ACUSAN A SOLDADO TERRORISTA DE EU

El soldado del ejército de los EE. UU. Ethan Melzer envió información militar confidencial de los EE. UU. A miembros de un grupo neonazi en un intento de facilitar un ataque de "bajas masivas" contra la unidad del ejército de Melzer
Audrey Strauss, el Fiscal Federal interino del Distrito Sur de Nueva York, John C. Demers, el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, William F. Sweeney Jr., el Director Asistente a Cargo de la Oficina de Nueva York de la La Oficina Federal de Investigaciones ("FBI"), y Dermot Shea, el Comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ("NYPD"), anunciaron hoy la revelación de una acusación contra ETHAN MELZER por supuestamente planear un ataque contra su unidad del Ejército de EE. UU. enviando detalles delicados sobre la unidad, incluida información sobre su ubicación, movimientos y seguridad, a miembros de una organización extremista llamada Orden de los Nueve ángulos ("O9A"), un grupo extremista violento neonazi y racialmente motivado. 
MELZER está acusado de conspirar e intentar asesinar a ciudadanos estadounidenses, conspirar e intentar asesinar a miembros del servicio militar, proporcionar e intentar brindar apoyo material a terroristas y conspirar para asesinar y mutilar en un país extranjero. 
El FBI y el Ejército de EE. UU. Frustraron el complot de MELZER a fines de mayo de 2020, y el FBI arrestó a MELZER el 10 de junio de 2020. El caso se asigna al juez de distrito de los Estados Unidos Gregory H. Woods.

La fiscal interina de los Estados Unidos, Audrey Strauss, dijo: “Como se alega, Ethan Melzer, un soldado del ejército de los Estados Unidos, era el enemigo interno. Melzer intentó orquestar una emboscada asesina en su propia unidad al revelar ilegalmente su ubicación, fuerza y ​​armamento a un grupo neonazi, anarquista y supremacista blanco. Proporcionó esta información potencialmente mortal con la intención de transmitirla a terroristas yihadistas. 
Como se alega, Melzer estaba motivado por el racismo y el odio mientras intentaba llevar a cabo este último acto de traición. Gracias a los esfuerzos de los agentes y detectives de la JTTF, nuestros socios en los Departamentos de Defensa y Estado, y los fiscales de carrera de esta Oficina, se ha frustrado un ataque terrorista impulsado por el odio contra los soldados estadounidenses ".


El fiscal general adjunto John C. Demers dijo: "Ethan Meltzer planeó una emboscada mortal sobre sus compañeros soldados al servicio de un cóctel diabólico de ideologías mezcladas con odio y violencia. Nuestras mujeres y hombres en uniforme arriesgan sus vidas por nuestro país, pero nunca deberían enfrentar tal peligro a manos de uno de los suyos. La División de Seguridad Nacional se enorgullece de apoyar los esfuerzos de quienes interrumpieron este ataque planeado y de buscar justicia para estos actos".

El subdirector del FBI William F. Sweeney Jr. dijo: “Melzer se declaró traidor contra los Estados Unidos y describió su propia conducta como equivalente a traición. Estamos de acuerdo. Dio la espalda a su condado y su unidad mientras se alineaba con los miembros del grupo neonazi O9A. Hoy, él está bajo custodia y enfrenta una vida de servicio -tras las rejas- lo cual es apropiado dada la severidad de la conducta que alegamos hoy”.

Grupo neo-nazi O9A

El comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, dijo: "Este caso es otro ejemplo de las responsabilidades internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de la Oficina Federal de Investigaciones de Nueva York. Sus agentes del FBI y los detectives de la policía de la ciudad de Nueva York viajarán a cualquier parte del mundo para llevar a los terroristas ante la justicia, en este caso un soldado que presuntamente ha renunciado a su juramento al ejército de los Estados Unidos y sus compañeros soldados".

De acuerdo con la Demanda criminal y la Acusación que acusa a Melzer, reveladas hoy en la corte federal de Manhattan:

MELZER se unió al Ejército de los EE. UU. En aproximadamente 2018, y se unió a O9A aproximadamente en 2019. Los miembros y asociados de O9A han defendido creencias violentas, neonazis, antisemitas y satánicas, y han expresado admiración por nazis como Adolf Hitler y yihadistas islámicos, como Usama Bin Laden, el ex líder de Al Qaeda, ahora fallecido. Miembros y asociados de O9A también han participado en actos de violencia, incluidos asesinatos.

Aproximadamente en octubre de 2019, MELZER se desplegó en el extranjero con el Ejército. Antes de planear el ataque, MELZER consumió propaganda de múltiples grupos extremistas, incluidos O9A y el Estado Islámico de Irak y al-Sham, que también se conoce como ISIS. Por ejemplo, en relación con la investigación, el FBI incautó de una cuenta de iCloud mantenida por MELZER un documento emitido por ISIS con un título que incluía la frase "COSECHA DE LOS SOLDADOS" y describió los ataques y asesinatos de personal estadounidense en aproximadamente abril de 2020.

Descarga aquí la ACUSACIÓN.

SALINAS PIDE APOYAR A FELIPE CALDERON

El ex presidente Carlos Salinas de Gortari llamó a apoyar al presidente Felipe Calderón en la lucha contra el crimen organizado, y demandó para ello un frente común autoridades-ciudadanos.

Dijo que ésta es la fórmula para enfrentar al flagelo de la delincuencia organizada.

“Hay que sumarse al trabajo del presidente Calderón, que ha sido muy valiente, y a la acción decidida del gobernador Medina, así como de las autoridades locales que están comprometidas y decididas a enfrentar este flagelo”, comentó.

Salinas de Gortari estuvo en el cierre del Primer Congreso de Mexicano de la Industria Siderúrgica celebrado en esta ciudad, en donde destacó que la división entre los afectados por la inseguridad sólo favorece a los delincuentes.

“Es indispensable el trabajo de todos, todos tienen algo qué hacer, los ciudadanos organizados, pero apoyados por los tres niveles de gobierno”, señaló.

“Ese frente común es lo único que puede derrotar al flagelo que nos está afectando a todos los mexicanos, porque la división o la confrontación entre los afectados sólo abona a favor de estos delincuentes desalmados”, indicó, al insistir en que la colaboración de sociedad y gobierno debe ir en forma conjunta.

Carlos Salinas paseó por el Río Santa Lucía a bordo de una lancha, al lado del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, con quien conversó previamente en el despacho del mandatario estatal. (Crónica)

LA NUEVA LEY MILITAR

Lydia Cacho / CIMAC

Twitter@lydiacachosi
www.lydiacacho.net

Hace cuarenta años, cuando yo era niña, mi abuelo, un militar serio y respetable nos esperaba los domingos a comer en su hogar, sentado en un sillón de piel. Allí el patriarca de la familia paterna estiraba la mano para que su prole la besara al llegar. En su habitación colgaba un crucifijo con un inmenso rosario, enfrente, el sable de sus tiempos dorados en el Ejército Mexicano.

Era un buen hombre. Conservador, patriota, religioso, sexista, honrado, racista, educado, obsesionado con el autocontrol y las formas; un frugal maestro de la disciplina reticente al desorden y a las expresiones de libertad. Era un patriarca que amaba a su familia. Pero era un antidemócrata perfecto. Los breves momentos en que permitía que nos dirigiéramos a él, respondían no a su interés sobre nuestra opinión, sino a la necesidad de cubrir esa cuota que todo patriarca que se precie de serlo debe otorgar a quienes, en su territorio, creen tener derecho a disentir y opinar. Pero la única costumbre que logramos cambiar fue darle el beso en la mejilla y no en la mano.

Los militares que han asesorado la creación de la Ley de Seguridad Nacional son hombres preparados, cultivados en el arte de la política, conocedores en ingeniería constitucional. No son demócratas y aunque hablan de “política de los derechos humanos”, consideran que el orden y el control deben anteponerse al ejercicio de esos derechos. Ellos, al lado del presidente Felipe Calderón, han propuesto una ley que les permita imponer el orden en el país como un cuarto poder (no olvidemos que ya hay 25 militares a cargo de cuerpos policiacos en el país). Buscan legalizar su incursión en la seguridad nacional de tal forma que queden por encima de autoridades civiles que consideran inútiles, corruptas y poco disciplinadas.

Ciertamente en casa muchos de ellos son padres tiernos, esposos cumplidores y abuelos conmovidos por los primeros pasos de sus nietos, pero son esencialmente antidemócratas. Conservadores patriotas que han convencido a Calderón de que el país se saldrá de “su” control si no se aprueba esta nueva ley, que no sólo se contrapone con la nueva Ley Federal para la Protección de los Derechos Humanos, además contradice a la Suprema Corte, le permite al Ejército hacer espionaje telefónico y cibernético y mantener un control legalizado de los cuerpos policiacos y autoridades civiles. Además contraviene las sentencias y recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

Quienes han vivido bajo regímenes militares en Latinoamérica y han documentado cómo se construyen las dictaduras saben que no hay secretos. Ciertamente el fortalecimiento de los ejércitos lo impulsan y protegen pequeñas élites de militares, empresarios y políticos (de varios partidos) cuyo poder real y duradero radica en ser parte de la estructura del sistema que, sea como sea, les considerará necesarios para mantener la economía y cierta estabilidad legislativa en el país. Pero ¿para qué querría Calderón entregarle al PRI a un país donde el Ejército tenga la fuerza de un suprapoder?

Y sí, los patriarcas le dieron su cuota de escucha a Sicilia y a sus hombres. Y sí, Calderón y Manlio Fabio Beltrones le dejaron que les besara en la mejilla y les abrazara; eso es lo de menos, son sólo formas que ratifican la filosofía pacifista de un individuo, pero no tienen impacto alguno en este proceso político. Lo cierto es que no hay diálogo real porque esencialmente ni este movimiento, ni los que llevan décadas protegiendo la democracia e impulsando los derechos humanos, son considerados interlocutores reales para los patriarcas de México, esos que mientras nos escondíamos de las balas, dejaron entrar al Ejército cuyos líderes se preguntan ¿y si estos inútiles no saben gobernar, por qué no lo intentamos nosotros de una vez por todas?

Habremos de cuidar en no satanizar al Ejército, ellos no proponen un golpe militar violento, sino la institucionalización estratégica de su incursión como poder activo equiparable al Poder Judicial. Una fuente militar cercana me confió que algunos de los más sólidos y respetables personajes de la Sedena están plenamente convencidos de que ésta es su misión. La puerta está abierta en San Lázaro, por eso frente a ella habremos de estar quienes creemos que esta Ley de Seguridad Nacional resulta verdaderamente peligrosa y no es la respuesta contra el crimen, sino contra las libertades democráticas.

BUENA NOTICIA DE AMNISTIA INTERNACIONAL

LIBERADO EN IRAK QUSAY ABDEL-RAZAQ ZABIB

Qusay Abdel-Razaq Zabib, detenido sin cargos ni juicio en Irak durante más de dos años, quedó en libertad el 30 de diciembre 2010.
Qusay Abdel-Razaq Zabib, ex agente de policía de Tikrit, en el norte de Irak, fue detenido por las fuerzas estadounidenses en julio de 2008. Estuvo bajo custodia estadounidense hasta marzo de 2010, cuando Campo Taji, la prisión donde se encontraba, quedó bajo control del gobierno iraquí junto con todas las personas recluidas allí. Anteriormente las fuerzas estadounidenses habían recomendado a las autoridades iraquíes que lo dejaran en libertad. Sin embargo, continuó bajo custodia iraquí hasta noviembre de 2010, cuando lo sacaron de Campo Taji para llevarlo a una comisaría de policía de Tikrit. 
El traslado de Qusay Abdel-Razaq Zabib a la comisaría se hizo para preparar su puesta en libertad, pero continuó detenido allí durante varias semanas, por lo que se temió que fuera sometido a tortura u otros malos tratos y que quienes lo mantenían recluido pidieran dinero por dejarlo en libertad. 
Amnistía Internacional habló con Qusay el 5 de enero de 2011. Dijo que había estado detenido en la comisaría de policía hasta el 30 de diciembre, cuando lo dejaron en libertad sin cargos, y que no lo habían torturado ni sometido a malos tratos. Se ha reunido ya con su familia. Dijo: "Se que Amnistía Internacional ha hecho campaña en mi favor y me gustaría darles la gracias por ello". Añadió que tiene intención asistir a una academia de policía de Bagdad y que espera volver a su antiguo puesto de agente de policía. 
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

Esta es la primera actualización de AU: 253/10 Índice: MDE 14/021/2010: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE14/021/2010
 

LAS MILICIAS DEL IMPERIO

Donald Rumsfeld desarrolla sus fuerzas especiales


por Thierry Meyssan*

Al impulsar muy rápidamente las Fuerzas Especiales, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld no busca solamente dotar a los Estados Unidos de medios de intervención rápida, poniéndose al margen del derecho internacional. Construye sobre todo un ejército paralelo para vencer lasresistencias del «establishment» militar. Pero independizando a las Fuerzas Especiales tanto del derecho internacional como de la cadena de mando tradicional, hace de ellas unas milicias incontrolables y se expone a tener que asumir sus peores exacciones.



En Washington, los partidariosdel imperialismo militar de los Estados Unidos -y principalmente los miembros del Center for Security Policy [1] - consideran cada día un poco más la Carta de San Francisco y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como obstáculos para sus ambiciones. Intervienen sin cesar en los «medias» para cuestionar la supremacía de los tratados internacionales sobre la Constitución y las leyes adoptadas por los Estados Unidos.
Se topan sobre todo con la oposición de los oficiales superiores que se ven a sí mismos como responsables de la seguridad colectiva y temen pues, por principio, dejar que hablen las armas, así como con la de los diplomáticos, poco inclinados por naturaleza a desear enfrentamientos generalizados. Estos partidarios del multilateralismo han hechodel general-secretario de Estado Colin L. Powell su portavoz.
La reforma de los ejércitos se ha convertido en uno de los puntos esenciales de cristalización de este debate. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, no desaprovecha ninguna ocasión para estigmatizar en público el peso burocrático de su propia administración y de exhortar a los cuerpos de oficiales a adaptarse a sus exigencias. Esta crisis perpetua se ha vuelto tan aguda que paraliza parcialmente al estado mayor inter-armas y hace difícil cualquier nombramiento.
En el curso de los últimos meses, en primer lugar, se ha creado un Comando Central para América del Norte. Violando el espíritu, si no la letra, del Comitatus Act [2], se coloca a la Guardia Nacional, dependiente de los gobernadores y de lasfuerzas armadas presidenciales, bajo un mando único que permite la injerencia de los militares en la política interior. Además, mediante un tratado, el Comando Central ha asumido de hecho la autoridad sobre lo que queda del ejército canadiense [3]. En segundo término, el Comando estratégico ha absorbido al Comando espacial, con vistas a la creación de un ejército del espacio (es decir, un ejército presente en el espacio para librar batallas en tierra). Estas reestructuraciones han exacerbado los conflictos dentro del «establishment» militar.

En este contexto de obstrucción permanente del Pentágono y del Departamento de Estado a su política, Donald Rumsfeld ha anunciado el 7 de enero de 2002 la creación de una nueva arma, diferente de la Army, de la Navy, de la Air Force y del Marine Corps: las Fuerzas Especiales [4]. Éstas ya habían sido reestructuradas por el presidente Reagan en relación con los trabajos de los senadores Goldwater y Nichols que siguieron al atentado contra la embajada de los EE.UU. en Líbano. Se trataba en aquel entonces de unidades militares muy poco numerosas destinadas a intervenciones relámpago. Habiendo declarado Ronald Reagan la «Guerra contra las drogas», las Fuerzas Especiales fueron utilizadas con rapidez para realizar operaciones de policía contra los narcotraficantes, más allá de todas las normas legales, nacionales o internacionales. Los Estados latinoamericanos podían apelar a estos comandos para que vinieran discretamente a destruir las instalaciones de los cárteles de la droga y eliminar a sus padrinos. Parece también que algunas veces han desempeñado, en América Central, el papel de escuadrones de la muerte para eliminar a líderes marxistas. Con el tiempo, estas fuerzas especiales han aprendido a trabajar con la División de Actividades Especiales de la CIA y con los Boinas Verdes. Han sido puestas a disposición de los comandos supremos regionales y de los estados mayores estadounidenses, que podían requerir sus servicios en caso de necesidad. Así, pues, han ampliado progresivamente sus tipos de misión y sus áreas de intervención.

Sean quienes hayan sido sus verdaderos autores y comanditarios, los atentados del 11 de septiembre de 2001 han demostrado la eficacia de los métodos no-convencionales de combate. Por consiguiente, han aportado igualmente una justificación a ciertas ideas de reforma en materia de doctrina estratégica y de organización designadas con el nombre de «Revolución en los asuntos militares». Para los políticos del Center for Security Policy como Donald Rumsfeld los atentados suministraron un móvil para lanzar la «Guerra contra el terrorismo» y, a la vez, para desarrollar las técnicas ya utilizadas por las Fuerzas Especiales [5].
Durante todo el año 2002, Donald Rumsfeld ha luchado duramente para modificar el estatuto de las Fuerzas Especiales. Con el fin de imponer su voluntad, se ha apoyado en un informe del Comité Consultivo Científico del Pentágono según el cual las Fuerzas Especiales no deben ser más puestas a disposición de las otras armas, sino que, por el contrario, tienen que convertirse en el instrumento central de las operaciones militares [6]. Por otro lado, para librar a las Fuerzas Especiales de la autoridad del "establishment" militar, el Comité ha sugerido que no se las ponga ya bajo el mando de los estados mayores, sino que se vinculen directamente al Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés).

El nuevo dispositivo ha sido establecido progresivamente. En lo sucesivo, la consejera nacional de seguridad, Condoleezza Rice, cuenta con la asistencia de un adjunto para la lucha contra el terrorismo. Esta función, creada por la directiva presidencial NSPD-8 del 24 de octubre 2001, ha sido confiada inicialmente al general Wayne A. Downing, ex jefe de las fuerzas especiales y «consejero militar» de la oposición iraquí. Desde el 27 de junio de 2002, este puesto es ocupado por el general John A. Gordon, antiguo número 2 de la CIA y más tarde director de la seguridad nuclear.
Downing se ha dotado de un grupo de expertos encargado de las operaciones preventivas de proyección (Proactive, Preemptive Operations Group - P2OG) y compuesto por especialistas de punta en materia de guerra de la información, acciones secretas, diplomacia, señuelos, enseñanza, operaciones psicológicas, infiltraciones, espionaje electrónico y fuerzas especiales de intervención. El P2OG incluye también oficiales de enlace con el director de la Comunidad de Enseñanza y con los secretarios de Estado, Defensa y Justicia. En total, empleará a un centenar de personas.

Durante la guerra de Afganistán, fueron las Fuerzas Especiales las que asaltaron Mazar-i-Sharif [7]. En esta ocasión, el general Wayne A. Downing creó órganos de coordinación en el teatro de operaciones (Joint Interagency Task Force, en la base aérea de Bagram, al norte de Kabul), en el centro de formación de las redes «stay-behind» (Campaign Support Group, en la base de Fort Bragg, Carolina del Norte), y en el cuartel general de la operación "Enduring Freedom" (Special Operations Joint Interagency Collaboration Center, en la base aérea de McDill, Tampa, Florida). De acuerdo con el mismo principio, instaló órganos de coordinación en cada comando regional US. Uno de ellos ya existe en Europa y otro en el Pacífico.
Actualmente, las Fuerzas Especiales están integradas por 47.000 hombres reclutados de las otras armas: el equipo de los SEALs de la Navy, el 75º regimiento de los Rangers y la Fuerza Delta del Army, las Fuerzas de Administración Civil y de Operaciones Psicológicas, y el 160º regimiento aerotransportado de la Fuerza Aérea. Este ejército dispone de su propio presupuesto y compra directamente sus equipos y materiales, incluso naves rápidas y helicópteros. Para 2002 dispone de una cobertura de 4.900 millones de dólares, que debería subir a diez mil u once mil millones en 2004.

Las Fuerzas Especiales se hallan bajo el mando delgeneral Charles R. Holland, un personaje público instalado en McDill. Lo asiste el general Maxwell C. Bailey, que dirigelas operaciones dentro del mayor secreto, hasta el punto de que incluso su biografía oficial ha sido falsificada. De todos modos, los generales Holland y Bailey están muy marcados políticamente y son miembros del Center for Security Policy.
Al inclinarse por este dispositivo, Donald Rumsfeld espera poder dirigir dos guerras simultáneas, tal como declaró el 23 de diciembre. Sin embargo, no se tratará de dos guerras convencionales (contra Irak y Corea del Norte, por ejemplo), sino de una guerra convencional y de una guerra de baja intensidad (contra Irak y la guerrilla de Filipinas, por ejemplo) [8].
En adelante, las Fuerzas especiales tendrán por misión eliminar a los miembros de organizaciones terroristas, no importa en qué parte del mundo estén [9]. El presidente George W. Bush ha aprobado, en diciembre de 2002, una lista con los nombres de los sospechosos a abatir, sin juzgar a los individuos y sin respetar la soberanía de los Estados que los cobijen [10]. Las Fuerzas Especiales han realizado recientemente incursiones en Georgia, Yemen, Filipinas, Chad, etc. Tales operaciones, llevadas a cabo al margen de las leyes de la guerra, no carecen de máculas. En enero de 2002, las Fuerzas Especiales tomaron por asalto una escuela en Ouruzgan, en el centro de Afganistán, al suponer que allí prenderían a los líderes de Al-Quaeda. Mataron a 17 personas e hicieron 29 prisioneros. Éstos fueron trasladados a la base norteamericana de Kandahar, donde fueron torturados [11]. El azar quiso que entre las víctimas se encontrasen los padres de un responsable del gobierno provisional afgano, de manera que los Estados Unidos fueron obligados a reconocer su error, liberar a los prisioneros, presentar sus condolencias a las familias de los difuntos y proponerles una indemnización simbólica. Más grave aún, en Mazar-i-Sharif, las Fuerzas Especiales están acusadas de haber masacrado a los prisioneros afganos y cometido diversos crímenes de guerra.

Otra misión de las fuerzas especiales consiste en disuadir a los Estados de entrar en competencia con los Estados Unidos y desempeñar un papel militar regional [12]. En otros términos,las fuerzas especiales pueden intervenir para atacar y sabotear instalaciones cuyo desarrollo podría dar finalmente a un Estado los medios de su independencia respecto a Washington.
Según el Boston Globe [13], cerca de 150 miembros de las Fuerzas Especiales (un centenar de militares y una cincuentena de paramilitares de la CIA) se encuentran en acción desde hace cuatro meses en Irak. Están apoyados por comandos de las SAS británicas, jordanos y australianos. Su misión es localizar los blancos a bombardear, especialmente en zonas urbanas. Saddam Hussein ha acusado a los Estados Unidos de haber infiltrado a miembros de las Fuerzas Especiales entre los inspectores de desarme de la ONU. Los bombardeos casi cotidianos del centro de Irak apuntan a cubrir los desplazamientos de estas unidades. La guerra ya ha empezado.


Thierry Meyssan

Analista político francés. Fundador y presidente de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace. 

INVESTIGAN QUIEN ULTIMÓ A FAMILIA SILLER GALINDO

Jesús Torres Charles, Fiscal General de Coahuila

Admiten probable responsabilidad de policías en muerte de saltillenses
Infonor

Los disparos que causaron la muerte de tres saltillenses que quedaron atrapados en el fuego cruzado de un enfrentamiento podrían haber sido hechos por agentes de la Policía Federal o la del Estado, admitió el Fiscal Jesús Torres Charles en conferencia de prensa.
Torres Charles reveló que la camioneta tipo Avalanche donde viajaban los tres saltillenses que murieron presenta impactos calibre .223, que corresponden a las armas reglamentarias de las corporaciones descritas.
Queda totalmente descartado, dijo el Fiscal, que elementos del Ejército Mexicano tengan responsabilidad en el caso.
Informó que tanto Ricardo Siller Galindo, de 14 años de edad, así como Karen Alejandra Siller Galindo, de 18 años, presentan seis impactos de bala cada uno.
En tanto que la madre de ellos, María Angélica Galindo Sánchez, de 47 años de edad, presenta 10 impactos de bala.
El Fiscal General dijo que no han determinado si los occisos presentan impactos de bala de calibres usados por el grupo de delincuentes con quienes se suscitó el enfrentamiento donde los saltillenses perdieran la vida, casi frente al Parque El Chapulín, en el cruce del bulevar Antonio Cárdenas y calle Gustavo Espinosa Mireles, que es la calle escénica que lleva al Mirador.
En ese lugar se contabilizaron 209 casquillos, de los cuales 20 son calibre .762, de "cuerno de chivo" y el resto son .223, aunque hay casquillos de más armas, precisó.
"Se van a hacer las comparaciones balísticas con las armas de todos los que utilizaron calibre .223, las corporaciones tanto de la Policía del Estado como la Federal utilizan calibre .223, entonces vamos a requerir todo este armamento, ya se toman los muestreos para determinar qué armas son las que fueron disparadas en este momento".
Torres Charles comunicó que declararán 30 elementos del Ejército, 16 de la Policía Federal y 50 de la Policía del Estado, entre estos integrantes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales.
"Vamos a recabar la declaración de todos ellos, con las testimoniales de todos ellos, con los dictámenes periciales podríamos determinar finalmente de dónde salieron los disparos que impactaron esta camioneta".
El Fiscal explicó que antes de recibir los disparos y cuando se suscitaba el enfrentamiento, la camioneta llegó al bulevar Antonio Cárdenas, procedente de la calle Espinosa Mireles, y un oficial le dio el paso pidiéndoles que se resguardaran en una gasolinera cercana y advirtiendo a sus compañeros que se trataba de una familia civil.
Sin embargo, apuntó, a la camioneta le dispararon.
"Ellos tienen la mala fortuna de cruzar justo en el momento en que hay una balacera entre el Sentra y las patrullas de la Policía del Estado y luego bajan por el bulevar Antonio Cárdenas y es donde está el resto del convoy.
"Qué es lo que sucedió en esta segunda parte es lo que nosotros tenemos que determinar como una hipótesis de qué es lo que motivó los disparos".
"Sí quiero comentarles que es una camioneta Avalanche blanca con vidrios totalmente polarizados y que de alguna forma coincide con las descritas en otros eventos, entonces hasta ese momento digamos que podría ser el único elemento de confusión".
Dijo que si se equivocaron los elementos de la Policía del Estado aceptarán el error.
El Fiscal General informó que además de los tres saltillenses fallecidos hay otra mujer lesionada, en el enfrentamiento en calle Chihuahua y bulevar Venustiano Carranza, frente a la secundaria Margarita Maza de Juárez, así como un policía Estatal que presenta tres impactos de bala.
Torres Charles dijo que desconocen aún los motivos de los enfrenamientos propiciados por el grupo delincuencial, sin embargo, ese tipo de tácticas de guerrilla son usadas para atacar oficiales, pues los agresores ingresan en convoy, se dispersan y se reagrupan.
Torres Charles informó que en los al menos tres enfrentamientos que se dieron en la ciudad en la media noche del sábado y la madrugada del domingo participaron unos ocho vehículos de los pistoleros, en tanto que el Ejército demoró 25 minutos en sumarse.
El funcionario pidió a la comunidad confiar en los elementos policiacos y solicitó a la ciudadanía resguardarse o abrir paso cuando vean ese tipo de operativos.

ALERTA EN JUÁREZ POR EMILIA GONZÁLEZ

Anayeli García Martínez / CIMAC


* Hostiga el Ejército a la defensora de los derechos humanos
* Documentó abusos de militares * Tiene medidas cautelares ordenadas por la CIDH

El hostigamiento contra la activista Emilia González Tercero refleja la ausencia de garantías de seguridad para que en México las y los defensores de los derechos humanos realicen sus actividades de manera libre y segura.
Emilia González Tercero es una defensora de los derechos humanos originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, región sitiada por el crimen organizado, la Policía Federal y el Ejército Mexicano.
Desde hace 22 años Emilia ha documentado abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, pero además ha cuestionado el fuero militar y la vulnerabilidad y riesgo en que se encuentran las y los defensores de los derechos humanos.
El 17 de junio de 2009, fue hostigada por primera vez. Ese día un grupo de militares la interrogó frente a su domicilio con el argumento de que estaban buscando “explosivos, armas o cohetes” e intentaron ingresar a su casa sin orden judicial.
En esa ocasión, un militar les dijo a ella y a un vecino (que se acercó): “Usted no sabe, señor, la cantidad de armas que hemos encontrado en las casas donde hay señoras de edad” y reiteró que si no los dejaba revisar su casa, “después irían federales y la destrozarían”.
Nuevamente, el 27 de julio pasado, 10 militares uniformados y armados se presentaron en su domicilio y le dijeron en forma burlona: “qué escondidita está tu casa”. La citaron al Campo Militar 5-C para rendir una declaración ante una agencia investigadora militar.
Sin saber el motivo de la cita, Emilia acudió el 16 de agosto con la condición de que no fuera en un cuartel militar. Logró que la declaración se tomara en las instalaciones de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Acompañada por la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Luz Estela Castro y otras 30 personas, entre activistas, familiares de victimas de feminicidio, trata de personas y desaparición forzada, rindió su declaración. Las personas que la acompañaban tuvieron que permanecer en la calle porque así lo decidió el mayor, José Alberto Nájera Díaz.
Fue entonces cuando Emilia “ratificó” una denuncia que hizo a través de una nota periodística publicada el 19 de julio de 2009, en la agencia informativa Cimacnoticias.
De acuerdo con Luz Estela Castro éste es un hecho inédito porque el Ejército tomó como único elemento una nota para abrir una averiguación previa. Después de que se percataron de lo que sucedía a Emilia, quien tenía calidad de testigo, decidió ser querellante. No sin antes hacer algunas aclaraciones sobre su trabajo como defensora de los derechos humanos en la sierra tarahumara y su interlocución con el Ejército.
Asimismo, narró las irregularidades que se presentaron, las que calificó de intimidación, cuando se le notificó su comparecencia. Emilia destaca que los elementos castrenses le dijeron: “Si tiene miedo no entre señora. Están moleste y moleste los derechos humanistas y a la hora que se les llama les da miedo”.
La diligencia que duró cerca de tres horas, terminó por preocupar a las organizaciones sociales, pues –dijeron– se trató de una “intimidación” y porque información del Cedehm muestra que la entidad vive atemorizada por los constantes hechos violentos.
Uno de ellos y que alcanzó gran notoriedad fue el asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar el 3 de enero pasado. Ella trabajaba contra la represión y por la aparición de su hijo Miguel Ángel, desaparecido presuntamente por un “levantón” del Ejército.
Esta vulnerabilidad, afirma Emilia, no ha terminado, sólo hay que recordar que el pasado 18 de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida del hermano de Josefina, Rubén Reyes Salazar.
Estos casos no son los únicos. Cipriana Jurado Herrera, integrante del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera de Ciudad Juárez también ha recibido hostigamiento y amenazas por parte de los integrantes de las fuerzas armadas.
La también extrabajadora de la maquila, en abril de 2008 fue detenida por una denuncia supuestamente realizada desde 2005 por parte de Caminos y Puentes Federales por participar en protestas contra el feminicidio y los cazamigrantes.
En este contexto, organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas han documentado el tema concluyendo que es fundamental reconocer el trabajo de las y los defensores. Esto debido a que su papel en la sociedad es fundamental para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho, por ello estas instancias consideran que el Estado debe garantizar que tengan condiciones para realizar su trabajo en libertad y con seguridad.
Por su parte Emilia reafirma que seguirá con su trabajo. Actualmente, junto con el Cedhem y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, representa legalmente a los primos hermanos Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado. Los tres son víctimas de desaparición forzada a manos del Ejército, desde el 29 de diciembre de 2009 se desconoce su paradero, y ante la falta de una efectiva investigación en México, este caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que emitió medidas cautelares a favor de Emilia en marzo pasado.

ACCIÓN URGENTE: VIOLENCIA EN CANANEA, SONORA

Difusión Cencos México D.F., 9 de septiembre de 2010

Acción urgente
ProDESC

•Agreden físicamente y privan de la libertad a trabajadores mineros de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana en Cananea Sonora.

El día 8 de septiembre del 2010, integrantes de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana en Cananea informaron al Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) de los nuevos actos de violencia en las inmediaciones de la mina Mexicana de Cananea así como de la privación de la libertad de treinta trabajadores mineros, todos integrantes de su sindicato.

Hechos:

El martes 7 de septiembre de 2010, alrededor de las 3:30 p.m., un grupo de aproximadamente 300 personas vestidas de civil llegaron a las instalaciones de la mina Mexicana de Cananea, Sonora y comenzaron a atacar con palos y piedras a los trabajadores mineros huelguistas de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Los trabajadores resguardaban la puerta 2 de acceso a la mina Mexicana de Cananea, haciendo valer la suspensión provisional que les otorgó el Juzgado Noveno de Distrito el día 12 de agosto de 2010 para impedir ser desalojados de sus fuentes de trabajo. Los mineros huelguistas se retiraron para resguardarse en su recinto sindical debido a las agresiones y constantes provocaciones para un enfrentamiento por parte de este grupo que nunca se identifico. Los trabajadores permanecieron resguardados en el recinto sindical toda la noche.

Sin embargo el día de hoy, miércoles 8 de septiembre de 2010, a las 5:30 a.m, un promedio de seiscientas personas ingresaron a la población de Cananea, dirigiéndose al local de la Sección 65 generando actos de violencia en contra de los integrantes que se encontraban resguardados y desarrollando sus actividades sindicales.

Es importante mencionar que durante los actos de violencia ejercidos en contra de los mineros de la sección 65 del SNTMMSSRM, elementos de la Secretaría de Seguridad

Pública Federal y Estatal, que permanecen en las instalaciones de la mina desde el día 6 de junio, estuvieron presentes y permitieron los actos de violencia en contra de los trabajadores mineros huelguistas.

Es de igual preocupación que el día de hoy entre las 11:00 a.m. y 12:00 p.m. elementos de la Policía Estatal de Sonora detuvieron de manera ilegal y arbitraria a 30 trabajadores mineros huelguistas de la sección 65 del SNTMMSSRM, de quienes hasta el momento se desconoce su paradero o los motivos de su detención, lo que confirma que fueron detenidos sin orden judicial.

Por los hechos arriba mencionados les solicitamos que escriban inmediatamente pidiendo:

1. Que se tomen de manera inmediata y apegados a los más altos estándares de protección en materia de derechos humanos, las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de los mineros huelguistas de la sección 65 del SNTMMSSRM, así como a sus familiares;

2. Ante los hechos antes mencionados, solicitamos a la Policía Estatal de Sonora, presenten inmediatamente ante autoridad compertente a los 30 mineros huelguistasde la Sección 65 del SNTMMSSRM que permanecen detenidos;

3. Que se realice una investigación inmediata, de manera exhaustiva y apegada a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, de los hechos ocurridos los días 07 y 08 de Septiembre de 2010 en Cananea Sonora;

4. Que en términos de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano, se garantice a los mineros huelguistas de la sección 65 del SNTMMSSRM, así como a sus familiares, el acceso a un recurso rápido, sencillo, idóneo y efectivo para la protección de sus derechos humanos;

5. Que se garantice plenamente el derecho de acceso a la justicia, siendo imparcialidad y expedita;

Envíen llamamientos a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Presidente Constitucional de la República Mexicana
Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 55 27891100; Fax: +52 55 50934900. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Secretario General de Gobernación.
Lic. Fernando Gómez-Mont Urueta.
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX +52 (55) 5093 34 14. Email: secretario@segob.gob.mx

Licenciado Arturo Chávez Chávez,
Procuraduría General de la República,
Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col.
Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"), Correo Electrónico: ofproc@pgr.gob.mx / wmaster@pgr.gob.mx

Lic. Javier Lozano Alarcón
Secretario de Trabajo y Previsión Social
Periférico Sur No. 4271, Col. Fuentes del Pedregal, Tlalpan 14149, México D.F Conmutador 3000-2100 Correo: javier.lozano@stps.gob.mx

Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comisión Nacional de Derechos Humanos Fax +52 (55) 5681 7199, correo@cndh.org.mx

Lic. Guillermo Padres Elias
Gobernador del Estado de Sonora
Palacio de Gobierno, Planta Alta Dr. Paliza y Comonfort, C.P 83260 Hermosillo, Sonora. Fax: +52 662-2120001, tel: +52 662210051

Lic. Ernesto Munro Palacio
Secretario de Seguridad Pública
Rosales y paseo del canal s/n a un costado de la PGJE, Hermosillo, Sonora. Teléfono(s): 662 259-57-01

Lic. Abel Murrieta Gutierrez
Procurador General de Justicia
Rosales y Paseo del Canal Módulo Norte, Planta Alta Col. Centro C.P. 83000 Hermosillo, Sonora. Lada sin Costo 01-800-000-74-53 E-mail procurador@pgjeson Teléfono(s): (662) 259-48-00 ext 14000, 259-48-03, 259-48-04

Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
México,
Alberto Brunori
Representante de la Alta Comisionada en México Fax +52 (55) 5061 6358; oacnudh@ohchr.org

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Fax +1 (202) 458 3992 cidhoea@oas.org

Sra. Navanethem Pillay
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Fax +41 22 917 9000 civilsocietyunit@ohchr.org

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C.
Zamora 169 despacho 2-B, Colonia Condesa, C.P. 06140 México, D. F. Tel. (55) 5212- 2229 Tel y fax. (55) 5212-2230 proyectodesc@gmail.com

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

CAMBIOS DE CALDERÓN SON FALLAS RECONOCIDAS

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, aseguró que los Diálogos por la Seguridad convocados por el presidente Felipe Calderón, son "simulaciones" y por ello, su bancada no asistió a la reunión.

"Hay que parar este tipo de simulaciones, donde son los mismos temas, los mismos esclavos y que está demostrado su fracaso e inviabilidad -justamente mañana celebramos dos años del famoso Acuerdo por la Seguridad-, (pero) se mantendrá la misma estrategia del Ejército en las calles, incluso recurre al chantaje de decir que se requieren más recursos, cuando los recursos se han más que multiplicado".

Y es que en la estrategia de seguridad, como la ha llamado el presidente Felipe Calderón, la falta de comunicación y de transparencia ha sido cuestionada durante los Diálogos por la seguridad. Hacia una política de Estado, un foro donde el mandatario se ha reunido con representantes de la sociedad civil.

Y ahora, a tres años y ocho meses, por primera vez desde su mandato, el presidente Calderón admitió las fallas en dar a conocer los avances contra el crimen organizado y prometió transparentar la información sobre su estrategia de seguridad.

Este jueves el gobierno federal hizo un cambio clave y nombró a Alejandro Poiré como nuevo secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, secretario técnico del gabinete de seguridad y vocero en materia de seguridad.

Poiré llega como relevo de Jorge Tello Peón, un funcionario de seguridad en los tiempos del también panista Vicente Fox.

El nuevo encargado de llevar los conteos, las estadísticas, la narrativa de la "batalla" en el ámbito de la seguridad federal, es un politólogo egresado del ITAM y de Harvard, un académico que ha estado como profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En la función pública ha trabajado con el INEGI, el Instituto Federal Electoral y la secretaría de Gobernación como subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.

Analistas y expertos ven positivo este nombramiento, sin embargo señalan que el problema de la inseguridad va más allá.

El entrevista con CNNMéxico, el analista Sabino Bastidas consideró un avance en el cambió de estrategia federal considerando que “una de las críticas más fuertes es al tema de la comunicación” y describió a Poiré como “un hombre con preparación”.

"La inseguridad no es un problema de los medios, no se resuelve ni con un vocero ni con un boletín de prensa”, agrega Bastidas.

Para el analista, las fallas en la estrategia de seguridad gubernamental radican, por un lado, en que las políticas oficiales —en educación, salud o desarrollo social, por ejemplo— no están alineadas hacia el mismo objetivo de generar seguridad. Por el otro, existe “falta de coordinación sustantiva entre los cuerpos de seguridad”.

José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco (UAM-A), uno de los académicos que asistieron en el foro con el mandatario, dijo a CNNMéxico que Calderón mostró interés en escuchar los planteamientos de los especialistas.

No obstante, agregó, el presidente se equivoca si cree que sólo aumentando los recursos en seguridad la estrategia tendrá éxito, pues también necesitan atenderse la rehabilitación y la prevención de adicciones, las acciones contra las ganancias y los bienes de los delincuentes, así como incluir la participación social en el combate al crimen.

Alberto Aziz Nassif, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), coincidió con Bastidas en que el gobierno federal ha descuidado acciones económicas y sociales que pueden ayudar a combatir la inseguridad, como la generación de empleos y de oportunidades para los jóvenes.

La reafirmación del presidente de que el Ejército permanecerá en labores de seguridad pública indica "que se confirma la estrategia, salvo unos pequeños detalles, pero no se ve que vaya a haber una revisión más a fondo de qué no está funcionando y cuáles son las medidas correctivas", dijo Aziz a CNNMéxico.

El académico señaló que "hay un amplio consenso de que la estrategia no está funcionando", por lo que el reto inmediato de las autoridades es combatir todos los niveles del crimen organizado, como el lavado de dinero, con el propósito de "recuperar el Estado", es decir, las áreas que han sido cooptadas por la delincuencia en los gobiernos o las policías.

A casi cuatro años de que inició el sexenio de Calderón, los foros "no tendrían sentido si no vemos una clara presentación del presidente de que va a corregir la estrategia de seguridad en lo que a su rama compete", señaló Bastidas.

"Hay la necesidad corrección, y ante la necesidad de corrección debe haber un planteamiento claro de lo que se va a hacer", dijo.

El gobierno de México concluyó el octavo foro Diálogos por la seguridad. Hacia una política de Estado, con la afirmación de que el Ejército permanecerá en tareas de seguridad pública hasta que el país tenga policías "confiables y fuertes", con el compromiso de revisar el uso de los recursos en la materia, y con el llamado al Congreso de la Unión para que ayude a fortalecer las instituciones nacionales en el combate a la delincuencia.

Durante los encuentros, el presidente Calderón escuchó a líderes religiosos, académicos, asociaciones civiles y empresarios, propietarios y directivos de medios de comunicación, dirigentes de partidos políticos, representantes del Poder Judicial, gobernadores y coordinadores parlamentarios.

En los foros, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) reconoció que más de 28,000 personas han muerto en acciones derivadas del crimen organizado, mientras Calderón dijo estar dispuesto a que se debata la posible legalización de las drogas como una alternativa para enfrentar al narcotráfico.

LOS ARGUMENTOS FINALES

El presidente Felipe Calderón advirtió que las fuerzas armadas continuarán en el combate a la delincuencia organizada hasta el último día de su mandato, porque (el regreso a los cuarteles) sólo será oportuno cuando se refuercen y depuren las policías locales. En su opinión, la continuidad de los militares en las calles –a partir de diciembre de 2012– será decisión de los ciudadanos al elegir al próximo Presidente de la República.

La problemática de seguridad fue ampliamente delineada por el mandatario: impunidad crónica, policías y jueces expuestos a la venganza de los criminales, un sistema de contrainteligencia que requiere ser reforzado, baja en las denuncias de víctimas, problemas para definir qué nivel de gobierno persigue los delitos, crecimiento de las adicciones, los robos, la extorsión, el secuestro y jóvenes asaltados por otros jóvenes, entre otros.

Hoy siguen desprotegidas las víctimas, los testigos, los denunciantes, los ministerios públicos, los policías y los jueces, dijo.

Ante ello, insistió en que los soldados no se retirarán en tanto los órganos municipales y estatales no alcancen la plenitud de sus capacidades, aunque se comprometió a que la lucha contra la delincuencia no se convertirá en una mera revancha sangrienta, como lo hacen los criminales, porque en ese momento el Estado perdería su superioridad moral.

No obstante, reconoció que dicha presencia de militares en las calles, en los operativos conjuntos, en los enfrentamientos directos, implica riesgos para los propios ciudadanos; admitió que han crecido los casos en donde han fallecido civiles inocentes, porque el fuego cruzado ocurre en zonas urbanas.

Quién iba a imaginar, a las dos de la mañana, en las propias calles de Monterrey, frente al Tecnológico, un enfrentamiento de esa naturaleza, como se dan en Reynosa, y digo más de un enfrentamiento diario. En fin, señaló.

Durante sus tres intervenciones el Ejecutivo defendió la estrategia utilizada por su gobierno en la procuración de justicia, como la figura del arraigo para presuntos delincuentes, pero también admitió los obstáculos a que se enfrentan.

Venta de armas a criminales, negocio para Estados Unidos

Criticó además que Estados Unidos no ha hecho un esfuerzo significativo en reducir las adicciones –por más buena voluntad que pueda tener el presidente Obama– y tampoco para controlar la venta de armamento, lo que provoca lo mismo un conflicto en un país pobre de África, que lucro con la situación que se vive en México, porque para ellos es negocio venderles armas a los criminales.

Con informaciòn de CNN-Mèxico, La Jornada y Agencias.

DEBE EJÉRCITO INDEMNIZAR A FAMILIAS DE ESTUDIANTES MUERTOS

La muerte de dos universitarios mexicanos en fuego cruzado entre sicarios y militares debería ser indemnizada por el Ejército, afirmó hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En una recomendación formulada a raíz del suceso -un tiroteo en un centro educativo de la norteña ciudad de Monterrey, el 19 de marzo-, se pide también al Ejército que se abstenga de manipular escenas de hechos violentos para tergiversar lo ocurrido.
Los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey fueron identificados tras su muerte como sicarios, cuando no era así. Desde algunos sectores se aseguró que cayeron bajo las balas de los militares, que los confundieron con pistoleros del narcotráfico.
La actuación de los soldados "omitió proteger la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar del enfrentamiento", apunta la recomendación de la CNDH.
Ésta, no obstante, no tiene valor legal, ya que los amonestados no tienen porqué cumplir con lo dispuesto en las recomendaciones de la comisión.
El escaso respeto a los derechos humanos y a la población civil ha sido la crítica más frecuente a la labor del Ejército en materia de seguridad pública contra el crimen organizado.
Desde diciembre de 2006, por orden del presidente Felipe Calderón los militares sirven como punta de lanza para frenar la influencia de los carteles de la droga, cuyo enfrentamiento entre sí ha dejado ya 28.000 muertos en poco más de tres años y medio.
Las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han formulado estas críticas, a las que tanto Calderón como la Secretaría de la Defensa Nacional han restado peso, argumentando que los abusos militares son investigados y castigados.
En este caso en concreto, la CNDH achaca al Ejército actos de "uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración de la escena de los hechos e imputaciones, así como ejercicio indebido de la función pública".
El organismo afirma no contar con elementos para definir quién acabó realmente con la vida de los dos estudiantes Javier Arredondo y Jorge Mercado.
La recomendación pide también a la fiscalía federal esclarecer los hechos y que se reconozca a los familiares de los fallecidos como víctimas.
Al gobierno del estado de Nuevo Léon, donde tuvieron lugar las muertes, se pide que instruya a su fiscalía y agentes para que en casos de este tipo se investigue "de forma completa, objetiva e imparcial".

OCULTAN INFORMACIÓN A LA CNDH EN EL CASO ESTUDIANTES DEL TEC

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Sedena, a la PGR y al gobierno de Nuevo León por el caso de dos estudiantes que fallecieron durante un enfrentamiento contra la delincuencia organizada.
El organismo informó que la recomendación 45/2010 es por lo ocurrido el 19 de marzo en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde fallecieron Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso.
Según recordó la CNDH, los estudiantes perdieron la vida durante un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y presuntos delincuentes, pero aclaró que no cuenta con elementos suficientes para definir quien fue el autor de la privación de la vida de ambos.
Según un comunicado, en ese caso encontró elementos que permiten acreditar violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a la información, así como alteración de la escena, entre otros.
La CNDH recomendó por ello a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indemnizar a los familiares de las víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrieron sus servidores públicos y, de ser requerido, se les atienda durante el tiempo que se requiera.
A la Procuraduría General de la República (PGR) le solicitó tomar en cuenta esta recomendación para la debida integración de la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/DF/027/2010, y que se realicen las acciones correspondiente para esclarecer los hechos.
Además de que se reconozca el carácter de víctimas del delito a los familiares de los fallecidos.
Al gobierno de Nuevo León se le exhorta a que instruya al procurador general de justicia y a los agentes del Ministerio Público de la entidad a que integren de forma completa, objetiva e imparcial las actas y averiguaciones previas iniciadas por hechos similares.

Aquí el documento completo de la CNDH.


RECOMENDACION DE CNDH POR HOMICIDIO DE ESTUDIANTES DEL ITESM

MUERE "NACHO" CORONEL EN ENFRENTAMIENTO