Amenazas y extorsión contra Villanueva

El exgobernador Félix González Canto y el diputado Felipe Enríquez Hernández embarcaron a Mario Villanueva en la compra-venta de un predio y aprovecharon su condición de preso para pagarle parcialmente los 40 millones de dólares acordados; hoy el equipo de abogados de Villanueva ha sido presionado para que desista en su denuncia.

Agustín Ambriz / Luces del Siglo

www.lucesdelsiglo.net

Cancún, Quintana Roo. En la famosa lista de la OFAC (Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, por sus siglas en inglés) figuran desde 2010 dos políticos priístas que dicen pertenecer al grupo cercano de Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia de la República: el exgobernador Félix González Canto y el diputado federal Felipe Enríquez Hernández, a quienes las autoridades estadunidenses investigan por su relación de negocios con el exgobernador Mario Villanueva Madrid, juzgado por delitos contra la salud en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Los nombres de ambos personajes, que arrastran un negro historial de corrupción y que aspiran a obtener candidaturas en las próximas elecciones federales y en 16 estados de la república, surgieron a partir de la prolija correspondencia electrónica que Villanueva ha enviado desde hace 19 meses en que fue extraditado por las autoridades mexicanas con temas directamente relacionados con la compra-venta de 40 hectáreas en el paradisiaco predio conocido como Isla Blanca, al norte de Cancún, propiedad de Mario Villanueva y adquirido por Felipe Enríquez y Félix González en una torcida transacción que está a punto de estallar en los tribunales nacionales, debido al incumplimiento total del pago acordado en 40 millones de dólares.

El origen de esta truculenta transacción se remonta a diciembre de 2007, cuando Mario Villanueva, preso todavía en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, recibió una llamada telefónica del entonces gobernador de Quintana Roo, Félix González, para preguntarle si conocía al señor Amador Ramos López dueño de una fracción de 19 hectáreas del predio de Isla Blanca.

Mario Villanueva le respondió que sí lo conocía y que el terreno era también de su propiedad, a lo que Félix González le respondió que le interesaba adquirirlo a través del señor Felipe Enríquez, originario de Monterrey. Así comenzaron todos los trámites notariales para que el señor Amador Ramos le cediera los derechos a Villanueva para que éste a su vez los pudiera vender al diputado Enríquez.

El 9 de abril de 2008, según consta en la bitácora del Reclusorio Preventivo Norte, el diputado Felipe Enríquez ingresó hasta la celda del exgobernador donde se asumieron dos acuerdos: el diputado regiomontano no sólo tenía interés de adquirir las 19 hectáreas, sino también los dos predios aledaños, uno de ocho hectáreas perteneciente a la señora Sara Eugenia Pacheco, y otro de 13 hectáreas propiedad del señor Juan Ángel Valle Cárdenas, para sumar una superficie total de 40 hectáreas.

La petición de Felipe Enríquez fue que los tres predios debían concentrarse en una empresa creada por el propio Villanueva y, una vez esto, los predios se trasladarían a otra empresa propiedad del diputado federal regiomontano. Así se hizo, a través de su esposa, Isabel Tenorio de Villanueva, en marzo de 2008 se constituyó la empresa Desarrollos IM SA de CV, la cual procedió a adquirir los lotes que posteriormente fueron trasladados a GLS-4 Corporativo SA de CV.

Para tal efecto se firmaron los contratos de promesa de compraventa de las 40 hectáreas. Entre las cláusulas se estableció claramente que la posesión material no podía ser otorgada a la empresa compradora, en virtud de que los predios se encontraban invadidos por personas armadas al servicio del señor Arturo Bojórquez León, quien reclama también la titularidad de los mismos. Por ello, se acordó que la compra-venta se finiquitaría cuando se recuperara la posesión de los terrenos con apoyo del gobernador Félix González, quien se comprometió al desalojo por parte de la Procuraduría General de Justicia. La fecha de plazo pactada entre ambas partes fue el 1 de agosto de 2008.

Pero el 10 de abril de 2008, el señor Bojórquez León promovió un juicio ordinario civil de interdicto para retener la posesión de los predios, situación que fue tomada como pretexto por Felipe Enríquez para pretender reducir el valor de los predios (de 40 millones a 27 millones de dólares). El 31 de mayo de ese mismo año, Felipe Enríquez visitó por segunda ocasión a Mario Villanueva en el área de ingresos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, acompañado de su abogado Benjamín Rodríguez Anzures, por parte de la empresa GLS-4 Corporativo, y por parte de Desarrollos IM, los representantes Jesús Horacio García Vallejo, Leticia Vergara Ortiz, Juan Manuel Ramírez Pacheco, Enrique Romero Cervera, Leopoldo Betancourt Pacheco y Rafael Galván.

En esa reunión, de la que también quedó constancia en la bitácora oficial, se acordó presentar una denuncia por despojo en contra de Arturo Bojórquez con el objetivo de que la Procuraduría General de Justicia, a cargo en ese entonces de Bello Melchor Rodríguez Carrillo, tuviera fundamentos para ejecutar el desalojo. Sin embargo, a partir de esta reunión, trascurrió el tiempo entre falsas promesas para cumplir con el desalojo por parte del gobierno del estado, amenazas contra Villanueva de parte del diputado Enríquez y un intento de extorsión por parte del procurador Bello, quien a través de su comisionado especial para el caso, Luis Armando Pech Gómez, exigió la cantidad de 350 mil dólares, para que con 50 elementos de la Policía Judicial pudieran ejecutar el desalojo.

Ante el incumplimiento de los acuerdos, Villanueva comenzó los reclamos epistolares contra el exgobernador Félix González, como la siguiente carta:

"Accedí a lo anterior pues mi situación económica era sumamente difícil y tenía participación directa del Gobernador del Estado.

“La creación de la empresa y la adquisición de los terrenos, me generó considerables compromisos económicos con la firma de pagarés y grandes adeudos que sólo podía yo finiquitar, el primero de agosto de 2008.

“Me endeudé confiado en que el Gobernador cumpliría su palabra de llevar a cabo el desalojo de los terrenos antes de la fecha del finiquito, y que el señor Felipe Enríquez colaboraría para realizar dicho desalojo. El Gobernador conocía perfectamente la precaria situación económica en la que nos encontrábamos, mi familia y yo, que dependíamos de la venta de los terrenos para el pago de adeudos, cubrir el costo de los abogados, que participan en mi defensa, y tener lo necesario para subsistir".

Y en otra carta manuscrita, enviada en febrero de 2009, Villanueva le vuelve a reclamar acremente a González Canto:

"Llevamos seis meses esperando que se realice el operativo de desalojo. El Procurador, quien supuestamente tiene órdenes tuyas de llevarlo a cabo, se ha negado a hacerlo y su comisionado el Lic. Luis Pech, ha insistido en que no tiene tiempo, pues le han encargado atender asuntos del señor Renán Castro, por lo que nos daría el nombre de otro abogado para que atendiera este asunto, lo que por cierto, no hizo.

“Por sus actitudes, no podemos confiar en el Procurador y siento que me están dejando solo con el problema, aun cuando acordamos que lo atenderíamos las tres partes (el Gobernador, el señor Felipe y yo).

“Si el gobierno tiene algún inconveniente, necesito saberlo. La solución es relativamente sencilla y no entiendo por qué razón no se ha hecho el operativo si supuestamente el Procurador tiene órdenes tuyas.

“No es correcto que me dejen solo con este problema, pero si de esto se trata, seguramente entraré en conflicto con el Gobernador, con el Procurador y con el señor Felipe Enríquez. Espero una decisión del Gobernador".

Los días transcurrieron hasta el 8 de mayo de 2010 cuando la justicia mexicana decidió extraditar a Villanueva Madrid para ser juzgado por presuntos delitos contra la salud en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Todos estos hechos, según interpretó el propio Villanueva, constituyen diferentes responsabilidades administrativas y delitos por “daño patrimonial” en su contra, ya que de los 40 millones de dólares originalmente pactados, sólo le dieron 18 millones de dólares. Esta es la litis de una denuncia que Villanueva intentó promover ante la justicia estatal a principios de 2010, la cual actualmente está sujeta a negociación con la señora Isabel Tenorio y su hijo Mario Villanueva, quienes han sido sistemáticamente presionados para que se desistan.

Inclusive ha trascendido que el diputado regiomontano Felipe Enríquez tiene amenazado a Villanueva bajo el argumento de ser parte del grupo cercano al precandidato priísta Enrique Peña Nieto, quien supuestamente lo está apoyando para la candidatura a la Presidencia Municipal de Monterrey en julio entrante. En tanto, Félix González –también compadre de Enríquez– espera ser el candidato al Senado de la República por Quintana Roo.

En la famosa lista de la OFAC se encuentran todos aquellos presos en cárceles de Estados Unidos, relacionados con delitos contra la salud. Cada movimiento de Mario Villanueva, toda comunicación que él tenga vía internet hacia el exterior, es permanentemente supervisada por esta dependencia, que igualmente investiga a todas aquellas personas que tengan conexión con el preso y sean sus socios en el exterior.

LADRONES HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS

Venden billetes para escapar de la Tierra antes del fin del mundo por tan sólo 17 euros

La página 'Escape Earth 2012' ha comenzado a vender billetes para un viaje espacial que pretende salvar a sus pasajeros del fin del mundo para el 21 de diciembre de 2012. Tanto el pasaporte espacial como los billetes se pueden comprar desde 24,49 dólares (17 euros)... aunque no sean reales.

Las teorías sobre el fin del mundo son muchas y variadas. Una que tiene un número considerable de seguidores es la de una profecía Maya que aseguraba que se producirá el 21 de diciembre de 2012. La web 'Escape earth 2012' confía en la predicción y está organizando un viaje espacial para poblar un nuevo mundo, "similar a la tierra".

En la página 'Escape Earth 2012' se pone a disposición de los usuarios toda la información sobre el viaje. Según los responsables de la página, por 24,49 euros, los usuarios pueden reservar un asiento en la nave USS Arca (USS Ark), que despegará antes del fin del mundo y dejará a sus pasajeros a salvo en otro planeta.

En 'Escape Earth 2012' se garantiza un 100 por 100 de seguridad tras el Apocalipsis y se anima a los usuarios a comprar los billetes para familiares, amigos y mascotas. Los internautas solamente tienen que introducir sus nombres y pagar mediante cuenta Paypal o con tarjeta de crédito.

Pasaporte intergaláctico

En la web explican que los billetes para la salvación les llegarán por correo, junto con un "pasaporte intergaláctico", e incluyen espacio en la cápsula de sueño. En realidad, se trata de un original 'merchandising' creado a raíz de las apocalípticas predicciones.

En su 'disclaimer', 'Escape Earth' advierte que la página ha sido creada para "hacer regalos divertidos que no debe ser tomada en serio". En este sentido, la compañía indica que "no pueden garantizar la supervivencia de nadie" en caso de Apocalipsis "ni proporcionar una nave espacial a un nuevo planeta". "Esta historia se ha creado para acompañar al producto", advierte.

En todo caso, la web advierte que las plazas "son limitadas" por lo que desde la web Escape Earth 2012, animan a los usuarios interesados en salvarse a que compren su billete cuanto antes. En la página se puede ver más información sobre el viaje, el juicio final y las predicciones Maya.

LOS CORRUPTOS DE HOY

Si uno tiene un poco de memoria, seguro recuerda los alegatos de panistas múltiples –Gómez Morín, Christlieb Ibarrola, González Luna, Castillo Peraza– por erradicar la corrupción que desde la posrevolución era moneda de uso corriente en el país y que creció exponencialmente desde la época de Miguel Alemán a nuestros días. Es decir que aún con el PAN hecho gobierno no ha dejado de crecer la corrupción, hasta llegar hoy a niveles insultantes en todos los niveles de gobierno.

¿Todos somos corruptos o sólo son ellos, los panistas vueltos gobierno, los que pecan al respecto?

Difícil de precisarlo –el libre de culpa que tire la primera piedra; en lo que a mí respecta ya he tirado miles de piedras y nada me duele por ser honesto–, pero si algo distingue hoy a los gobiernos panistas es el altísimo grado de corrupción con que ellos se manejan.

Díganlo si no, la cadena de farmacias que el hermano de Calderón tiene instalada en Veracruz. O los fraudes de funcionarios de la CFE, que reditúan en yates y ferraris. O qué decir del megafraude recién descubierto en el IMSS y en la Cofepris.
Sofisticado, pero real, es el fraude que se está maquinando con Mexicana, entre Molinar Horcasitas y Lozano para favorecer a un inversor panista de altos vuelos, que seguramente es un prestanombres de ambos funcionarios y de otro que todo el mundo sabe quien es y cuyo apelativo suena a Felipín. ¿Y alguien olvidó ya acaso los fraudes de la familia feliz; es decir de Martha, Chente y los hijos de la primera? ¿Y qué esconde la fuga del Chapo Guzmán de Puente Grande y su actual, inconmensurable imperio? ¿Y por qué nadie dice nada de los negocios turbios de Elba Esther, la intocable dirigente del SNTE; posesionaria de una riqueza insultante y promotora de todo tipo de transas sindicales y políticas? Bueno, ¿qué opinar de la manera burda y cínica con que Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato, intervino para que su hija ganara un concurso de diseño de calzado y obtuviera el primer lugar?

¿Y a nivel de estado –dice Edgardo Contreras, el Contralor de BC– no somos acaso el estado más corrupto del país? ¿Alguien puede explicar por qué en el fraccionamiento residencial más importante de Ensenada circulan carros con placas de Anapromex, conducidos impunemente por juniors a los que nadie dice nada, de la misma manera que nadie dice nada a Anapromex en el estado? ¿Quién explica los fraudes de César Mancillas, relatados por la Contaduría Mayor de Hacienda del estado, cuando fue el primer munícipe de Ensenada? ¿Alguien tiene alguna respuesta sobre la quiebra presupuestal que hoy asola a las finanzas de la entidad?

¿Será esa, la corrupción, una característica indeleble de los gobiernos panistas en todos los niveles? ¿Se podrá algún día ejercer castigo en contra de quienes, con sus fraudes, han saqueado de manera tan cínica al país?

¿Será Dios, acaso, el encargado de ello?

Sergio Gómez
Tijuana, Baja California

FRAUDE MILLONARIO A VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO

Una red y conspiración relacionada con el robo de más de 42 millones de dólares que iban dirigidos a ofrecer ayudas a las víctimas del holocausto fue desarticulada y 17 personas resultaron imputadas por ese fraude, informó hoy la fiscalía de Estados Unidos mediante un comunicado.

La investigación, llevada a cabo por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), reveló que seis trabajadores de la Conferencia sobre Reclamos Materiales Judíos contra Alemania, con sede en Nueva York, procesaron miles de peticiones fraudulentas para recibir ayudas dirigidas a las víctimas del exterminio nazi.

La Conferencia, una organización sin ánimo de lucro, administra diferentes fundaciones que ofrecen compensaciones a las víctimas del holocausto, entre ellas The Hardship Fund y The Article 2 Fund, financiadas por el gobierno de Alemania.

"Si había alguna causa que se pudiera esperar que fuera inmune a la codicia y el fraude criminal, esa era la de la Conferencia, que cada día ayuda a miles de personas mayores y con problemas económicos que sufrieron la persecución nazi", afirmó hoy el fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara.

Según reveló la Fiscalía, durante casi una década los trabajadores aprobaron más de 5.500 aplicaciones fraudulentas de personas que no habían sufrido el holocausto nazi y a cambio se quedaban con una parte de las ayudas que ofrece la Conferencia.

"Cada uno de los acusados desempeñó un papel crucial en crear, procesar y aprobar esas peticiones fraudulentas", afirmó la oficial del FBI Janice Fedarcyk, que también calificó a los acusados de "codiciosos".

En diciembre de 2009 la propia organización detectó irregularidades en los procesos de concesión de esas ayudas, por lo que se puso en contacto con las autoridades, que finalmente destaparon este caso por el que 11 personas fueron detenidas y un total de 17 resultaron imputadas de cargos relacionados con fraude.

Los acusados, que se hacían pasar por víctimas del holocausto, alteraron sus certificados de nacimiento y pasaportes, nacieron en su mayoría después de la Segunda Guerra Mundial y uno de ellos no es judío.

DEFRAUDADORES

UNA COLORADA (vale más que cien descoloridas)

Por: Lilia Cisneros Luján.

Una de las formas más antiguas de organización social, consiste en definir lo que se considera benéfico, productivo y en general positivo para el grupo, frente a lo que daña a sus individuos y por ende el conjunto. Sociedades más desarrolladas que las tribales, asumieron reglas más sofisticas, como el decálogo revelado a Moisés, dentro del cual se encuentran normas como: No hurtarás y no codiciarás. Pero por naturaleza el ser humano, es contumaz y dada su obstinación en el error, la sociedad discurrió castigos, que se han ido agravando en la medida que la rebeldía contra el bien también se refina.

En materia jurídica, hay delitos cuya dificultad probatoria ha dado lugar a la generalización de la impunidad y por ende la corrupción. La violación física por ejemplo, empezó a perseguirse con seriedad como resultado del señalamiento de importantes grupos vinculados con los derechos humanos y; el fraude, apenas está siendo considerado como algo imparable, desde que se ha convertido en una conducta ilícita más temida por las empresas, que el terrorismo, secuestro, sabotaje o robo. El riesgo para cualquiera es muy grande porque el defraudador, casi siempre es educado, servicial y en la más de las veces profesional, lo cual le facilita engañar a los demás ¿Se imagina que sean las organizaciones filantrópicas algunos de los entes más susceptibles de ser defraudadas? De cuando en cuando aparecen personajes ofertando premios, donativos y hasta trabajo voluntario para beneficio de la humanidad, que se hacen de información de la organización, imprimen recibos y sorprenden a personas de buena fe. Pero esto no es lo más grave, sino el hecho de que en organismos como las JAP, se violente la voluntad de los fundadores, para despojar de las propiedades que se han dado en legado, herencia o adquirido con trabajo social. En estos casos -de los cuales conocemos varios- se cumple la premisa de ciertos investigadores acerca del perfil del defraudador: Normalmente se trata de un compañero o funcionario educado, que ayuda a los demás y que pasa inadvertido, porque goza de la total confianza de sus superiores, sus compañeros de profesión y en este caso sus afines del altruismo.

Señalan los teóricos que son tres factores, los que aprovecha o hace a un defraudador: Oportunidad, motivación y racionalización. Existe oportunidad para defraudar, cuando la víctima -persona o la empresa- es visualizada con debilidad. Si se tienen deudas, si los controles internos no son eficaces, si hay una situación de emergencia –por salud, un problema jurídico que resolver, acreedores o hasta empleados que amenazan con demandar etc.- que aprovechan su situación de confianza para maquinar su delito considerando que no habrán de ser detectados o denunciados. ¿Cuántos jefes se han quedado con el cheque de sus subordinados en el sector público o privado? ¿Se puede imaginar el gran número de administradores o contadores que usan o jinetean el dinero de pagos –fiscales o a proveedores- y empresas o personas físicas que nunca pueden recuperar lo robado? La confianza en un mundo globalizado, ha dejado de ser un factor de seguridad para convertirse en la llave que utiliza el defraudador para esquilmarlo aprovechando lo impersonal de operaciones donde la tecnología –tarjetas de crédito, pagos por Internet etc.- se impone.

Cualquiera pensaría que la motivación primordial del defraudador es la presión económica que resulta de un estilo de vida cuyo modelo es el lujo y el dispendio como sinónimos de éxito. Pero también la ambición de poder, el deseo de venganza, el puro sentimiento de dominio, son factores que mueven al defraudador del siglo XXI. ¿Conoce casos de inmuebles de IAP´s que se quedan en el desperdicio solo porque algún funcionario se empeñó en perjudicar a los propietarios que no eran de su agrado? ¿Cuántos litigios se obviarían si estos defraudadores de la sociedad civil, actuaran con un poco de ética, sin complejos de superioridad, por simple avaricia o por “quedar bien” caravaneando con sombrero ajeno como diría mi abuela?

El defraudador racionaliza internamente a tal grado, que se convence a si mismo de que su conducta es la correcta. ¿Tienen los dueños de Mexicana de Aviación algún remordimiento por los miles de pasajeros que se han quedado varados, sin oportunidad de visitar hijos y padres o llevar enfermos a los lugares que habían previsto desde hace muchos meses? ¿Les importó alguna vez el desempleo de pilotos, azafatas y en general, la quiebra de todos lo negocios que han sido afectados por la quiebra de una empresa cuyos vuelos significaban casi la mitad de este servicio en el país?

Como en el caso de todos los defraudadores, los “pseudo empresarios” que adquirieron Mexicana de Aviación en este criminal proceso de privatización que agobia a México, son “gente bonita” cuyas imágenes se publican en las revistas del “jet Set”, son encantadores -pero de serpientes dicen algunos- y sobre todo gozan de una impunidad sin límites. ¿Por qué nadie ha demandado penalmente a los responsables? ¿Por qué las autoridades de perseguir el delito no han dicho esta boca es mía? ¿Por qué frente al fraude las conductas son siempre reactivas y no preventivas o pro activas? Cuando se trata de un individuo, al igual que en la violación física, el grado de vergüenza por haber sido timado o engañado, implica cierta contención que el defraudador o el violador aprovechan a su favor. Otro factor disuasivo para demandar es la certeza de que los investigadores y aun los juzgadores, poco o nada hacen en contra de los delincuentes llamados de cuello blanco, sobre todo si en el fraude mismo están implicados una serie de intereses en las esferas de altos vuelos de la política o la oligarquía. Por lo pronto, olvídese de sus millas frecuenta o sus puntos GO. El lodo del mega fraude de Mexicana, puede convertirse en piedra antes de que alguien sea resarcido.

NUEVA FORMA DE EXTORSIÓN

Desde Nayarit nos envían una nueva modalidad de fraude y extorsión telefónica, muy de moda entre la gente sin modo honesto de vivir.

A pesar de las medidas tomadas por parte de las autoridades para evitar estos delitos, la extorsión bajo amenazas y los fraudes telefónicos, consistentes en supuestos concursos, ahora tiene una nueva modalidad de engañar a la gente.
Con el objetivo de que la gente sepa cómo prevenir este tipo de extorsiones y otros delitos, la Dirección de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Difusión de la Secretaria de Seguridad Publica del estado hace un atento llamado en tal sentido a toda la sociedad.
El titular de la Dirección Prevención del Delito, Luis Eduardo Jiménez Agraz alerta sobre esta nueva modalidad de extorsión telefónica, en la que supuestamente llama un comandante de alguna corporación policiaca para decir que de ese teléfono llamaron al número de emergencia o denuncia para reportar personas armadas o que cometieron algún delito; que éstos tienen los datos del usuario de la línea y que, si no se les depositas cierta cantidad de dinero, le ocasionarán algún daño.
Jiménez Agraz advierte que este es un fraude y, para evitarlo, recomienda a quien conteste este tipo de llamadas mantener la calma, pero sobre todo no contestar llamadas de números privados o sin registro, llamadas de ladas que no conozcan, e informar a sus familiares de la situación.
Jiménez Agraz comentó que, gracias a los anuncios en televisión, radio, espectaculares y otro tipo de campañas preventivas, la gente ha venido tomando conciencia, y se ha logrado disminuir este delito, pero eso no indica que estos sujetos dejen de hacer llamadas con fines de lucro; “es importante que la gente sepa cómo prevenir y cómo actuar, pero lo más importante es fomentar la prevención”, indicó el funcionario.
Cabe mencionar que por más de 2 años, la Dirección de Prevención del Delito ha investigado dichas conductas delictivas, las mismas que hacen del conocimiento de los ciudadanos con diferentes campañas de prevención, llevando este mensaje a los distintos sectores sociales, desde alumnos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, hasta empresarios, personas de la tercera edad, habitantes de colonias de los distintos municipios y de la capital, con el único fin de cerrar filas contra la delincuencia.

ALUMNOS TRAMPOSOS Y TECNOLOGÍA

El uso generalizado de Internet, la telefonía móvil, el uso del bluetooth y otros medios tecnológicos facilitan la proliferación de malas prácticas en las aulas

España.- Desde Septiembre del año pasado más de 7.500.000 de estudiantes se incorporaron al curso escolar que está por concluir en Junio y que se caracteriza por el uso de todo tipo de avances tecnológicos que contribuyen a consolidar un nuevo arquetipo de alumno, más tecnificado y dotado de instrumentos propios de la sociedad de la información.
Son los nuevos alumnos que visten guante virtual, van provistos de una tecnología propia de su entorno y su época, Internet, la telefonía móvil, el uso de cámaras digitales, el bluetooth y otros dispositivos conforman un pequeño arsenal que año tras año llena los bolsillos y pupitres de jóvenes y no tan jóvenes en todo el territorio.
El uso generalizado de Internet, la incorporación de tecnologías paralelas y el creciente dominio sobre los entornos tecnológicos han facilitado no obstante, la aparición de todo un mercado dedicado a la picaresca académica, se trata de “aprovechar” lo mejor del medio para conseguir una “ventaja estratégica” en los momentos cruciales, redactar un trabajo, presentar una tesina, aprobar un exámen parcial o final, superar una prueba de acceso es ahora más fácil con la ayuda de la tecnología cuya aplicación con fines fraudulentos cuenta con miles de seguidores en nuestro país.
Aunque copiar no es lo mismo que espiar lo cierto es que en algunas aulas se viven auténticos ambientes de espionaje, este fenómeno se intensifica durante los meses de septiembre, febrero y junio, épocas que coinciden con los exámenes parciales/finales, las pruebas de acceso que darán o no el privilegio de estudiar en determinados centros, masters o universidades, los tests de recuperación en septiembre, la presentación de tesinas o trabajos de verano, o el simple hecho de comprar artilugios o gadgets electrónicos como parte de la cultura o práctica del denominado "gamberrismo electrónico" actividad creciente en las aulas y que tiene en Internet uno de sus máximos exponentes.
El principal foco de preocupación lo constituye la proliferación de todo un mercado de empresas proveedoras de medios para la práctica de conductas académicamente deshonestas proliferan en grandes urbes como Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y otras; un primer ejemplo de ello lo tenemos en los proveedores y distribuidores de gadgets y artilugios destinados a facilitar estas prácticas, se trata de productos importados de China, Taiwán o Estados Unidos y cuentan con un público cada vez más numeroso en nuestro país.
Son empresas legalmente constituidas y ofrecen una gran transparencia en sus actividades ya que saben que copiar no constituye la comisión de ningún delito. En sus escaparates es posible encontrar todo tipo de artilugios al servicio de la picaresca académica, se trata de chuletas electrónicas, pinganillos y sistemas de transmisión remota, intercomunicadores ocultos, tintas invisibles utilizadas para redactar textos en folios aparentemente en blanco, prendas, faldas y camisas con doble fondo, gafas con reflectores ocultos en sus lentes. Relojes digitales de pulsera en los que se pueden introducir todo tipo de textos, datos y fórmulas.
En algunos casos se trata de productos altamente tecnificados, mientras un diccionario de latín con doble fondo en su interior se puede conseguir por unos 50 euros, un pinganillo con transmisión remota puede oscilar entre los 200 y los 900 euros según el modelo o marca adquirida –afirma el autor del reportaje-, se estima que existen unas 30 empresas o proveedores de este tipo implantadas en España y que han encontrado en el colectivo estudiantil a uno de los segmentos con mayor demanda. Su presencia se ha extendido con mucha fuerza a Internet, basta teclear “copiar en clase” o “pinganillo electrónico” en motores de búsqueda como Google para comprobar cómo muchas de estas empresas compiten en los rankings y resultados de búsqueda llegando en muchos casos a pagar por estas keywords o palabras clave. Se trata en definitiva de sacar buenas notas sin estudiar, práctica que muchas empresas facilitan al vender tecnología a la carta y a medida para estas actividades. En épocas sensibles (septiembre, junio) algunos de estos establecimientos declaran llegar a aumentar un 200% sus ventas ante la creciente petición de todo tipo de gadgets al servicio de los más avispados.
En el escenario internacional España parece ser uno de los países más permisivos, en algunos centros de países como Estados Unidos o Reino Unido saltarse el reglamento y ser pillado copiando puede conllevar castigos mucho más ejemplares como cursar baja del centro durante varias semanas o la imposibilidad de examinarse o presentarse a clase durante todo un trimestre.
En China también hay importantes castigos y en Francia, el país vecino copiar supone un auténtico daño al honor y prestigio personal. En España la pena parece no pasar de perder la convocatoria y ser expulsado de clase sin más castigos aparentes en una actividad que parece incluso despertar la simpatía –asegura Canals-
El móvil no queda exento de estas prácticas, en un país en el que ya existen más de 52 millones de celulares (más móviles que personas), han proliferado la incorporación de tecnologías paralelas como la cámara digital, la grabación con vídeo, la utilización del bluetooth como sistema de intercambio de información.
La red (Internet) se ha consolidado como un enorme black market o escaparate para las "conductas académicas deshonestas" la discreción del medio la ha consolidado como un gran vehiculador de oferta y demanda en el que estudiantes de diversas disciplinas intercambian información privilegiada, trabajos y contenidos que firmaran declarando la autoría sobre los mismos.
Algo parecido ocurre con algunas redes sociales que constituyen otra expresión del fenómeno, existen algunos canales temáticos creados con la finalidad de juntar know-how en la práctica de la picaresca o trampa escolar. Youtube el famoso sitio web dedicado a los vídeos tampoco queda exento de este capítulo de la enseñanza en nuestro país, este sitio web se ha consolidado como una fuente de autoformación para miles de usuarios que visualizan vídeos en los que se enseña al alumno a copiar, en los que se dan instrucciones de cómo escanear, ocultar textos, etc.
Otra expresión de conducta académicamente deshonesta la tenemos en el plagio escolar. Internet se ha convertido en un aliado útil para copiar textos de todo tipo; Wikipedia (entre otros) se ha convertido en una poderosa fuente y herramienta para copiar todo tipo de definiciones, textos o trabajos. Se trata de un fenómeno creciente y que causa preocupación entre los protagonistas del escenario educativo, son prácticas en ocasiones difíciles de detectar ya que algunos alumnos introducen faltas de ortografía deliberadas con la finalidad de no presentar un trabajo demasiado perfecto, se trata en definitiva de evitar sospechas.
Saber si los alumnos entregan material original o no, se ha convertido en un reto para muchos educadores, algunas empresas han visto la oportunidad de este negocio comercializando contramedidas y aplicaciones que escuelas y profesores pueden utilizar para peinar los artículos y trabajos y saber si han sido o no copipasteados de la red. Sitios web como www.copyscape.com o http://approbo.citilab.eu/ permiten comparar párrafos, textos y documentos detectando contenidos duplicados y desvelando la fuente original de un texto. Además, algunas de estas aplicaciones permiten configurar alertas o incluso saber que porcentaje o fragmentos son o no originales, se trata una vez más de detectar posibles malas prácticas asociadas al desarrollo de la actividad en las aulas.
En el resto de casos, la mayoría de profesores no cuentan con los mismos instrumentos para defenderse, los alumnos gozan de una clara ventaja tecnológica lo que hace a los educadores más vulnerables a este tipo de ataques siempre discretos y silenciosos.
Otro ejemplo de la proliferación de empresas proveedoras de conductas académicamente deshonestas lo tenemos en la aparición de diversas empresas y/o personas dedicadas a la venta y redacción de tesis doctorales y que son verdaderas fábricas de trabajos académicos. En algunos casos basta con entrar en estos sitios web y teclear la carrera o palabra clave, en otras basta con llamar por teléfono para encargar una tesina, trabajo o tesis que posteriormente el alumno podrá firmar para declarar su autoría sobre la misma; los precios oscilan entre 3.000 y 12.000 euros según la marca y profesionalidad de cada una de ellas.
Las empresas más profesionales garantizan discreción y el envío del dossier en un plazo de 2 a 3 semanas, redactan el contenido profesionales cualificados y con experiencia en la redacción de textos llegando incluso a introducir vocabulario y expresiones típicas del país del cliente, se trata en definitiva de "estar a la altura” y silenciar sospechas en el momento de la esperada presentación.
Fuente: Francisco Canals Carreras, Director de la Agencia para la picaresca.
http://www.fcanals.com/

Fraude a PEMEX comparado con el PEMEXGATE

Una investigación de la Secretaría de la Función Pública detectó un fraude por mil 64 millones de pesos contra Pemex, un monto muy similar al de llamado PEMEXGATE, efectuado a raíz de un derrame de crudo en Veracruz.

El 22 de diciembre de 2004, se fracturó el oleoducto Teapa-Poza Rica en Nanchital y se derramaron 5 mil barriles de crudo.

Ante la emergencia, funcionarios de Petróleos Mexicanos contrataron a siete empresas para reparar el ducto y hacer la limpieza de esa zona del Río Coatzacoalcos, pero cuadruplicaron los costos reales de la operación y cobraron por trabajos no realizados e insumos no utilizados.

Están involucradas las empresas Saint Martin Construcciones, Garner, Servicios Ambientales, Aquapress, S. A. de C. V., ADT Petroservicios, Construcciones y Reparaciones del Sur, Preserve y Lico Ambiental, a las cuales se ha inhabilitado para trabajar en contratos de gobierno y han debido pagar multas millonarias.

Diez funcionarios de Pemex y siete particulares de dichas empresas enfrentan ya una denuncia penal ante la PGR.

En 2005, el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación abrió una indagatoria contra Aquapress, SA de CV, integrada en el expediente 0289/2005, por el uso de documentos apócrifos, delito no sólo administrativo, sino penal del fuero federal. Derivado de las indagatorias, el 9 de marzo de 2007 el Área de Responsabilidades de la SFP determinó la inhabilitación de la empresa por un periodo de un año seis meses, vigente del 28 de marzo de ese año al 28 de marzo de 2008; se le impuso también una multa por 72 mil 540 pesos.

La inhabilitación se hizo pública en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007, notificándose a todas las dependencias del gobierno federal, así como a las de las entidades federativas, “que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Aquapress, SA de CV”, por el periodo señalado. Sin embargo, la administración de José Antonio Ceballos Soberanis en Pemex Refinación hizo caso omiso de la disposición de la SFP.

Bajo el argumento de un amparo temporal que Aquapress obtuvo del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Refinación le asignó un contrato, vía adjudicación directa, por 67 millones 939 mil 50 pesos. Aunque el 6 de septiembre el mismo juzgado le revocó el amparo, los dos meses que lo tuvo fueron suficientes para que se beneficiara de la adjudicación GMTD-UPLC-AD-001/07, que la Gerencia de Mantenimiento, Terminales y Ductos le otorgó el 6 de julio de 2007, para dar mantenimiento a ductos de Veracruz en esa fecha y el 31 de octubre.


La historia

La Procuraduría General de la República (PGR) y la SFP investigan a más de 30 empresas contratistas de Pemex Refinación, la mayoría de ellas radicadas en Veracruz. Según las denuncias presentadas, en el sexenio pasado –cuando fue director de la subsidiaria el hoy senador Juan Bueno Torio– se habrían beneficiado, al margen de la ley, de millonarios contratos supuestamente a cambio de sobornos.

Entre estas empresas destaca Aquapress, SA de CV, que se constituyó e ingresó como contratista de Pemex Refinación en 2003, el mismo año en que Bueno Torio llegó a la dirección de la subsidiaria, designado por Vicente Fox. Sin experiencia en trabajos de remediación, entre 2003 y 2005, Pemex Refinación le adjudicó –sin licitación pública de por medio– cuatro contratos para este tipo de labores, cuyo monto total ascendió a 420 millones de pesos.

Uno de estos contratos fue por 376 millones de pesos para la biorremediación en el río Coatzacoalcos, asignación que, según el diputado federal Elías Cárdenas, implica un fraude contra la paraestatal del que responsabiliza a Bueno Torio.

El negocio

Ubicada en Francisco Hernández Córdova 34, colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz, Aquapress fue creada el 26 de marzo de 2003 por Guadalupe Velásquez Jiménez y Jorge Daniel Salas Hernández, dos jóvenes comerciantes de 30 y 39 años de edad, originarios de Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo con la escritura pública 25899, expedida por el notario Francisco Montes de Oca Zárate, la empresa se constituyó con 500 mil pesos. El 95 por ciento de las acciones son propiedad de Guadalupe Velásquez, quien es la administradora única, y el otro 5 por ciento, de Jorge Daniel Salas, quien es el director general.

En 2004, recibió su primer contrato: el SDSE-OPU83-102/2004, por 40 millones 677 mil 501 pesos. Se le adjudicó por vía directa el 13 de octubre, para “atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, limpieza, disposición final de maleza, restauración del cauce del arroyo Anteburro-Querétaro y suelo contaminado derivado de la ruptura del oleoducto de 30 pulgadas, diámetro Nuevo Teapa-Venta de Carpio en el KM 280+352 en el Municipio de Omealca, Veracruz, área No. 3” (sic).

De acuerdo con las cláusulas, los trabajos debían realizarse entre el 13 de octubre de 2004 y el 9 de febrero de 2005, pero Aquapress no cumplió con el plazo fijado; sin embargo, lejos de penalizarla, como marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), el mismo día en que oficialmente debía concluir los trabajos, los funcionarios de la Gerencia de Almacenamiento y Distribución en la región Golfo le otorgaron una prórroga de dos meses (de febrero a abril de 2005) y le incrementaron el pago 7 millones 230 mil 715 pesos más al monto inicial.

Un segundo contrato, 577-59210-059/2004, se le otorgó el 15 de octubre de 2004. También se trató de una adjudicación directa por 189 mil 137 pesos, para “remediación de suelo contaminado por hidrocarburos en el área circundante a la fosa de quema de la estación de bombeo Emilio Carranza”, en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. Éste tuvo vigencia del 15 de octubre al 14 de diciembre de 2004.

El 29 de octubre se le adjudicó el contrato SDSE-SRO82-032/2004, por 329 mil 176 pesos para que hiciera la “evaluación del área afectada por fuga en el KM 1+300” del combustoleoducto, que va de la refinería Ingeniero Antonio Dovali Jaime a la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oaxaca”. Según el contrato, los trabajos debían realizarse desde el mismo 29 de octubre, pero Aquapress los hizo hasta el 12 y 13 de enero de 2005.

El supuesto fraude


En diciembre de 2004, tras la ruptura de un oleoducto en el municipio Nanchital, Veracruz, que derramó 5 mil barriles de crudo en el río Coatzacoalcos –considerado el accidente más grave ocurrido hasta ahora en áreas de jurisdicción de Refinación–, Aquapress fue una de las empresas elegidas por Juan Bueno Torio para que remediaran la zona.

Según datos oficiales de Pemex, el 22 de diciembre, el mismo día del accidente, se le adjudicó el contrato SDSE-OPU81-174/2004, por 375 millones 871 mil 163 pesos, para “la atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, material contaminado y limpieza en la desembocadura del arroyo Tepeyac”.

El argumento para contratar sin licitación pública a Aquapress fue que contaba “con los recursos humanos y financieros suficientes, así como la experiencia respaldada con contratos ejecutados de la especialidad”.

A partir de diciembre de 2004 Aquapress trabajó en la zona y cobró sus facturas sin siquiera haber formalizado su relación con Pemex. El contrato se firmó hasta el 31 de mayo de 2005, es decir, el mismo día que concluían los trabajos, lo que podría implicar una serie de violaciones a la LOPSRM.

Más aún, el contrato, formalizado por Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución, y Jorge Daniel Salas, fue enviado a la Subgerencia General de Mantenimiento de Minatitlán –la cual facturó los trabajos– hasta el 13 de septiembre de 2005, semanas después de que se le había pagado el monto total.

Entre las posibles violaciones a la LOPSRM destaca que el contrato fue firmado el 31 de mayo de 2005, lo que contraviene el artículo 47 de dicha ley que establece que la adjudicación del contrato obliga a la dependencia a formalizar el documento relativo durante los 30 días naturales siguientes.

Además, se incumplió el artículo 48 que establece que los contratistas deberán sustituir garantías dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación del contrato y por la totalidad del monto de anticipos. El trámite para la expedición de una fianza de cumplimiento del contrato inició el 4 de marzo de 2005, es decir, 70 días después de haber iniciados los trabajos.

La póliza de garantía se expidió el 20 de diciembre de 2005, siete meses después de que venció el contrato, lo que significa que los pagos y el contrato nunca tuvieron la garantía de cobertura que exige la LOPSRM.

Refinación cubrió el monto total del contrato en seis facturas, de las cuales cuatro fueron expedidas el 1 de junio y dos el 6 de junio de 2005. Los pagos fueron cubiertos el 15 de julio de ese año, de manera que el cumplimiento de los anticipos no estuvo garantizado, pues la póliza se extendió hasta diciembre.


Las deficiencias

Además de las irregularidades en la formalización del contrato, desde los primeros días en que Aquapress entró a trabajar a Nanchital, la organización ambientalista Greenpeace denunció que tanto ésta como las otras siete compañías contratadas por Bueno Torio, para biorremediar la zona, no hacían los trabajos de forma adecuada.

En enero de 2005, Greenpeace denunció que las compañías sólo removían el agua y tierra contaminada, la cual recogían en bolsas de plástico para posteriormente enterrarlo en otras zonas de Veracruz. A sus denuncias se unieron las de los lugareños, pescadores y autoridades locales, que develaban que, pese a los millonarios montos que la paraestatal designó para remediar la zona, que superaron los 3 mil millones de pesos, las compañías se limitaba a limpiar el hidrocarburo de las fachadas de las casas, lavaban las piedras del río, retiraban el manglar afectado e incineraban la arena contaminada. Nunca hubo biorremediación.

En el río Coatzacoalcos y sus inmediaciones, removían la tierra y le colocaban lirio encima, pero el 3 de febrero de 2005, un norte dejó al descubierto el lirio contaminado. El 20 de febrero se descubrieron más de 500 bolsas con residuos de petróleo y lirio abandonados en las playas de Coatzacoalcos. En un comunicado, Greenpeace denunció que Aquapress las había confinado en esa zona y responsabilizó a Pemex de solapar la grave conducta de la empresa, incluso algunos supervisores de Refinación se negaron a dar visto bueno a los trabajos, necesario para que Pemex finiquite cualquier contrato.

La denuncia contra Aquapress se llevó hasta el Tribunal Ambiental Internacional, en el cual se documentaron las supuestas irregularidades de la compañía que provocaron, a tres años del desastre, que los efectos de la contaminación aún persistan en esa región de Veracruz.
No obstante los señalamientos, en 2005, Aquapress entró como contratista a Pemex Exploración y Producción (PEP), con la asignación del contrato 415115846, por un millón 492 mil pesos, que el 4 de marzo de 2005, le entregó, también sin licitación pública, el área de Recursos Materiales en Villahermosa, para la “restauración de exbatería Arjona, del Activo Integral Cinco Presidentes”, vigente del 4 de marzo al 4de junio de 2005.
Fuente: Agencia NotiMina.
http://www.notimina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1951:fraude-a-pemex-comparado-con-el-pemexgate&catid=31:en-caliente&Itemid=2

OTRO ESCANDALO ECLESIAL: ONESIMO CEPEDA DENUNCIADO

El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) ayer lunes por presunto lavado de dinero y, en su caso, fraude procesal, derivado de un supuesto préstamo de 130 millones de dólares a Olga Azcárraga Madero, quien falleció el 21 de noviembre de 2003.

De acuerdo con el abogado Xavier Olea Peláez, representante de los denunciantes, Cepeda debe explicar de dónde sacó, cómo y si es que realmente entregó esos 130 millones de dólares a Olga Azcárraga, los cuales consideró el acusador, pudieron haber sido producto del narcotráfico. Y si no entregó ese dinero, señaló, entonces es evidente que existió un fraude procesal.

Recordó que en el 2009, él y sus socios presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una denuncia en contra de Cepeda y Jaime Matute Labrador por delito de fraude procesal, es decir, un fraude por simulación, porque supuestamente el obispo de Ecatepec le prestó a Olga Azcárraga Madero, quien fue hermana del presidente del Consejo de Administración del Grupo Fórmula,Rogerio Azcárraga Madero, los 130 millones de dólares en efectivo.

Y ella le entregó un pagaré "que pudo haber sido por una firma en blanco por parte de la señora Azcárraga y al efecto el señor obispo entregó 130 millones de dólares en efectivo. Ese pagaré lo firmó, entre comillas, la señora Olga Azcárraga en su carácter de presidenta del Consejo Directivo de una empresa formalizada en Panamá de nombre Arthinia Internacional. Misma que tiene un capital social de 25 mil dólares americanos" y de la que era administrador Jaime Matute Labrador, también demandado.

A este, le fue endosado por Cepeda el referido pagaré. "Aquí hay dos preguntas: ¿De dónde obtuvo Onésimo Cepeda 130 millones de dólares en efectivo para entregárselos a la señora Azcárraga? y ¿de dónde obtuvo Jaime Matute una cantidad muy importante para obtener el pagaré?, porque obviamente tenía que haber una contra prestación a lo mejor no los 130 pero podría haber sido la mitad". De ahí que se presentó una segunda denuncia por este asunto, pero ahora ante la PGR.

Ex Contador Mayor de Hacienda involucrado en fraude

Ricardo Álvarez García, ex Contador Mayor de Hacienda del Congreso Local durante el sexenio de Enrique Martínez, ha sido acusado de participar en un fraude en contra de un grupo de compradores de lotes campestres en un predio rústico de su propiedad ubicado cerca de San Antonio de las Alazanas, en la sierra de Arteaga.
Los defraudados por el ex funcionario estatal argumentan que cuando compraron sus lotes en ese lugar para construir cabañas de descanso, se les prometió que dichos predios contarían con el servicio de agua y luz, lo cual quedó asentado en el contrato de compra venta, pero a la fecha esa promesa no ha sido cumplida, por lo que amenazan con presentar denuncias penales en contra de Álvarez García y de su esposa, Ana María Cuellar, quien aparece como propietaria del fraudulento fraccionamiento.
En el colmo de la desvergüenza, los fraccionadores continúan publicitando el citado fraccionamiento en periódicos locales ofreciendo lotes desde mil metros cuadrados con agua y luz, lo cual es completamente falso.
En un escrito que los quejosos enviaron a EL HERALDO DE SALTILLO se lee lo siguiente: "El Fraccionamiento se llama Puerto Alto y la oficina es "Desarrollos Inmobiliarios Arteaga", la promesa desde hace cuatro años fue que la luz y el agua quedarían en un tiempo muy corto ya que se estaban tramitando los permisos, sin embargo aun sin servicios los costos de los terrenos son como si tuvieran todo ya instalado y hasta el día de hoy siguen sin cumplir sus promesas".
"Los dueños del Fraccionamiento son Ana Maria Cuellar de las Fuentes a la cual se le hacen los depósitos puntualmente a su cuenta de los pagos de las mensualidades y su esposo Ricardo Alvarez García, sin embargo el que da la cara como Administrador o socio es el Ing. Fernando Perez el cual nos ha traído con la promesa de los Servicios desde hace mas de 4 años".
"La publicidad que se maneja en el periódico maneja que el Fraccionamiento tiene luz y agua cosa que no es cierto y en lugar de venderte el terreno como rustico te lo dan a precios de terreno campestre con servicios".
"Los propietarios de los lotes ya nos cansamos de pedir explicaciones y de escuchar que la culpa es de CFE y no de ellos, sin embargo, ¿que no se supone que si vendes bajo este concepto no deberían tener ya lo de CFE listo? ¿No se supone que primero fraccionas, instalas y das los servicios y luego empiezas a vender? ¿O quieres que con el dinero que sacas de mensualidades te de el flujo para ir metiendo infraestructura, buen negocio no?", se lee en el escrito.
Los quejosos advierten que en caso de no ver sus demandas satisfechas rápidamente, recurrirán a la justicia para exigir les sea reparado el daño por parte del ex funcionario público.
Fuente: Redacción / El Heraldo de Saltillo
Publicado: Abril 23, 2010

TUS DATOS PERSONALES SE VENDEN EN TEPITO

Bases de datos que contienen información personal de millones de mexicanos están a la venta en 12 mil dólares en el barrio de Tepito.

Por María de la Luz González

EL UNIVERSAL comprobó que en tres memorias externas, cada una de 160 gigabytes, el comprador recibe el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos y de licencias de conducir, entre otros “productos”.

La información la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos que la utilizan para trabajar, ya que en sus corporaciones no tienen esa disponibilidad de datos.

Un agente que tiene los datos en su poder explicó: “Cuando le comentamos al jefe de grupo que se estaba vendiendo, nos cooperarnos para comprarla, cada uno de nosotros puso 10 mil pesos, porque la verdad agiliza el trabajo”.

Mencionó que uno de los archivos, denominado “Casetas Telmex”, con los números de todos los teléfonos públicos del país, les permite rastrear llamadas relacionadas con secuestros o extorsiones, un trámite que les tomaría unos cinco días, si lo hacen ante la compañía.

Otro archivo incluye datos de las policías del país, con fotografía de sus elementos, número de placa y el lugar donde están adscritos.

El agente consultado advirtió del riesgo de esta última información: “Los delincuentes ya saben con quién llegar, a quién amenazar, pues cruzando datos con la lista del padrón [electoral], obtienen hasta sus domicilios y ubican a su familia, para presionarlos”.

La información que se adquiere contiene también la identificación de todo el parque vehicular del Servicio Federal, donde está incluido el transporte de carga. Ahí se detallan marca, modelo, placas y tipo de carga que transportan, desde electrodomésticos y abarrotes hasta material explosivo y las rutas.

Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Universidad Autónoma Metropolitana reconocieron que las bases de datos almacenadas por el gobierno no son 100% confiables debido a la falta de control, que las hace vulnerables a robos y fugas de información.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/673768.html