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miércoles, 4 de mayo de 2011

POSTDATA / OTRA VEZ VIUDAS

Sara LOVERA
Oaxaca, México.- Han pasado 111 años desde que por primera vez una mujer: María Rosalía Arredondo, pidió al gobierno que le explicará qué sucedió en la mina donde pereció su marido. Hoy es probable que 14 mujeres se sumen a una multitud de mujeres inertes, viudas, que ven en la región carbonífera de Coahuila, solamente pasar las lluvias y los miedos.
El 19 de febrero de 2006 sucedió la tragedia en que murieron 65 mineros, dentro de la mina 8 de Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas. A la fecha ninguno fue rescatado y hace unas semanas la mina fue definitivamente sellada.
Lo de Pasta de Conchos, fue en definitiva un hito en el largo camino de la desgracia en que viven los pueblos carboneros de Coahuila, México, no sólo porque cuando una mina de carbón explota y el famoso gas grisú hace de las suyas, como el vaho del  diablo del que un día me hablaron las antiguas imaginerías del pueblo.
Tras la tragedia, identificada siempre como el resultado de la falta de previsión en la seguridad de las minas, responsabilidad de patrones y gobierno, que no organiza, no vigila, no le importa, la sensación de las viudas y familiares de los muertos, siempre es de abandono y desolación.
La tragedia de la mañana del 3 de mayo, en una mina o pozo de explotación ilegal, de apenas 60 metros de profundidad, propiedad de la empresa Binsa, S.A. de C.V, donde 13 trabajadores fueron atrapados tras una explosión y según todas las noticias, ninguno podrá sobrevivir, es una excelente muestra de la dejadez de las autoridades. Sin contar con el menor que se fue al hospital, gravemente herido y que, según las noticias, quedará mutilado. Un menor ¿que hacía trabajando en las minas?
Cuando sucedió la explosión en Pasta de Conchos, los poderosos de siempre pensaron que sería una de tantas, sin mayor importancia, salvo las notas del día.
Pero la organización de los familiares y las viudas, la intervención de grupos y aliados, hizo que el caso llegara no sólo a la opinión pública, sino a las instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a las procuradurías, al mundo, y que se demostrara, por las indagatorias de un grupo de viudas, que en esa entidad hay al menos 3 grandes problemas:
Uno: que se abren minas pequeñas, de superficie, llamadas pozos, donde se trabaja con pala y carretilla, como en el siglo XIX
Dos: que no existe mapa, control o detalles de cuántos pozos se abren para proporcionar a la intermediaria Micare, cientos de toneladas que le compra la Comisión Federal de Electricidad, sin importarle de donde llega el carbón, ni tener previsiones ni técnicas ni humanas.
Tres: que las autoridades, que como ahora cercaron la zona de elementos del Ejército, no se hacen cargo de la situación y dejen hacer, mientras unos cuantos empresarios nacionales y extranjeros, siguen explotando las minas y a esos carboneros sin protección ni derechos. Luego nos vienen a decir que creció el empleo, ¿a ese costo?, me pregunto, tratados  como bestias de carga.
La enseñanza de Pasta de Conchos, nos ha dejado una estela tremenda. Se demostró que había meses en que se advirtió del mal funcionamiento de la mina 8 de pasta de Conchos y  nadie hizo caso; los estudios técnicos mostraron que podrían haber salvado a  los mineros y no hicieron nada. Se hicieron  varias demandas judiciales, no hay un sólo responsable en la cárcel. Pero sobre todo se puso en claro el tamaño de la corrupción y la falta de pericia gubernamental.
Lo que ha pasado este 3 de mayo es inaudito. Hoy  no pueden sumarse muertos y viudas, como si nada. Tenemos obligación a la memoria.
No es ingenuo para quienes sabemos de que hablamos que lo que hicieron las  autoridades fue cercar con militares el lugar,  tomaron en cosa de horas todo el control; no sabremos qué sucedió realmente, nunca.
Luego los he visto justificarse, dice el Secretario del Trabajo, Javier Lozano, con refinado cinismo que no se sabe cuántas minas actúan así. Es decir, reconoce que tras la demanda de Pasta de Conchos, no ha hecho nada ninguna autoridad.
Esto en 2011, 5 años después, y no se ha puesto orden, ni se han tomado las medidas de seguridad.
Tampoco se aplicaron  las recomendaciones de la CNDH, ni se oyó a la Cámara de Diputados, ni se hizo caso de los dictámenes científicos del caso,  tampoco fueron oídas las viudas, una de las cuales consiguió dictámenes y papeles. Es claro que la vida humana  no les importa.
Hay un documento minucioso de la Federación Internacional de Sindicatos Mineros y el expediente fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la OIT. Pero a nadie le importa reordenar la región carbonífera.
Ni siquiera han prevenido medias de protección mínimas. Dicen los cínicos, desde el presidente municipal, el gobierno local y el federal, que allá hay un desastre y que verán de proteger a los deudos. Escuché la ignorancia y desmemoria de montones de comentarios en la radio y la televisión. Tras las imágenes de la tragedia, no entienden nada.
Me muero de indignación. A lo largo de 111 años las viudas y familiares quedan en el abandono, no les pagan sus indemnizaciones, no les entregan cuerpos de sus maridos, hijos y hermanos.
En el terreno laboral, el señor Lozano, uno de los 7 “enanos” dijo Humberto Moreira, la cuestión es mucho peor. Se queja el presidente municipal de que no hay inspectores del trabajo y así es, se les demostró hace 5 años, con pruebas.
Nada hicieron cuando fue evidente  que los trabajadores son contratados por empresas subsidiarias o contratistas, como es el caso y me temo que pronto sabremos si están o no asegurados, las investigaciones de Pasta de Conchos demostraron  en general no lo están y cuando tienen seguro social, base de las indemnizaciones, se descubre  reciben una paga superior a la mínima reportada en el IMSS. ¡Qué vergüenza¡, y Lozano en la pasarela presidencial.
No se ha hecho ninguna mejora. Es evidente. Entre 2006 y 2011, relatan los que saben y las notas periodísticas, hay 60 mineros han muerto  y sucedieron 4 accidentes “menores”, como reflejo de esa dejadez y falta de responsabilidad.
¿Que estará pensando el señor Lozano? él cómplice de la injusticia, que sacar tres cuerpos lo pondrá en las pantallas de televisión como al presidente recién electo de Chile , Sebastian Piñeira, que esta vez se actuó rápido.
Que estarán pensando  en los Pinos, cuando en 2006, Felipe Calderón era responsable de la política siderúrgica del país y encubrió a Industrial Minera México, dueña de Pasta de Conchos, y las minas de oro y cobre de todo el país.
Seguramente siempre creen que no tenemos memoria.  Eso está bien pensarlo para sus testaferros de la prensa oficial.
En el lapso de  más de 110 años, se registraron oficialmente 120 explosiones, en las que murieron entre tres y 153 trabajadores en cada una, un total de 1.700 mineros. Y se calcula la muerte de un número similar por siniestros y fallas de las minas, esas pequeñas, sin control, llamadas pozos.
No se puede olvidar que ahí, en la región carbonífera de México, como en otros sitios de este país, muchas personas viven como en el siglo 19, sujetos a la mitología del vaho del diablo, ese vapor incontrolable de gas que justifica toda la incapacidad y la indecencia, la falta de justicia y de equidad.
Hoy a los cientos de viudas, 13 se van a sumar, más la madre del adolescente. Nuevas soledades, desvíos, oprobios, desazones, van a cubrir a Sabinas, un municipio donde todos los días la muerte recorre sus calles, y ahora también secuestros y desapariciones de las que nadie da cuenta.
saralovera@yahoo.com.mx

FUNCIONARIOS FEDERALES SE TIRAN LA PAPA CALIENTE

Lozano Alarcón: pretende lavarse las manos
Los secretarios del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y de Economía, Bruno Ferrari, se acusaron uno a otro de tener responsabilidad en la explosión de la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, que causo la muerte de 5 mineros y deja con pocas esperanzas de encontrar con vida a 9 trabajadores más que se encuentran a 58 metros de profundidad.

En entrevistas para los medios, los funcionarios federales se deslindaron del accidente “echándole la bolita” a su homologo.

Lozano Alarcón aseguró que es la Secretaría de Economía la autoridad responsable en la materia; “es la que otorga las concesiones en términos de la ley minera”, dijo.

Por su parte, Ferrari dijo que efectivamente la dependencia a su cargo tiene la obligación de otorgar las concesiones, sin embargo, indicó que cuando hay incumplimiento de normas, como en el caso de la mina de Sabinas, éstas son competencia de otras dependencias, entre ellas las secretarías del Trabajo y del Medio Ambiente, cuyo titular es Rafael Elvira Quesada.

Explicó que a la secretaría del Trabajo le corresponde verificar las condiciones laborales en las que se encuentra una mina mientras que la Secretaría del Medio Ambiente verifica lo relacionado al caso ambiental; “nosotros nos limitamos a otorgar las concesiones”, sostuvo.

Lozano Alarcón explicó que la situación en la mina era de operación irregular, muy precaria, que operaba en un vacío legal y en la clandestinidad.

Señaló que yacimientos como los de Sabinas no son explotados por los titulares de la concesión sino por terceros, "hay una serie de entendimientos con terceras personas donde se instala este pocito y son personas ajenas al concesionario”.

Ferrari detalló que la concesión es la número 225883 del Lote mupo 5, cuyos titulares son Luis González Garza y Minera El Sabino, ambos con 50 por ciento de participación pero dijo que la Secretaría de Economía no tenía el registro de quien explotaba el pozo donde ocurrió la tragedia.

Comentó que de acuerdo a la primera investigación, era el hijo del señor González Garza, Melchor González, quien probablemente explotaba el pozo siniestrado.

Insistió en que la dependencia a su cargo se limita a verificar que se cumplan con los requisitos que marca la ley para otorgar la concesión, los cuales son el nombre de lote y de los concesionarios, numero de hectáreas y los datos de localización del terreno, que se otorga por 50 años siendo renovable para un periodo similar.

Ambos funcionarios sólo coincidieron en responsabilizar también al concesionario por no dar aviso a las autoridades correspondientes de que ese pozo era explotado.

Lozano Alarcón manifestó: “ni siquiera nos dan aviso de que inician operaciones. (Éste) tenía 18 días de haber iniciado. Operaba casi en la clandestinidad, no tenía un permiso, una concesión propia",  por lo que, dijo, se abrirá un proceso penal contra el concesionario del yacimiento o quien resulte responsable.

Reveló que 7 de los 15 trabajadores victimas de la explosión no estaban dados de alta en el Seguro Social y uno era menor de edad, "va contra con al Constitución y la Ley Federal del Trabajo; por donde se vea estas son operaciones y situaciones irregulares".

En tanto, el gobernador de Coahuila, Jorge Torres, aseguró que es responsabilidad del gobierno federal la concesión y las condiciones laborales en las que operan todas las minas del país.

El mandatario estatal aseguró que por ley las autoridades de Coahuila no pueden supervisar las condiciones en las que operan las mineras.