron secuestrados y sus cuerpos sin vida fueron encontrados el 25 de febrero de 2001.
A partir del exterminio de su familia, Marisela y Claudia Reyes Salazar, hermanas de Josefina e hijas de Sara, de forma muy valiente emprendieron una huelga de hambre para exigir a las autoridades estatales la detención de los asesinos. Estaban apostadas en un pequeño campamento instalado frente a la Fiscalía General del Estado cuando la casa de doña Sara fue incendiada. Al otro día, mientras María Luisa (Malú) García las acompañaba en su huelga de hambre, su hogar fue destruido por dos desconocidos que le prendieron fuego. Es importante explicar que la hermana de Malú, Lilia Alejandra, fue violada y asesinada en febrero de 2001.
Por otro lado, todos ya conocemos el trágico caso de Marisela Escobedo Ortiz que el 16 de diciembre de 2010 fue acribillada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde protestaba para reclamar justicia en el caso de su hija (Rubí Marisol Frayre, quien fue asesinada en septiembre de 2008). También es importante recordar a Susana Chávez, defensora de derechos humanos y poetisa, que fue ejecutada en Ciudad Juárez el 6 de enero de este año.
Human Rights Watch detalla que así como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Mujer y Justicia Para Nuestras Hijas han recibido amenazas, e incluso cuentan con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno no ha logrado identificar y juzgar a los responsables de los ataques y amenazas, ni ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos.
En muchos casos, las personas que hoy son amenazadas y hostigadas se involucraron en la defensa de los derechos humanos porque les tocó perder a una persona querida debido a la violencia, y después se enfrentaron a la negligencia e insensibilidad del Estado. Aquellas autoridades encargadas de investigar fallaron primero en su responsabilidad de brindar seguridad a sus familiares y después en garantizar su derecho a exigir justicia sin sufrir la misma suerte. En otras palabras, ser defensor o defensora de derechos humanos en México equivale a tener los días contados.
Los ataques contra los defensores de derechos humanos apuntan en contra del tejido social solidario que los y las familiares de las víctimas y activistas han logrado construir. Es claro que estos actos intimidatorios buscan desmovilizar a este sector de la sociedad civil, inhibir su participación política y silenciar sus demandas. Esto trae como consecuencia volver aún más vulnerable a la sociedad frente a los abusos y la violencia, venga de donde venga.
Es por esta razón que desde Fundar exigimos una política de seguridad ciudadana que empiece por garantizar el derecho a proteger los derechos humanos. Consideramos urgente promover un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Es justo para que este trabajo en nuestro país deje de ser una actividad de alto riesgo, este mecanismo debe formar parte de una visión integral y amplia de la seguridad.
