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lunes, 22 de agosto de 2011

LA NUEVA LEY MILITAR


Lydia Cacho / CIMAC

Twitter@lydiacachosi
www.lydiacacho.net

Hace cuarenta años, cuando yo era niña, mi abuelo, un militar serio y respetable nos esperaba los domingos a comer en su hogar, sentado en un sillón de piel. Allí el patriarca de la familia paterna estiraba la mano para que su prole la besara al llegar. En su habitación colgaba un crucifijo con un inmenso rosario, enfrente, el sable de sus tiempos dorados en el Ejército Mexicano.

Era un buen hombre. Conservador, patriota, religioso, sexista, honrado, racista, educado, obsesionado con el autocontrol y las formas; un frugal maestro de la disciplina reticente al desorden y a las expresiones de libertad. Era un patriarca que amaba a su familia. Pero era un antidemócrata perfecto. Los breves momentos en que permitía que nos dirigiéramos a él, respondían no a su interés sobre nuestra opinión, sino a la necesidad de cubrir esa cuota que todo patriarca que se precie de serlo debe otorgar a quienes, en su territorio, creen tener derecho a disentir y opinar. Pero la única costumbre que logramos cambiar fue darle el beso en la mejilla y no en la mano.

Los militares que han asesorado la creación de la Ley de Seguridad Nacional son hombres preparados, cultivados en el arte de la política, conocedores en ingeniería constitucional. No son demócratas y aunque hablan de “política de los derechos humanos”, consideran que el orden y el control deben anteponerse al ejercicio de esos derechos. Ellos, al lado del presidente Felipe Calderón, han propuesto una ley que les permita imponer el orden en el país como un cuarto poder (no olvidemos que ya hay 25 militares a cargo de cuerpos policiacos en el país). Buscan legalizar su incursión en la seguridad nacional de tal forma que queden por encima de autoridades civiles que consideran inútiles, corruptas y poco disciplinadas.

Ciertamente en casa muchos de ellos son padres tiernos, esposos cumplidores y abuelos conmovidos por los primeros pasos de sus nietos, pero son esencialmente antidemócratas. Conservadores patriotas que han convencido a Calderón de que el país se saldrá de “su” control si no se aprueba esta nueva ley, que no sólo se contrapone con la nueva Ley Federal para la Protección de los Derechos Humanos, además contradice a la Suprema Corte, le permite al Ejército hacer espionaje telefónico y cibernético y mantener un control legalizado de los cuerpos policiacos y autoridades civiles. Además contraviene las sentencias y recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

Quienes han vivido bajo regímenes militares en Latinoamérica y han documentado cómo se construyen las dictaduras saben que no hay secretos. Ciertamente el fortalecimiento de los ejércitos lo impulsan y protegen pequeñas élites de militares, empresarios y políticos (de varios partidos) cuyo poder real y duradero radica en ser parte de la estructura del sistema que, sea como sea, les considerará necesarios para mantener la economía y cierta estabilidad legislativa en el país. Pero ¿para qué querría Calderón entregarle al PRI a un país donde el Ejército tenga la fuerza de un suprapoder?

Y sí, los patriarcas le dieron su cuota de escucha a Sicilia y a sus hombres. Y sí, Calderón y Manlio Fabio Beltrones le dejaron que les besara en la mejilla y les abrazara; eso es lo de menos, son sólo formas que ratifican la filosofía pacifista de un individuo, pero no tienen impacto alguno en este proceso político. Lo cierto es que no hay diálogo real porque esencialmente ni este movimiento, ni los que llevan décadas protegiendo la democracia e impulsando los derechos humanos, son considerados interlocutores reales para los patriarcas de México, esos que mientras nos escondíamos de las balas, dejaron entrar al Ejército cuyos líderes se preguntan ¿y si estos inútiles no saben gobernar, por qué no lo intentamos nosotros de una vez por todas?

Habremos de cuidar en no satanizar al Ejército, ellos no proponen un golpe militar violento, sino la institucionalización estratégica de su incursión como poder activo equiparable al Poder Judicial. Una fuente militar cercana me confió que algunos de los más sólidos y respetables personajes de la Sedena están plenamente convencidos de que ésta es su misión. La puerta está abierta en San Lázaro, por eso frente a ella habremos de estar quienes creemos que esta Ley de Seguridad Nacional resulta verdaderamente peligrosa y no es la respuesta contra el crimen, sino contra las libertades democráticas.

jueves, 24 de marzo de 2011

La pornografía infantil y la Suprema Corte

Lydia Cacho

cacholydia@yahoo.com
 "¿Tiene un niño de cinco años la capacidad de decir la verdad?", se preguntó en voz alta un juez. La respuesta es sí. Un niño o niña de esa edad tiene habilidades para expresar de manera concreta y directa (sin filtros morales o prejuicios culturales) sucesos que vivió en carne propia, tales como un abuso.
Sin embargo en una sociedad adultocéntrica, afecta a incurrir en actos de corrupción y mentiras para salirse con la suya, la voz de niños, niñas y adolescentes parece no tener cabida; excepto cuando se trata de utilizarles como ejemplos del mal.
Es así como la gente es capaz de creer un testimonio grabado de un niño sicario de 10 años, pero desestima el sufrimiento de uno de la misma edad que fue abusado sexualmente por su maestro o sacerdote, o por su padre, madre o padrastro.
En el 2006 salió a la luz pública el caso de un pequeño de cinco años que ante las evidencias físicas del abuso sexual expresó a su madre, al médico, a la fiscal especial y a la perita en psicología, la manera en que su maestro y otro sujeto del Instituto San Felipe de Oaxaca, abusaban sexualmente de él y tomaban fotos luego de que la maestra lo entregaba a ellos.
Solamente la maestra fue detenida, los dos hombres descritos a detalle y señalados por el pequeño siguen prófugos. Ahora la defensa arremetió contra la madre y el pequeño desacreditando los testimonios, exigiendo absurdos como que tenga cicatrices.
Bastaría con que el juez solicite un par de opiniones médicas independientes, expertas en sexología, para saber que ese argumento se basa en tabúes e ignorancia de los abogados. Usan testigos con coartadas extemporáneas más de dos años después de cometido el delito.
Intentan que la Suprema Corte ampare a la detenida y se ignore la imperiosa investigación de pornografía infantil; en ello el papel del tribunal supremo es vital, porque las leyes nuevas para proteger a la infancia y la creación de ciberpolicías no servirán si insisten en ignorarlas, y en seguir juzgando los casos de violencia sexual infantil como hace una década, cuando no existían ni las herramientas ni los conocimientos especializados.
Existen 84 millones de páginas de pornografía infantil, la mayor parte de la cual consiste en fotos caseras de niñas y niños siendo abusados sexualmente, con comentarios de pedófilos en redes sociales que detallan cómo obtuvieron acceso a la víctima. La mayoría son padrastros y maestros, les siguen los padres y tíos y por último los desconocidos.
La Policía Federal (PF) califica este delito como el tercero más frecuente, después de los fraudes con cuentas bancarias y lasciberextorsiones.
Pero las autoridades siguen ignorando la importancia de la evidencia cibernética. Es justo en ese universo paralelo en que los pedófilos gozan de impunidad y muestran infantes como quien enseña una presa de caza. Allí hay que buscarles.
No nos corresponde asegurar si la detenida es culpable o no, pero podemos exigir que se investigue al maestro prófugo en las redes sociales de pornografía; los indicios existen. No se puede seguir debatiendo estos casos mediatizándolos desde el morbo y el pánico moral, sino desde el derecho y la protección de la infancia.
No cabe duda de que México pasa por una crisis de corrupción del sistema de justicia, crisis que no sería tan perniciosa de no ser por el poder de incidencia de traficantes de influencias y "líderes morales", que se han erigido en jueces sin nombramiento para perpetuar injusticias; pero sobre todo para dejar en gran indefensión a la infancia.
Urge regresar la justicia a los tribunales y sacarla de los pasillos del poder, caso por caso, hasta que nadie crea que los niños y niñas de México son desechables. Hasta que el sistema judicial asuma su obligación de profesionalizarse para afrontar los retos de los delitos que se cometen en una habitación, pero se perpetúan en el ciberespacio.