2013, uno de los años más violentos para el periodismo en México: Article 19

  Informe 2013 Articulo 19

En su informe anual sobre violencia contra el periodismo y la libertad de expresión, dictado el día de hoy en el Centro Cultural España, los chicos de Article 19 dejaron una cosa clara: la presión ejercida contra los medios de comunicación proviene no de uno, sino de dos flancos diferentes: el crimen, por un lado, y la impunidad de que goza ante las autoridades, por otro. Esta situación no solo se ha mantenido desde que la organización comenzó a recopilar datos en nuestro país, sino que parece aumentar y afianzarse. En efecto, 2013 ha sido el año en que se ha registrado más violencia contra medios desde 2007.

DOCUMENTOS DEL COMPLOT TELEVISA AMLO

COMPLOT DE TELEVISA VS AMLO

Según unos documentos vistos por the Guardian, la cadena de televisión más grande de México vendió presuntamente a importantes políticos un tratamiento informativo favorable en sus noticieros y shows principales y usó los mismos programas para desacreditar a un líder de izquierda.

Los documentos, que consisten en docenas de archivos informáticos, salen a la luz tan sólo unas semanas antes del Proceso Electoral Federal del 1 de Julio y coinciden con la aparición de un enérgico movimiento de protesta que acusa a Televisa de manipular la forma en la que cubre las noticias para favorecer al candidato favorito Enrique Peña Nieto.

Los documentos que aparentemente fueron creados hace varios años incluyen:

• Un resumen de las cantidades aparentemente cobradas por elevar el perfil de Peña Nieto a escala nacional cuando éste era Gobernador del Estado de México.

• Una estrategia de medios detallada y explícitamente diseñada para torpedear la anterior candidatura a la Presidencia del candidato de izquierda Andres Manuel López Obrador, que es el rival más próximo de Peña Nieto.

• Pagos que sugieren que la oficina del anterior Presidente, Vicente Fox, ocultó unos gastos públicos exorbitantes en promoción publicitaria.

Aunque no ha sido posible confirmar la autenticidad de los documentos, que fueron hechos llegar al Guardian por una fuente que trabajó con Televisa, las referencias cruzadas que se han llevado a cabo en profundidad muestran que los nombres, las fechas y las situaciones mencionadas responden en gran medida a lo sucedido.

También hay evidencia de que tuvieron lugar las acciones que se sugieren en las propuestas. Estas denuncias ocurren en un momento crucial para Peña Nieto, el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Los sondeos de opinión más recientes muestran que su clara ventaja está empezando a disminuir al mismo tiempo que el papel de Televisa como hacedor de reyes (políticos) se ha convertido en un asunto central de la campaña.

En un país en el que muy poca gente lee periódicos y el alcance de la Internet y la televisión por cable se encuentra limitado a las clases medias, Televisa y su rival TV Azteca, ejercen una gran influencia sobre la política nacional.

Televisa es el imperio mediático más grande del mundo de habla española y controla cerca de dos tercios de la programación de los canales gratuitos de televisión en México. Los documentos parecen haber sido realizados en Radar Servicios Especializados, una empresa de marketing dirigida por un vicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero.

Emite SIEDO órdenes de presentación contra 150 ex funcionarios y empresarios de Tamaulipas

* Entre quienes se incluye a los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, así como a algunos de sus familiares, ya que presuntamente formaron parte de una red de blanqueo de dinero.

Ciudad de México.- La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) emitió al menos 150 órdenes de localización y presentación de personas, entre quienes se incluye a los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, así como a algunos de sus familiares y ex colaboradores, ya que presuntamente formaron parte de una red de blanqueo de dinero y de operaciones financieras para ocultar el pago de sobornos por protección.

Funcionarios federales revelaron, bajo condición de mantener su anonimato, que en los operativos de búsqueda y cateos realizados en Ciudad Victoria y Matamoros, Tamaulipas, han participado como observadores agentes estadunidenses, y que estas acciones son realizadas dentro de la averiguación previa iniciada por la Siedo y no por solicitud de autoridades de Estados Unidos que indagan a Tomás Yarrington.

Entre jueves y sábado pasado, personal de la Siedo encabezó las acciones de la Policía Federal Ministerial que, apoyada por efectivos militares en algunos casos, llevó a cabo operativos de búsqueda y cateos en Ciudad Victoria y Matamoros, tratando de obtener información que pruebe la vinculación de los ex gobernadores con el crimen organizado, y la retención de alguno de los indiciados.

Según fuentes judiciales, el juzgado tercero de distrito en materia de amparo, del segundo circuito, negó a Yarrington una suspensión que solicitó contra cualquier orden de presentación emitida por la Siedo.

El órgano jurisdiccional habría considerado que debía negar la protección provisional debido a que el político alegó hechos de realización incierta, pues en su demanda de garantías sostuvo que tenía elementos para pensar que podía ser requerido por la PGR. Además, está pendiente de resolverse otra petición de amparo contra la alerta migratoria que existe en contra de Yarrington, demanda que se tramitó en otro juzgado.

Según esas fuentes, la PGR podría realizar otros cateos en entidades donde Yarrington posea alguna propiedad.

En tanto, Napoleón Rodríguez de la Garza, empresario dedicado a la industria ferretera y a la compraventa de bienes raíces, fue el primer detenido a consecuencia de las acciones de la Siedo; sin embargo, no se han obtenido pruebas que acrediten su responsabilidad en la adquisición, con dinero sucio, de inmuebles en Estados Unidos y México, en los cuales presuntamente presta su nombre para ocultar que el titular de los derechos es Yarrington Ruvalcaba.

El otro ex mandatario

El ex gobernador Eugenio Hernández Flores se asoció presuntamente en empresas operadas por amigos y ex colaboradores de Yarrington Ruvalcaba, dedicadas a la construcción de carreteras, unidades habitacionales y residenciales, pero sobre todo beneficiarias de obras para el gobierno estatal.

Uno de ellos, y que también se encuentra sujeto a investigación como supuesto operador financiero de ganancias de grupos criminales y sobornos, es Seyed Mohamed Farough Fatemi Corcuera.

El empresario pertenece a una de las familias más adineradas de la capital tamaulipeca, y su principal negocio es la distribución y venta de una marca de cerveza.

Fatemi Corcuera tiene 40 años de edad, y de su abuelo heredó la distribución cervecera en el centro de la entidad. Es propietario de la Inmobiliaria Santa Dolores, que lo mismo tiene fraccionamientos en la zona residencial de Ciudad Victoria que en las áreas urbana y rural del estado.

Los vínculos de Fatami Corcuera con Yarrington fueron presuntamente a través de Fernando Cano Martínez, identificado como uno de los principales operadores financieros del ex gobernador, y señalado en una investigación estadunidense como el encargado de abrir cuentas en bancos con sede en Texas y responsable de las transferencias electrónicas por distintos bancos del mundo hasta ser depositados como dinero proveniente de negocios inmobiliarios.

Fatami Corcuera y Yarrington, según la información obtenida, se asociaron para crear la comercializadora Hiza, que los mismo vendía víveres que computadoras. Esta empresa se convirtió en la principal proveedora de muebles y hasta medicamentos del gobierno estatal, durante las administraciones de Yarrington y Hernández Flores.

Según las autoridades mexicanas, otro empresario supuestamente involucrado en esta red de lavado de dinero sería Eduardo Rodríguez Berlanga, integrante de una de las familias ganaderas más prominentes de Tamaulipas.

(jornada.unam.mx)

Desaparición forzada, un delito de Estado ignorado y minimizado

Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno de México a especificar las medidas que tomará para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias sobre México que fueron presentadas el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

El informe del Grupo de trabajo resalta las terribles dimensiones de esta grave violación a los derechos humanos en México y la carencia de una política por parte de las autoridades para prevenirla y sancionarla.

Desde las organizaciones de familiares de desaparecidos así como desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha denunciado la desaparición de miles de personas. La gran mayoría de estas denuncias no han sido investigadas de forma debida para esclarecer los hechos lo que ha obstaculizado determinar la posible participación de funcionarios del Estado, siendo este participación lo que determinaría que se trata de una desaparición forzada y por lo tanto de un crimen de Estado.

El informe demuestra que la impunidad que siguen gozando los responsables por las desapariciones forzadas sistemáticas de la “guerra sucia” de los años 70 y 80, es  un factor central que ha permitido que la desaparición vuelva  a ser un patrón recurrente en el actual contexto de violencia. La impunidad y la falta de acceso a justicia para los familiares siguen siendo elementos comunes.

La negativa de las autoridades a reconocer las verdaderas dimensiones del fenómeno y la participación de funcionarios públicos en estos delitos, sea por comisión u omisión así como colusión con el crimen organizado, han permitido que se extienda a muchas partes del país. El hecho de que ni a nivel federal o estatal se haya establecido un marco legal conforme con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada es un fuerte indicador de la inacción oficial ante estas graves violaciones de derechos humanos y la falta de una política integral.

El informe también destaca la ausencia de investigaciones sobre la desaparición de miles de personas durante la violencia padecida en últimos años cuyo paradero sigue sin esclarecerse. A su vez, el informe aborda el trato negligente y discriminatorio que han recibido algunos familiares que acuden a las autoridades. La falta de investigación, en muchos casos ha servido como justificación a las autoridades para no tratar los casos como posibles desapariciones forzadas sino secuestros cometidos por grupos del crimen organizado. El Grupo de Trabajo no ignora el papel de los grupos delictivos pero recalca que la obligación de las autoridades es primero investigar y localizar a las víctimas para poder identificar a todos los responsables y determinar si es una desaparición forzada. Es una obligación fundamental del Estado mexicano garantizar el trato digno de los familiares y su acceso a la justicia y a la verdad.

Amnistía Internacional considera positivas las recientes noticias sobre la iniciativa para establecer una base de datos que registre  los casos de personas desaparecidas. Sin embargo, el Estado mexicano no podrá felicitarse por esta iniciativa hasta que no haya dado lugar a un mecanismo eficaz y accesible, para las familias que permita la realización de investigaciones completas e imparciales.

Ante la presentación del informe el gobierno mexicano reaccionó destacando el cumplimiento de la obligación de excluir de la jurisdicción militar los casos de violaciones de derechos humanos, una recomendación reiterada por el Grupo de Trabajo. A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno anuncie un cambio que todavía no se ha concretado en la realidad. En la práctica, la justicia militar sigue reclamando la jurisdicción en casos concretos y muchos agentes del Ministerio Público Federal niegan su obligación de investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas como la desaparición forzada con el argumento de que no se ha publicado ninguna reforma en el Diario Oficial. Ante esta situación, es prematuro argumentar que el gobierno haya cumplido.  

Arturo Ávila Salazar

Comunicación y Proyectos Tecnológicos
Amnistía Internacional México

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"Trabajamos para proteger los derechos humanos en el mundo"

PGR OFRECE RECOMPENSA POR TORRES CHARLES

MONTERREY: NADA HACEN POR DETENER ASALTOS A ESTUDIANTES

Los alumnos del Área Médica de la UANL, siguen siendo víctimas de la nulidad de las autoridades, que nada hacen para prevenir los atracos en los que muchos de los casos los ladrones los golpean y hasta lesionan con arma blanca para poder apoderarse de sus pertenencias.


Alumnos del área médica de la Universidad Autónoma Nuevo León, demandaron más vigilancia y seguridad en los alrededores de las Facultades, ante el alto índice de robos que se registra diariamente.

En esa zona de la UANL se concentran las facultades de Medicina, Odontología, Enfermería y Psicología, además del Hospital Universitario.

La vigilancia le corresponde a la Policía Regia, sin embargo el municipio de Monterrey no ha incrementado sus operativos en la zona.

En los últimos años la incidencia delictiva se ha incrementado, ante la pasividad de las corporaciones policiacas.

Algunos alumnos, aunque hasta el momento no han sido víctimas, sí reconocen que en reiteradas ocasiones han conocido de situaciones de robo con violencia del que fueron víctimas algunos de sus compañeros.

“El semestre pasado estuvo más o menos, fuero pocos días los que estuvieron vigilando; sí he conocido compañeros que han sido asaltados por aquí cerca”.

“Sales de tu casa y tienes miedo todo el tiempo (…) incrementar la seguridad para sentirnos más cómodos”, opinaron algunos de los universitarios.

Al iniciar el ciclo escolar, la máxima casa de estudios reportó una reducción en los indicadores de actos delictivos en los diversos campus estudiantiles, a excepción del área médica.

Mientras el grueso de las instalaciones presenta una reducción en los asaltos a jóvenes, el complejo de la colonia Mitras Centro no registra el mismo avance, reconoció el rector Jesús Áncer Rodríguez.

Pero los atracos siguen y poco parece importarles a las autoridades universitarias y a las diversas corporaciones, la seguridad de los estudiantes y del personal docente, trabajadores y empleados.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA

Onésimo Flores Dewey

Hoy dedico esta columna a los diputados del Congreso de Coahuila. A Fernando de las Fuentes. A Francisco Tobías. A Enrique Martínez. A todos los que conforman la súper-mayoría que permitió a Humberto Moreira gobernar con holgura. Me dirijo a ustedes como ciudadano, como representado y en algunos casos como amigo. Sé que mis reclamos pueden resultar injustos. Conozco el innegable talento de muchos de ustedes, y las buenas intenciones que habitualmente guían sus acciones. Entiendo que su trabajo es colegiado, y que lo que aprueban no necesariamente refleja sus opiniones personales. Y me queda claro que su margen de acción está limitado por un sistema político cuyas reglas tácitas castigan la curiosidad y la independencia.

Esto no es un ataque personal, sino una crítica respetuosa. No pretendo insultar, sino poner en la mesa una discusión que buena falta hace sobre la fragilidad de la división de poderes en Coahuila. Y es que tengo que ser claro. Esta Legislatura será recordada como la más dócil y cuestionable de nuestra historia moderna.

Los últimos meses fueron de escándalo. Las campañas electorales y la llegada de Humberto Moreira a la política nacional pusieron a Coahuila bajo la lupa. Semana a semana afloran nuevos detalles, evidenciando lo que muchos suponíamos: las finanzas del Estado fueron devastadas por el exceso y el descontrol. No sólo confirmamos que el monto de la deuda creció exponencialmente durante este sexenio, sino además que el Gobierno estatal nos mintió sistemáticamente sobre su manejo y tamaño.

Resulta que hay deuda por fuera de los libros, que hay deuda contratada con autorizaciones falsificadas y que hay deuda cuyo destino y propósito no está claro. Hubo muchas obras, pero ni de cerca tantas como para justificar más de 140 mil millones recibidos como presupuesto ordinario en el sexenio, más 33 mil millones adicionales en deuda pública. Resulta que hay que cancelar súbitamente programas sociales, desocupar burócratas, subir impuestos y llegar a acuerdos urgentes y poco transparentes con los bancos.

¿Cómo pudo suceder esto? El culpable favorito es Javier Villarreal, el funcionario que hoy nadie defiende. Lo tildan de maldito, de desleal, de irresponsable. Será el diablo mismo, pero parece ridículo pensar que Villarreal actuó solo, como si trabajara desde la estratósfera, sin jefe, sin pares, sin auditores. En todas las democracias existen contrapesos diseñados para evitar o al menos para detectar a tiempo los errores y excesos. Para encontrar qué pasó, debemos preguntarnos por qué fallaron estos mecanismos.

¿Quiénes autorizan los presupuestos? ¿Quiénes estiman los ingresos y fijan el destino del gasto? ¿Quiénes reciben, auditan y aprueban las cuentas públicas del Gobierno? ¿Quiénes tienen la facultad constitucional de autorizar los endeudamientos del estado? ¿Quiénes deben velar por el cumplimiento de las leyes? ¿Quiénes realizan la glosa de los informes de gobierno? ¿Quiénes cuestionan a los funcionarios del gabinete? ¿Quiénes crearon el SATEC, el súper-ministerio que dirigió Javier Villarreal?

Ustedes, señores diputados. Nuestras leyes les otorgan atribuciones suficientes para prevenir, identificar o detener problemas. El Congreso existe precisamente para evitar que el Ejecutivo se desboque, pero ustedes jamás jalaron las riendas. ¿Por qué no lo hicieron?

Quizá estaban engañados. Como bien declaró el presidente del Congreso apenas el 5 de agosto, la deuda autorizada formalmente por ustedes ascendía sólo a 7 mil 700 millones. ¿Pero qué hicieron al descubrir, en fechas recientes, que existen compromisos por 25 mil millones adicionales? No los vi gritar, ni exigir cuentas, ni siquiera plantear preguntas. Se limitaron a aprobar un decreto urgente, un cheque en blanco que no sólo permitió al Gobierno negociar un salvavidas de los bancos, sino que además legitimó retroactivamente todos los compromisos adquiridos a espaldas de ustedes mismos. Si en algún momento fueron víctimas, hoy son cómplices.

Nunca había visto un decreto tan importante ser aprobado con tanta celeridad.

¿Por qué decir “sí” antes de conocer montos, plazos, tasas, garantías y consecuencias de los pagos de la deuda? El Gobierno firmó un acuerdo con la banca casi al día siguiente de que ustedes aprobaron su decreto. ¿Pero acaso conocieron oportunamente el costo y las condiciones del refinanciamiento? ¿Discutieron los funcionarios alguna opción con ustedes? Aún ahora, ¿tienen copia del acuerdo que comprometerá las finanzas coahuilenses por 20 años?

En las democracias los grandes planes y sus financiamientos son aprobados por el Legislativo antes de que el Ejecutivo se aventure a gastar un centavo. Acá el Gobierno gastó por la libre, involucró al Congreso sólo para legitimar y tapar los hoyos, y hasta el final negoció con la banca, ya con la soga en el cuello. El orden de los factores sí afecta al resultado.

Me indigna su falta de indignación. Entiendo que algunos de ustedes miden cada paso, cuidando no caer de la gracia de sus jefes políticos. Pero no se equivoquen. Están en el Congreso para representarnos a nosotros.

Twitter: @oneflores

MENOS VIENEN Y MÁS SE MARCHAN

Organizaciones de migrantes, y legisladores federales señalaron que la inseguridad es la causa de que el regreso de paisanos sea menor este año en comparación con 2009

Molesto y con evidente impotencia, Juan Roberto Urbina, queretano residente en Houston, Texas, desde hace varios años, reclamó al diputado federal Benjamín Medrano, presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso de Zacatecas: “¿Con qué ganas quieren que regresemos a México si no hay seguridad para nosotros?”.

El reclamo fue seco y directo, y enmudeció al legislador ante la realidad de extorsiones, asaltos, vejaciones y despojos a decenas de paisanos que retornan a México para pasar con sus familias las fiestas de Navidad y de fin de año.

Juan Roberto ingresó el fin de semana a México por Nuevo Laredo, con la esperanza de reunirse con su familia en Querétaro, a la que desde hace varios años no ve.

Dijo que su hijo fue asaltado sin que autoridad alguna hiciera caso de la queja y retó al diputado a demostrarle que no es cierto lo que les ocurre a los paisanos como él cuando ingresan a México.

Con la estimación de que en esta semana arribará el mayor número de connacionales por la temporada decembrina, los gobiernos federal y estatales buscarán blindar las carreteras del país, sobre todo en las principales rutas de ingreso por los estados de Tamaulipas, Sonora y Chihuahua.

Gerardo López Macías, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Coahuila, estimó que este diciembre ingresarán alrededor de 850 mil visitantes mexicanos que viven en Estados Unidos, cifra que va a la baja en comparación con 2009 cuando se registraron 900 mil entradas.

La reducción es por motivos de inseguridad, aseguró la diputada federal Leticia Salazar Vázquez, presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Carlos Sifuentes, presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos de la Costa Oeste en Estados Unidos, y Miguel Márquez, secretario de Desarrollo Social de Guanajuato, han advertido que la inseguridad en las carreteras bajará los registros de ingreso de connacionales hasta 40%.

La coordinadora nacional del Programa Paisano, Itzel Ortiz Zaragoza, afirmó que 40% de las quejas en México en contra de los connacionales se da en la zona de Tamaulipas.

Sonora, segura

En contraparte, autoridades de Sonora estiman que este año aumente el paso de paisanos por esa área, y que de 7 mil que ingresaron el año anterior sumen alrededor de 40 mil, debido a que es la entidad que menos incidentes de inseguridad y extorsiones registra.

Jesús Villalobos García, titular de la Coordinación de Verificación al Comercio Exterior, dijo que al considerarse el territorio sonorense como más seguro, a partir de hoy y hasta el 23 de diciembre se espera que sea una ruta favorita por los paisanos.

En ese estado, en el kilómetro 18 de la carretera internacional Hermosillo-Nogales se instaló un campamento con un comedor para 500 personas donde se ofrecerán refrigerios calientes sin ningún costo, así como dos módulos con seis regaderas cada uno.

Además se apoyarán con una unidad de atención a emergencias con una capacidad para 3 mil personas. El campamento que comprende tres hectáreas tiene cupo para mil 200 automóviles.

Jesús Villalobos informó que otro de los servicios es que distribuirán a 50 elementos para atender al paisano en las carreteras, informarles las medidas de seguridad, teléfonos de emergencia, recomendaciones para su viaje, asesoría en trámites migratorios y en cómo presentar denuncias por extorsiones.

Recordó que el año pasado debido a la inseguridad que se vivía a nivel nacional, cruzaron por Sonora apenas entre 7 u 8 mil vehículos, pero ahora debido a las estadísticas que colocan a la entidad como la frontera más segura, podrían cruzar hasta 40 mil unidades.

Refuerzan vigilancia

En Coahuila se instalarán 24 módulos fijos de atención a turistas donde habrá funcionarios de 23 dependencias de los tres niveles de gobierno. En ese estado se cuenta con apoyo y asesoría de 85 observadores para guiar a los migrantes.

En el caso de Baja California se instalaron 10 retenes de auxilio y asesoría atendidos por agentes municipales, estatales y federales.

Por las carreteras de Nuevo León las autoridades estatales y federales vigilarán durante las vacaciones de invierno a los ciudadanos que vayan de compras a Estados Unidos y también a los paisanos que regresen a pasar esta temporada, según informó la semana pasada Jorge Domene Zambrano.

En Tamaulipas, el subsecretario de Gobierno, Enrique Garza Tamez, aseguró que habrá una estrecha coordinación entre todas las corporaciones policiales para cuidar los caminos. La delegación del INM en Chihuahua realizó un recorrido por ese estado desde los puentes internacionales hasta el municipio de Camargo y detectó cuatro puntos de alto riesgo para paisanos.

La delegada Julieta Núñez González alertó a tomar precauciones en Villa Ahumada y en la caseta de Sacramento, unos 15 kilómetros antes de llegar a ésta y 15 después. Dijo que al pasar la ciudad de Chihuahua el peligro disminuye.

Otros puntos de atención, dijo, son las áreas de los kilómetros 20 y 40 en Ciudad Juárez, en donde pueden ser abordados por coyotes quienes pueden despojarlos de pertenencias y recursos.

Aseguró que en el municipio de Juárez se instaló un módulo auxiliar a los visitantes para evitar extorsiones. En total se instalaron 14 módulos de atención en toda la entidad.

Extorsiones millonarias

Un estudio de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) estima que los paisanos que ingresan al país pierden alrededor de 150 millones de dólares por extorsiones.

De acuerdo con el documento en poder de la bancada de diputados priístas, los connacionales en su trayecto al país suelen ser extorsionados por agentes federales, estatales y municipales en retenes, quienes les exigen entre 50 y 100 dólares para dejarlos seguir su camino.

Al respecto, el diputado federal del PRI e integrante de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Josué Valdés Huezo, llamó a las autoridades federales, estatales y municipales a frenar las extorsiones que sufren los connacionales.

“De hecho, los paisanos ya tienen una parte de sus ahorros destinados a las mordidas de policías de Caminos, federales, fiscales, municipales, estatales y funcionarios del Instituto Nacional de Migración”, lamentó en entrevista en San Lázaro.

El reporte destaca que los connacionales provenientes de Estados Unidos ingresan al país casi 5 mil millones de dólares en efectivo y mercancía, de los cuales entre 2% y 3% irá a parar en manos de extorsionadores.

El secretario de Asuntos Migratorios de la CNOP, Edmundo Ramírez Martínez, expuso que de acuerdo con el análisis, en cada retén un migrante paga entre 50 y 100 dólares de extorsión.

“Hay ocasiones que un migrante que regresa por vía terrestre en su camioneta, como la gran mayoría, es detenido en al menos siete retenes, ello sin contar las extorsiones de policías municipales y estatales”, señaló.

En Tamaulipas repatrian a alumnos extranjeros

Estudiantes de Canadá, Estados Unidos y latinoamericanos que cursan estudios en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) regresaron a sus países de origen, pues fueron llamados por sus consulados debido a los índices delictivos y hechos de inseguridad en el estado.

El rector de la UAT, José María Leal Gutiérrez, dijo que dos mil 350 estudiantes de medicina veterinaria, química y de programas de la salud ya han sido llamados por sus países.

La baja, señaló, representa entre 4.5% y 5% del total de la matrícula, sobre todo porque los estudiantes extranjeros todavía en el ciclo escolar pasado eran alrededor de 12%, y actualmente son entre 7% y 6.5% del total del alumnado.

Explicó que en el noreste del país “se dio un fenómeno muy curioso de las (universidades) privadas hacia las públicas, casi se dio en la región noreste”.

Dijo que los jóvenes provenientes de Veracruz y San Luis Potosí también emigraron a sus lugares de origen, quedándose sólo los de Tamaulipas.

No obstante lo anterior, indicó que en el actual ciclo comparado con el anterior, la demanda aumentó casi 27%; “no llegamos a 30% porque hicimos un balance y tuvimos casi cinco mil universitarios más”.

Afirmó que para febrero no se prevé que se incremente mucho la matrícula, sobre todo porque el periodo de inscripción fuerte es en agosto, cuando se prevé que se eleve el indicador de registros.

“La matrícula está muy bien, muy elevada. Este febrero va a estar flojo, seguramente porque para nosotros no es año par, es año non y las inscripciones fuertes en la UAT son en agosto y seguramente se va a elevar fuerte el indicador”.

Sobre la salida de los estudiantes extranjeros, aseguró que no se truncaron investigaciones importante s y que afortunadamente gracias a la infraestructura con la que cuenta la UAT, van a poder continuar con sus estudios.

“Traían un programa muy fuerte, sobre todo en el área de salud, química y, bueno, curiosamente, en Latinoamérica, en el área de medicina veterinaria y ahí sí nos mermó casi todo lo internacional”, reconoció.

“Afortunadamente tenemos las vías que son a través de internet, de interacción virtual y del sistema digital, que nos ha dado muchas ventajas y van a seguir con sus programas”.
(Con información de Gastón Monge, Roberto Aguilar, Zorayda Gallegos, Julieta Martínez e Hilda Fernández, corresponsales de El Universal.)

NARCO Y POLÍTICOS

Pablo Hiriart

En lugar de hacer un deslinde categórico de su diputado Julio César Godoy y exigir una investigación a fondo, el Partido de la Revolución Democrática optó por el sinuoso camino de la ambigüedad.
A Godoy lo están defendiendo como en su momento defendieron a Greg Sánchez, alcalde de Cancún detenido en un penal de máxima seguridad por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
¿Qué le pasa al PRD que defiende a personas que son vínculo entre política y tráfico de drogas?
¿Lo hace únicamente por mal cálculo?
El caso tiene implicaciones de diversa índole y las repercusiones se van a sentir.
Acción Nacional está en el gobierno cuya acción principal, su sello sexenal, ha sido el combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado.
Pero su aliado, el PRD, está en contra de la presencia del Ejército en esa lucha, a la que considera equivocada, y guarda una postura indulgente hacia los indicios (algo más que indicios) de narcopolítica en sus filas.
La grabación que evidencia la relación entre Godoy y La Tuta no es ilegal y se encuentra en el expediente. En ella el capo de La Familia Michoacana le expresa al candidato perredista que está trabajando para hacerlo ganar.
El entonces candidato perredista le pide a La Tuta que acalle a un periodista que lo está criticando mucho, a lo que su “compa” accede.
¿Cuál fue el agravio del periodista michoacano a Godoy? Escribir que el PRI denunciaría a Godoy por haber repartido unos bultos de cemento en la campaña.
Y por esa nimiedad le pide a La Tuta que ajuste cuentas con el reportero.
Estamos ante un fenómeno de narcopolítica. Y lo que defiende la dirigencia perredista (con la honrosa excepción de la secretaria general, Hortensia Aragón) es de dar vergüenza.
Con el peso de la opinión pública encima, los dirigentes parlamentarios del PRD han dado unos pasos atrás.
Pero este zigzagueo se ha dado después de que lo metieran a San Lázaro para investirlo de fuero. Después de haberle festejado a Godoy la bravuconada de que las acusaciones en su contra eran “una mamada”.
Cuando Carlos Puig sacó al aire las conversaciones en W Radio, a Godoy lo arroparon. Lo defendieron con argumentos insostenibles, como que “está siendo víctima de un linchamiento mediático”.
Si desde el inicio del problema hubieran invitado a su legislador a pedir licencia, estaríamos ante una reacción sensata.
No ha sido así. Ha campeado la ambigüedad en un tema que no la admite.
El PRD está en un problema grave, y en lugar de salir de él con hidalguía y resolución, se comporta con altanera displicencia.
¿Y el PAN? ¿En qué país vive?

phl@razon.com.mx
Twitter: @phiriart
Fuente: La Razón

MONTERREY, PÁNICO TRASNACIONAL

Estrictamente Personal

Raymundo Riva Palacio

La violencia en Monterrey es diferente a la de Ciudad Juárez, la Comarca Lagunera, Michoacán, Tamaulipas o Guerrero.
No porque la calidad de la violencia sea inferior o superior a la de otras plazas, o porque el desafío a la autoridad sea menor, sino porque la capital de Nuevo León es el centro financiero en donde se cruzan las venas del capital de Estados Unidos y lo que suceda ahí es como si pasara en las oficinas de sus cuarteles generales corporativos.
El gobierno estatal sostiene que los índices de violencia se han reducido en Nuevo León como resultado de la eficacia de operativos realizados por el Ejército, en quien el gobernador Rodrigo Medina ha depositado su destino.
Pero Medina no comprende que ellos apenas le resolverán, en todo caso, una parte menor de su problema, y no se da cuenta que la percepción de viabilidad de México ante el mundo pasa por Monterrey, considerada la capital financiera de la nación.
La violencia en Monterrey marca un antes y un después en la forma como se le percibe en el extranjero.
Monterrey y su zona metropolitana, donde hay una batalla entre cárteles por el control de la plaza y por la sobrevivencia criminal, es el estudio de caso a partir del cual las empresas multinacionales y futuros inversionistas extranjeros determinarán sus estrategias y sus decisiones de largo plazo.
De su estabilidad en materia de seguridad depende si se profundiza el éxodo de los capitales y sellan el futuro mediato de México, o si ante los ojos del mundo, el gobierno de Medina y el de Felipe Calderón tiene la capacidad para darle la vuelta a la página.
La inseguridad no es todavía un impedimento para la llegada de capitales e inversiones, que siguen viendo a México como una de las economías emergentes con mayor potencial por lo amplio de su mercado y su interdependencia con la economía de Estados Unidos.
Pero, como reveló un importante operador mexicano de inversiones, por primera vez los empresarios e inversionistas extranjeros tienen como primer pregunta el estado de la seguridad en este país.
Es decir, ya comenzó la inquietud y los temores, reforzados negativamente por lo que ha sucedido en Monterrey en los dos últimos meses.
El sentir de vulnerabilidad e incertidumbre empresarial comenzó a finales de agosto, cuando un comando intentó el secuestro de los hijos de un ejecutivo de FEMSA, la empresa líder de bebidas en América Latina, al salir del Colegio Americano, en donde estudiaban.
El fallido intento despertó un sentir de incertidumbre y desasosiego entre las clases más altas de la sociedad regiomontana, y envió un mensaje claro a las capitales del mundo, particularmente a Washington.
Como resultado de ese incidente, el gobierno del presidente Barack Obama ordenó el retiro de todos los familiares del personal consular estadounidense en Monterrey, con lo cual ubicó esa capital estatal en el mismo rango de Bagdad, Kabul o Khartoum, donde Estados Unidos está enfrentando al terrorismo.
En un segundo golpe consecutivo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró que México se estaba “colombianizando” y que había una insurgencia en el narcotráfico. Los mensajes estaban enviados.
Carterpillar, el gigante estadounidense en fabricación de maquinaria agrícola, decidió en forma intempestiva un ultimátum de siete días para que los familiares de todo su personal de origen estadounidense en México fuera repatriado, y dio un mes como límite a sus trabajadores no mexicanos para abandonar el país.
A partir de ese momento, informaron a sus representantes mexicanos, no habría estadounidenses en su planta.
La decisión de Carterpillar motivó que otra de las grandes multinacionales que operan desde Monterrey, convocara una reunión de urgencia para evaluar si continuaban con el ejemplo. Se acordó que por el momento, no lo harían.
Lo que sucedió en Monterrey trasladó el problema de la seguridad directamente al salón de decisiones estratégicas en las oficinas corporativas estadounidenses.
Un gran ejemplo de la profundidad de la preocupación en los centros de decisión empresariales en ese país la dieron tres reportajes consecutivos en la primera plana del periódico de mayor circulación en Estados Unidos, y la Biblia de los mercados, The Wall Street Journal, dedicados al clima de inseguridad y éxodo en Monterrey.
Medina afronta un problema de fondo en vísperas de cumplir su primer año al frente del gobierno, y es probable que no alcance a apreciar en toda su dimensión el túnel en el que se encuentra.
Por un lado, la secuela de eventos en los dos últimos meses quebró el consenso en torno al gobernador, quien ya traía rendimientos decrecientes.
Por el otro, la percepción de incapacidad para mantener márgenes aceptables de seguridad para los empresarios, ha provocado una sangría cotidiana y creciente de capital humano, pese a los llamados de Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex -cuyo ex asesor de comunicación, Javier Treviño, es el secretario de Gobierno neoleonés-, para frenar la huída de empresarios.
Una encuesta publicada por el Grupo Reforma este lunes pasado a propósito del primer año de gobierno de Medina, muestra que está relativamente bien evaluado por los ciudadanos (6.6%), pero que su aceptación entre la clase empresarial y los líderes regiomontanos es un desastre (2.6%).
La pérdida de consenso de Medina entre los tomadores de decisiones llevó a que comenzaran a hacer sentir en la prensa que están estudiando la manera legal para que el gobernador sea destituido. Estas alertas públicas las tiene que considerar seriamente.
Un gobernante puede tener aprobación de los ciudadanos, pero si perdió la de las élites, que son quienes sostienen a los gobiernos, perdió el poder.
Medina parece pensar, por la estructura de sus respuestas públicas, que el tema de seguridad se reduce a un diferendo entre buenos y malos, por lo que al entregarse al Ejército será cuestión de tiempo para que los buenos ganen.
La receta, en términos de fuerza, puede ser la correcta, pero nadie garantiza que el paciente sobreviva el tratamiento.
O peor aún, en las condiciones actuales, nadie en sano juicio puede afirmar hoy que Medina tiene la gubernatura garantizada por seis años.
O por un año más.

EL CASO GODOY RIDICULIZA EL FUERO CONSTITUCIONAL

El capítulo de la toma de posesión de Julio César Godoy Toscano, hermano del gobernador de Michocán, Leonel Godoy, como Diputado federal, puso ayer en el ojo del huracán la figura del fuero constitucional de los legisladores, pues rindió protesta a pesar de tener una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado, esto gracias a un amparo y después de dos días de operativos de la Policía Federal a las afueras del Congreso.
El Diputado, hasta ayer prófugo, llevaba dos días refugiado en la Cámara de Diputados. De acuerdo con personal del recinto, el hoy Diputado entró a San Lázaro el martes pasado a la 1:20 de la tarde, en un auto Malibu arena, acompañado de la diputada María Telma Guajardo.
Luego de las críticas al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), por tomarle protesta, anoche el legislador informó que analiza interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez Efraín Cázares López, por su probable exceso de atribuciones al resolver el caso del diputado federal Julio César Godoy Toscano, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.
A través de un comunicado de prensa, el priísta refirió que el Juez Primero de Distrito en Michoacán resolvió restituir los derechos políticos del perredista, pero al mismo tiempo negarle la suspensión definitiva respecto de la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución.
Y si le tomó la protesta de ley a Godoy, dijo, fue porque como Presidente de la Mesa Directiva “es garante de la legalidad en todo momento, y representa la unidad de la Cámara”.
Además de que su actuación debe sujetarse a los principios de imparcialidad y objetividad, entre otros.
“La Presidencia podría haberse rehusado a acatar la resolución. Si ello hubiere acontecido, se estaría en el supuesto jurídico de desacato a una resolución de autoridad judicial, violentando el principio de legalidad y puesto en riesgo los derechos del Diputado electo consistentes en tomar posesión del cargo para el cual fue electo como se desprende de la constancia de mayoría expedida por la autoridad electoral”, justificó Ramírez Marín. Y agregó que analiza la denuncia contra el juez.
Por la tarde, César Augusto Santiago, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, órgano encargado de desahogar las solicitudes de juicio de procedencia o de desafuero, afirmó que de presentarse una denuncia al respecto en contra de Godoy Toscano (PRD), se procederá de inmediato y como corresponda.
Empero, informó que su partido no promoverá una denuncia de ese tipo.
“Nosotros no tenemos por qué promover nada contra Godoy Toscano. Ése es un asunto de la PGR, que es quien está investigando”.
Santiago Ramírez agregó que hasta ayer no se había presentado ningún juicio de desafuero en contra del perredista michoacano, “lo que no quiere decir que no se presente después”.
Explicó luego que hay un procedimiento muy estricto para la revisión de las solicitudes de juicio de procedencia, y que cuando no se reúnen los elementos de prueba es muy delicado andar exhibiendo a la gente que es denunciada.
Mientras tanto, el diputado del PAN, Oscar Arce Paniagua, calificó la toma de posesión del nuevo Diputado como un “error jurídico”. “Tenemos el primer error en la conducción de la Mesa Directiva a cargo de Ramírez Marín, es un resbalón jurídico y político”, pues Godoy Toscano tiene vigente una orden de aprehensión”.
Por su parte, Francisco Burgoa Perea, catedrático de la facultad de Derecho de la UNAM, comentó que desde el punto de vista estrictamente jurídico, el Presidente de la Cámara de Diputados hizo lo correcto al tomarle ayer la protesta de ley a Godoy Toscano, pues había una orden de un juez que así lo ordenaba.
“No había ningún impedimento legal para no tomarle la protesta. Se actuó de manera correcta porque en el caso de Godoy Toscano si bien es cierto que está sujeto a proceso penal, también lo es que goza de un amparo”. Y al haber ganado un amparo, dijo, el nuevo legislador estaba en toda libertad de hacer uso de sus derechos políticos.

CREDITO:
Rolando Ramos / El Economista
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