PGR: LE RENUNCIAN 21 DELEGADOS ESTATALES

México • En un hecho sin precedente, 21 delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron su renuncia, situación que tomó por sorpresa a la dependencia.

Una vez que se hizo pública la decisión de los servidores públicos, la titular de la representación social de la Federación, Marisela Morales Ibáñez, expresó en un comunicado que “la depuración es fundamental dentro de la PGR para dar a la ciudadanía los resultados que legítimamente exige.

“El México de hoy requiere que quienes nos desempeñamos en cargos públicos lo hagamos con entrega total y responsabilidad al servicio”, agregó.

Antes, la encargada de despacho de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Rosa Elena Torres, dio lectura a un boletín de prensa, en el que confirmó que los delegados renunciaron a sus cargos el 29 de julio, pero no explicó las causas.

Sólo dijo que un día después de la dimisión los subdelegados se hicieron cargo de los despachos respectivos y que los relevos de los funcionarios se someterán esta semana al escrutinio del Consejo Asesor para la Designación y Adscripción de Delegados y Subdelegados, Agregados y Subagregados en la PGR.

Algunos ex delegados que pidieron el anonimato informaron que el motivo de su renuncia fueron las diferencias con la procuradora Marisela Morales Ibáñez, la presión a la que fueron sometidos y supuestos maltratos.

La mayor salida de personal de la institución ocurrió en la gestión de Jorge Carpizo, en la década de los 90, cuando más de mil integrantes de la entonces Policía Judicial Federal fueron expulsados por pérdida de confianza.

Patricia Valdés Argüelles, ahora ex delegada de la PGR en Querétaro, rechazó que existiera algún “acuerdo” para que dimitieran los 21 funcionarios en bloque.

Incluso, aseguró que acreditó los exámenes de control de confianza, ya que en febrero de este año se le entregó el documento con los resultados.

Mencionó que fue notificada de que iba a ser trasladada a Michoacán, Sinaloa o Chihuahua, algo que, afirma, iba contra sus intereses personales, puesto que actualmente estudia una maestría.

En tanto, la delegación de PGR en Tamaulipas dio a conocer que la salida de su titular, José Francisco Rivera, se dio con formalidad y que meses antes se le practicó el examen de control y confianza.

Reacciones en los estados
En Hidalgo, David Magaña Muñoz dijo que dejaba el cargo por “cuestiones personales”. Así lo expresó en una reunión ante 80 trabajadores de la institución.

La delegación de la PGR en Jalisco no dio ninguna información oficial sobre la renuncia de María Teresa García Chávez; sin embargo, se supo que la funcionaria admitió porque se le pretendía imponer un nuevo examen de confianza.

La delegación Estado de México de la PGR informó que desconoce a detalle los motivos de Pedro Guevara Pérez para renunciar al cargo, ya que éstos quedaron asentados en la carta que el funcionario envió directamente a la procuradora Marisela Morales.

En Aguascalientes se informó que la renuncia de Miguel Nava Alvarado se dio luego de las observaciones que surgieron de la aplicación del examen de control de confianza al que fue sometido.

El coordinador de los comités estatales del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR en Guanajuato, Iván Omar Plascencia, señaló que la renuncia de Martín Levario Reyes causó extrañeza, porque había aprobado dos exámenes de control de confianza.

“Nos declaramos perplejos, toda vez que en el caso de Guanajuato, desde 2007, cuando mandaron al delegado (Martín Levario), se le practicó su examen de control de confianza y el año pasado le volvieron a hacer otra prueba y las pasó. No sé qué es lo que buscan”, recriminó.

Los diputados federales José Luis Ovando, del PAN, y Alfonso Navarrete Prida, del PRI, instaron a la procuradora general Marisela Morales a depurar la estructura de la dependencia federal a su cargo, tras la renuncia de 21 delegados estatales.

Trayectorias
Algunos delegados que renunciaron el viernes fueron investigados por delitos de delincuencia organizada; otros ocuparon cargos en plazas donde el narcotráfico es dominante. Aquí un recuento:

COAHUILA
José Rolando Gómez Llanos Aispuro fue señalado en 2008 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuando era delegado en Chiapas, de pertenecer a una red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Fue investigado y en noviembre de 2010 fue nombrado delegado en Coahuila, al comprobarse que no guarda relación con el hampa.

VERACRUZ
Luis Antonio Ibáñez Cornejo era uno de los delegados más experimentados de la PGR, pues ocupó las plazas más conflictivas del país. En la década de los 90 tuvo bajo su mando, en Baja California, a Jesús Ignacio Carrola, quien entonces era jefe operativo de esa delegación. Carrola fue asesinado en el DF, en mayo de 2001, junto con dos hermanos.

DISTRITO FEDERAL
Edmundo Garrido Osorio sustituyó en 2009 a Ricardo Celso Nájera, en el DF, luego de que éste último fue nombrado vocero de la PGR por el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para dar un mayor acercamiento sobre las acciones de la institución.

MORELOS
Mauricio Saad Viveros comenzó su carrera en la PGR en 1996. En 2007 fue designado delegado en Morelos. Posteriormente fue enviado a Sinaloa, una de las plazas más conflictivas para la institución, por ser zona de operación del cártel de Sinaloa, que dirige El Chapo. (Milenio)

¿QUE OCURRE CUANDO LA PGR NO INFORMA?

Salvador Mejía / México Bajo Fuego

En nuestro sistema Constitucional el monopolio de la investigación y persecución de los actos delictivos de carácter Federal es una facultad exclusiva de la Procuraduría General de la República (PGR) quien actúa por medio de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía investigadora y de los peritos adscritos a esta conforme a lo establecido en los artículos 21, 102 apartado A, 105, 107 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en sus Reglamento, Lineamientos y Manuales. Esto significa que ninguna persona o institución en México tiene la posibilidad de ejercitar dichas funciones y, que de hacerlo, podría llegar a ser responsable de algún delito, por ejemplo el ejercicio indebido de funciones.

Como una consecuencia natural de estas facultades exclusivas, la PGR no solo debe transparentar sus actuaciones sino que se encuentra obligada a informar a la ciudadanía de aquellos casos que lleguen a ser considerados como de alto impacto social, ya que precisamente los delitos federales afectan no solo a individuos sino a la sociedad misma.

Tal proceso de transparencia e información históricamente se encontró regido por el principio de la secrecía de las investigaciones, y en nuestra época moderna a lo sumo se rendían informes públicos como parte de las glosas de los informes del Titular del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo; se rendían datos que no eran cuestionados y ocasionalmente se emitían breves comunicados derivados de algunos asuntos trascendentes, citemos por ejemplo el caso de Joaquín Hernández Galicia, “la Quina”, es decir todo marchaba conforme a lo previsto en la visión, misión y objetivos asignados a la PGR.

Esta situación cambió radicalmente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 cuando la PGR se vio obligada a, digámoslo así, operar por vez primera en una caja de cristal debido a la enorme presión pública a la cual fue sometida, fue evidente que tanto el entonces Procurador Antonio Lozano Gracia como todos y cada uno de los Fiscales asignados a la investigación Miguel Montes, Pablo Chapa Bezanilla, Olga Islas y Luis Raúl González Pérez tan no tuvieron la capacidad para interactuar con la opinión pública que las renuncias fueron el desenlace lógico y esta lección no fue olvidada por periodistas, políticos y sociedad civil, les quedó claro que los funcionarios de la PGR no eran intocables.

Después de este hecho, y por supuesto del asesinato casi inmediato de los hermanos Jose Francisco y Mario Ruiz Massieu la PGR vivió un período de relativa “tranquilidad” hasta que en el 2000, con el asenso a la Presidencia de Vicente Fox Quezada se dio un cambió de dirección al combate de la delincuencia organizada, y el cual en mi opinión motivó una restructuración en la organización y actuación de los grupos criminales, los cuales señalaron a los diferentes órganos de gobierno como sus enemigos directos; situación que se agravó cuando en Noviembre de 2006 el Presidente Felipe Calderón inició la era de los “Operativos conjuntos” desatándose los niveles de violencia que hoy día nos vemos obligados a sufrir como sociedad debido a que en buena manera, y como lo señaló el Presidente en la entrevista que concedió al periódico El País en 2010 “No había una idea precisa de las dimensiones, pero sí había una certeza de la peligrosidad y de la imperiosa necesidad de cortar esa ola expansiva. El cáncer estaba ahí y, a medida que lo hemos enfrentado, hemos visto la dimensión que tiene. Ese proceso se vio en otros países, sólo que en Colombia se llevó muchísimo tiempo e igualmente generó una gran cantidad de muertos. Pero no se puede medir el éxito o el fracaso por el sólo número de muertes. El número de muertes lo que refleja es la intensidad del problema.”

Y así es que de pronto la PGR se vio obligada a entrar a una dinámica para la cual no estaba preparada: la de emitir partes de guerra, y se vio obligada a hacerlo precisamente en el momento en que la información, y la desinformación, comenzó a fluir a una velocidad pasmosa en las redes sociales #yasi Entiendo que esto no es ni remotamente sencillo pero hay instantes en que se tiene la apariencia de que la directriz de la Presidencia es la de minimizar daños, no de reportarlos y esto, por supuesto, tiene graves consecuencias.

Abordemos un caso reciente:

Derivado del atentado perpetuado en Ciudad Juárez con un coche bomba el 15 de Julio de 2010, se tuvo primero la impresión de que la PGR, junto con cualquier otra Dependencia pública, recibió la instrucción de no aceptar bajo ninguna circunstancia que tal evento había sido, como lo pudimos ver casi de inmediato, un ataque perpetuado con un carro cargado de explosivos y accionado a control remoto; lo preocupante de esta postura no solo es que comenzaron a correr rumores de que el General Alfonso Duarte, Comandante de la II Zona Militar había confirmado la noticia y que posteriormente había recibido la instrucción de retractarse, sino que las Compañías y las Áreas de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a redactar los reportes correspondientes precisando datos específicos; en lo personal puedo decir que el 17 de Julio recibí a primera hora del día una copia de un Threat Assessment del Texas Department of Public Safety, Intelligence and Counterterrorism Division fechado el 16 de Julio en el cual se señalaron tres puntos trascendentales:

I. A vehicle-borne improvised explosive device was used in an attack that killed and wounded several police officers in Ciudad Juarez, Mexico, on July 15. This incident represents a significant shift in Mexican DTO tactics, and it could signal additional attacks using similar devices and tactics in the future.
II. Several hours after the ambush, a narcomessage was discovered in the city that implied that La Linea — associated with the Vicente Carrillo Fuentes DTO — would use additional car bombs. Mexican police officials said publicly that they believe the attack was carried out in retaliation for the recent arrest of La Linea member Jesus Armando Acosta Guerrero, aka “El 35.”
III. The Texas Fusion Center and Border Security Operations Center have received information from reliable sources that leads us to conclude that the primary explosion was caused by a VBIED, though there may have been additional explosions caused by grenades. Preliminary information from the scene indicates the VBIED appears to have been composed of TOVEX, an inexpensive and readily available commercial blasting gel commonly used in construction and mining in Mexico and elsewhere.

Mientras que un servidor discutía y analizaba esta información con diversos periodistas el mismo sábado 17, la PGR tardó, me parece, hasta el martes 20 para confirmar esta información; ¿el resultado? Muy sencillo, los posteriores reportes de inteligencia señalaron que el Gobierno Mexicano no tenía una idea certera de lo ocurrido.

Este tipo de mensajes al exterior tienen en definitiva un impacto negativo al exterior y necesariamente afectan las percepciones, las calificaciones o grados de inversión, y para muestra de ello podemos ver tres notas publicadas en diferentes medios nacionales y extranjeros de renombre en los cuales el común denominador es la relación entre la inversión y la violencia; revisemos sus encabezados: CNN: Violencia: el éxodo del empresario; Credit Suisse: La violencia sí impacta; CNN: Moody’s advierte impacto por violencia. No creo que mayores comentarios sean requeridos.

La incorrecta acción del Gobierno Federal por no informar abiertamente lo que ocurre, como un lógico proceso de manejo de daños lo hubiese sugerido, ha orillado que sociedad, consultores y periodistas nacionales y extranjeros lleguen a tomar como fuente de información cualquier blog o cuenta de Youtube que llegue a rankear correctamente en una búsqueda en Google, no deja de asombrarme el escándalo derivado del “descubrimiento” por parte de la prensa extranjera del tristemente célebre “Blog del narco”, una publicación que lo único que hacía era recopilar, en el mejor de los casos, contenidos de otros sitios y de vez en vez publicar algún documento. Simplemente no resulta viable que el Gobierno Federal renuncie a ser la fuente principal de consulta.

¿Cuáles son a mí parecer los siguientes pasos que la PGR debe dar? Muy sencillo: la PGR debe asumirse como la entidad autónoma de que es y recuperar su posición como fuente confiable de información al interior y exterior de México; me viene a la mente la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo presentada recientemente ante el Congreso, y la cual no tengo mayores dudadas, será aprobada, la correcta aplicación de la misma, así como su éxito dependerán en buena medida de un proceso de información a la ciudadanía de aquellos aspectos o en su caso procesos que deberán vigilar o implantar en sus actividades comerciales o profesionales.

Al día de hoy solo se tienen documentos informativos emitidos por la SHCP y aunque es posible ubicar las cuestiones más importantes, no veo que el Gobierno Federal vaya a incorporar las herramientas que el Gobierno de los Estados Unidos tiene a disposición de sus ciudadanos porque, y hay que decirlo, el buscar homologarnos a los protocolos de los Estados Unidos en materia de combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es una necesidad; en los portales de las Agencias Norteamericanas están disponibles Leyes, Listas negras, correos y teléfonos de asistencia y de emergencia; revisemos los sitios web del Gobierno Mexicano y veremos que inclusive podría afirmarse que están diseñadas para no localizar los contenidos; a menos que un conocedor busque la información dudo mucho que un ciudadano promedio pueda localizar vía Internet, digamos, las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

A manera de ejemplo podemos ver que la lista de los más buscados de la PGR consta de un gran total de 359 nombres; de los cuales 219 son prófugos y son 138 detenidos o muertos, en muchas de las fichas solo aparece la fotografía y el nombre de la persona buscada; no constan los datos que puede ayudar a la ciudadanía a colaborar con la captura de un presunto delincuente; en contraste la lista OFAC (toda comparación guardada) contiene un aproximado de 1,632 páginas y hay poco más o menos 5,107 coincidencias para la fichas que contienen la palabra “México”.

¿No podría ser esto considerado como parte de las obligaciones en materia de comunicación social de la PGR?