EL COMPLOT IRANÍ Y SUS DOCUMENTOS

IRANIAN PLOT INDICTMENT -
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a su homólogo mexicano, Felipe Calderón, para agradecer la cooperación de México en la detención del iraní Manssor Arbabsiar, acusado por Washington de planear un atentado contra la embajada de Arabia Saudita.
Durante la conversación, reiteraron la voluntad de los dos gobiernos para seguir velando por el bienestar y la seguridad de ambos pueblos, según detalla un comunicado de la presidencia de México.
Refrendaron su rechazo a que los territorios de México y Estados Unidos sean utilizados por cualquier individuo, grupo o actor internacional, para planear o cometer actos terroristas, y subrayaron que el resultado de este caso es prueba de la solidez de los esquemas de cooperación en vigor.
Ambos mandatarios enfatizaron su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación ante riesgos transnacionales, bajo los principios de responsabilidad compartida y pleno respeto a las jurisdicciones nacionales de cada país.
El pasado 28 de septiembre de 2011, Arbabsiar intentó entrar a México, donde fue rechazado, ya que contaba con una orden de arresto girada por una Corte de Estados Unidos. Un día después se procedió a su detención bajo los cargos de pertenecer a una trama vinculada a Irán que pretendía atentar contra el embajador saudita en Washington.
Arbabsiar fue arrestado en una escala en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.
“Desde el primer momento, México y Estados Unidos intercambiaron información y actuaron de manera coordinada”, señala el subsecretario de la Cancillería mexicana para América del Norte, Julián Ventura.
“El gobierno de México reitera su pleno compromiso con la cooperación internacional para prevenir y combatir el terrorismo, y condena cualquier intento de todo individuo, grupo o actor internacional que pretenda realizar acciones de esta naturaleza desde territorio nacional, conforme al derecho interno y los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes”, agrega la declaración.
México y Estados Unidos tienen establecidos de manera regular protocolos de intercambio información por los conductos institucionales, mediante los cuales se procura la cooperación internacional entre ambos países, particularmente en asuntos que tienen que ver con la Seguridad Regional y la Justicia.

¿QUE OCURRE CUANDO LA PGR NO INFORMA?

Salvador Mejía / México Bajo Fuego

En nuestro sistema Constitucional el monopolio de la investigación y persecución de los actos delictivos de carácter Federal es una facultad exclusiva de la Procuraduría General de la República (PGR) quien actúa por medio de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía investigadora y de los peritos adscritos a esta conforme a lo establecido en los artículos 21, 102 apartado A, 105, 107 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en sus Reglamento, Lineamientos y Manuales. Esto significa que ninguna persona o institución en México tiene la posibilidad de ejercitar dichas funciones y, que de hacerlo, podría llegar a ser responsable de algún delito, por ejemplo el ejercicio indebido de funciones.

Como una consecuencia natural de estas facultades exclusivas, la PGR no solo debe transparentar sus actuaciones sino que se encuentra obligada a informar a la ciudadanía de aquellos casos que lleguen a ser considerados como de alto impacto social, ya que precisamente los delitos federales afectan no solo a individuos sino a la sociedad misma.

Tal proceso de transparencia e información históricamente se encontró regido por el principio de la secrecía de las investigaciones, y en nuestra época moderna a lo sumo se rendían informes públicos como parte de las glosas de los informes del Titular del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo; se rendían datos que no eran cuestionados y ocasionalmente se emitían breves comunicados derivados de algunos asuntos trascendentes, citemos por ejemplo el caso de Joaquín Hernández Galicia, “la Quina”, es decir todo marchaba conforme a lo previsto en la visión, misión y objetivos asignados a la PGR.

Esta situación cambió radicalmente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 cuando la PGR se vio obligada a, digámoslo así, operar por vez primera en una caja de cristal debido a la enorme presión pública a la cual fue sometida, fue evidente que tanto el entonces Procurador Antonio Lozano Gracia como todos y cada uno de los Fiscales asignados a la investigación Miguel Montes, Pablo Chapa Bezanilla, Olga Islas y Luis Raúl González Pérez tan no tuvieron la capacidad para interactuar con la opinión pública que las renuncias fueron el desenlace lógico y esta lección no fue olvidada por periodistas, políticos y sociedad civil, les quedó claro que los funcionarios de la PGR no eran intocables.

Después de este hecho, y por supuesto del asesinato casi inmediato de los hermanos Jose Francisco y Mario Ruiz Massieu la PGR vivió un período de relativa “tranquilidad” hasta que en el 2000, con el asenso a la Presidencia de Vicente Fox Quezada se dio un cambió de dirección al combate de la delincuencia organizada, y el cual en mi opinión motivó una restructuración en la organización y actuación de los grupos criminales, los cuales señalaron a los diferentes órganos de gobierno como sus enemigos directos; situación que se agravó cuando en Noviembre de 2006 el Presidente Felipe Calderón inició la era de los “Operativos conjuntos” desatándose los niveles de violencia que hoy día nos vemos obligados a sufrir como sociedad debido a que en buena manera, y como lo señaló el Presidente en la entrevista que concedió al periódico El País en 2010 “No había una idea precisa de las dimensiones, pero sí había una certeza de la peligrosidad y de la imperiosa necesidad de cortar esa ola expansiva. El cáncer estaba ahí y, a medida que lo hemos enfrentado, hemos visto la dimensión que tiene. Ese proceso se vio en otros países, sólo que en Colombia se llevó muchísimo tiempo e igualmente generó una gran cantidad de muertos. Pero no se puede medir el éxito o el fracaso por el sólo número de muertes. El número de muertes lo que refleja es la intensidad del problema.”

Y así es que de pronto la PGR se vio obligada a entrar a una dinámica para la cual no estaba preparada: la de emitir partes de guerra, y se vio obligada a hacerlo precisamente en el momento en que la información, y la desinformación, comenzó a fluir a una velocidad pasmosa en las redes sociales #yasi Entiendo que esto no es ni remotamente sencillo pero hay instantes en que se tiene la apariencia de que la directriz de la Presidencia es la de minimizar daños, no de reportarlos y esto, por supuesto, tiene graves consecuencias.

Abordemos un caso reciente:

Derivado del atentado perpetuado en Ciudad Juárez con un coche bomba el 15 de Julio de 2010, se tuvo primero la impresión de que la PGR, junto con cualquier otra Dependencia pública, recibió la instrucción de no aceptar bajo ninguna circunstancia que tal evento había sido, como lo pudimos ver casi de inmediato, un ataque perpetuado con un carro cargado de explosivos y accionado a control remoto; lo preocupante de esta postura no solo es que comenzaron a correr rumores de que el General Alfonso Duarte, Comandante de la II Zona Militar había confirmado la noticia y que posteriormente había recibido la instrucción de retractarse, sino que las Compañías y las Áreas de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a redactar los reportes correspondientes precisando datos específicos; en lo personal puedo decir que el 17 de Julio recibí a primera hora del día una copia de un Threat Assessment del Texas Department of Public Safety, Intelligence and Counterterrorism Division fechado el 16 de Julio en el cual se señalaron tres puntos trascendentales:

I. A vehicle-borne improvised explosive device was used in an attack that killed and wounded several police officers in Ciudad Juarez, Mexico, on July 15. This incident represents a significant shift in Mexican DTO tactics, and it could signal additional attacks using similar devices and tactics in the future.
II. Several hours after the ambush, a narcomessage was discovered in the city that implied that La Linea — associated with the Vicente Carrillo Fuentes DTO — would use additional car bombs. Mexican police officials said publicly that they believe the attack was carried out in retaliation for the recent arrest of La Linea member Jesus Armando Acosta Guerrero, aka “El 35.”
III. The Texas Fusion Center and Border Security Operations Center have received information from reliable sources that leads us to conclude that the primary explosion was caused by a VBIED, though there may have been additional explosions caused by grenades. Preliminary information from the scene indicates the VBIED appears to have been composed of TOVEX, an inexpensive and readily available commercial blasting gel commonly used in construction and mining in Mexico and elsewhere.

Mientras que un servidor discutía y analizaba esta información con diversos periodistas el mismo sábado 17, la PGR tardó, me parece, hasta el martes 20 para confirmar esta información; ¿el resultado? Muy sencillo, los posteriores reportes de inteligencia señalaron que el Gobierno Mexicano no tenía una idea certera de lo ocurrido.

Este tipo de mensajes al exterior tienen en definitiva un impacto negativo al exterior y necesariamente afectan las percepciones, las calificaciones o grados de inversión, y para muestra de ello podemos ver tres notas publicadas en diferentes medios nacionales y extranjeros de renombre en los cuales el común denominador es la relación entre la inversión y la violencia; revisemos sus encabezados: CNN: Violencia: el éxodo del empresario; Credit Suisse: La violencia sí impacta; CNN: Moody’s advierte impacto por violencia. No creo que mayores comentarios sean requeridos.

La incorrecta acción del Gobierno Federal por no informar abiertamente lo que ocurre, como un lógico proceso de manejo de daños lo hubiese sugerido, ha orillado que sociedad, consultores y periodistas nacionales y extranjeros lleguen a tomar como fuente de información cualquier blog o cuenta de Youtube que llegue a rankear correctamente en una búsqueda en Google, no deja de asombrarme el escándalo derivado del “descubrimiento” por parte de la prensa extranjera del tristemente célebre “Blog del narco”, una publicación que lo único que hacía era recopilar, en el mejor de los casos, contenidos de otros sitios y de vez en vez publicar algún documento. Simplemente no resulta viable que el Gobierno Federal renuncie a ser la fuente principal de consulta.

¿Cuáles son a mí parecer los siguientes pasos que la PGR debe dar? Muy sencillo: la PGR debe asumirse como la entidad autónoma de que es y recuperar su posición como fuente confiable de información al interior y exterior de México; me viene a la mente la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo presentada recientemente ante el Congreso, y la cual no tengo mayores dudadas, será aprobada, la correcta aplicación de la misma, así como su éxito dependerán en buena medida de un proceso de información a la ciudadanía de aquellos aspectos o en su caso procesos que deberán vigilar o implantar en sus actividades comerciales o profesionales.

Al día de hoy solo se tienen documentos informativos emitidos por la SHCP y aunque es posible ubicar las cuestiones más importantes, no veo que el Gobierno Federal vaya a incorporar las herramientas que el Gobierno de los Estados Unidos tiene a disposición de sus ciudadanos porque, y hay que decirlo, el buscar homologarnos a los protocolos de los Estados Unidos en materia de combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es una necesidad; en los portales de las Agencias Norteamericanas están disponibles Leyes, Listas negras, correos y teléfonos de asistencia y de emergencia; revisemos los sitios web del Gobierno Mexicano y veremos que inclusive podría afirmarse que están diseñadas para no localizar los contenidos; a menos que un conocedor busque la información dudo mucho que un ciudadano promedio pueda localizar vía Internet, digamos, las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

A manera de ejemplo podemos ver que la lista de los más buscados de la PGR consta de un gran total de 359 nombres; de los cuales 219 son prófugos y son 138 detenidos o muertos, en muchas de las fichas solo aparece la fotografía y el nombre de la persona buscada; no constan los datos que puede ayudar a la ciudadanía a colaborar con la captura de un presunto delincuente; en contraste la lista OFAC (toda comparación guardada) contiene un aproximado de 1,632 páginas y hay poco más o menos 5,107 coincidencias para la fichas que contienen la palabra “México”.

¿No podría ser esto considerado como parte de las obligaciones en materia de comunicación social de la PGR?

VENEZUELA ENTRENA TERRORISTAS

Dos activistas de la organización terrorista ETA confesaron que contaron con el apoyo de colaboradores de Hugo Chávez. Allí se movían con libertad y estaban "más seguros que en Francia"
La colaboración en materia antiterrorista entre España y Francia hizo que la ETA buscara nuevas locaciones para planear nuevos atentados. Dentro de las posibilidades geográficas donde ubicar el nuevo santuario terrorista la prensa internacional mencionó a Venezuela.
Hace tiempo que se habla de la connivencia del presidente venezolano Hugo Chávez con todo tipo de terrorismo. Su última crisis internacional justamente se desató luego de que el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, lo acusara de cobijar a más de 1.500 guerrilleros de las FARC colombianas en su territorio.
Sin embargo, ahora parece haber certezas. Según consigna el diario español El País, existen pruebas documentales y confesiones de los propios etarras acerca del apoyo recibido por Venezuela.
Dos de los terroristas detenidos el último 29 de septiembre en Guipúzcoa, Juan Carlos Besance y Xabier Atristain, reconocieron durante los interrogatorios que en 2008 viajaron a Venezuela a realizar un curso de armas. Mikel Carrera, en ese momento integrante la cúpula de ETA explicó ante las autoridades los motivos para elegir el país latinoamericano: "Es más seguro que Francia".
El periódico español detalla que los dos terroristas viajaron a Venezuela en julio y agosto de 2008, donde, según su propia declaración, fueron recibidos por Arturo Cubillas Fontán, procesado por la justicia española por ejercer de intermediario entre la banda terrorista y el gobierno bolivariano.
Pero Cubillas Fontán, además de estar vinculado con la organización separatista vasca, fue nombrado en 2005 como subdirector de la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela. Y desde 2007 es jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (Inte) de Chávez, organismo que ya confiscó más de 40 mil fincas venezolanas.
Según el diario colombiano El Tiempo, su nombre aparece en la famosa computadora decomisada de Raúl Reyes, el "canciller" de las FARC, muerto en un bombardeo del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008.
En marzo de este año, cuando las autoridades españolas procesaron al funcionario chavista, también denunciaron la "cooperación gubernamental" entre Caracas y el grupo separatista vasco. Chávez negó estas acusaciones y las calificó de "tristes restos" de la época colonial española, en declaraciones a la cadena estatal Venezolana de Televisión.

El entrenamiento

Tras la caída del último comando de ETA, el comando IMANOL, se han podido conocer datos importantes sobre el adiestramiento y planes de la banda terrorista.
Tal y como ya se conocía por informaciones conseguidas anteriormente, ETA sigue barajando la idea del secuestro de un empresario. De hecho, este último comando había recopilado datos al menos de una persona para este fin.
También se preparan en la elaboración de bombas trampa. En Venezuela, uno de los días de formación estuvo dedicado a este tipo de atentados, que supone poco riesgo para el grupo terrorista que lo realiza y puede suponer una enorme repercusión pública. Este tipo de bombas trampa suele utilizarse contra los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad de España.
Muy importante es lo conocido sobre el adiestramiento en el tiro de precisión a distancia con miras telescópica, que permitiría a un solo hombre cometer un asesinado de una persona de relevancia a más de cuatrocientos metros y con unas garantías importantes de huida. Es conocida la opinión del sector más duro de ETA al respecto de que las ekintzas, atentados en argot, deben tener un perfil más alto. Por otro lado, este tipo de atentado no es nuevo, ya que en dos ocasiones se intentó poner fin a la vida del Rey por medio de un disparo a distancia.
El método del tiro de precisión complicaría en gran medida la protección de las altas autoridades susceptibles de sufrir un atentado terrorista, ya que el encargado de cometer el atentado puede estar a una distancia lejana del objetivo, lejos del perímetro habitual de seguridad que suele montarse para la protección de las autoridades.
Ello lleva a pensar que en el más que probable caso de que ETA decida reanudar sus acciones ofensivas en todos los frentes, a pesar de su muy limitada capacidad de atentar y de los pocos miembros operativos con que cuenta la banda, se decida a intentar una atentado de gran repercusión mediática.
Los servicios de seguridad y la diplomacia española trabajan para que Venezuela no se convierta en un nuevo santuario.

Piden romper relaciones con Venezuela

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) española planteó este lunes "romper relaciones diplomáticas con Venezuela", si "no deja de ser lugar de entrenamiento" de miembros de Eta, después que dos activistas de la organización armada vasca reconocieran haber sido formados en el país latinoamericano.
Javier Atristain Gorosabel y Juan Carlos Besance Zugasti fueron detenidos en el País Vasco.
España debería plantearse romper relaciones diplomáticas con Venezuela "si este país no deja de entrenar a etarras. No se puede seguir teniendo relaciones con un país que está adiestrando asesinos que luego vienen a matarnos", dijo a medios españoles la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza.
Pedraza insistió en que la confesión de los dos presuntos miembros de Eta es "una prueba más de la vinculación que siempre hemos denunciado las víctimas entre Eta y las Farc" colombianas.
La presidenta de la AVT hacía referencia de esta manera a otra decisión de un magistrado español que, en marzo pasado, ordenó detener a 12 miembros de Eta y las Farc por su supuesta colaboración y el intento de asesinato en España de personalidades colombianas.
La justicia señaló además que la colaboración entre ambas organizaciones contó con "cooperación gubernamental" venezolana.
Ello desató un incidente diplomático y el gobierno del presidente Hugo Chávez negó esa colaboración, antes de que ambos gobiernos emitieran un comunicado destacando sus buenas relaciones y su colaboración contra Eta.
Pedraza, por su parte, añadió este lunes que "España no puede seguir así" y que debe dar "un ultimátum a Chávez".
Los miembros de ETA Juan Carlos Besance Zugasti y Xavier Atristain Gorosabel, que este lunes fueron enviados a prisión provisional, indicaron en un interrogatorio ante la Guardia Civil que siguieron "cursillos de formación" en julio y agosto del 2008 en Venezuela, según un auto judicial difundido este lunes.

Los dos miembros de Eta capturados que confesaron

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional española, ordenó su ingreso en prisión. Ambos fueron detenidos el pasado 29 de septiembre junto con Jesús María Besance Zugasti, acusados de intentar recomponer un grupo armado (comando) de Eta.
Según el auto del juez que les tomó declaración, los dos primeros recibieron formación en Venezuela entre julio y agosto del 2008 por parte de Arturo Cubillas y de José Lorenzo Ayestarán.
El juez ordenó su ingreso en prisión por los delitos de integración de organización terrorista y de tenencia de armas y de explosivos.
El nombre de Arturo Cubillas apareció citado también en una investigación judicial el pasado mes de marzo, cuando el juez español Eloy Velasco procesó a varios miembros de Eta y de las Farc por su presunta colaboración para atentar en España contra altos cargos colombianos.
Entre los procesados entonces estaba Arturo Cubillas Fontán, de quien el juez señalaba que "tiene o ha tenido un cargo público en ese país".
Cubillas, casado con una ciudadana venezolana que ocupó varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, fue nombrado en el 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.
El juez Velasco lo señaló también como "responsable del colectivo de Eta en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las Farc".
Según el magistrado, "fruto de sus gestiones" entre ambas organizaciones, varios miembros de las Farc impartieron adiestramiento en la región de Zulia, fronteriza con Venezuela, a cuatro etarras "y se emplazaron para recibir más en el futuro".
El director de la Policía y de la Guardia Civil españolas, Francisco Javier Velázquez, viajó el pasado mes de mayo a Venezuela para intensificar la cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países a raíz del auto del juez de la Audiencia Nacional española, que el Gobierno de Caracas calificó de "inaceptable" y "tendencioso".

YIHADISMO ECONÓMICO VS EE. UU. Y OCCIDENTE

George Chaya

El discurso del presidente Barack Obama ante la 65 Asamblea General de Naciones Unidas abundó en cuestiones humanitarias, en canales abiertos hacia el diálogo, la paz y la exaltación de los valores de la libertad, aunque no arribo a conclusiones determinantes en cuestiones políticas. El presidente también habló de cuestiones financieras globales, pero no mencionó aspectos de la economía local.

En el plano interno, las cosas no son como las expresa el presidente Obama, lo que se aprecia es una economía estadounidense en crisis y un gobierno desorientado tratando de administrar recetas financieras asistencialistas en tiempos de transición electoral. Luego del discurso del presidente, los analistas económicos continúan buscando explicaciones a la crisis y si ella se produjo a instancias de una falla del sistema o si fue provocada. Los expertos han culpado a la mala gestión de Wall Street que desbordó con ofertas de préstamos imposibles de pagar a tomadores de hipotecas. Visto de ese modo, la explicación del problema parece ser simple: los banqueros y financistas norteamericanos operaron mal. Se sobreestimó la capacidad del mercado para absorber fondos destinados a la ayuda de los pequeños consumidores quienes no devolvieron sus préstamos a tiempo, y dado que millones de compradores de bienes raíces no eran realmente capaces de cancelar sus obligaciones el tsunami financiero se llevo por delante a muchas instituciones bancarias. En consecuencia, los gigantes financieros cayeron en Wall Street y el efecto se extendió a nivel internacional golpeando instituciones financieras desde Tokio a Londres. En pocas palabras, esta ecuación es la versión oficial del inicio de la crisis, pero ciertamente no será el final de la misma.

A medida que la turbulencia económica continua, los interrogantes se mantienen. ¿Por qué los prestamistas inicialmente aumentaron sus ofertas en los mercados? ¿Quién o qué estimuló la avalancha de dinero en efectivo? Muchos sostienen que ha sido la tendencia del propio mercado que ofreció préstamos fuera de control a segmentos sociales sin reservas. Ello significa que los grupos financieros cruzaron la delgada frontera en política bancaria responsable al conceder préstamos a cualquier solicitante sin verificar su capacidad de pago para responder a sus hipotecas. Pero incluso si esto fuera cierto, los analistas de mercados han descubierto las debilidades de esa explicación. Así, la pregunta siguiente es: ¿por qué motivo se dio la enorme liberación de fondos en favor de quienes no podían devolver el dinero? Una respuesta podría ser que se partió del supuesto que el empleo siempre proporcionaría ingresos para afrontar los pagos de las hipotecas. Por lo tanto, hasta aquí la culpa puede ser proyectada en dos direcciones. En primer lugar hacia la élite política que amenazó con represalias económicas al sistema financiero si este no prestaba más allá de límites racionales, y en segundo lugar, a los financistas de Wall Street que generaron el riesgo de dañar al sistema financiero por su falta de criterio en relación con la capacidad del público para superar los desafíos económicos. Los periodistas económicos de investigación esperan que se forme una comisión en el Senado que ofrezca más información acerca de las verdaderas causas de la debacle económica estadounidense. Posiblemente antes de las elecciones de noviembre los economistas del Senado darán su diagnóstico sobre el tema. Pero si lo hacen, entonces la Administración Obama no debería dejar de investigar el factor que causó el quiebre mas allá del sector inmobiliario dando lugar a la inestabilidad económica-financiera actual. Un análisis económico responsable de los hechos no debería dejar de lado la relación entre la subida vertiginosa en los precios del combustible y la desaceleración de la capacidad de compra de América. Además y aunque resulte increíble, se puede concluir que tristemente es cierto que tanto la corrupción en Wall Street como el abuso del sistema por parte de los políticos han sido herramientas perjudiciales para la clase media y los consumidores estadounidenses.

En cualquier caso, afortunadamente, muchos analistas económicos han comenzado a percibir ciertas anomalías en empresas relacionadas con la OPEP y las potencias petroleras que indicarían estar detrás de la inestabilidad que derrumbó la voluntad de millones de consumidores americanos de clase media en los últimos tres años. Esto no es desacertado y tiene asidero pues si nos remontamos en el tiempo, podemos observar que los precios del petróleo han sido manejados por el núcleo duro de la OPEP y el liderazgo de EE.UU. no fue capaz de convencer a los principales productores del Golfo para que ofrezcan a los consumidores estadounidenses una oportunidad de mejores precios en los combustibles y aunque la mayoría de los regímenes productores del Golfo sostienen que la demanda ejerció presión sobre la producción y por ende hizo que se disparen los precios del petróleo. Este argumento es una falacia absoluta. La excusa de la mayor demanda fue el arma arrojadiza que otorgo la facultad discrecional a los productores para fijar precios altos al tiempo que los apologistas yihadistas recorren desde hace mas de 8 años los medios de comunicación lanzando una guerra mediática en la que se acusa a Washington de ejercer una insoportable presión regional con la intención de imponer medidas punitivas y así obtener mejoras en precio del combustible. Por lo que no hay que desechar la idea de que hay conexión entre los regímenes productores y la maquinaria propagandística yihadista.

Si una vía de investigación se centrara sobre la OPEP se apreciaría claramente que es un factor desestabilizador. Son muchos los indicadores de movimientos estratégicos y motivos políticos que aparecerían detrás de sus maniobras para fijar los precios del crudo. También hay una serie de detalles políticos no menores que así lo indican. En la última década se han escuchado muchas voces regionales adherentes a los cuadros yihadistas que han dado a entender directamente que la economía de EE.UU. pagaría por lo que el liderazgo estadounidense ha estado haciendo en el mundo árabe. Los comentaristas de la Cadena Al-Jazeera, subrayaron en varias oportunidades que la guerra del ex presidente George Bush y su doctrina de propagar la democracia en Oriente Medio solo podía ser detenida cuando los ciudadanos comunes en EE.UU. sufrieran represalias financieras. El Sheikh Yussuf Al-Qardawi, ideólogo de la Hermandad Musulmana y financista de la cadena Qatarí habló en reiteradas oportunidades abiertamente “del arma del petróleo”. Aunque la opinión publica occidental no conoce mucho al respecto, los ideólogos yihadistas denominan al petróleo como un arma en una situación de guerra con los EE.UU. y ha sido utilizado como tal en más de una oportunidad. Por supuesto, que “los regímenes del Golfo” niegan la existencia de una estrategia de esta naturaleza contra los EE.UU., pero muchos yihadistas creen que a través del crudo pueden poner de rodillas a los estadounidenses mas allá que estos dispongan de tecnología militar superior. Y aunque muchos dirigentes árabes de países productores rechazan esta teoría tanto como las declaraciones hechas por Emires y comentaristas en este sentido, en ámbitos yihadistas, no niegan la existencia del campo de batalla financiero, por el contrario, es considerado un importante frente de batalla contra Occidente.

Desde hace años, muchos paginas Web salafistas han pedido iniciar “la yihad del petróleo contra los infieles y sus lacayos”. Existe suficiente material de este tipo de incitación circulando en la red. Pero más reveladores son los discursos oficiales de Osama Bin Laden y su lugarteniente Ayman Al-Zawahiri en la “absoluta necesidad de usar esa arma”. Zawahiri llama expresamente a los financistas islámicos a vender sus dólares estadounidenses y comprar oro en su lugar (washtaru al dahab be’l dullar). Estas impresionantes declaraciones han sido ignoradas en su momento por la mayoría de los analistas occidentales, aunque adquieren entidad y tienen sentido en la actualidad. Bin Laden predijo desde 2002 el colapso en la economía de los infieles a partir de los mercados estadounidenses. La mayoría de la élite política occidental, incluída la estadounidense, creen que esto no es probable, pero esta estrategia yihadista es concreta y se puede ver y comprobar abiertamente accediendo a los sitios Web de círculos radicales wahabíes del Golfo, hay signos políticos demasiados obvios en el campo yihadista, y hay que ser demasiado torpe para negar o ignorar lo evidente.

No hay duda que la manipulación de la OPEP sobre el mercado estadounidenses golpeó duro los bolsillos de cientos de millones de ciudadanos comunes dentro de los EE.UU. haciéndolos objeto de intimidación como una nueva forma de guerra del yihad global, esta vez no los atacó impactando aviones contra edificios en sus ciudades para aterrorizados, los atacó para que abandonen sus sueños de ser dueño de sus propiedades y generó la retracción en el consumo debido a la actitud agresiva de los petro-regímenes respecto de los EE.UU. en venganza a su campaña por difundir la democracia en el Oriente Medio. En términos políticos del pensamiento yihadista, Norteamérica fue castigada por atreverse a cambiar el statu quo en el mundo árabe y musulmán en beneficio de los débiles y los oprimidos: los kurdos en Irak, los reformistas de Siria, la sociedad civil libanesa, los africanos en Darfur, las mujeres iraníes y los estudiantes y artistas liberales en todo el Golfo. A cambio, los EE.UU. recibieron la desestabilización económica-financiera constante, gradual y letal.

A mi juicio, no se debería subestimar el poder de lobby de la Petro-yihad en Estados Unidos pues tiene décadas de influencia y largos tentáculos para alcanzar y minar cualquier sistema financiero, además e infortunadamente, hoy mas que nunca ese lobby cuenta con poderosos políticos norteamericanos aliados que están arruinando su propio sistema llevando al borde del abismo y la calamidad económica-financiera a su propio país. Habrá aquellos que intenten desacreditar mi tesis ya que son bien conocidos los que sostienen vigorosamente que la supuesta desestabilización de la OPEP sobre la economía de EE.UU. es inexistente dado que muchos países en el Golfo están experimentando una recesión por la crisis de Wall Street. En pocas palabras y categóricamente: “eso no es cierto porque los vendedores subvencionan a compradores islámicos regionales con precios que Occidente desconoce rotundamente, y esto es una política de estado dentro de las fuerzas ideológicas salafistas a quienes no les interesa la estabilidad económica de Occidente sencillamente porque su factor conductivo es el Yihadismo contra el propio Occidente”. Hay que escuchar a sus ideólogos hablar en lengua árabe, ellos sostienen que incluso si tuvieran que sufragar las pérdidas entre sus propias sociedades con el fin de derrotar a las potencias infieles, entonces así se hará. Están dispuestos a absorber altos porcentajes de pérdidas en sus propias empresas y mercados locales si ese es el precio para la destrucción de la economía de EE.UU. y Europa. La política yihadista es muy clara, si una crisis económica mundial es necesaria para eliminar los esfuerzos de democratización de EE.UU. y poner fin a su campaña militar en el mundo árabe: el fin justifica los medios.

Concluyendo sostengo que lo que algunos regímenes petroleros y sus fuerzas ideológicas yihadistas quiere lograr a través de su injerencia en la política y economía de EE.UU. es provocar un cambio de régimen en Washington. De allí la importancia para EE.UU. y Europa de lograr su independencia energética. Ello evitaría que se envíen los miles de millones de dólares anuales que están recibiendo los regímenes que buscan la destrucción de Occidente puesto que ese dinero, en gran parte, acaba en manos o en cuentas de terroristas desde hace más de 30 años.

Sin estas influencias externas no habría sido posible sacudir la estabilidad de EE.UU. ni de Europa. Ello es así aun para los que sostienen que las sociedades capitalistas transitan sus momentos mas difíciles; por tanto es fundamental comprender que las economías, tanto la europea como la estadounidense, está siendo atacadas por las fuerzas de regimenes Petro-yihadistas con el objetivo de mantener la dependencia de su energía como un medio para obstruir el surgimiento de la democracia en Oriente Medio y de atacar y destruir la propia democracia y forma de vida Occidental.

George Chaya es profesor y analista político, autor de “La Yihad Global, el terrorismo del siglo XXI”, publicado en español por Widmills Edition en California USA: http://www.georgechaya.info/libros/

EL FINAL DE LOS DIEZ MIL DÓLARES

Salvador Mejia

El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo han sido definidos como delitos transfronterizos y por lo tanto, para prevenirlos y combatirlos, ha sido necesario que la comunidad internacional emita criterios como tipologías, mejores prácticas, convenciones, regulaciones y listas negras, mismos que en la medida de lo posible y en correlación con sus respectivos esquemas jurídicos, los países cooperantes buscan implementar y mejorar conforme a las particularidades de su situación.
En tal entendido, y como integrante (entre otros organismos) del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), México ha procurado que el marco jurídico que regula esta lucha se adapte a tales criterios, lo anterior puede ser constatado en los Considerandos de la publicación en 2009 de las reformas a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (aplicables para Bancos), ya que fue expresamente señalado que la emisión de tales Disposiciones es parte de la estrategia del Gobierno Mexicano en contra de la delincuencia organizada contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y se reconoce que derivado de los compromisos firmados por México a nivel internacional como integrante del GAFI, entre otros, México debe adecuar su normatividad en la materia para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo conforme a los estándares que el GAFI ha establecido, mismos que han sido reconocidos por diversas organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (al igual que la Organización de las Naciones Unidas).
En lo particular, uno de los principios que tienen mayor uniformidad internacional es el de la famosa barrera de los diez mil Dólares, la cual se debe de entender como una suerte de límite para trasportar dinero en efectivo (en cualquiera de sus variantes) entre países o para efectuar operaciones por medio del sistema financiero sin la necesidad de presentar una declaración ante la Aduana, identificarse formalmente ante la institución financiera o de que esta última deba reportar la operación ante el órgano regulador como una operación relevante (y/o en su caso como inusual).
Las Disposiciones 2ª, fracción XVI y 38ª, fracción IV definían perfectamente que una operación financiera podía ser considerada como relevante aquella operación que se realice con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América; y como inusual aquellas operaciones realizadas en una misma cuenta, así como aquellas llevadas a cabo por un mismo usuario con moneda extranjera, cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al perfil transaccional del Cliente o que, respecto de aquellas realizadas por Usuarios, se pueda inferir de su estructuración una posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por las Entidades para efectos de las Disposiciones.
Una vez precisado esto, el Gobierno Mexicano podía afirmar que cumplía exitosamente con los convenios internacionales en la materia y con las mejores prácticas.
En mayo de 2010 trascendió que los Bancos HSBC, BANAMEX Y BANCOMER detectaron un flujo inusual en las operaciones que sus clientes y usuarios realizaban en Dólares, y decidieron limitar estas transacciones aun a costa de su clientela.
Este descubrimiento puso a la SHCP en alerta porque se entendió que estas transacciones estaban relacionadas con el crimen organizado y con el lavado de dinero, inmediatamente se reunió la autoridad con la Asociación de Bancos de México para intercambiar información y comenzaron a circular primero los trascendidos, y luego las declaraciones formales: vendrían nuevas reglas para la compra de dólares en efectivo en las sucursales bancarias y de centros cambiarios, teniendo como eje central una notoria disminución en el monto de las operaciones que un cliente o usuario podría llevar a cabo, algo así como a cuatro mil Dólares.
Independientemente de que ningún analista (creo) ha tenido acceso a los reportes de operaciones relevantes e inusuales, ni mucho menos al análisis que ya debe haber efectuado la Unidad de Inteligencia Financiera, tengo divergencias con muchas de las opiniones que hay en los medios respecto de esto y de la postura de la ABM y de la SHCP.
Ante todo, este fenómeno, de ser cierto, clasifica en la tipología de micro-reestructuración o smurfing, es decir que muchas personas acuden a las sucursales para hacer diversos depósitos o transacciones para evitar ser detectados, lo cual en teoría esta previsto por los manuales de procedimientos de cada institución financiera, un ejemplo es que para estas operaciones se debe solicitar que el cliente o usuario presente su identificación oficial de la cual la institución conservará una copia (principio de identificación), lo cual dado el caso permitiría efectuar un rastreo de las personas y las cuentas involucradas, obviamente me causa extrañeza que los Bancos estén reaccionando de esta manera cuando en teoría no solo estarían enfrentando un problema perfectamente previsto, sino que si la memoria no me falla, fue precisamente HSBC quien en 2008 detectó entre sus clientes una de las mayores redes de micro estructuración después de una larga investigación; luego entonces ¿Por qué la preocupación por parte de los Bancos? ¿Qué está ocurriendo al interior de sus áreas de Compliance?; en mi experiencia como ex Oficial de Cumplimiento esta decisión simplemente no me hace sentido tanto en lo jurídico como en lo operacional.
Visto lo anterior, no me es posible quitarme de la cabeza la idea de que la decisión de los Bancos de restringir este servicio tiene más fondo económico que de riesgo transaccional y de igual manera, no puedo evitar pensar que la SHCP vio esta situación como una coyuntura para reforzar su imagen al exterior y combatir los efectos del Mutual Evaluation Report –Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for México, liberado por el GAFI en Octubre de 2008 (y el cual ya hemos criticado abiertamente http://mexicobajofuego.wordpress.com/2010/05/19/is-really-the-2008-financial-action-task-force-report-for-mexico-faultless/)
Independientemente de todas las preguntas que tengo respecto de cómo serán modificadas las Disposiciones me quedan claros los siguientes aspectos:
Esta medida está enfocada hacia la prevención y el combate del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, delitos que por su naturaleza presentan una notoria capacidad de adaptación al cambio, por lo tanto las estrategias gubernamentales, usualmente rígidas, deben flexibilizarse para presentar batalla.
Aunque se busca fortalecer nuevamente al sistema financiero, la SHCP sigue sin proteger al sistema económico y a la sociedad, hemos venido diciendo que la autoridad es simplemente ausente en su obligación de informar o capacidad al resto de los sectores económicos respecto de cómo prevenir ser utilizados por la delincuencia organizada a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde sectores como los corredores de bienes raíces y distribuidores automotrices pueden acceder a tipologías que les permiten conocer sus riesgos operativos así como las consecuencias legales que pueden llegar a enfrentar ya que su marco legal los regula expresamente. La experiencia más cercana que podemos citar para nuestro caso fue una campaña en 2009 de anuncios radiales en los cuales se prevenía a la ciudadanía de abstenerse de prestar sus cuentas de banco, campaña que por lo novedosa me pareció efectiva pero que duró al aire no más de tres meses.
Si bien la SHCP está en lo correcto al decir que busca atacar las transacciones comerciales en dólares para autos e inmuebles, lo que está realmente haciendo es criminalizar el uso de efectivo, ya que olvidamos que la Ciudad de México no es el territorio completo, estamos dejando de lado la manera en que la economía opera en zonas rurales y ganaderas o de alto nivel de migración hacia Estados Unidos o de turismo extranjero de alto impacto; me da la impresión de que esta medida por si sola no traerá mayor beneficio y que eventualmente la delincuencia (por medio de sus asesores) encontrarán vehículos financieros y comerciales alternos para lograr sus fines.
Si comenzamos a criminalizar el dinero podremos ingresar a una dinámica de prohibiciones ridículas, por ejemplo puedo citar el caso reciente en Europa donde se está analizando sacar de circulación el billete de $500 Euros ya que era utilizado con mayor frecuencia para las transacciones de la delincuencia, más ilógico imposible.
Como sea, solo nos resta esperar y ver cuáles son las nuevas reglas y como impactarán en la economía.
Fuente: http://mexicobajofuego.wordpress.com/2010/06/10/el-final-de-los-diez-mil-dolares/