En el banquillo de los acusados no está solo un hombre caído en desgracia;está un régimen criminal,una forma de organización del Estado que trajo muerte,sufrimiento y humillación a México.
Podrían ver y dar RT
Roberto Gil Zuarth tenía poco tiempo de haberse divorciado de su primera esposa Valentina cuando sorpresivamente anunció su segundo enlace: se uniría a la nueva consejera del INE -Carla Astrid Humprey Jordan- en un matrimonio que duró cinco años y estuvo enmarcado por el sexenio del espurio Felipe Calderón. Roberto Gil fue durante los últimos dos años de la administración, el secretario particular del entonces mandatario. Se contaban y sabían sus secretos.
Poco tiempo antes de desposar a la actual Consejera del INE, Carla Astrid Humprey Jordan, se fueron a festejar aquel atraco electoral que le dio al triunfo al amigo "íntimo" de Genaro Garcia Luna, ex secretario de seguridad pública (así, con minúsculas), el espurio usurpador Calderón Hinojosa.
Pero el festejo fue en España y allí ocurrieron las primeras muestras de la triple moral de los azules. Cheque usted:
Gil Zuarth se lanzó al ruedo por tercera ocasión. El evento fue comentado en los medios nacionales y en ese entonces Reporte Índigo relató que la boda se realizaría en los jardines del campo deportivo del Estado Mayor Presidencial, el 31 de mayo del 2014.
Entre los 400 invitados hubo políticos, periodistas, miembros del equipo de Los Pinos en el sexenio pasado y el antepasado. O sea: PRIANISTAS.
Los novios, el senador panista Roberto Gil Zuarth y la comunicadora Elia Marie Knight Corripio, celebraron entre conocidos la relación que habían iniciado un año antes.
Gil Zuarth y su suegro "inmobiliario"
Un mes después de la boda, el registro público del condado de Hidalgo, en Texas, inscribió varias operaciones de las propiedades adquiridas por la nueva familia política del panista, como ventas o cesiones.
Las 12 propiedades –que sumaban un costo de dos millones de dólares– habían sido compradas entre 2008 y 2013 por la familia Knight Corripio. El valor actual es muy superior.
Una de ellas fue adquirida en 2013 por la esposa de Gil Zuarth y poco después de la boda, pasaron súbitamente a quedar a nombre de la compañía inmobiliaria Chairel Real Estate.
Se trató únicamente de una forma de borrar la huella pública del padre de Elia Mary, actual director del Centro SCT Veracruz, William David Knight Bonifacio, de su madre, su hermano y de ella misma.
La compañía inmobiliaria que ahora posee las viviendas, es administrada por su madre, Elia del Socorro Corripio, y por su hermano, Alejandro Knight, de acuerdo con el registro de corporaciones del Departamento de Estado en Texas.
El cambio de dueño de las propiedades no parecería relevante si los montos de compra de los inmuebles y su mantenimiento no excedieran en un 300 por ciento, el sueldo del suegro de Gil Zuarth como funcionario público.
El director del Centro SCT Veracruz ganaba al mes un salario neto de 85 mil 843 pesos, de acuerdo con su ficha pública registrada por el IFAI y con ello operó una compañía inmobiliaria en Texas cuyas propiedades incluyen una residencia al interior del elegante Cimarrón Country Club, de McAllen.
Ninguna de estas transacciones figuró en sus declaraciones como servidor público de los últimos 12 años.
La compañía Chairel Real Estate fue registrada en el estado de Texas en octubre de 2013. La administradora actual de la compañía es Elia del Socorro Corripio, suegra del senador Gil Zuarth. Como agente registrado funge su hijo Alejandro Knight.
El 23 de diciembre, la compañía adquirió una casa en el 908 de la avenida Río Grande, al interior del Cimarron Country Club de McAllen. El club Cimarron tiene un campo de golf con 18 hoyos, 8 canchas de tenis, canchas de raquetbol con aire acondicionado, una piscina semiolímpica, gimnasio, restaurantes.
La casa de los Knight en este club tiene un precio de 4.7 millones de pesos y paga 126 mil pesos de impuestos al año, mientras el delegado de la SCT cobra mensualmente apenas 85 mil pesos.
La dirección fiscal registrada para Chairel Real Estate es una propiedad que Alejandro Knight compró en 2008. Al momento de la compra, su padre era subdirector de transporte del Centro SCT Veracruz con un sueldo neto registrado de 30 mil 834 pesos mensuales y con este ingreso mediano, el suegro de Gil Zuarth pudo gastar en hacer modificaciones en la casa registrada como dirección fiscal, que actualmente tiene un valor de mercado de 2.5 millones de pesos y paga 69 mil pesos anuales de impuestos. Abajo, las propiedades de la familia Humprey en McAllen.
En febrero de 2012, Alejandro vendió la residencia que pasó a estar a nombre de sus padres, quienes a su vez la registraron como parte de la inmobiliaria el 3 de julio de este año. En esa fecha todas las propiedades adquiridas a nombre de la familia fueron traspasadas para ser parte de la compañía.
El 9 de septiembre de 2009 Elia del Socorro y su esposo, David Knight Bonifacio, compraron dos propiedades en los números 2805 y 2815 de la calle Mimosa, dentro del condominio The Haven at Adams, en McAllen. Según los registros serían propietarios de 6 departamentos en total.
Cada una tiene un valor actual de 1.5 millones de pesos y pagan impuestos por 78 mil pesos al año entre las dos.
Dos años más tarde, el 9 de junio de 2011, William Knight adquirió una casa más en el 3904 de la calle Santa Olivia, registra el condado de Hidalgo.
En septiembre, utilizando el segundo apellido de su esposa Elia, Saldívar, se hicieron de otra casa en el 4410 de la calle Santa Fabiola, también en las afueras de McAllen. Esta tercera y cuarta propiedad valen 4.2 millones de pesos y pagan juntas un predial por 116 mil pesos al año.
Los pagos de todas las propiedades de Chairel Real Estate están al día, de acuerdo con el historial hecho público por la oficina de impuestos del condado.
En enero de 2013 el funcionario dejó su cargo estatal y fue contratado como el nuevo delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal, en Veracruz.
Entre marzo y diciembre, su familia compró otras siete propiedades en McAllen. Ninguna fue registrada en sus declaraciones, ya que Knight Bonifacio “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.
El 22 de marzo, dos meses después de ser nombrado para el puesto federal, su hija Elia Mary Knight Corripio compró una casa en el 2705 de la calle Mimosa, con valor actual de 1.5 millones de pesos.
Con esta misma dirección aparecen cuatro transacciones realizadas por la esposa de Gil Zuarth y su madre, entre abril y agosto del año pasado.
Su padre compró el 10 de abril otra casa en el 3501 de la calle Santa Lucía, con valor actual de 2.3 millones de pesos e impuestos anuales por 62 mil pesos.
En noviembre, 10 días después de haber sido creada la empresa, Chairel Real Estate compró su primera propiedad directamente, ya no a nombre de ninguno de los integrantes de la familia. Se trató del 4203 de la calle Santa Lydia, valuada en 2.3 millones de pesos. Luego "aquirió" las demás.
Algunas de estas casas fueron documentadas durante los últimos meses por el diario veracruzano El Buen Tono, sin que haya realizado alguna revisión oficial sobre la falta de concordancia entre el gasto en la compra y mantenimiento de los inmuebles, y el sueldo percibido por el funcionario público.
La crónica social sobre la boda de Elia Mary y Roberto Gil, publicada por el blog Cuna de Grillos, dio cuenta que ambas familias están bien posicionadas en la élite política del país.
De acuerdo con este medio, el enlace contó con invitados como el director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, y la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, Alejandra Lagunes, quien fue jefa de la novia durante 2012.
También asistió Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, además de los panistas Diego Fernández de Ceballos, Max Cortázar y Ricardo Anaya.
Acompañaron a los novios varios de los compañeros de Gil Zuarth en el Senado, como Ernesto Cordero, Javier Lozano, Luisa María Calderón, Manuel Camacho Solís, Salvador Vega Casillas, David Penchyna, así como el abogado Fernando Gómez Mont y el expresidente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo.
Éste último compartió en su Twitter una selfie en la cual también aparece el periodista Carlos Puig, con Gil Zuarth.
Dipu-tables bailaban, y Gil Zuarth se comprometía La pareja de Roberto Gil y Elia Mary Knight se conocieron en 2013 y se hicieron novios el 13 de julio. Según el blog de Alberto Tavira, “Cuna de Grillos”, el senador le dio el anillo de compromiso en Puerto Vallarta, al terminar la ya célebre Reunión Plenaria de Acción Nacional. Gil Zuarth no aparece en el video de la fiesta en donde los panistas bailan con mujeres trabajadoras en clubes nocturnos de la zona costera. Es probable, por las fechas del compromiso de la pareja y la certeza de que el anillo lo entregó en la playa, que ella lo hubiera alcanzado en el puerto de Jalisco al terminar la reunión en donde los panistas, mientras danzaban y se divertían, se ponían de acuerdo sobre la forma de afrontar la agenda de reformas a la Constitución, que finalmente fueron aprobadas.
GIL EL EMPRESARIO
Roberto Gil Zuarth ya fue víctima del sueño Americano y registró su propia compañía MARGIL LLC, que lleva como socia a su esposa.
La primera operación de la empresa fue la compra de una residencia en McAllen por un precio superior a 2 millones de pesos.
Tanto Gil Zuarth como sus correligionarios panistas, están en la lista de los videos que Emilio Lozoya Austin presentará -o presentó- a la Fiscalía como los legisladores que aceptaron sobornos por aprobar la Reforma Energética. Y del suegro, hay mucha información pendiente.
Los ataques constantes por parte de los degradados periodistas -ahora metidos a fabricantes de Fake News- en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen un fondo muy vil y ordinario: volaron los "chayotes". O sea qua los millones de pesos anuales que recibían del prianismo, tanto de la Presidencia de la República como de las dependencias federales en general, ya los perdieron con la 4t.
Medios y periodistas que en el pasado gobierno fueron beneficiados con el gasto publicitario, en el sexenio de López Obrador no obtuvieron recursos de las partidas presupuestales federales.
De acuerdo con una muestra hecha por Contralínea, en esa situación están los columnistas Óscar Mario Beteta, cuya empresa Comentaristas y Asociados facturó 20 millones 610 mil 430 pesos en 2018 pero no consiguió un solo contrato el año pasado.
En esa misma situación están las empresas de Joaquín López-Dóriga (Ankla, Astron, Premium, Plataforma Digital), que de 16 millones 928 mil 480 pesos en 2018 pasó a cero en 2019. Lo mismo ocurrió con las empresas de los periodistas Ricardo Alemán, Pablo Hiriart, Jorge Fernández Menéndez, José Cárdenas, Rafael Cardona, Francisco Garfias, Salvador García Soto, Francisco Cárdenas Cruz, Eduardo Ruiz Healy y Francisco Santiago. Tampoco recibieron recursos públicos las revistas Voz y Voto, Nexos, Este País y Etcétera, entre otras.
A las revistas Siempre y Expansión les aplicaron recortes de casi el ciento por ciento. En el primer caso, de 7 millones 413 mil 720 pesos que obtuvo en 2018 pasó a apenas 24 mil 137 pesos en 2019, lo que representó un recorte del 99.6 por ciento. Y la segunda publicación de cobrar 70 millones 667 mil 530 pesos en el último año peñista, sólo facturó 3 millones 319 mil 437 pesos el año pasado, lo que significó una variación de menos 95.3 por ciento.
Otros medios que destacan por sus recortes son: Grupo MVS, de la familia Vargas, con 89.6 por ciento; los diarios La Razón, 83.8; 24 Horas, 82.4; El Heraldo, 80.7; Grupo Acir, 78.8; SDP Noticias, de Federico Arreola, 77.5; El Economista, 73.4; El Financiero, 72.7; Líderes Mexicanos, 68.2; Contralínea, 62.5; Publimetro, 55.8; Grupo Radiorama, 50.9; y Radio Centro, 31.7 por ciento.
El enlace con el reportaje completo de CONTRALINEA y la periodista de investigación Nancy Flores, se encuentra AQUI.
Se ha saqueado un estimado de $ 24 mil millones de dinero público venezolano, y la administración Trump ha utilizado al menos $ 601 millones para construir un muro militarizado en la frontera entre Estados Unidos y México.
Por Ben Norton Desde que Estados Unidos inició un intento de golpe de estado contra el gobierno izquierdista electo de Venezuela en enero de 2019, hasta 24 mil millones de dólares en activos públicos venezolanos han sido incautados por países extranjeros, principalmente por Washington y los estados miembros de la Unión Europea. La administración del presidente Donald Trump ha utilizado al menos $ 601 millones de ese dinero venezolano saqueado para financiar la construcción de su muro fronterizo con México, según documentos del gobierno revisados por primera vez por Univision. Durante su campaña presidencial de 2016, Trump insistió innumerables veces en que "haría que México pagara" para construir un muro gigantesco que cubriera todas las aproximadamente 2,000 millas (3,145 kilómetros) de su frontera norte. Incapaz de obligar al país a financiar su proyecto de mascota de $ 18 mil millones, que ya ha costado unos $ 30 millones por milla en el sur de Texas, Trump recurrió a otras fuentes de financiamiento cuestionables. Univision revisó los registros del Congreso de EE. UU. Y los documentos judiciales y descubrió que la administración Trump aprovechó $ 601 millones del "fondo de decomiso" del Departamento del Tesoro para complementar la construcción del muro. Estados Unidos ha incautado al menos $ 1 mil millones de fondos públicos venezolanos que, a su vez, Washington supuestamente fueron robados por funcionarios del gobierno, según Univision. Esto se suma a los miles de millones más en activos estatales venezolanos que han sido tomados ilegalmente por la administración Trump, la más importante de las cuales es la joya de la corona de Caracas, la refinería de petróleo Citgo. "Nada de ese dinero ... ha sido devuelto al pueblo venezolano", informó Univision. "En cambio, la mayor parte del dinero está siendo recaudado por los Departamentos de Justicia y Tesorería de los Estados Unidos y se mantiene en fondos especiales de confiscación utilizados principalmente para financiar investigaciones policiales". Trump no le dio a la pandilla de Guaidó todo el dinero venezolano robado El escándalo de corrupción de Trump ha sido ignorado casi por completo por los principales medios de comunicación corporativos. Univision enterró su propia primicia en un informe que avanzó los puntos de discusión de la oposición derechista respaldada por Estados Unidos de Venezuela y se refirió al gobierno electo del presidente Nicolás Maduro como un "régimen ampliamente repudiado". Univision, la red de medios corporativos más grande de los Estados Unidos que se enfoca en temas latinos, es propiedad de firmas de capital privado controladas por multimillonarios, uno de los más destacados es el oligarca israelí-estadounidense Haim Saban. Con sede en Miami, la capital de facto de la derecha latinoamericana, este conglomerado de medios masivos actúa como portavoz de las fuerzas conservadoras y los intereses corporativos en América Central y del Sur. El artículo de Univision, titulado "La batalla legal sobre los miles de millones de dólares saqueados de Venezuela se calienta", se refiere al líder golpista no elegido por los Estados Unidos, Juan Guaidó, como el líder del supuesto "gobierno interino" del país. Univisión también absolvió a los países estadounidenses y europeos de robar miles de millones de dólares de dinero público venezolano, justificando el robo con acusaciones de corrupción del gobierno venezolano. Sin embargo, el hecho de que el informe haya visto la luz del día refleja un cisma creciente entre los partidarios de la oposición venezolana y sus patrocinadores imperiales en Washington. Univisión estaba claramente molesta porque la administración Trump no le había dado al autodeclarado "gobierno de Guaidó" el dinero que le robó a Caracas. "Cuando se trata de quién puede quedarse con el dinero de esos activos saqueados, Estados Unidos parece no querer renunciar al efectivo", escribió Univision con frustración. La flagrante corrupción de la banda de Guaidó Lo que Univisión no mencionó en el informe fue que la administración golpista de Juan Guaidó ya había sido expuesta a numerosos actos de corrupción. Los principales agentes de Guaidó gastaron cientos de miles de dólares de dinero de supuesta "ayuda humanitaria" en hoteles lujosos, clubes nocturnos, cenas y ropa durante un intento de golpe de estado liderado por Estados Unidos en la frontera entre Colombia y Venezuela en febrero de 2019. Anya Parampil de Grayzone también expuso cómo los aliados de Guaidó supervisaron una estafa para liquidar Citgo, el activo extranjero más valioso de Venezuela, esencialmente vendiéndolo a corporaciones norteamericanas. En cuanto a los miles de millones de dólares de los activos públicos venezolanos robados por los gobiernos occidentales, no hay señales de que ese dinero sea devuelto al pueblo venezolano. En su nuevo libro "La habitación donde sucedió", el ex asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton, se jactó de que el gobierno británico "estaba encantado de cooperar en los pasos que podrían tomar" para ayudar en los esfuerzos golpistas de Washington, "por ejemplo, congelar depósitos de oro venezolanos". en el Banco de Inglaterra, por lo que el régimen no pudo vender el oro para mantenerse ". El Banco de Inglaterra todavía posee aproximadamente $ 1 mil millones de oro que le robó al gobierno venezolano y se rehusa a regresar.
Al amanecer del 26 de junio de 2020, un vecindario exclusivo de la Ciudad de México se despertó con los sonidos de disparos automáticos y granadas de fragmentación, en un atentado coordinado contra el jefe de policía de la ciudad. En las calles de Lomas de Chapultepec, hogar de embajadores y líderes empresariales, 28 asaltantes tendieron una emboscada al oficial de policía más importante de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, durante su viaje matutino y golpearon su vehículo blindado con armamento de grado militar. El asalto dejó tres muertos, pero García Harfuch, disparado tres veces y herido por metralla, sobrevivió. Si bien el gobierno mexicano aún no ha atribuido formalmente el ataque a ningún grupo, los informes preliminares sugieren fuertemente que el poderoso Cartel de Jalisco de Nueva Generación (CJNG) fue el responsable. En una publicación en Twitter desde el hospital, García Harfuch culpó al CJNG por el atentado contra su vida. Los informes de la prensa local, citando fuentes de seguridad del gobierno, indican que los servicios de inteligencia de México habían anticipado un ataque desde al menos el 11 de junio, cuando las interceptaciones de discusiones entre asesinos afiliados al CJNG revelaron un complot pendiente contra un alto funcionario no especificado. Posteriormente, el Gabinete de Seguridad de México evaluó al jefe de policía de la Ciudad de México como uno de los cuatro posibles objetivos. Después del ataque, un miembro del CJNG presuntamente responsable de contratar asesinos para el cartel estaba entre los 19 individuos arrestados. Como indicaciones más claras de responsabilidad por el ataque se filtran en el ámbito público, los analistas de seguridad y los medios de comunicación han comenzado a plantear preguntas inevitables de motivo y significado. ¿Por qué el jefe de policía de la Ciudad de México? ¿Qué esperaba ganar el CJNG? ¿Y cómo responderá el gobierno? Las cuentas preliminares proporcionan respuestas parciales. Sugieren motivos criminales, personales y políticos superpuestos para el intento de asesinato y que el CJNG, a pesar de los recientes contratiempos, está dispuesto y puede participar en una confrontación directa con el estado mexicano. En un nivel puramente táctico, el ataque del 26 de junio fue un intento del CJNG para reducir el riesgo operativo. Después de convertirse en Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en octubre de 2019, García Harfuch agotó las filas de los grupos locales afiliados al CJNG. También arrestó al menos a tres líderes celulares locales de CJNG, uno de los cuales las autoridades mexicanas describen como un operativo de confianza del líder del cartel Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. Los arrestos presionaron las ventas minoristas de drogas y las estafas de extorsión del CJNG en un centro metropolitano clave en un momento en que las medidas internacionales COVID-19 han restringido su comercio mayorista de heroína y drogas sintéticas y el gobierno mexicano ha atacado sus finanzas. De hecho, se especula que la falta de voluntad de García Harfuch para negociar con los sindicatos del crimen que él atacó puede haber precipitado el ataque contra él. Sin embargo, también hay un elemento personal en el asalto. El daño que García Harfuch ha infligido al CJNG a lo largo de los años parece haber inspirado animosidad personal y lo ha convertido en un objetivo singularmente atractivo. Según informes de prensa de su carrera, mientras servía con la Policía Federal, García Harfuch coordinó operaciones que estuvieron cerca de capturar a El Mencho en las montañas de Jalisco y la ciudad portuaria de Puerto Vallarta. También dirigió investigaciones que llevaron al arresto en 2015 del hijo de El Mencho, quien fue extraditado a los Estados Unidos en febrero de este año. Además, a García Harfuch se le atribuye haber frustrado una alianza planificada de CJNG con el Cartel de Sinaloa en 2017, que se desintegró después de que una de sus operaciones llevó a la captura del líder de Sinaloa que estaba negociando el acuerdo. La elección de un enclave rico y supuestamente seguro de la Ciudad de México como lugar de ataque sugiere una posible motivación política por parte del CJNG. Los carteles de México han usado la violencia extrema durante mucho tiempo para la mensajería pública. Una práctica famosa, conocida como calentar la plaza, utiliza la violencia de alto perfil para desencadenar una represión policial en un área objetivo, lo que impide las operaciones de los rivales e intimida o enoja al público local. El uso de esta táctica en el corazón de la capital podría leerse como un esfuerzo por socavar la posición política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, y su aliada, la alcaldesa de la ciudad de México Claudia Sheinbaum. Es concebible que el CJNG perciba que AMLO ha tomado partido, aunque sin darse cuenta, en su continua rivalidad con el Cartel de Sinaloa. En febrero de 2019, AMLO autorizó una visa humanitaria para la madre del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, lo que le permitió visitar a su hijo mientras jugaba en Nueva York. Luego, este marzo, AMLO viajó al pueblo de La Tuna, en El Chapo, en las montañas de Sinaloa, un viaje muy inusual para un presidente en funciones, y fue captado por la cámara saludando a la madre de El Chapo. Luego, el 19 de junio, admitió públicamente haber ordenado personalmente la liberación del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán, cuando este último fue capturado brevemente durante un tiroteo federal con las fuerzas del cartel en Sinaloa en octubre pasado. En ese contexto, el CJNG pudo haber intentado que su ataque, altamente visible y perpetrado cerca de la sede del gobierno nacional, debilitara el apoyo público de AMLO al exacerbar los sentimientos de inseguridad. De hecho, casi las tres cuartas partes de los mexicanos ya consideran que su ciudad es insegura y el 57% desaprueba el manejo de la seguridad pública por parte de AMLO. El ataque también parece ser la segunda vez en el último año que el CJNG ha llevado a cabo un atentado de alto perfil en la ciudad gobernada por la cercana aliada política de AMLO, Claudia Sheinbaum. Ella, miembro del partido MORENA, ha luchado por recuperar el equilibrio en cuestiones de seguridad desde un tiroteo vinculado a CJNG contra dos israelíes en un centro comercial de lujo en la Ciudad de México en julio pasado. Finalmente, el ataque entrega un mensaje inconfundible de confianza por parte del cartel y revela una voluntad de confrontar directamente a las fuerzas mexicanas. La trama era logísticamente compleja, involucraba múltiples células operativas, armas de grado militar y una extensa vigilancia. Apuntó a un objetivo duro a más de 300 millas de la fortaleza del CJNG en Jalisco y lo hizo cerca de la sede del Ejército, la Armada y la Guardia Nacional de México. Su audacia y sofisticación desacreditaron cualquier noción de que el CJNG se estaba recuperando de sus recientes contratiempos. También implica que, si no se pueden hacer arreglos más discretos con la policía y los legisladores, el CJNG no teme incurrir en la ira del estado.
Ahora, el gobierno mexicano debe calibrar su respuesta: demasiado suave invitará a más impunidad, demasiado fuerte invocará referencias a una "guerra contra las drogas" militarizada que AMLO ha evitado tan asiduamente. La respuesta inicial parece circunspecto. En una publicación en las redes sociales del 27 de junio, AMLO declaró que la estrategia de seguridad de México permanecería sin cambios en respuesta al intento de asesinato y que no declararía la guerra ni negociaría con el crimen organizado. La declaración enfatizó dos pilares de su estrategia: asistencia educativa y económica para los jóvenes y una preferencia por la inteligencia preventiva sobre la fuerza militar, y no mencionó ningún cartel por su nombre. Para que el gobierno mexicano pueda disuadir de manera creíble las futuras amenazas al orden público y los ataques a sus funcionarios, esa estrategia debe evolucionar. Un enfoque renovado en la reforma judicial, una mayor cooperación en seguridad de los EE. UU. Y un mayor intercambio de inteligencia criminal con socios extranjeros deben ser prioridades urgentes. Como muchos sospechosos en el ataque de García Harfuch ya han sido detenidos, ahora es el momento de revisar las reformas judiciales que el gobierno de AMLO presentó pero retiró rápidamente en enero de 2020. Las reformas, que propusieron cambios a la Constitución de México y cuatro leyes federales, intentaron advertir que la adopción por parte de nuestro país de un sistema de justicia acusatoria al estilo estadounidense, dificulte que la policía y los fiscales con poco personal obtengan condenas. Los grupos de derechos humanos criticaron muchas de las propuestas por poner en peligro el debido proceso y la presunción de inocencia. Sin embargo, vale la pena resucitar varias ideas, como admitir escuchas telefónicas aprobadas judicialmente como evidencia y limitar los desafíos legales para evitar demoras en la extradición. Podrían mejorar la tasa de condenas de México por asesinatos y acelerar las transferencias de delincuentes internacionales. Paralelamente, México debería revitalizar su asociación de seguridad con Estados Unidos a través de marcos de cooperación como la Iniciativa Mérida y México-EE. UU. Grupo de seguridad de alto nivel, que ya existe pero está infrautilizado debido a diferencias políticas y exceso de burocracia. A medida que avanzan los casos legales contra los atacantes de García Harfuch, los dos países también deben usar su acuerdo de cooperación de tráfico de armas existente para rastrear el origen de las armas utilizadas en el ataque y revivir los esfuerzos conjuntos para evitar que las armas de alto calibre crucen su frontera compartida. Los lazos de inteligencia más fuertes con otras naciones asociadas también serán críticos, ya que las amenazas de seguridad más severas para México, encarnadas por el CJNG, son transnacionales. Se cree que el CJNG opera en América, Europa y Asia. Sin embargo, el servicio de inteligencia de México, el Centro Nacional de Inteligencia, funciona como una agencia nacional con un pequeño brazo extranjero. Si se le permitiera trabajar más en el extranjero, reuniendo información de inteligencia sobre las redes de lavado de dinero y logística de los carteles, los resultados podrían ayudar a limitar las finanzas y el poder de fuego que permiten a grupos como el CJNG amenazar al estado mexicano. Si el ataque del 26 de junio le ha enseñado algo a México, es que la seguridad nacional depende de la capacidad de combatir el crimen de manera proactiva, holística y con socios internacionales. En lugar de trabajar simplemente para prevenir ataques, también debe evitar que el crimen organizado aumente sus capacidades. De lo contrario, la próxima vez que un cartel apunte al estado, el resultado podría dejar una marca aún más indeleble en el país. Haga CLICK para la versión original original en inglés.
Luego de dos libros dedicados a investigar y exhibir la corrupción rampante de conocidos políticos panistas originarios de Coahuila, éste se publicó en plena época del Calderonismo y se le dedican numerosas páginas, tanto a su tendencia belicosa y planes de exterminio a costa de vidas inocentes, como a los contactos de sus allegados con algunos capos del crimen organizado. A Coahuila no pasará la ultraderecha bipolar e hipócrita. Somos muchos y no mancharemos al estado cuna de la Revolución Méxicana con los paleros salinistas. Conrado García Jamin
La tarde del viernes un video que circuló en redes sociales en el que aparecen supuestos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con vehículos blindados y armas de alto calibre presumiendo su poderío, consternó a una buena parte de México.
En el video se puede ver a un gran número de supuestos miembros de una de las organizaciones criminales más grandes del país, el CJNG, dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", mientras hacen alarde del equipo táctico que poseen y gritan "pura gente del señor Mencho".
n el 2018, las autoridades de EU duplicaron la recompensa ofrecida por su captura, de cinco a diez millones de dólares, pues desde hace años "El Mencho" es acusado por Estados Unidos de tres cargos de narcotráfico.
Horas más tarde, el secretario de Seguridad nacional, Alfonso Durazo, calificó el video de "montaje" y advirtió que no hay grupo criminal que tenga capacidad para desafiar a las fuerzas federales.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario federal dijo que el video "propagandístico" que se atribuye a una banda criminal "está siendo analizado a fin de confirmar su eventual autenticidad y temporalidad", y que independientemente de ello, "manifestamos que no hay grupo criminal alguno con capacidad para desafiar exitosamente a las fuerzas federales de seguridad, y mucho menos a partir de ese evidente montaje".
En los 6 años que Carlos Salinas de Gortari gobernó el país (1988-1994), el historiador, escritor e intelectual Héctor Aguilar Camín jamás criticó su administración y mucho menos imaginar que se atreviera a calificarlo de pendejo y petulante, o decir que sus decisiones políticas eran estúpidas y clientelares, como ahora lo hace con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Héctor Aguilar Camín
La explicación a esas posiciones intelectuales es simple: durante el gobierno de Salinas, el también periodista Aguilar Camín recibía decenas de contratos y cheques millonarios de Los Pinos, todo ordenado por el entonces presidente priísta, lo cual refuerza el planteamiento de que los intelectuales orgánicos mientras reciben dinero del poder todo lo que haga el mandatario en turno es correcto, pero en cuanto les cortan el subsidio gubernamental se convierten en los más feroces críticos que rayan en lo grotesco.
Fue hasta 2001, ya en el gobierno de Vicente Fox, cuando a pregunta expresa de un reportero sobre su estrecha relación con Salinas, Aguilar Camín se deslindó del expresidente y, palabras más palabras menos, dijo que si hubiera sabido de la corrupción de los Salinas, empezando por Raúl y Carlos, se hubiera alejado de ellos.
Esas declaraciones incomodaron tanto al benefactor sexenal de Aguilar Camín, que Salinas ordenó a uno de sus ayudantes entregarme copias de los contratos y los cheques millonarios que el intelectual recibía en Los Pinos por órdenes presidenciales.
Antes de entregarme los documentos, el enviado de Salinas me preguntó si estaría dispuesto a publicarlos y, de ser así, pedía una sola condición, que no se revelara la fuente.
Mi respuesta fue la de cualquier reportero: primero verificaría la autenticidad de contratos y cheques; segundo, se confrontaría al escritor para conocer su versión; tercero, no se omitiría que fue Salinas de Gortari quien ordenaba entregar contratos y pagar los cheques al escritor; y cuarto, sólo aceptaba omitir el nombre del enviado de Salinas que entregaba los “documentos confidenciales”.
Bajo esos cuatro puntos la información en cuestión se publicó el 9 de febrero de 2001 en el periódico El Universal, en donde trabajaba entonces como reportero, bajo la cabeza “Favoreció Salinas a Aguilar Camín”, pero antes de eso busqué al escritor por si quería fijar su posición sobre los cheques que había cobrado en Los Pinos.
Muy enojado, Aguilar Camín buscó primero negociar con el dueño del periódico para impedir la publicación; y de principio lo había logrado, porque en esos días recibí una llamada de un subdirector del diario para informarme que la nota no se publicaría, porque Aguilar Camín había hablado con el licenciado y que acordaron suspender la publicación.
En esa misma llamada respondí al subdirector que, de no publicarse la información, renunciaba en ese momento al periódico. Días después, el mismo subdirector llamó para decirme que habían cambiado de opinión y la nota se publicaría, para que me reincorporara de inmediato al periódico.
El enojo del escritor fue tal por la información que, sin pensarlo, acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tratar de denunciarme. En la CNDH, a cargo en aquel entonces del doctor José Luis Soberanes –quien podría corroborar esta información–, le explicaron al intelectual que su queja no procedía porque se trataba de la publicación de un reportero que sólo hacía su trabajo, y porque no se trataba de un servidor público.
Quien quiera leer la nota puede encontrarla en los archivos de El Universal de ese 9 de febrero de 2001 –“Favoreció Salinas a Aguilar Camín”–, o si me tienen paciencia en la próxima columna haré una síntesis de esos contratos y cheques millonarios que de Los Pinos pagaron al escritor.
Lo anterior ayuda a explicar porque este intelectual orgánico está tan enojado con López Obrador, no por sus cambios en las políticas públicas, económicas y sociales, sino porque ya no hay contratos ni cheques que cobrar en Presidencia, como ya tampoco el presidente despacha en Los Pinos.
Sólo un adelanto de lo publicado en 2001:
“Una serie de cheques por una suma total de 3 mil 424 millones 450 mil 200 pesos de la era Salinas (poco más de 3 millones 424 mil pesos actuales) con las facturas y recibos correspondientes, cartas y recados por escrito documentan un aspecto de los estrechos vínculos entre el expresidente Carlos Salinas y el doctor Héctor Aguilar Camín, que llegó a ser considerado uno de los intelectuales más cercanos al controvertido mandatario.
“Los documentos en poder de este diario [El Universal] constituyen la historia contable de algunos trabajos realizados por el Centro de Investigación Cultural y Científica (CICC) y la empresa Nexos-Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV, para la Presidencia de la República durante el gobierno de Salinas, que permiten apreciar un trato privilegiado del mandatario hacia el doctor Aguilar Camín (HAC).
“El primero de los recibos muestra que ambos personajes pactaron acuerdos desde los primeros meses del salinismo, los que al paso del tiempo denotarían los favores del mandatario, como pagar facturas por adelantado, aceptar cobros adicionales por retraso en el trabajo del grupo ‘Nexos’ y proporcionar ‘ayuda solidaria’ para resolver apuros del doctor HAC. La lógica de los documentos trasluce la actitud de Salinas frente al intelectual: cumple cuanto éste le pide en el menor tiempo posible…”
La administración de Felipe Calderón tenía vínculos con los carteles de la droga y Estados Unidos lo supo todo el tiempo
POR KURT HACKBARTH Cuando Estados Unidos encabezó la guerra mexicana contra las drogas en 2006, muchos sospecharon vínculos entre los miembros de la administración de Felipe Calderón y los carteles que fueron acusados de eliminar. Ahora, nuevas pruebas dejan en claro que no solo las principales figuras del gobierno se beneficiaron personalmente de los enlaces a los carteles, sino que EE. UU. Lo supo todo el tiempo. A veces, entre todas las retóricas, simposios y comunicados, se abre el telón para revelar las simples palancas que operan el mundo diplomático. En una entrevista notable publicada en la revista mexicana de noticias Proceso a principios de este mes, la ex embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, reveló alegremente que durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-12), los Estados Unidos sabían que el secretario de seguridad pública de México, Genaro García Luna, tenía vínculos personales con los carteles de la droga. Además, la información, según Jacobson, provino de fuentes mexicanas. “El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no más, y nunca tomó medidas en ese momento. Por esa razón, me parece un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar sus propias medidas ”, dijo el ex embajador. Como "policía principal" de la nación en el gobierno de Calderón, la acusación es que García Luna sirvió como el líder del Cartel de Sinaloa, facilitando sus envíos de cocaína y otras drogas a los Estados Unidos mientras filtraba información privilegiada sobre investigaciones oficiales y actividades. de carteles rivales. Por esto, se le habría pagado la hermosa suma de $ 6-10 millones. Sin embargo, según Jacobson, el gobierno de los Estados Unidos no tuvo más remedio que aceptar las cosas como eran. "No tiene otra alternativa que trabajar con los miembros del gobierno y el gabinete presidencial", dijo. "Hubo muchos problemas en los que trabajamos con él, siempre con cuidado, pero tuvimos que confiar en él". Aliados necesarios Tras el furor que provocó la entrevista en México, Jacobson recurrió a Twitter para agregar que ninguna de la información que había recibido sobre García Luna fue corroborada, como si eso hiciera una diferencia. La revelación, y el hecho de que Jacobson se sintió tan libre de hacerlo, revela un axioma de la diplomacia estadounidense: si estás del lado del Tío Sam, no importa mucho lo que hagas. La presidencia de Calderón fue el apogeo de la Iniciativa Mérida, el "acuerdo de seguridad" que, bajo Bush y luego Obama, inundó a México con cientos de millones de dólares en aviones, helicópteros y otros equipos militares, además de miles de millones más en forma directa. venta de armas. En nombre de los carteles de lucha, Estados Unidos estaba armando un gobierno que tenía todas las razones para creer que estaba en confabulación con ellos. Desde su tiempo como secretario de energía en la administración Vicente Fox, Felipe Calderón había estado viajando a los Estados Unidos para aumentar el sector de energía estatal a inversores privados. En cuanto a García Luna, en el momento de su nombramiento a fines de 2006, el portavoz de la embajada de los Estados Unidos, Charles Barclay, dijo que era un "enlace de confianza, socio y amigo del FBI desde sus días en la PFP [de la Policía Federal]". Aún más importante, "su actitud hacia los EE. UU. Es amigable", tanto, aparentemente, que cuando surgió información insignificante sobre sus lazos con el Cartel de Sinaloa en los años siguientes, podría pasarse por alto con el mantra habitual: "tuvo que trabajar con él". ¿Habría sido tratado otro gobierno de América Latina con tanta indulgencia? Si el Departamento de Estado hubiera encontrado información, corroborada o no, sobre un miembro de los gabinetes de Lula, Morales o Chávez con los carteles, ¿se habría manejado con tanta discreción política, solo para ser revelada una década después una vez que el gobierno en cuestión estaba a salvo fuera de la oficina y la figura en cuestión a salvo tras las rejas? A la luz de los continuos intentos del Comando Sur de los Estados Unidos de pintar a Cuba y Venezuela como "narco-dictaduras", uno puede asumir con seguridad que la respuesta es no. Calderón y García Luna eran aliados necesarios y, por lo tanto, había que hacer la vista gorda. Los niños serán niños. Negaciones, negaciones En México, la entrevista de Jacobson provocó una serie renovada de negaciones de Felipe Calderón, cada una menos convincente que la anterior. Mientras García Luna todavía estaba en el cargo, una serie de periodistas, activistas, generales, comisionados de policía y miembros del Congreso hablaron con valentía sobre sus conexiones criminales y su repentino aumento de la riqueza, de los cuales más de 50 millones de dolares, según un informe la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron escondidos en una serie de paraísos fiscales en todo el mundo. La pareja era tan apretada que Calderón construyó un bar en el sótano de la residencia presidencial de Los Pinos en la que García Luna era un invitado habitual. Según los informes, las sesiones de bebida se extendieron a juegos de fútbol y Gotcha en el terreno. Mientras retozaban, los periodistas temían por sus vidas. Por atreverse a investigar los vínculos entre García Luna y el Cartel de Sinaloa, la principal periodista de investigación de México, Anabel Hernández, fue amenazada de muerte. En una entrevista reciente sobre el programa Astillero Informa, la periodista argentina Olga Wornat evocó todo el horror sombrío de esos años. En 2011, mientras trabajaba en un libro titulado Felipe el oscuro, Wornat fue hostigada y amenazada repetidamente, hasta nueve veces al día en su apogeo, hasta que finalmente se vio obligada a huir a los Estados Unidos. Su asistente en el proyecto, Edgar Monroy, se vio obligado a exiliarse en la República Checa, donde permaneció hasta que Calderón dejó el cargo. Las amenazas incluso llegaron a Gabriel Sandoval, director de la sucursal mexicana de la Editorial Planeta. El libro fue retirado de publicación y, casi una década después, todavía no ha visto la luz del día. Rápido y Furioso La amnesia de Calderón se extiende a la Operación Rápido y Furioso, el desastroso programa de la era Obama que, al igual que las iniciativas de la era Bush que lo precedieron, arrojó armas de fuego a México en un intento fallido de rastrear sus rutas. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo presionó sobre lo que sabía sobre la operación, Calderón respondió con más negación, insistiendo en que solo se daría cuenta una vez que fuera pública. En respuesta, AMLO anunció que su gobierno enviaría una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos solicitando toda la información disponible al respecto. "Hay dos opciones", dijo el canciller Marcelo Ebrard, explicando los motivos de la medida. "O el público mexicano y el Congreso fueron mentidos por sus autoridades diciendo que no sabían nada sobre esto, o la soberanía de México fue violada, lo cual es de gran interés para la opinión pública". Dicho de manera más directa, la administración de Calderón fue negligentemente descuidada al permitir que un gobierno extranjero armara a su pueblo o fue cómplice directo de ella. Teniendo en cuenta que esas armas se utilizaron para matar ciudadanos mexicanos, sería un crimen equivalente a la traición. Desafortunadamente para Calderón, sus negaciones tampoco logran convencer aquí en EU. Ya en 2007, el entonces Fiscal General de los Estados Unidos, Michael Mukasey, se reunió con su homólogo mexicano, Eduardo Medina Mora. El documento informativo de la reunión, que posteriormente se convirtió en causa de una gran cantidad de conflictos entre el Congreso, declaró que: ATF [Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos] ha trabajado recientemente conjuntamente con México en el primer intento de que un traficante de armas de contrabando entre en México ... [E] la entrega no ha sido exitosa ... Para ese fin, es esencial que se asigne una unidad examinada mexicana para trabajar con ATF a este respecto. El agregado de ATF en la Ciudad de México informó al Fiscal General Medina Mora sobre este intento de entrega controlada, y destacó la importancia de que se asigne una unidad examinada por parte de México. Dado que la administración de Calderón había sido informada directamente sobre uno de sus predecesores, ¿cómo podría no haber sabido sobre la Operación Rápido y Furioso? Además, entre 2008 y 2009, los miembros de la oficina del Fiscal General de Medina Mora recibieron múltiples capacitaciones de la ATF en el rastreo e identificación de armas. Incluso se informa que Medina Mora envió un enlace a la Oficina de Phoenix de la ATF para tratar asuntos relacionados con Fast and Furious: Carlos Fernando Luque Ordóñez, hijo de un ex jefe de inteligencia militar. Finalmente, en un video que anuncia el envío de la nota diplomática, el ministro de Relaciones Exteriores, Ebrard, citó nada menos que al propio Eric Holder diciendo que las autoridades mexicanas estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Cualquier identificación y rastreo de armas en suelo mexicano, continuó Ebrard, solo podría haberse hecho con la plena participación del gobierno federal. Comisión u Omisión A pesar de la reciente actividad diplomática, AMLO se ha mostrado reacio a lidiar con los errores de las administraciones anteriores. Tanto durante la campaña presidencial de 2018 como en su discurso inaugural, habló sobre poner un punto final, o punto final, a la "horrible historia" del pasado, probablemente con el objetivo de garantizar una transición fluida del poder del presidente saliente Enrique Peña Nieto Y a pesar de algunos arrestos de alto perfil en casa, el pez más grande, como el ex director de PEMEX Emilio Lozoya y el propio García Luna, ha sido capturado en el extranjero. En parte, esto puede tener que ver con las luchas de poder dentro de la administración. Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera dirigida por Santiago Nieto Castillo ha sido asidua en el seguimiento del dinero sucio y la congelación de cuentas, la oficina del Fiscal General, dirigida por Alejandro Gertz Manero, se ha arrastrado. La preocupación, de hecho, es que los restos de las administraciones anteriores en puestos clave están bloqueando el avance de estas investigaciones. Al mismo tiempo, la atmósfera polarizada y los constantes intentos de la prensa corporativa pintar a AMLO como autoritario garantizaría que cualquier movimiento para responsabilizar a los antiguos gobiernos se pintara como un juego de poder burdo en lugar de un paso necesario de justicia histórica. Finalmente, sin embargo, la responsabilidad recae en la administración misma. Su reticencia puede reflejar un deseo estratégico de esperar hasta que surjan más pruebas y se forme un consenso general sobre la necesidad de enjuiciar. Pero si AMLO cree que simplemente puede enterrar el pasado con un punto final, puede encontrar que la historia tiene una forma de negarse a retroceder obedientemente. Al presidente le gusta afirmar que la oficina de su Fiscal General es la primera en la historia de México que es verdaderamente independiente del ejecutivo. Pero con la independencia viene la obligación de enjuiciar donde existan pruebas. En ese sentido, si Felipe Calderón y muchos más evitan ir a juicio, todavía se habría tomado una decisión política: no por comisión, sino por omisión.
Simpatizante de AMLO lanza claro mensaje a la oposición
Un video que publicó el portal Es Noticia, lanza una crítica hacia los miembros de la oposición; “son los que menos respetan”.
“Yo nunca había sabido de una sociedad en donde se dirigieran al mandatario, al líder, al presidente de un país, con términos como anciano decrepito, viejo loco, el cacas y muchísimos adjetivos mucho más agresivos”, señala la comentarista, simpatizante de AMLO.
“No estar de acuerdo con una persona, no te da derecho a faltarle al respeto y si tan superiores se creen a nosotros, los que apoyamos al presidente, los que estamos a favor de esta Cuarta Transformación, por tanto somos ‘chairos’, ignorantes, estúpidos, sin cerebro y un montón de cosas más”, agrega.
Gunrunner: El programa oficial que abasteció de armas a los carteles mexicanos
"Fast and furious", a través del cual llegaron armas ilegales a México por iniciativa de Estados Unidos, fue solo parte de un gran programa de ocho operativos similares llamado "Gunrunner", revela Anabel Hernández.
La historia del narcotraficante de origen estadounidense Edgar Valdez Villareal, alias La Barbie, quien durante años fue uno de los narcotraficantes más peligrosos y sanguinarios de México, y su identidad como informante de la DEA y el FBI de 2008-2010, ha comenzado a ser retomada por distintos medios de comunicación en diversas partes del mundo.
No sólo por las implicaciones directas sobre las redes de corrupción entre el narcotráfico y autoridades del más alto nivel en México -el informante del gobierno americano reveló la participación del presidente Felipe Calderón en reuniones para pactar con narcos-, sino porque también deja ver el nivel de intromisión del gobierno de Estados Unidos en el manejo de los hilos del narcotráfico. Una mano invisible que mece la cuna.
Hace dos semanas, Fabian Medina, Jefe de la Oficina del secretario de Relaciones Exteriores de México, publicó en la revista mexicana Proceso el resumen de un importante informe de su autoría. El contenido es explosivo y esclarecedor y de manera indirecta se entrelaza con la historia de La Barbie, porque al igual que la historia de este narco gringo, destapa la incidencia en el ‘juego del narcotráfico y violencia' de la primer potencia del mundo, con la anuencia de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Todo eso, en función de intereses individuales y desviados.
Fuego y muerte en México
En esta columna ya he hablado del caso Fast and furious (Rápido y Furioso), el operativo llevado a cabo por el gobierno estadounidense de 2009 a 2011, mediante el cual, so pretexto de conocer las redes de tráfico de armas de ese país a México, se solapó el tráfico de miles de armas que llegaron a manos de los carteles de la droga mexicanos. Armas que avivaron el fuego y la muerte en México.
Fabián Medina accedió a compartirme el reporte completo. Gracias a éste se puede saber con claridad, desde la voz de un funcionario público acreditado e informado, que no fue uno sino OCHO operativos de tolerancia de tráfico de armas, y estos se llevaron a cabo con el conocimiento y consentimiento del gobierno del gobierno de México del 2004 al 2011.
Anabel Hernández, periodista mexicana y autora de esta columna
En el informe, basado en documentos oficiales del gobierno estadounidense, se explica que en 2004 la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia de EE.UU. puso en marcha un macro programa llamado Gunrunner, a través del cual el propio gobierno de Estados Unidosintrodujo al mercado de ese país armas de alto poder marcadas, para hacerlas accesibles al tráfico ilegal con el objetivo de que llegaran a manos de los carteles de la droga.
El propósito oficial era que siguiendo el rastro podrían desbaratar las redes de tráfico de armas del origen al final. Se supone que las armas debían ser detenidas antes de cruzar a México, pero las dejaron correr y a la gran mayoría de las armas les perdieron el rastro.
Como parte de Gunrunner, se pusieron en marcha ocho operativos: Fast and furious y otros siete similares, con iguales y terribles consecuencias. Algunas incluso ocurrieron de manera simultánea generando una lluvia de armas ilegales en México: Wide Receiver de 2006 a 2007, Hernández (nombre dado por el apellido del narco para quien se traficaban las armas) en 2007, Armas Cruzadas en 2008, Medrano también en 2008, Granade Walker en 2010 (a través del cual traficante de armas Baptiste Kingery introdujo a México al menos 2 mil granadas y miles de municiones para el Cartel de Sinaloa), más los operativos Castaway y Too Hot to Handle, en 2010.
"Se estima el cruce de al menos 2 mil 500 armas (a México), sin contar las que quedaron en manos de los carteles, [incluidos] rifles de asalto AK-47, AR-15W, Barrets.50 y granadas”, señala Medina en el reporte.
Gunrunner y el sistema eTrace
El gobierno de Calderón Hinojosa, que al mismo tiempo estaba protegiendo a Cartel de Sinaloa, según testimonios de La Barbie, Vicente Zambada Niebla, Jesús Zambada García y otros importantes capos, tuvo conocimiento de todo el proyecto Gunrunner y su gobierno fue dotado de un sistema llamado eTRace, que se supone debía servir para rastrear las armas, pero no fue eficaz.
"Después de todos estos operativos conocidos por todos y en los que no hubo medición de resultados, rastreo por geolocalizador, o pruebas suficientes de que hubiesen sido exitosas, se decidió lanzar un nuevo proyecto…”, señala Medina. Y ambos gobiernos acordaron impulsar la operación Fast and furious. Con humor negro le pusieron el nombre del famoso filme de acción, porque los contrabandistas involucrados eran también miembros de clubes de coches.
El propósito también era literalmente vender armas a los grupos criminales más violentos de México: Los Zetas, Cartel del Golfo y Cartel de Sinaloa. De acuerdo con el reporte de Fabian Medina, "la dinámica encubierta estaba fuera de la supervisión y manejo estándar en las operaciones de campo, ya que al detectarse el tráfico hacia México debía hacerse la interdicción antes de que cruzara la frontera. En muchas ocasiones, la propia CBP (Patrulla Fronteriza) o ICE (Servicios de Inmigración y Control de Aduanas) detenían a los traficantes, pero eran liberados para que continuaran con el trasiego…” .
El gobierno estadounidense no tomó conciencia del disparate de este plan hasta que en 2010 fue asesinado en Arizona el agente de la patrulla Fronteriza Brian Terry, con una de las armas del programa de tráfico ilegal. Ahí fue cuando se destapó que existía Fast and Furious. En 2011 fue asesinado el agente estadounidense, Jaime Zapata, en San Luis Potosí, con otra de las armas traficadas.
Medina cita un informe interno de la ATF fechado en 2010 en la que reconoce que al menos 958 asesinatos cometidos en México se habían ejecutado con armas de tráfico ilegal tolerado. Entre ellos la masacre de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, en la que 15 estudiantes fueron asesinados.
El expediente sobre estos operativos fue cerrado en Estados Unidos en 2017, pero la herida sigue abierta en México, porque muchas de esas armas siguen en manos de los carteles de la droga matando personas inocentes.
En mayo pasado, el Canciller del gobierno de México, Marcelo Ebrard, pidió al gobierno de Donald Trump entregar todo el expediente de Fast and Furious para saber qué autoridades mexicanas conocieron, autorizaron, solaparon e incluso hasta cooperaron con el gobierno estadounidense en el tráfico ilegal de armas para los carteles mexicanos. "con el objetivo de aportar la información necesaria para que la Fiscalía General de la República pueda concluir su investigación (por parte del gobierno de México) y dilucidar si se mintió al pueblo de México por sus más altas autoridades y así proceder en consecuencia”, señala el reporte del Jefe de la Oficina de Ebrard.
La mayor parte del tráfico de armas a México ocurrió en el periodo de gobierno de Calderón, y las armas cayeron en manos del Cartel de Sinaloa. Si como dice el informarte de la DEA y el ICE, Calderón protegía a dicho cartel es posible plantear la hipótesis de que las armas no hayan sido interceptadas, no por error humano, sino por corrupción.
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