SICILIA LLAMA A LA MOVILIZACIÓN

"México es un estado fallido porque está secuestrado y corrompido. Hay que rehacerlo, se transformó en un estado autoritario, no de tolerancia ni democrático", aseguró el escritor Javier Sicilia.

Antes de comenzar la caminata por la Paz con Justicia y Dignidad, desde el Museo de Antropología a la residencia oficial de Los Pinos, el poeta señaló que todo el sistema de justicia "está podrido" y no sólo las áreas de procuración de justicia.

Otro de los oradores, Julián LeBarón, subrayó que "la responsabilidad de acabar con la violencia está en nosotros. Lo que nosotros no estemos dispuestos a hacer por nosotros mismos nadie lo hará".

Le Barón explicó, frente a unos 1,200 manifestantes y luego de recordar que como producto de la violencia perdió a sus amigos y hermanos, que "nos engañamos, y es hasta un sueño e ilusión, si creemos que la esperanza está en los políticos, en un mecías populista o un Quetzálcoatl que vendrá a salvarnos".

En un discurso breve, Julián LeBarón dijo que "pareciera que los 112 millones de mexicanos no hemos aprendido lo que es el poder de la unión. Si lo hiciéramos iniciaríamos el cambio. No sólo con propuestas y exigencias o sólo con criticar las políticas y exigir". Por eso, a nombre del Movimiento convocó a los mexicanos a hacer más activos.

En compañía de Emilio Álvarez Icaza, LeBarón señaló que "el poder de todos puede ser gigante, cada vez más enérgico... es tiempo de actuar pacíficamente pero con firmeza y decisión. La mejor reforma política es la ciudadana".

Ya frente al acceso de la residencia presidencial, Javier Sicilia anunció que los discursos se entregarían al jefe del Ejecutivo y acto seguido convocó a recordar a los miles de muertos en la lucha contra el narcotráfico. El silencio sobrevino por un minuto y luego se anunció que la marcha continuaba rumbo a la sede del Senado de la República, donde se pedirá a los legisladores que no se apruebe la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que ahí se analiza.

A las puertas del Senado, Javier Sicilia anunció que el miércoles se retomará el diálogo con los legisladores para analizar la propuesta de la ley.

Las organizaciones agrupadas reiteraron su demanda de que sea una ley ciudadana y de reconstrucción del tejido social, no para militarizar al país.

El escritor también anunció que la segunda semana de septiembre comenzará la caravana por la paz, pero ahora hacia el sur del país.

Sicilia hizo un llamado a "los señores de la muerte" para que detengan su crueldad, odio y ansias de poder.

"Pidan perdón a la nación y a sus víctimas. Dejen de matar, dejen de degollar y de destruir la vida con sus actos; desangrar al país y a los suyos", expresó. Sicilia demandó a los narcotraficantes y a los integrantes del crimen organizado deponer y entregar las armas.Durante su discurso también llamó al gobierno y a los ciudadanos de Estados Unidos para que frenen el consumo de drogas y detengan la carrera armamentista que afecta a nuestro país. Con esas prácticas "están sometiendo la seguridad nacional de México a su lógica militarista, sembrando horror y muerte, prueba de ello es 'Rápido y Furioso'", puntualizó.Por otra parte, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que ya analiza proponer la creación de una "coordinación nacional" dentro de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, para que sea la instancia encargada del tema en todo el país, además de vigilar su puntual aplicación y cumplimiento en el marco de los derechos humanos.En entgrevista, el vicecoordinador jurídico del PRI en San Lázaro, Arturo Zamora Jiménez, expuso que eso será parte del debate de dichas reformas que analizan diputados y senadores, qué instancia o institución sería la encargada de dicha coordinación, planeación así como establecer un orden a nivel nacional en ese tema.Valoró la voluntad del Senado para comenzar el debate de la Ley de Seguridad Nacional y destacó que esta reforma se apegará no sólo a las cambios constitucionales en materia de derechos humanos, sino también a los tratados internacionales firmados por México.Zamora Jiménez expuso que dentro del debate de la Ley de Seguridad Nacional se considerarán los alcances de la reforma al artículo Primero Constitucional, que el 11 de junio pasado entró en vigencia. Con dicha reforma se obliga a todos los tribunales del país, cumplir el marco legal previsto precisamente en los tratados internacionales.Esa reforma constitucional, avalada por todos los partidos, prevé una nueva realidad jurídico-constitucional, por lo que los cambios a la Ley de Seguridad Nacional deberán apegarse a los tratados internacionales en materia de derechos humanos signados por México, subrayó.Zamora puntualizó que la tarea legislativa, y en especial las reformas de Seguridad Nacional, deberá ceñirse al nuevo marco constitucional y no violentar disposiciones a que México se comprometió en el contexto internacional, concluyó.

El lado siniestro de los “twiteros”

Redacción Ágora

Para agorarevista.com

Se cree que Twitter, un sitio de mensajes en línea, está infiltrado por narcotraficantes que usan el servicio para alertar a otros delincuentes sobre los operativos policiales.[THE ASSOCIATED PRESS]

Durante años, las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas han usado propaganda para promocionarse o presumir sobre sus actividades ilegales. Colocan narco-mantas en las calles para amenazar a las personas o atraer nuevos miembros, utilizan narcocorridos para alardear sobre sus últimos asesinatos por la radio y publican avisos clasificados para reclutar criminales a sueldo. Actualmente, los sitios de redes sociales como Twitter y Facebook están ayudándoles a transmitir sus ideas y facilitándoles sus delitos.

Desde el 2005, cuando los videos virales de las organizaciones de traficantes de drogas y sus vistosos sitios web comenzaron a surgir en la Internet, expertos en seguridad han realizado un seguimiento de los planes de comunicación creativa de los grupos. Sin embargo, nunca imaginaron el alcance de las estrategias de mercadeo de estos delincuentes.

Existen cientos de vínculos entre actos delictivos y publicaciones en la Internet. Cuando asesinaron al cantante mexicano Valentín Elizalde en diciembre del 2006, las autoridades descubrieron que había sido amenazado por supuestos miembros de un cártel porque alguien usó su música en un informe contra estas asociaciones criminales que se publicó en el sitio para compartir videos YouTube. La Internet también ha resultado útil para los delincuentes que están tras las rejas. El verano pasado, el líder narco Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Padrino”, lanzó su propio sitio web desde la cárcel con la ayuda de sus familiares para promocionarse como un hombre de familia y empresario responsable.

En la actualidad, los usuarios de Twitter, o “Twiteros”, como se les conoce en México, publican sus comentarios en el sitio junto a traficantes de drogas que lo usan para advertir a otros delincuentes sobre las redadas y operativos de la policía o el ejército. Además, usan Facebook para seguir a sus blancos así como también a familias de políticos y oficiales de policía a quienes planean secuestrar o asesinar, según informes del gobierno.

“Twitter es un problema serio no sólo para las agencias de orden público de México, sino para todas las agencias de orden público o de inteligencia alrededor del mundo, porque los delincuentes, cárteles de narcos y células terroristas usan métodos de comunicación cada vez más sofisticados”, dijo a Time Ghaleb Krame, experto en seguridad de la Universidad Internacional de México.

Si bien el problema es a una escala menor, funcionarios de la policía mexicana informan que los Twiteros están usando el sistema para alertar a sus amigos sobre la ubicación de controles policiales de alcoholímetro. Para contrarrestar estas prácticas, miembros del Partido de la Revolución Democrática de México, liderado por el representante Norberto Rosario, recientemente presentaron un proyecto de ley que espera la aprobación del Congreso para restringir y supervisar el uso de redes sociales. De esta forma, buscan impedir que sean usadas por organizaciones de tráfico de drogas. La propuesta ha recibido fuertes críticas por parte de usuarios mexicanos de las redes sociales y de grupos de libertades civiles porque se considera que es una forma de restringir la libertad de expresión en el país. El proyecto de ley se basó en uno similar presentado en España que también se debate y no ha sido bien recibido.

Krame no está de acuerdo con el proyecto. Es uno de los que dice que los sitios de redes sociales “permiten que los ciudadanos se conviertan en periodistas amateurs y satisfagan una enorme necesidad en México, donde muchos medios de radiodifusión y teledifusión, al igual que la prensa escrita, han evitado publicar ciertas noticias debido a las amenazas de venganza por parte de los cárteles”, según el artículo de Time. Analistas sugieren que las agencias de orden público y de inteligencia deberían usar la tecnología a su favor y crear identidades falsas para obtener información sobre las actividades delictivas en lugar de restringir el uso de los sitios.

En abril del 2010, la policía custodia una casa cerca de Acapulco, el famoso resort en el sur de México sobre la costa del Pacífico, donde se encontraron los cuerpos desmembrados de tres hombres en bolsas plásticas. Un mensaje que supuestamente dejaron los asesinos cerca de los cuerpos decía que los hombres muertos eran los culpables de un tiroteo que se produjo el 14 de abril en Acapulco y en el que murieron seis personas.[THE ASSOCIATED PRESS]

Pero Twitter y Facebook no son las únicas herramientas multimedia que las organizaciones delictivas usan para presumir de sus actividades ilegales. Según un artículo en la edición de marzo del 2010 de Small Wars and Insurgencies [Pequeñas guerras e insurgencias], los cárteles se publicitan como una cultura, una religión y una forma de vida, y muchas personas hablan de la afiliación a estos grupos como una profesión con ingresos. Los autores, Sarah Womer y Robert J. Bunker, expertos en terrorismo y la Internet, investigaron 250 lugares de encuentro en el ciberespacio que decían estar afiliados con organizaciones mexicanas de tráfico de drogas o administrados por sus seguidores.

YouTube y la red social MySpace tienen la mayor presencia de cárteles, según sus hallazgos. Los investigadores encontraron varios cientos de páginas de MySpace dedicadas a cárteles mexicanos, la mayoría de ellas glorificando el estilo de vida de los miembros de los cárteles. Otros usuarios se identificaban como traficantes de drogas o publicaban logos, narcomantas o símbolos que representaban su relación con los cárteles. Curiosamente, los investigadores no encontraron una “presencia manifiesta notable” de organizaciones de tráfico de drogas en Twitter. En YouTube, los videos que descubrieron los investigadores incluían desde propaganda a favor o en contra de un cártel en particular hasta videos de ejecuciones y operativos.

Los hallazgos del informe Small Wars and Insurgencies también incluyeron sitios de apuestas en línea y comunidades virtuales de los cárteles, que aparentemente son administradas por personas que emulan a los cárteles. Un ejemplo es la descripción de un miembro de “Second Life” del Cártel de Juárez. “Second Life” es un mundo virtual en la Internet. El miembro lista una familia clandestina cuyas actividades respaldan a “La Familia de Michoacán”.

Los autores destacan la evolución de los métodos de propaganda a medida que las organizaciones delictivas se tornan más hábiles con el uso de la Internet. No encontraron actividades manifiestas de piratería informática o hackers, pero dijeron que “existe la posibilidad de que se adopte como método, ya que los elementos criminales siempre están buscando las tácticas más novedosas para evadir a las agencias de orden público y generar dinero. Lo más probable es que el uso de la Internet por parte de terroristas, pandillas, y cárteles mexicanos de drogas continúe creciendo como una evolución natural del uso que hacen los delincuentes de los medios de comunicación y tecnologías más avanzadas. Las diferentes formas, lugares de reunión y tácticas de uso probablemente cambiarán y evolucionarán con el paso del tiempo para reflejar las estructuras de crecimiento organizativas y a medida que las organizaciones delictivas aprendan nuevas técnicas”.

Una fotografía tomada de una pantalla de computadora en la ciudad de México muestra el sitio twitpci.com, con una foto sin fecha que aparentemente es del político mexicano secuestrado Diego Fernández de Cevallos. El columnista José Cárdenas escribió que recibió la foto de una dirección de correo electrónico que podría traducirse como “secuestradores misteriosos”[THE ASSOCIATED PRESS]

Similitudes en la forma en que los terroristas y los grupos delictivos transnacionales usan la Internet

• Todos usan pósteres, cintillos, símbolos, música y en algunos casos, poesía identificable para indicar a qué organización pertenecen.

• Los terroristas en línea publican videos con niños recibiendo entrenamiento de tipo paramilitar y adoctrinamiento. Las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas no parecen tener este tipo de videos de entrenamiento en línea, pero sí publican fotos de sus hijos y de algunos adolescentes que se autoproclaman como miembros.

• Las organizaciones terroristas con bases religiosas se diferencian claramente porque centran su ideología en una interpretación errónea y distorsionada de una religión, y ésa es la principal justificación para su existencia. Para los cárteles de narcos mexicanos, es común encontrar páginas donde los individuos promocionaban a Jesús Malverde, con frecuencia descrito como el santo patrono de las drogas o de los traficantes de drogas.

• Ambos glorifican a aquellos considerados sus “mártires”, aunque a distintos niveles de sofisticación técnica. Ambos publican videos, poemas, pósteres y otros tipos de propaganda de “martirios” glorificando a sus miembros muertos.

• Ambos publican videos e imágenes de ejecuciones. Una diferencia característica es que frecuente las organizaciones terroristas cuentan con todo un dominio y sitio web dedicado a la organización, mientras que los cárteles de drogas parecen tener mayor actividad en las plataformas gratuitas, como MySpace.

Sureños gangs and Mexican cartel use of social networking sites” [“Uso de los sitios de redes sociales por parte de las pandillas de sureños y cárteles mexicanos”] por Sarah Womer y Robert J. Bunker, publicación Small Wars & Insurgencies, marzo del 2010.

EL GRAN NEGOCIO DE ARMAS Y SU CULTURA DE LA MUERTE

Alfredo Jalife-Rahme/La Jornada

Desde la cárcel iraquí de Abu Ghraib hasta Arizona, Estados Unidos ha mostrado ser un país gravemente enfermo y su principal patología es la violencia doméstica y global que exacerba su nada boyante estado de salud mental, cuando “la mitad de sus adolescentes cumplen los criterios de un trastorno mental” (AFP, 14/10/10) y “Uno de cada cinco adultos padeció una enfermedad mental en 2009″ (CNBC, 18/11/10). Tal es el entorno de Jared Lee Loughner, multihomicida juvenil de Arizona y presunto sicópata.
Hace cuatro meses el ex presidente Carter había advertido que “Estados Unidos estaba más polarizado que durante la Guerra Civil” (prisonplanet.com, 21/9/10).
El nivel de violencia ha infectado a los políticos (el caso de la furibunda amazona Sarah Palin es para manicomio), a sus comentaristas y a sus multimedia, donde descuella Fox News, consagrado a los tambores de guerra domésticos y globales.
El blog de Stephen Gandel en la revista Time (19/10/10) se alarmaba de que las medidas monetaristas de Ben Shalom Bernanke, gobernador de la Reserva Federal, pudieran provocar una guerra civil al favorecer unilateralmente a la plutocracia.
No se debe imputar únicamente a la supuesta insanidad mental del joven desempleado (un clásico nini gringo) de 22 años como factor primordial de su multihomicidio, sin considerar su medio circundante en Arizona, que exhibe una desconcertante desregulación en la venta de armas de alto poder, que pueden ser portadas hasta en los bares, al unísono de la mayor regulación a los migrantes mexicanos y latinos.
Arizona es un estado política y mentalmente enfermo. Su gobernadora, Jan Brewer, epitomiza la misantropía y el racismo mexicanófobo, mientras su senador John McCain, fracasado ex candidato presidencial por el Partido Republicano, durante su campaña se puso a bailotear (literal) con el cántico bélico “bombardeemos, bombardeemos Irán”. Este es el entorno ultrabélico donde fue criado y creado Jared Lee Loughner.
La misma representante Gabrielle Giffords, del Partido Demócrata, estaba a favor de la desregulación de las armas y, por desgracia, fue víctima de su credo.
Por enésima vez han sido puestos en la picota la cultura de la muerte y el culto fálico a las armas en manos civiles por la poderosa Asociación Nacional del Rifle –que, con el lobby israelí AIPAC, constituye uno de los principales grupos cabilderos de presión en Estados Unidos–, muy cercano al Partido Republicano y a la ideología racista WASP (blanco protestante anglosajón). Este también es otro entorno violento de Jared Lee Loughner.
Una pesadilla es la posesión obsesiva de 270 millones de armas en Estados Unidos para una población de 310 millones, lo cual no tiene parangón (Small Arms Survey, 2007) y se ha vuelto, a nuestro juicio, un asunto pandémico de salud pública y una amenaza a la seguridad planetaria.
Detrás de los hidrocarburos y el narcotráfico, el negocio de la venta de armas es el tercero más lucrativo del planeta: supera los 1.5 billones de dólares, lo cual corresponde a 2.7 por ciento del PIB global (Anup Shah, “World military spending”, globalissues.org, 7/7/10).
La distribución global del gasto militar en 2009 coloca en un insuperable primer lugar a Estados Unidos con 46.5 por ciento del total, seguido muy lejos por China (6.6), Francia (4.2), Gran Bretaña (3.8), Rusia (3.5), “los siguientes 10 países combinados” (20.7) y “el resto del mundo” (14.7 por ciento). Esto es muy discutible ya que Estados Unidos gasta en realidad el doble de lo presupuestado (más de 1.2 billones de dólares, es decir, 12 veces más que China), que oculta mediante artilugios contables en el rubro de investigación y desarrollo. Este es el entorno global bélico de Jared Lee Loughner, oriundo de Tucson.
Según SIPRI Arms Industry Database, las 100 principales trasnacionales productoras de armas en el mundo (“top 100″) incrementaron sus ventas y alcanzaron 385 mil millones de dólares en 2008, cantidad que equivale al PIB de 105 países en vías de desarrollo.
De las 20 primeras trasnacionales proliferadoras de la muerte, 16 son apabullantemente anglosajonas: dos británicas (BAE Systems y Rolls Royce) y 14 estadunidenses (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon, L-3 Communications, United Technologies, SAIC, KBR/Halliburton, Computer Sciences Corp., Honeywell, ITT Corporation, AM General y Navistar).
Los seis primeros lugares de ventas anualizadas, en orden descendente, son anglosajones: la británica BAE Systems (que carga a cuestas el pestilente escándalo “Al-Yamamah” y que realiza la mitad de sus ventas en Estados Unidos) con 32 mil 420 millones de dólares; y las estadunidenses Lockheed Martín (29 mil 880 millones), Boeing (29 mil 200 millones), Northrop Grumman (26 mil 90 millones), General Dynamics (22 mil 780 millones) y Raytheon (21 mil 30 millones).
Solamente estas seis trasnacionales anglosajonas detentan 161 mil millones de dólares, 42 por ciento del total.
En el 2008, los fabricantes de armas de Estados Unidos produjeron 1.4 millones de pistolas, 432 mil revólveres, 1.6 millones de carabinas, 753 mil fusiles y 176 mil de otro tipo de armas de fuego. De este apabullante total de 4.36 millones de “pequeñas (sic) armas”, según una muy cuestionada definición, solamente fueron exportadas 245 mil (5.6 por ciento del total y cuyo principal mercado es México), es decir, el uso es prácticamente doméstico.
Las armas de fuego son responsables de 30 mil muertes cada año en Estados Unidos (¡le ganaron al genocidio de Calderón, hoy su principal socio latinoamericano!): la mitad por suicidios y más de 10 mil homicidios (lorientlejour.com, 10/1/11).
¿Y los heridos? De acuerdo con Brady Campaign, que aboga por su regulación y/o su abolición, 300 personas son heridas o asesinadas cada día (¡súper sic!) por una arma de fuego en Estados Unidos, entre ellos 67 menores de edad.

Armeros sedientos de ganancias
Supuestamente desde 1994 –lo cual se volvió sumamente laxo en 2004, en la etapa bushiana de la hollywoodense “Seguridad del Hogar”–, una ley federal obliga a los armeros a verificar los antecedentes de los adquirientes y prohíbe su compra a criminales condenados, toxicómanos, autores de violencias conyugales y a individuos con deficiencias mentales (whatever that means).
Con tantas limitaciones teóricas, las ventas deberían ser mínimas, pero sucede que los armeros sedientos de ganancias no son nada estrictos en la aplicación federal que puede ser modificada por una legislación estatal muy laxa, como son los casos específicos de Arizona y de Jared Lee Loughner, quien con inquietante facilidad adquirió en una tienda de deportes (sic) su ametralladora con 30 balas, pese a su presunta sicopatía.
La gravedad del asunto es que la laxitud paranoica y lucrativa de Arizona ha infectado a su vecino México, donde 70 por ciento de las armas capturadas fueron adquiridas principalmente en tres estados: Texas, California y Arizona (El Paso Times, 1/11/10).
¿De dónde proviene el otro 30 por ciento, cuya gran parte es presuntamente provista por Israel a los cárteles de la droga mexicanos, según Stratfor?
Por cierto, Houston es el primer lugar abastecedor de armas a los cárteles mexicanos (Houston Chronicle, 4/1/11), que son “compradas legalmente (sic) y luego transportadas en forma clandestina en la frontera” (“La globalización del crimen”, UNODC, 2010).
Lo peor: la cultura de la muerte y la enfermedad global de Estados Unidos y doméstica de Arizona han alcanzado al “México neoliberal calderonista”, hoy más itamita que nunca. ¡Viva el lucro letal!

TRES PAISES EXIGEN LOCALIZAR MIGRANTES SECUESTRADOS

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras tienen contra la pared a México. La presunta desaparición de medio centenar de inmigrantes ha provocado que las cancillerías de esas tres naciones centroamericanas demanden el esclarecimiento de un incidente ocurrido en Oaxaca hace una semana, cuando habrían sido secuestrados personas indocumentadas de esas tres nacionalidades.

Lo novedoso del caso es que la protesta, como la describió el canciller hondureño Mario Canahuati, es conjunta y firme. Lo nada novedoso es que las autoridades mexicanas negaron en un principio que siquiera hubiera existido el evento, para en menos de 24 horas recular y apurarse a decir que están investigándolo.

El 16 de diciembre pasado el tren que había salido de Arriaga, Chiapas, se detuvo 40 kilómetros más adelante, en Chahuites, Oaxaca, para una revisión policíaca. Es el vehículo de quienes pretenden llegar a Estados Unidos cruzando de manera ilegal por México. Los inmigrantes centroamericanos huyeron de la redada en la que también participaron elementos del Instituto Nacional de Migración (INM).

El ferrocarril, con los techos de los vagones de nuevo repletos de indocumentados que lograron burlar el retén, se puso en marcha minutos más tarde, pero apenas cinco kilómetros adelante la vía estaba bloqueada con troncos. Al detenerse la locomotora, unos 15 hombres vestidos de negro, con machetes y armas, secuestraron a decenas de migrantes.

Del caso supieron de inmediato todos, menos el Gobierno Mexicano: la oficina pastoral que cuida a los migrantes, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la cónsul de El Salvador en Chiapas, Vilma Mendoza, quien inició el reclamo.

“A punta de machete se los llevaron, a uno que opuso resistencia le asestaron tres machetazos. Hicieron dos grupos, de alrededor de 20 personas, uno de ellos de mujeres. Es imposible determinar la nacionalidad de los secuestrados”, explicó a la prensa Mendoza, cuya cancillería fue la primera en demandar a México el esclarecimiento del caso.

Como respuesta inicial, el INM —tristemente célebre por la desastrosa actuación de su anterior directora Cecilia Romero ante la masacre de 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas— emitió un comunicado el martes en donde asentaba que según sus averiguaciones el tren ni siquiera se había detenido en el punto que la cónsul salvadoreña señalaba. Pero menos de 24 horas después el Instituto de Migración tuvo que corregir ante las evidencias: en la Casa del Migrante Hermanos del Camino del padre Alejandro Solalinde cuentan con testimonios de primera mano de sobrevivientes del secuestro y, por si fuera poco, la CNDH grabó 13 relatos de testigos del crimen de ese día.

Finalmente, el INM hizo viajar a la capital mexicana a esos centroamericanos para que aporten elementos que lleven a las autoridades a determinar qué fue lo que pasó en ese incidente que inicialmente ellos ni siquiera reconocían como existente.

El Canciller hondureño Mario Canahuati dijo que tanto su país como El Salvador y Guatemala tienen una “posición firme” y de “protesta”, porque a pesar de que se han firmado con México acuerdos de colaboración de hasta 27 convenidos para abordar la problemática migratoria, “ni uno” se ha puesto en marcha.

LA CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja e inició una investigación sobre el presunto secuestro de un grupo de migrantes centroamericanos, el pasado jueves 16 de diciembre, en los límites del estado de Oaxaca.

El organismo hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que implementen acciones coordinadas que prevengan el secuestro de indocumentados y les brinden la atención correspondiente, respetando sus derechos humanos, independientemente de su calidad migratoria.

Sobre el caso de Oaxaca, el martes pasado el Instituto Nacional de Migración (INM) dijo que no hay evidencia de un presunto plagio de migrantes que viajaban en un tren, como afirmaron autoridades de El Salvador y Honduras.

La respuesta se dio con relación al comunicado emitido por la Cancillería salvadoreña, sobre el presunto secuestro de al menos 50 centroamericanos el pasado 16 de diciembre.

La CNDH explicó que desde el momento en que tuvo conocimiento de este caso, por instrucciones de su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, envió personal al albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, para brindar apoyo.

En un comunicado, la CNDH informó que recibió testimonios de inmigrantes que narraron lo sucedido a sus compañeros.

Además, comentó que desde el pasado 11 de noviembre pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) la implementación de medidas cautelares para el presbítero Alejandro Solalinde Guerra y los habitantes del albergue Hermanos en el Camino. Lo anterior, al considerar que su vida e integridad física estaban en riesgo.

Arman nuevo diagnóstico

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos externó su compromiso con la atención integral y la reparación del daño, a los que tiene derecho cualquier víctima de algún delito.

El organismo puntualizó que estará presente en este y en cualquier evento que vulnere los derechos humanos de los migrantes, para dar puntual seguimiento a las investigaciones y emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.

La CNDH también informó que da seguimiento al Acuerdo sobre la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes, firmado el pasado 31 de agosto con las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública.

Con base en el mismo acuerdo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elabora un nuevo diagnóstico sobre el secuestro de indocumentados en territorio nacional.

GENTE MALA, GENTE BUENA

Jesús Hernández Cuellar

Los golpes de la vida, confusamente, nos hacen creer que el mundo ha sido invadido por gente mala, de la peor calaña, que se ha adueñado de cada rincón del planeta. Guerras, corrupción, trampas, crímenes, dictaduras, fraudes, son sólo algunos elementos de los cuales se nutre esa noción del mundo.

Mientras observaba, en vivo, el rescate de los 33 mineros chilenos a mediados de octubre de 2010, llegué a la conclusión de que ese hecho representaba una gran bofetada para quienes se proponen convertir la vida humana en un infierno. Mil millones de televidentes presenciaron la salida a la superficie de Florencio Avalos, el primero de los trabajadores de la mina San José, en la lejana región chilena de Atacama, que subió a tierra firme. Esa cantidad de televidentes superó a la de la final de la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica, entre España y Holanda. Aquel gran partido en el que el equipo ibérico ganó la copa, fue visto por casi 800 millones de personas apostadas detrás de sus aparatos de televisión.

Al principio, pensé que tanta gente interesada en conocer los detalles del rescate de los mineros, podría ser un hecho motivado por simple curiosidad, tal vez una curiosidad matizada por el morbo. Al final de la jornada, comprendí que esa no era la razón por la que millones de seres humanos habían permanecido en vilo, durante la operación. Hablé con muchas personas en los días siguientes, y un número grande confesó que había llorado al ver salir de las entrañas de la tierra no sólo a Avalos, sino a muchos otros mineros. La gente experimentó una simpatía fuera de serie por el rescatista Manuel González, de 43 años, el primero en entrar a la mina para reunirse con los mineros y el último hombre en salir. Estamos hablando de televidentes no chilenos, latinos de nacionalidades diversas que viven en Estados Unidos.

Los chilenos, por supuesto, pusieron la nota emotiva más alta. Sus rostros tomados por las cámaras de las más grandes cadenas internacionales, reflejaban el miedo, la incertidumbre y la esperanza casi en cada salida a la superficie de sus compatriotas mineros, que habían permanecido en las entrañas de la tierra durante 70 días.

La humanidad tuvo momentos similares en el pasado. El 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de radicales islámicos utilizó aviones comerciales como misiles para destruir las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, Estados Unidos disfrutó de altos niveles de solidaridad. En una enorme cantidad de ciudades se hicieron vigilias y se rezó por los muertos. En 2004, el terremoto y posterior tsunami en el Océano Indico, que sacudió a Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia con saldo de 230 mil muertos, también estremeció al mundo. Los terremotos de este año 2010 en Haití y el propio Chile, provocaron igualmente reacciones humanitarias de grandes proporciones.

La moraleja de estos acontecimientos es absolutamente clara: en el mundo hay mucha, pero mucha más gente buena que mala. Sólo que los malos saben hacer mucho daño, y mucho ruido.

No es por gusto que desde los días de las grandes tragedias griegas hasta la telenovela de hoy, pasando por todas las obras sobresalientes de la literatura universal y el cine de Hollywood, la presencia de la lucha del bien contra el mal ha sido abrumadora si se la compara con cualquier otro tema. La obsesión humana por hacer el bien nos ha perseguido posiblemente desde la Edad de Piedra. Muchos especialistas aseguran que Hitler y Stalin estaban convencidos de que hacían el bien, mientras el primero masacraba a judíos en sus campos de concentración y el segundo ejecutaba a sus enemigos de un tiro en la nuca o los enviaba a campos de trabajos forzados en Siberia. Otros expertos cuentan que si Hitler y Stalin hubiesen creído que eran criminales, se habrían suicidado. El punto es que el ser humano es intrínsecamente bueno, y cuando no lo es, siente la necesidad de creer que lo es. Ese es el mayor triunfo del bien contra el mal.

(Hernández Cuéllar es director y editor de Contacto Magazine, revista que fundó en julio de 1994 en Los Angeles, California. Ha sido además redactor de la agencia EFE en La Habana, Cuba, San José, Costa Rica, y Los Angeles, California, así como editor metropolitano del diario La Opinión de Los Angeles e instructor de periodismo de la Universidad de California en Los Angeles, UCLA).

¿QUE OCURRE CUANDO LA PGR NO INFORMA?

Salvador Mejía / México Bajo Fuego

En nuestro sistema Constitucional el monopolio de la investigación y persecución de los actos delictivos de carácter Federal es una facultad exclusiva de la Procuraduría General de la República (PGR) quien actúa por medio de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, de la policía investigadora y de los peritos adscritos a esta conforme a lo establecido en los artículos 21, 102 apartado A, 105, 107 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en sus Reglamento, Lineamientos y Manuales. Esto significa que ninguna persona o institución en México tiene la posibilidad de ejercitar dichas funciones y, que de hacerlo, podría llegar a ser responsable de algún delito, por ejemplo el ejercicio indebido de funciones.

Como una consecuencia natural de estas facultades exclusivas, la PGR no solo debe transparentar sus actuaciones sino que se encuentra obligada a informar a la ciudadanía de aquellos casos que lleguen a ser considerados como de alto impacto social, ya que precisamente los delitos federales afectan no solo a individuos sino a la sociedad misma.

Tal proceso de transparencia e información históricamente se encontró regido por el principio de la secrecía de las investigaciones, y en nuestra época moderna a lo sumo se rendían informes públicos como parte de las glosas de los informes del Titular del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo; se rendían datos que no eran cuestionados y ocasionalmente se emitían breves comunicados derivados de algunos asuntos trascendentes, citemos por ejemplo el caso de Joaquín Hernández Galicia, “la Quina”, es decir todo marchaba conforme a lo previsto en la visión, misión y objetivos asignados a la PGR.

Esta situación cambió radicalmente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 cuando la PGR se vio obligada a, digámoslo así, operar por vez primera en una caja de cristal debido a la enorme presión pública a la cual fue sometida, fue evidente que tanto el entonces Procurador Antonio Lozano Gracia como todos y cada uno de los Fiscales asignados a la investigación Miguel Montes, Pablo Chapa Bezanilla, Olga Islas y Luis Raúl González Pérez tan no tuvieron la capacidad para interactuar con la opinión pública que las renuncias fueron el desenlace lógico y esta lección no fue olvidada por periodistas, políticos y sociedad civil, les quedó claro que los funcionarios de la PGR no eran intocables.

Después de este hecho, y por supuesto del asesinato casi inmediato de los hermanos Jose Francisco y Mario Ruiz Massieu la PGR vivió un período de relativa “tranquilidad” hasta que en el 2000, con el asenso a la Presidencia de Vicente Fox Quezada se dio un cambió de dirección al combate de la delincuencia organizada, y el cual en mi opinión motivó una restructuración en la organización y actuación de los grupos criminales, los cuales señalaron a los diferentes órganos de gobierno como sus enemigos directos; situación que se agravó cuando en Noviembre de 2006 el Presidente Felipe Calderón inició la era de los “Operativos conjuntos” desatándose los niveles de violencia que hoy día nos vemos obligados a sufrir como sociedad debido a que en buena manera, y como lo señaló el Presidente en la entrevista que concedió al periódico El País en 2010 “No había una idea precisa de las dimensiones, pero sí había una certeza de la peligrosidad y de la imperiosa necesidad de cortar esa ola expansiva. El cáncer estaba ahí y, a medida que lo hemos enfrentado, hemos visto la dimensión que tiene. Ese proceso se vio en otros países, sólo que en Colombia se llevó muchísimo tiempo e igualmente generó una gran cantidad de muertos. Pero no se puede medir el éxito o el fracaso por el sólo número de muertes. El número de muertes lo que refleja es la intensidad del problema.”

Y así es que de pronto la PGR se vio obligada a entrar a una dinámica para la cual no estaba preparada: la de emitir partes de guerra, y se vio obligada a hacerlo precisamente en el momento en que la información, y la desinformación, comenzó a fluir a una velocidad pasmosa en las redes sociales #yasi Entiendo que esto no es ni remotamente sencillo pero hay instantes en que se tiene la apariencia de que la directriz de la Presidencia es la de minimizar daños, no de reportarlos y esto, por supuesto, tiene graves consecuencias.

Abordemos un caso reciente:

Derivado del atentado perpetuado en Ciudad Juárez con un coche bomba el 15 de Julio de 2010, se tuvo primero la impresión de que la PGR, junto con cualquier otra Dependencia pública, recibió la instrucción de no aceptar bajo ninguna circunstancia que tal evento había sido, como lo pudimos ver casi de inmediato, un ataque perpetuado con un carro cargado de explosivos y accionado a control remoto; lo preocupante de esta postura no solo es que comenzaron a correr rumores de que el General Alfonso Duarte, Comandante de la II Zona Militar había confirmado la noticia y que posteriormente había recibido la instrucción de retractarse, sino que las Compañías y las Áreas de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a redactar los reportes correspondientes precisando datos específicos; en lo personal puedo decir que el 17 de Julio recibí a primera hora del día una copia de un Threat Assessment del Texas Department of Public Safety, Intelligence and Counterterrorism Division fechado el 16 de Julio en el cual se señalaron tres puntos trascendentales:

I. A vehicle-borne improvised explosive device was used in an attack that killed and wounded several police officers in Ciudad Juarez, Mexico, on July 15. This incident represents a significant shift in Mexican DTO tactics, and it could signal additional attacks using similar devices and tactics in the future.
II. Several hours after the ambush, a narcomessage was discovered in the city that implied that La Linea — associated with the Vicente Carrillo Fuentes DTO — would use additional car bombs. Mexican police officials said publicly that they believe the attack was carried out in retaliation for the recent arrest of La Linea member Jesus Armando Acosta Guerrero, aka “El 35.”
III. The Texas Fusion Center and Border Security Operations Center have received information from reliable sources that leads us to conclude that the primary explosion was caused by a VBIED, though there may have been additional explosions caused by grenades. Preliminary information from the scene indicates the VBIED appears to have been composed of TOVEX, an inexpensive and readily available commercial blasting gel commonly used in construction and mining in Mexico and elsewhere.

Mientras que un servidor discutía y analizaba esta información con diversos periodistas el mismo sábado 17, la PGR tardó, me parece, hasta el martes 20 para confirmar esta información; ¿el resultado? Muy sencillo, los posteriores reportes de inteligencia señalaron que el Gobierno Mexicano no tenía una idea certera de lo ocurrido.

Este tipo de mensajes al exterior tienen en definitiva un impacto negativo al exterior y necesariamente afectan las percepciones, las calificaciones o grados de inversión, y para muestra de ello podemos ver tres notas publicadas en diferentes medios nacionales y extranjeros de renombre en los cuales el común denominador es la relación entre la inversión y la violencia; revisemos sus encabezados: CNN: Violencia: el éxodo del empresario; Credit Suisse: La violencia sí impacta; CNN: Moody’s advierte impacto por violencia. No creo que mayores comentarios sean requeridos.

La incorrecta acción del Gobierno Federal por no informar abiertamente lo que ocurre, como un lógico proceso de manejo de daños lo hubiese sugerido, ha orillado que sociedad, consultores y periodistas nacionales y extranjeros lleguen a tomar como fuente de información cualquier blog o cuenta de Youtube que llegue a rankear correctamente en una búsqueda en Google, no deja de asombrarme el escándalo derivado del “descubrimiento” por parte de la prensa extranjera del tristemente célebre “Blog del narco”, una publicación que lo único que hacía era recopilar, en el mejor de los casos, contenidos de otros sitios y de vez en vez publicar algún documento. Simplemente no resulta viable que el Gobierno Federal renuncie a ser la fuente principal de consulta.

¿Cuáles son a mí parecer los siguientes pasos que la PGR debe dar? Muy sencillo: la PGR debe asumirse como la entidad autónoma de que es y recuperar su posición como fuente confiable de información al interior y exterior de México; me viene a la mente la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo presentada recientemente ante el Congreso, y la cual no tengo mayores dudadas, será aprobada, la correcta aplicación de la misma, así como su éxito dependerán en buena medida de un proceso de información a la ciudadanía de aquellos aspectos o en su caso procesos que deberán vigilar o implantar en sus actividades comerciales o profesionales.

Al día de hoy solo se tienen documentos informativos emitidos por la SHCP y aunque es posible ubicar las cuestiones más importantes, no veo que el Gobierno Federal vaya a incorporar las herramientas que el Gobierno de los Estados Unidos tiene a disposición de sus ciudadanos porque, y hay que decirlo, el buscar homologarnos a los protocolos de los Estados Unidos en materia de combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es una necesidad; en los portales de las Agencias Norteamericanas están disponibles Leyes, Listas negras, correos y teléfonos de asistencia y de emergencia; revisemos los sitios web del Gobierno Mexicano y veremos que inclusive podría afirmarse que están diseñadas para no localizar los contenidos; a menos que un conocedor busque la información dudo mucho que un ciudadano promedio pueda localizar vía Internet, digamos, las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

A manera de ejemplo podemos ver que la lista de los más buscados de la PGR consta de un gran total de 359 nombres; de los cuales 219 son prófugos y son 138 detenidos o muertos, en muchas de las fichas solo aparece la fotografía y el nombre de la persona buscada; no constan los datos que puede ayudar a la ciudadanía a colaborar con la captura de un presunto delincuente; en contraste la lista OFAC (toda comparación guardada) contiene un aproximado de 1,632 páginas y hay poco más o menos 5,107 coincidencias para la fichas que contienen la palabra “México”.

¿No podría ser esto considerado como parte de las obligaciones en materia de comunicación social de la PGR?

EL FINAL DE LOS DIEZ MIL DÓLARES

Salvador Mejia

El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo han sido definidos como delitos transfronterizos y por lo tanto, para prevenirlos y combatirlos, ha sido necesario que la comunidad internacional emita criterios como tipologías, mejores prácticas, convenciones, regulaciones y listas negras, mismos que en la medida de lo posible y en correlación con sus respectivos esquemas jurídicos, los países cooperantes buscan implementar y mejorar conforme a las particularidades de su situación.
En tal entendido, y como integrante (entre otros organismos) del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), México ha procurado que el marco jurídico que regula esta lucha se adapte a tales criterios, lo anterior puede ser constatado en los Considerandos de la publicación en 2009 de las reformas a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (aplicables para Bancos), ya que fue expresamente señalado que la emisión de tales Disposiciones es parte de la estrategia del Gobierno Mexicano en contra de la delincuencia organizada contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y se reconoce que derivado de los compromisos firmados por México a nivel internacional como integrante del GAFI, entre otros, México debe adecuar su normatividad en la materia para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo conforme a los estándares que el GAFI ha establecido, mismos que han sido reconocidos por diversas organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (al igual que la Organización de las Naciones Unidas).
En lo particular, uno de los principios que tienen mayor uniformidad internacional es el de la famosa barrera de los diez mil Dólares, la cual se debe de entender como una suerte de límite para trasportar dinero en efectivo (en cualquiera de sus variantes) entre países o para efectuar operaciones por medio del sistema financiero sin la necesidad de presentar una declaración ante la Aduana, identificarse formalmente ante la institución financiera o de que esta última deba reportar la operación ante el órgano regulador como una operación relevante (y/o en su caso como inusual).
Las Disposiciones 2ª, fracción XVI y 38ª, fracción IV definían perfectamente que una operación financiera podía ser considerada como relevante aquella operación que se realice con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América; y como inusual aquellas operaciones realizadas en una misma cuenta, así como aquellas llevadas a cabo por un mismo usuario con moneda extranjera, cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por montos múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o superen el equivalente a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, realizadas en un mismo mes calendario que sumen, al menos, la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan al perfil transaccional del Cliente o que, respecto de aquellas realizadas por Usuarios, se pueda inferir de su estructuración una posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas por las Entidades para efectos de las Disposiciones.
Una vez precisado esto, el Gobierno Mexicano podía afirmar que cumplía exitosamente con los convenios internacionales en la materia y con las mejores prácticas.
En mayo de 2010 trascendió que los Bancos HSBC, BANAMEX Y BANCOMER detectaron un flujo inusual en las operaciones que sus clientes y usuarios realizaban en Dólares, y decidieron limitar estas transacciones aun a costa de su clientela.
Este descubrimiento puso a la SHCP en alerta porque se entendió que estas transacciones estaban relacionadas con el crimen organizado y con el lavado de dinero, inmediatamente se reunió la autoridad con la Asociación de Bancos de México para intercambiar información y comenzaron a circular primero los trascendidos, y luego las declaraciones formales: vendrían nuevas reglas para la compra de dólares en efectivo en las sucursales bancarias y de centros cambiarios, teniendo como eje central una notoria disminución en el monto de las operaciones que un cliente o usuario podría llevar a cabo, algo así como a cuatro mil Dólares.
Independientemente de que ningún analista (creo) ha tenido acceso a los reportes de operaciones relevantes e inusuales, ni mucho menos al análisis que ya debe haber efectuado la Unidad de Inteligencia Financiera, tengo divergencias con muchas de las opiniones que hay en los medios respecto de esto y de la postura de la ABM y de la SHCP.
Ante todo, este fenómeno, de ser cierto, clasifica en la tipología de micro-reestructuración o smurfing, es decir que muchas personas acuden a las sucursales para hacer diversos depósitos o transacciones para evitar ser detectados, lo cual en teoría esta previsto por los manuales de procedimientos de cada institución financiera, un ejemplo es que para estas operaciones se debe solicitar que el cliente o usuario presente su identificación oficial de la cual la institución conservará una copia (principio de identificación), lo cual dado el caso permitiría efectuar un rastreo de las personas y las cuentas involucradas, obviamente me causa extrañeza que los Bancos estén reaccionando de esta manera cuando en teoría no solo estarían enfrentando un problema perfectamente previsto, sino que si la memoria no me falla, fue precisamente HSBC quien en 2008 detectó entre sus clientes una de las mayores redes de micro estructuración después de una larga investigación; luego entonces ¿Por qué la preocupación por parte de los Bancos? ¿Qué está ocurriendo al interior de sus áreas de Compliance?; en mi experiencia como ex Oficial de Cumplimiento esta decisión simplemente no me hace sentido tanto en lo jurídico como en lo operacional.
Visto lo anterior, no me es posible quitarme de la cabeza la idea de que la decisión de los Bancos de restringir este servicio tiene más fondo económico que de riesgo transaccional y de igual manera, no puedo evitar pensar que la SHCP vio esta situación como una coyuntura para reforzar su imagen al exterior y combatir los efectos del Mutual Evaluation Report –Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for México, liberado por el GAFI en Octubre de 2008 (y el cual ya hemos criticado abiertamente http://mexicobajofuego.wordpress.com/2010/05/19/is-really-the-2008-financial-action-task-force-report-for-mexico-faultless/)
Independientemente de todas las preguntas que tengo respecto de cómo serán modificadas las Disposiciones me quedan claros los siguientes aspectos:
Esta medida está enfocada hacia la prevención y el combate del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, delitos que por su naturaleza presentan una notoria capacidad de adaptación al cambio, por lo tanto las estrategias gubernamentales, usualmente rígidas, deben flexibilizarse para presentar batalla.
Aunque se busca fortalecer nuevamente al sistema financiero, la SHCP sigue sin proteger al sistema económico y a la sociedad, hemos venido diciendo que la autoridad es simplemente ausente en su obligación de informar o capacidad al resto de los sectores económicos respecto de cómo prevenir ser utilizados por la delincuencia organizada a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde sectores como los corredores de bienes raíces y distribuidores automotrices pueden acceder a tipologías que les permiten conocer sus riesgos operativos así como las consecuencias legales que pueden llegar a enfrentar ya que su marco legal los regula expresamente. La experiencia más cercana que podemos citar para nuestro caso fue una campaña en 2009 de anuncios radiales en los cuales se prevenía a la ciudadanía de abstenerse de prestar sus cuentas de banco, campaña que por lo novedosa me pareció efectiva pero que duró al aire no más de tres meses.
Si bien la SHCP está en lo correcto al decir que busca atacar las transacciones comerciales en dólares para autos e inmuebles, lo que está realmente haciendo es criminalizar el uso de efectivo, ya que olvidamos que la Ciudad de México no es el territorio completo, estamos dejando de lado la manera en que la economía opera en zonas rurales y ganaderas o de alto nivel de migración hacia Estados Unidos o de turismo extranjero de alto impacto; me da la impresión de que esta medida por si sola no traerá mayor beneficio y que eventualmente la delincuencia (por medio de sus asesores) encontrarán vehículos financieros y comerciales alternos para lograr sus fines.
Si comenzamos a criminalizar el dinero podremos ingresar a una dinámica de prohibiciones ridículas, por ejemplo puedo citar el caso reciente en Europa donde se está analizando sacar de circulación el billete de $500 Euros ya que era utilizado con mayor frecuencia para las transacciones de la delincuencia, más ilógico imposible.
Como sea, solo nos resta esperar y ver cuáles son las nuevas reglas y como impactarán en la economía.
Fuente: http://mexicobajofuego.wordpress.com/2010/06/10/el-final-de-los-diez-mil-dolares/