El diputado Francisco Tobías Hernández que de plano no me queda claro a cual partido pertenece ya que llegó a cobrar en el Congreso de Coahuila con estafeta ajena, se ha dedicado a impulsar su imagen mediante obvias caracterizaciones protagónicas que solamente buscan llamar la atención.
Muchos recordamos a Tobías como el sufrido y siempre leal carga-maleta del entonces alcalde Humberto Moreira Valdés; allí proyectaba humildad, lealtad y una incondicionalidad a toda prueba. Pero el hoy legislador ha cambiado. La humildad se convirtió en choque y la lealtad en servilismo. Porque con sus actitudes que nada tienen que ver con el quehacer legislativo, Francisco Tobías pone en claro que lo que menos le importa es la defensa de los ciudadanos mediante leyes, decretos, reglamentos y acciones de gestoría, pues su chamba se ha limitado a atacar los blancos que se le indican.
Su aportación legislativa es pobre. Sus discursos se enfocan a la represión de los bandos azules y a cumplir las instrucciones del inefable Presidente, Fernando Donato de las Fuentes, entre otros mandantes.
Lejos de mantener una postura neutral o al menos en defensa de la pluralidad ideológica de los ciudadanos y sus familias, el diputado enseña el cobre y por un lado ataca a quienes critican al gobierno, por otro flanco presenta denuncias a los contrarios y ahora hasta se atreve a "retar" a un dirigente empresarial -Víctor Alducín- a que demuestre que paga el Impuesto Sobre Nóminas.
El legislador está insuflado y mareado de poder. Confunde el fuero (temporal) con la inmunidad y la impunidad. El reto de Francisco Tobías no molestó a Alducín, sino a los representados de éste, los ya de por sí enfadados empresarios pertenecientes a la COPARMEX de la región lagunera.
Esos desplantes equivalen a avivar el fuego por lo que bien haría el diputado en quedarse callado y retomar su postura de arduo trabajo y humilde desempeño, para permitir que el gobernador entrante pueda maniobrar políticamente sin un ambiente enrarecido con sus bravuconerías que a nada han llevado.
A finales del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en Venezuela y allá conocí a unos activistas sindicales que en una charla amena hablaron del servilismo como enemigo del cambio. Anoté y adapté sus conceptos que aquí quedan como anillo al dedo: El servilismo es la peor tragedia, el mayor estrago que nos ha dejado la colonización; mientras muchos se sigan sintiendo reyes, la esclavitud persistirá.
Mantener una indiferencia ante la libertad es verdaderamente preocupante, cuando vemos que el hombre no se considera ni se respeta a sí mismo y peor aun no se siente digno de ser un ciudadano, mucho menos un legislador. Bien lo decía Juan Jacobo ROSSEAU “Viviendo entre cadenas los esclavos lo pierden todo, hasta el deseo de librarse de ellas”.
Realmente nos preocupa lo que esta pasando en nuestro entorno, lo que esta pasando en el estado y en el país; la gente que quiere salir de las manos del miedo opresor y sin embargo se aferra a seguir creyendo las mismas mentiras. Los enemigos de este proceso, infiltrados hoy en todas las esferas del gobierno, entienden y encaminan el proceso "revolucionario" por las sendas del entreguismo, la adulación villana y el servilismo repugnante; son los medios eficaces que emplean estas almas negras, no entendiendo que en una sociedad donde el soberano se cree representante de poderes omnímodos anula la libertad y hasta la dignidad humana, quedando tan solo la sumisión al poder de los que mandan.
Señores funcionarios, legisladores y en general amantes del servilismo: imponen ustedes que quienes detentan el poder no exija por derecho, que apele a las lisonjas, las humillaciones vergonzosas, todo ese conjunto de practicas procaces que usa siempre el perro al lamer la mano de su amo, suplicando compasión y esperando mendrugos.
Están buscando todos ustedes por intermedio de sus amos, hombres resignados y que mendiguen compasión y misericordia, están buscando ustedes doblegar las conciencias y voluntades ajenas. Entienden ustedes amantes del servilismo, y así se lo hicieron entender sus amos, que de poco o nada sirven los méritos y las aptitudes de las personas, ante las arbitrarieC3� a Alducín, sino a los representados de éste, los ya de por sí enfadados empresariuían el curso de esta tan esperada renovación sexenal.
Nos quieren conducir ustedes amantes del servilismo, en medio de esta quiebra de valores morales y sociales, y con una conducta de besa manos, a ser unos lacayos fieles de sus amos, el dinero y el poder. ¿No han entendido ustedes señores, que el servilismo hace lucir indigno a quien lo practica?, Pues se presta a realizar tareas impropias de su nivel y acaba por atosigar a quien lo recibe. El servilismo señores, ciega, hipnotiza, ridiculiza y corroe la moral del hombre.
El caso del diputado Tobías es solo un ejemplo de aquellos que olvidaron cuando cargaban el maletín del jefe y ahora se sienten soñados.
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martes, 1 de noviembre de 2011
domingo, 3 de abril de 2011
DIPUTADO ROGELIO RAMOS Y EL ABUSO DEL FUERO
· La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, desde hace dos años, puso al descubierto los malos manejos de la administración del actual diputado local Rogelio Ramos Sánchez, ex alcalde de Frontera.
· Millones de pesos sin posibilidad de comprobación, compras de bienes suntuosos e insultante dilapidación.
En tanto el ex edil de Frontera goza de fuero que en su caso redunda en impunidad, gasta dinero en alentar movimientos que causen ruptura entre las filas del tricolor sabedor que de momento no puede ser encarcelado, el Auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, hizo su trabajo correspondiente a la revisión de las Cuentas Públicas del 2008 y la porquería brota como erupción de volcán.
Pues resulta que Rogelio Ramos Sánchez supro aprovechar para su personal beneficio su paso por la alcaldía. Al Ayuntamieno de Frontera, Coahuila le fueron notificadas desde el año mediante oficio y a través del acta final de la visita domiciliaria, 212 cédulas que contienen hechos presumiblemente constitutivos de irregularidades por un valor total de 30 millones 778 mil 066.72 pesos.
Después del plazo de Ley, la ASE concluyó que el municipio y sus hoy ricos ex funcionarios incurrieron en incumplimiento, inobservancia y demás hechos punibles por valor de 28 millones 535 mil 662.81 pesos.
Por ejemplo, en materia de Ingresos, se encontraron depósitos por aclarar o que observan desfase entre sus fechas de cobro y depósito, por la suma de 336 mil 260.43 pesos.
Falta comprobación o la documentación e información presentadas son insuficientes por 4 millones 416 mil 766.50 pesos.
Deficiencias en la determinación de los elementos de las contribuciones, otorgamiento de descuentos, e incumplimiento de disposiciones legales y normativas por la suma de 7 millones 197 mil 521.50 pesos.
En general, el valor de los hechos no desvirtuados en el rubro de ingresos asciende a la cantidad de 11 millones 950 mil 548.43 pesos.
Y claro que en los Egresos está otro enorme boquete: falta comprobación o la documentación e información presentadas son insuficientes por la cantidad de 2 millones 114 mil 665.16.
Incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, o con otras disposiciones normativas, por un valor de 1 millón 226 mil 565.18 pesos.
Incumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal Federal o de otras disposiciones legales aplicables a los recursos federales recibidos, principalmente en lo correspondiente al otorgamiento de apoyos a la educación básica, así como por haber realizado traspasos a cuentas bancarias diferentes a las autorizadas para el manejo de recursos, por la nada despreciable suma de 5 millones 536 mil 244.41 pesos.
Y por si fuera poco, Rogelio, Mario, Mayito y demás emisarios del pasado, incurrieron en incumplimiento del límite establecido en el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, por conceptos de publicidad, por la cantidad de 1 millón 535 mil 844.82 pesos.
Además, en el renglón de control interno insuficiente para garantizar el ejercicio eficiente de los recursos o en el cumplimiento de obligaciones legales y normativas, falta 1 millón 299 mil 944.93 pesos.
Y para rematar, en la comprobación de gastos con deficiencias administrativas en el proceso de adquisición, solamente desaparecieron 270 mil 021.55 pesos.
En total, el valor de los hechos no desvirtuados en el rubro de egresos asciende a la cantidad de 11 millones 983 mil 286.05.
En materia de Obra Púbhlica, la ASE encontró falta o insuficiencia en la integración de los expedientes de obra, incluyendo los elementos que permitan verificar el debido cumplimiento del proceso de adjudicación de las obras, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Durante la inspección de las obras se advirtieron deficiencias físicas y técnicas por la suma de 57 mil 526.84 pesos.
Falta comprobación del egreso, o la documentación e información presentadas son insuficientes por nada menos que 4 millones 544 mil 301.49 pesos.
El valor de los hechos no desvirtuados en el rubro de obra asciende a la cantidad de 4 millones 601 mil 828.33.
Vaya, para acabar pronto, en Frontera se esfumaron en el 2008, nada menos que 28 millones 535 mil 662.81 pesos y agregue los 55 millones 254 mil 830.67 pesos de Monclova.
PRUEBAS DE CORRUPCIÓN
- Una red de corrupción que incluye la falsificación y uso de documentación oficial, desvío de recursos y descuentos ilegales de impuestos no reportados al Estado, pretende enquistarse en el equipo del nuevo alcalde de Frontera, Coahuila.
Esta entrega documentada pretende ser una disección de uno de los tantos casos de corrupción en que incurrieron el actual legislador Rogelio Ramos Sánchez y sus secuaces, con la esperanza de que la Función Pública lo recoja y previo estudio, aplique las sanciones correspondientes.
Ésta es la historia:
La empresa EXPORTADORA NEMAK, S.A. DE C.V. (antes Exportadora Teksid), vendió a la empresa del mismo consorcio, NEMAK, S.A. DE C.V., tres enormes predios localizados en la zona industrial de Frontera.
La fecha de la operación fue el 28 de Noviembre del 2008, ante el Notario Público No. 115 de Monterrey, Lic. Luciano Gerardo Galindo Ruiz.
La venta está inscrita bajo la Partida 47424 Libro 475 Sección I, en el R.P.P. de Monclova.
Pero no estamos hablando de cualquier venta. El Monto de la Operación fue de 325 MILLONES 800 MIL PESOS, por lo que de acuerdo a la Ley, esa suma generó un Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) de 9 MILLONES 733 MIL 999 PESOS.
Y como por arte de magia, las irregularidades comenzaron. Primero que nada, la Tesorería Municipal de Frontera expidió el recibo folio No. 107723 a favor de NEMAK, S.A., CC1101508 (Cuenta Catastral) en la que desglosa: 2101-IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES, LIMF (Ley de Ingresos del Mpio. De Frontera)-TS-C2-IMP/ADQ.IN.-A3. Por la suma de $9’773,999.00 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS).
En el mismo recibo, se agrega el concepto 28359-DESCUENTO 50% POR FOMENTO A LA ESCRITURACIÓN Y REGULARIZCIÓN DE PREDIOS EN COMPRAVENTA.-D.-LIMF-ART3: -$2’443,499. Esa suma se restó a la anterior y NEMAK “pagó” la cantidad de 7 millones 330 mil 499 pesos.
Pero hay varios problemas que se han venido pasando por alto y que representa una violación sistemática a la Ley de Ingresos del municipio de Frontera y en el particular caso, la del 2008.
Porque usted debe saber que el supuesto DESCUENTO DEL 50% BASADO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LIMF, ES ILEGAL.
Primero, la suma descontada NO ES EL 50%, SINO UN 25 %, APROXIMADAMENTE.
Segundo: lo que le dije líneas atrás: LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES DE FRONTERA vigente en el 2008, YA NO CONTEMPLA EN SU ARTICULO 3 EL “DESCUENTO POR FOMENTO A LA ESCRITURACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE PREDIOS EN COMPRAVENTA, toda vez que se aplicó hasta el 2007.
Para mayor abundamiento, en el Diario Oficial de Fecha 28 de Diciembre de 2007 Tomo CXIV, No. 104, aparece publicada la Ley de Ingresos Municipales para el Mpio. De Frontera- 2008 Y EN SU ARTÍCULO 3 YA ESTÁ ELIMINADO EL ÚLTIMO PÁRRAFO QUE SE REFERÍA AL REFERIDO DESCUENTO POR FOMENTO A LA ESCRITURACIÓN, POR LO QUE ESAS CANTIDADES, EN ÉSTA OPERACIÓN Y EN TODAS LAS QUE SE HAN PRACTICADO, CARECEN DE FUNDAMENTO LEGAL.
Y por el hecho de carecer de sustento jurídico, los descuentos por ese concepto aplicados en todo el año de 2008, no pudieron haber sido reportados en los estados financieros y mucho menos enterado a la Tesorería del Estado, por una simple razón: si son ilegales, no se pueden ni deben auditar, ya que no debieron haberse realizado. Usted puede verificar el Periódico Oficial que le comento y verá que en el 2008 ya no existe el mencionado Descuento por Fomento a la Escrituración del Artículo 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Frontera.
Y surge la pregunta inmediata: ¿Dónde quedaron los 2 y medio millones de pesos del supuesto descuento? ¿A cambio de qué se dejó de percibir esa importante suma para el Municipio?
Son preguntas que no pueden responder ni los regidores ni el síndico de fiscalización, por una simple razón: El Ayuntamiento de Frontera no les informa ni a ellos, ni al pueblo, de los ingresos y egresos mensuales (ni anuales), con detalle y como marca la Ley.
Es decir, existe una total opacidad en el manejo de los recursos y no es posible saber cuánto se recaudó por impuestos, derechos, aprovechamientos y mucho menos en qué se aplicaron.
LAS FALSIFICACIONES
De acuerdo con varios notarios públicos que han coincidido en el tema, el tipo de papel utilizado en los recibos expedidos por la Tesorería Municipal de Frontera, presenta severas diferencias entre los que se pagan directamente en la Caja de la Tesorería y los que se entregan, fuera de horario.
Además, hay recibos de notoria sospecha, como el expedido por el Director de Catastro Municipal, Lic. JESUS ALFONSO RIOS MENCHACA el 11 de Diciembre del 2008, por la cantidad de 580 MIL 500.67 QUE NO ES UN RECIBO DE CAJA, Y FUE EXPEDIDO POR EL PROPIO FUNCIONARIO, CON SU FIRMA. Luego, al siguiente día “expiden” un recibo de caja por esa cantidad, bajo el Folio 109824, aplicado a una Cuenta Catastral distinta a la de NEMAK, es decir, a la CC199133.
EL USO DE DOBLE DOCUMENTACIÓN debe ser investigado por la Secretaría de la Función Pública y basta con verificar el seguimiento de los Folios de los recibos, además de la calidad del papel.
Por ejemplo, el mismo día 12 de Diciembre, en operaciones simultáneas, la Tesorería expidió al mismo contribuyente los recibos No. 107723 (por concepto de ISAI) y el No. 109824 (Avalúos Catastrales), pagados –en teoría- en la misma caja, es decir, que, de acuerdo con la secuencia numérica, con esa fecha, a la misma hora, se expidieron mas de 2 mil recibos con otros tantos números de Folio, entre un pago y otro, lo que presume una duplicidad de documentación ya que los recibos foliados deben seguir una secuencia.
Las otras falsificaciones que la Función Pública puede detectar fácilmente, son las relativas a las formas para DECLARACIÓN PARA EL PAGO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, mismos que presentan los mismos Números de Folio PERO EN DIFERENTES FORMATOS, CLARAMENTE DISTINTOS DE LOS OFICIALES Y HASTA CON FIRMAS ALTERADAS.
A Manera de Conclusión: Esta millonaria operación (NEMAK) presenta NUMEROSAS IRREGULARIDADES que no basta con ser un experto en documentología, caligrafía, grafoscopía o otra índole, para detectar las diferencias y alteraciones obvias.
Lo peor del asunto, es que desde enero del 2008 hasta la fecha, se ha violado la Ley impunemente al realizar descuentos sin fundamento legal y con clara y fundada sospecha de tráfico de favores.
En tanto, el Gobierno del Estado hace enormes esfuerzos por impedir los recortes presupuestales, reduce su gasto, inicia programas de austeridad, pero en Frontera los millones se duplican al mismo ritmo que las contabilidades y las residencias de sus nuevos políticos riquillos y los recibos alterados y balines.
Operaciones como la descrita son abundantes y solo el fuero mantiene en libertad al entonces jefe de los implicados.
PROPIEDADES ADQUIRIDAS DURANTE SU GESTIÓN COMO ALCALDE:
Para presumir corrupción y enriquecimiento ilícito, basta seguir la huella del dinero y así analizar el orígen el poder económico del grupo político que encabeza Rogelio Ramos Sánchez.
De acuerdo con la PARTIDA: 26608 LIBRO: 267 SECCION: I del Registro Público de la Propiedad de Monclova, en la que se encuentra asentada la ESCRITURA NUM: 251 del día 30 de junio de 2006, pasada ante la Fe del Notario Público No. 17, Lic. Enrique Neaves Muñiz, el actual Diputado local Rogelio Ramos Sánchez compró 6 lotes el Fraccionamiento Campestre San Antonio, todos contiguos que suman la cantidad de 4 mil 724 metros cuadrados.
Independientemente de que colindan con negocios y que en algunos de los predios ya se establecieron otros remuneradores giros, destaca algo irregular: por los seis terrenos, el ex edil y actual legislador pagó solamente 47 mil pesos o al menos eso es lo que expresa el asiento registral.
O sea que de acuerdo a la extensión adquirida por el terrateniente servidor público, el “precio” pagado fue de 10 pesos por metro cuadrado, lo que en junio de 2006 y por predios aledaños a la Carretera 30, resulta sumamente difícil de creer y representa un reto para la Secretaría de la Función Pública del Estado, el investigar que clase de favores se intercambiaron en dicha operación o el verdadero fondo del asunto.
Claro que también la Función Pública establecerá mediante peritajes e investigación de campo, el verdadero valor de los predios en el 2006 y los agregados y circundantes con que cuentan hasta la fecha, como podrían ser gasolineras, minisuper, casas de campo, alberca o lo que pudieran encontrar.
El 28 de abril del 2008 y también ante la Fe del Notario Público Enrique Neaves Muñiz, se protocolizó la Escritura No. 118, en la que se Rogelio Ramos Sánchez y su esposa Analicia Román Ríos, compraron de contado 1,250 metros cuadrados en la Calle Oaxaca de la Colonia Occidental de Frontera, Coahuila, en la cantidad de 153 mil 330 pesos, documento que se presentó para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad a finales de enero del 2009.
También corresponderá a la Secretaría que comanda Ismael Ramos Flores, el determinar que destino se le dio a dicha propiedad y de que forma ha sido mejorada con el estudio a fondo del origen de los recursos destinados para ello.
Los Regidores corren la voz de que las propiedades que el ex alcalde y hoy legislador Ramos Sánchez poseía antes de asumir el cargo, han sufrido notorias y evidentes mejoras como ampliaciones, construcciones, fachadas, cocheras automáticas, enrejados, bardas, etc., todo ello de origen incierto.
Por ejemplo la casa de la calle Ayutla de la colonia Occidental, según Partida 7185 Libro 32 Sección I Tomo C del R. P. P.; y la otra ubicada en Calle 16 de Septiembre y Privada El Rey, Colonia Occidental de Frontera, Coahuila, según Partida 1589 Libro 16 Sección I del R. P. P.
Los Regidores no olvidan que Ramos Sánchez tomó posesión como Oficial del Registro Civil de Frontera, mientras pasaba por serios problemas económicos que lo llevaron a hipotecar otra casa, por cierto actualmente liberada de todo gravamen y mucho muy mejorada materialmente hablando.
Y es que bajo la Partida 3893 Libro 39 Sección II, el 20 de enero de 2005 se consigna la cancelación de una hipoteca por 854 mil 257 pesos que el ex alcalde Ramos Sánchez mantenía con Scotiabank Inverlat, sobre la finca ubicada en Calle Flores Magón No. 1302, Colonia Nueva Rosita en Monclova, Coahuila, por cierto muy modernizada en fecha reciente y con materiales de primera calidad. Pero eso le correspondería, en su caso, determinarlo a la Secretaría de la Función Pública, según los mal pensados Regidores.
JESUS PERALES MARTÍNEZ
Parece que los funcionarios de la administración pública de Frontera, Coahuila salieron buenos para el negocio inmobiliario al igual que la cabeza. Y es que el Tesorero a quien los Regidores quieren de patitas en la calle parece que tiene tablas en éstos menesteres y para ello vamos a seguir la ruta del dinero.
El 30 de abril del 2007 o sea que siendo Secretario del Ayuntamiento y de acuerdo con la Partida 31681 Libro 317 Sección I del R. P. P., Jesús Sergio Perales Martínez compró a la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (CORETT), institución representada por su Delegado el Licenciado José Ignacio Morales Villanueva, el Lote 15 de la Manzana 155, Zona 03 del Ex Ejido de Villa Frontera, Coahuila, con una superficie de 183 metros cuadrados.
La operación se protocolizó, extrañamente, en el Distrito Judicial de Viesca y también raro resulta que Perales Martínez haya sido representado por Micaela Hernández Robles. El precio fue irrisorio: 2 mil 745 pesos en total.
A los pocos meses, en Septiembre del mismo 2007, Perales Martínez y su esposa Laura Xiomara Granados Saucedo recibieron el Dictamen de Subdivisión de la Dirección de Obras Públicas, mediante la cual se determina el anterior predio de 183 metros cuadrados como de uso habitacional y se autoriza la subdivisión.
Si los lectores curiosos desean saber que se construyó en esos lotes, pues deberán acudir a la Calle Centenario entre Ayutla y Altamirano, Colonia Occidental de Frontera, Coahuila y se van a llevar una sorpresa.
Claro que el origen de los recursos con los que se hayan modificado, construido, arreglado o lo que usted guste, le corresponde averiguarlo a, por supuesto, la Secretaría de la Función Pública.
Y para variar, el 29 Septiembre del 2008, bajo la Partida 44684 Libro 447 Sección I, aparece Jesús Sergio Perales Martínez recibiendo un Poder Especial por parte de la C. María Trinidad Flores Espinoza para que “enajene y firme las escrituras de compraventa” (hasta parece de novela) del Lote 2-B de 125.55 metros cuadrados y del Lote 2-C ambos en La Cañada de Monclova, Coahuila.
Lo extraño de caso es que los predios habían sido escriturados en forma gratuita a la señora María Trinidad Flores Espinoza por parte del Registro Agrario Nacional apenas 3 años antes de que le otorgara el dichoso Poder a Jesús Sergio Perales Martínez para que les pudiera precio y los vendiera como quisiera.
Pero es mas raro que el predio medía originalmente 458.05 metros cuadrados y la señra mencionada tramitó una subdivisión en tres lotes; dos de éstos fueron entregados a Perales Martínez para sus incursiones inmobiliarias. ¿Y el otro? ¿A cambio de qué o de cuánto? Porque no debemos olvidar que en esas fechas, Jesús Sergio Perales Martínez se desempeñaba como funcionario al servicio del Ayuntamiento de Frontera. Ver Partida 13282 Libro 383 Sección I y Partida 39602 Libro 397 Sección I.
Y MÁS PODERES
Pero eso de los Poderes Especiales para vender inmuebles parece que se le da de forma natural a Perales Martínez, pues antes de la operación mencionada líneas atrás, concretamente los primeros meses del 2007, el mismo Jesús Perales Martínez y su esposa reciben un Poder Especial para Actor de Administración y de Dominio por parte de Eberarda (así está escrito, con “b”) Aguirre García y Jesús Rodríguez Pineda, respecto de un Lote de Terreno marcado con el No. 4 de la Manzana 07 por la Calle Ayutla de la Colonia Occidental de Frontera, con una superficie de 500 metros cuadrados. El documento se registró el 27 de abril del 2007 bajo la Partida 30835 Libro 309 Sección I.
Claro que si los lectores son igual de mal pensados que los Regidores, van a decir de inmediato que se trata de una simulación, considerando que en la misma calle Ayutla tiene Jesús Perales Martínez las propiedades que mencionamos anteriormente y que ésta sería una extensión de las mismas, especialmente porque hasta la fecha, dos años después de que “se le otorgó el poder” no ha vendido ni un centímetro cuadrado, como era su obligación de Apoderado.
Y todo indica que le tomaron sabor al negocio de los “Poderes Irrevocables” para ventas de inmuebles que jamás se realizaron (una forma muy recurrida de disfrazar una compraventa), ya que el 5 de Julio del 2007 el matrimonio Perales Martínez-Granados Saucedo recibieron otro “Poder Irrevocable” de Administración y de Dominio, ahora sobre 280.46 metros cuadrados de l Lote No. 8 Manzana 29 Zona I de Frontera, otorgado por la señora Blanca Margarita Rodríguez Aguilar, según Partida 33031 Libro 331 Sección I.
Pero las cosas no acaban aquí. Hay que mencionar que con fecha 6 de junio del 2007, la señora Laura Xiomara Granados Saucedo, esposa de Perales, recibió un Poder Especial Irrevocable (para variar) para actos de Administración y de Dominio otorgado por el Matrimonio conformado por Hilda Santos Guía y Javier Cepeda Salas, respecto de la propiedad identificada como Lote 04 Manzana 95 Zona 3, por la Calle Veracruz y de nuevo en la Colonia Occidental de Frontera, Coahuila.
En todos los casos en que se extendieron “Poderes Especiales Irrevocables para Administración y Dominio” a favor del Matrimonio Perales-Granados, no se ha inscrito ninguna venta posterior y los predios han incrementado su valor por las obras municipales que allí se realizaron, además de algunas construcciones que se pueden detectar en algunos y que corresponderá a las autoridades deslindar responsabilidades en caso de que existir.
Bueno, hay que aclarar algo: sí hay una venta que realizó Jesús Perales Martínez como Apoderado de la señora Blanca Margarita Rodríguez Aguilar y fue de la casa habitación marcada con el número 703-A de la calle Pedro Pruneda, Colonia Occidental de Frontera, o sea, el Lote 8-A que ahora resulta que el Apoderado Perales convirtió de lote a casa, pero esa es otra historia, aunque cabe mencionar que se la enajenó a un familiar directo: Luis Eduardo Perales Garibay y Yazmín Guadalupe Hernández Arrieta.
Esta semblanza socioeconómica no incluye los vehículos de lujo adquiridos por el ex Tesorero ni sus cuentas bancarias. Eso es labor de ya sabe usted quien: La Secretaría de la Función Pública y demás autoridades.
Usted puede descargar o imprimir el documento desde aquí:
EL CONGRESO DEL ESTADO VS ROGELIO RAMOS SANCHEZ
· Los malos manejos del dinero entregado por la empresa TAKATA de México, para compensar los daños ocasionados por la explosión, fue una de las primeras gotas que luego causaron inundación.
La verdad emerge tarde o temprano y el 22 de Mayo del año 2007, apenas se comenzaba a armar un rompecabezas que a la fecha ya tiene número de Averiguación Penal y que se refiere a incontables actos de corrupción cometidos presuntamente por funcionarios municipales de la pasada administración de Frontera, Coahuila; que están siendo investigados por la Fiscalía del Estado, con base en datos proporcionados por la Auditoría Superior y por los demás testimonios y documentos que se han integrado a la misma.
Para que el flamante alcalde Jesús Ríos Alvarado no cometa los excesos de su antecesor y actual legislador Rogelio Ramos Sánchez, es oportuno y hasta necesario que se empape con dos historias que muchos quisieran olvidar.
Comienzo con lo ocurrido en mayo del 2007 cuando la entonces diputada local panista Silvia Garza Galván hizo uso de la palabra en el Congreso del Estado para plantear una proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública ordene la práctica de una auditoría urgente al Ayuntamiento de Frontera, Coahuila”.
Para saber los fundamentos de la legisladora, voy a citar textualmente su intervención, obtenida del Diario de Debates correspondiente a esa fecha: “Ya en fecha anterior, esta Soberanía, previo dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, había enviado un atento exhorto al C. Presidente Municipal de Frontera, Coahuila. Lic. Rogelio Ramos, en el que se le pedía mejorar su conducta para con sus gobernados y en el desempeño de su labor como jefe de la comuna; esto fue originado por la denuncia que ante este Congreso interpusiera una ciudadana fronterense que fue víctima de agresiones por parte del alcalde mencionado. Y no podemos olvidar que en algunas ocasiones, hasta el mismo Gobernador del Estado lo conminó a buscar la “armonía” con sus gobernados y con los partidos de oposición.
“Pero los problemas de conducta y los roces del presidente municipal con los ediles de oposición y hasta con algunos de su propio partido, parecen ser sólo uno de los muchos problemas y desaguisados que han caracterizado su accidentada y muy desafortunada administración. Hoy, por medio de un grupo de regidores del ayuntamiento fronterense, nos hemos podido enterar de la enorme cantidad de “fallas”, faltas y violaciones de tipo financiero que el multicitado alcalde y su equipo han cometido en perjuicio del erario y el manejo financiero del municipio de Frontera. Nepotismo, aplicación discrecional e ilícita de recursos públicos, atribución indebida de facultades, cobro de impuestos o derechos no previstos en la ley, opacidad financiera y administrativa en una clara violación a las leyes del rubro y a las de transparencia, así como otras violaciones son denunciadas por estos munícipes, entre los que se encuentra una regidora del mismo partido del alcalde, presidenta de la comisión de hacienda. Lo que no deja lugar a dudas de lo grave de la situación. Todos ellos, de manera pública y a través de los medios de información, han señalado una buena parte de estos atropellos y violaciones legales. Sin que hasta la fecha, nadie haya tomado cartas en el asunto.
Resulta increíble que en pleno siglo veintiuno aún puedan verificarse situaciones de esta índole sin que al parecer, nos demos por enterados, y mucho menos se haga algo para aplicar la ley.
El Código Municipal, el Código Financiero, y de manera un poco más indirecta, la Ley de Hacienda del Estado y el Código Fiscal del mismo, regulan con precisión conceptual y aritmética el manejo de las finanzas municipales. Señalan además, los deberes de transparencia y sano manejo de los caudales públicos, son claros en señalar las atribuciones del presidente municipal, las del ayuntamiento en pleno, y las de regidores y síndicos.
No se requiere ser abogado ni tener un doctorado en finanzas públicas para interpretar y aplicar estas leyes tan claras. Así las cosas, de ningún modo se pude justificar un mal manejo o desvío de recursos hecho por una administración municipal bajo el pretexto de “no sabíamos que era ilegal esto” o, “ignorábamos esta disposición legal”; tampoco es válido el gastado argumento de “todo es un mal entendido, no era eso lo que queríamos hacer”....Entendiendo la lógica simple de lo que está bien y lo que no, es que nos debe resultar bastante claro lo que estos ediles fronterenses denuncian.
Entre otras cosas, y de acuerdo a los documentos que obran en poder de los mismos denunciantes, de los cuales proporcionaremos copias a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, se pueden señalar como muestra las siguientes irregularidades:
1.- Cobro Ilegal del Aseo Público, especialmente a casas habitación, donde consta en documentos que la recaudación municipal ha pasado por tres etapas distintas, primero era “obligatoria” por disposición del presidente municipal y de los ediles que lo apoyaron en tal acuerdo, esto a pesar de no estar prevista ni en la ley de ingresos del municipio, ni el en Código Financiero violando así lo previsto en el artículo 103 Fracción III del Código Municipal. Puesto que las disposiciones para tal efecto hablan de comercios, industrias, clubes y parques, y nunca se refieren a las casas habitación. En la segunda etapa y con acuerdo de sesión de cabildo Extraordinaria del 20 de febrero del 2007, se le ordenó al alcalde modificar los recibos por cobro de basura y que en la parte superior del mismo se le pusiera una leyenda donde mencionara que esta era una aportación voluntaria para quien quisiera hacer dicho pago, siendo esta aprobada por unanimidad en dicha sesión de cabildo; posteriormente, volvió a cambiar la publicidad al respecto así como la mecánica de cobro para decir que se trataba de un pago “sugerido”...Tres etapas y formas distintas de cobro para un mismo concepto. Sin mencionar otras irregularidades que se han cometido en el mismo rubro. Estas tres etapas del cobro por servicio de limpieza han quedado plasmadas en los mismos recibos.
2.- Violación Reiterada y Sistemática de La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila y al Código Municipal, acreditan los denunciantes con documentos sellados y firmados, la forma constante, reiterada y dolosa en que el tesorero municipal, así como otros directivos bajo el mando directo y constitucional del alcalde, les han negado la información requerida en innumerables ocasiones a estos regidores y al síndico de minoría, sin que se les haya brindado al menos una respuesta negativa con los fundamentos y argumentos debidos.
Aclarando que nunca han solicitado información que tenga carácter de reservada o referente a datos personales protegidos por la ley, sino que más bien se trata de información referente a las finanzas públicas, y que los denunciantes como ediles y como ciudadanos tienen derecho a conocer, conforme a los artículos 102, 105 Fracciones II y VII, 106 A , Fracciones I, II y IV del Código Municipal para Coahuila. Así como los artículos 24, Fracción I, numerales del 5 al 12, 25, 26 y 27 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila. Lo que a todas luces constituye una violación muy grave, reiterada y consumada por parte de las autoridades municipales ya señaladas.
3.- Gastos de Imagen y Publicidad que rebasan por mucho el 3% establecido en la legislación vigente, situación que se acredita con las misma auditoría practicada al ayuntamiento por el despacho externo contratado para tales efectos conforme a derecho.
4.- Violación y Cobro Excesivo de Diversos Tipos de Infracciones, donde se aplican cobros superiores a los establecidos en los acuerdos de cabildo celebrados con anterioridad; lo anterior en los rubros de Accidentes, Adelantar Vehículos o Rebasar, Bicicletas y Motocicletas, Ceder el Paso, Circulación, Conducción, Equipamiento, Estacionamiento, Medio Ambiente, Pesos y Dimensiones, Señales de Tránsito, Servicio de Carga y Grúas, Servicio de Pasaje, y Vueltas.....cobros y multas previstos en la Tabla de Infracciones para Tránsito y Transporte establecida por Acuerdo de Cabildo en la Sesión del día 20 de Febrero de 2007...
5.- Sobre la Reparación de Daños hecha por Takata, el alcalde y su equipo se niegan sistemáticamente a proporcionar cualquier tipo de información acerca del monto, forma y modo en que se aplicó la reparación o apoyo para daños brindado por la empresa Takata, luego de la explosión hoy de todos conocida. Y donde para empezar, el mismo presidente municipal facultó indebida e ilegalmente a dos regidores de su confianza, para administrar y aplicar el dinero mencionado. Lo que rebasa las facultades con que cuenta un edil, además de que no se observó ninguno de los procedimientos de ley establecidos en el Código Municipal y en el Código Financiero para este tipo de casos.
Asimismo, no se ha dado cumplimiento al acuerdo de cabildo de la sesión del día 16 de marzo de 2007, (acta de cabildo #21 )donde se estableció que serían publicadas las listas y montos de los beneficiados con la reparación del daño en comento.
6.- El no Cobro de los Impuestos sobre Espectáculos y Diversiones Públicas, concretamente la categoría 4 del artículo 5 de la Ley de Ingresos del Municipio de Frontera para el periodo 2007, “bailes con carácter lucrativo”. Señalan los denunciantes que a la fecha de la administración de Rogelio Ramos, se han celebrado más de 9 bailes de este tipo, negándose a cobrar los impuestos de ley, bajo el argumento de que los empresarios que realizaron tales eventos pagaron el debido impuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que los coloca en la excepción del artículo 65 del Código Financiero, pero, suponiendo sin conceder que así sea, no se han mostrado los documentos que lo acrediten, sólo recibos en ceros.
7.- De los Dictámenes realizados por la Comisión de Hacienda del municipio, se traslucen un gran número de irregularidades como:
a) Falta de Facturas por Comprobar en diversos rubros y apartados.
b) Un sin fin de Pólizas de Cheques no encontradas.
c) Solicitudes de Cheques solicitadas en 2005 y duplicadas en 2006.
d) Irregularidades en pagos realizados sin justificación. Entre otras anomalías sólo por mencionar algunas.
e) Reiteración en estas irregularidades, es decir, no se subsanan ni resuelven a pesar de las observaciones y recomendaciones de la Comisión de Hacienda del municipio.
8.- En la Auditoría Practicada por el despacho contable denominado “Cedillo Ríos y Compañía” para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006, se aprecia un gran número de irregularidades, por mencionar algunas:
; Anticipos a proveedores sin que se acredite la justificación a los mismos o si el servicio o bien fueron otorgados. Y de lo que se desprenden violaciones a la Ley de Servicios y Adquisiciones del Estado.
; No se cuenta con organización y procedimientos prestablecidos para la adquisición, mantenimiento, custodia control y baja de activos fijos. Tampoco se cuenta con la integración justificada de activos fijos de cifras presentadas en el balance general del municipio, con lo que se constituyen violaciones a la Constitución Política del Estado, Código Municipal y otras disposiciones...
; En el Rubro de Proveedores y Otros Pasivos, no se cuenta con el manual de organización y procedimientos predeterminados y formalizados para el control de adquisiciones a crédito de bienes y servicios. Al efecto se detectaron pasivos duplicados durante 2006 por un monto de $1,923, 063 pesos....
; En Materia de Ingresos, no se cuenta con un manual de políticas contables y administrativas preestablecidas formalmente para el control de los diferentes tipos de ingresos propios del municipio.
; Se otorgaron descuentos no previstos en la Ley de Ingresos, respecto del impuesto sobre adquisiciones de inmuebles y del pago de derechos (refrendo anual de vinos y licores).
; Ratifica la Auditoría externa el que fue rebasado el tope del 3% en materia de gastos de publicidad e imagen.
; En el Rubro de Servicios Personales, no se tiene un manual de organización y de procedimientos preestablecidos para formalizar la selección y contratación de personal, funciones, facultades y responsabilidades de nivel jerárquico, así como los sistemas de comunicación y coordinación, control de asistencias, pagos, supervisión y evaluación del desempeño, retención y entero de contribuciones fiscales.
Lo anterior sólo es una pequeña muestra de las irregularidades detectadas por la auditoría externa.
9.- Nepotismo, en franca y abierta violación a la Ley de Responsabilidades del Estado en su artículo 52...se denuncia lo siguiente:
Laboran familiares en diverso grado del alcalde dentro del ayuntamiento, así como familiares de varios regidores, entre otros:
1.- Ramos Sánchez Santiago, hermano del presidente, departamento de limpieza.
2.- Ramos Sánchez Tirso, hermano del alcalde, Plazas y Jardines.
3.- Mejía Martínez Rafael, cuñado del presidente, Director de Salud Municipal.
4.- Sánchez Rodríguez Juan José, tío del alcalde, Director de Plazas y Jardines.
5.- Martínez Palacios Mario Alberto, hijo del primero regidor, Presidencia.
6.- Sánchez Briones Jesús Rogelio, hijo de la séptima regidoras, Fomento Deportivo.
7.- Ballesteros Rivas Carlos Jesús, hermano del tesorero, Obras Públicas.
8.- Galindo Flores Jesús Dimas, hijo del Contralor, Obras Públicas.
Además de otros parientes de ediles y directivos que laboran en el ayuntamiento.
10.- Negación de Vales y Apoyos de Gasolina a los Ediles de Oposición, mientras que a los del partido del presidente municipal les son otorgados sin falta y en tiempo y forma.
Con la pequeña muestra de irregularidades financieras y legales que se exhiben en la presente, queda más que acreditado que algo muy grave está ocurriendo en la administración de Rogelio Ramos Sánchez.
Por lo anterior es menester y deber nuestro como diputados locales conforme a las facultades y deberes que nos confiere el artículo 67 de la Constitución Política del Estado en sus fracciones XX, XXXI, XXXIV y XXXIX, el iniciar una investigación inmediata del caso.
Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo:
Por las características del caso, y por el temor fundado de que se sigan cometiendo violaciones como las descritas, así como por el riesgo de que se pretendan desaparecer evidencias al respecto, solicitamos que la presente sea resuelta en la vía de Urgente y Obvia Resolución.
Primero.- Que esta Soberanía por Conducto de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, ordene a la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado, se sirva practicar un Auditoría a las Finanzas del Ayuntamiento de Frontera, Coahuila a los periodos 2006 y 2007.
Segundo.- Que la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, procure en breve un acercamiento con los ediles denunciantes a fin de clarificar y enterarse de los detalles necesarios. Esto en el marco de los derechos y garantías de petición, denuncia y audiencia con que deben contar todos los ciudadanos.
Tercero.- Que de encontrarse irregularidades y violaciones a la ley, se expidan los dictámenes, acuerdos y resolutivos que sean necesarios para proceder conforme a derecho.
Cuarto.- Que de todo lo anterior, una vez concluidas las investigaciones, se rinda un informe a esta Soberanía en los términos y formas previstos por la Ley Orgánica de este Congreso.
Fundamos esta petición en los artículos 49, Fracciones I y IV,106, 248, 249 y 250 y 252 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila.
La proposición fue aprobada sin votos en contra. La señal estaba dada: irían por Rogelio y su gente.
Por cierto el 13 de febrero del 2007, ya se había pronunciado la Comisión de Asuntos Municipales sobre el caso TAKATA, de la siguiente forma: Solicítese a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, instruir a la Contaduría Mayor de Hacienda, para que al revisar las cuentas públicas del Municipio de Frontera, Coahuila, correspondientes al segundo y tercer trimestre del año 2006, ponga especial cuidado en la fiscalización de los ingresos y egresos derivados de las indemnizaciones pagadas para cubrir los daños ocasionados por el accidente ocurrido en la empresa TAKATA, incluido el procedimiento utilizado para ello.
LA DENUNCIA
Luego, al comenzar el 2010, los medios lo confirmaron: comenzó la cacería para castigar los malos manejos de recursos públicos en los municipios durante el 2007; tanto la Auditoría Superior del Estado (ASE) como la Fiscalía General revelaron el inicio de una averiguación previa contra funcionarios del Ayuntamiento de Frontera.
Aunque no identificaron a los presuntos responsables ni el monto del quebranto, en primera instancia Armando Plata, titular de la ASE, confirmó la denuncia penal ante la Fiscalía, mientras que el fiscal Jesús Torres Charles explicó que la averiguación ya comenzó.
Aunque no identificaron a los presuntos responsables ni el monto del quebranto, en primera instancia Armando Plata, titular de la ASE, confirmó la denuncia penal ante la Fiscalía, mientras que el fiscal Jesús Torres Charles explicó que la averiguación ya comenzó.
En días pasados Plata anticipó que presentaría las querellas correspondientes ante la Fiscalía para buscar que los responsables resarcieran el daño a las finanzas públicas, y que esto derivaría además en sanciones administrativas y penales, pues finalmente hay 250 millones de pesos correspondientes al ejercicio del 2007 que fueron aplicados de forma indebida por los ayuntamientos.
De este monto, las irregularidades sin comprobar en Frontera superaron los 22 millones de pesos.
Por su parte, el fiscal Torres Charles confirmó el inicio de la averiguación por las irregularidades en Frontera, tras la denuncia.
“Hay dos documentos con el mismo concepto, pero diferentes cantidades, por ese hecho se inicia la averiguación… no es propiamente cuenta pública”, lo que deja claro que se trata de ilícitos.
En otra entrega abordaremos los embargos precautorios de bienes adquiridos bajo sospecha.
viernes, 3 de diciembre de 2010
AUTORIZAN LICENCIA AL DIPUTADO RUBÉN MOREIRA
El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, pidió ayer licencia al Pleno de la Cámara de Diputados y le fue aprobada. El legislador fue despedido en medio de aplausos, abrazos y reconocimientos no sólo de sus compañeros legisladores del PRI, sino también por integrantes de otros partidos políticos que hicieron uso de la tribuna para reconocerle su trabajo.
Ayer al mediodía, la Cámara de Diputados aprobó la petición planteada por el saltillense quien fungió como coordinador de la bancada de los diputados priistas por Coahuila, y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
“Se trata de dejar de recibir la dieta a fin de estar en Coahuila, dedicándome al trabajo partidista; por el momento no tengo otra cosa en mente más que cumplir con el trabajo al frente del partido”.
La separación del cargo se da luego de que Rubén Moreira participó en la gestión del presupuesto del 2011 para la entidad, el cual ha sido calificado como histórico en virtud de que se consiguieron más de 6,500 millones de pesos y de concretar temas importantes como el caso del “michoacanazo”.
En el marco del proceso electoral que avanza en Coahuila, el Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática siguen en negociaciones para establecer una alianza para la elección a gobernador.
Al respecto, Rubén Moreira dijo que se trata de un proyecto válido pero que en nada afecta al Partido Revolucionario Institucional.
“Eso es algo que finalmente decidirá el elector; no es algo que preocupe al partido y ni siquiera merece comentario”, apuntó el dirigente estatal del PRI.
Diversas encuestas siguen perfilando a Rubén Moreira Valdez como el candidato idóneo para participar en la jornada del 3 de julio, en base al nivel de aceptación y conocimiento entre la población.
Ayer al mediodía, la Cámara de Diputados aprobó la petición planteada por el saltillense quien fungió como coordinador de la bancada de los diputados priistas por Coahuila, y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
“Se trata de dejar de recibir la dieta a fin de estar en Coahuila, dedicándome al trabajo partidista; por el momento no tengo otra cosa en mente más que cumplir con el trabajo al frente del partido”.
La separación del cargo se da luego de que Rubén Moreira participó en la gestión del presupuesto del 2011 para la entidad, el cual ha sido calificado como histórico en virtud de que se consiguieron más de 6,500 millones de pesos y de concretar temas importantes como el caso del “michoacanazo”.
En el marco del proceso electoral que avanza en Coahuila, el Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática siguen en negociaciones para establecer una alianza para la elección a gobernador.
Al respecto, Rubén Moreira dijo que se trata de un proyecto válido pero que en nada afecta al Partido Revolucionario Institucional.
“Eso es algo que finalmente decidirá el elector; no es algo que preocupe al partido y ni siquiera merece comentario”, apuntó el dirigente estatal del PRI.
Diversas encuestas siguen perfilando a Rubén Moreira Valdez como el candidato idóneo para participar en la jornada del 3 de julio, en base al nivel de aceptación y conocimiento entre la población.
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viernes, 24 de septiembre de 2010
EL CASO GODOY RIDICULIZA EL FUERO CONSTITUCIONAL
El capítulo de la toma de posesión de Julio César Godoy Toscano, hermano del gobernador de Michocán, Leonel Godoy, como Diputado federal, puso ayer en el ojo del huracán la figura del fuero constitucional de los legisladores, pues rindió protesta a pesar de tener una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado, esto gracias a un amparo y después de dos días de operativos de la Policía Federal a las afueras del Congreso.
El Diputado, hasta ayer prófugo, llevaba dos días refugiado en la Cámara de Diputados. De acuerdo con personal del recinto, el hoy Diputado entró a San Lázaro el martes pasado a la 1:20 de la tarde, en un auto Malibu arena, acompañado de la diputada María Telma Guajardo.
Luego de las críticas al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), por tomarle protesta, anoche el legislador informó que analiza interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez Efraín Cázares López, por su probable exceso de atribuciones al resolver el caso del diputado federal Julio César Godoy Toscano, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.
A través de un comunicado de prensa, el priísta refirió que el Juez Primero de Distrito en Michoacán resolvió restituir los derechos políticos del perredista, pero al mismo tiempo negarle la suspensión definitiva respecto de la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución.
Y si le tomó la protesta de ley a Godoy, dijo, fue porque como Presidente de la Mesa Directiva “es garante de la legalidad en todo momento, y representa la unidad de la Cámara”.
Además de que su actuación debe sujetarse a los principios de imparcialidad y objetividad, entre otros.
“La Presidencia podría haberse rehusado a acatar la resolución. Si ello hubiere acontecido, se estaría en el supuesto jurídico de desacato a una resolución de autoridad judicial, violentando el principio de legalidad y puesto en riesgo los derechos del Diputado electo consistentes en tomar posesión del cargo para el cual fue electo como se desprende de la constancia de mayoría expedida por la autoridad electoral”, justificó Ramírez Marín. Y agregó que analiza la denuncia contra el juez.
Por la tarde, César Augusto Santiago, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, órgano encargado de desahogar las solicitudes de juicio de procedencia o de desafuero, afirmó que de presentarse una denuncia al respecto en contra de Godoy Toscano (PRD), se procederá de inmediato y como corresponda.
Empero, informó que su partido no promoverá una denuncia de ese tipo.
“Nosotros no tenemos por qué promover nada contra Godoy Toscano. Ése es un asunto de la PGR, que es quien está investigando”.
Santiago Ramírez agregó que hasta ayer no se había presentado ningún juicio de desafuero en contra del perredista michoacano, “lo que no quiere decir que no se presente después”.
Explicó luego que hay un procedimiento muy estricto para la revisión de las solicitudes de juicio de procedencia, y que cuando no se reúnen los elementos de prueba es muy delicado andar exhibiendo a la gente que es denunciada.
Mientras tanto, el diputado del PAN, Oscar Arce Paniagua, calificó la toma de posesión del nuevo Diputado como un “error jurídico”. “Tenemos el primer error en la conducción de la Mesa Directiva a cargo de Ramírez Marín, es un resbalón jurídico y político”, pues Godoy Toscano tiene vigente una orden de aprehensión”.
Por su parte, Francisco Burgoa Perea, catedrático de la facultad de Derecho de la UNAM, comentó que desde el punto de vista estrictamente jurídico, el Presidente de la Cámara de Diputados hizo lo correcto al tomarle ayer la protesta de ley a Godoy Toscano, pues había una orden de un juez que así lo ordenaba.
“No había ningún impedimento legal para no tomarle la protesta. Se actuó de manera correcta porque en el caso de Godoy Toscano si bien es cierto que está sujeto a proceso penal, también lo es que goza de un amparo”. Y al haber ganado un amparo, dijo, el nuevo legislador estaba en toda libertad de hacer uso de sus derechos políticos.
CREDITO:
Rolando Ramos / El Economista
rramos@eleconomista.com.mx
El Diputado, hasta ayer prófugo, llevaba dos días refugiado en la Cámara de Diputados. De acuerdo con personal del recinto, el hoy Diputado entró a San Lázaro el martes pasado a la 1:20 de la tarde, en un auto Malibu arena, acompañado de la diputada María Telma Guajardo.
Luego de las críticas al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), por tomarle protesta, anoche el legislador informó que analiza interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez Efraín Cázares López, por su probable exceso de atribuciones al resolver el caso del diputado federal Julio César Godoy Toscano, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.
A través de un comunicado de prensa, el priísta refirió que el Juez Primero de Distrito en Michoacán resolvió restituir los derechos políticos del perredista, pero al mismo tiempo negarle la suspensión definitiva respecto de la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución.
Y si le tomó la protesta de ley a Godoy, dijo, fue porque como Presidente de la Mesa Directiva “es garante de la legalidad en todo momento, y representa la unidad de la Cámara”.
Además de que su actuación debe sujetarse a los principios de imparcialidad y objetividad, entre otros.
“La Presidencia podría haberse rehusado a acatar la resolución. Si ello hubiere acontecido, se estaría en el supuesto jurídico de desacato a una resolución de autoridad judicial, violentando el principio de legalidad y puesto en riesgo los derechos del Diputado electo consistentes en tomar posesión del cargo para el cual fue electo como se desprende de la constancia de mayoría expedida por la autoridad electoral”, justificó Ramírez Marín. Y agregó que analiza la denuncia contra el juez.
Por la tarde, César Augusto Santiago, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, órgano encargado de desahogar las solicitudes de juicio de procedencia o de desafuero, afirmó que de presentarse una denuncia al respecto en contra de Godoy Toscano (PRD), se procederá de inmediato y como corresponda.
Empero, informó que su partido no promoverá una denuncia de ese tipo.
“Nosotros no tenemos por qué promover nada contra Godoy Toscano. Ése es un asunto de la PGR, que es quien está investigando”.
Santiago Ramírez agregó que hasta ayer no se había presentado ningún juicio de desafuero en contra del perredista michoacano, “lo que no quiere decir que no se presente después”.
Explicó luego que hay un procedimiento muy estricto para la revisión de las solicitudes de juicio de procedencia, y que cuando no se reúnen los elementos de prueba es muy delicado andar exhibiendo a la gente que es denunciada.
Mientras tanto, el diputado del PAN, Oscar Arce Paniagua, calificó la toma de posesión del nuevo Diputado como un “error jurídico”. “Tenemos el primer error en la conducción de la Mesa Directiva a cargo de Ramírez Marín, es un resbalón jurídico y político”, pues Godoy Toscano tiene vigente una orden de aprehensión”.
Por su parte, Francisco Burgoa Perea, catedrático de la facultad de Derecho de la UNAM, comentó que desde el punto de vista estrictamente jurídico, el Presidente de la Cámara de Diputados hizo lo correcto al tomarle ayer la protesta de ley a Godoy Toscano, pues había una orden de un juez que así lo ordenaba.
“No había ningún impedimento legal para no tomarle la protesta. Se actuó de manera correcta porque en el caso de Godoy Toscano si bien es cierto que está sujeto a proceso penal, también lo es que goza de un amparo”. Y al haber ganado un amparo, dijo, el nuevo legislador estaba en toda libertad de hacer uso de sus derechos políticos.
CREDITO:
Rolando Ramos / El Economista
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jueves, 23 de septiembre de 2010
¡ÚLTIMA HORA! "BURLA" GODOY A FEDERALES Y TOMA PROTESTA

Godoy Toscano burla a la PF y toma protesta como legislador
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 23 de septiembre (apro).- A las 12 horas con tres minutos de este jueves, Julio César Godoy Toscano, quien es acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de tener vínculos con el narcotráfico, tomó protesta como diputado federal.
A pesar del cerco que la Policía Federal instaló desde ayer en todos los acceso a San Lázaro, el perredista apareció en el salón principal de la Cámara de Diputados y acompañado por una comisión de legisladores de todos los partidos hasta la parte frontal del recinto camaral tomó protesta y se convirtió en el legislador número 500.
Al inicio de la sesión de este jueves, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó de la llegada de un comunicado de un juez de distrito en donde se le otorga un amparo a Godoy Toscano.
De acuerdo con información recabada por apro, el legislador michoacano se encontraba en el interior de San Lázaro desde el martes 14 de septiembre.
La PGR acusa a Godoy Toscano de tener vínculos con el cártel de La familia Michoacana. Sin embargo, de existir otra posible orden de aprehensión en contra del perredista, tendría que ser desaforado antes de ser presentado ante las autoridades.
Desde el martes pasado, el PRD venía exigiendo que se le tomara la protesta a su correligionario con el argumento de que un juez de distrito le otorgó el amparo que pone a salvo sus derechos políticos.
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sábado, 5 de junio de 2010
El diputado Armando Báez Pinal es un pendejo
Invitado: Blog.com.mx
El diputado Armando Báez Pinal es un pendejo, por lo menos así lo define en su columna Federico Arreola.
Y a todo esto ¿Quien es este Diputado Armando Báez Pinal?
Es un Diputado que se siente músico y lanzó una iniciativa para cobrar un impuesto de 8% adicional a todos los aparatos electronicos y medios electromagneticos, que sirvan para almacenar, transportar o reproducir o copiar archivos ya sean estos música, libros, peliculas, etc, con la finalidad de que este impuesto sea repartido entre los autores de las obras. Lo cual es una gran estupidez.
O sea que si compras una memoria usb, un iPod, un cd en blanco, un dvd en blanco, tendras que pagar un impuesto de 8% sobre el valor del producto, como cargo por este impuesto especial.
Aqui la breve nota de Don Fede:
Diputado Armando Báez Pinal: Para que lo entienda usted…
Federico Arreola
Voy a perder el estilo porque, si no lo hago, no me entenderá este legislador priista que quiere incrementar los impuestos mediante una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor: Es usted un pendejo, señor diputado. Y un abusivo.
Es simple y sencillamente una mentada de madre que merece ser respondida con otra lo que pretende Báez Pinal, músico de profesión (bastante malo, me dicen): aplicar un impuesto adicional de 8 por ciento a la compra de todos los aparatos electrónicos que sirvan como herramientas para almacenar, reproducir o copiar obras literarias, fonogramas y videogramas. Para proteger a los autores, se supone. Y aunque las obras literarias sean propias o los fonogramas y los videogramas sean de uno mismo.
Una verdadera estupidez.
El diputado Armando Báez Pinal es un pendejo, por lo menos así lo define en su columna Federico Arreola.
Y a todo esto ¿Quien es este Diputado Armando Báez Pinal?
Es un Diputado que se siente músico y lanzó una iniciativa para cobrar un impuesto de 8% adicional a todos los aparatos electronicos y medios electromagneticos, que sirvan para almacenar, transportar o reproducir o copiar archivos ya sean estos música, libros, peliculas, etc, con la finalidad de que este impuesto sea repartido entre los autores de las obras. Lo cual es una gran estupidez.
O sea que si compras una memoria usb, un iPod, un cd en blanco, un dvd en blanco, tendras que pagar un impuesto de 8% sobre el valor del producto, como cargo por este impuesto especial.
Aqui la breve nota de Don Fede:
Diputado Armando Báez Pinal: Para que lo entienda usted…
Federico Arreola
Voy a perder el estilo porque, si no lo hago, no me entenderá este legislador priista que quiere incrementar los impuestos mediante una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor: Es usted un pendejo, señor diputado. Y un abusivo.
Es simple y sencillamente una mentada de madre que merece ser respondida con otra lo que pretende Báez Pinal, músico de profesión (bastante malo, me dicen): aplicar un impuesto adicional de 8 por ciento a la compra de todos los aparatos electrónicos que sirvan como herramientas para almacenar, reproducir o copiar obras literarias, fonogramas y videogramas. Para proteger a los autores, se supone. Y aunque las obras literarias sean propias o los fonogramas y los videogramas sean de uno mismo.
Una verdadera estupidez.
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viernes, 14 de mayo de 2010
10 RAZONES CONTRA LA REFORMA LABORAL
Título Original: Diez razones para no estar de acuerdo con ninguna reforma laboral
Columnista Invitado: Eduardo Miranda Esquivel
Forum en Linea.
1. El 18 de marzo de 2010 un grupo de legisladores panistas presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que propone la eliminación de derechos previstos en la ley y conquistados en más de un siglo de lucha de las y los obreros mexicanos. De los 1010 artículos de la LFT, proponen el cambio, adición o supresión de 429, mediante modificaciones cosméticas y de fondo, con la intención de anular la estabilidad en el empleo, a través de nuevas modalidades flexibles de contratación (a prueba, por temporada y capacitación inicial), la fijación del banco y pago por horas, las multihabilidades y la legalización de los outsourcing, substituyendo el Estado social por un Estado “pollero”, por ello, las y los mexicanos honestos no estamos de acuerdo.
2. La reforma laboral que propone Calderón forma parte del paquete de reformas estructurales que los gobiernos de las tres últimas décadas han venido impulsando para cumplir las “recomendaciones” del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el contexto del Consenso de Washington, con el propósito de insertar la economía mexicana al neoliberalismo, desaparecer el Estado social, suprimir su papel rector en el desarrollo económico, desregular el marco legal para ajustarlo al del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, facilitar la entrada de capitales y la utilización barata y a gran escala de la mano de obra en beneficio de los magnates capitalistas, vulnerando la soberanía nacional y la supremacía constitucional, por ello las y los patriotas no estamos de acuerdo.
3. Los objetivos formales de la reforma panista establecen adecuar la LFT a la “modernidad”, mejorar la productividad y competitividad y fomentar el empleo, lo cual aparece como piadoso, pero falso e imposible de conseguir, debido a la crisis del modelo económico que prevalece, irracional, injusto, con un sistema político y judicial corrupto, sujeto a profundas y diferenciadas desigualdades, dependiente del exterior, desprovisto de progreso científico y de un presupuesto y banca de desarrollo social que apoye el bienestar colectivo, la innovación tecnológica y el financiamiento a millones de micro y pequeños empresarios. La reforma es solamente un fraude “legal” en beneficio de los grandes capitalistas. Por ello, las y los ciudadanos conscientes no estamos de acuerdo.
4. La reforma laboral panista tiene como objetivos reales cumplir con intereses extranjeros opuestos a los del país y a los de los trabajadores, al proponer los mismos esquemas de las reformas laborales que se han establecido en Europa y Latinoamérica y que han fracasado para mejorar el empleo y las condiciones de trabajo de cada país, pues al responder a una estrategia globalizadora, únicamente han beneficiado al capital trasnacional, propiciando la desvalorización del trabajo, la pérdida de derechos, la precarización del empleo y la restricción de los derechos sindicales, por lo que de aprobarse en México, en el marco del bicentenario de nuestra Independencia y centenario de la Revolución, fundaría una regresión social. Por ello las y los trabajadores no estamos de acuerdo.
5. La propuesta de reforma laboral contenida en la mayoría de las 334 iniciativas presentadas en los últimos 22 años, ha sido con los mismos supuestos, sin considerar que el escenario ha cambiado. Hace tres décadas el neoliberalismo propició una nueva acumulación de capital al abrir los mercados, elevar la productividad y reducir los costos laborales, valiéndose del progreso científico y la caída del campo socialista y del movimiento sindical, permitiendo el crecimiento y enriquecimiento de algunos países y trasnacionales y la contención del desempleo. Treinta años después el modelo se agotó, no hay crecimiento ni empleo. La crisis global tocó fondo. Reformar la LFT en medio de la crisis para quitar “rigideces”, anulando derechos y promover la inversión extranjera, sin protección de nuestras empresas, más que un error sería un crimen de lesa humanidad. Por ello, las y los millones de damnificados del neoliberalismo no estamos de acuerdo.
6. Los trabajadores y sindicatos mexicanos no han pedido ni demandan una reforma laboral, ni mucho menos una que les quite derechos, sin consulta alguna; que pretende facilitar su aprobación dejando de adorno el artículo 123 constitucional, al aprobar cambios contrarios a los derechos laborales adquiridos, y que se basa en argumentos engañosos de que es necesaria para modernizar el país, actualizar el marco legal, generar miles de empleos, mejorar la productividad y la impartición de justicia, cuando es evidente que quienes demandan dicha reforma, son los oligarcas, los grandes capitalistas, banqueros y empresarios, así como los partidos y diputados que han traicionado a su pueblo en razón de sus mezquinos intereses. Por ello, las y los sindicalistas no estamos de acuerdo.
7. La problemática laboral y la experiencia del movimiento obrero muestran que en la coyuntura que vive México no se necesita de ninguna reforma laboral, sino que se cumpla la ley vigente, porque el problema no es la ley sino quienes tienen la obligación de hacerla cumplir. La Constitución, la LFT y la Ley Federal del trabajo burocrático, prevén una serie de derechos que no se cumplen por el gobierno, con la complicidad de las juntas de conciliación, tribunales y ministros del Poder Judicial, de tal forma, que el empleo para todos, salario suficiente, jornada razonable, vivienda digna, salud y seguridad social, libertad sindical y derecho de huelga, así como el derecho de recibir justicia pronta, gratuita e imparcial, sólo constituyen un ejemplo de para qué reformar la ley si lo que hace falta es cumplirla y hacerla cumplir. Por ello, las y los juristas no estamos de acuerdo.
8. El entorno no es nada favorable para las y los trabajadores, estén o no sindicalizados. La recuperación económica es una farsa, porque la realidad y los estándares internacionales indican que ésta tardará cuatro ó cinco años y la de empleo mucho más. La descomposición política y la violencia son una constante creciente y las alianzas electorales de los partidos, acreditan verdaderas componendas que no responden a los supremos intereses de la nación y del pueblo. La ofensiva del régimen en contra de los trabajadores y sindicatos es constante, y al no existir una buena correlación de fuerzas en el Congreso para intentar una reforma laboral democrática, como la que pretenden algunos diputados, sería permitir o abrir un falso debate sobre las bondades de cualquier reforma y su aprobación provocaría el caos social, porque a esta reforma se encadenarían la reforma a ley burocrática y la caída del sistema de pensiones, al precarizar el empleo. Por ello, las y los diputados honrados no estarían de acuerdo con dicha reforma.
9. En síntesis la reforma laboral panista transgrede los fundamentos del derecho mexicano del trabajo plasmados en el original artículo 123 constitucional, al romper con los principios de equidad, igualdad y justicia social que deben prevalecer entre los factores de la producción; transgrede la soberanía nacional, el constitucionalismo social y la supremacía constitucional, anula la estabilidad en el empleo, limita los alcances indemnizatorios que nacen del despido y los derechos colectivos de libertad sindical, huelga y contratación colectiva, proyectando para el caso de su aprobación, la precarización de millones de obreros, jornaleros, empleados, pequeños empresarios y cooperativistas. Por ello, todas y todos no estamos de acuerdo con ninguna reforma laboral.
10. Los juristas llamamos a las y los trabajadores a mantener e intensificar la resistencia, desplegar todas las formas de lucha para defender nuestros derechos, propiciar la organización y la unidad de clase y de todo el pueblo, así como, exhortamos a los legisladores consecuentes a establecer leyes y puntos de acuerdo, que sin tocar la LFT, hagan efectivos los derechos laborales, para que haya empleos dignos, un seguro de desempleo a nivel nacional, salarios suficientes, control de precios de la canasta básica y el respeto al libre ejercicio de los derechos colectivos y sindicales, al igual que, la restitución inmediata de los derechos de seguridad social de carácter universal y solidario y la protección y estatización de los fondos de pensiones y ahorros laborales.
Columnista Invitado: Eduardo Miranda Esquivel
Forum en Linea.
1. El 18 de marzo de 2010 un grupo de legisladores panistas presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que propone la eliminación de derechos previstos en la ley y conquistados en más de un siglo de lucha de las y los obreros mexicanos. De los 1010 artículos de la LFT, proponen el cambio, adición o supresión de 429, mediante modificaciones cosméticas y de fondo, con la intención de anular la estabilidad en el empleo, a través de nuevas modalidades flexibles de contratación (a prueba, por temporada y capacitación inicial), la fijación del banco y pago por horas, las multihabilidades y la legalización de los outsourcing, substituyendo el Estado social por un Estado “pollero”, por ello, las y los mexicanos honestos no estamos de acuerdo.
2. La reforma laboral que propone Calderón forma parte del paquete de reformas estructurales que los gobiernos de las tres últimas décadas han venido impulsando para cumplir las “recomendaciones” del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el contexto del Consenso de Washington, con el propósito de insertar la economía mexicana al neoliberalismo, desaparecer el Estado social, suprimir su papel rector en el desarrollo económico, desregular el marco legal para ajustarlo al del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, facilitar la entrada de capitales y la utilización barata y a gran escala de la mano de obra en beneficio de los magnates capitalistas, vulnerando la soberanía nacional y la supremacía constitucional, por ello las y los patriotas no estamos de acuerdo.
3. Los objetivos formales de la reforma panista establecen adecuar la LFT a la “modernidad”, mejorar la productividad y competitividad y fomentar el empleo, lo cual aparece como piadoso, pero falso e imposible de conseguir, debido a la crisis del modelo económico que prevalece, irracional, injusto, con un sistema político y judicial corrupto, sujeto a profundas y diferenciadas desigualdades, dependiente del exterior, desprovisto de progreso científico y de un presupuesto y banca de desarrollo social que apoye el bienestar colectivo, la innovación tecnológica y el financiamiento a millones de micro y pequeños empresarios. La reforma es solamente un fraude “legal” en beneficio de los grandes capitalistas. Por ello, las y los ciudadanos conscientes no estamos de acuerdo.
4. La reforma laboral panista tiene como objetivos reales cumplir con intereses extranjeros opuestos a los del país y a los de los trabajadores, al proponer los mismos esquemas de las reformas laborales que se han establecido en Europa y Latinoamérica y que han fracasado para mejorar el empleo y las condiciones de trabajo de cada país, pues al responder a una estrategia globalizadora, únicamente han beneficiado al capital trasnacional, propiciando la desvalorización del trabajo, la pérdida de derechos, la precarización del empleo y la restricción de los derechos sindicales, por lo que de aprobarse en México, en el marco del bicentenario de nuestra Independencia y centenario de la Revolución, fundaría una regresión social. Por ello las y los trabajadores no estamos de acuerdo.
5. La propuesta de reforma laboral contenida en la mayoría de las 334 iniciativas presentadas en los últimos 22 años, ha sido con los mismos supuestos, sin considerar que el escenario ha cambiado. Hace tres décadas el neoliberalismo propició una nueva acumulación de capital al abrir los mercados, elevar la productividad y reducir los costos laborales, valiéndose del progreso científico y la caída del campo socialista y del movimiento sindical, permitiendo el crecimiento y enriquecimiento de algunos países y trasnacionales y la contención del desempleo. Treinta años después el modelo se agotó, no hay crecimiento ni empleo. La crisis global tocó fondo. Reformar la LFT en medio de la crisis para quitar “rigideces”, anulando derechos y promover la inversión extranjera, sin protección de nuestras empresas, más que un error sería un crimen de lesa humanidad. Por ello, las y los millones de damnificados del neoliberalismo no estamos de acuerdo.
6. Los trabajadores y sindicatos mexicanos no han pedido ni demandan una reforma laboral, ni mucho menos una que les quite derechos, sin consulta alguna; que pretende facilitar su aprobación dejando de adorno el artículo 123 constitucional, al aprobar cambios contrarios a los derechos laborales adquiridos, y que se basa en argumentos engañosos de que es necesaria para modernizar el país, actualizar el marco legal, generar miles de empleos, mejorar la productividad y la impartición de justicia, cuando es evidente que quienes demandan dicha reforma, son los oligarcas, los grandes capitalistas, banqueros y empresarios, así como los partidos y diputados que han traicionado a su pueblo en razón de sus mezquinos intereses. Por ello, las y los sindicalistas no estamos de acuerdo.
7. La problemática laboral y la experiencia del movimiento obrero muestran que en la coyuntura que vive México no se necesita de ninguna reforma laboral, sino que se cumpla la ley vigente, porque el problema no es la ley sino quienes tienen la obligación de hacerla cumplir. La Constitución, la LFT y la Ley Federal del trabajo burocrático, prevén una serie de derechos que no se cumplen por el gobierno, con la complicidad de las juntas de conciliación, tribunales y ministros del Poder Judicial, de tal forma, que el empleo para todos, salario suficiente, jornada razonable, vivienda digna, salud y seguridad social, libertad sindical y derecho de huelga, así como el derecho de recibir justicia pronta, gratuita e imparcial, sólo constituyen un ejemplo de para qué reformar la ley si lo que hace falta es cumplirla y hacerla cumplir. Por ello, las y los juristas no estamos de acuerdo.
8. El entorno no es nada favorable para las y los trabajadores, estén o no sindicalizados. La recuperación económica es una farsa, porque la realidad y los estándares internacionales indican que ésta tardará cuatro ó cinco años y la de empleo mucho más. La descomposición política y la violencia son una constante creciente y las alianzas electorales de los partidos, acreditan verdaderas componendas que no responden a los supremos intereses de la nación y del pueblo. La ofensiva del régimen en contra de los trabajadores y sindicatos es constante, y al no existir una buena correlación de fuerzas en el Congreso para intentar una reforma laboral democrática, como la que pretenden algunos diputados, sería permitir o abrir un falso debate sobre las bondades de cualquier reforma y su aprobación provocaría el caos social, porque a esta reforma se encadenarían la reforma a ley burocrática y la caída del sistema de pensiones, al precarizar el empleo. Por ello, las y los diputados honrados no estarían de acuerdo con dicha reforma.
9. En síntesis la reforma laboral panista transgrede los fundamentos del derecho mexicano del trabajo plasmados en el original artículo 123 constitucional, al romper con los principios de equidad, igualdad y justicia social que deben prevalecer entre los factores de la producción; transgrede la soberanía nacional, el constitucionalismo social y la supremacía constitucional, anula la estabilidad en el empleo, limita los alcances indemnizatorios que nacen del despido y los derechos colectivos de libertad sindical, huelga y contratación colectiva, proyectando para el caso de su aprobación, la precarización de millones de obreros, jornaleros, empleados, pequeños empresarios y cooperativistas. Por ello, todas y todos no estamos de acuerdo con ninguna reforma laboral.
10. Los juristas llamamos a las y los trabajadores a mantener e intensificar la resistencia, desplegar todas las formas de lucha para defender nuestros derechos, propiciar la organización y la unidad de clase y de todo el pueblo, así como, exhortamos a los legisladores consecuentes a establecer leyes y puntos de acuerdo, que sin tocar la LFT, hagan efectivos los derechos laborales, para que haya empleos dignos, un seguro de desempleo a nivel nacional, salarios suficientes, control de precios de la canasta básica y el respeto al libre ejercicio de los derechos colectivos y sindicales, al igual que, la restitución inmediata de los derechos de seguridad social de carácter universal y solidario y la protección y estatización de los fondos de pensiones y ahorros laborales.
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jueves, 15 de abril de 2010
PROMUEVE DIP. QUINTANA LEY PARA FOMENTAR LA LECTURA
La diputada Esther Quintana Salinas en conjunto con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa” del Partido Acción Nacional, que al calce firman, integrantes de la LVIII Legislatura acudimos con fundamento en los artículos 59, fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 48 fracción V, 181 fracción I, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a presentar ante esta Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA “LEY DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA”.
Y así quedaría de ser aprobada:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto el fomento a la lectura y el libro a través de las siguientes acciones:
I. Promover en el Estado de Coahuila de Zaragoza, políticas, programas y acciones relacionadas con el fomento a la lectura y el libro;
II. Impulsar la producción, edición, publicación y difusión de libros y facilitar su acceso a la población;
III. Promover la participación social y de los sectores público y privado en las actividades de fomento a la lectura y el libro;
IV. Determinar la integración, facultades y ámbito de competencia del Consejo Estatal y los Consejos Regionales;
V. Registrar, enriquecer y preservar el acervo bibliográfico, hemerográfico y documental del Estado mediante el depósito legal así como promover su difusión.
Artículo 2.- El fomento a la lectura y el libro se establece en el marco de las garantías constitucionales de educación, libre manifestación de ideas, la inviolable libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y al libro a toda la población.
Ninguna autoridad en el Estado podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la creación, edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y de las publicaciones periódicas.
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley se entenderá como:
I. Bibliotecas Públicas: Los lugares públicos, de acceso gratuito, donde se conserva y administra el acervo bibliográfico de un lugar determinado, propiedad del Estado o del Municipio;
II. Consejo Estatal: El Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense.
III. Consejos Regionales: Los Consejos Regionales para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense;
IV. Depósito legal: Entrega al Estado, en las instituciones depositarias, de los ejemplares que se señalen en esta Ley sobre toda nueva publicación o aquellas que hayan sido actualizadas por su autor;
V. Estado: El Estado de Coahuila de Zaragoza;
VI. ICOCULT. Al Instituto Coahuilense de Cultura;
VII. Ley: La Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Coahuila de Zaragoza;
VIII. Programa Estatal: Programa Estatal para el Fomento de la Lectura y el Libro;
IX. Secretaría de Educación y Cultura.- Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Coahuila
Capitulo II
DE LA COORDINACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL LIBRO COAHUILENSE
Artículo 4.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado, a través de la unidad administrativa correspondiente, llevará a cabo acciones de coordinación con las organizaciones de padres de familia, las instituciones públicas, privadas y sociales, los organismos culturales, los clubes de lectura privados, los círculos literarios, los gremios de intelectuales y con cualquier otra organización de la sociedad civil que contribuya a elevar el nivel cultural de los coahuilenses, oyendo las recomendaciones que al efecto emita al Consejo Estatal.
Artículo 5.- En el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, la Secretaría de Educación y Cultura deberá coordinar sus acciones con las instituciones del Gobierno Federal y gobiernos municipales responsables de la aplicación de las políticas, programas y acciones de fomento a la lectura y el libro en el Estado.
Artículo 6.- Será responsabilidad de la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la unidad administrativa correspondiente, oyendo al Consejo Estatal y de los Consejos Regionales, garantizar a la población el ejercicio real del derecho de acceso al libro y la lectura, así como el fomento de la producción, edición, distribución y difusión de cualquier obra literaria.
CAPITULO III
DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 7.- Son autoridades encargadas del fomento a la Lectura y al Libro en el ámbito de sus respectivas competencias:
a) El Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.
b) La Secretaría de Educación y Cultura.
c) ICOCULT
d) Las administraciones municipales.
CAPITULO IV
DEL CONSEJO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Artículo 8.- Se crea el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y el Libro como órgano de carácter consultivo de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Coahuila, con el objeto de opinar respecto de las políticas, programas y acciones realizadas en el Estado, dirigidas a lograr una cultura de fomento a la lectura y al libro, así como facilitar el acceso al libro para todos los lectores.
Artículo 9.- El Consejo Estatal se integrará por:
I. El Gobernador del Estado, por sí o a través del Secretario de Educación y Cultura en el Estado quien fungirá como su Presidente;
II. Los Coordinadores de las Comisiones de Educación y de Cultura y Actividades Cívicas del Congreso del Estado;
III. El Director General del ICOCULT;
IV. El Presidente y un vocal de cada uno de los Consejos Regionales de Fomento a la Lectura y el Libro.
A las reuniones del Consejo Estatal podrán asistir con voz pero sin voto, dos representantes de escritores, editores, productores e impresores por cada región del Estado para que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos. Éstos serán designados por el Secretario de Educación y Cultura en términos del Reglamento que al efecto se emita.
Por cada titular se nombrará un suplente.
Los cargos de Consejero Estatal serán honoríficos.
Artículo 10.- El Consejo contará con un Secretario Técnico que será nombrado por el Secretario de Educación y Cultura y asistirá con voz pero sin voto a las sesiones.
Artículo 11.- El Consejo Estatal sesionará ordinariamente en forma trimestral y cuantas veces se requiera en sesiones de carácter extraordinario a convocatoria del Presidente.
Artículo 12.- En las sesiones ordinarias se incluirá una para programar las actividades del año y otra para informar y analizar las actividades realizadas relacionadas con el fomento a la lectura y las relativas a la producción, distribución y circulación de libros en el Estado.
Artículo 13.- El Secretario Técnico, por instrucciones del Presidente del Consejo Estatal emitirá la convocatoria de la sesión con quince días de anticipación.
La convocatoria se acompañará del orden del día de la sesión correspondiente y la información documental necesaria respecto de los asuntos a tratar.
Artículo 14.- Las propuestas del Consejo Estatal se harán al tomarse el acuerdo de la mayoría de los asistentes a la sesión, y en caso de empate, su Presidente contará con voto de calidad.
Artículo 15.- Las sesiones serán válidas con la presencia de la mitad más uno de los integrantes con derecho a voto del Consejo Estatal y en caso de no cumplirse, se emitirá nueva convocatoria.
Artículo 16.- La Secretaría de Educación y Cultura facilitará las instalaciones y material necesario para la realización de las sesiones del Consejo Estatal.
Las sesiones del Consejo Estatal serán públicas.
Artículo 17.- El Consejo Estatal propondrá estrategias y contribuirá a la definición de objetivos, y sus integrantes podrán participar en actividades cuando así lo requieran autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura.
Artículo 18.- Son facultades del Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense:
I. Opinar sobre el proyecto de Programa Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro;
II. Proponer la celebración de festivales de lectura y del libro en los Municipios del Estado;
III. Proponer al Gobierno Estatal un listado de publicaciones deseables de libros inéditos o agotados, en especial, los escritos por autores coahuilenses o dedicados a temas relacionados con la entidad;
IV. Asesorar en el diseño de colecciones de libros editados por el Gobierno Estado;
V. Conocer los programas y fondos establecidos en la materia por las autoridades federales a fin de proponer acciones derivadas de ellos.
VI. Sugerir estrategias que motiven la atención de la población hacia la lectura, apoyando las actividades y eventos que las promuevan;
VII. Promover la participación del sector privado en los esfuerzos de fomento al libro y la lectura;
VIII. Recomendar la creación de nuevas bibliotecas y promover las gestiones necesarias para ello en coordinación con las autoridades competentes;
IX. Opinar sobre si es adecuado el funcionamiento de las bibliotecas existentes en el Estado y hacer propuestas de mejoras; así como proponer la instalación de salas de lectura en reclusorios, albergues para personas con capacidades diferentes, orfanatos y hospitales o centros de salud en general;
X. Crear una base pública de datos de los libros publicados en el Estado, los escritos por coahuilenses o que traten de historia, geografía, biografías, biodiversidad y otros aspectos relevantes en el Estado;
XI. Recomendar estímulos a los creadores literarios locales y regionales;
XII. Proponer acciones para estimular la existencia de promotores de lectura y coordinadores de salas de lectura;
XIII. Promover la participación del Estado en ferias o festivales nacionales e internacionales del libro;
XIV. Opinar sobre el diseño de paquetes de apoyo, por parte de la Secretaria de Educación y Cultura para estimular a las librerías establecidas o por establecerse en la entidad; y
XV. Las demás que determine el Reglamento respectivo.
Artículo 20.- El Gobierno Estatal, de acuerdo a la normatividad aplicable y, en su caso, a la disponibilidad presupuestaria, difundirá en los medios masivos de comunicación, las acciones encaminadas al fomento a la lectura y a la difusión de libros en el Estado.
CAPÍTULO V
DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Articulo 21.- Los Consejos Regionales de Fomento a la Lectura y el Libro, son los foros de concertación de propuestas dirigidas a lograr una cultura de fomento a la lectura y el libro, así como facilitar el acceso al libro para los coahuilenses, en relación a la competencia del Consejo Estatal.
Artículo 22.- Se crean cinco Consejos Regionales integrados por los siguientes municipios:
a) Consejo Regional Sureste: Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente.
b) Consejo Regional Laguna: Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro de las Colonias y Viesca.
c) Consejo Regional Centro-Desierto: Monclova, San Buenaventura, Castaños, Frontera, Candela, Sacramento, Nadadores, , Lamadrid, Escobedo, Abasolo, Cuatro Ciénagas, Ocampo y Sierra Mojada.
d) Consejo Regional Carbonífera: Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas.
e) Consejo Regional Norte: Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión, y Zaragoza.
Artículo 23.- Los consejos regionales estarán conformados por un representante de cada Municipio de la Región respectiva, nombrado por el Presidente Municipal y 4 integrantes, que serán designados por el Secretario de Educación y Cultura de entre los escritores, editores, productores e impresores de la región, en términos del Reglamento. Por cada titular se designará un suplente.
Tendrán un Presidente y el resto tendrán el carácter de consejeros vocales. La designación del Presidente se hará por los integrantes en votación secreta. Los nombramientos de consejero regional se renovarán cada tres años pudiendo recaer en la misma persona por una sola vez, y serán honoríficos.
Artículo 24.- Los Consejos Regionales sesionarán cada tres meses, al menos una semana antes de la sesión ordinaria del Consejo Estatal y en forma extraordinaria cuantas veces se requiera.
Para el desarrollo de las sesiones de los Consejos Regionales serán aplicables las disposiciones del Consejo Estatal.
La Secretaría de Educación y Cultura facilitará las instalaciones y material necesario para la realización de las sesiones de los Consejos Regionales.
CAPITULO VI
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA EL
FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Artículo 25.- Existirá un Programa Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro, que se emitirá en términos de la Ley de Planeación del Estado y en su elaboración se escucharán las propuestas del Consejo Estatal.
Artículo 26.- El programa contendrá, al menos, un diagnóstico estatal y regional de la lectura y Promoción de Libros en el Estado; la definición de objetivos del fomento a la lectura y el libro; estrategias para el desarrollo de la lectura y producción literaria; y Metas y Acciones para el fomento a la Lectura y el Libro.
CAPITULO VII
EL DEPÓSITO LEGAL
Artículo 27.- Bajo la figura del Depósito Legal, los autores, editores, impresores y productores de obras de carácter literario, histórico, artísticas, científicas, técnicas, informáticas, y sociológicas editadas y producidas en el Estado, en materiales bibliográficos, periodísticos, documentales, sean estos impresos, fílmicos, magnéticos, digitales o de cualquier otra forma que hubiere para difusión pública, integrarán el patrimonio bibliográfico y documental estatal, mediante la entrega de un ejemplar físico o digital de sus obras.
Artículo 28.-Los materiales objeto del depósito legal serán los siguientes:
I. Bibliográficos, periodísticos y documentales impresos, consistentes en libros, revistas, periódicos, mapas, planos, partituras, obras de representación escénica, información turística e histórica, litografías, fotografías, grabados, siempre que, a criterio del director de la institución depositaria, signifique de interés para uso cultural, académico, técnico, legislativo, jurídico, o de investigación.
II. Fílmicos, magnéticos y digitales, referentes a películas, videocasetes, micropelículas, diapositivas; audiocasetes, disquetes, discos compactos, discos ópticos, cintas magnetofónicas, acetatos fonográficos y demás materiales aplicables producidos por el avance tecnológico.
Artículo 29.- Los materiales referidos en el artículo anterior, serán entregados a la institución depositaria dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su edición o producción, a excepción de las publicaciones periodísticas de cualquier tipo, que deberán entregarse a más tardar a los dos días de su puesta en circulación.
Artículo 30.- La Biblioteca Pública Central Estatal Prof. Ildefonso Villarello Vélez, será considerada Biblioteca Depositaria tendrán bajo su guarda, custodia y preservación el material que reciban en Depósito Legal, poniéndolo a disposición de la ciudadanía en general para su consulta.
La entrega de material en depósito legal podrá hacerse físicamente o por medios electrónicos, y para quienes radiquen fuera de la Región Sureste, pueden hacerlo llegar mediante correo certificado.
Artículo 31.- En la recepción de los materiales objeto del depósito legal, el Director de la Biblioteca Central Estatal o la persona que para esos efectos designe el Secretario de Educación y Cultura deberá:
I.- Expedir constancia que acredite la entrega y conservar asiento del depósito.
II.- Compilar, custodiar, preservar y mantener en buen estado los materiales constituyentes del acervo depositado.
III.- Enviar una relación mensual de lo depositado a Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado y al Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Coahuila.
IV.- Establecer los procedimientos adecuados para el debido acopio de los materiales depositados y para la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública.
V.- Actualizar mensualmente la lista de los materiales recibidos en depósito legal y tenerlos para consulta del público en la Biblioteca Central.
Artículo 32.- Respecto de libros entregados en depósito legal, quienes cumplan con la obligación consignada en el articulo 27 de la presente ley, tendrán derecho a que su obra sea promovida y difundida en forma gratuita en las Ferias y Festivales del Libro organizados en el Estado en términos del Reglamento respectivo.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA “LEY DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA”.
Y así quedaría de ser aprobada:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto el fomento a la lectura y el libro a través de las siguientes acciones:
I. Promover en el Estado de Coahuila de Zaragoza, políticas, programas y acciones relacionadas con el fomento a la lectura y el libro;
II. Impulsar la producción, edición, publicación y difusión de libros y facilitar su acceso a la población;
III. Promover la participación social y de los sectores público y privado en las actividades de fomento a la lectura y el libro;
IV. Determinar la integración, facultades y ámbito de competencia del Consejo Estatal y los Consejos Regionales;
V. Registrar, enriquecer y preservar el acervo bibliográfico, hemerográfico y documental del Estado mediante el depósito legal así como promover su difusión.
Artículo 2.- El fomento a la lectura y el libro se establece en el marco de las garantías constitucionales de educación, libre manifestación de ideas, la inviolable libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y al libro a toda la población.
Ninguna autoridad en el Estado podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la creación, edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y de las publicaciones periódicas.
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley se entenderá como:
I. Bibliotecas Públicas: Los lugares públicos, de acceso gratuito, donde se conserva y administra el acervo bibliográfico de un lugar determinado, propiedad del Estado o del Municipio;
II. Consejo Estatal: El Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense.
III. Consejos Regionales: Los Consejos Regionales para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense;
IV. Depósito legal: Entrega al Estado, en las instituciones depositarias, de los ejemplares que se señalen en esta Ley sobre toda nueva publicación o aquellas que hayan sido actualizadas por su autor;
V. Estado: El Estado de Coahuila de Zaragoza;
VI. ICOCULT. Al Instituto Coahuilense de Cultura;
VII. Ley: La Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Coahuila de Zaragoza;
VIII. Programa Estatal: Programa Estatal para el Fomento de la Lectura y el Libro;
IX. Secretaría de Educación y Cultura.- Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Coahuila
Capitulo II
DE LA COORDINACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL LIBRO COAHUILENSE
Artículo 4.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado, a través de la unidad administrativa correspondiente, llevará a cabo acciones de coordinación con las organizaciones de padres de familia, las instituciones públicas, privadas y sociales, los organismos culturales, los clubes de lectura privados, los círculos literarios, los gremios de intelectuales y con cualquier otra organización de la sociedad civil que contribuya a elevar el nivel cultural de los coahuilenses, oyendo las recomendaciones que al efecto emita al Consejo Estatal.
Artículo 5.- En el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, la Secretaría de Educación y Cultura deberá coordinar sus acciones con las instituciones del Gobierno Federal y gobiernos municipales responsables de la aplicación de las políticas, programas y acciones de fomento a la lectura y el libro en el Estado.
Artículo 6.- Será responsabilidad de la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la unidad administrativa correspondiente, oyendo al Consejo Estatal y de los Consejos Regionales, garantizar a la población el ejercicio real del derecho de acceso al libro y la lectura, así como el fomento de la producción, edición, distribución y difusión de cualquier obra literaria.
CAPITULO III
DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 7.- Son autoridades encargadas del fomento a la Lectura y al Libro en el ámbito de sus respectivas competencias:
a) El Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.
b) La Secretaría de Educación y Cultura.
c) ICOCULT
d) Las administraciones municipales.
CAPITULO IV
DEL CONSEJO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Artículo 8.- Se crea el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y el Libro como órgano de carácter consultivo de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Coahuila, con el objeto de opinar respecto de las políticas, programas y acciones realizadas en el Estado, dirigidas a lograr una cultura de fomento a la lectura y al libro, así como facilitar el acceso al libro para todos los lectores.
Artículo 9.- El Consejo Estatal se integrará por:
I. El Gobernador del Estado, por sí o a través del Secretario de Educación y Cultura en el Estado quien fungirá como su Presidente;
II. Los Coordinadores de las Comisiones de Educación y de Cultura y Actividades Cívicas del Congreso del Estado;
III. El Director General del ICOCULT;
IV. El Presidente y un vocal de cada uno de los Consejos Regionales de Fomento a la Lectura y el Libro.
A las reuniones del Consejo Estatal podrán asistir con voz pero sin voto, dos representantes de escritores, editores, productores e impresores por cada región del Estado para que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos. Éstos serán designados por el Secretario de Educación y Cultura en términos del Reglamento que al efecto se emita.
Por cada titular se nombrará un suplente.
Los cargos de Consejero Estatal serán honoríficos.
Artículo 10.- El Consejo contará con un Secretario Técnico que será nombrado por el Secretario de Educación y Cultura y asistirá con voz pero sin voto a las sesiones.
Artículo 11.- El Consejo Estatal sesionará ordinariamente en forma trimestral y cuantas veces se requiera en sesiones de carácter extraordinario a convocatoria del Presidente.
Artículo 12.- En las sesiones ordinarias se incluirá una para programar las actividades del año y otra para informar y analizar las actividades realizadas relacionadas con el fomento a la lectura y las relativas a la producción, distribución y circulación de libros en el Estado.
Artículo 13.- El Secretario Técnico, por instrucciones del Presidente del Consejo Estatal emitirá la convocatoria de la sesión con quince días de anticipación.
La convocatoria se acompañará del orden del día de la sesión correspondiente y la información documental necesaria respecto de los asuntos a tratar.
Artículo 14.- Las propuestas del Consejo Estatal se harán al tomarse el acuerdo de la mayoría de los asistentes a la sesión, y en caso de empate, su Presidente contará con voto de calidad.
Artículo 15.- Las sesiones serán válidas con la presencia de la mitad más uno de los integrantes con derecho a voto del Consejo Estatal y en caso de no cumplirse, se emitirá nueva convocatoria.
Artículo 16.- La Secretaría de Educación y Cultura facilitará las instalaciones y material necesario para la realización de las sesiones del Consejo Estatal.
Las sesiones del Consejo Estatal serán públicas.
Artículo 17.- El Consejo Estatal propondrá estrategias y contribuirá a la definición de objetivos, y sus integrantes podrán participar en actividades cuando así lo requieran autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura.
Artículo 18.- Son facultades del Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense:
I. Opinar sobre el proyecto de Programa Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro;
II. Proponer la celebración de festivales de lectura y del libro en los Municipios del Estado;
III. Proponer al Gobierno Estatal un listado de publicaciones deseables de libros inéditos o agotados, en especial, los escritos por autores coahuilenses o dedicados a temas relacionados con la entidad;
IV. Asesorar en el diseño de colecciones de libros editados por el Gobierno Estado;
V. Conocer los programas y fondos establecidos en la materia por las autoridades federales a fin de proponer acciones derivadas de ellos.
VI. Sugerir estrategias que motiven la atención de la población hacia la lectura, apoyando las actividades y eventos que las promuevan;
VII. Promover la participación del sector privado en los esfuerzos de fomento al libro y la lectura;
VIII. Recomendar la creación de nuevas bibliotecas y promover las gestiones necesarias para ello en coordinación con las autoridades competentes;
IX. Opinar sobre si es adecuado el funcionamiento de las bibliotecas existentes en el Estado y hacer propuestas de mejoras; así como proponer la instalación de salas de lectura en reclusorios, albergues para personas con capacidades diferentes, orfanatos y hospitales o centros de salud en general;
X. Crear una base pública de datos de los libros publicados en el Estado, los escritos por coahuilenses o que traten de historia, geografía, biografías, biodiversidad y otros aspectos relevantes en el Estado;
XI. Recomendar estímulos a los creadores literarios locales y regionales;
XII. Proponer acciones para estimular la existencia de promotores de lectura y coordinadores de salas de lectura;
XIII. Promover la participación del Estado en ferias o festivales nacionales e internacionales del libro;
XIV. Opinar sobre el diseño de paquetes de apoyo, por parte de la Secretaria de Educación y Cultura para estimular a las librerías establecidas o por establecerse en la entidad; y
XV. Las demás que determine el Reglamento respectivo.
Artículo 20.- El Gobierno Estatal, de acuerdo a la normatividad aplicable y, en su caso, a la disponibilidad presupuestaria, difundirá en los medios masivos de comunicación, las acciones encaminadas al fomento a la lectura y a la difusión de libros en el Estado.
CAPÍTULO V
DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Articulo 21.- Los Consejos Regionales de Fomento a la Lectura y el Libro, son los foros de concertación de propuestas dirigidas a lograr una cultura de fomento a la lectura y el libro, así como facilitar el acceso al libro para los coahuilenses, en relación a la competencia del Consejo Estatal.
Artículo 22.- Se crean cinco Consejos Regionales integrados por los siguientes municipios:
a) Consejo Regional Sureste: Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente.
b) Consejo Regional Laguna: Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro de las Colonias y Viesca.
c) Consejo Regional Centro-Desierto: Monclova, San Buenaventura, Castaños, Frontera, Candela, Sacramento, Nadadores, , Lamadrid, Escobedo, Abasolo, Cuatro Ciénagas, Ocampo y Sierra Mojada.
d) Consejo Regional Carbonífera: Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas.
e) Consejo Regional Norte: Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión, y Zaragoza.
Artículo 23.- Los consejos regionales estarán conformados por un representante de cada Municipio de la Región respectiva, nombrado por el Presidente Municipal y 4 integrantes, que serán designados por el Secretario de Educación y Cultura de entre los escritores, editores, productores e impresores de la región, en términos del Reglamento. Por cada titular se designará un suplente.
Tendrán un Presidente y el resto tendrán el carácter de consejeros vocales. La designación del Presidente se hará por los integrantes en votación secreta. Los nombramientos de consejero regional se renovarán cada tres años pudiendo recaer en la misma persona por una sola vez, y serán honoríficos.
Artículo 24.- Los Consejos Regionales sesionarán cada tres meses, al menos una semana antes de la sesión ordinaria del Consejo Estatal y en forma extraordinaria cuantas veces se requiera.
Para el desarrollo de las sesiones de los Consejos Regionales serán aplicables las disposiciones del Consejo Estatal.
La Secretaría de Educación y Cultura facilitará las instalaciones y material necesario para la realización de las sesiones de los Consejos Regionales.
CAPITULO VI
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA EL
FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Artículo 25.- Existirá un Programa Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro, que se emitirá en términos de la Ley de Planeación del Estado y en su elaboración se escucharán las propuestas del Consejo Estatal.
Artículo 26.- El programa contendrá, al menos, un diagnóstico estatal y regional de la lectura y Promoción de Libros en el Estado; la definición de objetivos del fomento a la lectura y el libro; estrategias para el desarrollo de la lectura y producción literaria; y Metas y Acciones para el fomento a la Lectura y el Libro.
CAPITULO VII
EL DEPÓSITO LEGAL
Artículo 27.- Bajo la figura del Depósito Legal, los autores, editores, impresores y productores de obras de carácter literario, histórico, artísticas, científicas, técnicas, informáticas, y sociológicas editadas y producidas en el Estado, en materiales bibliográficos, periodísticos, documentales, sean estos impresos, fílmicos, magnéticos, digitales o de cualquier otra forma que hubiere para difusión pública, integrarán el patrimonio bibliográfico y documental estatal, mediante la entrega de un ejemplar físico o digital de sus obras.
Artículo 28.-Los materiales objeto del depósito legal serán los siguientes:
I. Bibliográficos, periodísticos y documentales impresos, consistentes en libros, revistas, periódicos, mapas, planos, partituras, obras de representación escénica, información turística e histórica, litografías, fotografías, grabados, siempre que, a criterio del director de la institución depositaria, signifique de interés para uso cultural, académico, técnico, legislativo, jurídico, o de investigación.
II. Fílmicos, magnéticos y digitales, referentes a películas, videocasetes, micropelículas, diapositivas; audiocasetes, disquetes, discos compactos, discos ópticos, cintas magnetofónicas, acetatos fonográficos y demás materiales aplicables producidos por el avance tecnológico.
Artículo 29.- Los materiales referidos en el artículo anterior, serán entregados a la institución depositaria dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su edición o producción, a excepción de las publicaciones periodísticas de cualquier tipo, que deberán entregarse a más tardar a los dos días de su puesta en circulación.
Artículo 30.- La Biblioteca Pública Central Estatal Prof. Ildefonso Villarello Vélez, será considerada Biblioteca Depositaria tendrán bajo su guarda, custodia y preservación el material que reciban en Depósito Legal, poniéndolo a disposición de la ciudadanía en general para su consulta.
La entrega de material en depósito legal podrá hacerse físicamente o por medios electrónicos, y para quienes radiquen fuera de la Región Sureste, pueden hacerlo llegar mediante correo certificado.
Artículo 31.- En la recepción de los materiales objeto del depósito legal, el Director de la Biblioteca Central Estatal o la persona que para esos efectos designe el Secretario de Educación y Cultura deberá:
I.- Expedir constancia que acredite la entrega y conservar asiento del depósito.
II.- Compilar, custodiar, preservar y mantener en buen estado los materiales constituyentes del acervo depositado.
III.- Enviar una relación mensual de lo depositado a Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado y al Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Coahuila.
IV.- Establecer los procedimientos adecuados para el debido acopio de los materiales depositados y para la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública.
V.- Actualizar mensualmente la lista de los materiales recibidos en depósito legal y tenerlos para consulta del público en la Biblioteca Central.
Artículo 32.- Respecto de libros entregados en depósito legal, quienes cumplan con la obligación consignada en el articulo 27 de la presente ley, tendrán derecho a que su obra sea promovida y difundida en forma gratuita en las Ferias y Festivales del Libro organizados en el Estado en términos del Reglamento respectivo.
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