Origen y desarrollo de las campañas anti-AMLO: del Paraje San Juan a la pandemia
(Quinta parte)
José René Rivas Ontiveros*
A partir del 1 de diciembre de 2018, fecha en que se inició la actual Administración federal, en el diario nacional El Financiero, abiertamente crítico de ella, por cierto, se han venido publicando cada mes las encuestas de la empresa de Alejandro Moreno con la evaluación del desempeño que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido como presidente de la República; son las encuestas de una empresa que ya tiene varios años de haber sido fundada y cuyos trabajos siempre han sido de comprobada objetividad. Por eso, hoy vale la pena que nos dediquemos al análisis de la última encuesta que fue dada a conocer a principios de mayo.Si bien es cierto que todas las encuestas han tenido siempre la finalidad de realizar la evaluación de los diferentes tópicos de la Administración pública federal, lo es también que la encuesta de abril, por obvias razones, tuvo como principal objetivo conocer cómo califica la población mexicana, en general, el manejo que ha hecho el gobierno federal de la actual pandemia que azota al mundo.
Al respecto, la calificación del desempeño de AMLO fue del 68%, o sea, 8 puntos más arriba de los que había registrado un mes antes, cuando fue calificado con el 60%. Sin duda, fue un sorprendente y significativo crecimiento. De esta manera, si este resultado lo comparamos con el porcentaje de votación que AMLO obtuvo el 1 de julio de 2018 cuando ganó la Presidencia de la República, que fue del 53.19%, llegaremos a la conclusión de que a 17 meses de haber asumido el cargo, no solamente no ha descendido en sus índices de aprobación, sino todo lo contrario: ha crecido 15 puntos o, lo que es lo mismo, algo así como 8 millones y medio de votos más.
Lo más sorprendente de dicha calificación es que se haya obtenido no solo en el marco referencial de la pandemia, sino también en medio de una feroz, imparable, burda y costosa campaña de mentiras y difamación, tanto en contra de la investidura presidencial y los integrantes de su gabinete, como de su persona y los miembros de su familia, como si en estos momentos el causante de la tragedia nacional y, por lo mismo, el enemigo a derrotar no fuera el Covid-19, sino AMLO. Así de ruines y perversos son los autores de estas campañas.
En efecto, la actual se ha tratado de una campaña abiertamente fascista, llevada a cabo a través de los diferentes medios de comunicación privados (radio, prensa, televisión, redes sociales y bots) y protagonizada por grupos de presión e interés, que durante los gobiernos neoliberales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) fueron altamente favorecidos con diversas concesiones y que hoy en día se sienten afectados en sus intereses por la serie de cambios realizados por el gobierno de AMLO.
Así, algunas de las medidas que han irritado a los diferentes grupos de interés son, entre otras: el hecho de que en México se esté construyendo una nueva cultura política; la declaratoria de haber finalizado el modelo neoliberal en el país; el no aceptar supeditar las acciones del gobierno a los intereses de los poderes fácticos; el apoyo a los sectores populares; la prohibición constitucional a la condonación de impuestos; el combate al huachicoleo; la supresión de las pensiones vitalicias a los expresidentes; la tipificación como delito grave de los fraudes electorales; la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; la negativa a suspender la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas; el rechazo a incrementar la deuda externa e impulsar un nuevo Fobaproa como el que en 1995 aprobaron los diputados del PRI y el PAN; el recorte en los gastos de publicidad gubernamental para favorecer a los medios de comunicación y la eliminación del “chayote” para los plumíferos y comentaristas de todo tipo para que siempre hablaran bien de los gobiernos en turno; la supresión de becas, contratos, asesorías, fideicomisos, viajes y otro tipo de concesiones para “los notables” o “abajo firmantes”; la propuesta de reducir al 50% el monto de los actuales subsidios a los partidos; la supresión de partidas presupuestales a viejos líderes obreros, campesinos y populares (por ejemplo, Antorcha Campesina), etcétera.
En conclusión, la alta calificación que durante el mes de abril obtuvo López Obrador, quiérase o no, constituye uno más de los fracasos de las fuerzas anti-AMLO que aún sueñan con derrocarlo y que no se resignan a aceptar que él llegó al poder con el voto, este sí democrático, de más de 30 millones de mexicanos. Tampoco han entendido, o no quieren entender, que la sociedad mexicana a la que por décadas manipularon a su antojo desde hace mucho tiempo ya no es ni será la misma, por más costosas campañas de odio que hayan promovido y dolosamente sigan instrumentando.
(Sexta parte)
Tal y como hemos visto anteriormente, desde hace ya casi dos décadas son varios los sujetos individuales y colectivos que en algunas partes del país y a través de diferentes medios han venido instrumentando múltiples campañas de difamación, insultos, mentiras y presión en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y si bien es cierto que los diversos promotores de dichas acciones tienen como principal punto de coincidencia su animadversión a la tendencia política e ideológica de AMLO, lo es también que, por su origen, función y objetivos, estos referentes son muy heterogéneos. En los últimos tres meses del presente año, esta tendencia se ha visto aún mucho más marcada.
En efecto, por las acciones que se han emprendido en el marco de la actual pandemia que azota a todo el mundo, y en particular a nuestro país, es posible aglutinar a dichos promotores en por lo menos ocho grandes bloques, como son, entre algunos otros: 1) los empresarios, 2) los gobernadores rebeldes del norte y occidente, 3) los expresidentes de la República, 4) los exsecretarios de Salud, 5) los partidos políticos, 6) los medios impresos y electrónicos, 7) los columnistas y comentaristas y 8) “los abajo firmantes” o el grupo de los “notables”. Enseguida se presenta una breve radiografía de cada uno de estos bloques.
En el empresarial, el de más poder económico, actualmente es posible identificar por lo menos a cuatro grupos como los tradicionalmente más rijosos y de frontal rechazo a AMLO: a) la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), agrupamiento fundado en 1929 y actualmente dirigido por Gustavo de Hoyos; b) el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), creado el 5 de agosto de 1976 en las postrimerías del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, con quien se enfrentó, y actualmente presidido por Carlos Salazar Lomelí; c) el Frente Mexicano Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), promovido desde el sexenio pasado por Claudio X. González G., quien fue uno de los principales promotores de la mal llamada Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, y d) el Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), presidido por Pedro Luis Martín Bringas (quien, a consecuencia de ello, hace unos días fue separado del Consejo de Administración del grupo Soriana) y en el cual también participan Gilberto Lozano, Pedro Ferriz de Con, Rafael Loret de Mola y Juan Bosco Abascal.
Este es el bloque cuya actividad siempre ha girado en torno al dinero y la defensa de sus respectivos intereses y privilegios. Debido a algunos de los hechos más conocidos de cada uno de estos cuatro referentes, se trata de un núcleo de empresarios política e ideológicamente identificado con la ultraderecha. Por la misma razón, estos grupos nunca han estado ni estarán dispuestos a respetar ningún tipo de legalidad que vulnere o ponga en riesgo la serie de privilegios que han tenido en toda su vida. Así, cuando están en peligro de perderlos, como sucede ahora con el gobierno de AMLO —al que nunca han logrado chantajear y mucho menos doblegar como lo hacían con los gobiernos neoliberales—, recurren a sus tradicionales campañas de odio de carácter eminentemente fascista, a través de la mentira, la difamación, la descalificación, el insulto, el rumor y, por supuesto, la amenaza de utilizar el golpismo, blando o duro, al mero estilo sudamericano, ya que para ellos el concepto de democracia no existe ni debería existir en el diccionario, es una simple ficción. En su lógica, la democracia es la que se impone a través del fraude y el dinero, tal y como ya lo hicieron en 1988, 2006 y 2012 y que avalaron los “notables”.
Al respecto, uno de los ejemplos más elocuentes de este tipo de prácticas golpistas y fascistoides es las que ha estado utilizando el grupo Frenaaa, el cual el día sábado 20 de mayo en la mañana organizó una serie de caravanas de carros y motociclistas, tanto en la capital mexicana como en otras 20 ciudades del país, para exigirle a AMLO que antes del 1 de diciembre de este año se vaya de la Presidencia de la República, por ser, según ellos, “un peligro para México”, “un dictador comunista” y “el responsable directo de que en México haya habido miles de infectados de Covid-19”, por “haber cancelado inversiones en el país como la del aeropuerto de Texcoco” y para que “México no llegue a una situación como la de Venezuela”, entre otras consignas.
Pero independientemente de que esta fue una marcha eminentemente fifí y que, por lo mismo, contó con todos los recursos financieros, el número de participantes en ella fue apenas de mil a mil 200 en la Ciudad de México y de 50 a 200 vehículos motorizados en cada una de las otras 20 ciudades en las que hubo manifestaciones.
Esta acción anti-AMLO, que, por cierto, no es la primera y seguramente tampoco será la última que se realice, pareció ser una ostentosa exhibición de los lujosos y caros vehículos de los manifestantes más que una marcha de protesta, y con ella se evidenció nuevamente la insignificante y ridícula fuerza de esta organización ultraderechista que exige la renuncia de un presidente de la República electo por 30 millones 122 mil 483 mexicanos (53.19% de la población votante) y que hoy ya cuenta con el 68% del apoyo popular. Pero así de extravagantes son y siempre han sido este tipo de grupos fascistoides que siguen soñando con que Bringas, Lozano, Ferriz, Loret de Mola, Bosco o algún otro personaje de la misma calaña se convierta pronto en el Juan Guaidó mexicano. En fin, un verdadero caso para Ripley.
Origen y desarrollo de las campañas anti-AMLO: del Paraje San Juan a la pandemia (Séptima y última)
Además del núcleo de los empresarios que ya se vio en la entrega anterior, un segundo bloque anti-AMLO es el que actualmente conforman siete gobernadores, cuatro de estados norteños y tres del occidente mexicano: Enrique Alfaro (Jalisco) del Movimiento Ciudadano; Silvano Aureoles (Michoacán) del PRD y PRI; Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) del PAN; José Ignacio Peralta (Colima) del PRI;Miguel Ángel Riquelme (Coahuila) del PRI;Jaime Rodríguez, El Bronco (Nuevo León) sin partido, se autodenomina “Independiente” y José Rosas Aispuro (Durango) del PAN.
Por lo visto, se trata de un bloque que, aunque integrado por gobernadores con militancia en cuatro agrupamientos político partidarios diferentes (PRI, PAN, PRD, MC) y uno más que se ostenta como “Independiente», lo cierto es que tanto por sus antecedentes políticos, como por el actual desempeño de gobierno en sus respectivas entidades federativas de cada uno de ellos, de hecho este es un núcleo políticamente homogéneo y con muchas más coincidencias que divergencias, dada su actual o anterior militancia priísta de hecho y de derecho de por lo menos seis de los siete integrantes de dicho bloque.
Por eso, muy bien vale la pena echarle un breve vistazo al historial político de por lo menos dos de los integrantes más activos del grupo que nos permitirá darnos una idea de quiénes son y qué autoridad política y moral tienen como permanentes detractores de la administración pública federal encabezada por el presidente López Obrador (AMLO).
El primer caso es el de Enrique Alfaro, un acaudalado y altanero empresario de la industria farmacéutica, hoy en día dedicado a la política. Como gobernante, una de las acciones que más lo han caracterizado es el de dejar altamente endeudados a las localidades que ha gobernado. En efecto, cuando gobernó el municipio de Tlajomulco (2009-2011), en el año 2010 solicitó un crédito por 250 millones de pesos y un año después por otros 20 millones. Igualmente, cuando ocupó la Presidencia Municipal de la ciudad de Guadalajara (2015-2017), inicialmente se endeudó por 250 millones de pesos, mismos que poco después los incrementó a 504 millones. Finalmente, ya como gobernador del estado y en donde apenas lleva 17 meses, por tres ocasiones ha solicitado préstamos por un monto de 13 mil 650 millones de pesos. ¿A cuánto ascenderá cuando termine su mandato?
El otro caso es el del gobernador del estado de Nuevo León mejor conocido como El Bronco, de quien ya se sabía un poco desde el 2015, por el hecho de haber obtenido la primera gubernatura “independiente” en la historia del país. Empero, la población no acabó de conocerlo hasta el 2018, cuando a fin de participar a toda costa en la sucesión presidencial, no dudó en adulterar las firmas requeridas para registrarse como candidato, mismas que después, indebida y extrañamente, le fueron válidas por el Instituto Nacional Electoral. El Bronco también es el autor de la propuesta de cortar los brazos a los corruptos.
Por todo esto, y ya conocidos estos antecedentes, en el marco de la crisis sanitaria y económica provocada por la actual pandemia, algunos de estos gobernadores ya unificados como grupo de presión anti-AMLO, permanentemente han estado boicoteando en sus respectivas entidades federativas, las diferentes medidas y acuerdos instrumentados nacionalmente por el gobierno federal, tendientes a combatir el Covid-19. Así, uno de los ejemplos más ilustrativos de la utilización de dichas prácticas son precisamente las del gobernador de Jalisco, quien desde el inició de la pandemia en México, reiteradamente se ha estado negando a adoptar las diferentes medidas que con el fin de enfrentarla, han sido ejecutadas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud.
En el mismo tenor, los integrantes de este bloque se oponen a la estrategia de reapertura a la “nueva normalidad”, dada a conocer a finales del pasado mes de mayo por el Presidente de la República, ya que según ellos, ésta “Se realizó de manera unilateral al margen de estados y municipios y sin tomar en cuenta la realidad de cada uno de ellos; [de esta manera]se traslada la responsabilidad a los estados y municipios” [estrategia con la cual] pretenden responsabilizarnos de los muertos por la pandemia de Covid-19”. Por todo ello, estos mandatarios rechazan el plan federal para la reactivación, no obstante que en su carácter de gobernadores, por ley también son autoridades sanitarias.
Simultáneamente a los asuntos de la pandemia, este bloque que seguramente pretende mantenerse por lo menos hasta el 2021, año de renovación de la Cámara de Diputados y de 15 gubernaturas, también ha estado abordando otros aspectos, tales como el demandarle al gobierno federal la conformación de un nuevo pacto fiscal federal en el que se establezcan nuevas reglas para el otorgamiento de los recursos federales a las entidades federativas. Esto es, proponen que se modifique aquel pacto fiscal que fue aprobado hace ya más de cuatro décadas, durante el sexenio del presidente José López Portillo. En la misma tesitura, también se manifestaron en contra del acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tendiente a regular su aplicación y contratación, toda vez que según ellos, esta determinación evitaría la inversión privada en energías limpias y, por eso mismo, daría pauta a actuar, incluso hasta por la vía judicial. Aunque, en esencia, lo que este bloque pretende es que el gobierno de AMLO fracase en la instrumentación de sus diferentes proyectos. Así de perversos son y han sido siempre.
El autor, José René Rivas Ontiveros, es Doctor en Ciencia Política, Profesor e investigador de carrera en la UNAM. Miembro del SNI.
