PGR OFRECE RECOMPENSA POR TORRES CHARLES

COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA DIÓCESIS DE SALTILLO

La Diócesis de Saltillo fue notificada por internos del CERESO varonil de la ciudad de Saltillo, que en el marco de un operativo conjunto de Policías Federales (254), Policías Estatales y Ministeriales (80), Elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (50) y soldados el Ejército Mexicano (51) realizado en la madrugada del 23 de enero pasado en ese Centro, la capilla católica fue profanada; abrieron el Sagrario, sacaron el Copón con las Hostias Consagradas, las tiraron y quedaron esparcidas y despedazadas. Esta información fue verificada por el capellán responsable de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis.

Sabemos que en todos los penales de la República hay problemas serios que atender, y por supuesto entendemos que es necesaria la intervención de las autoridades para que estos espacios cumplan que su objetivo. Sin embargo, el uso desproporcionado de la fuerza pública y en este caso, la profanación de una ermita, que pudiera haber sido de hermanos evangélicos o de otras confesiones, nos obliga en conciencia a manifestarnos en contra.

Con un Boletín de Prensa la Fiscalía General del Estado explicó “que por iniciativa del gobernador del estado Rubén Moreira Valdez se solicitó al Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la colaboración entre federación y estado para llevar a cabo” este operativo, lo que coloca al Gobernador y al Secretario de Seguridad pública como principales responsables de esta agresión a la comunidad católica. Ellos, como funcionarios del Estado, se encuentran en una posición especial de garantes con respecto a las personas privadas de libertad, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas, y es su obligación proteger y garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal.

Nos llama la atención e indigna que se movilice a cerca de 450 efectivos militares y policiacos federales para decomisar refrigeradores, microondas, modulares, 150 gramos de droga, latas de cervezas y botellas de tequila semivacías, entre otros productos y enseres, mientras cientos de personas están desparecidas o secuestradas en nuestro estado y nadie les está buscando.

Estos hechos nos indignan profundamente, pues además de atentar contra la fe de la mayoría del pueblo de México, violan los derechos a la libertad religiosa, así como los derechos que gozan las personas privadas de su libertad, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 1, 18, 19, 24, 29), asimismo Ley Federal que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (Arts. 1, 3, 13), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 1, 5, 11), los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (Ppios. 1, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 21, 23, 25), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Arts. 1, 2, 3, 5, 7), así como Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto al uso de la fuerza/violencia, amenazas y otras agresiones de tipo psicológico, y el especial deber de protección a las personas en prisión, etc.

No existe explicación posible que justifique lo sucedido; estos hechos agreden profundamente, no solo a la comunidad católica del CERESO de Saltillo, sino a la Diócesis entera, a la Iglesia Universal y a la sociedad que se indigna ante hechos violentos y contrarios a la dignidad, cometidos en un centro de detención. Como tampoco entendemos ni aceptamos que nuestro territorio sea ocupado por medio de una guerra irracional e ilegal, que está convirtiendo en una gran fosa clandestina a nuestro estado, en donde las desapariciones y secuestros de personas continúan y los desplazamientos forzados se incrementan. Es inadmisible que los enfrentamientos armados en las calles, que suceden a todas horas del día, sean lo que determine el ritmo de nuestro andar y que la muerte y la violencia, estén asolando de esta manera a la comunidad coahuilense.

El día de ayer, la ciudad de Saltillo se convirtió por largas horas en un campo de batalla, donde las medidas de protección a la sociedad civil es lo que menos consideran las fuerzas militares y de seguridad publica que se enfrentan a las bandas delincuenciales; lo anterior ya es sabido y asumido por los ciudadanos, que por su propia iniciativa deben tomar medidas de protección. Además de la muerte de 4 presuntos delincuentes y un policía herido, el gobierno del estado reconoce la muerte de una mujer de 67 años de edad y las lesiones a un varón de 34 años que viaja junto con su familia en un transporte público. Trasmitimos por este medio a las familias afectadas nuestra solidaridad, a la vez que nuestro corazón sufre y se indigna aún más por estos deplorables hechos que atentan contra la vida.

Nuestra Iglesia diocesana está ofendida por la profanación, y por ello realizaremos un acto de desagravio público el próximo viernes 27, a las 11.00 hs., en el lugar de los hechos. Asimismo exigimos a las autoridades federales y estatales que cese esta masacre contra nuestros pueblos. Reiteramos nuestra solidaridad con los migrantes que sufren continuos secuestros y desapariciones y abogamos por el derecho que tienen a una migración sin violencia; damos nuestro apoyo concreto a la demanda de justicia de las familias de personas desaparecidas, y a las familias cuyos hijas e hijos han sido injustamente asesinados y masacrados. Nos solidarizamos también con la Familia Pasta de Conchos y su exigencia de justicia, al cumplirse seis años de impunidad el próximo 19 de febrero. Nos unimos a sus demandas para que se ponga un alto a las condiciones inhumanas en las que siguen trabajando los mineros del carbón, quienes siguen muriendo dentro de las minas 

Saltillo, Coahuila, 24 de enero del 2012

Fr. Raúl Vera López, O.P.

Obispo de Saltillo

Pbro. Gerardo Escareño Arciniega

Vicario General

Pbro. Fernando Liñán Treviño 

Coordinador de Pastoral Social

 Pbro. Antonio Sosa Ramos

Vicaría “Patricio Quinn” 

Pbro. Fernando Javier Aguirre Fernández

Vicaría “Carlos Dávila”

Pbro. Roberto Cumberland

Vicaría “Juan Pablo II”

Pbro. Sotero Silva Gallegos

Vicaría “Santo Cristo”

 Pbro. Plácido Castro Zamora

Rector del Seminario

  

Pbro. Robert Coogan

Coordinador de Pastoral Penitenciaria

  

Blanca Isabel Martínez Bustos

Centro Diocesano para los Derechos Humanos

“Fray Juan de Larios”

Alberto Xicoténcatl

Belén, Posada del Migrante

FUUNDEC Y SU LUCHA INCANSABLE

Al conmemorarse el Día Internacional del Desaparecido, FUUNDEC denuncia el sufrimiento que cientos de familias viven en Coahuila como consecuencia de la desaparición forzada perpetrada en estos últimos años. Asimismo, señalan la nulidad del trabajo de la Fiscalía General de Coahuila, por lo que piden la atracción del caso desde instancias federales.

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Desaparecido, motivo por el cual Fuerzas Unidas por Nuestras Desaparecidas y Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) emitió un boletín de prensa, en el que dio a conocer su postura sobre los hechos que han obligado a cientos de familias a separarse de sus seres queridos y a vivir la zozobra y la angustia de no saber nada de ellos. Por este motivo, señalan: “Hoy seguimos y seguiremos exigiendo la presentación con vida de nuestros desaparecidos y desaparecidas, exigiendo acceso a la justicia y medidas de no repetición. Seguiremos nombrándolos, arreglando sus cuartos, poniendo su plato en la mesa donde quiera que estén; queremos reiterarles que los estamos buscando y que no descansaremos hasta encontrarlos”.

Ante la escalada de violencia que vive el norte del país, FUUNDEC se lamentó por la situación, afirmando que ésta es producto de la negligencia, incompetencia e incapacidad de un gobierno que está lejano a los problemas de fondo y que, además, en este momento, se encuentra siendo cuestionado por los malos manejos financieros. Señalaron que en Coahuila se han documentado 194 casos de personas desparecidas de man5.1442/en (GGLL)" formsignature="3764098888295731941" autofillused="false" datapresent="">;el Fiscal General, no se han tenido resultados favorables, lo cual muestra la falta de capacidad de las autoridades de Coahuila para brindar justicia a las víctimas. Por lo tanto, decidieron buscar, en mayo de 2010, una audiencia con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, que pudo concretarse hasta el pasado 29 de julio de este año; sin embargo, la respuesta fue evasión, simulación y promesas que no han sido cumplidas.

Considerando que la desaparición forzada es un problema de relevancia social que en estos momentos de la historia de México cobra mayores dimensiones, FUUNDEC solicitó a la PGR que, en el ejercicio de sus facultades, atraiga sus casos, pues el gobierno local no aporta ningún elemento a la investigación. Por su parte, al Congreso de Coahuila le pidieron pronunciarse por el alarmante número de personas desaparecidas en el estado y por la deficiencia de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, al gobierno federal le requirieron atención integral de los casos y de las víctimas mediante la creación de una subprocuraduría especial para personas desaparecidas, protocolos de investigación homologados para todo el país, aceptar las propuestas del grupo de trabajo de Naciones Unidas para desapariciones forzadas. Por último, a la sociedad civil nacional e internacional le pidieron atender este llamado urgente a sumarse a su lucha y a continuar sin descanso buscando a sus seres queridos.