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jueves, 6 de octubre de 2011

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA


Onésimo Flores Dewey

Hoy dedico esta columna a los diputados del Congreso de Coahuila. A Fernando de las Fuentes. A Francisco Tobías. A Enrique Martínez. A todos los que conforman la súper-mayoría que permitió a Humberto Moreira gobernar con holgura. Me dirijo a ustedes como ciudadano, como representado y en algunos casos como amigo. Sé que mis reclamos pueden resultar injustos. Conozco el innegable talento de muchos de ustedes, y las buenas intenciones que habitualmente guían sus acciones. Entiendo que su trabajo es colegiado, y que lo que aprueban no necesariamente refleja sus opiniones personales. Y me queda claro que su margen de acción está limitado por un sistema político cuyas reglas tácitas castigan la curiosidad y la independencia.

Esto no es un ataque personal, sino una crítica respetuosa. No pretendo insultar, sino poner en la mesa una discusión que buena falta hace sobre la fragilidad de la división de poderes en Coahuila. Y es que tengo que ser claro. Esta Legislatura será recordada como la más dócil y cuestionable de nuestra historia moderna.

Los últimos meses fueron de escándalo. Las campañas electorales y la llegada de Humberto Moreira a la política nacional pusieron a Coahuila bajo la lupa. Semana a semana afloran nuevos detalles, evidenciando lo que muchos suponíamos: las finanzas del Estado fueron devastadas por el exceso y el descontrol. No sólo confirmamos que el monto de la deuda creció exponencialmente durante este sexenio, sino además que el Gobierno estatal nos mintió sistemáticamente sobre su manejo y tamaño.

Resulta que hay deuda por fuera de los libros, que hay deuda contratada con autorizaciones falsificadas y que hay deuda cuyo destino y propósito no está claro. Hubo muchas obras, pero ni de cerca tantas como para justificar más de 140 mil millones recibidos como presupuesto ordinario en el sexenio, más 33 mil millones adicionales en deuda pública. Resulta que hay que cancelar súbitamente programas sociales, desocupar burócratas, subir impuestos y llegar a acuerdos urgentes y poco transparentes con los bancos.

¿Cómo pudo suceder esto? El culpable favorito es Javier Villarreal, el funcionario que hoy nadie defiende. Lo tildan de maldito, de desleal, de irresponsable. Será el diablo mismo, pero parece ridículo pensar que Villarreal actuó solo, como si trabajara desde la estratósfera, sin jefe, sin pares, sin auditores. En todas las democracias existen contrapesos diseñados para evitar o al menos para detectar a tiempo los errores y excesos. Para encontrar qué pasó, debemos preguntarnos por qué fallaron estos mecanismos.

¿Quiénes autorizan los presupuestos? ¿Quiénes estiman los ingresos y fijan el destino del gasto? ¿Quiénes reciben, auditan y aprueban las cuentas públicas del Gobierno? ¿Quiénes tienen la facultad constitucional de autorizar los endeudamientos del estado? ¿Quiénes deben velar por el cumplimiento de las leyes? ¿Quiénes realizan la glosa de los informes de gobierno? ¿Quiénes cuestionan a los funcionarios del gabinete? ¿Quiénes crearon el SATEC, el súper-ministerio que dirigió Javier Villarreal?

Ustedes, señores diputados. Nuestras leyes les otorgan atribuciones suficientes para prevenir, identificar o detener problemas. El Congreso existe precisamente para evitar que el Ejecutivo se desboque, pero ustedes jamás jalaron las riendas. ¿Por qué no lo hicieron?

Quizá estaban engañados. Como bien declaró el presidente del Congreso apenas el 5 de agosto, la deuda autorizada formalmente por ustedes ascendía sólo a 7 mil 700 millones. ¿Pero qué hicieron al descubrir, en fechas recientes, que existen compromisos por 25 mil millones adicionales? No los vi gritar, ni exigir cuentas, ni siquiera plantear preguntas. Se limitaron a aprobar un decreto urgente, un cheque en blanco que no sólo permitió al Gobierno negociar un salvavidas de los bancos, sino que además legitimó retroactivamente todos los compromisos adquiridos a espaldas de ustedes mismos. Si en algún momento fueron víctimas, hoy son cómplices.

Nunca había visto un decreto tan importante ser aprobado con tanta celeridad.

¿Por qué decir “sí” antes de conocer montos, plazos, tasas, garantías y consecuencias de los pagos de la deuda? El Gobierno firmó un acuerdo con la banca casi al día siguiente de que ustedes aprobaron su decreto. ¿Pero acaso conocieron oportunamente el costo y las condiciones del refinanciamiento? ¿Discutieron los funcionarios alguna opción con ustedes? Aún ahora, ¿tienen copia del acuerdo que comprometerá las finanzas coahuilenses por 20 años?

En las democracias los grandes planes y sus financiamientos son aprobados por el Legislativo antes de que el Ejecutivo se aventure a gastar un centavo. Acá el Gobierno gastó por la libre, involucró al Congreso sólo para legitimar y tapar los hoyos, y hasta el final negoció con la banca, ya con la soga en el cuello. El orden de los factores sí afecta al resultado.

Me indigna su falta de indignación. Entiendo que algunos de ustedes miden cada paso, cuidando no caer de la gracia de sus jefes políticos. Pero no se equivoquen. Están en el Congreso para representarnos a nosotros.

Twitter: @oneflores

COAHUILA: ¿TOREAR O NO TOREAR...?


Carta de la Asociación de Matadores al gobierno de Coahuila

Debido a la intención política que existe en el estado de Coahuila de atentar contra la Fiesta Brava, la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares envió una carta, con fecha de 19 de septiembre de 2011, dirigida al gobernador del estado norteño, licenciado Rubén Moreira Valdez, y en la que se le describe lo siguiente:
“El motivo de la presente es para manifestarle nuestra profunda preocupación ante la iniciativa propuesta por el diputado local José Manuel Villegas en el congreso local de Coahuila la cual pretende prohibir la corridas de toros, novillos y becerros modificando el artículo 10 de la Ley de Protección de Animales, siendo un acto inconstitucional que altera el derecho a la libertad de trabajo (artículo 5 de la Constitución).
De ser aprobada dicha iniciativa afectaría de manera grave la economía y el trabajo de familias enteras que participan y sobreviven del toro como toreros, ganaderos, empresarios, monosabios, picadores, banderilleros, por mencionar algunos, asimismo perturbaría una de nuestras más grandes tradiciones en la historia de nuestro país, un espectáculo público que forma parte de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia siendo un arte que inspira a otras artes como la música, la pintura, la escultura, la poesía, la literatura, el ballet complementando a la más auténtica de las fiestas, la Fiesta Brava, la cual ya ha sido proclamada en países como Francia ‘Patrimonio Cultural Inmaterial’ por el ministerio de cultura.
Le comento que la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares, es un sindicato nacional de la industria del trabajo que pertenece al Congreso del Trabajo y cuyo objetivo principal es salvaguardar el interés físico, moral, intelectual y laboral de nuestros agremiados y tomando en cuenta que Coahuila es uno de los estados con más prosapia taurina, siendo de ahí el considerado mejor torero de todos los tiempos el Maestro Fermín Espinosa Saucedo ‘Armillita’, que cuenta además con el museo taurino más importante y completo a nivel nacional ‘Museo de la Cultura Taurina’, creado por el ex gobernador priísta, el maestro Humberto Moreira.
Señor gobernador, sabemos que el Partido Revolucionario Institucional es mayoría en el congreso y siendo usted integrante de dicho partido, le solicitamos de la manera más respetuosa intervenga para frenar esta iniciativa que nos afecta de manera directa a todos los que vivimos del toro y para el toro”. Firma el documento el matador de toros Antonio Urrutia Bolaños, representante ejecutivo de la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares.