Los empresarios golpistas y el grupo de los “notables”, ¿una misma cosa?
Hace unos días, un grupo de 320 personas dieron a conocer una carta dirigida “al Presidente de la República [cuyo nombre obviaron], al Congreso de la Unión y a la Opinión Pública”, la cual llevó el encabezado “MÉXICO NECESITA UN PLAN DE EMERGENCIA QUE ABARQUE TODA LA NACIÓN” y en la que, además de afirmar que en la actual crisis de México, ocasionada por la pandemia, no hay mayor prioridad que la de salvar vidas, los firmantes, personajes “notables”, aseveraron que es “un grave error del discurso presidencial” la separación “de la política económica de las grandes directrices sanitarias”. Por esa razón, ellos, que sí saben cómo abordar el problema —no así el presidente de la república y su equipo— señalaron que “la política económica de la emergencia consiste en crear las condiciones para que la mayor cantidad de mexicanos nos quedemos en casa”.
Para la implementación de su propuesta, el citado grupo de los “notables” propone no ayudar solo a los trabajadores, sino fundamentalmente a las “empresas para proteger todos los empleos. […] Lo mismo el empleo formal que el informal, sin distingos. Se trata de una enorme responsabilidad de las empresas, micro, medianas y grandes, pero también del Estado, que tiene el deber de apoyarlas sin obstáculos ni prejuicios. […] Decir que México está dividido entre el ‘plan del Presidente’ y el ‘plan de los empresarios’ es una falacia que estorba y que niega la diversidad real de la República. […] La sociedad mexicana no está partida en dos, como lo quieren los partidarios de la polarización y la discordia. […] Coherencia entre la directriz sanitaria y la política económica. Política masiva, Estado-empresas, para lograr el propósito de cero despidos. […] No esperamos más división, sino la integración democrática y común de un proyecto en el cual, se reconozca toda la nación”.
Con esos planteamientos, que indudablemente son la esencia del documento, el grupo de los “notables”, sin ninguna vacilación, también hace suyos los reiterados pronunciamientos tanto del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como de la Coparmex, los cuales, desde hace varias semanas y en pleno marco de la crisis producida por la pandemia que hoy azota a todo el orbe, por diferentes medios y de muy distintas maneras, han estado ejerciendo una sistemática y agresiva presión en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tendiente a doblegarlo para que acepte condonarles el pago de impuestos, tal y como siempre lo habían logrado con todos los gobiernos anteriores de la etapa neoliberal.
Concomitantemente, también han estado demandando que México solicite al Fondo Monetario Internacional un préstamo de un billón de pesos para que haya dinero y, de esta forma, se les ayude a seguir manteniendo vivas sus empresas y, por ende, generando empleos para los trabajadores, a quienes al parecer ahora sí les interesa mucho proteger y apoyar, luego de que a lo largo de los 36 años de regímenes neoliberales los tuvieron en el más completo de los abandonos.
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| Quieren endeudar a México |
Asimismo, con el apoyo de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y otros agrupamientos de la derecha mexicana, también le han estado exigiendo al gobierno federal que suspenda la construcción de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya y del aeropuerto de Santa Lucía, con el fin de liberar recursos para destinarlos a la reactivación de la economía nacional.
Lo que realmente pretenden estos empresarios, apoyados ahora por el grupo de los “notables”, quienes en el momento más oportuno para aquellos les sirven como punta de lanza sobre todo para la realización de la actividad mediática, es que el Estado mexicano impulse y apruebe el que de facto sería una nueva especie de Fobaproa, como aquel que consistió en que los legisladores del PRI y del PAN o, mejor dicho, del PRIAN, hace más de un cuarto de siglo, aprobaran en el Congreso convertir en deuda pública una multimillonaria deuda privada de un selecto grupo de empresarios, banqueros y personas de negocios.
Desde entonces y hasta la fecha, y solo de esa deuda, entre capital e intereses se han pagado más de 700 mil millones de pesos; sin embargo, aún faltan por pagarse otros dos billones de pesos. Por eso, de aceptarse la exigencia explícita de los empresarios e implícita del grupo de los “notables”, nuestra deuda externa ascendería a cerca de 12 billones de pesos.
Si bien es cierto que el documento dirigido hace unos días al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión y a la opinión pública fue suscrito por un total de 320 personas, lo es también que el número de estas realmente conocidas, es decir, de las verdaderamente “notables”, no es mayor a 50, mientras que las restantes 270 firmas corresponden a personas que por lo menos en el ámbito público son totalmente desconocidas.
El selecto grupo de los “notables”
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| El odio y la envidia se aunaron a los pasados privilegios del Prianato |
Efectivamente, se trata de un pequeño núcleo de personajes de la vida pública nacional, quienes durante los últimos 30 de los 36 años de gobiernos neoliberales en México jugaron algún papel destacado o relativamente relevante como servidores públicos dentro de alguno de los tres poderes de la Federación (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) en los organismos públicos autónomos del Estado, en el seno de algunas universidades públicas y aun privadas, en los diferentes medios de comunicación masiva, en los partidos políticos nacionales y en otros ámbitos de la vida pública nacional. Pero eso sí, ya sea directa o indirectamente, personajes siempre incrustados, al servicio y gozando de las mieles del poder.
En esta tesitura, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari —uno de los principales artífices en el proceso de cooptación de una buena parte de este núcleo de “notables” que hasta antes de su gestión todavía se autoconsideraban militantes de la izquierda— y hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, la inmensa mayoría de los integrantes del multicitado referente, ahora furibundos e implacables golpeadores de un gobierno emanado de la izquierda, de una u otra manera se vieron significativamente favorecidos dentro de las nóminas del presupuesto público. Esta fue, sin lugar a dudas, la mejor medida que se utilizó desde el poder para finiquitar la mutación de una parte de estos “notables” sin principios ni convicciones de ninguna índole.
Fue de esta manera como los antiguos críticos del poder que antes levantaban barricadas en el campus universitario, que escribían artículos y libros cuestionando las arbitrariedades del poder, que militaban en organizaciones políticas y sociales de izquierda, que se solidarizaban con los movimientos sociales, que hacían suya la insurgencia sindical independiente, que asesoraban a los candidatos de la oposición progresistas, etcétera, de la noche a la mañana aparecieron del otro lado de la barrera con una visión de país completamente diferente a la que antes habían mantenido y, sobre todo, con ostentosos nombramientos en el aparato estatal, o como integrantes de algunos de los organismos públicos autónomos del Estado (léanse IFE, INE, INAI, etcétera), o como altos funcionarios de alguna universidad pública, o como comentaristas y analistas políticos de radio y televisión, a quienes sistemáticamente no solo se les abrieron esos privilegiados espacios, sino que también se les recompensó con millonarias asesorías, becas, contratos y otras concesiones.
Sin embargo, toda esa serie de concesiones no eran ni podían ser gratuitas, sino que tenían un costo y por lo mismo, los nuevos “notables” tenían que cambiar de lenguaje y adaptarse a las nuevas reglas y condiciones del sistema que antes habían combatido desde la oposición.
*Doctor en Ciencia Política. Profesor e investigador de Tiempo Completo en la UNAM y miembro del SNI.
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