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martes, 22 de enero de 2019

Puebla: Impunidad y Corrupción de Pacheco Pulido

Se le acusa de impulsar una red inmobiliaria encabezada por sus hijos que se han hecho millonarios a costa del despojo de tierras al ganar de manera sospechosa juicios con documentos apócrifos

LINO ZENTELLA

A unos días de que el Congreso del Estado elija al gobernador interino de Puebla, el nombre de Guillermo Pacheco Pulido ha destacado no sólo por sus nexos con el ex gobernador Mario Marín Torres y el ex candidato a la gubernatura Luis Miguel Barbosa Huerta, sino también por impulsar una red inmobiliaria encabezada por sus hijos que se han hecho millonarios a costa del despojo de tierras al ganar de manera sospechosa juicios con documentos apócrifos. Investigaciones recientes también revelan que la familia Pacheco Pensado incursiona en el negocio de las gasolinerías gracias a las relaciones con gobiernos emanados del PRI.
Guillermo Pacheco fue presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el sexenio marinista y su nombre se involucró en el complot orquestado en contra de la periodista y escritora Lydia Cacho, quien fue perseguida tras revelar una red internacional de pederastas.
Hace unos días, Guillermo Pacheco entregó a los diputados locales su carta de intención para ser considerado en el proceso de elección del gobernador interino, el cual se abrió tras el lamentable fallecimiento de Martha Erika Alonso Hidalgo, registrado el 24 de diciembre de 2018.
Sin embargo, él no garantiza la imparcialidad en la entidad poblana en caso de que el Poder Legislativo lo nombre gobernador interino en lo que se convocan a nuevas elecciones constitucionales, pues su pasado lo persigue.
Su relación con Barbosa
En mayo de 2018, un video difundido en redes sociales y en varios medios locales, evidenció la relación de Guillermo Pacheco con el entonces candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura Miguel Barbosa.
A la reunión privada que se llevó a cabo en un restaurante de la capital del estado, también asistieron los hijos del ex presidente del TSJ, Guillermo y Javier PachecoPensando, así como otros reconocidos empresarios, quienes habrían sido el grupo que financió la pasada campaña del ex senador oriundo de la región de Tehuacán.
Ha trascendido que Miguel Barbosa es quien lo está impulsando en este proceso, porque con esa posición piensa fraguar su triunfo en las nuevas elecciones que se avecinan en caso de que vuelva a ser el candidato a la gubernatura.
El video fue tomado de manera discreta y en él se observa también al empresario relojero Enrique Torres Ramé y su papá Enrique Torres Andrade, así como al joyero Gregorio Suárez, el textilero Carlos Sáinz y Ángel Diez de Urdanivia Arámburo.

Participó en el complot contra Lydia Cacho

El 14 de febrero de 2006 se difundieron varias entrevistas telefónicas entre el entonces gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, que evidenciaron el complot orquestado en contra de la escritora Lydia Cacho, por haber revelado una red de pederastas.
El empresario le pidió al gobernador la detención de la periodista y un escarmiento, el cual se concretó cuando fue detenida en Quintana Roo por policías judiciales de Puebla, y encarcelada en el Cereso de San Miguel donde fue torturada.
El nombre de Guillermo Pacheco fue señalado porque se utilizó al Poder Judicial para tratar de que pasara mucho tiempo en la cárcel.
Recientemente Lydia Cacho criticó la postulación de Guillermo Pacheco al recordar que él hizo todo lo que estuvo en sus manos para tratar de que no obtuviera su libertad: “El mismo Pacheco Pulido que frente a mí, ya en la cárcel de Puebla, ordenaba a la jueza Rosa Celia que me diera orden de formal prisión. Quieren de interino a uno de los cómplices de mi tortura y detención arbitraria”.
En la mira de la ONU
Aunque Guillermo Pacheco ha tratado de lavarse las manos en este caso de tortura y detención arbitraria, en julio del año pasado el Comité de Derechos Humanos de laOrganización de las Naciones Unidas (ONU) asentó su participación en este caso, donde se obligó al actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador a ofrecer disculpas a la escritora, las cuales recibió el pasado 10 de enero.
En el expediente de la ONU la escritora menciona, en el apartado 3.9, que Guillermo Pacheco acordó con Mario Marín la persecución y castigo de Lydia Cacho; incluso, se subraya que la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que existieron pruebas de la relación entre Kamel Nacif y la judicatura del estado de Puebla.
“La autora afirma que los tribunales que conocieron la causa penal en su contra adolecieron de falta de independencia e imparcialidad. Según las conclusiones de la Comisión Investigadora establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existieron pruebas de la relación entre Nacif y la judicatura del estado de Puebla. La autora estima que existió un concierto entre particulares y autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla, incluidos el gobernador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, con el objeto de perseguir a la autora y castigarla por su labor periodística, y de generar un efecto inhibitorio para otros/tras periodistas”.
Además, en el punto 10.11, se corrobora que el Poder Judicial colaboró en su detención y que ésta fue de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria. “El Comité considera que, en las circunstancias descritas, y a la luz de las declaraciones públicas vertidas por el empresario en cuestión y por las altas autoridades ejecutivas y judiciales del estado de Puebla, no desmentidas por el Estado parte, y por los motivos establecidos en el párrafo 10.8 supra, la detención de la autora no fue una medida necesaria ni proporcional, sino más bien una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria, en violación del artículo 9 del Pacto”.

El negocio de las inmobiliarias

Desde hace más de una década, Guillermo Pacheco ha impulsado una red inmobiliaria encabezada por sus hijos, la cual ha cobrado fama por la forma en la que han construido grandes proyectos en la zona metropolitana de Puebla a costa del despojo de terrenos.
Aunque hay que destacar que varias propiedades las adquirió la familia cuando Pacheco Pulido fue presidente municipal de Puebla.
Tras finalizar el sexenio marinista Javier Pacheco Pensado y su cuñado Julián Ventosa Tanús, se convirtieron en dos de los más prominentes desarrolladores inmobiliarios en los estados de Puebla y Veracruz. El sector asegura que el boom inmobiliario de las familias Pacheco y Ventosa se consolidó con recursos provenientes de las arcas estatales producto del desfalco que realizó Mario Marín en Puebla en su paso por la administración estatal.
Recientemente Guillermo Pacheco Pensado despojó a los habitantes de mayorazgo de un terreno de 1.7 hectáreas ubicado en la 11 Sur y bulevar Margaritas, donde pretende construir un centro comercial; los afectados acusan que ganó el juicio usando documentos falsos De hecho, este predio pertenece a una parte del río Chinguiñoso y también forma parte de un drenaje pluvial de otras seis colonias aledañas a Mayorazgo.
El entonces presidente de la mesa directiva de Mayorazgo, Faustino Cortés, recordó que fueron los propietarios de la antigua fábrica textil El Mayorazgo quienes en 1940 donaron más de 20 hectáreas de terreno para la creación de la colonia, pero a través de los años se fueron cometiendo innumerables abusos que terminaron por dejar sólo cuatro espacios comunes, entre ellas, el terreno en cuestión.
La grandeza inmobiliaria de los Pacheco Pensado abarca proyectos en los alrededores del lago de Valsequillo, al sur de la ciudad de Puebla, pero también en la reserva territorial Atlixcáyotl Quetzalcóatl donde adquirieron varios terrenos.
Fueron parte del proyecto Centro Internacional de Medicina (CIMA) ubicado en la reserva Territorial Atlixcáyotl, pues adquirieron el terreno en 4 millones 800 mil pesos, el cual fue vendido al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para sustituir al Hospital San Alejandro por hasta 500 millones de pesos.
En su lista de bienes está además La Torre Cima, cuyos compradores de los departamentos los demandaron por el daño estructural que sufrió el edificio tras los sismos de septiembre de 2017.
Hace siete años, campesinos de San Andrés Azumiatla denunciaron que la familia Pacheco Pensado pretendía a través de medios ilegales, arrebatarles cientos de terrenos ejidales, además de intimidarlos y amenazarlos mediante un grupo de abogados.
Mateo Huexol Caballero y Evaristo Romero Santamaría relataron que desde hace algunos meses personas como Joaquín Tepetl Escalona con escrituras falsas reclaman la propiedad de terrenos ejidales, aunque en realidad son prestanombres de los hermanos Pacheco Pensado.
También, trataron de comprar unos terrenos de la Vista Verde Country & Club del municipio de Tehuacán al inmiscuirse en un juicio promovido por ejidatarios del lugar quienes reclamaron las tierras.
Otro caso más: En el rancho de San José Acatocha, ubicado en Atlixco, a un costado de la vía Atlixcáyotl, la empresa EO de SA de CV inició en 2011 la construcción de un fraccionamiento de lujo, y para ello cometió diversas irregularidades, que van desde tapar los accesos de viviendas de varios vecinos hasta el apropiarse ilegalmente de una franja de 15 metros de ancho que es zona federal, con la complicidad de dependencias estatales, federales y municipales.
Oficialmente quien apareció como representante de la constructora es Luis Roberto Blancas Farfán, pero trascendió que en realidad EO es la fachada de otra empresa llamada: Constructora e Inmobiliaria DAP, cuyos socios mayoritarios son David Tylor y Javier Pacheco Pensado.
En 2007, cuando Julián Ventosa y los Pacheco Pensado construyeron Plaza San José, en la colonia San José Vista Hermosa, causaron destrozos en las casas de algunos vecinos, hechos de los cuales no se hicieron responsables al escudarse en la figura de Guillermo Pacheco Pulido quien en ese entonces aún era el presidente del Tribunal Superior.

martes, 2 de agosto de 2011

PGR: LE RENUNCIAN 21 DELEGADOS ESTATALES


México • En un hecho sin precedente, 21 delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron su renuncia, situación que tomó por sorpresa a la dependencia.
Una vez que se hizo pública la decisión de los servidores públicos, la titular de la representación social de la Federación, Marisela Morales Ibáñez, expresó en un comunicado que “la depuración es fundamental dentro de la PGR para dar a la ciudadanía los resultados que legítimamente exige.
“El México de hoy requiere que quienes nos desempeñamos en cargos públicos lo hagamos con entrega total y responsabilidad al servicio”, agregó.
Antes, la encargada de despacho de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Rosa Elena Torres, dio lectura a un boletín de prensa, en el que confirmó que los delegados renunciaron a sus cargos el 29 de julio, pero no explicó las causas.
Sólo dijo que un día después de la dimisión los subdelegados se hicieron cargo de los despachos respectivos y que los relevos de los funcionarios se someterán esta semana al escrutinio del Consejo Asesor para la Designación y Adscripción de Delegados y Subdelegados, Agregados y Subagregados en la PGR.
Algunos ex delegados que pidieron el anonimato informaron que el motivo de su renuncia fueron las diferencias con la procuradora Marisela Morales Ibáñez, la presión a la que fueron sometidos y supuestos maltratos.
La mayor salida de personal de la institución ocurrió en la gestión de Jorge Carpizo, en la década de los 90, cuando más de mil integrantes de la entonces Policía Judicial Federal fueron expulsados por pérdida de confianza.
Patricia Valdés Argüelles, ahora ex delegada de la PGR en Querétaro, rechazó que existiera algún “acuerdo” para que dimitieran los 21 funcionarios en bloque.
Incluso, aseguró que acreditó los exámenes de control de confianza, ya que en febrero de este año se le entregó el documento con los resultados.
Mencionó que fue notificada de que iba a ser trasladada a Michoacán, Sinaloa o Chihuahua, algo que, afirma, iba contra sus intereses personales, puesto que actualmente estudia una maestría.
En tanto, la delegación de PGR en Tamaulipas dio a conocer que la salida de su titular, José Francisco Rivera, se dio con formalidad y que meses antes se le practicó el examen de control y confianza.
Reacciones en los estados
En Hidalgo, David Magaña Muñoz dijo que dejaba el cargo por “cuestiones personales”. Así lo expresó en una reunión ante 80 trabajadores de la institución.
La delegación de la PGR en Jalisco no dio ninguna información oficial sobre la renuncia de María Teresa García Chávez; sin embargo, se supo que la funcionaria admitió porque se le pretendía imponer un nuevo examen de confianza.
La delegación Estado de México de la PGR informó que desconoce a detalle los motivos de Pedro Guevara Pérez para renunciar al cargo, ya que éstos quedaron asentados en la carta que el funcionario envió directamente a la procuradora Marisela Morales.
En Aguascalientes se informó que la renuncia de Miguel Nava Alvarado se dio luego de las observaciones que surgieron de la aplicación del examen de control de confianza al que fue sometido.
El coordinador de los comités estatales del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR en Guanajuato, Iván Omar Plascencia, señaló que la renuncia de Martín Levario Reyes causó extrañeza, porque había aprobado dos exámenes de control de confianza.
“Nos declaramos perplejos, toda vez que en el caso de Guanajuato, desde 2007, cuando mandaron al delegado (Martín Levario), se le practicó su examen de control de confianza y el año pasado le volvieron a hacer otra prueba y las pasó. No sé qué es lo que buscan”, recriminó.
Los diputados federales José Luis Ovando, del PAN, y Alfonso Navarrete Prida, del PRI, instaron a la procuradora general Marisela Morales a depurar la estructura de la dependencia federal a su cargo, tras la renuncia de 21 delegados estatales.

Trayectorias
Algunos delegados que renunciaron el viernes fueron investigados por delitos de delincuencia organizada; otros ocuparon cargos en plazas donde el narcotráfico es dominante. Aquí un recuento:
COAHUILA
José Rolando Gómez Llanos Aispuro fue señalado en 2008 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuando era delegado en Chiapas, de pertenecer a una red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Fue investigado y en noviembre de 2010 fue nombrado delegado en Coahuila, al comprobarse que no guarda relación con el hampa.
VERACRUZ
Luis Antonio Ibáñez Cornejo era uno de los delegados más experimentados de la PGR, pues ocupó las plazas más conflictivas del país. En la década de los 90 tuvo bajo su mando, en Baja California, a Jesús Ignacio Carrola, quien entonces era jefe operativo de esa delegación. Carrola fue asesinado en el DF, en mayo de 2001, junto con dos hermanos.
DISTRITO FEDERAL
Edmundo Garrido Osorio sustituyó en 2009 a Ricardo Celso Nájera, en el DF, luego de que éste último fue nombrado vocero de la PGR por el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para dar un mayor acercamiento sobre las acciones de la institución.
MORELOS
Mauricio Saad Viveros comenzó su carrera en la PGR en 1996. En 2007 fue designado delegado en Morelos. Posteriormente fue enviado a Sinaloa, una de las plazas más conflictivas para la institución, por ser zona de operación del cártel de Sinaloa, que dirige El Chapo. (Milenio)

lunes, 28 de marzo de 2011

DELEGADO DE SEDESOL MANIPULA INFORMACIÓN


Jerico Abramo Masso

Con pruebas en mano, el alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso, le hizo ver al secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, que el delegado de la dependencia federal en Coahuila opera los programas sociales con tintes político-electorales y no con el sentido social que deben tener los programas de la dependencia federal.
"Le mostramos al secretario de Sedesol que el delegado de Coahuila, Luis Fernando Salazar, no nos hace caso para modificar los polígonos del programa Hábitat, toda vez que en varias ocasiones se le ha enviado la solicitud y los discos de datos de las modificaciones que pedimos, pero la mayoría de los municipios somos ignorados por ese funcionario irresponsable", comentó. Abramo Masso reveló que la delegación de la Sedesol en Coahuila se ha negado desde 2006 a modificar los polígonos y deja fuera de los programas a muchas familias que requieren el apoyo para mejorar su calidad de vida con mejoras en su entorno.
Además, a Heriberto Félix Guerra le dimos a conocer los polígonos del municipio de Saltillo, le demostramos que la delegación federal de Sedesol que dirige Luis Fernando Salazar está operando más con acciones de tipo político electoral panista, que con acciones gubernamentales. 
Así mismo consideramos irresponsable como este delegado federal de Sedesol Salazar Hernández no cataliza los polígonos por tratar de controlar solo una parte de la información.
Por ejemplo, le solicitan a municipios como Nadadores y Abasolo, entre otros, que realicen encuestas tipo INEGI para poder asignarles los recursos económicos del programa federal, cuando es lamentable que se dé.
“Es reprobable que se tengan funcionarios públicos como Luis Fernando Salazar, pero bueno el secretario de Sedesol coincidía en la irresponsabilidad”, aseveró.