Amenazas y extorsión contra Villanueva

El exgobernador Félix González Canto y el diputado Felipe Enríquez Hernández embarcaron a Mario Villanueva en la compra-venta de un predio y aprovecharon su condición de preso para pagarle parcialmente los 40 millones de dólares acordados; hoy el equipo de abogados de Villanueva ha sido presionado para que desista en su denuncia.

Agustín Ambriz / Luces del Siglo

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Cancún, Quintana Roo. En la famosa lista de la OFAC (Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, por sus siglas en inglés) figuran desde 2010 dos políticos priístas que dicen pertenecer al grupo cercano de Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia de la República: el exgobernador Félix González Canto y el diputado federal Felipe Enríquez Hernández, a quienes las autoridades estadunidenses investigan por su relación de negocios con el exgobernador Mario Villanueva Madrid, juzgado por delitos contra la salud en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Los nombres de ambos personajes, que arrastran un negro historial de corrupción y que aspiran a obtener candidaturas en las próximas elecciones federales y en 16 estados de la república, surgieron a partir de la prolija correspondencia electrónica que Villanueva ha enviado desde hace 19 meses en que fue extraditado por las autoridades mexicanas con temas directamente relacionados con la compra-venta de 40 hectáreas en el paradisiaco predio conocido como Isla Blanca, al norte de Cancún, propiedad de Mario Villanueva y adquirido por Felipe Enríquez y Félix González en una torcida transacción que está a punto de estallar en los tribunales nacionales, debido al incumplimiento total del pago acordado en 40 millones de dólares.

El origen de esta truculenta transacción se remonta a diciembre de 2007, cuando Mario Villanueva, preso todavía en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, recibió una llamada telefónica del entonces gobernador de Quintana Roo, Félix González, para preguntarle si conocía al señor Amador Ramos López dueño de una fracción de 19 hectáreas del predio de Isla Blanca.

Mario Villanueva le respondió que sí lo conocía y que el terreno era también de su propiedad, a lo que Félix González le respondió que le interesaba adquirirlo a través del señor Felipe Enríquez, originario de Monterrey. Así comenzaron todos los trámites notariales para que el señor Amador Ramos le cediera los derechos a Villanueva para que éste a su vez los pudiera vender al diputado Enríquez.

El 9 de abril de 2008, según consta en la bitácora del Reclusorio Preventivo Norte, el diputado Felipe Enríquez ingresó hasta la celda del exgobernador donde se asumieron dos acuerdos: el diputado regiomontano no sólo tenía interés de adquirir las 19 hectáreas, sino también los dos predios aledaños, uno de ocho hectáreas perteneciente a la señora Sara Eugenia Pacheco, y otro de 13 hectáreas propiedad del señor Juan Ángel Valle Cárdenas, para sumar una superficie total de 40 hectáreas.

La petición de Felipe Enríquez fue que los tres predios debían concentrarse en una empresa creada por el propio Villanueva y, una vez esto, los predios se trasladarían a otra empresa propiedad del diputado federal regiomontano. Así se hizo, a través de su esposa, Isabel Tenorio de Villanueva, en marzo de 2008 se constituyó la empresa Desarrollos IM SA de CV, la cual procedió a adquirir los lotes que posteriormente fueron trasladados a GLS-4 Corporativo SA de CV.

Para tal efecto se firmaron los contratos de promesa de compraventa de las 40 hectáreas. Entre las cláusulas se estableció claramente que la posesión material no podía ser otorgada a la empresa compradora, en virtud de que los predios se encontraban invadidos por personas armadas al servicio del señor Arturo Bojórquez León, quien reclama también la titularidad de los mismos. Por ello, se acordó que la compra-venta se finiquitaría cuando se recuperara la posesión de los terrenos con apoyo del gobernador Félix González, quien se comprometió al desalojo por parte de la Procuraduría General de Justicia. La fecha de plazo pactada entre ambas partes fue el 1 de agosto de 2008.

Pero el 10 de abril de 2008, el señor Bojórquez León promovió un juicio ordinario civil de interdicto para retener la posesión de los predios, situación que fue tomada como pretexto por Felipe Enríquez para pretender reducir el valor de los predios (de 40 millones a 27 millones de dólares). El 31 de mayo de ese mismo año, Felipe Enríquez visitó por segunda ocasión a Mario Villanueva en el área de ingresos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, acompañado de su abogado Benjamín Rodríguez Anzures, por parte de la empresa GLS-4 Corporativo, y por parte de Desarrollos IM, los representantes Jesús Horacio García Vallejo, Leticia Vergara Ortiz, Juan Manuel Ramírez Pacheco, Enrique Romero Cervera, Leopoldo Betancourt Pacheco y Rafael Galván.

En esa reunión, de la que también quedó constancia en la bitácora oficial, se acordó presentar una denuncia por despojo en contra de Arturo Bojórquez con el objetivo de que la Procuraduría General de Justicia, a cargo en ese entonces de Bello Melchor Rodríguez Carrillo, tuviera fundamentos para ejecutar el desalojo. Sin embargo, a partir de esta reunión, trascurrió el tiempo entre falsas promesas para cumplir con el desalojo por parte del gobierno del estado, amenazas contra Villanueva de parte del diputado Enríquez y un intento de extorsión por parte del procurador Bello, quien a través de su comisionado especial para el caso, Luis Armando Pech Gómez, exigió la cantidad de 350 mil dólares, para que con 50 elementos de la Policía Judicial pudieran ejecutar el desalojo.

Ante el incumplimiento de los acuerdos, Villanueva comenzó los reclamos epistolares contra el exgobernador Félix González, como la siguiente carta:

"Accedí a lo anterior pues mi situación económica era sumamente difícil y tenía participación directa del Gobernador del Estado.

“La creación de la empresa y la adquisición de los terrenos, me generó considerables compromisos económicos con la firma de pagarés y grandes adeudos que sólo podía yo finiquitar, el primero de agosto de 2008.

“Me endeudé confiado en que el Gobernador cumpliría su palabra de llevar a cabo el desalojo de los terrenos antes de la fecha del finiquito, y que el señor Felipe Enríquez colaboraría para realizar dicho desalojo. El Gobernador conocía perfectamente la precaria situación económica en la que nos encontrábamos, mi familia y yo, que dependíamos de la venta de los terrenos para el pago de adeudos, cubrir el costo de los abogados, que participan en mi defensa, y tener lo necesario para subsistir".

Y en otra carta manuscrita, enviada en febrero de 2009, Villanueva le vuelve a reclamar acremente a González Canto:

"Llevamos seis meses esperando que se realice el operativo de desalojo. El Procurador, quien supuestamente tiene órdenes tuyas de llevarlo a cabo, se ha negado a hacerlo y su comisionado el Lic. Luis Pech, ha insistido en que no tiene tiempo, pues le han encargado atender asuntos del señor Renán Castro, por lo que nos daría el nombre de otro abogado para que atendiera este asunto, lo que por cierto, no hizo.

“Por sus actitudes, no podemos confiar en el Procurador y siento que me están dejando solo con el problema, aun cuando acordamos que lo atenderíamos las tres partes (el Gobernador, el señor Felipe y yo).

“Si el gobierno tiene algún inconveniente, necesito saberlo. La solución es relativamente sencilla y no entiendo por qué razón no se ha hecho el operativo si supuestamente el Procurador tiene órdenes tuyas.

“No es correcto que me dejen solo con este problema, pero si de esto se trata, seguramente entraré en conflicto con el Gobernador, con el Procurador y con el señor Felipe Enríquez. Espero una decisión del Gobernador".

Los días transcurrieron hasta el 8 de mayo de 2010 cuando la justicia mexicana decidió extraditar a Villanueva Madrid para ser juzgado por presuntos delitos contra la salud en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Todos estos hechos, según interpretó el propio Villanueva, constituyen diferentes responsabilidades administrativas y delitos por “daño patrimonial” en su contra, ya que de los 40 millones de dólares originalmente pactados, sólo le dieron 18 millones de dólares. Esta es la litis de una denuncia que Villanueva intentó promover ante la justicia estatal a principios de 2010, la cual actualmente está sujeta a negociación con la señora Isabel Tenorio y su hijo Mario Villanueva, quienes han sido sistemáticamente presionados para que se desistan.

Inclusive ha trascendido que el diputado regiomontano Felipe Enríquez tiene amenazado a Villanueva bajo el argumento de ser parte del grupo cercano al precandidato priísta Enrique Peña Nieto, quien supuestamente lo está apoyando para la candidatura a la Presidencia Municipal de Monterrey en julio entrante. En tanto, Félix González –también compadre de Enríquez– espera ser el candidato al Senado de la República por Quintana Roo.

En la famosa lista de la OFAC se encuentran todos aquellos presos en cárceles de Estados Unidos, relacionados con delitos contra la salud. Cada movimiento de Mario Villanueva, toda comunicación que él tenga vía internet hacia el exterior, es permanentemente supervisada por esta dependencia, que igualmente investiga a todas aquellas personas que tengan conexión con el preso y sean sus socios en el exterior.

¿QUE OCURRE CUANDO LA PGR NO INFORMA?

Salvador Mejía / México Bajo Fuego

En nuestro sistema Constitucional el monopolio de la investigación y persecución de los actos delictivos de carácter Federal es una facultad exclusiva de la Procuraduría General de la República (PGR) quien actúa por medio de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía investigadora y de los peritos adscritos a esta conforme a lo establecido en los artículos 21, 102 apartado A, 105, 107 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en sus Reglamento, Lineamientos y Manuales. Esto significa que ninguna persona o institución en México tiene la posibilidad de ejercitar dichas funciones y, que de hacerlo, podría llegar a ser responsable de algún delito, por ejemplo el ejercicio indebido de funciones.

Como una consecuencia natural de estas facultades exclusivas, la PGR no solo debe transparentar sus actuaciones sino que se encuentra obligada a informar a la ciudadanía de aquellos casos que lleguen a ser considerados como de alto impacto social, ya que precisamente los delitos federales afectan no solo a individuos sino a la sociedad misma.

Tal proceso de transparencia e información históricamente se encontró regido por el principio de la secrecía de las investigaciones, y en nuestra época moderna a lo sumo se rendían informes públicos como parte de las glosas de los informes del Titular del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo; se rendían datos que no eran cuestionados y ocasionalmente se emitían breves comunicados derivados de algunos asuntos trascendentes, citemos por ejemplo el caso de Joaquín Hernández Galicia, “la Quina”, es decir todo marchaba conforme a lo previsto en la visión, misión y objetivos asignados a la PGR.

Esta situación cambió radicalmente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 cuando la PGR se vio obligada a, digámoslo así, operar por vez primera en una caja de cristal debido a la enorme presión pública a la cual fue sometida, fue evidente que tanto el entonces Procurador Antonio Lozano Gracia como todos y cada uno de los Fiscales asignados a la investigación Miguel Montes, Pablo Chapa Bezanilla, Olga Islas y Luis Raúl González Pérez tan no tuvieron la capacidad para interactuar con la opinión pública que las renuncias fueron el desenlace lógico y esta lección no fue olvidada por periodistas, políticos y sociedad civil, les quedó claro que los funcionarios de la PGR no eran intocables.

Después de este hecho, y por supuesto del asesinato casi inmediato de los hermanos Jose Francisco y Mario Ruiz Massieu la PGR vivió un período de relativa “tranquilidad” hasta que en el 2000, con el asenso a la Presidencia de Vicente Fox Quezada se dio un cambió de dirección al combate de la delincuencia organizada, y el cual en mi opinión motivó una restructuración en la organización y actuación de los grupos criminales, los cuales señalaron a los diferentes órganos de gobierno como sus enemigos directos; situación que se agravó cuando en Noviembre de 2006 el Presidente Felipe Calderón inició la era de los “Operativos conjuntos” desatándose los niveles de violencia que hoy día nos vemos obligados a sufrir como sociedad debido a que en buena manera, y como lo señaló el Presidente en la entrevista que concedió al periódico El País en 2010 “No había una idea precisa de las dimensiones, pero sí había una certeza de la peligrosidad y de la imperiosa necesidad de cortar esa ola expansiva. El cáncer estaba ahí y, a medida que lo hemos enfrentado, hemos visto la dimensión que tiene. Ese proceso se vio en otros países, sólo que en Colombia se llevó muchísimo tiempo e igualmente generó una gran cantidad de muertos. Pero no se puede medir el éxito o el fracaso por el sólo número de muertes. El número de muertes lo que refleja es la intensidad del problema.”

Y así es que de pronto la PGR se vio obligada a entrar a una dinámica para la cual no estaba preparada: la de emitir partes de guerra, y se vio obligada a hacerlo precisamente en el momento en que la información, y la desinformación, comenzó a fluir a una velocidad pasmosa en las redes sociales #yasi Entiendo que esto no es ni remotamente sencillo pero hay instantes en que se tiene la apariencia de que la directriz de la Presidencia es la de minimizar daños, no de reportarlos y esto, por supuesto, tiene graves consecuencias.

Abordemos un caso reciente:

Derivado del atentado perpetuado en Ciudad Juárez con un coche bomba el 15 de Julio de 2010, se tuvo primero la impresión de que la PGR, junto con cualquier otra Dependencia pública, recibió la instrucción de no aceptar bajo ninguna circunstancia que tal evento había sido, como lo pudimos ver casi de inmediato, un ataque perpetuado con un carro cargado de explosivos y accionado a control remoto; lo preocupante de esta postura no solo es que comenzaron a correr rumores de que el General Alfonso Duarte, Comandante de la II Zona Militar había confirmado la noticia y que posteriormente había recibido la instrucción de retractarse, sino que las Compañías y las Áreas de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a redactar los reportes correspondientes precisando datos específicos; en lo personal puedo decir que el 17 de Julio recibí a primera hora del día una copia de un Threat Assessment del Texas Department of Public Safety, Intelligence and Counterterrorism Division fechado el 16 de Julio en el cual se señalaron tres puntos trascendentales:

I. A vehicle-borne improvised explosive device was used in an attack that killed and wounded several police officers in Ciudad Juarez, Mexico, on July 15. This incident represents a significant shift in Mexican DTO tactics, and it could signal additional attacks using similar devices and tactics in the future.
II. Several hours after the ambush, a narcomessage was discovered in the city that implied that La Linea — associated with the Vicente Carrillo Fuentes DTO — would use additional car bombs. Mexican police officials said publicly that they believe the attack was carried out in retaliation for the recent arrest of La Linea member Jesus Armando Acosta Guerrero, aka “El 35.”
III. The Texas Fusion Center and Border Security Operations Center have received information from reliable sources that leads us to conclude that the primary explosion was caused by a VBIED, though there may have been additional explosions caused by grenades. Preliminary information from the scene indicates the VBIED appears to have been composed of TOVEX, an inexpensive and readily available commercial blasting gel commonly used in construction and mining in Mexico and elsewhere.

Mientras que un servidor discutía y analizaba esta información con diversos periodistas el mismo sábado 17, la PGR tardó, me parece, hasta el martes 20 para confirmar esta información; ¿el resultado? Muy sencillo, los posteriores reportes de inteligencia señalaron que el Gobierno Mexicano no tenía una idea certera de lo ocurrido.

Este tipo de mensajes al exterior tienen en definitiva un impacto negativo al exterior y necesariamente afectan las percepciones, las calificaciones o grados de inversión, y para muestra de ello podemos ver tres notas publicadas en diferentes medios nacionales y extranjeros de renombre en los cuales el común denominador es la relación entre la inversión y la violencia; revisemos sus encabezados: CNN: Violencia: el éxodo del empresario; Credit Suisse: La violencia sí impacta; CNN: Moody’s advierte impacto por violencia. No creo que mayores comentarios sean requeridos.

La incorrecta acción del Gobierno Federal por no informar abiertamente lo que ocurre, como un lógico proceso de manejo de daños lo hubiese sugerido, ha orillado que sociedad, consultores y periodistas nacionales y extranjeros lleguen a tomar como fuente de información cualquier blog o cuenta de Youtube que llegue a rankear correctamente en una búsqueda en Google, no deja de asombrarme el escándalo derivado del “descubrimiento” por parte de la prensa extranjera del tristemente célebre “Blog del narco”, una publicación que lo único que hacía era recopilar, en el mejor de los casos, contenidos de otros sitios y de vez en vez publicar algún documento. Simplemente no resulta viable que el Gobierno Federal renuncie a ser la fuente principal de consulta.

¿Cuáles son a mí parecer los siguientes pasos que la PGR debe dar? Muy sencillo: la PGR debe asumirse como la entidad autónoma de que es y recuperar su posición como fuente confiable de información al interior y exterior de México; me viene a la mente la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo presentada recientemente ante el Congreso, y la cual no tengo mayores dudadas, será aprobada, la correcta aplicación de la misma, así como su éxito dependerán en buena medida de un proceso de información a la ciudadanía de aquellos aspectos o en su caso procesos que deberán vigilar o implantar en sus actividades comerciales o profesionales.

Al día de hoy solo se tienen documentos informativos emitidos por la SHCP y aunque es posible ubicar las cuestiones más importantes, no veo que el Gobierno Federal vaya a incorporar las herramientas que el Gobierno de los Estados Unidos tiene a disposición de sus ciudadanos porque, y hay que decirlo, el buscar homologarnos a los protocolos de los Estados Unidos en materia de combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es una necesidad; en los portales de las Agencias Norteamericanas están disponibles Leyes, Listas negras, correos y teléfonos de asistencia y de emergencia; revisemos los sitios web del Gobierno Mexicano y veremos que inclusive podría afirmarse que están diseñadas para no localizar los contenidos; a menos que un conocedor busque la información dudo mucho que un ciudadano promedio pueda localizar vía Internet, digamos, las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

A manera de ejemplo podemos ver que la lista de los más buscados de la PGR consta de un gran total de 359 nombres; de los cuales 219 son prófugos y son 138 detenidos o muertos, en muchas de las fichas solo aparece la fotografía y el nombre de la persona buscada; no constan los datos que puede ayudar a la ciudadanía a colaborar con la captura de un presunto delincuente; en contraste la lista OFAC (toda comparación guardada) contiene un aproximado de 1,632 páginas y hay poco más o menos 5,107 coincidencias para la fichas que contienen la palabra “México”.

¿No podría ser esto considerado como parte de las obligaciones en materia de comunicación social de la PGR?