MALÚ: CARTA DE UNA ACTIVISTA AMENAZADA

Queridos amig@s y compañer@s: 

Con el atentado a mi domicilio cometido el día miércoles por la noche el terror y el miedo invadió mi corazón ya que por primera vez vi de cerca la muerte no solo me preocupo mi vida sino me aterra la idea de que a mis niños les pueda pasar algo este nuevo atentado contra mi vida paso justo en el aniversario del asesinato de mi hermana Lilia Alejandra Garcia Andrade asesinato que se cometió del 14 al 21 de febrero del 2001, es verdad que me han orillado a salirme de mi ciudad ya que mi primer pensamiento fue alejarme y poner a salvo a mi familia, pero nunca huyo como una delincuente, es parte de una estrategia para crear un mecanismo y poder seguir trabajando con la denuncia, la defensa de los derechos humanos de las familias del femicinidio, la investigación de mujeres y niñas desaparecidas y trata de personas así como seguir evidenciando a un gobierno inepto, corrupto, omiso negligente y culpable por las amenazas a los defensores de los derechos humanos.

Con este atentando al quemar mi único patrimonio lo único que provocan es fortalecer mi capacidad para poder seguir en la lucha y así lograr crear mejores mecanismos para poder seguir realizando mi trabajo en favor de las familias de las victimas; es verdad, SÍ tengo MIEDO... terror de imaginarme el formar parte de la cifras de mujeres asesinadas y madres que les han asesinado a una hija, pero también es cierto que el dolor de haber perdido a mi hermana y de conocer el dolor de mas madres y familias que han vivido y siguen viviendo la impunidad de no poder tener a un asesino tras las rejas o poder encontrar a sus hijas, es lo que me da el ánimo de regresar y no abandonar esta lucha que es de tod@s. 

Gracias, muchas gracias por concederme el honor de formar parte de sus amistades; por enseñarme a levantarme después de caerme, brindarme su apoyo y solidaridad en estos momentos de angustia para mi y mi familia. 

Malú Garcia Andrade 
Nuestras Hijas de Regreso a Casa


Antecedentes del caso:

Ante las amenazas de muerte que ha recibido, la activista de Juárez, integrante de la organización ¨Nuestras Hijas de Regreso a Casa¨, Malú García Andrade, se exiliará a partir de la tarde de este viernes al interior del país.

García Andrade, reveló, que junto con sus familiares, será trasladada a la Ciudad de México por la Secretaría de Gobernación, en donde vivirá por tiempo indefinido.

El anuncio lo realizó la activista al mediodía durante la manifestación que diversas organizaciones civiles realizaron en el puente internacional Córdova de las Américas o comúnmente llamado ¨puente Libre¨, en demanda de que las autoridades busquen a los integrantes de la familia Reyes Salazar, Elías, Malena y Luisa, secuestrados la semana pasada en El Valle deJuárez.

Informó que la decisión se tomó con personal de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal: ¨ofreciéndose la Segob a pagarme mí traslado a la Ciudad de México, será por tiempo indefinido, y será el Instituto de las Mujeres el que se haga cargo del hospedaje¨.

Manifestó que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, solicitó que se haga un diagnóstico para medir el grado de riesgo que hay para poder hacer bien un plan de seguridad para que ella pueda regresar a Juárez a continuar con su lucha.

Señaló que ha recibido amenazas diversas, entre ellas, su hijo fue encañonado, a través de correos electrónicos, mensajes en cartulinas en su casa, intentos de ingresar a ésta y amenazas por celular; ¨cállate o ejecutamos a tu familia, cállate o te descuartizamos a tu hija¨, señaló.

El último ataque un grupo de personas llegaron en varios vehículos y se bajaron para rociar con gasolina su casa, prendiéndole fuego.

PERIODISTAS EN RIESGO

Sara Lovera

* Urge crear un mecanismo social y civil integral, porque ahora, ante la confusa situación que vive México, cada quien defiende lo que puede en soledad o aisladamente: Brisa Solís, José Reveles y Rodríguez Baños.

En los últimos cuatro años, dos mujeres periodistas perdieron la vida cumpliendo su misión, alrededor de 20 recibieron amenazas de muerte o fueron atropelladas y perseguidas, mientras María Esther Aguilar sigue desaparecida, y la valiente Lydia Cacho todavía no se siente segura.

Este es el panorama que confrontan las mujeres dedicadas a esta profesión en México, lo que en opinión de Brisa Solís las coloca en una situación de alta vulnerabilidad. Ella es directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el primer organismo que inició la defensa de periodistas desde la década de los setenta.

En entrevista con SEMlac, la ejecutiva de Cencos asegura que no hay garantías ni voluntad política en México para respetar la libertad de expresión, ni para investigar los 11 asesinatos de periodistas sucedidos en 2010. Tampoco se atienden las denuncias, pese a que existen al menos cinco instancias gubernamentales que han ofrecido intervenir para frenar la agresión a estos profesionales.

Recordó que la periodista Anabel Hernández hizo público, el primero de diciembre de 2010, que existe un plan para atentar contra su vida, instrumentado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y policías de la Agencia Federal de Investigación. Las amenazas de muerte proferidas a Hernández, autora del libro Los señores del narco, aparecido en las últimas semanas de 2010, es una muestra de la impericia y el riesgo, dijo Solís.

Esas amenazas surgieron porque su última investigación, publicada por la prestigiosa casa editorial Grijalbo, conjetura cómo las autoridades gubernamentales, militares y policiacas están relacionadas y protegen a los cárteles de la droga en México, al tiempo que muestra alarmantes complicidades en los altos círculos políticos y empresariales.

"Puso el dedo en la llaga", dice Solís. Pero lo más lamentable de lo que sucede en México es que mujeres y hombres periodistas que salen a realizar cobertura informativa a cualquier parte pueden ser objeto de arbitrariedades. El caso de Anabel, quien ha tenido todos los foros para denunciar –como lo hizo en su momento Lydia Cacho– es emblemático. El problema es que otras y otros comunicadores no están en la misma situación, comentó Solís.

La directora ejecutiva de Cencos recordó que el periodista Francisco Cruz Jiménez relató el caso de Selene Hernández, una colega del estado de México que apareció ahorcada en un hotel, en 2008, caso sobre el cual no existe, hasta la fecha, información o investigación alguna.

Según las autoridades, el crimen organizado es responsable de la persecución de las y los periodistas, pero todas las investigaciones de organismos civiles indican que en 65 por ciento de los casos las amenazas provienen de funcionarios locales, gobernadores, jefes policiacos o caciques tradicionales. Y este es el problema.

Anabel narró que, tras la publicación de su libro, su informante le aseguró haber escuchado el plan para atentar contra su vida y hacerlo pasar por un accidente automovilístico, un robo o un intento de secuestro.

Ella, quien colabora para la revista digital Reporte Índigo, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El viernes 3 de diciembre esta última dictó medidas cautelares para Hernández, quien actualmente está protegida por escoltas.

Solís asegura que ahora se pretende establecer, como sucede en Colombia o Guatemala, un mecanismo de protección permanente a las y los periodistas, iniciativa que se está discutiendo hace un año.

"Este 17 de enero las autoridades lo echaron a andar, sin formalidad alguna", denunció y dijo que, además, las autoridades impidieron que en esa mesa de análisis participaran las y los afectados y trabajadores de la comunicación, lo que hace de esta situación insegura, inconfiable y fuera de toda protección real.

Luego reflexionó: "Nada ha detenido los ataques a periodistas" y no existe un solo caso investigado, no hay culpables detenidos ni expedientes para consultar y eso hará que los organismos civiles, entre ellos Cencos, acudan este mismo mes a las instancias internacionales, detalló.

Añadió que está en riesgo la periodista oaxaqueña Verónica Villalbazo, así como una veintena de publicaciones, amenazadas por diversas instancias locales o nacionales.

En México existen varias instancias gubernamentales para atender los problemas: la Comisión especial de la Cámara de Diputados; una instancia especial de la Procuraduría General de la República; la visitaduría de la CNDH y ahora este pretendido mecanismo, pero María Esther Aguilar, desparecida en Michoacán en noviembre de 2009 no aparece, y no se sabe quién la busca.

Cencos, que es al mismo tiempo un espacio de difusión para las organizaciones sociales, ha estado también en riesgo, porque desde ahí se investiga y da seguimiento a las denuncias, dijo Solís.

Agregó que el trabajo periodístico de Hernández se ha enfocado en los últimos años en la documentación de actos de corrupción y abusos de poder por parte del secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, uno de los hombres más poderosos del gobierno, y que lleva a cabo los operativos contra el narcotráfico.

El informe 2009 de Artículo 19 y Cencos documentó que 65 por ciento de las agresiones a periodistas provienen de funcionarios públicos. Esta situación resulta alarmante al considerar las obligaciones que en la materia ha asumido el Estado mexicano.

Artículo 19 es una organización internacional de derechos humanos que trabaja en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. Toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual reconoce el derecho a la libre expresión de todas las personas.

Cencos fue la primera organización en denunciar las agresiones contra periodistas en México. Busca promover la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho individual de los y las periodistas y como derecho colectivo de la sociedad en su conjunto.

 Periodistas

 La joven ejecutiva Brisa Solís y dos periodistas, José Reveles y Roberto Rodríguez Baños, el primero autor de varios libros especializados sobre la crisis de criminalidad y persecución que se vive en México, y el segundo coordinador de una mesa de periodistas de Capital 21, la televisión por internet del gobierno de la capital, examinaron para SEMlac la peligrosidad de la profesión de periodista en este país.

Los tres explicaron que en México hay una fragmentación de las denuncias y los atropellos, que no sólo vulneran la libertad de expresión y ponen en riesgo a hombres y mujeres periodistas, sino que esas situaciones las viven también las mujeres y hombres integrantes del campesinado, de los sindicatos, de las organizaciones sociales y feministas.

Tal es el caso de la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre, a pesar de tener vigilancia y protección, frente al Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua, a donde acudió para exigir un avance en las investigaciones sobre el asesinato de su hija Rubí, quien fuera muerta por su novio en agosto de 2008.

La ejecutiva y los dos periodistas señalaron que no existen, en esta fragmentación cobijada por el gobierno, instancias de coordinación y unas autoridades a otras se pasan la responsabilidad.

Urgieron a cumplir los compromisos acordados en 2003 y 2004 en diversos foros internacionales para garantizar la vida e integridad de los periodistas, crear mecanismos de diálogo y realizar investigaciones creíbles y responsables. Hasta el momento, nada se ha hecho.

Rodríguez Baños apuntó que, apenas el 17 de enero, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, dijo que el Estado mexicano tiene todos los recursos para garantizar un clima de seguridad en el país, algo que ruboriza por absolutamente falso.

Cada día, recordó, "leemos en los medios cómo caen ejecutados, cómo hay balas que matan a cualquier civil y unos 20,000 niños han quedado huérfanos".

Brisa Solís sostiene que en el gobierno no hay sensibilidad alguna, y puso como ejemplo la falta de protección a las y los migrantes procedentes de Centroamérica, que frecuentemente son secuestrados a la vera del camino, mientras la autoridad simplemente "no hace caso".

Por ello, coincidieron en la entrevista a SEMlac, urge también crear un mecanismo social y civil integral, porque ahora, ante la confusa situación que vive México, "cada quien defiende lo que puede" en soledad o aisladamente. Para las y los periodistas también hay una mesa de trabajo.

Eso, reflexionaron, hace recordar la docena de instancias creadas entre 1993 y 2004 alrededor del feminicidio en Ciudad Juárez; la veintena de recomendaciones internacionales y el anuncio de políticas públicas para recomponer el tejido social en esa ciudad fronteriza.

Sin embargo, hoy se sabe que se trata de la ciudad más peligrosa del país, donde no sólo no se ha frenado el feminicidio, sino que han sido asesinados una centena de jóvenes en casas de recuperación de drogadicción; donde se han puesto bombas y no se puede circular.

Pronto abrirá una casa de emergencia para periodistas perseguidos en la ciudad de México, dirigida por el periodista Rogelio Hernández López, quien afirmó que ya se han tocado todas las puertas. Y nada pasa. Ahora toca mantener la información y todo lo necesario para evitar el asesinato de las y los periodistas; pero también de todas y todos los mexicanos.

ADRIANA MORLETT: DESAPARECIDA

Palabra de Antígona

Por Sara Lovera

Frente a una desaparición lo que parece invadir el alma es la angustia, la ansiedad, la zozobra, la congoja y un sentimiento que crece en espiral de desesperanza y desesperación.

Esa desaparición inexplicable, inquietante, nos coloca en un estado de desasosiego permanente. Es como si alguien hubiera quebrado toda racionalidad.

Desde septiembre del año pasado, Adriana Morlett desapareció. Era el 6 de septiembre, hace casi cinco meses. Ella dejó de estar, caminó a un no sitio, a un sin lugar, convertida en humo y sin señales de vida. Como si se la hubiera tragado la tierra, llevada por el viento, evaporada y ausente.

No volvió a casa. Tiene 21 años y vivía en la ciudad de México hacía poco menos de un años, con su hermano.

Ese septiembre, luego de ir a recoger un libro a la biblioteca central de la UNAM, se citó con Mauro Alberto Rodríguez Romero, pensaba ir a casa a ver unas películas y tras salir de la biblioteca, filmada por las cámaras de seguridad, simplemente se eclipsó. Se sumergió en este océano de la violencia que parece ser la imagen de México. Lo extraño es que días después el libro que pidió prestado regresó a la biblioteca y nadie sabe cómo.

Estudiante de la Facultad de Arquitectura, Adriana se había citado con amigas y amigos para tener una velada estupenda. La esperaban a las 8 de la noche pero no llegó. Ella fue a la biblioteca a las 7 de la noche, no tardó nada en gestionar el préstamo y ya, en la puerta de salida sonó su celular, era Mauro Alberto, hoy escondido, atrapado por quién sabe qué saberes sobre su amiga.

Por supuesto que las autoridades encargadas y responsables de investigar, de encontrarla, no han explicado nada. La desaparición de Adriana está en la impunidad y sus padres viven con ese desasosiego de la desesperación y la zozobra del no saber, del no entender. Se han dado cuenta del significado de la palabra impunidad que asola a nuestra realidad, esa impunidad que nos cubre y nos hunde todos los días frente a la injusticia y la desgracia.

Hace menos de una semana que la diputada Teresa Incháustegui, de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, reveló que el Registro Nacional de Personas Extraviadas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), en la última década documentó la desaparición de 676 mujeres.

Los datos son siempre ilustrativos, pero atrás de cada una de esas 676 mujeres hay una vida, una historia, una gama de afectos, un cúmulo de experiencias y expectativas, de planes, de ilusiones.

Según la SSP de las 676 mujeres reportadas como desaparecidas, el 64.2 por ciento son mujeres de entre 10 y 24 años de edad, es decir, niñas y jóvenes.

Adriana está en la estadística, pero está en un no lugar, borrada, desvanecida en el mar de expedientes. Se trata, dijo la diputada Incháustegui, campechana y politóloga, que el número de mujeres desparecidas tendría que ser un asunto importante para la sociedad, esa masa informe que se debate en el día a día de las preocupaciones urgentes: el trabajo, el salario, su seguridad y la integridad individual.

La desaparición de mujeres en México, la de Adriana, por ejemplo es parte de los diferentes contornos de la violencia que se convierte en un tema, pero que no se resuelve ni se enfrenta por el Estado y la sociedad; que se nombra pero que no se confronta. Leyes van y vienen. Las desapariciones continúan inexplicablemente, sumidas en ese mar de amargura que desestructura familias, comunidades y país.

¿Dónde está Adriana? Seguro que es la pregunta cotidiana con la que le amanece a su madre, a su padre, a sus más queridas compañeras y amigas.

Es evidente que las autoridades federales incumplen su responsabilidad, no dan señas de eficacia, porque las desapariciones, esas que a nadie le importan, más que a las familias, como las organizadas en Coahuila o las tan antiguas buscadoras de hijos e hijas del grupo Eureka de la senadora Rosario Ibarra, sin encontrar respuestas.

Hace algunos días, la agrupación feminista Pan y Rosas lanzó un pronunciamiento sobre la desaparición de Adriana Morlett Espinoza y ha gritado fuerte:

¡La queremos de regreso!

El amigo de Adriana, explican las mujeres de Pan y Rosas, identificado como Mauro Alberto Rodríguez Romero e inscrito en la Facultad de Psicología de la UNAM, no explica si se encontró con ella y lo grave es que no se tienen más datos, porque el estudiante ante el temor a pasar de testigo a indiciado, primero evadió dar cualquier explicación y cuando finalmente se decidió a dar información, se mostró renuente argumentando que no quiere ser un “chivo expiatorio”.

Dio dos versiones de los hechos: en una aseguró que al salir de la biblioteca, Adriana lo quiso acompañar hasta su casa “por tener una atención” con él y que en cuanto llegaron, él sólo dejó su mochila y la acompañó a tomar un taxi. Después dijo que fueron a su casa, porque Adriana quería ver un sofá que le iba a comprar y que posteriormente la acompañó a tomar el taxi.

Lo único cierto, cinco meses después es que la investigación está estancada, ya que Mauro Alberto acudió a la Comisión de Derechos Humanos del D.F. para interponer una queja contra las autoridades de la Fiscalía Antisecuestros, según él, ha sufrido actos de intimidación y lo han interrogado sin estar plenamente identificados como personal de la fiscalía o sin las órdenes judiciales correspondientes. ¿Y las autoridades lo dejaron libre?

El padre y la madre que vivían en Guerrero dejaron casa y empleo y dedican todo su tiempo, como parias a buscar a su hija, desde hace meses.

Ellos, como muchos ciudadanos y ciudadanas, hacen por vía libre sus investigaciones frente al casi nulo avance de las pesquisas que deben realizar las autoridades.

Se ha podido precisar que Mauro Alberto prepara un recurso psicológico que anule sus probables declaraciones. Es decir ¿no ha declarado? ¿Por qué pretende preparar este recurso psicológico de perder la memoria? Los padres de Adriana cuentan eso, que la familia de Mauro Alberto se los ha dicho. ¿Dónde está la autoridad? Pan y Rosas no se explica, el mar burocrático o la falta de todo ¿no se sabe? Esto es se ha oscurecido el contexto, las autoridades están muy ocupadas, no funcionan las oficinas judiciales o qué pasa.

El caso de Adriana muestra el desprecio que sobre la vida de las mujeres tienen las autoridades y aparece como única verdad la impunidad. Las militantes de Pan y Rosas sostienen que esta es una forma de violencia contra las mujeres, ya que los responsables de investigar la desaparición, sólo dicen: “No tenemos nada".

Lo irracional es que el marco legal que nos rige establece que tras una desaparición, la búsqueda no se inicia hasta 72 horas después, cuando la experiencia –como sucede en Ciudad Juárez- muestra que en las primeras horas después de la desaparición de una persona son cruciales. Lo asombroso que es la pasividad a pesar de pruebas, como el que “alguien” regresó a la biblioteca el libro que Adriana sacó, sin haberlo reportado; o ante llamadas como la que recibió la mamá de Adriana, de que la tenían privada de su libertad para prostituirla. Llamada que se realizó desde un teléfono público de la delegación Gustavo A. Madero, pero que los policías “no pudieron localizar”.

Hoy las mujeres organizadas gritan: ¡Devuelvan a Adriana!

Periodista y feminista. Ha colaborado en diarios como El Nacional, El Día, Uno más Uno y La Jornada; en 1987, fundó el primer suplemento feminista en México, DobleJornada, para el periódico La Jornada, de alcance nacional. Fundadora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), organismo no gubernamental y la agencia Cimacnoticias, impulsora de redes nacionales e internacionales de periodistas. Cuenta con un gran número de intervenciones en los medios electrónicos en sus más de 30 años de carrera. saralovera@yahoo.com.mx

UN OBISPO INCOMODO

Rosa Esther Beltrán


¡Basta, no más sangre!

Precisamente ahora, cuando se presenta en todo el país un agrio reclamo a Enrique Peña Nieto por haber desdeñado autoritariamente, y con el voto corporativo de las directoras de los institutos de las mujeres  -de entidades gobernadas por el PRI-, la solicitud de Alerta de Género en el Estado de México, fray Raúl Vera López, obispo de Saltillo, fue el domingo pasado a la ciudad de Chihuahua para encabezar y acompañar solidariamente a las organizaciones civiles que con una marcha de protesta y una misa conmemoraban el primer mes del asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, quien fuera abatida a balazos frente a la sede del Poder Ejecutivo de esa ciudad.

Fray Raúl pidió perdón por la insensibilidad que quizá haya contribuido, dijo, a que la injusticia se ensañe y aparentemente prevalezca contra el justo. Igualmente enfatizó que “Chihuahua vive una emergencia humanitaria” por la violencia que dejó 5 mil 212 muertos en 2010, de los cuales 442 fueron mujeres, y añadió: “Me sumo a sus exigencias de poner alto a la violencia contra las mujeres y de que se establezca la Alerta de Género; así como al reclamo de frenar las violaciones de derechos humanos cometidas por los cuerpos policiacos y el Ejército, que incluyen desapariciones forzadas y uso de la tortura como método para extraer información o arrancar confesiones”.

El Obispo recordó también el reciente asesinato de la activista Susana Chávez, la poetisa que hizo suya la campaña “Ni una muerta más”.

La voz de don Raúl discrepa con respecto a la del Episcopado mexicano y la del resto de los ministros religiosos, católicos o no, aunque por supuesto hay excepciones. Un ejemplo ilustra esta aseveración: ayer la prensa nacional publicó la foto del cardenal Norberto Rivera, compartiendo el pan y la sal con Marta Sahagún y con uno de los hombres más ricos de México, Roberto González Barrera, presidente de Banorte, sólo con la high life; a la chusma, de lejos.

La mención de esa foto es oportuna porque ayer mismo el sacerdote defensor de los migrantes, Alejandro Solalinde (una de las excepciones), le reprochó al cardenal Rivera su ausencia, el que no se involucre en el apoyo a los migrantes y le solicitó volver a lo suyo: servir a la gente.

Otro hecho que muestra que la voz de don Raúl Vera y la de las y los ciudadanos organizados que reclaman justicia frente a la ineficiencia de los aparatos de justicia y el autoritarismo de Peña Nieto en su negativa a establecer la Alerta de Género en la entidad que dice gobernar, es que seis mujeres premiadas con el Nobel de la Paz condenaron el incremento de los feminicidios y la falta de protección a los y las defensoras de los derechos humanos en este país.

En su visita a Chihuahua, el Obispo de Saltillo enfrentó con humildad cierta actitud de hostilidad por parte de la jerarquía local, el arzobispo Constancio Miranda quien, en una llamada telefónica, le recordó a fray Raúl sobre el respeto que deben guardar a los territorios de las Diócesis y solicitar el permiso correspondiente para poder asistir a otros lugares, como en este caso.

Parece que el señor Constancio no tiene noticia de que por sobre las leyes de la Iglesia Católica está nuestra Constitución, que establece la libertad de tránsito y de expresión para todo mexicano, y fray Raúl lo es.

Monseñor Vera se define como un religioso evangelizado por los pobres y no como un evangelizador de los pobres, además afirma que como fraile dominico se identifica con una dimensión social y comprometida con la comunidad, y así empezó a andar con los más pobres, primero en Guerrero, después en Chiapas y ahora en Coahuila, no sin antes pasar por otras comunidades del país que lo evangelizaron.

Es muy raro encontrar en México obispos que sepan oponerse a sus compañeros cuando la verdad, la justicia y la ayuda a los débiles lo exigen, pero más extraño resultan las convicciones de don Raúl en el contexto mexicano de impunidad.

El Obispo sostiene que para servir a la Iglesia no basta con hablar, que el compromiso debe ser ponerle un piso a la esperanza, y él lo hace articulando prioritariamente su actividad en la defensa de los derechos humanos.

HONDUREÑAS EXIGEN ACLARAR FEMINICIDIOS EN MEXICO

SAN PEDRO SULA.- Más de cien mujeres de distintas organizaciones feministas de la región organizaron ayer, frente al Consulado Mexicano, una protesta con el propósito de acuerpar las exigencias de sus compañeras de ese país del norte de un cese a la muerte de mujeres y el esclarecimiento de algunos casos, en los que han sido víctimas dirigentes de estas mismas instituciones.

Más de un centenar de mujeres se apostaron frente al Consulado de México, exigiendo el cese a la violencia en ese país.

La protesta la integraron el Colectiva para la Defensa de las Mujeres en Honduras (Codemuh), el Centro de Derechos de la Mujer, (CDM), EL Foro de Mujeres por la Vida, quien a “puro pulmón”, pedían a las autoridades mexicanas, así como a las organizaciones de derechos humanos, que encuentren los mecanismos necesarios, para frenar la inseguridad en la región, así como el cese a la violencia contra las féminas.

Por su parte, la coordinadora del CDM, Yadira Mineros, explicó que con esta actividad lo que buscan es apoyar a sus similares en México, quienes también, simultáneamente, están haciendo platones en al ámbito mundial.

Refirió que “este es un acto de solidaridad con las compañeras, quienes exigen justicia en el caso del asesinato de las dirigentes Marisela Escobedo y Susana Chávez, que fueron muertas, por reclamar el esclarecimiento de los femicidios en ciudad Juárez y Chihuahua”.

Aclaró que no sólo al gobierno de México le están exigiendo, sino además, demandan al de Honduras, que de una vez  por todas, resuelvan las más de 200 muertes violentas de mujeres, en el país, y las nueve que se han reportado en lo que va de este 2011.

De igual manera, la representante del Foro de Mujeres por la Vida, Nelly Del Cid, dijo que el llamado de sus similares en ese país azteca, se dio ante la indiferencia del ese gobierno, y a raíz de la muerte de sus colegas, por defender los derechos de las féminas.

“Respondemos a esa llamada, por que la solidaridad no tiene frontera, y el flagelo del femicidio es algo que afecta a todas, porque se está exportando un modelo de terror contra este género, que se extiende desde México  a toda Centro América”, advirtió.

ORGANIZACIONES DE MUJERES INICIAN ACCIONES

POR UNA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LOS FEMINICIDIOS, NI UNA MUERTA MÁS

¡Juicio y castigo a los asesinos de Marisela y su cuñado!

CHIHUAHUA.-Incendian maderería del esposo de Marisela Escobedo y asesinan a su cuñado mientras familiares y amigos velaban el cuerpo de la compañera. Ella había denunciado al asesino de su hija y sus protestas contra el sistema judicial, le costaron la vida.

Diversos medios nacionales e internacionales, han difundido la terrible noticia del incendio de la maderería de la pareja de Marisela Escobedo y el asesinato de su cuñado.

Sucedió la mañana del 18 de diciembre, mientras la familia velaba el cuerpo de la compañera y activista asesinada el 16 de diciembre, a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

El negocio ubicado en Ciudad Juárez, en la colonia La Cuesta, pertenecía a José Monge Marroquín, esposo de Marisela e informan que luego de rociar con gasolina el lugar, un comando armado “levantó” al copropietario y su hermano Arturo Monge Marroquín.

Arturo apareció más tarde baleado en una calle de Ciudad Juárez, lamentablemente murió antes de recibir atención médica.

Un vocero de la fiscalía general del estado, con un cinismo increíble, han declarado que no se puede establecer al momento, que tanto el incendio como el “levantón” tengan relación con la muerte de Marisela.

Sin embargo, la compañera venía denunciando que Sergio Barraza, el asesino de su hija, recibía la protección de una organización criminal. Ahora sus hijos y su nieta también corren riesgo, pues también habían sido amenazados de muerte.

Llamado urgente ante el asesinato de la compañera Marisela Escobedo Ortiz

El caso de Marisela, cada vez turbio entre tanta impunidad y una cadena de crímenes que no paran, nos llena de indignación ante tanta impunidad de los feminicidios ignorados por el gobierno, la persecución a los familiares de las víctimas y el asesinato a los luchadores sociales.

Recientemente salimos a las calles en el DF, junto con 200 compañeras, activistas de diversas organizaciones de mujeres. Llegamos a Gobernación y a pesar del cerco policíaco federal, nos enfrentamos con la policía para poder ingresar. Ahí gritamos furiosas e indignadas, nuestro repudio por este asesinato. Para posteriormente ser reprimidas sobre avenida Reforma cuando íbamos en camino hacia la Procuraduría General.

Redoblemos las protestas y movilizaciones compañeras, es urgente que logremos la protección total de la familia de Marisela, que solo se garantizará en nuestras propias manos y no de los cuerpos policiales estatales y federales, ni del ejército que mata civiles inocentes.

Proponemos a todas las organizaciones de mujeres del país, feministas, activistas y organizaciones de los derechos humanos, también a todos los sindicatos y organizaciones democráticas y de izquierda, una reunión urgente para discutir como implementar una campaña nacional contra los feminicidios y tomar acciones en contra la impunidad.

Nos solidarizamos con Nuestras Hijas, además con todas las activistas, feministas, y luchadoras de Chihuahua. Exigimos cese a la represión y persecución en su contra.
Repudiamos el asesinato a Marisela Escobedo y Arturo Monge Marroquín, exigimos juicio y castigo para los responsables y la detención inmediata y definitiva de Rafael Barraza.

Exigimos que el estado otorgue una pensión permanente para la hija de Rubí Marisol, nieta de Marisela.

Por una comisión independiente integrada por los familiares de las víctimas y personalidades de derechos humanos, que tome en sus manos el caso.
Apertura de todos los expedientes donde hay implicados asesinos de mujeres.
Basta de feminicidios en todo el país. Basta de impunidad.
Alto a la militarización del país.

Marisela: tu lucha es nuestra lucha…

AGRUPACION DE MUJERES PAN Y ROSAS
 LIGA DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO

YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
Fuente: El Blog de Frida

ALERTA EN JUÁREZ POR EMILIA GONZÁLEZ

Anayeli García Martínez / CIMAC


* Hostiga el Ejército a la defensora de los derechos humanos
* Documentó abusos de militares * Tiene medidas cautelares ordenadas por la CIDH

El hostigamiento contra la activista Emilia González Tercero refleja la ausencia de garantías de seguridad para que en México las y los defensores de los derechos humanos realicen sus actividades de manera libre y segura.
Emilia González Tercero es una defensora de los derechos humanos originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, región sitiada por el crimen organizado, la Policía Federal y el Ejército Mexicano.
Desde hace 22 años Emilia ha documentado abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, pero además ha cuestionado el fuero militar y la vulnerabilidad y riesgo en que se encuentran las y los defensores de los derechos humanos.
El 17 de junio de 2009, fue hostigada por primera vez. Ese día un grupo de militares la interrogó frente a su domicilio con el argumento de que estaban buscando “explosivos, armas o cohetes” e intentaron ingresar a su casa sin orden judicial.
En esa ocasión, un militar les dijo a ella y a un vecino (que se acercó): “Usted no sabe, señor, la cantidad de armas que hemos encontrado en las casas donde hay señoras de edad” y reiteró que si no los dejaba revisar su casa, “después irían federales y la destrozarían”.
Nuevamente, el 27 de julio pasado, 10 militares uniformados y armados se presentaron en su domicilio y le dijeron en forma burlona: “qué escondidita está tu casa”. La citaron al Campo Militar 5-C para rendir una declaración ante una agencia investigadora militar.
Sin saber el motivo de la cita, Emilia acudió el 16 de agosto con la condición de que no fuera en un cuartel militar. Logró que la declaración se tomara en las instalaciones de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Acompañada por la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Luz Estela Castro y otras 30 personas, entre activistas, familiares de victimas de feminicidio, trata de personas y desaparición forzada, rindió su declaración. Las personas que la acompañaban tuvieron que permanecer en la calle porque así lo decidió el mayor, José Alberto Nájera Díaz.
Fue entonces cuando Emilia “ratificó” una denuncia que hizo a través de una nota periodística publicada el 19 de julio de 2009, en la agencia informativa Cimacnoticias.
De acuerdo con Luz Estela Castro éste es un hecho inédito porque el Ejército tomó como único elemento una nota para abrir una averiguación previa. Después de que se percataron de lo que sucedía a Emilia, quien tenía calidad de testigo, decidió ser querellante. No sin antes hacer algunas aclaraciones sobre su trabajo como defensora de los derechos humanos en la sierra tarahumara y su interlocución con el Ejército.
Asimismo, narró las irregularidades que se presentaron, las que calificó de intimidación, cuando se le notificó su comparecencia. Emilia destaca que los elementos castrenses le dijeron: “Si tiene miedo no entre señora. Están moleste y moleste los derechos humanistas y a la hora que se les llama les da miedo”.
La diligencia que duró cerca de tres horas, terminó por preocupar a las organizaciones sociales, pues –dijeron– se trató de una “intimidación” y porque información del Cedehm muestra que la entidad vive atemorizada por los constantes hechos violentos.
Uno de ellos y que alcanzó gran notoriedad fue el asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar el 3 de enero pasado. Ella trabajaba contra la represión y por la aparición de su hijo Miguel Ángel, desaparecido presuntamente por un “levantón” del Ejército.
Esta vulnerabilidad, afirma Emilia, no ha terminado, sólo hay que recordar que el pasado 18 de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida del hermano de Josefina, Rubén Reyes Salazar.
Estos casos no son los únicos. Cipriana Jurado Herrera, integrante del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera de Ciudad Juárez también ha recibido hostigamiento y amenazas por parte de los integrantes de las fuerzas armadas.
La también extrabajadora de la maquila, en abril de 2008 fue detenida por una denuncia supuestamente realizada desde 2005 por parte de Caminos y Puentes Federales por participar en protestas contra el feminicidio y los cazamigrantes.
En este contexto, organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas han documentado el tema concluyendo que es fundamental reconocer el trabajo de las y los defensores. Esto debido a que su papel en la sociedad es fundamental para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho, por ello estas instancias consideran que el Estado debe garantizar que tengan condiciones para realizar su trabajo en libertad y con seguridad.
Por su parte Emilia reafirma que seguirá con su trabajo. Actualmente, junto con el Cedhem y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, representa legalmente a los primos hermanos Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado. Los tres son víctimas de desaparición forzada a manos del Ejército, desde el 29 de diciembre de 2009 se desconoce su paradero, y ante la falta de una efectiva investigación en México, este caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que emitió medidas cautelares a favor de Emilia en marzo pasado.