COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA DIÓCESIS DE SALTILLO

La Diócesis de Saltillo fue notificada por internos del CERESO varonil de la ciudad de Saltillo, que en el marco de un operativo conjunto de Policías Federales (254), Policías Estatales y Ministeriales (80), Elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (50) y soldados el Ejército Mexicano (51) realizado en la madrugada del 23 de enero pasado en ese Centro, la capilla católica fue profanada; abrieron el Sagrario, sacaron el Copón con las Hostias Consagradas, las tiraron y quedaron esparcidas y despedazadas. Esta información fue verificada por el capellán responsable de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis.

Sabemos que en todos los penales de la República hay problemas serios que atender, y por supuesto entendemos que es necesaria la intervención de las autoridades para que estos espacios cumplan que su objetivo. Sin embargo, el uso desproporcionado de la fuerza pública y en este caso, la profanación de una ermita, que pudiera haber sido de hermanos evangélicos o de otras confesiones, nos obliga en conciencia a manifestarnos en contra.

Con un Boletín de Prensa la Fiscalía General del Estado explicó “que por iniciativa del gobernador del estado Rubén Moreira Valdez se solicitó al Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la colaboración entre federación y estado para llevar a cabo” este operativo, lo que coloca al Gobernador y al Secretario de Seguridad pública como principales responsables de esta agresión a la comunidad católica. Ellos, como funcionarios del Estado, se encuentran en una posición especial de garantes con respecto a las personas privadas de libertad, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas, y es su obligación proteger y garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal.

Nos llama la atención e indigna que se movilice a cerca de 450 efectivos militares y policiacos federales para decomisar refrigeradores, microondas, modulares, 150 gramos de droga, latas de cervezas y botellas de tequila semivacías, entre otros productos y enseres, mientras cientos de personas están desparecidas o secuestradas en nuestro estado y nadie les está buscando.

Estos hechos nos indignan profundamente, pues además de atentar contra la fe de la mayoría del pueblo de México, violan los derechos a la libertad religiosa, así como los derechos que gozan las personas privadas de su libertad, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Arts. 1, 18, 19, 24, 29), asimismo Ley Federal que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (Arts. 1, 3, 13), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 1, 5, 11), los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (Ppios. 1, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 21, 23, 25), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Arts. 1, 2, 3, 5, 7), así como Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto al uso de la fuerza/violencia, amenazas y otras agresiones de tipo psicológico, y el especial deber de protección a las personas en prisión, etc.

No existe explicación posible que justifique lo sucedido; estos hechos agreden profundamente, no solo a la comunidad católica del CERESO de Saltillo, sino a la Diócesis entera, a la Iglesia Universal y a la sociedad que se indigna ante hechos violentos y contrarios a la dignidad, cometidos en un centro de detención. Como tampoco entendemos ni aceptamos que nuestro territorio sea ocupado por medio de una guerra irracional e ilegal, que está convirtiendo en una gran fosa clandestina a nuestro estado, en donde las desapariciones y secuestros de personas continúan y los desplazamientos forzados se incrementan. Es inadmisible que los enfrentamientos armados en las calles, que suceden a todas horas del día, sean lo que determine el ritmo de nuestro andar y que la muerte y la violencia, estén asolando de esta manera a la comunidad coahuilense.

El día de ayer, la ciudad de Saltillo se convirtió por largas horas en un campo de batalla, donde las medidas de protección a la sociedad civil es lo que menos consideran las fuerzas militares y de seguridad publica que se enfrentan a las bandas delincuenciales; lo anterior ya es sabido y asumido por los ciudadanos, que por su propia iniciativa deben tomar medidas de protección. Además de la muerte de 4 presuntos delincuentes y un policía herido, el gobierno del estado reconoce la muerte de una mujer de 67 años de edad y las lesiones a un varón de 34 años que viaja junto con su familia en un transporte público. Trasmitimos por este medio a las familias afectadas nuestra solidaridad, a la vez que nuestro corazón sufre y se indigna aún más por estos deplorables hechos que atentan contra la vida.

Nuestra Iglesia diocesana está ofendida por la profanación, y por ello realizaremos un acto de desagravio público el próximo viernes 27, a las 11.00 hs., en el lugar de los hechos. Asimismo exigimos a las autoridades federales y estatales que cese esta masacre contra nuestros pueblos. Reiteramos nuestra solidaridad con los migrantes que sufren continuos secuestros y desapariciones y abogamos por el derecho que tienen a una migración sin violencia; damos nuestro apoyo concreto a la demanda de justicia de las familias de personas desaparecidas, y a las familias cuyos hijas e hijos han sido injustamente asesinados y masacrados. Nos solidarizamos también con la Familia Pasta de Conchos y su exigencia de justicia, al cumplirse seis años de impunidad el próximo 19 de febrero. Nos unimos a sus demandas para que se ponga un alto a las condiciones inhumanas en las que siguen trabajando los mineros del carbón, quienes siguen muriendo dentro de las minas 

Saltillo, Coahuila, 24 de enero del 2012

Fr. Raúl Vera López, O.P.

Obispo de Saltillo

Pbro. Gerardo Escareño Arciniega

Vicario General

Pbro. Fernando Liñán Treviño 

Coordinador de Pastoral Social

 Pbro. Antonio Sosa Ramos

Vicaría “Patricio Quinn” 

Pbro. Fernando Javier Aguirre Fernández

Vicaría “Carlos Dávila”

Pbro. Roberto Cumberland

Vicaría “Juan Pablo II”

Pbro. Sotero Silva Gallegos

Vicaría “Santo Cristo”

 Pbro. Plácido Castro Zamora

Rector del Seminario

  

Pbro. Robert Coogan

Coordinador de Pastoral Penitenciaria

  

Blanca Isabel Martínez Bustos

Centro Diocesano para los Derechos Humanos

“Fray Juan de Larios”

Alberto Xicoténcatl

Belén, Posada del Migrante

INVESTIGAN QUIEN ULTIMÓ A FAMILIA SILLER GALINDO

Jesús Torres Charles, Fiscal General de Coahuila

Admiten probable responsabilidad de policías en muerte de saltillenses
Infonor

Los disparos que causaron la muerte de tres saltillenses que quedaron atrapados en el fuego cruzado de un enfrentamiento podrían haber sido hechos por agentes de la Policía Federal o la del Estado, admitió el Fiscal Jesús Torres Charles en conferencia de prensa.
Torres Charles reveló que la camioneta tipo Avalanche donde viajaban los tres saltillenses que murieron presenta impactos calibre .223, que corresponden a las armas reglamentarias de las corporaciones descritas.
Queda totalmente descartado, dijo el Fiscal, que elementos del Ejército Mexicano tengan responsabilidad en el caso.
Informó que tanto Ricardo Siller Galindo, de 14 años de edad, así como Karen Alejandra Siller Galindo, de 18 años, presentan seis impactos de bala cada uno.
En tanto que la madre de ellos, María Angélica Galindo Sánchez, de 47 años de edad, presenta 10 impactos de bala.
El Fiscal General dijo que no han determinado si los occisos presentan impactos de bala de calibres usados por el grupo de delincuentes con quienes se suscitó el enfrentamiento donde los saltillenses perdieran la vida, casi frente al Parque El Chapulín, en el cruce del bulevar Antonio Cárdenas y calle Gustavo Espinosa Mireles, que es la calle escénica que lleva al Mirador.
En ese lugar se contabilizaron 209 casquillos, de los cuales 20 son calibre .762, de "cuerno de chivo" y el resto son .223, aunque hay casquillos de más armas, precisó.
"Se van a hacer las comparaciones balísticas con las armas de todos los que utilizaron calibre .223, las corporaciones tanto de la Policía del Estado como la Federal utilizan calibre .223, entonces vamos a requerir todo este armamento, ya se toman los muestreos para determinar qué armas son las que fueron disparadas en este momento".
Torres Charles comunicó que declararán 30 elementos del Ejército, 16 de la Policía Federal y 50 de la Policía del Estado, entre estos integrantes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales.
"Vamos a recabar la declaración de todos ellos, con las testimoniales de todos ellos, con los dictámenes periciales podríamos determinar finalmente de dónde salieron los disparos que impactaron esta camioneta".
El Fiscal explicó que antes de recibir los disparos y cuando se suscitaba el enfrentamiento, la camioneta llegó al bulevar Antonio Cárdenas, procedente de la calle Espinosa Mireles, y un oficial le dio el paso pidiéndoles que se resguardaran en una gasolinera cercana y advirtiendo a sus compañeros que se trataba de una familia civil.
Sin embargo, apuntó, a la camioneta le dispararon.
"Ellos tienen la mala fortuna de cruzar justo en el momento en que hay una balacera entre el Sentra y las patrullas de la Policía del Estado y luego bajan por el bulevar Antonio Cárdenas y es donde está el resto del convoy.
"Qué es lo que sucedió en esta segunda parte es lo que nosotros tenemos que determinar como una hipótesis de qué es lo que motivó los disparos".
"Sí quiero comentarles que es una camioneta Avalanche blanca con vidrios totalmente polarizados y que de alguna forma coincide con las descritas en otros eventos, entonces hasta ese momento digamos que podría ser el único elemento de confusión".
Dijo que si se equivocaron los elementos de la Policía del Estado aceptarán el error.
El Fiscal General informó que además de los tres saltillenses fallecidos hay otra mujer lesionada, en el enfrentamiento en calle Chihuahua y bulevar Venustiano Carranza, frente a la secundaria Margarita Maza de Juárez, así como un policía Estatal que presenta tres impactos de bala.
Torres Charles dijo que desconocen aún los motivos de los enfrenamientos propiciados por el grupo delincuencial, sin embargo, ese tipo de tácticas de guerrilla son usadas para atacar oficiales, pues los agresores ingresan en convoy, se dispersan y se reagrupan.
Torres Charles informó que en los al menos tres enfrentamientos que se dieron en la ciudad en la media noche del sábado y la madrugada del domingo participaron unos ocho vehículos de los pistoleros, en tanto que el Ejército demoró 25 minutos en sumarse.
El funcionario pidió a la comunidad confiar en los elementos policiacos y solicitó a la ciudadanía resguardarse o abrir paso cuando vean ese tipo de operativos.

INGRESA VIOLENTAMENTE POLICÍA ESTATAL A SAN JUAN COPALA

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
“BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C.
30 de Julio del año 2010
• Ingresa violentamente la Policía Estatal y miembros de la Ubisort
a invadir el territorio del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
• Reprimen a Pobladores del Municipio Autónomo
que permanecen en la comunidad.

El día de ayer a través de medios locales de comunicación se difundió la noticia de la muerte del señor Anastacio Juárez Hernández, hermano del líder visible del grupo Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), hasta el día de hoy no se conoce la identidad de los responsables de este hecho.

El día de hoy 30 de Julio nos reportan desde el Municipio Autónomo que aproximadamente a la una de la tarde ingresó un grupo de aproximadamente 300 policías estatales junto con cerca de 400 personas que pertenecen al grupo de la Ubisort, argumentando las investigaciones por el crimen de ayer pero con la única intención de despojarlos de su territorio con el apoyo de los policías para reprimirlos.

El Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño A.C: CONDENA este hecho y pedimos a las organizaciones de derechos humanos y sociales que manifiesten su repudio a esta agresión al Municipio Autónomo ya que es incongruente y paradójico que cuando se pidieron medidas de seguridad para que la Caravana Humanitaria “Bety y Jiry” y entrara a dejar víveres, el Estado no cumplió con su responsabilidad e impidió que la Caravana llegara a cumplir con su misión, en ese momento montaron un impresionante operativo que lo encabezó la Procuradora del Estado, el Comisionado de Seguridad del Estado y el Presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, impidiendo el paso de la caravana con el argumento de que no había condiciones de seguridad y que la propia policía no podía entrar a ese territorio, pero en realidad era sólo la protección que le brindan al grupo armado denominado UBISORT.

Ahora resulta absurdo que las autoridades montan todo un operativo para realizar las primeras investigaciones del homicidio y en este momento si pueden entrar y además reprimir a la gente, cuando anteriormente no escucharon ni actuaron frente a las demandas de cientos de personas habitantes del municipio autónomo pedían alimentos, reinstalación de servicios básicos, gente enferma que necesita ser atendida, bajo el falso argumento que no tenían capacidad para entrar a la zona y que no iban a arriesgar a su gente.

Incluso no actuaron cuando la comunidad internacional y diferentes organismo de derechos humanos a nivel nacional e internacional solicitaban su intervención en el caso.

Lamentamos que haya perdidas humanas y creemos que es justo que se investigue sobre esas muertes, pero también creemos que es justo que se investiguen todas las muertes, que se presenten responsables y se castigue, pero sobre todo que se respeten los derechos humanos de todas las personas, que el gobierno actúe con imparcialidad y con responsabilidad, respetando siempre la visión y la palabra de la gente de la comunidad.

Exigimos al gobierno del Estado de Oaxaca:
 FRENAR DE INMEDIATO LA AGRESIÓN, VIOLENCIA E IMPUNIDAD GENERADA EN CONTRA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA.
 INVESTIGAR Y DETENER AL GRUPO PARAMILITAR CAUSANTE DE TODOS ESTOS DELITOS Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.
 RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE OAXACA, PRINCIPALMENTE DE LA ZONA TRIQUI.

Al Gobierno Federal.
 IMPLEMENTAR MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LAS MUJERES, NIÑOS, NIÑAS QUE CUMPLEN MAS DE SIETE MESES DE VIVIR SITIADAS POR EL GRUPO ARMADO DE LA UBISORT CON LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
 INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS PENALES POR LA ACTUACION DE LOS FUNCIONARIOS ESTATALES AL VIOLAR FLAGRANTEMENTE Y SISTEMATICAMENTE LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COPALA.

A la comunidad Internacional:
 PRONUNCIARCE POR LA REPRESION Y ATAQUE A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA.




Centro Regional de Derechos Humanos
“Bartolomé Carrasco Briseño” A.C.