ORGANIZACIONES EXIGEN CELERIDAD A SRE

COMUNICADO DE PRENSA

Coalición de 95 organizaciones y redes mexicanas entregan a la Secretaría de Relaciones Exteriores más de 18 mil firmas ciudadanas que respaldan la petición para la firma y ratificación del Protocolo Facultativo de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF PIDESC).
Declaran que este instrumento es fundamental para contar con un mecanismo internacional de acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales y que México no debe demorar más su adhesión.
Secretaría de Relaciones Exteriores informa que ha concluido su análisis, pero no fija plazo para la firma de este instrumento.

En vísperas del 10 de diciembre, fecha en que se cumple el tercer aniversario de la adopción en Naciones Unidas del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF PIDESC) organizaciones representantes de la Campaña Mexicana por la firma y ratificación del PF PIDESC se dieron cita frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para manifestar la necesidad de que el PF PIDESC sea firmado y ratificado lo antes posible por México. Dada la tardanza del Estado mexicano en agilizar la firma del Protocolo, las organizaciones que conforman la Campaña Mexicana por la ratificación del PF PIDESC hemos salido a las calles desde hace varios meses para solicitar el apoyo de la sociedad civil y exigir que el gobierno mexicano se sume cuanto antes a las cinco naciones que ya procedieron en este sentido. Como resultado de esta iniciativa han sido reunidas y entregadas a la Cancillería más de 18 mil firmas ciudadanas de varios estados del país que respaldan el llamado al Presidente de la República.

Una comisión de los integrantes de la Campaña presentes (Amnistía Internacional sección México, una académica de la UNAM, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos todos los derechos para Todas y Todos, Documenta, Incide Social, la Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina para América Latina y Equipo Pueblo, ambas en representación del Espacio DESC) se reunió con el Embajador Alejandro Negrín, Director General de Derechos Humanos y Democracia, el Ministro Juan José González Mijares, Director General Adjunto de Política Internacional sobre Derechos Humanos, el Ministro Rodrigo Labardini, Consejero Jurídico y entre otros/as funcionarios/as de la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría para reiterar el llamado al gobierno federal para la pronta firma y ratificación de este instrumento y hacer entrega de las firmas.

Desde 2009 fuimos informados por la Cancillería acerca de la realización de un análisis exhaustivo con miras a la firma y ratificación del PF PIDESC que incluía una serie de consultas a las autoridades competentes sobre las implicaciones que tendría la entrada en vigor del Protocolo. En la reunión de hoy los funcionarios nos informaron que las consultas involucraron a doce instituciones públicas vinculadas con los DESC, de las cuales diez de ellas se pronunciaron a favor de la ratificación del PF PIDESC, por lo que la Cancillería considera que hay una orientación favorable a este instrumento.

La Campaña Mexicana por la ratificación del PF PIDESC ve con agrado que el Embajador Negrín señalara la importancia de que el Protocolo se firme y ratifique sin reservas ya que declaró: “no es bueno tener reservas en instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Sin embargo, a dos años de haber empezado las consultas, la Secretaría de Relaciones Exteriores no precisó el tiempo que tardará para terminar el procedimiento y concluir con la firma de este instrumento internacional. Esta falta de claridad preocupa a la Campaña Mexicana ya que a la luz de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos se esperaría que dicho instrumento sea adoptado antes de que termine esta administración.

El PF PIDESC establece un mecanismo para que las personas, grupos o comunidades puedan presentar denuncias ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de las Naciones Unidas ante violaciones a los derechos reconocidos en el PIDESC. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho a la libre determinación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la seguridad social, a la educa­ción, a la cultura, al agua, a un nivel de vida adecuado, entre otros. El PF PIDESC representa un avance sustantivo para el acceso a la justicia en materia de DESC.

El PF PIDESC fue adoptado unánimemente por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008 y abierto a firmas y ratificaciones desde el 24 de septiembre de 2009. Para la entrada en vigor del PF PIDESC se requieren 10 ratificaciones. Hasta la fecha, el PF PIDESC ha sido firmado por 39 Estados y ratificado solamente por 5. El Estado mexicano aún no firma ni ratifica este importante instrumento.[1] En la petición ciudadana que hoy entregamos al gobierno federal, las y los firmantes reconocemos que el Estado mexicano ha jugado un papel importante a nivel internacional en favor del Protocolo y señalamos la preocupación respecto a que aún no ha sido firmado y ratificado, subrayando la oportunidad de mostrar el compromiso real con estos derechos, siendo uno de los 10 primeros países en ratificarlo.

Llamamos al gobierno mexicano a firmar sin mayor demora y sin reservas este importante instrumento, a impulsar su ratificación por el Senado de la República, y a declarar su reconocimiento a la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para los procedimientos de investigación y quejas interestatales de conformidad con los artículos 10 y 11 del PF PIDESC.

Mayor información en: http://ratificapfpidescmex.org/ Contacto: ratificapfpidescmex@gmail.com Responsables: Areli Sandoval Terán, teléfonos: 55 39 00 15/ 55; Verónica Rodríguez: 56 87 60 10 vinculacion@amnistia.org.mx

Organizaciones y redes integrantes de la Campaña
1. Academia Mexicana de Derecho Ambiental
2. Alianza Cívica – Baja California
3. Alianza Internacional de Habitantes
4. Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)
5. Alconsumidor, A.C.
6. Amnistía Internacional México – Distrito Federal
7. Asociación de Enlace Cultural de México A.C. (ASOME A.C.) Distrito Federal
8. Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, A. C. (AUAS) – Coahuila
9. Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, A. C. (AJAGI) -Jalisco
10. Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)
11. Babel Sur, Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales A.C.
12. Campaña Nacional sin Maíz no hay País
13. Casa y Ciudad, A.C. – Distrito Federal
14. Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México – Distrito Federal
15. Centro Cultural Esperanza Rodríguez, A.C.
16. Centro de Atención a Migrantes, Indígenas y Refugiados; Corporación Corazón, A. C. (COCOAC)
17. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P”, A.C. – Distrito Federal
18. Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”, A.C. – Guanajuato
19. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan – Guerrero
20. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) – Distrito Federal
21. Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. – Distrito Federal
22. Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC)- Distrito Federal
23. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) – Jalisco
24. Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. – Distrito Federal
25. Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. – Coahuila
26. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) – Distrito Federal
27. Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos) – Distrito Federal
28. Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
29. Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero
30. Colectivo COA – Jalisco
31. Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste – Baja California
32. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
33. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. – Chihuahua
34. Comité de Derechos Humanos de Comalcalco A.C. (CODEHUCO)
35. Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C. – Tabasco
36. Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista
37. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas, A.C. (COMCAUSA)
38. Consejo de Comunidades Unidas de Centla – Tabasco
39. DECA Equipo Pueblo, A.C. – Distrito Federal
40. Defensoría del Derecho a la Salud – Chiapas
41. Defensoría del Derecho a la Salud/Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CCESC/DDS) – Chiapas
42. Documenta, A.C. – Distrito Federal
43. El Caracol A.C. – Distrito Federal
44. El Programa Mesoamérica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría
45. Espacio DESC- Capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
46. Federación Mexicana de Mujeres Universitarias- Baja California
47. FIAN sección México – Distrito Federal
48. Foro de Jóvenes con Liderazgo – Distrito Federal
49. Frente Cívico Familiar de Yucatán
50. Frontera con Justicia, A.C. – Coahuila
51. Fronteras Comunes México – Distrito Federal
52. Greenpeace México – Distrito Federal
53. Grupo de Estudios Ambientales, GEA A.C.
54. Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) – Distrito Federal
55. Grupo Mujeres: Dignidad y Resistencia – Baja California
56. Guardianes de los Volcanes, A.C.- Estado de México
57. Humanidad sin Fronteras, A.C. – Coahuila
58. Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. – Yucatán
59. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. – Distrito Federal
60. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) – Jalisco
61. Liderazgos del Transporte Público de Pasajeros en el D.F y Área Metropolitana (Taxis y Microbuses), y Comerciantes Ambulantes del Centro Histórico
62. Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (LIMEDDH) – Distrito Federal
63. Litiga Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C. (LITIGA OLE) – Distrito Federal
64. Mujer y Medio Ambiente, A.C. – Distrito Federal
65. Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud (OBSCIUDES) – Chiapas
66. Observatorio de Política Social y Derechos Humanos – Distrito Federal
67. Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC-AL)
68. Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, Odisea, A.C. – Zacatecas
69. Otros Mundos, A.C. – Chiapas
70. Pobladores, A.C. – Veracruz
71. Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (PRODDESCAC) – Estado de México
72. Por la Tierra A.C.
73. Por el Rescate de la Dignidad y las Minas – Guanajuato
74. Promoción y Justicia Laboral A.C. Derechos Humanos (Projulab A.C.)
75. PROMOCION Y JUSTICIA LABORAL A.C. DERECHOS HUMANOS
76. Propuesta Cívica A. C. – Nuevo León
77. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (PRODESC) – Distrito Federal
78. RADAR, Colectivo de Estudios Alternativos en Derecho – Distrito Federal
79. Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos – Baja California
80. Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)
81. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
82. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
83. Red Nacional Género y Economía
84. Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
85. Semillas de Vida, A.C.
86. Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Distrito Federal y Chiapas)
87. Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (STINCA)
88. Sociedad Organizada en Lucha (SOL) - Distrito Federal
89. Taller Universitario de Derechos Humanos A. C. TUDH
90. Taller de Desarrollo Comunitario A.C. – Guerrero
91. Tonelhuayotzin Nuestra Raiz A.C.
92. TRI GAY y Grupo de Animación Felinos
93. Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)
94. Unión Popular Valle Gómez, A.C. (UPVG)- Distrito Federal
95. Unión de Mujeres de Ixtlahuacan, A. C

[1] El estatus de las firmas y ratificaciones del PF PIDESC se puede consultar en la siguiente liga:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
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Arturo Ávila Salazar
Comunicación y Proyectos Tecnológicos
Amnistía Internacional México

Celular: (55) 5180.9918 | Teléfono: +52 (55) 5687.6010 ext. 106

http://www.amnistia.org.mx
"Trabajamos para proteger los derechos humanos en el mundo"

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Amnistía Internacional México es parte de Amnesty International, un movimiento global con más de 2.2 millones de miembros e investigadores en todo el mundo que actúan por los derechos humanos, con Estatus Consultivo ante las Naciones Unidas, la UNESCO, la Comisión Inter-Americana y el Consejo de Europa, y reconocido con el Premio Nobel en 1977 y el Premio Naciones Unidas en 1978 por sus actividades por la paz y los derechos humanos.

PRETENDEN CALLAR AL OBISPO RAÚL VERA

Monseñor José Raúl Vera López

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, repudió la colocación de mantas en contra del obispo Raúl Vera López y lo calificó como actos de hostigamiento, provenientes de personas que desafortunadamente apuestan por la intolerancia y la violencia.

El pasado 14 de julio, tres mantas anónimas fueron colgadas en el barandal de la Catedral de Santiago Apóstol, ubicada en el centro de la ciudad de Saltillo, con la frase común "queremos un obispo católico".

El Centro Diocesano expresó su preocupación de que grupos conservadores se oculten en el anonimato ante su incapacidad para proponer y entablar diálogos.

Por su parte, la Diócesis de Saltillo, a través del vicario general Gerardo Escareño, manifestó por medio de un comunicado que la defensa y promoción de los Derechos Humanos es y seguirá siendo una prioridad de Monseñor Raúl Vera en Coahuila y en México.

"La actividad constante del Obispo, que encabeza a esta Diócesis con sus organismos, sus planes de trabajo y sus agentes de pastoral, no está al margen del Evangelio, ni de las normas y orientaciones de la Iglesia, ni de los retos de la sociedad en la que vivimos"

Escareño aclaró que por fidelidad al ministerio pastoral que desempeña, Fray Raúl Vera no cesará su dinamismo y su voz, "que buscan contribuir a la construcción de comunidades de fe más vivas y comprometidas, y de una sociedad más humana, aunque lo expongan a la agresión, tan fácil de perpetrar en estos días tan desafiantes en los que vivimos y en esta sociedad tan agitada, en la cual la Iglesia se encuentra inserta".

En el sitio Web de la Diócesis de Saltillo se publico un comunicado oficial dirigido a los medios de comunicación, a los organismos de la sociedad civil y al publico en general,que expresa: 

El pasado 14 de julio, tres mantas anónimas fueron colgadas en el barandal de la Catedral de Santiago Apóstol, ubicada en el centro de la ciudad de Saltillo, con la frase común “queremos un obispo católico”. El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, repudia estos actos de hostigamiento, los cuales creemos que vienen de personas que desafortunadamente apuestan por la intolerancia y la violencia.

Nos preocupa sobre manera, que dada la grave crisis de seguridad y violencia generalizada que vivimos en Coahuila que estos grupos conservadores se oculten en la anonimato ante su incapacidad para proponer y entablar diálogos constructivos e incluyentes que nos posibilite como sociedad hacer realidad la vigencia de los Derechos Humanos, asumiendo la riqueza de la diversidad humana y cultural que tenemos los pueblos coahuilenses. 

La defensa y promoción de los Derechos Humanos es y confiamos seguirá siendo una prioridad de Mons. Raúl Vera en Coahuila y en México, con quien nos comprometemos a seguir trabajando, por los derechos de todas las personas, comunidades y pueblos, incluso de las personas que ahora hostigan y optan por la violencia, a éstas las exhortamos a trabajar por la paz y la justicia.

APOYO NACIONAL A VERA

Organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos como el Centro PRODH, difundieron un mensaje de apoyo al Obispo de Saltillo y expresaron: Recordamos que elObispo Raúl Vera ha sido promotor y defensor constante de los derechos humanos de distintas poblaciones vulnerables en nuestro país, entre las que destacan los pueblos indígenas, las y los trabajadores, las personas migrantes en tránsito por México y las víctimas de desapariciones forzadas e involuntarias. Por su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, y particularmente de las personas migrantes, en el año 2010 Don Raúl Vera fue galardonado con el Premio Rafto de Derechos Humanos, premio internacional que en diversas ocasiones ha precedido el otorgamiento del Premio Nobel. La denuncia profética que ha ejercido durante tantos años ha sido impulsada por una profunda convicción de defender la dignidad humana y el derecho a la diversidad de las personas y de los pueblos. Don Raúl ha sido un hombre que ha priorizado la inclusión, independientemente de la situación económica, política y social de los hombres y mujeres que acompaña en su labor pastoral.Ante esta situación, desde el Centro Prodh apoyamos a Don Raúl Vera en su labor de defensa de derechos humanos, condenamos los hechos sucedidos y manifestamos nuestra más profunda indignación por la agresión en su contra, pues es ésta una muestra más de que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en México es una apuesta que pone en peligro la vida y la integridad de quien la lleva a cabo. Asimismo, nos solidarizamos con la Diócesis de Saltillo y con todas las personas que trabajan para crear una sociedad más libre, justa e incluyente.

INFORME SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

Hace pocos días se anunció la presencia de enviados especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que recorren nuestro país documentando casos de desapariciones forzadas, basados en denuncias de diversos grupos de la sociedad civil.

Presento a ustedes un Informe sobre algunos de los problemas más acuciantes relacionados con la desaparición forzada de personas en México, en cuya preparación participaron numerosas Organizaciones y  Grupos de defensa de derechos humanos. En el documento encontrarán una referencia sucinta sobre estos asuntos, cuyas fuentes directas constan en documentos públicos internacionales y nacionales, y son constatados en nuestra experiencia cotidiana en la defensa de los derechos humanos.

El informe se divide en cuatro temas, sobre los cuales incluimos a continuación una breve valoración de los firmantes:

1. El marco normativo mexicano en materia de desaparición forzada de personas: La urgencia de que se armonice el marco normativo federal y local conforme a los estándares internacionales, incluyendo la tipificación y sanción del delito en las 24 entidades federativas que aún no lo contemplan, así como la modificación del juicio de amparo para que las personas cuenten con un mecanismo de protección efectivo contra las desapariciones forzadas.

2. El contexto histórico de la desaparición forzada en México: La necesidad de que el Estado mexicano haga un reconocimiento pleno de los crímenes del pasado – cuyos efectos son presentes –, se emprendan investigaciones efectivas que trasciendan de lo meramente formal con vistas a encontrar a las y los desaparecidos, se sancione a los responsables, se garantice el derecho a la verdad y se repare integralmente el daño a las víctimas.

3. El contexto actual de la desaparición forzada en México: Que se investiguen a fondo los casos de desaparición forzada denunciados en años recientes, se sancione a los responsables y se encuentre a las y los desaparecidos.

4. El caso paradigmático del señor Rosendo Radilla y el estado de cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de este: Que se cumplimenten de manera puntual, integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de la Sentencia en que se condena al Estado mexicano por violaciones probadas de los derechos humanos, sin que ninguno de los Poderes de la Unión ni de las entidades federativas se sustraiga del acatamiento de sus respectivas obligaciones internacionales.

Tenemos la confianza de que el diálogo que inicia con este mensaje y el informe adjunto será benéfico para la defensa activa de los derechos humanos en México. Esperamos de igual manera que retomen nuestros planteamientos como testimonio de un sector de la sociedad mexicana sensible al desenvolvimiento de las agendas de las autoridades con quienes se reunirán en su visita.

INFORME SOBRE LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN MEXICO 2011

INVITACIONES DESPRECIADAS POR EL PRESIDENTE

Nosotros lo invitamos al diálogo muchas veces
Carta de voluntarios a FCH.
Esperan respuesta del Presidente
Boletín de prensa. (Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado)

2 julio del 2010


C. Felipe Calderón Hinojosa
Presidencia de la república
P r e s e n t e.

Nuevamente hemos escuchado su solicitud de conversar entre todos y una vez más los voluntarios que hemos sostenido esta obra social durante 27 años le respondemos que: siempre hemos estado abiertos a un diálogo que desafortunadamente no ha sido atendido por sus colaboradores, en especial el Secretario de Salud. Esperando que esta vez sí sea escuchada nuestra opinión, permítanos compartirle la convicción de que el mayor reto enseñado por generaciones es el de: Honrar la palabra. Estamos de acuerdo con Usted que el país requiere de unidad y corresponsabilidad de los mexicanos. Nos da gusto escuchar nuevamente que esto es un desafío de su Gobierno; sin embargo no estamos muy seguros de que quien le apoya lo haya “enfrentado con determinación”.

Como oportunamente se lo hicimos saber siempre hemos colaborado “de manera franca y sin titubeos”, lo cual se traduce en logros como: el haber llamado la atención –desde el año 1985- acerca de un problema de salud ignorado hasta que los medios de comunicación lo convirtieron en nota amarillista, nos referimos a las quemaduras en niños. Al margen de campañas mediáticas –que nos hacen sospechar que si se pretende gobernar por la televisión- hemos sido parte en la rehabilitación de cinco mil víctimas y sus familias; fuimos factor importante –año 1989- para que la secretaria de salud, incluyera en su sistema de seguimiento epidemiológico a las quemaduras, construimos y equipamos, con recursos del pueblo, un hospital que ha sido objeto de bloqueos, denostación y persecución, solo por el hecho de haberlo inaugurado -y recordar cada año su memoria- en el primer aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio.

En cumplimiento de los términos del convenio suscrito en el año 2000, aun vigente, hemos presentado a diversas autoridades, toda suerte de informes y, atendido requerimientos y citas, sin que de parte de las dependencias involucradas haya habido, ya no digamos interés, ni siquiera una palabra de respuesta a nuestros oficios, violentando con ello nuestras garantías como ciudadanos y privando a médicos, enfermeras y en general recursos humanos para la salud, de la posibilidad de ser entrenados acerca del tratamiento integral del paciente pediátrico con quemaduras, recibiendo -en nuestro inmueble- la experiencia desarrollada por médicos mexicanos de alta calificación, a lo largo de estas casi tres décadas de trabajo.

La conducta ejemplar a la cual nos convoca, no debiera ser obligatoria por “la coyuntura electoral” como afirmó su Secretario de Gobernación. Para nosotros ha sido y sigue siendo una forma de vida, vulnerada sobre todo en el ánimo de seguir apoyando -con nuestros recursos profesionales, de tiempo y financieros- a los más necesitados, ante la violación de convenios suscritos, la persecución de periodistas, la muerte de ciudadanos inocentes, el bloqueo a quienes ejercen profesionalmente la libertad de expresión –son al menos 15 medios cerrados por “políticas” de sus áreas de información, incluidos en éstos nuestro órgano de difusión y hasta el hackeo de nuestros espacios cibernéticos- además del abandono de políticas probadamente eficaces como las de descentralización de servicios –en cuyo marco decidimos construir el primer hospital para niños quemados en Querétaro- gracias a lo cual pudimos atender cientos de pacientes del Bajío y del norte de la república, que hoy por hoy, siguen esperando la continuidad de sus tratamientos que en todo caso les resultarán mas gravosos si de nueva cuenta su única opción es acudir a la ciudad de México.

Porque deseamos creer, que lo recientemente dicho por Usted no es retórica discursiva y, en la esperanza de que la respuesta a esta comunicación no se reduzca un oficio de machote –los anteriores no han sido atendidos por sus subordinados- le invitamos a conocer nuestro trabajo en la ciudad de Querétaro. Sano sería para la república que se atreviera, como en el cuento de príncipe y el mendigo, a hacerlo sin toda la parafernalia a la que la inseguridad obliga a todos quienes tienen la alta responsabilidad del servicio.

Con gusto podemos acercarnos a Usted y le llevaremos con la seguridad que ofrece un pueblo satisfecho y dispuesto a dar la vida por su patria y por las causas más sentidas de la sociedad.

En espera de aceptación a esta invitación y saludarlo personalmente.

Esther Villalón de Jalife (por encargo del grupo de damas voluntarias).
Lilia Cisneros (por la junta directiva y fundadora del IAINQ).


c.c.p. Lic. Eduardo Calzada R. Gobernador de Querétaro


Julio Ma. Cervantes No. 105, Col. Colinas del Cimatario. Querétaro, C.P. 76040 Tels. 01 442 2 235707-09
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Los Paramilitares: ¿Quién Gobierna?

La Columna del Director
La Verdad-Diarios
Buen día, Lector: El martes 27 del mes que corre, un convoy de tres vehículos con unos 25 observadores de derechos humanos provenientes Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania y periodistas mexicanos fue emboscado en una carretera de Huajuapan de León a San Juan Copala, Oaxaca. El saldo: dos muertos y varios desaparecidos.
¿Quién emboscó a esos obsevadores internacionales y a los periodistas? Todo apunta, por declaraciones de una sobreviviente cuyo estado de salud es estable aunque grave, al grupo paramilitar priísta Frente Nacional Indígena y Campesino, A. C.
Ese grupo paramilitar fue creado en 1994 por el entonces gobernador Diódoro Carrasco, a la sazón priísta y hoy diputado panista, con el propósito de hacer prevalecer intereses gubernamentales y caciquiles-partidistas en conflictos sociales en la región triqui.
Entre los desaparecidos figuran los periodistas Érika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo, respectivamente, de la revista Contralínea. El director de ésta, Miguel Badillo, se apersonó en la zona para auxiliar en la búsqueda de sus colegas.
Señálese a la pasada que la citada revista, la que dirige el colega Badillo, ha sido perseguida por ciertas vertientes del poder político y empresarial como represalia por haber publicado los resultados de investigaciones de corrupción.
Y subráyese también que la revista Forum, que dirige el periodista Eduardo Ibarra, es igualmente perseguida por el poder político, y víctima de vendettas gubernamentales.
Esos episodios –la trágica emboscada y la represión a Contralínea y Forum— son síntomas inequívocos de un statu quo de tal perversidad y truculencia que denotan, por sí mismos, un clima de anormalidades y anomalías en el ejercicio del poder.
El fenómeno de la existencia y actuación activa e impune de organizaciones paramilitares en México no es reciente, sino que se remonta a varios sexenios, en particular los de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70) y Luis Echeverría Alvarez (1970-76).
Esos mandatarios tuvieron el mal tino de utilizar grupos paramilitares para reprimir las inquietudes sociales organizadas, en particular las de estudiantes. En 1968, un grupo militare-paramilitar mató a unos 400 estudiantes en Tlatelolco.
Y el señor Echeverrfía –aun vivo-- lanzó a su grupo paramilitar conocido como Los Halcones a masacrar en 1971 a decenas de estudiantes. Esa fecha es conocida como la Matanza del Jueves de Corpus. Luego de ello, desató una “guerra sucia” brutal.
El señor Echeverría acaba de ser exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la comisión del delito de genocidio, pues no sólo ordenó la degollina de Corpus sino también una campaña para “desaparecer” a más de 550 jóvenes disidentes.
Entre los desaparecidos figura Jesús Piedra Ibarra, hijo de la senadora Rosario Ibarra, quien desde entonces (1975) realiza una campaña centrada en la búsqueda de esos desaparecidos. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clama doña Rosario.
Reitérese, pues, que el fenómeno de la actuación de grupos paramilitares está establecida en México desde hace tiempo, como vía expedita, ilegal sin duda, de terciar en conflictos sociales bajo la cuestionable lógica de ganar ventaja en el río revuelto.
Más volvamos al caso de la caravana de observadores internacionales de derechos humanos embocada por los paramilitares del PRI --célebre, precísese, por sus grupos de choque y “porros”--; menciónese que esos organismos ilegales operan en todo el país.
La característica mayor de esos grupos es el origen de su financiamiento, el cual obtienen de los gobiernos locales y federal –éste, mediante dispensa de recursos destinados a la seguridad pública y en ocasiones del Ejército Mexicano-- y empresarios.
Otra peculiaridad de los paramilitares es su provisión de armas: Éstas proceden de fuentes gubernamentales –cuerpos de policía federales y locales y a veces del Ejército--, existiendo también entreveramientos ocasionales en ello con cárteles del narcotráfico.
Muchos de los “levantones”, desapariciones e incluso “ejecuciones” y secuestros que se le atribuyen a los cárteles del narcotráfico son, en realidad, cometidos por los paramilitares. Su presencia es equivalente a la de un cuerpo armado mercenario.
En estadísticas de 2009, el gobierno federal tiene un censo no oficial de 43 grupos armados en México, sin vínculos con el narcotráfico ni con las guerrillas –que operan localmente en varios lugares del territorio nacional--, pero ligados al gobierno.
El episodio trágico de la emboscada nos revela, por añadidura, la existencia de un fenómeno presente desde hace décadas en México, pero ignorado. La emboscada trae a un primer plano de atención ese fenómeno.
Y le plantea al gobierno de México e incluso a todo el poder político del Estado mexicano un problema descomunal de varias aristas agudas: la presión internacional. Los gobiernos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania no se quedarán callados.
El epísodio describe otra realidad: en México prevalece la anarquía y el caos, pues el gobierno no controla la situación político-social; no gobierna, pues; no hay gobierno, en los hechos. ¿Hacia dónde vamos?