Unidad secreta de Televisa promocionó al candidato del PRI

Según unos documentos vistos por the Guardian, la cadena de medios encargó videos para desacreditar a los rivales del candidato, para ganar la carrera por la Presidencia del domingo


Jo Tuckman en Ciudad de México
guardian.co.uk

Enrique Peña Nieto se encuentra con partidarios del PRI en una manifestación en la Ciudad de México el domingo. Fotografía: Darío López-Mills/AP

Según unos documentos vistos por the Guardian y gente familiarizada con el operativo, una unidad secreta de la cadena de televisión dominante en México, estableció y financió una campaña para que el candidato favorito, Enrique Peña Nieto, ganase las elecciones presidenciales.

Las nuevas revelaciones de la falta de objetividad de Televisa, la cadena de medios más grande del mundo en lengua española, cuestionan la afirmación de ser políticamente imparciales hecha por la compañía así conrique Peña Nieto se encuentra con partidarios del PRI en una manifestación en la Ciudad de México el domingo. Fotografía: Damo las insistencia de Peña Nieto de no haberse beneficiado de una relación especial con Televisa.

La unidad, apodada "el equipo Handcock" lo que según las fuentes era un nombre en código para el político y sus aliados, encargó videos promocionales sobre el candidato y su partido, el PRI, que a la vez que desacreditaban a los rivales del partido en el 2009. Los documentos sugieren que el equipo distribuyó los videos a miles de direcciones de correo electrónico y también los promocionó en Facebook y Youtube donde alguno de ellos todavía puede ser visto.

La naturaleza de la relación entre Peña Nieto y Televisa ha sido un asunto clave de las elecciones que se celebrarán el próximo domingo desde que en Mayo se originara un movimiento estudiantil centrado en la percibida manipulación de la opinión pública a favor del candidato por parte de los medios.

Televisa rehusó hacer ningún tipo de comentario sobre los particulares de los documentos pero negó la idea de que hubiera favorecido al PRI y dijo que hizo trabajo político para todos los grandes partidos.

Los documentos, que consisten en copias escaneadas de contratos firmados así como otras instrucciones y propuestas, sugieren que los subsidiarios de Televisa y ejecutivos nombrados de la misma cadena tomaron parte en el proyecto y pusieron sus conocimientos y a sus empleados a trabajar para Peña Nieto en la fase previa a las cruciales elecciones intermedias al congreso del 2009.

Este material prosigue con la publicación por the Guardian hace tres semanas de un conjunto de documentos del año 2005 que presuntamente detallan la venta por parte de la cadena de cobertura favorable a ciertos políticos entre los que estaba incluido Peña Nieto. Los documentos también parecían contener evidencia de una campaña de desprestigio orquestada desde la empresa en contra de Andrés Manuel López Obrador que en esos momentos estaba preparando su primera campaña presidencial. López Obrador es en estos momentos el rival más próximo de Peña Nieto en la carrera presidencial aunque la mayoría de las encuestas le sitúan a más de 10 puntos por detrás del líder.

Televisa ha rechazado estas acusaciones y las ha tildado de calumnias, ha cuestionado la autenticidad de los documentos y ha exigido una disculpa.

Según fuentes bien informadas, el proyecto "Handcock" (deletreado "Hancock" en algunos documentos) surgió en la fase previa a las elecciones intermedias del 2009.

La clara victoria que el Gobernador Peña Nieto consiguió para el PRI en la región conocida como el Estado de México en esas elecciones ayudó a cimentar su asalto a la candidatura presidencial.

Acuerdos de Confidencialidad

Una fuente declaró a the Guardian que el equipo trabajó en semiclandestinidad dentro de las oficinas de Televisa y que se firmaron acuerdos de confidencialidad y se les urgió a no usar sus direcciones de correo electrónico de Televisa o las direcciones IP de la compañía para distribuir el material.

Una segunda fuente dijo que otras empresas externas contratadas por Televisa para producir videos y otros materiales destinados a la Web también firmaron contratos para asegurar la confidencialidad. Los contratos parecen sugerir que estos "proveedores" eran legalmente responsables de "cualquier tipo de queja individual o colectiva" asociada al mencionado material.

Las fuentes declararon que una de los líderes del equipo fue Alejandra Lagunes, la entonces Directora General de Televisa Interactive Media.

Lagunes abandonó más tarde la compañía y se dedicó a ayudar a ganar las elecciones locales del 2011 al sucesor elegido de Peña Nieto como Gobernador del Estado de México. Actualmente ostenta el puesto de "Coordinadora de la Estrategia Digital y de Redes Sociales" en el equipo de la campaña presidencial de Peña Nieto.

Un portavoz del PRI, Aurelio Nuño, denegó a the Guardian la posibilidad de hablar con Lagunes. Declaró que "la campaña y el candidato Enrique Peña Nieto no tienen conocimiento de la existencia del contrato que the Guardian nos ha enseñado". Y añadió "Enrique Peña Nieto reitera que nunca ha tenido una relación especial con Televisa. Tanto como Gobernador como candidato presidencial, Peña Nieto siempre ha buscado una relación cordial y respetuosa con todos los medios de comunicación".

Una parte principal de la misión del equipo "Handcock", según una fuente, fue la distribución de videos de apoyo a la campaña del PRI mediante el envío masivo de correos electrónicos y la promoción en sitios como Youtube.

Los documentos muestran que al menos algunos de los videos fueron encargados por Televisa a una empresa de producción externa llamada Zares del Universo, de la que en parte era dueño Facundo Gómez, un famoso relacionado con Televisa.

Según uno de los contratos de fecha 1 Mayo del 2009, una subsidiaria participada al 100% por Televisa llamada Comercio Más S.A. De C.V. encargó a Zares la elaboración de una serie de videos cortos, (http://www.guardian.co.uk/world/video/2012/jun/26/mexican-duran-olvera-call) con un coste de 1,722,000 pesos (unos 133,000 USD en esos momentos).

El contrato está firmado por Agustín Lutteroth Echegoyen, Vice Presidente de Televisa y contralor. Su nombre y su firma aparecen también en otros contratos junto con un sello oficial.

En este caso el "cliente" es identificado como "Handcock" para algunos de los videos encargados y en otros como "Televisa Digital". Todavía se puede acceder en Youtube a algunos de ellos. No se especifica el nombre del autor, pero los títulos, los asuntos tratados y la duración exacta son los mismos que los que se recogen en el documento.

El concepto Snoopy

Son una serie de seis videos para una campaña con el misterioso nombre en código Concepto Snoopy.

El contrato especifica que el objetivo es producir "videos que ridiculicen alguno de los errores y puntos débiles del Partido de Acción Nacional" en referencia al PAN de Felipe Calderón. También especifica que los videos no deben de estar firmados.

Gómez declaró a the Guardian: "Hemos hecho mucho trabajo para Televisa pero nunca, por lo que yo sé, hemos producido videos políticos de ningún tipo para Televisa".

Uno de los episodios titulado "la corbata de Enrique Peña" rechaza con desenfado las críticas que el entonces Gobernador recibió por no seguir las sugerencias del Gobierno Federal sobre no llevar corbata durante la epidemia
de peste porcina del 2009. El video contiene una entrevista con el Gobernador en el programa estrella de noticias de la noche de Televisa en la que explica su decisión como un esfuerzo para "no proyectar más la imagen de un país enfermo que ha dañado nuestra economía en gran medida".

Otro de los videos titulado "el malo de Toluca" ataca la trayectoria de un antiguo alcalde de la capital del Estado que se presentaba al puesto de nuevo en las elecciones de 2009. Con los acordes de los Montescos y Capuletos de Prokofiev de fondo, el video repasa una serie de acusaciones como la de "él es el que se divorció de su secretaria y luego la ascendió en su administración".

Otros contratos que han sido mostrados a the Guardian detallan los blogs y las páginas Web para la promoción del PRI que debían crearse por empresas e individuos externos para las subsidiarias de Televisa Comercio Más y Desarrollo Vista Hermosa S.A. de C.V.

Un conjunto de instrucciones a los miembros del equipo les indica que distribuyan un video y lo suban a Facebook y a la red social norteamericana Hi5.

El video, del que no se revela el origen, acusa al alcalde de una ciudad del Estado de usar recursos públicos para hacer campaña por el PAN. El texto del video no hace mención de ninguna filiación política específica y termina con las palabras "envíalo a tus amigos … estoy muy enfadado con esto".

Televisa ha rehusado reunirse con the Guardian para discutir las acusaciones. Primero ignoró nuestra petición sobre sus comentarios al respecto y más tarde propuso una reunión con consejeros legales presentes. Cuando the Guardian envió una lista de ocho preguntas con un pequeño documento de ejemplo adjunto, un portavoz canceló la reunión diciendo que los documentos no se habían enviado en "el momento adecuado".

La cadena añadió que Comercio Más trabajó para todos los grandes partidos. Declaró que "Comercio Más es una pequeña subsidiaria participada al 100% que estaba y está a cargo del portal Esmas y desde 2008 ha estado intentado desarrollar habilidades para la colocación de publicidad online. Comercio Más o Esmas ha hecho presentaciones de su capacidad a entidades públicas y privadas. En cuanto a lo que se refiere a partidos políticos, Comercio Más ha firmado acuerdos con diversos partidos políticos incluyendo los principales partidos del espectro político (PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD). Los objetivos de Esmas siempre han sido legales".

"Y lo que es más, después del proceso electoral federal del 2009, el trabajo de Comercio Más y sus ingresos provenientes de partidos políticos fue auditado por la Autoridad Electoral, el IFE, que emitió la resolución GC223/2010. El IFE se mostró satisfecho con la revisión que se llevó a cabo."

Pero César Yáñez portavoz del PDR negó todo conocimiento de Comercio Más o de su portal Esmas. Este portavoz declaró que "Nunca lo he escuchado. No han hecho ningún trabajo para nosotros, ni en esta campaña (presidencial) ni previamente." Si Televisa o el PRI sugirieron otra cosa, añadió, estaban equivocados. "Es completamente falso".

Otra evidencia del trabajo encargado por Televisa para promocionar a Peña Nieto viene de un documento presuntamente enviado por un empleado de la empresa estadounidense Blue State Digital en el que pregunta sobre los pagos pendientes tras la finalización de "diversas tareas para Televisa". La lista adjunta incluye "muchas conferencias telefónicas y reuniones para discutir la estrategia Web para Handcock".

Blue State Digital

Blue State Digital es conocida por haber ayudado a desarrollar la estrategia de Barak Obama en Internet en las elecciones presidenciales de 2008 en los Estados Unidos. Blue State Digital no ha respondido a nuestra petición de hacernos llegar sus comentarios al respecto.

Otro documento, en apariencia enviado por una compañía llamada Producciones Salón a la dirección de Germán Arellano, un empleado de alto nivel de Televisa, tiene por asunto "propuesta edomex", en referencia al acrónimo del Estado de México. Incluye un presupuesto de las páginas Web para el PRI en el Estado así como "el diseño y la implementación de una estrategia integrada que articule la totalidad de los esfuerzos realizados para Handcock".

Los contratos detallan los pagos que se tenían que hacer por las subsidiarias de Televisa a los proveedores externos del material en apoyo de Peña Nieto. Los documentos no aclaran si Televisa pagó las facturas.

The Guardian no ha podido obtener ninguna respuesta de Producciones Salón que no pudo ser localizada ni en la dirección y los números de teléfono incluidos en el contrato ni en las señas incluidas en su página Web.

• Multimedia

• 
  Mexican media scandal: Mawaad's Beauty Kit - video
  The video links out to a spinning image of the party symbol transforming into a swastika.
•  Mexican media scandal: the Bad Guy of Toluca - video
•  Mexican media scandal: the Durán-Olvera Call - video

Fraude a PEMEX comparado con el PEMEXGATE

Una investigación de la Secretaría de la Función Pública detectó un fraude por mil 64 millones de pesos contra Pemex, un monto muy similar al de llamado PEMEXGATE, efectuado a raíz de un derrame de crudo en Veracruz.

El 22 de diciembre de 2004, se fracturó el oleoducto Teapa-Poza Rica en Nanchital y se derramaron 5 mil barriles de crudo.

Ante la emergencia, funcionarios de Petróleos Mexicanos contrataron a siete empresas para reparar el ducto y hacer la limpieza de esa zona del Río Coatzacoalcos, pero cuadruplicaron los costos reales de la operación y cobraron por trabajos no realizados e insumos no utilizados.

Están involucradas las empresas Saint Martin Construcciones, Garner, Servicios Ambientales, Aquapress, S. A. de C. V., ADT Petroservicios, Construcciones y Reparaciones del Sur, Preserve y Lico Ambiental, a las cuales se ha inhabilitado para trabajar en contratos de gobierno y han debido pagar multas millonarias.

Diez funcionarios de Pemex y siete particulares de dichas empresas enfrentan ya una denuncia penal ante la PGR.

En 2005, el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación abrió una indagatoria contra Aquapress, SA de CV, integrada en el expediente 0289/2005, por el uso de documentos apócrifos, delito no sólo administrativo, sino penal del fuero federal. Derivado de las indagatorias, el 9 de marzo de 2007 el Área de Responsabilidades de la SFP determinó la inhabilitación de la empresa por un periodo de un año seis meses, vigente del 28 de marzo de ese año al 28 de marzo de 2008; se le impuso también una multa por 72 mil 540 pesos.

La inhabilitación se hizo pública en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007, notificándose a todas las dependencias del gobierno federal, así como a las de las entidades federativas, “que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Aquapress, SA de CV”, por el periodo señalado. Sin embargo, la administración de José Antonio Ceballos Soberanis en Pemex Refinación hizo caso omiso de la disposición de la SFP.

Bajo el argumento de un amparo temporal que Aquapress obtuvo del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Refinación le asignó un contrato, vía adjudicación directa, por 67 millones 939 mil 50 pesos. Aunque el 6 de septiembre el mismo juzgado le revocó el amparo, los dos meses que lo tuvo fueron suficientes para que se beneficiara de la adjudicación GMTD-UPLC-AD-001/07, que la Gerencia de Mantenimiento, Terminales y Ductos le otorgó el 6 de julio de 2007, para dar mantenimiento a ductos de Veracruz en esa fecha y el 31 de octubre.


La historia

La Procuraduría General de la República (PGR) y la SFP investigan a más de 30 empresas contratistas de Pemex Refinación, la mayoría de ellas radicadas en Veracruz. Según las denuncias presentadas, en el sexenio pasado –cuando fue director de la subsidiaria el hoy senador Juan Bueno Torio– se habrían beneficiado, al margen de la ley, de millonarios contratos supuestamente a cambio de sobornos.

Entre estas empresas destaca Aquapress, SA de CV, que se constituyó e ingresó como contratista de Pemex Refinación en 2003, el mismo año en que Bueno Torio llegó a la dirección de la subsidiaria, designado por Vicente Fox. Sin experiencia en trabajos de remediación, entre 2003 y 2005, Pemex Refinación le adjudicó –sin licitación pública de por medio– cuatro contratos para este tipo de labores, cuyo monto total ascendió a 420 millones de pesos.

Uno de estos contratos fue por 376 millones de pesos para la biorremediación en el río Coatzacoalcos, asignación que, según el diputado federal Elías Cárdenas, implica un fraude contra la paraestatal del que responsabiliza a Bueno Torio.

El negocio

Ubicada en Francisco Hernández Córdova 34, colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz, Aquapress fue creada el 26 de marzo de 2003 por Guadalupe Velásquez Jiménez y Jorge Daniel Salas Hernández, dos jóvenes comerciantes de 30 y 39 años de edad, originarios de Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo con la escritura pública 25899, expedida por el notario Francisco Montes de Oca Zárate, la empresa se constituyó con 500 mil pesos. El 95 por ciento de las acciones son propiedad de Guadalupe Velásquez, quien es la administradora única, y el otro 5 por ciento, de Jorge Daniel Salas, quien es el director general.

En 2004, recibió su primer contrato: el SDSE-OPU83-102/2004, por 40 millones 677 mil 501 pesos. Se le adjudicó por vía directa el 13 de octubre, para “atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, limpieza, disposición final de maleza, restauración del cauce del arroyo Anteburro-Querétaro y suelo contaminado derivado de la ruptura del oleoducto de 30 pulgadas, diámetro Nuevo Teapa-Venta de Carpio en el KM 280+352 en el Municipio de Omealca, Veracruz, área No. 3” (sic).

De acuerdo con las cláusulas, los trabajos debían realizarse entre el 13 de octubre de 2004 y el 9 de febrero de 2005, pero Aquapress no cumplió con el plazo fijado; sin embargo, lejos de penalizarla, como marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), el mismo día en que oficialmente debía concluir los trabajos, los funcionarios de la Gerencia de Almacenamiento y Distribución en la región Golfo le otorgaron una prórroga de dos meses (de febrero a abril de 2005) y le incrementaron el pago 7 millones 230 mil 715 pesos más al monto inicial.

Un segundo contrato, 577-59210-059/2004, se le otorgó el 15 de octubre de 2004. También se trató de una adjudicación directa por 189 mil 137 pesos, para “remediación de suelo contaminado por hidrocarburos en el área circundante a la fosa de quema de la estación de bombeo Emilio Carranza”, en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. Éste tuvo vigencia del 15 de octubre al 14 de diciembre de 2004.

El 29 de octubre se le adjudicó el contrato SDSE-SRO82-032/2004, por 329 mil 176 pesos para que hiciera la “evaluación del área afectada por fuga en el KM 1+300” del combustoleoducto, que va de la refinería Ingeniero Antonio Dovali Jaime a la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oaxaca”. Según el contrato, los trabajos debían realizarse desde el mismo 29 de octubre, pero Aquapress los hizo hasta el 12 y 13 de enero de 2005.

El supuesto fraude


En diciembre de 2004, tras la ruptura de un oleoducto en el municipio Nanchital, Veracruz, que derramó 5 mil barriles de crudo en el río Coatzacoalcos –considerado el accidente más grave ocurrido hasta ahora en áreas de jurisdicción de Refinación–, Aquapress fue una de las empresas elegidas por Juan Bueno Torio para que remediaran la zona.

Según datos oficiales de Pemex, el 22 de diciembre, el mismo día del accidente, se le adjudicó el contrato SDSE-OPU81-174/2004, por 375 millones 871 mil 163 pesos, para “la atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, material contaminado y limpieza en la desembocadura del arroyo Tepeyac”.

El argumento para contratar sin licitación pública a Aquapress fue que contaba “con los recursos humanos y financieros suficientes, así como la experiencia respaldada con contratos ejecutados de la especialidad”.

A partir de diciembre de 2004 Aquapress trabajó en la zona y cobró sus facturas sin siquiera haber formalizado su relación con Pemex. El contrato se firmó hasta el 31 de mayo de 2005, es decir, el mismo día que concluían los trabajos, lo que podría implicar una serie de violaciones a la LOPSRM.

Más aún, el contrato, formalizado por Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución, y Jorge Daniel Salas, fue enviado a la Subgerencia General de Mantenimiento de Minatitlán –la cual facturó los trabajos– hasta el 13 de septiembre de 2005, semanas después de que se le había pagado el monto total.

Entre las posibles violaciones a la LOPSRM destaca que el contrato fue firmado el 31 de mayo de 2005, lo que contraviene el artículo 47 de dicha ley que establece que la adjudicación del contrato obliga a la dependencia a formalizar el documento relativo durante los 30 días naturales siguientes.

Además, se incumplió el artículo 48 que establece que los contratistas deberán sustituir garantías dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación del contrato y por la totalidad del monto de anticipos. El trámite para la expedición de una fianza de cumplimiento del contrato inició el 4 de marzo de 2005, es decir, 70 días después de haber iniciados los trabajos.

La póliza de garantía se expidió el 20 de diciembre de 2005, siete meses después de que venció el contrato, lo que significa que los pagos y el contrato nunca tuvieron la garantía de cobertura que exige la LOPSRM.

Refinación cubrió el monto total del contrato en seis facturas, de las cuales cuatro fueron expedidas el 1 de junio y dos el 6 de junio de 2005. Los pagos fueron cubiertos el 15 de julio de ese año, de manera que el cumplimiento de los anticipos no estuvo garantizado, pues la póliza se extendió hasta diciembre.


Las deficiencias

Además de las irregularidades en la formalización del contrato, desde los primeros días en que Aquapress entró a trabajar a Nanchital, la organización ambientalista Greenpeace denunció que tanto ésta como las otras siete compañías contratadas por Bueno Torio, para biorremediar la zona, no hacían los trabajos de forma adecuada.

En enero de 2005, Greenpeace denunció que las compañías sólo removían el agua y tierra contaminada, la cual recogían en bolsas de plástico para posteriormente enterrarlo en otras zonas de Veracruz. A sus denuncias se unieron las de los lugareños, pescadores y autoridades locales, que develaban que, pese a los millonarios montos que la paraestatal designó para remediar la zona, que superaron los 3 mil millones de pesos, las compañías se limitaba a limpiar el hidrocarburo de las fachadas de las casas, lavaban las piedras del río, retiraban el manglar afectado e incineraban la arena contaminada. Nunca hubo biorremediación.

En el río Coatzacoalcos y sus inmediaciones, removían la tierra y le colocaban lirio encima, pero el 3 de febrero de 2005, un norte dejó al descubierto el lirio contaminado. El 20 de febrero se descubrieron más de 500 bolsas con residuos de petróleo y lirio abandonados en las playas de Coatzacoalcos. En un comunicado, Greenpeace denunció que Aquapress las había confinado en esa zona y responsabilizó a Pemex de solapar la grave conducta de la empresa, incluso algunos supervisores de Refinación se negaron a dar visto bueno a los trabajos, necesario para que Pemex finiquite cualquier contrato.

La denuncia contra Aquapress se llevó hasta el Tribunal Ambiental Internacional, en el cual se documentaron las supuestas irregularidades de la compañía que provocaron, a tres años del desastre, que los efectos de la contaminación aún persistan en esa región de Veracruz.
No obstante los señalamientos, en 2005, Aquapress entró como contratista a Pemex Exploración y Producción (PEP), con la asignación del contrato 415115846, por un millón 492 mil pesos, que el 4 de marzo de 2005, le entregó, también sin licitación pública, el área de Recursos Materiales en Villahermosa, para la “restauración de exbatería Arjona, del Activo Integral Cinco Presidentes”, vigente del 4 de marzo al 4de junio de 2005.
Fuente: Agencia NotiMina.
http://www.notimina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1951:fraude-a-pemex-comparado-con-el-pemexgate&catid=31:en-caliente&Itemid=2

BUSCARÁ AHMSA TERMINAR CONTRATO COLECTIVO

ALERTA SINDICAL EN LA 288: AHMSA PRETENDE TERMINAR CON EL CONTRATO COLECTIVO
• Otra denuncia internacional se presentará en breve, incluyendo los casos de Cananea, la persecución de Napoleón Gómez Urrutia y los intentos por terminar con los logros contractuales.

Conrado Garcia Jamin

Los trabajadores de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México, S.A., agremiados a la Sección 288 del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, se encuentran ante una encrucijada: aceptar o rechazar una propuesta de la empresa para dar por terminadas las relaciones colectivas de trabajo.
Dicho de otra forma, se pretende eliminar el Contrato Colectivo y los logros obreros que aun se mantienen en consignados en ese documento, por cierto sumamente mutilado, violado y maltrecho desde que el GAN “compró” el conjunto AHMSA en la friolera de 107millones de dólares.
Nuestras fuentes refieren que se plantea una oferta que va desde los 200 a los 400 mil pesos para cada trabajador, a cambio de firmar a favor de la terminación del Contrato Colectivo de Trabajo, entre otras cosas.
Esta situación ha generado diversas reacciones como la reorganización, hasta ahora de manera clandestina, por parte de diversos grupos que podrían conformar una alianza en defensa de los logros contractuales y tratar a toda forma de impedir la compra de conciencias por parte de la empresa.
Paralelamente, el Tribunal Internacional de Libertad Sindical alista una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno federal por violación a los derechos laborales de trabajadores.
Se trata de una condena al Gobierno mexicano, queremos dar a conocer las graves violaciones que cometen para que México esté en la lista de los gobiernos que más violaciones comete.
La asociación, integrada por alrededor de 20 organizaciones sindicales de varios países y expertos nacionales y extranjeros en materia laboral, tendrá una sesión concluyente el 28, 29 y 30 de abril, donde dará a conocer casos de violaciones contra distintas organizaciones de trabajadores.
Mencionaron algunos casos, como el conflicto del SME, el de los mineros en Cananea, Sonora, el despido de Técnicos y Profesionistas Petroleros, las denuncias de profesores de la sección IX de la CNTE-SNTE, la persecución de Napoleón Gómez Urrutia y los intentos por terminar con los contratos colectivos del gremio minero, entre otros.
EL TRIBUNAL INTERNACIONAL
A finales del año pasado, la sociedad civil organizada de Estados Unidos, Canadá, España, Bélgica, Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela y México, instaló oficialmente el Tribunal Internacional de Libertad Sindical. El instrumento funcionará para investigar las denuncias de violación y falta de respeto de las libertades sindicales de los trabajadores.
"Ante una cantidad enorme de denuncias de trabajadores de violaciones a sus derechos fundamentales y de la libertad sindical, la sociedad civil organizada resolvió crear el Tribunal con integrantes de la sociedad civil ante la situación de emergencia que está teniendo lugar en México, con gobernantes que entregan las riquezas del país a intereses internacionales globalizados, como por ejemplo la Monsanto, que destruye la agricultura mexicana con los transgénicos", justifica Luiz Salvador, abogado laboralista y de previsión social, actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y miembro del cuerpo de jurados internacional del Tribunal.
El instrumento estará a disposición de los trabajadores mexicanos para recibir sus denuncias, instruir los procesos instaurados y proferir votación. "El Tribunal es abierto, democrático, transparente, recibe las denuncias de los trabajadores, escucha declaraciones, recoge las pruebas de las denuncias y reúne al cuerpo de jurados para apreciar las pruebas recolectadas, emitiendo decisión colegiada", explica Salvador. Este trabajo será realizado por un cuerpo de jurados con reconocida actuación jurídica y social en sus países. Son: James D. Cockroft (Estados Unidos-Canadá), Martha Olmo (España), Luis Guilhermo Péres (Bélgica-Colombia), Lydia Guevara (Cuba), Kjeld Jakobsen (Brasil), Luis Ramírez (Argentina), Luiz Salvador (Brasil), Hugo Barreto Ghione (Uruguay), Rubén Darío González (Venezuela), Rosario Ibarra (México), Miguel Ángel Granados Chapa (México), Miguel Concha Malo (México), Ana Colchero (México), Alfredo Sánchez Alvarado (México), Oscar Alzaga (México), Enrique Larios (México) y Eduardo Miranda (México).
La programación de las actividades comenzó con una Audiencia Pública para escuchar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y a la libertad sindical de dieciséis entidades sindicales. En la ocasión, el cuerpo de jurados recogió declaraciones de representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, Unión de Técnicos y Profesionales Petroleros, Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre muchos otros.
En abril de 2010, el Tribunal Sindical realizará su próxima reunión para emitir las resoluciones finales. Hasta esa fecha, las entidades sindicales y los trabajadores continuarán manifestando sus quejas y entregando las pruebas contra las organizaciones mexicanas. El Tribunal también se encuentra a disposición de las empresas denunciadas y de las autoridades laboralistas en el caso que éstas deseen instrumentar su defensa.
La actuación de este mecanismo no entorpecerá ni substituirá el trabajo de los tribunales creados por el Estado. Según Salvador, las deliberaciones del Tribunal Sindical podrán apoyar decisiones de otros. "El Tribunal Internacional de Libertad Sindical es una herramienta de la sociedad civil organizada para intermediar la solución pacífica de los conflictos sindicales que están ocurriendo en México, respetándose la existencia de los demás Tribunales creados por el Estado", dice.
La creación del Tribunal Internacional es una iniciativa de carácter popular, por lo que no tiene relación con el Poder Público en México. Sin embargo, de acuerdo con Salvador, miembros del Poder Público "fueron invitados a hacerse presentes en todos los actos practicados por el Tribunal, incluyendo el de la ceremonia de su constitución, Sesiones Públicas; les son enviados extractos de todas las denuncias y requerimientos para conocimiento, defensa y envíos de estilo".
Incluso con poco tiempo de actuación los miembros del cuerpo de jurados pudieron investigar una gran cantidad de violaciones en México, entre las más graves se encontraron: violaciones a prácticamente todas las normas y principios establecidos en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, vulneración de los derechos humanos y garantías constitucionales, institucionalización de la violencia contra todo movimiento organizado de trabajadores, abusos de los medios de comunicación, además de restricciones y coerción de la libertad de expresión.

ALERTA EN AHMSA
Los trabajadores de AHMSA deben recordar que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo termina:
• Mutuo consentimiento;
• Renuncia escrita del trabajador
• Por quiebra
• Por muerte del trabajador
• Terminación de la obra.
• Incapacidad permanente del trabajador física o mental que le impida el desempeño de sus labores.
Si firmado un contrato colectivo, un patrón se separa del sindicato que lo celebró, el contrato regirá, no obstante, las relaciones de aquél patrón con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores.
En los casos de disolución del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo o de terminación de este, las condiciones de trabajo continuaran vigentes en la empresa o establecimiento.
La característica del contrato colectivo reside en la facultad que ha sido otorgada a los grupos sociales representantes de los factores de la producción, el capital y el trabajo, para dictar las normas de trato que deben prevalecer en sus relaciones especiales, con la única limitación establecida en el artículo 123° constitucional relacionada con los derechos mínimos de los trabajadores considerados en lo individual.
Por esta razón se le han atribuido efectos jurídicos, en virtud de su inderogabilidad, o sea que sólo las partes que los celebran pueden quitarles validez o modificar las condiciones impuestas, aparte el hecho de que no pueden oponérsele contratos individuales que les contraríen o disposiciones que vayan en contra del interés del trabajador en sí mismo.
Además, al extenderse a terceros, o sea a personas que laboran en un mismo centro o empresa, aún cuando no hayan intervenido en su elaboración se les está concediendo una amplitud extensa en cuanto a la protección del servicio prestado.
De esta manera el contrato debe comprender por una parte, las horas de entrada y salida, o sea la jornada máxima de labores; cuál debe ser la restricción impuesta al patrón tratándose del trabajo de mujeres y menores; los descansos que se otorgarán y la forma en que se trate; las vacaciones, el salario según las categorías o especialización; la intensidad y calidad de trabajo; los beneficios que como agrupación hayan de otorgarse a los sindicatos; etc.
Una regla importante en esta materia es la contenida en el artículo 396° de la LFT. Que señala que las estipulaciones del contrato colectivo se extenderán a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que los hayan celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184.
Esta última, comprendida en el capítulo de los contratos especiales , señala que las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento, se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo.
Esto es, se busca que los trabajadores libres y los llamados empleados de confianza, disfruten de iguales beneficios por el simple hecho de encontrarse prestando servicios al mismo patrón, aunque se les prohíbe formar parte de los sindicatos, no pudiendo tampoco votar en recuentos relacionados con conflictos de huelga.
En cuanto a la índole de estos trabajadores, el artículo 182° LFT. expresa que serán las condiciones de trabajo, relacionadas con su propia naturaleza o la importancia de los servicios que se presten, las que determinarán la calidad de empleado de confianza.
Fuera de estas excepciones es indudable que el Contrato Colectivo de Trabajo, ofrece la protección más amplia y completa a cualquier tipo de trabajador y establece la defensa más efectiva en cuanto a las condiciones que se impongan para su ejercicio, sin más limitación que la impuesta por las propias partes interesadas.