Invitada: Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)A fin de evitar la muerte de más mineros en la región carbonífera de Coahuila, la “Familia Pasta de Conchos” presentará mañana ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la documentación que prueba que la tragedia registrada hace 4 años en la entidad, en la que murieron 65 trabajadores, ocurrió por la forma en que el gobierno mexicano aplica las leyes en la operación del sector en el estado.
El “extenso” documento que entregarán a la OIT consiste en la recopilación de los siniestros ocurridos en la zona del carbón de esa entidad, así como las acciones que las autoridades locales y federales, han llevado a cabo para “solucionarlos”.
Así lo informaron representantes de la organización Familia Pasta de Conchos, integrada por viudas y familiares de los mineros fallecidos y asociaciones civiles, durante la misa que cada 19 de mes llevan a cabo frente a las oficinas de Grupo México, en el Distrito Federal.
En la eucaristía, María Trinidad Cantú, madre del minero caído Raúl Villasana Cantú, manifestó que la documentación que preparó Familia Pasta de Conchos, fue elaborada en respuesta al señalamiento que el Comité Tripartito de la OIT hizo en su informe del año pasado, a propósito de la petición de justicia que viudas y familiares hicieron a ese organismo.
“El Comité señaló que la cuestión fundamental era saber si las acciones del gobierno son representativas de la manera en que se aplican las leyes y reglamentos nacionales en otras partes del sector de la minería del carbón en Coahuila, o en otras partes de México, como lo afirman las organizaciones reclamantes, o si este caso debe considerarse, como lo sostiene el gobierno, un suceso trágico y aislado”, citó María Trinidad Cantú.
MÁS DECESOS Y ENFERMEDADESAl respecto, Cristina Auerbach, integrante de Familia Pasta de Conchos y de Equipo Nacional de Pastoral Laboral, aseguró que documentaron los siniestros y las muertes de la zona carbonífera de Coahuila, como prueba de que la tragedia registrada en la mina Pasta de Conchos, “no es un caso aislado, ni un accidente, ni un evento fuera de control, sino la forma sistemática de que el gobierno aplica las leyes y las normas, de tal forma que los mineros siguen muriendo”.
Desde la tragedia en la que murieron 65 mineros, de los cuales 63 permanecen sepultados en el yacimiento en esa zona, se registró el deceso de 41 mineros del carbón, 28 de las cuales ocurrieron en operaciones de extracción del mineral y 13 en labores vinculadas. Además se sumaron 91 nuevos heridos, según el cuarto informe Pasta de Conchos: Otros casos, otras minas, la misma muerte.
En México, explicó la defensora de derechos humanos, “una mina que no tiene permisos para sacar carbón se llama ilegal, en esos casos lo que las autoridades hacen, en lugar de sancionar, es procurar los mecanismos para que se vuelva legal”, sin modificar sus condiciones de operación.
“Usted puede comprar un terrenito, explotar el mineral, y si alguien se le muere, llegan las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, para adecuar los procedimientos, y de esta forma, esa mina sigue operando”, agregó.
La problemática, dijo, se ve reflejada en los informes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ejemplo, en 2007, 47 por ciento de las personas que tenían incapacidad permanente en el país eran mineros.
Asimismo, de las 4 mil 400 personas con discapacidades permanentes registradas después de 2007, el 25 por ciento ocurrieron en Coahuila, y de ellas 750 eran mineros del carbón.
Además, cada año se presentan en el IMSS, 150 nuevos casos de enfermedades pulmonares crónicas, “todos ellos son mineros”.
MÉXICO MIENTEExperiencias como las de la zona carbonífera en Coahuila ocurren en otras naciones del mundo, pero a diferencia de México, las víctimas encuentran justicia, refirió Cristina Auerbach.
“Documentamos siniestros ocurridos en yacimientos carboníferos en Perú, Colombia, Estados Unidos, China, Rusia, Polonia, para ver en qué condiciones sucedían y cómo se iban resolviendo. De entre todos los casos, México es el único país que miente”, subrayó.
Los gobiernos de esos países sancionaron a las autoridades responsables, rescataron a los sobrevivientes y entregan los restos de los mineros a sus familias. Tras el siniestro en Pasta de Conchos, ni el gobierno local, ni el federal realizaron estas acciones, denunció la defensora de derechos humanos.
