U.S. lawmaker seeks answers after State Department error releases Mexican fugitive from Texas jail

By Jana Winter

Published February 15, 2012

| FoxNews.com

A former Mexican government official wanted for embezzling millions was arrested in Texas this month, then promptly ordered released by the State Department in a case that has one lawmaker demanding answers.

A day after pulling rank on Smith County, Texas, law enforcement officials, the State Department rescinded the order. But Hector Hernandez Javier Villarreal was gone by then. Now Rep.  Louie Gohmert is calling for congressional hearings to find out what happened.

"That's the question: What are the federal officials thinking? The State Department is screwing up by ordering locals to release these fugitives," Gohmert, R-Texas, told FoxNews.com. "I don't know if it's corruption or incompetence, but it's one or the other and in my experience with federal government, I'm guessing it's incompetence."

Villarreal, the former secretary executive of the Tax Administration Service of Coahulia, Mexico, was arrested there in November on charges relating to an alleged scheme involving embezzling millions of dollars from the Mexican government. He posted $1 million cash bond, got himself a U.S. visa and then skipped town.  

Villarreal surfaced in Tyler, Texas, on Feb. 1, when he, his wife Maria Teresita Botello and another man were pulled over for a routine stop. The couple's two children were also in the car and were turned over to child protective services.

"All we did was make a traffic stop; they didn't have a front license plate," Smith County Sheriff J.B. Smith told FoxNews.com.

Police were given permission to search the vehicle and found $67,000 in cash and a shotgun, Smith said.

"When we ran the check on the shotgun, then all of a sudden everyone in federal government became interested -- ATF, (the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), FBI, Homeland Security, Immigration (and Customs Enforcement) all showed up," Smith said.

He said Homeland Security officials had told his department that Villarreal was a high-profile and wanted fugitive.

"We placed them in jail on money-laundering charges, seized the vehicle and the money, ICE came and picked them up from our jail and took them to Dallas and that's the last we've seen or heard of them," Smith said.

Villarreal and Botello posted bond, and on Feb. 6 were released into the custody of Homeland Security and ICE officers. They were taken to a Dallas detention center for deportation.

That's when the State Department intervened, according to Smith. He said Homeland Security officials called to tell him the federal diplomatic agency had ordered Villarreal and his wife released. 

Neither State Department nor ICE officials responded to FoxNews.com's request for comment.

Gohmert, who sits on the House Judiciary Immigration Policy and Enforcement Subcommittee, said he'll be calling for congressional hearings to look into who exactly ordered the fugitive's release.

Gohmert said he had been told that State Department officials released Villarreal because he entered the country on a valid U.S. visa, even though as an international fugitive, he should have been deported. Gohmert said he also wants to know why Villarreal was granted a visa days after posting $1 million bond following his arrest in Mexico. The visa Villarreal was granted was an EB-5, which is given to foreigners who invest at least $500,000 in a business venture.

"We need to look at the visa program that allows foreigners to simply invest $500,000 in a venture and we give them a visa," he said. "This is allowing wealthy foreigners to buy a visa."

One day after ordering Villarreal's release, State Department officials referenced the Mexican warrant and asked for local authorities to re-arrest the couple. But by then, it was too late.

"Hopefully we can pursue the matter and get some answers," he said.

Smith said he was waiting to see what happens next. The suspects are supposed to appear at an as-yet unscheduled arraignment on the local charges.  Although they have hired attorneys, Smith said he has his doubts that they will appear.

"If I was a betting man, I'd say no," Smith said.

Read more: http://www.foxnews.com/politics/2012/02/15/us-lawmaker-seeks-answers-after-state-department-error-releases-mexican/#ixzz1mYHgW4Y4 

VISA TEMPORAL PARA TRANSMIGRANTES (LA PROPUESTA)

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez llevó a cabo la presentación de la propuesta civil de visa para transmigrantes en su paso por México.

Las organizaciones e individuos que apoyamos esta iniciativa acudimos al Congreso y a la administración pública para que garanticen que las próximas leyes y políticas correspondientes en el tema de migración respondan a la realidad mexicana actual y omitan propuestas ilusorias e inefectivas (como tratar de imponer límites a la migración entre Centroamérica y Estados Unidos). México debe ser fiel a sus acciones y objetivos internacionales en lo que respecta a los migrantes y debe superar el desafío que enfrenta la población transmigrante, al permitirle a este grupo vulnerable contar con un estatus de protección temporal para atravesar el territorio nacional.

VISA TEMPORAL PARA TRANSMIGRANTES (LA PROPUESTA)

Luis Arriaga, director del Centro Prodh, resaltó que “los datos de la CNDH son retomados de las organizaciones que tienen un trabajo directo con las y los migrantes. No se debe deslindar al estado de la responsabilidad para enfrentar adecuadamente esta problemática. Por eso pensamos que como grupo de organizaciones que está impulsando esta propuesta, el estado debe tomar con seriedad esta inciativa”.

Alejandro Anaya, de la División de Estudios Internacionales del CENTRO de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) expuso sobre la pertinencia de la propuesta de visa ante la problemática que implicaría esperar un proceso de investigación: “Los órganos internacionales se han quedado muy cortos y recomiendan la investigación. Si esperamos a que haya un proceso el cual genere que los delincuentes digan: “no pues mejor ya no lo vamos a hacer porque hay posibilidades de que nos metan en la cárcel” pues vamos a esperar varios años sentados”.

Raúl Vera, Obispo de Saltillo, resaltó que la emisión de la visa debe tramitarse “antes o en el momento de entrar en territorio mexicano” y que en los casos en que las personas transmigrantes entren a México sin documentación “podrám solicitar la regularización de su status y obtener la visa transmigrante en cualquier momento, sea a inicitativa propia o cuando se interroga respecto de su status migratorio por autoridades mexicanas quienes tienen la obligación de informar a las personas sobre la disponibilidad y objetivo de esta visa”.

LAS VISAS DE LA ESCLAVITUD

El mexicano Alberto Rivero ingresó en el programa de trabajo temporal de Estados Unidos en 2005 y desde hace tres años tiene que abonar todos sus gastos de visa, transporte y alojamiento, aunque la norma indique que es responsabilidad de su empleador. "Este último año pagué como 800 dólares. Con la primera empresa con la que trabajé no pagué nada", contó a IPS, vía telefónica, este emigrante de 33 años que se desempeña como jardinero en la localidad de West Chester, en el nororiental estado de Pennsylvania.

Emilio Godoy / IPS

Los receptores mexicanos de las visas H2A y H2B, creadas por el gobierno estadounidense para reglamentar el empleo temporal, padecen abusos a manos de sus empleadores, prácticas que podrían derivar incluso en el delito de trata de personas, sin que el gobierno mexicano los proteja, denuncian activistas y especialistas.
"Los abusos se dan por los reclutadores. Les piden cuotas de contratación y por visa y transporte. El problema es que no hay regulación pública de los contratos y los contratistas", explicó a IPS Alejandra Ancheita, abogada del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), que asesora a grupos de trabajadores migratorios.
En 1943, Estados Unidos instituyó las visas H2 para trabajadores extranjeros y en la década de los 80 estableció las categorías H2A para trabajadores de plantaciones agrícolas y H2B para otras labores como jardinería, construcción y personal para servicio de limpieza de hoteles.
Los reclutadores han creado empresas en México para atraer la mano de obra proveniente de comunidades de todo el país y la vinculan con similares estadounidenses, sin que haya inspecciones por parte de la Secretaría (ministerio) del Trabajo y Previsión Social, debido a la falta de un convenio bilateral en el tema.
Esas visas son una camisa de fuerza laboral, pues sus portadores sólo pueden trabajar para el contratante en un sitio determinado. Las reglas del programa estipulan que el patrón debe cubrir todos los desembolsos del inmigrante.
"Si el patrón no cumple sus obligaciones legales, el trabajador no tiene opción de ir a otro lugar y tiene miedo de quejarse, porque lo pueden despedir y se queda sin papeles", dijo a IPS Victoria Gavito, directora de Asuntos Legales del no gubernamental Centro de Derechos del Migrante (CDM), ubicado en el central estado de Zacatecas.
Cada año unos 130.000 mexicanos se enrolan en el programa temporal, según datos coincidentes del gobierno estadounidenses y de organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema. Provienen principalmente de los centrales estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas y se dirigen especialmente a los territorios estadounidenses de Louisiana (fronterizo), y los orientales Carolina del Norte, Massachusetts, Nueva York y Washington.
Organizaciones como ProDesc y CDM asesoran a grupos de trabajadores afectados para que puedan organizarse y litigar sus casos en México. Para ello, elaboraron el "Manual de justicia binacional", un marco legal para la defensa de trabajadores inmigrantes en ambas naciones.
La Ley Federal del Trabajo de México estipula que las compañías deben cubrir los gastos de trámites del trabajador y registrar los contratos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el ente responsable de velar por la justicia laboral. Pero tal obligación no se cumple, según los activistas.
El argumento que ha dado el gobierno mexicano ante esta carencia es que se trata de un acuerdo entre particulares, por lo cual no puede intervenir.
"El gobierno no se involucra ni quiere saber de qué manera son contratadas estas personas", comentó a IPS Enrique González, cuya tesis de maestría en Estudios Internacionales por la estatal Universidad Nacional Autónoma de México versa sobre el programa H2.
En su investigación de campo, González encuestó a 867 hogares en el municipio de El Naranjo, en el central estado de San Luis Potosí, y detectó 24 casos de trabajadores temporales. El 70 por ciento de la muestra respondió haber pagado por la visa y casi 92 por ciento por el traslado. Sólo 45 por ciento recibió un reembolso.
ProDesc asesora a dos grupos de trabajadores temporales que padecieron abusos en Louisiana. Uno de ellos es el caso de 35 inmigrantes oriundos de San Luis Potosí, que trabajaron en 2008 en un campo de fresas, donde fueron despojados por sus patrones de pasaportes, se los hizo laborar en pésimas condiciones y se los sometió a vejámenes físicos y verbales. El otro lo constituyen 17 mexicanos que estuvieron expuestos a un trato similar.
El objetivo es que puedan demandar a reclutadores y patrones ante los tribunales mexicanos mientras los juicios en Estados Unidos siguen su marcha.
"El gobierno tiene la obligación de regular esos vínculos. Pero el litigio es una herramienta que no va a resolver el asunto de fondo. Hay que hacer transparente el proceso de contratación y otorgamiento de visas y de transporte", planteó Ancheita, egresada de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana.
Este año el CDM, que construye una base de datos sobre contratistas, ha recibido tres denuncias de trabajadores de instalación de parques de atracciones en los estados estadounidenses de Carolina del Norte, Georgia y California, por violaciones a derechos laborales.
"Debe haber más vigilancia. Es una oportunidad muy grande para cambiar las condiciones en México", refirió Gavito, abogada graduada de la privada Universidad de Saint Mary, de Texas.
Desde marzo pasado el programa H2 opera con cambios, como el aviso escrito de los términos del contrato, la identificación de reclutadores extranjeros y de posibles abusos y de ser sujeto penal por anomalías en la contratación.
Antes de su versión actual, el mayor programa de empleo temporal fue el llamado "Bracero", de 1942 a 1964, dentro del cual miles de mexicanos se trasladaron al otro lado de la frontera norte para realizar tareas agrícolas.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, no contiene alusiones sobre el trabajo temporal, ni siquiera en su acuerdo laboral paralelo.
Pero México sí cuenta con un mecanismo con Canadá, el llamado Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de 1974 y mediante el cual unos 15.000 mexicanos viajan anualmente para efectuar esas actividades, según fuentes gubernamentales. (Fuente: Tribuna Hispana).