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sábado, 2 de junio de 2012

Presentación del Cuaderno sobre Secuestro de Migrantes


El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Casa del Migrante de Saltillo, presentan el Cuaderno sobre Secuestro de Migrantes, que rescata datos y testimonios de esta problemática en México
El Cuaderno Sobre Secuestro de Migrantes, coeditado con el Centro Prodh, forma parte de una colección de Informes Anuales elaborados y presentados por la Casa del Migrante de Saltillo, en los que se señalan diversas situaciones sobre los Derechos Humanos de las personas migrantes sin documentos en tránsito por México. Dicho cuaderno constituye para la Casa del Migrante el VIII Informe, mismo que rescata los datos obtenidos mediante los testimonios compartidos por personas migrantes que se hospedaron en el albergue y recibieron una asistencia integral respecto de las violaciones a derechos humanos que hayan sufrido en estos eventos.
La importancia de este Cuaderno sobre secuestro de migrantes radica en la oportunidad y  posibilidad de hacer  aún más visible la situación y condiciones de viaje a las que miles de migrantes centroamericanos se enfrentan en su recorrido hasta la frontera norte. Al mismo tiempo, nos permite poner de manifiesto la denegación de justicia del Estado mexicano al alegar la ausencia de denuncias penales y la falta de metodologías en la recuperación de la información.
El contexto de violencia permea todos los estratos de la vida en México. De manera particularmente trágica, se ha insertado en la ruta de las personas migrantes que de manera irregular transitan el país con la intención de cruzar a Estados Unidos. La máxima expresión de esta situación quedó manifestada en lo expresado por Rodrigo Escobar, Relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien denunció la problemática como “una verdadera tragedia humanitaria”.
Con el delito de secuestro ha aumentado el número de migrantes desaparecidos, que engrosan las cifras de víctimas de desaparición forzada en México, que ha llevado a la sociedad civil organizada, a asumir acciones de búsqueda de familiares y de justicia, como lo hacen ahora las madres de desaparecidos en México, Honduras, El Salvador, Estado Unidos y Canadá.
Ante esta situación, desde la Casa del Migrante de Saltillo y el Centro Prodh exigimos al Estado Mexicano:
§  Tomar en cuenta los datos y las cifras que instituciones de Derechos Humanos y Organizaciones de Sociedad Civil defensoras de Derechos Humanos han podido documentar desde el 2008, no limitándose a la existencia de una denuncia penal para acreditar el delito de secuestro a migrantes.
§  Seguir las investigaciones de las denuncias por secuestro que se han interpuesto en Ministerios Públicos  y Procuradurías de Justicia estatales y locales, así como detener y sancionar a quienes se involucren en estos delitos.
§  Contemplar al secuestro no como un delito aislado, sino como la consecución de una serie de delitos y violaciones a derechos humanos  cometidos en contra de las personas migrantes.
§  Establecer programas de regularización migratoria en un marco de atención integral a las víctimas y no en la mera emisión y expedición de documentos que no favorecen ni  garantizan condiciones de vida digna en México.
§  Diseñar, establecer e implementar acciones concretas para la erradicación del secuestro con los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, y garanticen estos últimos, condiciones de vida digna para que las personas migrantes no tengan que abandonar sus países.
Atentamente:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  
Casa del Migrante de Saltillo Frontera con Justicia A.C

martes, 14 de febrero de 2012

Agresiones a Defensores de Derechos Humanos en Coahuila ¿Cuántas más? ¿Hasta dónde vamos a llegar?


En medio de desbordadas amenazas, agresiones, homicidios, desapariciones y exilios de personas defensoras de derechos humanos, el allanamiento a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, así como de la parroquia de San Judas Tadeo en Torreón, Coahuila, es un acto más para intentar frenar la labor de las organizaciones civiles y de las personas que buscan proteger y denunciar las violaciones a los derechos humanos.
En los últimos meses distintas voces han denunciado la alarmante alza de agresiones al grupo de defensores y defensoras, incluso la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en México demandó al Estado Mexicano legislar para su protección. Las cifras de las propias organizaciones civiles refieren que del 2008 al 2010 hay 326 agresiones contra defensores y defensoras de Derechos Humanos. Resaltan entre estos quienes trabajan con población migrante.

Como defensoras y defensores de derechos humanos, activistas e integrantes de diversas asociaciones civiles en el estado de Coahuila, nos solidarizamos con quienes integran el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y la comunidad Jesuita de San Judas Tadeo, quienes se han caracterizado por la defensa de las personas que les han sido violados sus derechos en la comarca lagunera.

El cateo ilegal y allanamiento por efectivos de instituciones de seguridad, militares y policías, con el pretexto de atender una denuncia anónima, evidencia nuevamente la seria crisis e ineficacia de las instituciones del Estado encargadas de garantizar la seguridad y la paz en nuestro país.

Ante estos hechos, solicitamos a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva de los hechos para deslindar las responsabilidades penales a que haya lugar; al gobierno de Coahuila a que aclare su participación fundada y motivada en dicho operativo; a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que inicie las investigaciones pertinentes y, a la comunidad en general permanecer observantes ante estos hechos que no podemos dejar pasar. 

Saltillo, Coahuila, febrero del 2011

Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia, A.C.), Alianza Cívica, Coahuila, AUAS, CEP-Parras, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

jueves, 26 de enero de 2012

COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA DIÓCESIS DE SALTILLO


La Diócesis de Saltillo fue notificada por internos del CERESO varonil de la ciudad de Saltillo, que en el marco de un operativo conjunto de Policías Federales (254), Policías Estatales y Ministeriales (80), Elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (50) y soldados el Ejército Mexicano (51) realizado en la madrugada del 23 de enero pasado en ese Centro, la capilla católica fue profanada; abrieron el Sagrario, sacaron el Copón con las Hostias Consagradas, las tiraron y quedaron esparcidas y despedazadas. Esta información fue verificada por el capellán responsable de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis.
Sabemos que en todos los penales de la República hay problemas serios que atender, y por supuesto entendemos que es necesaria la intervención de las autoridades para que estos espacios cumplan que su objetivo. Sin embargo, el uso desproporcionado de la fuerza pública y en este caso, la profanación de una ermita, que pudiera haber sido de hermanos evangélicos o de otras confesiones, nos obliga en conciencia a manifestarnos en contra.
Con un Boletín de Prensa la Fiscalía General del Estado explicó “que por iniciativa del gobernador del estado Rubén Moreira Valdez se solicitó al Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la colaboración entre federación y estado para llevar a cabo” este operativo, lo que coloca al Gobernador y al Secretario de Seguridad pública como principales responsables de esta agresión a la comunidad católica. Ellos, como funcionarios del Estado, se encuentran en una posición especial de garantes con respecto a las personas privadas de libertad, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas, y es su obligación proteger y garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal.
Nos llama la atención e indigna que se movilice a cerca de 450 efectivos militares y policiacos federales para decomisar refrigeradores, microondas, modulares, 150 gramos de droga, latas de cervezas y botellas de tequila semivacías, entre otros productos y enseres, mientras cientos de personas están desparecidas o secuestradas en nuestro estado y nadie les está buscando.
Estos hechos nos indignan profundamente, pues además de atentar contra la fe de la mayoría del pueblo de México, violan los derechos a la libertad religiosa, así como los derechos que gozan las personas privadas de su libertad, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 1, 18, 19, 24, 29), asimismo Ley Federal que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (Arts. 1, 3, 13), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 1, 5, 11), los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (Ppios. 1, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 21, 23, 25), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Arts. 1, 2, 3, 5, 7), así como Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto al uso de la fuerza/violencia, amenazas y otras agresiones de tipo psicológico, y el especial deber de protección a las personas en prisión, etc.
No existe explicación posible que justifique lo sucedido; estos hechos agreden profundamente, no solo a la comunidad católica del CERESO de Saltillo, sino a la Diócesis entera, a la Iglesia Universal y a la sociedad que se indigna ante hechos violentos y contrarios a la dignidad, cometidos en un centro de detención. Como tampoco entendemos ni aceptamos que nuestro territorio sea ocupado por medio de una guerra irracional e ilegal, que está convirtiendo en una gran fosa clandestina a nuestro estado, en donde las desapariciones y secuestros de personas continúan y los desplazamientos forzados se incrementan. Es inadmisible que los enfrentamientos armados en las calles, que suceden a todas horas del día, sean lo que determine el ritmo de nuestro andar y que la muerte y la violencia, estén asolando de esta manera a la comunidad coahuilense.
El día de ayer, la ciudad de Saltillo se convirtió por largas horas en un campo de batalla, donde las medidas de protección a la sociedad civil es lo que menos consideran las fuerzas militares y de seguridad publica que se enfrentan a las bandas delincuenciales; lo anterior ya es sabido y asumido por los ciudadanos, que por su propia iniciativa deben tomar medidas de protección. Además de la muerte de 4 presuntos delincuentes y un policía herido, el gobierno del estado reconoce la muerte de una mujer de 67 años de edad y las lesiones a un varón de 34 años que viaja junto con su familia en un transporte público. Trasmitimos por este medio a las familias afectadas nuestra solidaridad, a la vez que nuestro corazón sufre y se indigna aún más por estos deplorables hechos que atentan contra la vida.
Nuestra Iglesia diocesana está ofendida por la profanación, y por ello realizaremos un acto de desagravio público el próximo viernes 27, a las 11.00 hs., en el lugar de los hechos. Asimismo exigimos a las autoridades federales y estatales que cese esta masacre contra nuestros pueblos. Reiteramos nuestra solidaridad con los migrantes que sufren continuos secuestros y desapariciones y abogamos por el derecho que tienen a una migración sin violencia; damos nuestro apoyo concreto a la demanda de justicia de las familias de personas desaparecidas, y a las familias cuyos hijas e hijos han sido injustamente asesinados y masacrados. Nos solidarizamos también con la Familia Pasta de Conchos y su exigencia de justicia, al cumplirse seis años de impunidad el próximo 19 de febrero. Nos unimos a sus demandas para que se ponga un alto a las condiciones inhumanas en las que siguen trabajando los mineros del carbón, quienes siguen muriendo dentro de las minas 

Saltillo, Coahuila, 24 de enero del 2012
Fr. Raúl Vera López, O.P.
Obispo de Saltillo

Pbro. Gerardo Escareño Arciniega
Vicario General

Pbro. Fernando Liñán Treviño 
Coordinador de Pastoral Social

 Pbro. Antonio Sosa Ramos
Vicaría “Patricio Quinn” 

Pbro. Fernando Javier Aguirre Fernández
Vicaría “Carlos Dávila”

Pbro. Roberto Cumberland
Vicaría “Juan Pablo II”

Pbro. Sotero Silva Gallegos
Vicaría “Santo Cristo”

 Pbro. Plácido Castro Zamora
Rector del Seminario
  
Pbro. Robert Coogan
Coordinador de Pastoral Penitenciaria
  
Blanca Isabel Martínez Bustos
Centro Diocesano para los Derechos Humanos
“Fray Juan de Larios”

Alberto Xicoténcatl
Belén, Posada del Migrante

sábado, 5 de noviembre de 2011

CARAVANA IDENTIFICA A JOVEN DESAPARECIDA

Saltillo.- Caminan con su dolor a cuestas, con un silencio de muerte en las miradas y con la ausencia de sus familiares prendidas a sus almas. Es la Caravana de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito, guiada por la esperanza de que alguien los haya visto, de que su nombre sea reconocido, de encontrarlos vivos.

Las 33 mujeres incansables van con las fotografías de sus desparecidos al cuello, como estigmas de su memoria que no dejan de preguntarse “¿en dónde están?”. Y las respuestas que aún no aparecen.

Ayer el cadáver de una hija, madre o esposa que parte en busca de una mejor vida y encuentra la muerte, fue encontrado por la caravana.

Una salvadoreña cuyo cuerpo permanecía en el Semefo desde el 21 de agosto pasado, por fin podría recibir sepultura luego de ser localizado.

Se trata de una joven de nombre Saira Estefani Aranda, quien fue hallada sin vida en el kilómetro 11 de la carretera a Torreón.

Ayer las madres de migrantes llegaron a la Delegación Sureste de la Fiscalía para buscar a sus familiares entre los 19 cuerpos que no han sido reclamados y se encuentran en el Semefo.

Las mujeres pudieron ver fotografías de los cadáveres a fin de saber si entre estos estaba alguno de sus familiares.

Aunque las madres que se presentaron no tuvieron suerte, reconocieron el cadáver de la salvadoreña, y señalaron que ellas se comunicarían con los familiares de la joven en El Salvador, a fin de informarles y que pudieran recuperar el cuerpo de su familiar para darle sepultura.

Oran por sus hijos

En medio de este viaje, una misa en la Catedral les devuelve el aliento a las 33 mujeres, y les recuerda las fuerzas y esa infranqueable voluntad que tienen.

El padre Pedro Pantoja les dice que la lucha que libran es muy importante, pues es por la paz y la justicia “porque son valientes y en esa valentía hacen realidad la justicia”. Y lo más importante, les recuerda que no están solas, y que esa búsqueda no cesará hasta hallar la verdad.

Con las oraciones se encomiendan a Dios, se ponen en sus manos para no dejarse abatir. El sacerdote pide un momento de silencio en honor a estas personas, que si bien dura unos segundos, con los ojos cerrados, se sienten como años, como si el dolo fuera de todos nosotros.

‘Queremos una disculpa’

Como un “acto delincuencial” calificó el padre Pedro Pantoja las agresiones que el pasado jueves 3 de noviembre sufrieron mujeres de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) por parte de militantes priístas, minutos antes del Sexto Informe de Gobierno.

Alguien tiene que ser responsable, dijo. Nombró primeramente a los policías por no haber intervenido; en segundo término a todos aquellos que las asustaron y las utilizaron sabiendo que es una causa de mujeres, una causa maternal.

“No aceptamos la disculpa de un subsecretario del subsecretario de otro subsecretario. Queremos la disculpa del Gobernador porque él estaba presente en su informe”, exigió.
Vanguardia

sábado, 6 de agosto de 2011

AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO AL OBISPO VERA: PRESENTA DENUNCIA

El obispo defensor de los derechos humanos, Raúl Vera López, presentó una denuncia ante el Ministerio Público del norteño estado de Coahuila para documentar el hostigamiento que sufrió la mañana del pasado 14 de julio, cuando aparecieron tres mantas en el atrio de la basílica de la capital, Saltillo, que condenaban su activismo social.
El 13 de julio, el religioso criticó en una homilía en la basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, las ejecuciones, desapariciones forzadas y el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en Coahuila.
Previamente, Vera López había solicitado medidas cautelares para la casa del migrante que administra la diócesis a su cargo. En total, afirma, la institución ha recibido 52 agresiones desde que él y el sacerdote Pedro Pantoja la fundaron, en noviembre de 2002.
"Hubo un evento hace tres años, en las oficinas de la casa del migrante, en donde amagaron y golpearon a alguien del personal", relató.
El sacerdote, quien recibió un premio en Noruega por parte de la organización Rafto, dijo que no pedirá al gobierno estatal escoltas para su seguridad, aunque está convencido de que los defensores de derechos humanos son vulnerables en México, como el padre Alejandro Solalinde, coordinador del albergue para migrantes Hermanos en el Camino.
"Hay gente en una situación similar, por eso no quiero escoltas, porque siguen en riesgo los que trabajan en la casa del migrante. Yo no quiero, porque somos un equipo", explicó Vera López.
El pasado 22 de julio, el obispo interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por hostigamiento, según personal de la diócesis de Saltillo. El religioso asegura que cámaras de seguridad localizadas en el centro de la ciudad captaron los vehículos y sujetos a bordo que instalaron las mantas.
El hostigamiento
Después del ataque, Vera López dijo que grupos con una visión reducida del catolicismo y que reflejan la necesidad de una reforma de la Iglesia realizaron el hostigamiento.
"Es un concepto de una iglesia encerrada en sí misma, de una iglesia que solamente se preocupa del más allá, que no tiene ningún compromiso con la historia, ningún compromiso ni ninguna responsabilidad con el prójimo", dijo el obispo. "El entendernos el día de hoy como cristianos nos lleva a tomar todo lo que se habla de dignidad humana. No podemos cerrar los ojos los cristianos a los grandes tratados internacionales por los derechos humanos".
"(El ataque) también tiene que ver con que la diócesis de Saltillo trabaje con grupos que están estigmatizados, como los migrantes y los homosexuales, puede que también sea por eso", señaló.
La diócesis de Saltillo colabora con asociaciones que defienden los derechos de migrantes y homosexuales, como Frontera con Justicia y el centro comunitario San Elredo. Vera tiene una carrera pastoral de más de 42 años en la que ha combinado la defensa de causas sociales con el altruismo.
"Este asunto tiene que ver más con el tema del fortalecimiento. Yo creo que es un signo para que nosotros articulemos nuestra diócesis, un proyecto pastoral más maduro", dijo, "Jesús dijo que el examen final que todos los seres humanos vamos a presentar delante de Dios va a ser nuestro comportamiento con nuestro prójimo".
El activista participó en el movimiento estudiantil de 1968 y en el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. El obispo de 65 años reside en Coahuila, cerca de la frontera con Estados Unidos, un área afectada por la violencia ligada al narcotráfico.
Y otros lo defienden
Organizaciones defensoras de derechos humanos, relacionadas con la diócesis de Saltillo y el trabajo del obispo, expresaron su rechazo al hostigamiento.
"Esto nos preocupa por el contexto de violencia (en Coahuila), es una postura de oscurantistas", dijo la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez. "Eso no nos lleva más que a la destrucción de la misma comunidad, los niveles de violencia que estamos viviendo no llevan a la realización de la vida, sino a fortalecer y perpetuar un proyecto de muerte".
Tanto el centro como la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (FUUNDEC), ambas dedicadas a documentar las desapariciones forzadas en el estado, difundieron el pasado 15 de julio dos comunicados en los que condenaron el ataque.
"Preferimos un obispo comprometido con las causas de la gente que sufre y camina buscando la justicia y la paz", se lee en uno de los documentos.
Acosado por Católicos
La diócesis, encabezada por Raúl Vera López, concluyó que las mantas fueron colgadas por un grupo conservador local en el que participan al menos dos sacerdotes que han externado su molestia por el apoyo que brinda a un grupo lésbico gay bisexual travesti transgénero transexual intersexual (LGBT) católico llamado Comunidad de San Elredo (CSE).
Esta comunidad surgió hace nueve años en Saltillo. Su nombre viene de San Elredo de Rievaulx, monje británico del siglo X invocado por las comunidades episcopales gays en Europa, ya que en sus escritos hay reflexiones homosexuales.
La comunidad, de unos 600 miembros, participa en el debate sobre temas de homosexualidad y ha desarrollado programas de trabajo para combatir la discriminación, la intolerancia y la hostilidad hacia ese sector. Integrantes de la comunidad han sido objeto de ataques físicos y hostigamiento mediante mantas colgadas en el exterior de la parroquia de El Calvario, donde suelen celebrar misas mensuales, oficiadas en ocasiones por el propio Vera.
El obispo –quien se manifestó a favor del Pacto Civil de Solidaridad en Coahuila que posibilitó el reconocimiento a la unión entre personas del mismo sexo– incluso destinó un espacio en la sede obispal a la comunidad, lo que le ha valido severas críticas, sobre todo desde que el grupo empezó a tener una mayor convocatoria a sus actividades, como ocurrió en marzo pasado.
En esa ocasión, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que preside Raúl Vera, y el Centro Diocesano de Comunicación Social de la curia difundieron el programa de actividades del Cuarto Foro de Diversidad Sexual, Familiar y Religiosa, lo que desató la embestida de ACI Prensa, una agencia católica de noticias con sede en Perú.
Ésta retomó la información publicada por el periódico Vanguardia y entró en contacto con varios católicos conservadores de Saltillo y también con el sacerdote Robert Cougan, asesor espiritual de la CSE, quien dijo que su grupo tiene el respaldo de Raúl Vera.
El pasado 22 de junio, Noé Leonardo Ruiz Malacara, coordinador de la CSE, anunció que propondrían una reforma legislativa para que el coahuilense Pacto Civil de Solidaridad fuera un matrimonio civil; ACI Prensa tituló: “Grupo gay apoyado por obispo pedirá ‘matrimonio’ homosexual”.
La Iglesia y los homosexuales
En su número 1652, Proceso publicó las declaraciones de Raúl Vera. Sobre la homosexualidad dijo: “Muchas veces se quiere hacer ver que la Iglesia condena a los homosexuales; eso no es verdad empezando porque las preferencias sexuales diferentes obedecen a circunstancias que no son manejadas ni siquiera por las personas que las tienen”.
Sobre los pactos civiles afirmó que su apoyo era porque el sector LGBT es uno de los más desprotegidos, débiles y vulnerables de la sociedad, que debía ser sujeto de tutela del Estado en términos de seguridad social, derecho hereditario, salud y otros. Sin embargo lo que no aceptaba era el uso del vocablo matrimonio:
“Hay una moral clara respecto de la sexualidad pues los actos de esta índole no se entienden fuera del matrimonio; éstos están ligados a la concepción de la vida y la reproducción de la especie. Y el contexto en el que se debe hacer (el acto sexual) es el matrimonio, para que garantice la función que el hombre tiene de proteger la vida y conservarla. Ésta es una concepción teológica y antropológica de lo que es el matrimonio”, señaló.
Como en esa ocasión, Vera ha rechazado reiteradamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no los contratos civiles, por lo que acusó a ACI Prensa de manejar tendenciosamente la información sobre su trabajo con la Comunidad de San Elredo.
“Me acusan de ir contra el magisterio de la Iglesia, de promover la homosexualidad, cuando nuestros objetivos son muy claros y consisten en coadyuvar en la recuperación de su dignidad como personas, vulnerada en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en todas partes.”
No obstante, Robert Cougan y Noé Leonardo Ruiz tienen una postura distinta. La Comunidad de San Elredo ha mantenido una relación estrecha con el fraile dominico gay James Alison, teólogo británico conocido en el ámbito internacional por su promoción de la apertura de la Iglesia a la homosexualidad y partidario de erradicar el celibato.
Como Alison, Cougan y Ruiz han cuestionado que la noción de la Iglesia, en el sentido de que las relaciones sexuales son sólo reproductivas, limita a los católicos homosexuales y es una visión restrictiva.
Ruiz se ha manifestado por el matrimonio civil, pero lo ha hecho fuera del contexto de la Iglesia, según ha clarificado, pues tiene una noción clara de que no cabe en el matrimonio religioso.
La visión, parcialmente opuesta, entre la Comunidad de San Elredo y Raúl Vera ha sido omitida en la cobertura de ACI Prensa, por lo que el obispo la acusa de ser un factor de hostigamiento.
Plan pastoral
En febrero, la diócesis de Saltillo presentó su Plan Diocesano Pastoral, donde la CSE tiene como objetivos y metas específicas difundir la necesidad de salvaguardar la dignidad de la comunidad LGBT “en una Iglesia incluyente” y generar un proceso de formación en derechos humanos y laborales para sus miembros.
La difusión del documento fue mal vista por los sacerdotes conservadores que, en entrevista con Proceso, Raúl Vera no quiere identificar. “Parece mentira que tras la visión del concilio (Vaticano II), después de 40 años haya gente que para nada ha captado que la Iglesia no es una entidad donde se cultive una religión intimista, sin relación con la realidad.
“Creo que esto es de grupos que están más reducidos, porque en general la gente ha desarrollado una concepción de una Iglesia diferente. Falta dar el paso a muchos hermanos para que lleguen a ser parte de una Iglesia que se preocupa plenamente, como entidad religiosa, de la realidad en que se está viviendo”, dice.
La realización de campañas negras contra Vera ha sido una constante desde su llegada a la diócesis de Saltillo. En medios locales se le han atribuido “conductas mundanas”; tras visitar en julio de 2006 a las bailarinas y prostitutas de Castaños violadas por militares, se publicó que había ido a un table dance.
Sin embargo, organismos defensores de los derechos humanos expresaron su solidaridad con el prelado. Rupert Knox, representante en México de Amnistía Internacional, exigió que se garantizara su seguridad ante el hostigamiento de que es objeto.
La diócesis de Saltillo emitió un documento el 15 de julio, firmado por el vicario Gerardo Escareño, donde se establece el fundamento doctrinal, con base en el Concilio Vaticano II y el Sínodo de Obispos de 1971, de las acciones y el plan pastoral de Vera.
Respecto de la Comunidad de San Elredo, Noé Leonardo Ruiz, asentó que si el obispo Raúl Vera se ve amenazado o en problemas con El Vaticano, están en posición de retirarse de la curia.
Además de señalar la homofobia y la intolerancia que caracterizan a la jerarquía católica, llega a un conclusión: “La homofobia y la intolerancia no existirían si aportáramos dinero, como Marcial Maciel que les compró el silencio; nosotros no necesitamos su silencio y definitivamente no les vamos a pagar por el respeto a nuestra dignidad. Si esto pone en peligro la labor de don Raúl, nos iremos de la diócesis”. (CNN y APRO)
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sábado, 16 de julio de 2011

PRETENDEN CALLAR AL OBISPO RAÚL VERA


Monseñor José Raúl Vera López

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, repudió la colocación de mantas en contra del obispo Raúl Vera López y lo calificó como actos de hostigamiento, provenientes de personas que desafortunadamente apuestan por la intolerancia y la violencia.
El pasado 14 de julio, tres mantas anónimas fueron colgadas en el barandal de la Catedral de Santiago Apóstol, ubicada en el centro de la ciudad de Saltillo, con la frase común "queremos un obispo católico".
El Centro Diocesano expresó su preocupación de que grupos conservadores se oculten en el anonimato ante su incapacidad para proponer y entablar diálogos.
Por su parte, la Diócesis de Saltillo, a través del vicario general Gerardo Escareño, manifestó por medio de un comunicado que la defensa y promoción de los Derechos Humanos es y seguirá siendo una prioridad de Monseñor Raúl Vera en Coahuila y en México.
"La actividad constante del Obispo, que encabeza a esta Diócesis con sus organismos, sus planes de trabajo y sus agentes de pastoral, no está al margen del Evangelio, ni de las normas y orientaciones de la Iglesia, ni de los retos de la sociedad en la que vivimos"
Escareño aclaró que por fidelidad al ministerio pastoral que desempeña, Fray Raúl Vera no cesará su dinamismo y su voz, "que buscan contribuir a la construcción de comunidades de fe más vivas y comprometidas, y de una sociedad más humana, aunque lo expongan a la agresión, tan fácil de perpetrar en estos días tan desafiantes en los que vivimos y en esta sociedad tan agitada, en la cual la Iglesia se encuentra inserta".
En el sitio Web de la Diócesis de Saltillo se publico un comunicado oficial dirigido a los medios de comunicación, a los organismos de la sociedad civil y al publico en general,que expresa: 
El pasado 14 de julio, tres mantas anónimas fueron colgadas en el barandal de la Catedral de Santiago Apóstol, ubicada en el centro de la ciudad de Saltillo, con la frase común “queremos un obispo católico”. El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, repudia estos actos de hostigamiento, los cuales creemos que vienen de personas que desafortunadamente apuestan por la intolerancia y la violencia.
Nos preocupa sobre manera, que dada la grave crisis de seguridad y violencia generalizada que vivimos en Coahuila que estos grupos conservadores se oculten en la anonimato ante su incapacidad para proponer y entablar diálogos constructivos e incluyentes que nos posibilite como sociedad hacer realidad la vigencia de los Derechos Humanos, asumiendo la riqueza de la diversidad humana y cultural que tenemos los pueblos coahuilenses. 
La defensa y promoción de los Derechos Humanos es y confiamos seguirá siendo una prioridad de Mons. Raúl Vera en Coahuila y en México, con quien nos comprometemos a seguir trabajando, por los derechos de todas las personas, comunidades y pueblos, incluso de las personas que ahora hostigan y optan por la violencia, a éstas las exhortamos a trabajar por la paz y la justicia.
APOYO NACIONAL A VERA
Organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos como el Centro PRODH, difundieron un mensaje de apoyo al Obispo de Saltillo y expresaron: Recordamos que elObispo Raúl Vera ha sido promotor y defensor constante de los derechos humanos de distintas poblaciones vulnerables en nuestro país, entre las que destacan los pueblos indígenas, las y los trabajadores, las personas migrantes en tránsito por México y las víctimas de desapariciones forzadas e involuntarias. Por su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, y particularmente de las personas migrantes, en el año 2010 Don Raúl Vera fue galardonado con el Premio Rafto de Derechos Humanos, premio internacional que en diversas ocasiones ha precedido el otorgamiento del Premio Nobel. La denuncia profética que ha ejercido durante tantos años ha sido impulsada por una profunda convicción de defender la dignidad humana y el derecho a la diversidad de las personas y de los pueblos. Don Raúl ha sido un hombre que ha priorizado la inclusión, independientemente de la situación económica, política y social de los hombres y mujeres que acompaña en su labor pastoral.Ante esta situación, desde el Centro Prodh apoyamos a Don Raúl Vera en su labor de defensa de derechos humanos, condenamos los hechos sucedidos y manifestamos nuestra más profunda indignación por la agresión en su contra, pues es ésta una muestra más de que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en México es una apuesta que pone en peligro la vida y la integridad de quien la lleva a cabo. Asimismo, nos solidarizamos con la Diócesis de Saltillo y con todas las personas que trabajan para crear una sociedad más libre, justa e incluyente.

viernes, 18 de marzo de 2011

Deliberando para la renovación

Rosa Esther Beltrán


El próximo lunes 21, los católicos de las distintas regiones que conforman la Diócesis de Saltillo se reunirán en el Auditorio del Parque Las Maravillas para, a través de un festival comunitario de diálogo y deliberación, reiniciar ese peregrinar que comenzó hace ocho años, cuando se asumió el proyecto de renovación que culmina ahora con un nuevo plan diocesano, mediante el cual la Iglesia local quiere responder a los desafíos de una realidad que demanda y exige organización para la acción y para acelerar el proceso de cambio social hacia el futuro.

A través del método de prospección que reflexiona el presente y actúa sobre él, el Plan de Renovación propone salir a las calles, tocar puertas y hacerles saber y sentir a las personas que tenemos una dignidad, no se trata de llenar la Iglesia, sino de llevar la Iglesia a todos los hogares, a todas las personas y a todos los ambientes.

Según plantea el Plan de Renovación, se trata de impulsar la formación de pequeñas comunidades en todos los sectores para que “la Palabra de Dios llegue hasta tu casa y toque las fibras de tu familia. Multiplicar los mensajeros que acompañen a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes en la búsqueda de Dios”, propone fray Raúl Vera, obispo diocesano.

En efecto, don Raúl y sus equipos han realizado un trabajo hormiga que se verá coronado este lunes con un diálogo que se propone obtener el diagnóstico diocesano para detectar cuáles son las luces y las sombras, debilidades y fortalezas para emprender un camino con objetivos y criterios comunes a fin de labrar el rostro de una Iglesia fraterna, solidaria y misionera, proponen.

Con el nuevo Plan de Renovación se proyecta ayudar a las familias en sus problemas, en sus tristezas y en sus luchas; organizar el servicio a los enfermos, a los pobres y necesitados; ayudar a los jóvenes a descubrir su lugar en la vida; atender adecuadamente a todos los fieles mediante la catequesis; restaurar el tejido de la cordialidad entre vecinos que se ha roto por el individualismo y la desconfianza, el miedo y la inseguridad.

La tarea parece formidable, porque en gran medida la Iglesia Católica se ha negado a abrir puertas y ventanas para ventilar la casa, como un día lo propusiera el papa Juan XXIII; el trabajo se antoja desafiante porque las resistencias más fuertes, muy probablemente se encuentran adentro, entre un buen número del clero y católicos que prefieren vivir instalados en la comodidad de lo conocido que emprender el tránsito hacia nuevos compromisos.

Sin duda, don Raúl Vera es uno de los obispos más progresistas de México, por eso resulta incómodo para muchos clérigos y católicos, no obstante, sin bajar la guardia, lentamente ha colocado sobre la mesa temas como la defensa de los derechos humanos, la de los migrantes, de las y los internos en reclusorios, los obreros, en fin, los grupos vulnerables que antes eran invisibles y discriminados.

Resulta evidente que la comunidad católica en Coahuila ha ido disminuyendo paulatinamente mientras que otras iglesias, los ateos y sin religión han ido en aumento.

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 1990 los católicos representaban el 92.8 por ciento de la población coahuilense; en el censo del 2000, el porcentaje de católicos disminuyó al 86.4 por ciento y en 2010 sólo representaban el 81.7 por ciento, un porcentaje aún más bajo que el nacional.

En cambio, en el 2000 aumentaron los de otras iglesias y ateos al 6.8 por ciento y para el 2010 alcanzaron ya el 10.2 por ciento de los coahuilenses.

Los datos muestran el reto que la Iglesia Católica tiene enfrente: o cambia o seguirá en retroceso.

Posdata
En diciembre pasado comenté en Horizonte Ciudadano el conflicto que se presentó en el ejido Minas de Barroterán, en donde la empresa Minera del Norte, con la anuencia de la Dirección General de Minas, ocupó los terrenos ejidales, despojando a los pobladores de su sustento, proveniente de la agricultura y la ganadería. Pues bien, esta semana la defensoría me comunicó que “el Juzgado Tercero de Distrito del Octavo Circuito, con sede en la ciudad de Piedras Negras, admitiera la demanda de amparo y con fecha 8 de marzo de 2011, tuvo a bien CONCEDERLE AL EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS”.
Cuando triunfa la justicia en este país, una luz de esperanza nos inunda.
(Vanguardia)